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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-02948-00

Fecha
15 de julio de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-02948-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-02948-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

15 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C.,quince (15) de julio de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 110010315000202202948 00

Accionante: CÉSAR HERNANDO RODRÍGUEZ RAMOS

Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN QUINTA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA DE UNA ALTA CORTE –
Procedencia excepcional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple por que se
discutan asuntos legales que, por definición, no le compete resolver al juez de tutela.

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instaurada por el señor César Hernando Rodríguez Ramos, de conformidad con el
Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El señor César Hernando Rodríguez Ramos instauró demanda de tutela contra la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a
elegir y ser elegido. El tutelante elevó las siguientes pretensiones (se trascribe de
manera literal, con posibles errores incluidos):

II.1. Se ordene el amparo del derecho fundamental del debido proceso y
defensa (Art. 29 C.N.), del derecho fundamental de elegir y ser elegido (# 1
del Art. 40 C.N.) y el derecho fundamental del acceso a la administración de
justicia (Art. 229 C.N.), vulnerados por parte del accionado, como
consecuencia del DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE del cual adolece
la Sentencia de Única Instancia fechada del 15 de diciembre de 2021,
proferida por el CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN QUINTA, Magistrado

1

Radicación número: 110010315000202202948 00
Accionante: César Hernando Rodríguez Ramos
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Ponente Dr. LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA, dentro del proceso de Nulidad
de Contenido Electoral con Rad. No. 11001-03-28-000-2021-00036-00.

II.1.1. Que como consecuencia de la anterior declaración se le ORDENE al
accionado REVOCAR la providencias citada y en su lugar se proceda a emitir
un nuevo fallo teniendo en cuenta las premisas fundamentales amparadas.

II.2. Las demás medidas y decisiones que como Juez de tutela estime
pertinentes (negrilla del original).

2. Hechos relevantes

En ejercicio del medio de control de nulidad electoral, el señor César Hernando
Rodríguez Ramos demandó al Consejo Nacional Electoral, con el fin de que se
declarara la nulidad de “5 actos administrativos de carácter general que
sistemáticamente han venido regulando el procedimiento breve y sumario de
trashumancia electoral para dejar sin efecto la inscripción irregular de cédulas de
ciudadanía”.

Precisó el tutelante que la demanda se sustentó en los siguientes aspectos: i) “la
vulneración del procedimiento legal de notificación personal de los actos
administrativos de contenido particular y concreto que ponen término al proceso
que declara sin efecto la inscripción de cédulas y del cual gozan los
administrados” –asunto en el que considera se materializó la vulneración de los
derechos fundamentales– y ii) “la falta de potestad reglamentaria por parte del
Consejo Nacional Electoral para regular el proceso breve y sumario que deja sin
efecto la inscripción de cédulas”.

Adelantado el trámite respectivo, mediante sentencia de única instancia del 15 de
diciembre de 2021 (notificada el 12 de enero de 2022), la Sección Quinta del
Consejo de Estado –con salvamento parcial de voto de uno de los integrantes de
la Sala– negó las pretensiones de la demanda de nulidad.

3. Fundamentos de la demanda

La parte accionante señaló que la autoridad judicial accionada efectuó una
interpretación sesgada de la sentencia C-640 de 2002.

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Accionante: César Hernando Rodríguez Ramos
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Afirmó que en la decisión cuestionada se señaló que “no se requiere
indefectiblemente de la notificación personal, cuando es el propio legislador quien
ha impuesto una modalidad de enteramiento diferente y, de otra, que tampoco se
genera una violación normativa constitucional o legal cuando dentro de un trámite
y de cara a un acto registral, no se determina que la notificación sea personal”,
fundamentado en los numerales 4, 5, 6 y 7 de la sentencia de la Corte
Constitucional, pero no tuvo en cuenta que:

… en sus numerales 10, 11, 12, 13 y 14 de los considerandos, se concluye
insistentemente que ‘No obstante lo anterior, debe advertirse que si por
cualquier circunstancia las autoridades encargadas de ejercer la función
registral omiten citar a quienes puedan resultar afectados con el acto de
inscripción, siendo estas personas determinadas, la anotación en el registro
público no puede ser considerada como notificación del acto, y los términos de
caducidad de los recursos que procedan no pueden empezar a contarse sino
a partir del momento en que dichas personas conocieron efectivamente el acto
de registro’ y seguidamente la Corte cierra el análisis de la siguiente manera
‘la Corte estima que el sólo acto de inscripción realizado por las entidades
encargadas de llevar los registros públicos no se puede entender como una
notificación personal y que, de cualquier manera, constituye una carga de la
Administración Pública (o de los particulares que ejerzan funciones públicas
de tipo registral) la de informar, mediante la comunicación de la inscripción, a
todos los que en el mismo registro figuren como interesados. En cualquier
caso, aun en aquellos regulados por normas especiales, el registro como
consecuencia de lo previsto en la ley, en sentencias o providencias judiciales,
en otros actos jurídicos o hechos susceptibles de registro conlleva, al
momento de realizarse, una carga para la autoridad que hace la inscripción
consistente en informar a los que figuren en el registro como personas
interesadas o que puedan ser afectadas por dicho registro. Otra interpretación
de la norma, para este supuesto, no resulta garante del derecho al debido
proceso, como arriba se ha expuesto (transcripción de forma literal).

