Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02951-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02951-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02951-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
29 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022).
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-02951-00
Actor: MARCELA COLOMBIA BELTRÁN DELGADO Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SECRETARÍA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Por falta de pronunciamiento sobre medidas
cautelares solicitadas en el proceso ordinario / SUBSIDIARIEDAD – Existe un
proceso en curso en el que se debe adoptar la decisión que en derecho
corresponda y no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que
excepcione la regla de la subsidiariedad.
La Sala se pronuncia, en primera instancia, en relación con la demanda de tutela
instaurada por las señoras Marcela Colombia Beltrán, Manuel Andrés Quiñónez
Zamora, Maximiliano Caicedo Romero, Yesica Lizeth Canacuan Cuaycal, Jesús
Antonio Chávez Bolaños, Eduard Ortiz Silva, David Alejandro Córdoba Azain, Juan
Simón Landázuri Cortés, Jhon Alexander Bolaños Ibarra, Ricardo René Revelo
Erazo, Luis Carlos Valentierra Franco y José Luis Castillo Ortiz, de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto 333 de 2021.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
Por escrito presentado el 31 de mayo de 2022, las personas que acaban de
mencionarse, a través de apoderado judicial, instauraron demanda de tutela contra
la Sección Segunda del Consejo de Estado, por considerar vulnerado su derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia.
Radicación: 11001-03-15-000-20212-02951-00
Actor: Marcela Colombia Beltrán y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda
Referencia: Acción de tutela
2. Hechos
Los actores indicaron que, el 9 de febrero de 2022, radicaron una demanda de
nulidad simple contra el Acuerdo 0360 de 2020, a través del cual se convocó y se
establecieron las reglas para adelantar el proceso de selección de la planta de
personal del Instituto Departamental de Salud de Nariño – Pasto.
Advirtieron que el expediente le correspondió por reparto al Juzgado Tercero
Administrativo de Pasto, pero este declaró su falta de competencia para conocer
del asunto y lo remitió al Consejo de Estado.
Aclararon que en la demanda se solicitó como medida cautelar la suspensión del
examen; sin embargo, como no existió pronunciamiento, el 6 de marzo de 2022, la
Comisión Nacional del Servicio Civil realizó la prueba y el 29 de marzo siguiente se
publicaron los resultados.
Manifestaron que al no saber la ubicación ni el estado de su proceso presentaron
un derecho de petición y, el 23 de mayo de 2022, les informaron que “el asunto se
encontraba en la Sección Segunda” del Consejo de Estado.
Finalmente, afirmaron lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con
posibles errores):
5. Como se comentó la acción contenía una solicitud de medida cautelar, sin
embargo a la fecha dicha medida cautelar ya no es procedente y es necesario
realizar una nueva solicitud de medidas cautelares en la demanda en
cuestión, con el fin de evitar perjuicios irremediables a futuro.
(…).
7. Al seguir adelante dicho proceso, el H. Consejo de Estado podría
pronunciarse posterior a la entrega de lista de elegibles, lo que realmente no
garantiza los derechos fundamentales de los accionantes de la demanda por
medio de control de nulidad simple quienes hasta el momento han visto
vulnerados sus derechos por el establecimiento jurídico de nuestro país,
referentes al acceso a la administración de Justicia.
En ese orden de ideas, pretenden que se suspenda el proceso de selección hasta
que la Sección Segunda del Consejo de Estado adopte una decisión de fondo.
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó “tutelar los derechos vulnerados”.
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Radicación: 11001-03-15-000-20212-02951-00
Actor: Marcela Colombia Beltrán y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda
Referencia: Acción de tutela
3. La admisión y el trámite de la demanda de tutela
3.1. Mediante auto del 21 de junio de 2022, se admitió la demanda de tutela, se
ordenó notificar a la autoridad judicial accionada, se vinculó a la Comisión Nacional
del Servicio Civil; se le comunicó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, las que se pronunciaron en los siguientes términos:
3.2. La Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado manifestó que el
proceso fue “radicado y repartido el 17 de junio de 2022, correspondiendo al
despacho del H. Magistrado Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas y el 22 de junio
de 2022 entró al despacho para considerar la admisión de la demanda y el traslado
de la solicitud de suspensión provisional”; además que (se transcribe de forma
literal):
Es de aclarar, que previa verificación con el grupo de reparto de esta Sección,
se constató que el proceso fue recibido el 4 de mayo de 2022 y en razón al
volumen de procesos que se han recibido por reparto, fue repartido el 17 de
junio de 2022.
3.3. La Comisión Nacional del Servicio Civil solicitó declarar su falta de legitimación
en la causa por pasiva, toda vez que “no co-administra relaciones laborales y
situaciones administrativas particulares que presenten las entidades” y no tiene
dentro de sus funciones “resolver el problema jurídico planteado por la accionante”.
Frente al caso concreto, indicó que suspender el proceso de selección sería grave,
dado que afectaría los derechos fundamentales de las otras personas que
continúan en el concurso e iría en detrimento del erario.
Finalmente, adujo que no se demostró la existencia de un perjuicio grave e
inminente que haga procedente la demanda de tutela.
