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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-02948-01

Fecha
20 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-02948-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Revócase la sentencia de 15 de julio de 2022, proferida por el Consejo de Estado (subsección A de la sección tercera), que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia; en su lugar, niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a elegir y ser elegido invocados por el señor César Hernando Rodríguez Ramos, conforme a lo indicado en la motivación. 2º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-02948-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

20 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veinte (20) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Acción : Tutela (impugnación)
Expediente : 11001-03-15-000-2022-02948-011
Actor : César Hernando Rodríguez Ramos
Demandados : Magistrados de la sección quinta del Consejo de Estado
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia y a elegir y ser elegido

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el tutelante contra la
sentencia de 15 de julio de 2022, proferida por el Consejo de Estado
(subsección A de la sección tercera), que declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo. El señor César Hernando Rodríguez Ramos,
quien actúa en nombre propio, presenta acción de tutela con el fin de obtener
la protección de sus derechos constitucionales fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y a elegir y ser elegido,
presuntamente quebrantados por los señores magistrados de la sección quinta
del Consejo de Estado.

Como consecuencia de lo anterior, pide se deje sin efectos el fallo de 15 de
diciembre de 2021, mediante el cual el Consejo de Estado (sección quinta)
negó, en única instancia, la pretensión del medio de control de nulidad
promovido contra el Consejo Nacional Electoral (expediente 11001-03-28-
000-2021-00036-00); en su lugar, se ordene a las autoridades accionadas que
emitan una nueva providencia en la que atiendan el ordenamiento jurídico.

1.2 Hechos. Relata el accionante que instauró demanda de nulidad contra el
Consejo Nacional Electoral (expediente 11001-03-28-000-2021-00036-00),
con el propósito de obtener la anulación de cinco (5) resoluciones2 que regulan
el trámite de cancelación de la inscripción de cédulas de ciudadanía por
trashumancia, comoquiera que han causado inconvenientes en las elecciones

1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
2
Omite identificarlas.

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Actor: César Hernando Rodríguez Ramos

celebradas en los entes territoriales, lo que inobserva el mandato según el cual
el aludido organismo está en la obligación de garantizar que las personas
ejerzan libremente y sin dilaciones el derecho al sufragio.

Que las decisiones administrativas cuestionadas no aseguran que las personas
a las que se les cancela la inscripción de sus cédulas de ciudadanía para
elecciones puedan ejercer su prerrogativa de defensa, pues, al omitir establecer
que la notificación de los actos administrativos definitivos sea personal, no se
garantiza que aquellas los conozcan y puedan controvertirlos, pese a ello el 15
de diciembre de 2021 el Consejo de Estado (sección quinta) negó la precitada
súplica, al considerar que no es necesario comunicar personalmente a los
afectados con dichas determinaciones administrativas, dado que se dan a
conocer conforme a los artículos 44 (inciso 4º) del Código Contencioso
Administrativo (CCA) y 70 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), forma que la Corte Constitucional,
en sentencia C-640 de 20023, estimó adecuada.

Dice que la providencia censurada incurre en desconocimiento del precedente,
habida cuenta de que aplicó de manera «sesgada» el referido pronunciamiento
del alto tribunal constitucional, porque no advirtió que allí también se dijo que
la omisión de convocar a quienes puedan resultar afectados con la cancelación
de las cédulas de ciudadanía por trashumancia, hace indispensable que la
comunicación de los actos administrativos definitivos sea personal, pues, en
ese evento, «la anotación en el registro público» no puede considerarse como
una notificación eficaz.

Que las autoridades accionadas, además, desatendieron el fallo de 10 de
septiembre de 2015, emitido por el Consejo de Estado (sección quinta)4, en el
que se precisó que la determinación administrativa que deja sin efectos la
inscripción de una cédula de ciudadanía para efectos electorales debe
notificarse personalmente, por cuanto finaliza una actuación y tiene la entidad
de quebrantar derechos particulares.

1.3 Contestaciones de la acción.

1.3.1 Los señores magistrados del Consejo Nacional Electoral5, a través del
señor jefe de la oficina asesora jurídica del organismo, aseveran que carecen
3
M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
4
C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, expediente 11001-03-26-000-2013-00138-00.
5
Vinculados en primera instancia, mediante auto de 3 de junio de 2022, al presente asunto constitucional, en
condición de terceros interesados.