Precisó que la magistrada que salvó su voto parcialmente “se percató del error de
interpretación” y agregó que “las preocupaciones de la honorable magistrada son
las mismas que me embargan como ciudadano y obviamente las acojo como
sustento del presente escrito”. Adujo que (trascripción literal con posibles errores
incluidos):

… el Consejo Nacional Electoral debe garantizar la vinculación efectiva de los
ciudadanos al proceso administrativo de trashumancia o la notificación
personal de la decisión, con el propósito de que se garantice el ejercicio del
derecho fundamental de defensa y debido proceso, circunstancias que la
Sección Quinta decidió obviar en su fallo, y, a su amaño, tergiversar lo
prescrito por la Honorable Corte Constitucional dentro de su precedente, lo
que consecuentemente vulnera los derechos fundamentales del debido
proceso y defensa, del derecho fundamental de elegir y ser elegido y el
derecho fundamental del acceso a la administración de justicia de los
Colombianos y configuran la causal del Desconocimiento del Precedente.
Agregó que la Sección Quinta del Consejo de Estado se separó de un
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

pronunciamiento de la misma Sala (sentencia de 10 de febrero de 2015, radicado
2013-00138), pese a que “fue esgrimido en la demanda”.

Refirió (trascripción literal con posibles errores incluidos):

… la conclusión a la que se llega en la Sentencia C-640 de 13 de agosto de
2002 y que responde al problema jurídico planteado es que el acto de registro
no es directamente proporcional a una notificación personal y que constituye
una carga para la administración pública comunicarlo a los sujetos
determinados, posición totalmente contraria a lo determinado en el inciso 4o
del artículo 44 del Decreto Ley 01 de 1984 - C.C.A., y el artículo 70 de la Ley
1437 de 2011.

Ahora bien, aclarado el desbordamiento de la aplicación del precedente por
parte de la Sección Quinta y que obviamente configura no solamente
procedente la acción de tutela, sino que también la causal especial de
prosperidad que se alega, sale a la luz una dicotomía entre los
pronunciamientos de dos grandes Consejeras de Estado y el precedente de la
Corte Constitucional, en el sentido de que la Dra. LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ planteaba que la decisión final debía notificarse de
manera personal, sin embargo, en el Salvamento de Voto de la Dra. ROCIÓ
ARAUJO OÑATE planteaba que debe haber una garantía de vinculación
efectiva al trámite administrativo, y, el precedente de la Corte establece una
carga de comunicar a los interesados, circunstancia que se deberá́ aclarar en
el presente pronunciamiento por parte de los Honorables Magistrados del
Consejo de Estado.

4. La oposición

4.1. Mediante providencia de 3 de junio de 2022, se admitió la demanda de tutela,
se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y se vinculó, como tercero con
interés, al Consejo Nacional Electoral, los que se pronunciaron en los siguientes
términos:

4.1.1. La Sección Quinta del Consejo de Estado informó que la decisión
cuestionada se encuentra debidamente sustentada, como no resultó favorable a
los intereses del tutelante, busca que su inconformidad sea estudiada por el juez
de tutela “pretendiendo entonces que se dé apertura a otra instancia judicial, a
través de afirmaciones que lo que buscan es desconocer el análisis y las razones
en derecho acogidas en el fallo al decidir el asunto”.

Planteó que los argumentos en los que se fundamentó la demanda de tutela
fueron decididos en el fallo de nulidad electoral que se cuestiona y, en ese sentido,

4

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Accionante: César Hernando Rodríguez Ramos
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

es evidente que lo pretendido es que el juez de tutela se ocupe de la discusión
propia del juez de la nulidad de contenido electoral.

Agregó que el mecanismo constitucional no busca la protección de derechos
fundamentales, sino que “su trasfondo tiene como fin cuestionar el fondo de la
decisión judicial en cuanto a su hermenéutica, buscando que la decisión
denegatoria sea revocada, como si la tutela se tratara de la mismísima figura
procesal de un recurso”.

Dijo que la demanda de tutela se fundamentó en el salvamento de voto parcial de
uno de los integrantes de la Sala, pero el tutelante desconoce que, en la dinámica
de los cuerpos colegiados, las decisiones se adoptan por la mayoría de los
integrantes de la sala respectiva, por lo que “aunque le disenso es un derecho que
le es propio al juzgador, en su función de administrar justicia, este queda en el
plano de la tesis o posición minoritaria, sin posibilidad de enervar la decisión que
se ha adoptado por la mayoría”.

En ese sentido, concluyó que no es procedente acceder al amparo solicitado con
apoyo en la exposición de una disidencia que no tuvo fuerza para imponerse o
convencer a los demás miembros de la Sala.

Insistió en que el tutelante “parte de afirmaciones o negaciones que como no le
han sido favorables a sus intereses, las traslada al planteamiento a título de yerro
o vicio contra la providencia judicial, lo que resulta de por sí ajeno a la acción de
tutela y falto de realidad”.

Sin perjuicio de lo anterior, aclaró que no se incurrió en el defecto alegado por el
tutelante, toda vez que sí tuvo en cuenta la sentencia C-640 de 2002 y la
sentencia del 10 de septiembre de 2015 (radicado 2013-00138). Otra cosa es que
(trascripción literal con posibles errores incluidos):

… la Sala encontró que incluso con la regulación contenciosa administrativa
de antaño con el derogado Código Contencioso Administrativo y, en esa línea,
la sentencia C-640 de 2002, validó el sistema de notificación eficiente en los
casos de actos registrales, lo cual se nutrió y profundizó por el legislador de
2011, con el artículo 70 del CPACA, que fue invocado por todas las
resoluciones demandadas (300 y 333 de 2015 y 2857 de 2018) que expidió el
CNE bajo la vigencia de la nueva norma procesal contencioso administrativa y
que encontró el punto de adecuación a otras formas de enteramiento.
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Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Pero más allá de ello, el fallo no se limitó solo a indicarlo en tal sentido, sino
que adoptó la decisión denegatoria, luego de verificar que el contenido de
cada una de las resoluciones demandadas, sí consagraba herramientas y
formas de socializar la decisión administrativa, que incluso devenían de la
normativa, tales como las nuevas tecnologías como el mensaje de texto, la
web oficiales de las entidades de la organización electoral, sin abandonar
formas tradicionales como la exhibición en carteleras oficiales de aquellas y
que hacían viable ejecutar el propósito de enteramiento a los protagonistas de
la situación, sin olvidar que la misión primigenia y principal del trámite breve y
sumario que reglamentan los actos demandados, tenía fines más altos de
protección al interés general, como es implementar las medidas para
neutralizar, en forma pronta y eficiente, la nociva actividad vulneradora de la
voluntad popular ciudadana y atentatoria contra la democracia como es el
trasteo de votos, que viabilizan la necesaria prontitud y celeridad de las
medidas.