II.- C O N S I D E R A C I O N E S
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y excepcionales.
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Actor: Marcela Colombia Beltrán y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda
Referencia: Acción de tutela
En el presente asunto, los accionantes pretenden que se les amparen su derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia y se suspenda el concurso
de méritos que se está adelantando para proveer los empleados de la planta de
personal del Instituto Departamental de Salud de Nariño – Pasto.
De entrada, la Sala advierte que en este caso no se cumple con el requisito general
de procedibilidad de subsidiariedad.
En cuanto al mencionado requisito, el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución
Política prevé que la acción de tutela “sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral
1 del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991.
En ese sentido, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten
idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran
amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la acción de tutela.
Frente a la subsidiariedad cuando se cuestionan decisiones judiciales que se
encuentran en curso, como en este caso, la Corte Constitucional1 ha sostenido:
4.1. La Corte Constitucional ha señalado que el requisito de subsidiariedad
cuando se atacan decisiones judiciales, se analiza de forma diferenciada en los
siguientes escenarios: (i) cuando el proceso ha concluido; o (ii) se encuentra
en curso2. En el segundo de ellos, en principio, la intervención del juez
constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye
un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos
que deben ser resueltos al interior del trámite ordinario. Sobre el particular
en la sentencia T-113 de 2013 se consignó: (…)
En tal sentido, la Corte ha sido enfática al considerar que la acción de tutela
no es un mecanismo alternativo o paralelo en la resolución de conflictos,
por lo que no es dable la intromisión de la jurisdicción constitucional en
la órbita propia de la justicia ordinaria sino cuando se presentan unas
especialísimas circunstancias que hacen procedente el amparo3. Es así
como esta Corporación ha precisado algunas razones que resaltan la
1 T-600 de 2017.
2
Original de la cita: “Sentencia T-396 de 2014”.
3 Original de la cita: “Sobre el particular pueden verse las sentenciasT-475 de 2017, T-396 de 2014,
T-083 de 2007, T-1103 y 076 de 2003, T-1316 de 2001, T-482 de 2001, T-977 de 2001, T-690 de
2001, T-256 de 2001, T-189 de 2001, T-163 de 2001, T-1116 de 2000, T-886 de 2000, T-612 de
2000, T-618 de 1999, T-325 de 1999, T-214 de 1999, T-718 de 1998, T-116 de 1998, T-009 de 1998,
T-637 de 1997, T-456 de 1994 y T-426 de 1992, entre otras”.
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Referencia: Acción de tutela
importancia del estudio del requisito de subsidiariedad, a fin de determinar la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales 4, dentro de
las que se destaca el respeto por el debido proceso propio de cada actuación
judicial. En concreto se indicó: ‘(…)’5.
Así mismo, en sentencia T-426 de 2014 este Tribunal precisó que los jueces
de tutela tienen la obligación de no intervenir en el marco de procesos
que se encuentran en trámite y sobre los cuales no existe decisión
definitiva, ello debido a que la intromisión en un asunto que hasta ahora
inicia puede llegar a desconocer las garantías constitucionales de los
administrados. En este sentido señaló: ‘Los administradores de justicia deben
respeto a la Constitución y a las leyes, más aún en el ejercicio de sus
competencias, ello implica que las decisiones judiciales han de ser adoptadas
con estricto apego al ordenamiento jurídico, en el cual la primacía de los
derechos fundamentales ocupa un lugar significativo. En ese sentido, el
proceso ordinario constituye el espacio idóneo para lograr la corrección de las
actuaciones que constituyan afectaciones a esas garantías’.
En igual línea de pensamiento esta Corporación en la providencia SU-695 de
2015 destacó que ‘la jurisprudencia de este tribunal constitucional ha sido
enfática y reiterativa en señalar que la acción de tutela no procede de manera
directa cuando el asunto está en trámite, toda vez que se cuenta con la
posibilidad de agotar los medios de defensa previstos en el ordenamiento’,
salvo que se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable.
4.2. En lo que atañe propiamente a la procedencia de la acción como
mecanismo transitorio y con el objeto de evitar un perjuicio irremediable, como
lo ha venido acuñando la jurisprudencia de esta Corporación, el ciudadano
tiene la carga de probar, aunque sea sumariamente 6, la existencia de un
perjuicio que: ‘(i) sea inminente, es decir que produzca, de manera cierta y
evidente, la amenaza de un derecho fundamental; (ii) imponga la adopción de
medidas urgentes para conjurarlo7; (iii) amenace gravemente un bien jurídico
que sea importante en el ordenamiento jurídico 8 y; (iv) dada su urgencia y
gravedad, imponga la impostergabilidad del amparo a fin de garantizar el
restablecimiento del orden social justo en toda su integridad 9, pues, de lo
contrario, la acción se torna improcedente. Sólo excepcionalmente, empero,
esta Corte ha considerado que, el juez de tutela puede no exigir la demostración
del perjuicio irremediable cuando el tipo de reclamo que se formula permite
razonablemente presumir que existe afectación gravosa de derechos
fundamentales y, en esa medida, corresponde es a la entidad demandada
desvirtuar la referida presunción’10.