2

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Actor: César Hernando Rodríguez Ramos

de legitimación en la causa por pasiva, puesto que no profirieron la sentencia
atacada, dado que fue dictada por los señores magistrados de la sección quinta
del Consejo de Estado, y tampoco tuvieron incidencia en ella, situación de la
que se colige que no les asiste interés alguno en este trámite constitucional,
máxime cuando no tienen competencia para emitir la providencia de
reemplazo que depreca el tutelante.

1.3.2 Los señores magistrados de la sección quinta del Consejo de Estado, por
conducto del ponente del fallo cuestionado, afirman que el actor emplea la
acción de tutela de la referencia como un instrumento para obtener un nuevo
pronunciamiento sobre la cuestión debatida en el proceso de nulidad 11001-
03-28-000-2021-00036-00, es decir, como una tercera instancia, lo que
desnaturaliza este mecanismo constitucional. Además, aquel le atribuye a la
determinación judicial reprochada trasgresión de garantías superiores, por el
solo hecho de que le resultó desfavorable y sin advertir que se ajusta al sistema
normativo.

Que, contrario a lo señalado por el demandante, en la providencia atacada se
aplicó la sentencia C-640 de 2002 de la Corte Constitucional, pues en esta se
determinó que las decisiones administrativas que dejan sin efectos
inscripciones de cédulas de ciudadanía por trashumancia se notifican en
atención al artículo 44 (inciso 4º) del CCA y no personalmente, premisa que
atendieron. Asimismo, aunque en el aludido pronunciamiento del alto tribunal
constitucional se precisó que la comunicación de las referidas determinaciones
administrativas debe hacerse de manera personal, ello solo es necesario cuando
no se les dan a conocer a los interesados las actuaciones administrativas,
condición que no se cumple en relación con las Resoluciones enjuiciadas en
sede contencioso-administrativa, por cuanto estas estipulan que el auto que
acepta la solicitud de cancelación de inscripciones se informa por aviso y
medios tecnológicos.

Aducen que en el fallo C-640 de 2002 la Corte Constitucional indicó que
existen procedimientos administrativos que no están regulados por el CCA,
por tanto, el mandato allí contenido de que los actos administrativos
definitivos deben notificarse personalmente no aplica para los trámites
especiales, como el atañedero a la «inscripción en los registros públicos»,
puesto que es con esta que se materializa el principio de publicidad frente a
personas que ya habían sido convocadas a las diligencias, por lo que la
determinación administrativa no les resulta sorpresiva.

3

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02948-01
Actor: César Hernando Rodríguez Ramos

Que en razón a que las decisiones electorales concernientes a trashumancia son
de cumplimiento inmediato, con la finalidad de evitar que el ciudadano que
incurrió en esa irregularidad vote en un sitio en el que no reside, no es dable en
un asunto de esa naturaleza agotar la notificación en la forma señalada en las
normas generales. Además, no desconocen el fallo de 10 de septiembre de
20156, pues la afirmación allí consignada, consistente en que los actos
administrativos que dejan sin efectos una inscripción de cédula de ciudadanía
en el ámbito electoral deben comunicarse de manera personal, es un
argumento obiter dictum, por ende, no tiene fuerza vinculante.

1.4 Providencia impugnada. El Consejo de Estado (subsección A de la
sección tercera), mediante sentencia de 15 de julio de 2022, declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia, al estimar que carece de
relevancia constitucional, comoquiera que el accionante pretende obtener un
nuevo estudio sobre la forma como debe darse a conocer el acto administrativo
que deja sin efectos la inscripción de cédulas de ciudadanía por trashumancia,
lo cual está vedado en esta instancia judicial, por cuanto sobre el particular ya
se pronunciaron las autoridades accionadas.

Que, adicionalmente, las pretensiones del tutelante están orientadas al análisis
de aspectos legales, pero no constitucionales, situación que, sumado a lo
expuesto en el párrafo precedente, impide al juez de tutela efectuar un estudio
de fondo, máxime cuando los señores magistrados demandados emplearon
inferencias razonables amparadas por el precepto de autonomía judicial.