Efectuó un recuento de los argumentos en los que fundamentó su decisión y
concluyó que, contrario a lo afirmado por el tutelante, no se desconoció el
precedente contenido en la sentencia C-640 de 2002 y que la sentencia contiene
pilares nodales que dan cuenta de que se dictó conforme a derecho, lo que llevó a
establecer que (trascripción literal con posibles errores incluidos):

… el CNE sí observó el bloque de legalidad que sustentó el procedimiento
respectivo de cara a la forma de notificar la decisión, como se analizó en
precedencia. En efecto, se advierte que con el procedimiento breve y sumario
que se lleva a cabo, bajo la previsión que sobre el punto hiciera la ley 163 de
1994, en su artículo 4°, en desarrollo del mandato constitucional 316 y aupado
en la normativa reglamentaria como el 78 del Código Electoral y en la
connotación del acto registral electoral, se cumple con el objetivo de dar
publicidad a la decisión definitiva y la eficacia de la depuración del censo de
cara a las elecciones populares. Mientras que para la Resolución 2857 de
2018 demandada, el apoyo se refuerza y complementa con los instrumentos
adicionales que la misma norma prevé como la publicación en la página web
de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el CNE y el envío de mensaje
de datos a quien suministre correo electrónico, como con los Decretos 1066 y
1294 de 2015.

Agregó que el segundo precedente al que se refiere el tutelante -sentencia dictada
por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 10 de septiembre de 2015
(radicado 2013-00138)- sí fue estudiado por la Sala. Otra cosa es que se
considerara que se trataba de un obiter dicta, porque “la materia juzgada se
afincaba en un asunto diferente atinente dentro del trámite administrativo que se
analizaba y era la previsión del inciso 2º del artículo 8 de la Resolución 215 de
2007, según el cual, se dispuso la conformación de la ‘comisión instructora’ y se
consagró la fijación mediante ‘aviso’ para informar a los ciudadanos de la solicitud
de dejar sin efecto, la referida inscripción, es decir, del inicio del trámite
administrativo…”.
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Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Añadió que en el fallo cuestionado se indicó que en ese antecedente se incurrió en
una imprecisión, porque se señaló que el artículo 13 de la Resolución 215 de 2007
contemplaba la figura de la notificación personal, cuando lo cierto es que en dicha
norma la única referencia que se hace es el artículo 44 del inciso 4º del CCA, que
prevé que la anotación en el respectivo registro es la manera de notificar ese acto,
el cual cobra firmeza cuando se decidan los recursos a que haya lugar o este no
se impugne.

Alegó que lo dicho se dejó consignado en la decisión cuestionada en aras de
ilustrar el asunto.

En ese contexto, concluyó que en la decisión cuestionada no solo se tuvieron en
cuenta los antecedentes jurisprudenciales que echa de menos el tutelante, sino
también los aspectos normativos, teológicos, finalísticos y sistemáticos que
llevaron a la mayoría de la Sala a concluir que las resoluciones atacadas no
estaban viciadas de nulidad.
Por lo expuesto, la autoridad judicial accionada solicitó que se negara el amparo
reclamado por el señor César Hernando Rodríguez Ramos.

4.1.2. El Consejo Nacional Electoral solicitó que se declarara su falta de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no ha amenazado ni vulnerado
los derechos fundamentales del accionante, bajo el entendido de que no tiene
incidencia en la decisión adoptada por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales1.

1
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de
2012, exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
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Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de
la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción
constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo
residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo
señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente
a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características2.

Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados, son3:

• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional,
dado que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.

• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.

• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de
febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00(AC), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto,
entre muchas otras providencias.

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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

• Que no se trate de sentencias de tutela.

A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:

• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

• La violación directa de la Constitución Política.

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Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados
por el interesado4.

Conviene mencionar que, cuando se controvierten providencias dictadas por las
altas cortes, como ocurre en el caso bajo estudio, la Corte Constitucional ha
establecido que, además de verificar el cumplimiento de los requisitos generales y
los especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
se debe evidenciar “la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional”. Puntualmente, en sentencia
SU–573 de 2017, se indicó:

Además de los anteriores requisitos, cuando se trate de acciones de tutela
contra providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado, se ha determinado un criterio adicional, en atención a que ‘dichos
organismos judiciales son los llamados a definir y unificar la jurisprudencia en
sus respectivas jurisdicciones’5. En este sentido, la sentencia SU-917 de 2010,
reiterada en la SU-050 de 2017, determinó que:

‘La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más
restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites
de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad
que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás
eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente
la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aún cuando el
juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado
a otra conclusión’.

Así las cosas, para determinar la procedencia de la acción de tutela contra
una providencia judicial proferida por una Alta Corporación, la jurisprudencia
constitucional ha delimitado tres requisitos: (i) el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) el cumplimiento de uno de los requisitos especiales de

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016 00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
Nº 2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
5
Original de la cita: “SU-050 de 2017”.
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procedencia; y (iii) la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional.

2. Caso concreto

La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de la relevancia
constitucional, tal como pasa a explicarse.

La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de
competencia del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos
fundamentales e c) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. En ese sentido, la
Corte expuso (trascripción literal):

Por un lado, la relevancia constitucional tiene como finalidad que el juez
constitucional no entre a estudiar cuestiones que carezcan de una clara
y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en
asuntos cuya definición es competencia exclusiva del juez ordinario. De
esta manera, se garantiza ‘la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones’6 y, de contera, se
erige en garantía misma de la independencia de los jueces ordinarios.