(…) Así mismo, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la evaluación
del perjuicio irremediable es, ‘un ejercicio de análisis que debe consultar
siempre las particularidades o supuestos fácticos del caso concreto y de las
condiciones personales de quien invoca la protección de sus derechos
4 Original de la cita: “Ver sentencias T-649 de 2011 Y T-211 de 2009”.
5 Original de la cita: “Sentencia T-396 de 2014”.
6 Sentencia T-199 de 2004.
7 Original de la cita: “Sentencia T-525 de 2007”.
8
Original de la cita: “Sentencia T- 640 de 1996”.
9 Original de la cita: “Sentencia T-535 de 2003”.
10 Original de la cita: “sentencias T-210 de 2011, T-141 de 2011, T-076 de 2011, y T-737 de 2010”.
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fundamentales’11. En igual línea de pensamiento en sentencia SU-394 de 2016
este Tribunal tuvo la oportunidad de precisar que no toda alegación de la
existencia de un perjuicio debe darse por cierta, y en esa medida es carga del
accionante probar su existencia. Afirmó: (…)
En conclusión, el carácter subsidiario de la tutela impone al ciudadano la
obligación de acudir a los otros mecanismos judiciales antes de invocar la
protección de los derechos fundamentales a través del amparo constitucional,
la Corte ha indicado que los conflictos jurídicos relacionados con los derechos
fundamentales deben ser en principio resueltos por las vías ordinarias y solo
en casos excepcionales, cuando se demuestre y pruebe la existencia de un
perjuicio irremediable es procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio12 (se desataca).
Descendiendo al caso concreto, se tiene que el expediente le correspondió por
reparto al Juzgado Tercero Administrativo de Pasto, el que, el 21 de febrero de
2022, declaró su falta de competencia para conocer del asunto y lo remitió a esta
Corporación.
De acuerdo con la página de consulta de procesos de la Rama Judicial y el informe
de la Secretaría, el proceso se repartió y radicó el 17 de junio de 2022 y entró al
despacho hasta el 22 de junio de la misma anualidad.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la medida cautelar que se solicitó en el
proceso ordinario aún se encuentra pendiente de resolver por parte de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, máxime si se tiene en cuenta que el proceso entró
hace poco al despacho del magistrado ponente para conocer del asunto.
Aunado a lo anterior, se advierte que si los accionantes consideran que la medida
cautelar que habían solicitado “ya no era procedente”, lo cierto es que en cualquier
etapa del proceso pueden pedir las medidas que consideren necesarias, tal como
lo sostiene el artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo:
Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos
declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado,
el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición
de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente
decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere
necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso
y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente
11 Original de la cita: “sentencia T-1316 de 2001”.
12 Original de la cita: “Sentencia T-396 de 2014”.
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capítulo.
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
PARÁGRAFO. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por
finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos y en
los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser
decretadas de oficio.
Así las cosas, la Subsección considera que los accionantes pretenden acceder a
este mecanismo constitucional de manera prematura, desconociendo que la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en su condición de juez natural de la
causa –que es el primer encargado de salvaguardar los derechos fundamentales
de los ciudadanos– se pronuncie sobre la procedencia de la medida cautelar.
No sobra advertir que este mecanismo transitorio resultaría procedente siempre y
cuando los accionantes hubieran demostrado la existencia de un perjuicio
irremediable; sin embargo, en el expediente no obra ninguna prueba y tampoco se
alegó alguna situación que configure alguno de los eventos que la Corte
Constitucional ha considerado como excepciones al requisito de subsidiariedad.
Obsérvese que la parte actora se limitó a señalar que de no adoptarse una decisión
sobre la medida cautelar de manera oportuna los afecta “irremediablemente”, pero
no indicó una circunstancia específica y tampoco se allegó algún medio de
convicción para demostrar una afectación a sus derechos fundamentales.
Finalmente, resulta importante aclarar que suspender el trámite del proceso de
selección, como pretende la parte actora, podría asimismo vulnerar los derechos
fundamentales de las personas que han superado satisfactoriamente todas las
etapas del concurso de méritos, lo que resultaría a todas luces desproporcionado.
En ese contexto, debe declararse improcedente la solicitud de amparo13, dado que
no le corresponde al juez de tutela hacer un pronunciamiento de fondo sobre
cuestiones que están pendientes de resolver ante la autoridad judicial competente,
en especial, porque no se acreditó un perjuicio irremediable y, como lo ha
13 Un caso similar ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia del 1º de julio de 2022, expediente 20220266500.
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Radicación: 11001-03-15-000-20212-02951-00
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Referencia: Acción de tutela
establecido esta Corporación en anteriores oportunidades, “… la competencia del
juez de tutela, que, como se sabe, es restringida y solo puede intervenir en pro de
proteger los derechos fundamentales amenazados o en situación de amenaza”14.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Ausente con permiso
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.
VF
14 Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P.: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, sentencia del 3 de
noviembre de 2015, radicado número 110010315000201502118 00.
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