1.5 Impugnación. Inconforme con la anterior decisión, el demandante la
impugna, con fundamento en los mismos argumentos expuestos en el escrito
de tutela, a los que agrega que el asunto sí tiene relevancia constitucional,
porque inmiscuye la garantía al voto, que salvaguarda la participación
ciudadana.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia. En virtud de los artículos 327 del Decreto ley 2591 de 19918
y 259 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201910 expedido por la sala plena del
6
Consejo de Estado, sección quinta, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, expediente 11001-03-26-000-
2013-00138-00.
7
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro
de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
8
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
9
«[…]

4

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Actor: César Hernando Rodríguez Ramos

Consejo de Estado, esta subsección es competente para conocer de la presente
impugnación.

2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que pueda comportar la sentencia de 15 de diciembre de 2021,
por cuyo conducto el Consejo de Estado (sección quinta) negó, en única
instancia, las pretensiones del medio de control de nulidad promovido por el
tutelante contra el Consejo Nacional Electoral (expediente 11001-03-28-000-
2021-00036-00); y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías
superiores al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a elegir y
ser elegido invocadas en la solicitud de amparo.

2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la
amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en
sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en
apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de
hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y

Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas
por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto.
[…]».
10
«Reglamento interno del Consejo de Estado».

5

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Actor: César Hernando Rodríguez Ramos

desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la
acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el
reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la
administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos
fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto
fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento
probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos
eventos en los que se actuó completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez,
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02948-01
Actor: César Hernando Rodríguez Ramos

es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo
o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, en
consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución,
que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho,
vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión
de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos
fundamentales.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02948-01
Actor: César Hernando Rodríguez Ramos

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales11, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 201212, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos13.

2.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i)
el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia y a elegir y ser elegido del actor14; (ii) contra el
fallo acusado no procede recurso alguno, por cuanto fue emitido en un proceso
de única instancia, conforme al artículo 149 (numeral 115) del CPACA; (iii) se
establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas
garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, toda vez que
la determinación judicial atacada se profirió el 15 de diciembre de 2021 y la
11
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31
de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis
Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de
2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C.
P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8)
16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
12
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
13
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp.
2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de
2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de
febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P.
Gerardo Arenas Monsalve.
14
En ese sentido, no se compadece de la situación del demandante la determinación adoptada en el fallo de
primera instancia, emitido dentro del asunto de la referencia, por cuanto los argumentos invocados en el
escrito inicial conciernen a la posible configuración de la causal específica de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales denominada desconocimiento del precedente, que de demostrarse
afectaría garantías superiores del accionante, lo que impone efectuar un análisis del fondo del presente asunto.
15
«El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones,
subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga,
conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:
1. De la nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional, o por las
personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden, salvo que
se trate de actos de certificación o registro, respecto de los cuales la competencia está radicada en los
tribunales administrativos».

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Actor: César Hernando Rodríguez Ramos

solicitud de amparo se instauró el 27 de mayo de 2022, es decir, dentro de un
término prudencial (5 meses y 12 días); y (v) la providencia acusada no desató
una acción de tutela.

En razón a que se colman los presupuestos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, esta Sala examinará el fondo
del asunto, conforme a la causal específica denominada desconocimiento del
precedente.

2.5.1 Desconocimiento del precedente. El desconocimiento del precedente
tiene dos modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela
contra providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii)
como defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La
primera tiene su origen en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente
de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia16, y
la segunda hace referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del
precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a
concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo17 conforme a los
principios del debido proceso, igualdad y buena fe18.

En el sub lite la Sala evidencia, en atención al escrito inicial y a las pruebas
adosadas al presente trámite constitucional, que el tutelante promovió medio
de control de nulidad contra el Consejo Nacional Electoral (expediente 11001-
03-28-000-2021-00036-00), con el propósito de obtener la anulación de las
Resoluciones 215 de 22 de marzo de 2007, 597 de 12 de julio de 2011, 300 y
333 de 5 y 16 de marzo de 2015, en su orden, y 2857 de 30 de octubre de
2018, con las que dicho organismo estableció el procedimiento para dejar sin
efectos la inscripción de cédulas de ciudadanía por trashumancia.