Por otra parte, el requisito de la relevancia constitucional busca evitar
que, por medio de la acción de tutela contra providencias judiciales, se
discutan asuntos legales que, por definición, no le compete resolver al
juez de tutela, cuya competencia se limita a aquellos casos en que
existan afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. En
otras palabras, este requisito garantiza que la tutela en contra de decisiones
judiciales no se convierta en un escenario para controvertir y ‘discutir asuntos
de mera legalidad’7. La Corte ha sostenido al unísono que ‘la definición de
asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación
directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un
interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción
constitucional’8.

Igualmente, el requisito de relevancia constitucional tiene como objetivo
evitar que este mecanismo se convierta en una instancia o en un recurso
judicial adicional. En este sentido, la Corte ha exigido que ‘teniendo en
cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera
instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la
causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de

6
Original de la cita: “Sentencia T-137 de 2017”.
7
Original de la cita: “Sentencias T-173 de 1993 y T-102 de 2006”.
8
Original de la cita: “Sentencia T-335 de 2000”.
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Accionante: César Hernando Rodríguez Ramos
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

un derecho fundamental’9. Solo así, la intervención del juez de tutela, por
definición excepcional, no se convierte en una instancia más dentro de los
procesos ordinarios10 (se destaca).

Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos, a saber11:

• Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no
basta aducir la vulneración de estos derechos.

• Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, dado que este
mecanismo especial constitucional está constituido para proteger derechos
fundamentales y no discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión
judicial.

Respecto de la forma de notificación de la decisión de dejar sin efectos la
inscripción irregular de cédulas de ciudadanía –cuestión que considera el tutelante
vulneró sus derechos fundamentales–, en la sentencia de única instancia proferida
el 15 de diciembre de 2021 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, se
expuso (trascripción literal e in extenso):

La segunda censura tiene que ver con (i) violación a las normas superiores;
(ii) expedición irregular; (iii) falsa motivación y (iv) violación del debido
proceso, el derecho de audiencia y de defensa. Se trata de las censuras
específicas y focalizadas en el articulado contenido en los actos impugnados,
dentro del contexto alegado por el actor y que giran en torno a glosas como
expedición irregular por no respetar el procedimiento administrativo común
previsto en el CPACA; falsa motivación por cuanto la reglamentación del
proceso breve y sumario para dejar sin efecto la inscripción irregular carece de
relación con la regulación contenida en los artículos 34 y 66 a 69 del CPACA;
la violación del debido proceso, el derecho de audiencia y de defensa
previstos en el artículo 29 de la Constitución Política y en los artículos 67 a 69
del CPACA, al omitir la notificación personal del acto que declara ineficaz la
inscripción de la cédula de ciudadanía.

Así que la logística, los aspectos técnicos y operativos son los que deben
analizarse, de cara al articulado impugnado con la demanda, a fin de
9
Original de la cita: “Sentencia T- 102 de 2006”.
10
T–422 de 2018.
11
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero
Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12

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Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

determinar si la reglamentación se allana al factor de subordinación y
residualidad, que limita el actuar de quien está legitimado para ejercer la
facultad reglamentaria, en este caso, el CNE.

Recuérdese que la parte actora demandó las Resoluciones 215 de 22 de
marzo de 2007, 597 de 12 de julio de 2011, 300 de marzo de 2015, 333 de
marzo de 2015 y 2857 de 30 de octubre de 2018, pero en forma concreta
todos los cargos específicos mencionados los focalizó en un único aspecto,
como lo es la notificación del acto definitivo, que considera debe ser
indefectiblemente el enteramiento personal, comoquiera que se trata de una
acto particular y concreto que finaliza la actuación administrativa.

En efecto, el sustento de las censuras aunque escindidas en distintas
causales, se soportan en un supuesto fáctico único y es que, a juicio del
memorialista, las resoluciones demandadas no brindan dichas garantías,
precisamente al no incluir la notificación personal del acto ya referido. Aunado
a que se vulnera la oportunidad de defenderse y probar el lugar de residencia
para el afectado con la decisión y, por ende, no puede producir efectos
legales, no queda en firme y no adquiere fuerza ejecutoria (art. 87 num. 2
CPACA) si no hay lugar a la notificación personal y por eso al apartarse de las
disposiciones invocadas del CPACA (34 y 66 a 69), se incurrió en falsa
motivación.

Pero como los actos demandados contienen en sus textos un sinnúmero de
ejes temáticos, no todos alusivos a la notificación que el libelista echa de
menos frente al acto que decide revocar la inscripción irregular, impone a la
Sala advertir que aunque la parte actora no especificó dentro de todo el
contenido de los actos administrativos a cuál o cuáles de los artículos que
integran las resoluciones hacía referencia, es claro que sí resulta
determinable, a partir de los argumentos y planteamientos de la violación,
como se pasa a relacionar:

1) Frente a la Resolución 0215 de 22 de marzo de 2007, el CNE, sobre el
tema que ocupa la atención, dispuso: (…)

Valga aclarar que, sobre esta resolución, la Sala Electoral, mediante sentencia
de 10 de septiembre de 2015, conoció de la demanda de nulidad contra el
inciso 2° del artículo 8, en cuanto dispuso que se debía fijar aviso informando
a la ciudadanía sobre la solicitud o petición ciudadana de dejar sin efecto la
inscripción o registro de una cédula de ciudadanía. En esa oportunidad, se
denegaron las súplicas de la demanda por estimar que, como el acto por el
cual se inicia el trámite, no define ningún derecho, era viable informar a la
ciudadanía a través del ‘aviso’, por lo que no se observaba vulneración del
ordenamiento jurídico. No obstante, la Sala afirmó que la decisión de dejar sin
efecto una inscripción ‘sí debía notificarse personalmente’, lo cual debe
entenderse como una obiter dicta o dicho de paso, dado que no se estaba
juzgando la legalidad de la previsión sobre la notificación de la decisión
definitiva prevista en el artículo 13 de dicha resolución sino el inciso 2º del
artículo 8, relativo al acto por medio del cual se inicia el trámite administrativo.