En la demanda el accionante afirmó que el acto administrativo que deja sin
16
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a
desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias
de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de
constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe
acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional
a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
17
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995
M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P.
Jorge Iván Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
18
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P.
Jorge Iván Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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Actor: César Hernando Rodríguez Ramos

efectos la referida inscripción debe notificarse personalmente, pues aunque las
Resoluciones acusadas estipulan que aquel se entenderá comunicado al día
siguiente de que se realice la anotación en el respectivo registro, conforme a
los artículos 44 (inciso 4º) del CCA y 70 del CPACA, no es una forma efectiva
de asegurar que los administrados sepan de la decisión, tal como lo indicó el
Consejo de Estado (sección quinta)19.

Que otro de los motivos por el cual los actos administrativos de dicha
naturaleza deben comunicarse personalmente a los perjudicados, es que son de
carácter particular y terminan una actuación administrativa, con lo que se
garantiza que los conozcan y puedan controvertirlos oportunamente. Además,
la facultad de dejar sin efectos la inscripción de cédulas de ciudadanía de la
que goza el Consejo Nacional Electoral, no lo habilita para sustituir las formas
de notificación señaladas en las normas que rigen los trámites generales de la
Administración.

Del asunto contencioso-administrativo conoció el Consejo de Estado (sección
quinta), que el 9 de agosto de 2021 lo admitió y el 15 de diciembre siguiente
negó la súplica ordinaria, al considerar que los artículos 265 (numeral 12)
superior y 4º de la Ley 163 de 1994 le imponen la función al Consejo Nacional
Electoral de dejar sin efectos la inscripción de cédulas de ciudadanos que
quieran votar en un municipio en el que no residen, por tanto, dicho
organismo, contrario a lo afirmado por el actor, sí está facultado para regular el
aludido procedimiento, por cuanto involucra cuestiones administrativas
orientadas a evitar la trashumancia.

Que, en relación con la notificación de actos administrativos que dejan sin
efectos la inscripción de cédulas de ciudadanía, si bien esta Corporación
aseveró, en sentencia de 10 de septiembre de 201520, que debían comunicarse
de manera personal, este es un argumento obiter dictum, en consecuencia,
carece de fuerza vinculante, situación que impone colegir que son los artículos
44 (inciso 4º) del CCA y 70 del CPACA los que señalan la forma como deben
darse a conocer esas decisiones administrativas, normas en virtud de las cuales
se emitieron las Resoluciones enjuiciadas.

Igualmente, se indicó en el fallo acusado que si bien la regla general es que
deben notificarse personalmente las determinaciones administrativas
19
Sentencia de 10 de septiembre de 2015, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, expediente 11001-03-
26-000-2013-00138-00.
20
Sección quinta, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, expediente 11001-03-26-000-2013-00138-00.

10

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02948-01
Actor: César Hernando Rodríguez Ramos

particulares que finalizan una actuación, no aplica en el trámite de cancelación
de inscripción de cédulas de ciudadanía por trashumancia, pues está regulado
por una norma especial, tal como lo concluyó la Corte Constitucional en
sentencia C-640 de 2002, al precisar que no contraría la Carta Política la
comunicación consagrada en el artículo 44 (inciso 4º) del CCA, acogida en los
actos administrativos demandados.

En la solicitud de amparo el tutelante asevera que la sentencia acusada incurre
en desconocimiento del precedente, porque (i) atendió de manera parcial el
fallo C-640 de 2002, emitido por la Corte Constitucional, pues ignoró el
acápite en el que se estipuló que es obligatoria la notificación personal de
decisiones administrativas que dejan sin efectos la inscripción de cédulas de
ciudadanía por trashumancia cuando no se vinculan a los afectados al
procedimiento; y (ii) inobservó que el 10 de septiembre de 201521 el Consejo
de Estado dijo que la determinación administrativa definitiva en trámites de
esa naturaleza debe darse a conocer de manera personal.

Con la finalidad de establecer si los anteriores reproches tienen o no asidero
jurídico, resulta oportuno advertir que el artículo 4022 de la Constitución
Política otorga la posibilidad a los ciudadanos de concurrir en la conformación
del poder político, de elegir y ser elegido y de pronunciarse sobre las
cuestiones que los afecten, prerrogativas que materializan principios de la
democracia participativa, entendida como el modelo institucional en el cual los
asociados definen su destino23.