Además, observa la Sala que en el fallo en mención, se incurrió en una
imprecisión, al señalar que el artículo 13 citado contemplaba la figura de la
notificación personal, al afirmar ‘[A]demás, de la mentada notificación personal
la norma también prevé que el registrador fije en su despacho copia de la
parte resolutiva de la decisión’, cuando lo cierto es que en dicha norma, la
única referencia que se hace es al artículo 44 inciso 4° del CCA, que prevé
que la anotación en el respectivo registro, es la manera de notificar este acto,

13

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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

el cual cobra firmeza cuando se decidan los recursos a que haya lugar o se
opte por no impugnarlo.

2) Respecto a la Resolución 0597 de 12 de julio de 2011, la Sala advierte
que no será objeto de análisis, por cuanto contiene una modificación
efectuada al artículo 8 de la Resolución 215 de 2007, que alude al aviso y
conformación de la comisión instructora encargada de recaudar las pruebas
de la investigación, temática que no es censurada por la parte actora y, por
ende, no contenida en la fijación del litigio, por lo que se impone denegar las
súplicas de la demanda con respecto a esta.

3) En relación con la Resolución 300 de 5 de marzo de 2015, indicó: (…)

4) La Resolución 0333 de 16 de marzo de 2015, previó: (…)

5) Finalmente, en relación con la Resolución 2857 de 30 de octubre de
2018, el CNE señaló: (…)

Resulta necesario señalar el contenido de los artículos 44 del C.C.A., y 70 de
la Ley 1437 de 2011, a los cuales se remitieron las resoluciones acusadas,
para advertir la forma como debía realizarse la notificación de estos actos
definitivos, frente a las resoluciones que ya no están vigentes, como la actual,
la resolución 2857 de 2018, que regula esta materia. El primero, en su
literalidad disponía: (…)

La Corte Suprema de Justicia en Sala Plena, mediante sentencia de 28 de
febrero de 198512, la declaró exequible esta disposición, al considerar que los
actos administrativos que no contengan disposiciones de carácter general y
pongan término a una actuación administrativa, deben notificarse
personalmente al interesado o a su apoderado o representante, pero
reconoció que establece una excepción y es aquella atinente a la notificación
de las inscripciones que realizan las entidades encargadas de registros
públicos las cuales se entienden efectuadas el día de la anotación, tanto
respecto de los interesados como de los terceros, comoquiera que se
pronunciaba sobre la procedencia de la notificación personal de acto registral.
Al efecto indicó: (…)

Así las cosas, declaró exequible el inciso 4 del artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo, precisamente en el aparte que dice: ‘No obstante
lo dispuesto en este artículo, los actos de inscripción realizados por las
entidades encargadas de llevar los registros públicos se entenderán
notificadas el día en que se efectúe la correspondiente anotación’.

Posteriormente, en vigencia de la Constitución Política de 1991, la Corte
Constitucional examinó la norma en el punto exacto del inciso 4, en sentencia
C-640 de 13 de agosto de 200213 y consideró lo siguiente: (…)

Sin perjuicio de lo anterior, la Alta Corte, indicó que fuera del contexto legal
visto, existía también un enfoque interpretativo devenido de cuando el acto de
registro no concluye luego de una actuación administrativa previa, a lo cual
indicó: (…)

Tampoco encontró vulneración a las garantías constitucionales cuando la
decisión administrativa sea de interés particular, comoquiera que las normas

12
Original de la cita: “Radicado 1250. Actor: Jorge Hernán Gil Echeverry. M.P. Carlos Medellín”.
13
Original de la cita: “Expediente D-3861. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 44,
inciso 4º del C.C.A. Actor: Vicente Amaya Mantilla. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra”.
14

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generales contienen una variedad de normas que aseguran la vinculación de
la parte interesada al proceso respectivo que se finiquita con el acto registral
(arts. 14, 15, 28 y 46 del C.C.A.) cuyo conocimiento en su trámite conlleva que
no se genere ninguna sorpresa con la anotación final, a lo cual agregó la
connotación de públicos, de posibilidad de ser consultado por cualquiera, que
es una de las características de los actos de registro. Y agregó, a dicha
relación normativa, otras disposiciones que vinculan a los interesados en la
actuación, como los artículos 34 ejusdem sobre la petición probatoria y el
allegamiento de las probanzas, 35 referente a la oportunidad para que
expresen su opinión. Con base en esas consideraciones, concluyó: (…)

De otra parte, la segunda de las normas contenida en algunos de los actos
demandados es el artículo 70 del CPACA, que dispone: (…)

Como se evidencia el inciso 4 del artículo 44 del C.C.A. se repitió en forma
textual en la parte inicial del artículo 70 del CPACA, por lo que resulta
aplicable lo indicado por la Corte Constitucional en la sentencia C-640 de 13
de agosto de 2002 ya citada al señalar: (…)

Pero dejó la advertencia de que si la administración registral omite citar a
quienes puedan resultar afectados con el acto de inscripción y son personas
determinadas, el solo registro no es la notificación del acto, caso en el cual, el
conteo de la caducidad respectiva, opera ‘a partir del momento en que dichas
personas [conocen] efectivamente el acto de registro’.

Esas dos normas en su texto y alcance dan cuenta que la hermenéutica fijada
por la jurisdicción constitucional desde 1985 y hasta el año 2002, evidencian,
de una parte, que no se requiere indefectiblemente de la notificación personal,
cuando es el propio legislador quien ha impuesto una modalidad de
enteramiento diferente y, de otra, que tampoco se genera una violación
normativa constitucional o legal cuando dentro de un trámite y de cara a un
acto registral, no se determina que la notificación sea personal.

Ello se refuerza incluso con la parte final del artículo 70 del CPACA invocado
en las resoluciones 300 de 2015, 333 de 2015 y 2857 de 2018, que a la letra
indica que en materia de actos registrales al titular del derecho se le comunica
por cualquier medio idóneo, cuando la inscripción la hubiere solicitado una
entidad o personal distinta a aquel, lo que resulta evidencia que la notificación
personal no es a forma de enteramiento única e indefectible como lo pretende
la parte actora.

Así las cosas, en los artículos 13 de la Resolución 0215 de 2007, 11 de las
Resoluciones 300 y 333 de 2015 y de la 2857 de 2018, luego de un
procedimiento que inicia de oficio o a solicitud de parte, mediante fijación de
un aviso informativo para los ciudadanos sobre la existencia de la solicitud
para dejar sin efecto la inscripción de la cédula, decreto, recaudo y período
probatorio y la decisión definitiva, se impone notificar la resolución a través de
la anotación en el registro público correspondiente, esto es, el censo electoral,
con la posibilidad de recurrirla en vía de reposición.

Ahora bien, en la última de las Resoluciones impugnadas, la número 2857 de
2018, en su artículo 11, resulta la más completa y acorde a estos tiempos en
que la tecnología ha emergido en forma trascendental, pues, además de la
invocación del artículo 70 del CPACA y de la fijación en aviso en lugar público
de la parte resolutiva de la decisión, previó que se publicaría en la ‘página web
del CNE y de la RNEC’, que se acreditará con la constancia respectiva y que
la última entidad mencionada enviaría ‘mensaje electrónico’ a los ciudadanos
relacionados en el acto administrativo y en el artículo 15, en cumplimiento a la

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Ley 1712 de 2014, estableció que la decisión fuera socializada en la dirección
electrónica de las autoridades electorales referidas, con el propósito de
garantizar la transparencia y acceso a la información.

Desde otro punto de vista, la Sala Electoral, quiere destacar dos aspectos que
en más de las veces pasan desapercibidos, uno, frente a la tensión del
derecho fundamental de información y sufragio y, otro, respecto de una carga
que el elector que concurre en el derecho a votar le asiste, cual es, el ‘deber
de ver o de consultar’, más tratándose de un acto de carácter registral
electoral.

En cuanto a lo primero, es claro que se encuentran en tensión dos
manifestaciones del mismo derecho a sufragar, de elegir y ser elegido, pues
por una parte está la arista del votante a quien se le declara ineficaz la
inscripción de su cédula, al evidenciar y comprobar la irregularidad de
trashumancia y que se queda para el lugar sin vínculo habitacional, negocial,
profesional etc, comoquiera que se le da la posibilidad para que concurra a las
urnas del lugar donde se inscribió para los anteriores comicios, con lo que no
se afecta en forma absoluta su derecho.

Por otra, está la posición del derecho a elegir del conglomerado social, local o
seccional, municipal o departamental, que merece la garantía de que las
elecciones de su autogobierno como ente territorial sean transparentes y
fidedignas a su voluntad popular, a su derecho fundamental de decidir por la
persona que quiere asuma la dirección, haciendo frente y combatiendo al
supuesto trashumante.

Además un aspecto rescatable de la jurisprudencia constitucional y que por
regla general se pierde de vista cuando solo se analiza el tema desde la arista
del trashumante y la duda que se cierne cuando se le indica a ese elector que
su cédula ha sido retirada del censo local respectivo es una acotación que la
Corte Constitucional, en sentencia de tiempo atrás indicó bajo el predicado
siguiente: (…)

La tensión de ambas manifestaciones del derecho al voto -individual o del
conglomerado- resultaría de mayor empatía al derecho democrático del
sufragio al de la pluralidad, porque se allana al interés general y al respecto y
autonomía que es propia de la entidad territorial para autogobernarse.

El segundo punto, muy propio de los temas de derechos políticos, deviene del
entendimiento bifronte que por regla general caracteriza a algunas garantías
constitucionales y es las manifestaciones de derecho-deber. Así las cosas, al
elector o votante se le reconoce su derecho a sufragar, pero también su deber
de consultar la página de la RNEC la vigencia o no de su cédula de
ciudadanía y de su inscripción para sufragar, lo cual no resulta novedoso de
cara a conductas que el electorado debe revisar, tales como la búsqueda de si
se fue nombrado jurado de votación en las páginas web oficiales de la
organización electoral o la consulta del puesto y mesa de votación al revisar el
E-10 en la cartelera del lugar de votación, manifestaciones muy concretas y
reales del ejercicio del ‘deber de ver’ que se menciona.

No puede perderse de vista que la afectación a la democracia con la llamada
trashumancia o coloquialmente conocida como ‘trasteo de votos’, coloca a la
autoridad electoral a prevenir esta práctica y constituye una política pública,
teniente a combatir y erradicar un asunto tan vulnerador para la legitimidad
gubernamental en lo entes territoriales, en tanto, en palabras de la Corte
Constitucional ‘incluir en los censos electorales municipales a personas que
no residen en el lugar, a fin de que esos votantes sean escrutados junto con

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los residentes en la elección de las autoridades locales o la decisión de
asuntos que afectan a los habitantes de determinado municipio, claramente
viola las disposiciones constitucionales aludidas, y es una actuación irregular
que debe ser controlada por el Consejo Nacional Electoral, pues en esos
casos, esta entidad debe ejercer de conformidad con la ley, la atribución
especial de velar por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones
de plenas garantías, al tenor del numeral 5 del artículo 265 de la Carta
Política’14.