La salvaguarda de las citadas garantías superiores se logra a través de
actuaciones que aseguren que la participación del electorado se realice sin
presiones, pues, de lo contrario, se desconocerían valores democráticos
propios del Estado social de derecho y se instauraría un régimen totalitario, en
el que la voluntad popular carece de relevancia24.
21
Ibidem.
22
«Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para
hacer efectivo este derecho puede:
1. Elegir y ser elegido.
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación
democrática.
[…]».
23
Corte Constitucional, sentencia C-379 de 2016, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
24
Corte Constitucional, sentencia C-150 de 2015, M. P. Mauricio González Cuervo: […] la jurisprudencia de
este Tribunal ha indicado que la efectividad de la participación demanda la vigencia de reglas e instituciones
que salvaguarden el pluralismo, la transparencia y la libertad de los ciudadanos de manera tal que (i) se
garantice, en condiciones de igualdad, la intervención en los procesos democráticos de todos los ciudadanos,
grupos y organizaciones y (ii) se asegure que las manifestaciones de los ciudadanos en todos los mecanismos
de participación sea completamente libre y, en consecuencia, genuina».

11

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02948-01
Actor: César Hernando Rodríguez Ramos

Dentro de las medidas previstas en el ordenamiento jurídico para propender
por el adecuado ejercicio del voto, se encuentra la prohibición de
trashumancia, que consiste en «[…] la acción de inscribir la cédula para votar
por un determinado candidato u opción política[,] en un lugar distinto al que
se reside o en el que se encuentre un verdadero arraigo o interés»25.

Dicha proscripción, además de atender el artículo 31626 superior, garantiza que
las personas que voten en una contienda política de carácter local, tengan
vínculo con la entidad territorial, para que sean destinatarias de los programas
que promete adelantar el candidato que apoyan, con lo que se protege, de
cierta manera, el ejercicio responsable del voto, pues contraría la democracia
participativa que un individuo sufrague en un sitio en el que las decisiones que
allí se adopten no le conciernen27.

Ahora bien, el artículo 265 de la Constitución Política estipula que «[e]l
Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará
toda la actividad electoral […]», mandatos que involucran la potestad de
regular aspectos «técnicos u operativos»28 en materia electoral, con el fin de
lograr armonía en el ámbito de las elecciones, sin desconocer que la titularidad
de la facultad de reglamentación la tiene el señor presidente de la República,
conforme al artículo 189 (numeral 1129) superior.

Por su parte, el artículo 4º (inciso 3º) de la Ley 163 de 1994 consagra que
«cuando mediante procedimiento breve y sumario se compruebe que el
inscrito no reside en el respectivo municipio, el Consejo Nacional Electoral
declarará sin efecto la inscripción», disposición de la que se colige, junto con
el artículo 265 constitucional, que a dicho organismo le asiste la prerrogativa
de fijar el trámite que debe surtirse para efectos de evitar la trashumancia, pues
atañe a cuestiones operativas orientadas a garantizar que las contiendas
electorales se adelanten de acuerdo con el ordenamiento jurídico30.

25
Consejo de Estado, sección quinta, sentencia de 14 de marzo de 2019, C. P. Rocío Araújo Oñate, expediente
11001-03-28-000-2018-00049-00.
26
«En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del
mismo carácter, sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio».
27
Consejo de Estado, sección quinta, sentencia de 9 de febrero de 2017, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, expediente 11001-03-28-000-2014-00112-00.
28
Corte Constitucional, sentencia C-307 de 2004, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
29
«Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad
Administrativa:
[…]
11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes
necesarios para la cumplida ejecución de las leyes».
30
Corte Constitucional, sentencia C-353 de 1994, M. P. Jorge Arango Mejía.

12

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02948-01
Actor: César Hernando Rodríguez Ramos

En ejercicio de la precitada competencia, el Consejo Nacional Electoral
profirió las Resoluciones 215 de 22 de marzo de 2007, 597 de 12 de julio de
2011, 300 y 333 de 5 y 16 de marzo de 2015, en su orden, y 2857 de 30 de
octubre de 2018 (atacadas en el proceso de nulidad 11001-03-28-000-2021-
00036-00), en las que fijó el procedimiento para evitar la trashumancia y se
indicó que cualquier ciudadano puede promover queja por dicho fenómeno, la
cual debe contener (i) nombre e identificación del solicitante, (ii) objeto, (iii)
hechos, (iv) números de cédulas de las personas que no residen en la
circunscripción electoral, (v) pruebas, (vi) copia de la petición en medio
magnético y (vii) firma de ella.