En complemento -sin demeritar que fueron disposiciones como el CCA y el
CPACA en sus respectivos momentos las regulaciones que determinaron la
forma de notificación del acto registral- se llama la atención a que frente a la
vigente Resolución 2857 de 2018, existe un bloque de legalidad que nutre las
facultades que, en materia de trashumancia, la administración puede
desplegar. La Sala hace referencia, a los Decretos 1066 de 2015 de 26 de
mayo de 2015 ‘por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Administrativo del Interior’ y el 1294 del 17 de junio de 2015, ‘Por el
cual se modifica el Decreto 1066 de 2015, que se expidió con el fin de
establecer los mecanismos que hagan efectivo y oportuno el control que el
Consejo Nacional Electoral ejerce sobre la inscripción de cédulas de
ciudadanía para combatir la trashumancia electoral’.

En el primero de dichos actos generales, no existía dicha reglamentación,
precisamente fue adicionado por el artículo 1 del segundo decreto
mencionado, con el capítulo 8 referido a la ‘trashumancia electoral’, ubicado
en la parte 3, nominada ‘Democracia y participación’, título 1 sobre ‘asuntos
electorales’, en el que se asignan a la RNEC, atribuciones como: la
verificación de la plena identificación de los ciudadanos electores; la exclusión
de cédulas por inscripción irregular, en la que se le asignó que acorde a sus
competencias, cruzara la información con el Archivo Nacional de Identificación
(ANI) y la base de datos de las huellas digitales, a fin precisamente de
determinar la existencia o no de irregularidades frente a la identidad de quien
se inscribió, información que debe remitir al CNE, quien adoptará la decisión
correspondiente.

Con respecto a este último punto, el artículo 2.3.1.8.6 dispuso lo siguiente:
(…)

La segunda de las normas reglamentarias indicadas, esto es el Decreto 1294
de 2015 fue expedido por el presidente de la República, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y legales, en particular la potestad reglamentaria
prevista en el artículo 189 numeral 11 y en desarrollo del deber previsto en el
Código Electoral, que imponen a las autoridades la protección del ejercicio del
derecho al voto libre y sin aventajamiento alguno (art. 2) y en cuya motivación
emerge la filosofía de la norma cuando indica que se expide con el propósito
de ‘brindar garantías para que los procesos electorales sean más
transparentes, se asegure la pureza del voto, transcurran en orden y en paz y
evitar conductas que puedan atentar contra mismos, se hace necesario
establecer mecanismos que faciliten la coordinación interinstitucional y así,
permitir un efectivo y oportuno control por parte del Consejo Nacional Electoral
sobre la inscripción de cédulas para combatir trashumancia electoral’.

Con ello se denota en forma clara que la resolución 2857 demandada no es
acto primigenio o génesis del asunto de la trashumancia electoral ni del
procedimiento breve y sumario, comoquiera que como se ha visto existen
normas de mayor rango y jerarquía que regularon y reglamentaron la

14
Original de la cita: “T-135 de 2000”.
17

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sustancialidad de la medida para combatir aquella de manera célere e
inmediata y, por ello el decreto presidencial reglamentó que la decisión
correspondiente se adopta dentro del contexto de un derecho de carácter
‘policivo administrativo’ que implica su inmediato cumplimiento, haciendo que
el trámite previo y el posterior con los recursos sean el afincamiento de la
garantía del debido proceso y del derecho de defensa, por lo que no se
observa, ni es de recibo la supuesta violación a dichas garantías
fundamentales.

En este punto la Sala considera pertinente recabar que, debido a las
características y necesidades de corregir el censo electoral local, no es
posible dar espera a los términos y plazos comunes del trámite administrativo
ordinario, en cuanto los plazos perentorios del calendario electoral se verían
superados, haciendo inane la medida de ineficacia del registro irregular, por lo
cual la supuesta falsa motivación, no se advierte con la regulación examinada.

Aunado a que son muchos los supuestos que desmarcan la aplicación
absoluta o total de los procedimientos ordinarios de notificación, por cuanto i)
la ley 163 de 1994 consagró un procedimiento breve y sumario; ii) la
connotación de derecho administrativo policivo de inmediato cumplimiento,
aconseja que resulta procedente establecer un mecanismo expedito de
notificación, como aquel propio de los actos registrales, como se analizó
anteriormente; iii) esta forma de notificación no resulta violatorio de los
derechos y garantías del afectado, y iv) dentro del trámite administrativo se
instituye un aviso de comunicación a todos los interesados, desde el inicio de
la actuación, por lo que desde ese mismo momento surge la carga-deber del
interesado de estar pendiente de la decisión definitiva.

Es más, como apoyo a lo ya disertado, en decisión reciente15 de la Sala, se
expusieron algunas razones para que el procedimiento breve y sumario que
data de tiempo atrás, deba ser expedito y célere, al armonizarse con
regulaciones muy posteriores en el tiempo, como la Ley 1475 de 2011. Se
hace referencia al siguiente aparte:

Por ello, no es de recibo el argumento con el que se sustenta la falsa
motivación, como tampoco se encuentra probada la expedición irregular dado
que al acogerse la forma de notificación de los actos registrales para dar a
conocer el acto definitivo que resuelve la solicitud de inscripción irregular de
cédulas de ciudadanía se está adoptando un mecanismo, de los tantos
previstos en la ley, para la notificación de los actos administrativos,
consagrados en el antiguo CCA y el actual CPACA.