Una vez verificadas las anteriores exigencias, el correspondiente magistrado
admite la queja mediante auto, que debe publicarse en la registraduría del
respectivo ente territorial y en las páginas electrónicas del Consejo Nacional
Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil (también se envían
comunicaciones a los correos electrónicos de los electores cuando se tenga
registro de ellos), con la finalidad de que las personas interesadas acudan al
trámite administrativo. Posteriormente, se efectúa un cruce de información con
algunas bases de datos y el sustanciador presentará ante la sala plena del
organismo proyecto de acto administrativo que deja sin efectos la inscripción
de cédulas de ciudadanía, de ser ello procedente, el cual, una vez aprobado, se
entiende notificado al día siguiente de la anotación en los registros públicos.

Ahora bien, cabe destacar que la notificación del acto administrativo que deja
sin efectos la inscripción de cédulas de ciudadanía por trashumancia se surte
en los términos de los artículos 44 (inciso 4º31) del CCA o 7032 del CPACA,
según el caso. La Corte Constitucional, en sentencia C-640 de 2002, declaró
exequible la primera de las mencionadas disposiciones, al considerar que no
resulta indispensable informar personalmente aquella decisión administrativa,
por cuanto esta se emplea en procedimientos adelantados en virtud de
preceptos generales y no a los que están sujetos a normas especiales, como las
concernientes al referido trámite electoral. El alto tribunal precisó sobre el
particular:

31
«[…] los actos de inscripción realizados por las entidades encargadas de llevar los registros públicos se
entenderán notificados el día en que se efectúe la correspondiente anotación».
32
«Los actos de inscripción realizados por las entidades encargadas de llevar los registros públicos se
entenderán notificados el día en que se efectúe la correspondiente anotación. Si el acto de inscripción hubiere
sido solicitado por entidad o persona distinta de quien aparezca como titular del derecho, la inscripción
deberá comunicarse a dicho titular por cualquier medio idóneo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
correspondiente anotación».

13

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02948-01
Actor: César Hernando Rodríguez Ramos

[…] de la regla general sobre notificación personal quedan excluidos
los actos de inscripción en los registros públicos.

[…]

10. A juicio de la Corte, en la interpretación de la norma según la cual
ella se refiere a la inscripción de un acto administrativo con el que
culmina una actuación administrativa, la excepción que ella consagra
no desconoce la Constitución. En efecto, si bien la disposición exime al
acto de registro de la notificación personal a los interesados, ello no
tienen el alcance de vulnerar el derecho al debido proceso de éstos, por
cuanto las normas generales que regulan las actuaciones administrativas
que involucran intereses particulares contienen diversas previsiones que
aseguran la vinculación de tales personas interesadas y su intervención
dentro del proceso que culmina con el acto objeto de registro, por lo
cual no llegan a verse sorprendidas por la anotación final. Además, los
registros, por ser públicos, pueden ser consultados por cualquier
persona, de manera que esta forma de comunicación de la decisión no
les resulta oculta o secreta. En efecto, la publicidad es justamente la
razón de ser del registro, por lo cual ni siquiera hay que acreditar un
interés jurídico para enterarse del contenido de los asientos o
inscripciones.

De acuerdo con lo expuesto, se colige que la forma de notificación
contemplada en los artículos 44 (inciso 4º) del CCA y 70 del CPACA no
trasgrede la garantía superior al debido proceso, porque se presume que el
administrado fue convocado al respectivo procedimiento, por ende, no resulta
sorprendido con la expedición del respectivo acto administrativo. No obstante,
la Corte Constitucional dijo que en los eventos en que no se comunican las
actuaciones, resulta indispensable dar a conocer personalmente la
determinación administrativa definitiva, en aras de salvaguardar el derecho de
defensa de los interesados, en los siguientes términos:

[…] debe advertirse que si por cualquier circunstancia las autoridades
encargadas de ejercer la función registral omiten citar a quienes puedan
resultar afectados con el acto de inscripción, siendo estas personas
determinadas, la anotación en el registro público no puede ser
considerada como notificación del acto, y los términos de caducidad de
los recursos que procedan no pueden empezar a contarse sino a partir
del momento en que dichas personas conocieron efectivamente el acto
de registro.

Así las cosas, de lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-640 de
2002, se colige que la forma de notificar el acto administrativo que deja sin
efectos la inscripción de cédulas de ciudadanía por trashumancia señalada en
14

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02948-01
Actor: César Hernando Rodríguez Ramos

el artículo 44 (inciso 4º) del CCA (reproducida en el artículo 70 del CPACA),
no vulnera el debido proceso, por tanto, no resulta necesario comunicarlo
personalmente, salvo que la persona afectada no se le haya dado a conocer el
correspondiente procedimiento.

Efectuadas las anteriores precisiones jurídicas, en el sub lite la Sala observa
que en la sentencia reprochada las autoridades accionadas concluyeron que las
Resoluciones enjuiciadas en la demanda de nulidad 11001-03-28-000-2021-
00036-00 no trasgreden el marco jurídico, porque la manera como instituyen la
comunicación del acto administrativo que invalida la inscripción de cédulas de
ciudadanía por trashumancia (artículos 44 del CCA y 70 del CPACA) no
vulnera el debido proceso.

Luego de analizar los argumentos consignados en la providencia censurada, se
evidencia que, contrario a lo afirmado por el accionante, no desatiende el fallo
C-640 de 2002 de la Corte Constitucional, habida cuenta de que en aquella se
estableció que la notificación del acto administrativo que deja sin efectos la
inscripción de cédulas de ciudadanía por trashumancia se informa conforme a
las precitadas disposiciones y en el referido pronunciamiento el alto tribunal
constitucional indicó que esa forma no vulnera garantía superior alguna,
puesto que se presume que los afectados fueron convocados al trámite, por
ende, no son sorprendidos con la decisión.

Cabe aclarar que en el procedimiento fijado en los actos administrativos
acusados en sede contencioso-administrativa se asegura que las personas
interesadas conozcan de él, pues aquellos consignan una serie de actuaciones
orientadas a publicar las diligencias, como las de publicar avisos en la
registraduría del respectivo ente territorial y en las páginas electrónicas del
Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y
enviar comunicaciones a los correos electrónicos de los sufragantes, cuando
ello sea posible.

Ahora bien, en la providencia reprochada no se hizo alusión a la salvedad que
planteó la Corte Constitucional en la sentencia C-640 de 2002, según la cual es
indispensable notificar personalmente el acto administrativo definitivo cuando
no se dieron a conocer las actuaciones administrativas, sin embargo, ello no
implica desconocimiento del precedente, porque esa regla no resultaba
aplicable al caso concreto, toda vez que las Resoluciones enjuiciadas en sede
ordinaria, se reitera, prevén medidas tenientes a que los interesados sepan de
las diligencias, circunstancia que impedía decretar su nulidad.
15

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02948-01
Actor: César Hernando Rodríguez Ramos

Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de que las autoridades accionadas hayan
omitido realizar la mencionada acotación, no impide que el ciudadano pueda
exigir la comunicación personal del correspondiente acto administrativo o
alegar vulneración del debido proceso, cuando no se publique el trámite
administrativo surtido en su contra por presunta trashumancia, puesto que ese
aspecto, así no haya sido señalado en la providencia cuestionada, es de
obligatoria observancia por estar contemplado en un pronunciamiento de la
Corte Constitucional, dado que constituye fuente formal del derecho33.

Así las cosas, contrario a lo afirmado por el tutelante, la sentencia reprochada
no inobserva el fallo C-640 de 2002 de la Corte Constitucional, por el
contrario, lo atendió al advertir que la forma de notificación prevista en los
artículos 44 (inciso 4º) del CCA y 70 del CPACA no desconoce garantías
superiores, pues en el procedimiento establecido en las Resoluciones
enjuiciadas en el proceso 11001-03-28-000-2021-00036-00, se asegura la
publicidad de las actuaciones, por tanto, que los interesados las conozcan.