Todo lo anterior, evidencia que el CNE sí observó el bloque de legalidad que
sustentó el procedimiento respectivo de cara a la forma de notificar la
decisión, como se analizó en precedencia. En efecto, se advierte que con el
procedimiento breve y sumario que se lleva a cabo, bajo la previsión que
sobre el punto hiciera la ley 163 de 1994, en su artículo 4°, en desarrollo del
mandato constitucional 316 y aupado en la normativa reglamentaria como el
78 del Código Electoral y en la connotación del acto registral electoral, se
cumple con el objetivo de dar publicidad a la decisión definitiva y la eficacia de
la depuración del censo de cara a las elecciones populares. Mientras que para
la Resolución 2857 de 2018 demandada, el apoyo se refuerza y complementa
con los instrumentos adicionales que la misma norma prevé como la
publicación en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el

15
Original de la cita: “Fallo de 18 de noviembre de 2021. Radicado
76001-23-33-000-2019-01203-01. Demandante: Luis Ángel Velásquez Millán. Demandado: Alcalde
de Jamundí (Andrés Felipe Ramírez Restrepo). M.P. Rocío Araújo Oñate”.
18

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CNE y el envío de mensaje de datos a quien suministre correo electrónico,
como con los Decretos 1066 y 1294 de 2015.

En consecuencia, los argumentos de la parte actora no tienen la
virtualidad de generar la nulidad de las Resoluciones 215 del 22 de marzo
de 2007, 597 del 12 de julio de 2011, 300 de 5 de marzo de 2015, 0333 del 16
de marzo de 2015 y 2857 del 30 de octubre de 2018, expedidas por el
Consejo Nacional Electoral, lo cual conlleva a denegar su nulidad (negrilla
del original).

Por su parte, en la demanda de tutela, el señor César Hernando Rodríguez Ramos
alega que la Sección Quinta del Consejo de Estado efectuó una interpretación
sesgada de la sentencia C-640 de 2002, que llevó a que validara “la notificación
mediante la anotación en el registro sin considerar la notificación personal del acto
administrativo particular y concreto que declara trashumantes a los ciudadanos o
de la garantía previa de vinculación a los interesados antes de culminar la
actuación administrativa”.

Así mismo, refirió que no se tuvo en cuenta la sentencia de 10 de septiembre de
2015 (radicado No. 2013-00183) dictada por la misma Sección.

A juicio de la Sala, lo anterior evidencia que el señor Rodríguez Ramos acudió a la
acción de tutela con el propósito de que el juez constitucional se pronuncie
respecto de la forma de notificación de la decisión de dejar sin efectos la
inscripción irregular de cédulas de ciudadanía –al punto de que sustentó la
demanda de tutela en el salvamento parcial de voto que de uno de los integrantes
de la Sala sobre ese aspecto–, lo que no es procedente, dado que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, el juez de tutela solo puede inmiscuirse en los
asuntos que involucran la afectación de derechos fundamentales.

Conviene mencionar que, aunque el tutelante alega que con la decisión del 15 de
diciembre de 2021 se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia y a elegir y ser elegido, lo cierto es que
los planteamientos en los que se fundamentó la supuesta vulneración evidencian
que lo que verdaderamente pretende es que se revisen asuntos de naturaleza
legal, que fueron debidamente analizados y definidos por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, la que, según lo establecido en el numeral 1º del artículo 14916

16
“Artículo 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA. <Artículo
modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición
normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala Plena
19

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de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 1317 del Acuerdo 80 de 2019, tenía la
competencia exclusiva para conocer del proceso de nulidad de contenido electoral
fundamento de la presente actuación.

En ese contexto, advierte la Sala que, so pretexto de alegar vulneración de
derechos fundamentales, lo que pretende el tutelante es emplear este mecanismo
constitucional como una instancia adicional, para continuar con un debate zanjado
por el juez natural, lo que desdibuja las finalidades de esta acción constitucional.

Por lo expuesto, la Subsección declarará la improcedencia del amparo solicitado
por el incumplimiento del requisito de la relevancia constitucional, dado que “la
acción de tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en
torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera
apreciación judicial que no involucre aquellos”18.

En línea con lo anterior, la Corte Constitucional ha precisado que “la acción de
tutela contra providencias judiciales es concebida como un ‘juicio de validez’ y no
como un ‘juicio de corrección’ del fallo cuestionado19, lo que se opone a que se use

de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas
especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única
instancia de los siguientes asuntos:
1. De la nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional, o
por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el
mismo orden, salvo que se trate de actos de certificación o registro, respecto de los cuales la
competencia está radicada en los tribunales administrativos.
2. (…)”.
17
“Artículo 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán
entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
(…)
Sección Quinta:
1. Los procesos de simple nulidad contra actos de contenido electoral.
2. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, distintos de los de carácter laboral,
contra actos de contenido electoral.
3. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos.
4. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de carácter electoral, dictadas en
única instancia por los tribunales administrativos.
5. Los recursos incidentes y demás aspectos relacionados con los procesos ejecutivos por
jurisdicción coactiva.
6. Las acciones de tutela que sean de competencia del Consejo de Estado.
7. Las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los
Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento”.
18
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de noviembre de 2018, exp.
11001-03-15-000-2018-03400-00(AC), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
19
Original de la cita: “Al respecto, la sentencia T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva)
indicó: ‘(…) la acción de tutela contra sentencias es un juicio de validez de la decisión judicial,
basado en la supremacía de las normas constitucionales. Esto se opone a que la acción de tutela
ejerza una labor de corrección del fallo o que sirva como nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado que dieron lugar al mismo.
20

Radicación número: 110010315000202202948 00
Accionante: César Hernando Rodríguez Ramos
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de
índole probatoria o de interpretación del derecho legislado, que dieron origen a la
controversia”20.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por lo
expuesto en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

En cambio, la tutela se circunscribe a detectar aquellos casos excepcionales en que la juridicidad
de la sentencia judicial resulte afectada, debido a que desconoció el contenido y alcances de los
derechos fundamentales’. Sobre el punto también se puede consultar la sentencia T-126 de 2018
(MP Cristina Pardo Schlesinger)”.
20
Sentencia T-016 de 22 de enero de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
21

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