Por otra parte, el demandante afirma que el fallo cuestionado también
desconoce la sentencia de 10 de septiembre de 2015, emitida por el Consejo de
Estado (sección quinta)34, en la que señaló que el acto administrativo que deja
sin efectos la inscripción de cédulas de ciudadanía para efectos electorales
debe notificarse personalmente.

Al analizar el citado pronunciamiento, la Sala observa que en él se estudió la
legalidad y constitucionalidad de un acto administrativo dictado por el Consejo
Nacional Electoral, en el que se estipuló que el auto que admite la solicitud de
invalidación de inscripciones de cédulas de ciudadanía por trashumancia se
notifica por aviso, lo cual, a juicio del allí tutelante, quebranta el debido
proceso, dado que debía comunicarse personalmente a los interesados,
argumento que esta Corporación desestimó, porque aquella regla no trasgredía
el ordenamiento jurídico, pues la mencionada decisión es de trámite, por ende,
no pone fin a la actuación administrativa.

En el citado fallo también se indicó que la determinación administrativa que
deja sin efectos la correspondiente inscripción sí debe notificarse de manera
personal, toda vez que culmina un procedimiento y tiene la posibilidad de
afectar derechos particulares, aseveración frente a la cual las autoridades aquí

33
Corte Constitucional, sentencia C-634 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
34
C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, expediente 11001-03-26-000-2013-00138-00.

16

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02948-01
Actor: César Hernando Rodríguez Ramos

accionadas concluyeron que carece de fuerza vinculante, comoquiera que era
un argumento obiter dictum.

Sobre el particular se advierte que las sentencias están integradas por tres
elementos, a saber: (i) ratio decidendi, (ii) obiter dictum y (iii) decisum. El
primero, está constituido por los argumentos que fundamentan la decisión, es
decir, las razones directas por las que se desata un asunto en uno u otro
sentido, las cuales tienen fuerza vinculante; el segundo, se refiere a las
afirmaciones que si bien no son concluyentes en el pronunciamiento,
corroboran o respaldan el motivo principal (la ratio decidendi), por tanto,
revisten un criterio auxiliar que no tiene obligatoriedad; y el tercero, es la parte
decisoria, que por estar relacionado con los motivos principales de la
determinación, son de imperioso acatamiento.

Anotado lo anterior, no se observa que la aserción consignada en el fallo de 10
de septiembre de 2015, consistente en que las decisiones administrativas que
cancelan la inscripción de cédulas de ciudadanía por trashumancia deben
notificarse personalmente, integre la ratio decidendi de dicha providencia,
porque allí se analizaba si el auto que admite la respectiva solicitud debía darse
a conocer o no de manera personal, y no se debatía la forma como se comunica
el acto administrativo definitivo, por ende, como lo indicaron los señores
magistrados demandados, dicha afirmación no tiene fuerza vinculante, por
ende, no merece reproche alguno que ellos la hayan desatendido.

Así las cosas, la Sala concluye que la sentencia atacada en este asunto
constitucional no incurre en desconocimiento del precedente, puesto que (i)
atendió la providencia C-640 de 2002 de la Corte Constitucional, que señala
que la notificación de que trata los artículos 44 (inciso 4º) del CCA y 70 del
CPACA no trasgrede el marco jurídico superior; y (ii) no debía atender la
aseveración contenida en el mencionado fallo de 10 de septiembre de 2015 y a
la que hace alusión el demandante, por cuanto no constituye la ratio decidendi
de esa determinación judicial.

A partir de los anteriores prolegómenos y comoquiera que la sentencia
censurada no involucra desconocimiento del precedente, se impone revocar el
fallo impugnado, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia,
para en su lugar, negar el amparo deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
17

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02948-01
Actor: César Hernando Rodríguez Ramos

nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º. Revócase la sentencia de 15 de julio de 2022, proferida por el Consejo de
Estado (subsección A de la sección tercera), que declaró improcedente la
acción de tutela de la referencia; en su lugar, niégase el amparo de los
derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y a elegir y ser elegido invocados por el señor César
Hernando Rodríguez Ramos, conforme a lo indicado en la motivación.

2º. Notifíquese esta determinación judicial a las partes por el medio más
expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

3º. Comuníquese la presente sentencia a la subsección A de la sección tercera
de esta Corporación y remítasele copia.

4º. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

18

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