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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02952-01

Fecha
4 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02952-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 25 de agosto de 2022 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02952-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

4 de noviembre de 2022

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., cuatro (04) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02952-01
Accionante: Glenen Alexander Ross
Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y Colpensiones
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

Tema: Acción de tutela en contra de autoridad judicial y autoridad administrativa. Subtema 1: Mora judicial. Subtema 2: Subsidiariedad. Decisión: Se confirma el fallo de primera instancia que niega la mora judicial y declara improcedente el amparo frente a la autoridad administrativa.

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del fallo de tutela proferido el 25 de agosto de 2022 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I.- ANTECEDENTES

1.- La solicitud de amparo constitucional

El 31 de mayo de 2022 el señor Glenen Alexander Ross presentó acción de tutela en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital, que estima transgredidos por:

El Tribunal Administrativo de Bolívar, por la tardanza en proferir sentencia en el proceso de reparación directa con radicado núm. 13001-2333-000-2017-01116-00, que promovió en nombre propio y como representante legal de la compañía 0977320 BC LTD, con el objeto de acceder a la indemnización de los perjuicios derivados del deterioro de la embarcación Windquest durante el tiempo en que estuvo incautada bajo el dominio de la Armada Nacional, por orden judicial dictada en un proceso penal que cursa en su contra por el delito de tráfico de migrantes;
La Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES–, con el fin de que esa entidad pague transitoriamente una pensión de vejez equivalente a 5 SMLMV, en tanto tiene una expectativa económica de que a la empresa 0977327 B.C. se le va a reconocer la indemnización por los perjuicios derivados de los daños al velero que persigue en el proceso de reparación directa.

2.- Hechos

2.1.- El señor Glenen Alexander Ross es de nacionalidad canadiense, pero reside en Cartagena desde 2015, cuando llegó a Colombia en un yate que también utiliza como vivienda para su cónyuge y sus dos hijos colombianos.

2.2.- El 20 de septiembre de 2015 el señor Ross fue capturado en el marco de una investigación penal por el delito de tráfico de migrantes, mientras se encontraba navegando la embarcación tipo velero con bandera canadiense y de nombre Windquest, de propiedad de la compañía 0977320 B.C LTD, representada legalmente por él. La motonave también fue objeto de aprehensión ese mismo día y quedó bajo custodia de la Armada Nacional Grupo Guardacostas de Cartagena.

2.3.- La compañía 0977320 B.C LTD como propietaria de la embarcación aprehendida solicitó la entrega ante la Fiscalía Cuarenta y Ocho Seccional de Cartagena.

2.4.- No obstante, la petición fue negada en repetidas oportunidades, pese a que se advirtió por parte de la Armada Nacional el estado de deterioro de la embarcación y la necesidad de que se resolviera la situación de esta.

2.5.- El 21 de octubre de 2016, luego de permanecer 13 meses privado de la libertad, el señor Glenen Alexander Ross formuló ante la Fiscalía Cuarenta y Nueve Seccional de Cartagena la solicitud de entrega de la embarcación, la cual no fue contestada.

2.6.- Finalmente, el yate fue entregado el 17 de febrero de 2017 en forma provisional. Sin embargo, se encontraba en un estado de deterioro avanzado que impedía su funcionamiento y su uso como vivienda, pues según se relató, antes de la captura, el interesado residía en el velero. Además, sostuvo que le fueron hurtados los equipos, partes, herramientas y elementos personales que estaban al momento en que fue aprehendido.

2.7.- En consecuencia, el señor Glenen Alexander Ross, actuando en nombre propio y como representante legal de la compañía 0977320 B.C Ltd., interpuso demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional y Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se declaren administrativa y patrimonialmente responsables de los perjuicios derivados del deterioro causado a la embarcación Windquest durante el periodo en que estuvo retenida en la estación Guardacostas de la Armada Nacional de Cartagena, entre el 20 de septiembre de 2015 y el 17 de febrero de 2017.

2.8.- Mediante auto del 12 de marzo de 2018 el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda.

2.9.- Luego, el 11 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia inicial y, el 26 de octubre de 2020, se realizó la audiencia de pruebas en la que se prescindió de la audiencia de alegatos de conclusión para que las partes los presentaran por escrito, lo que cumplieron los días 2 y 6 de noviembre de 2020.

2.10.- Finalmente, el expediente ingresó al despacho para fallo el 22 de enero de 2021, pero a la fecha de presentación de la demanda no se había proferido sentencia de primera instancia.

3.- Fundamentos de la acción de tutela

3.1.- El accionante adujo que considera vulnerados sus derechos fundamentales por la tardanza en proferir sentencia de primera instancia dentro del medio de control de reparación directa que incoó en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación, cuyo radicado es el núm. 13001-2333-000-2017-01116-00.

3.2.- Adujo que la tardanza en el proceso judicial constituye un obstáculo en el acceso a la pensión privada de jubilación, pues la compañía 0977327 B.C. Ltd. es la propietaria de la embarcación Windquest, por lo que depende de la indemnización de los perjuicios derivados del grave deterioro de la embarcación, objeto de la demanda de reparación directa, para pagar el derecho pensional de manera particular. Señaló que esa sería la única fuente de ingresos económicos para el sustento de su hogar, toda vez que las condiciones migratorias actuales no le permiten trabajar, pues Migración Colombia le expide un salvoconducto cada mes y debido a su edad de 65 años.

3.3.- Para fundamentar los argumentos de la demanda, el actor trascribió varios apartes de las sentencias T-678 de 2017, T-629 de 2016, T-718 de 2014, T-835 de 2011, T-205 de 2010 y T-664 de 2008, las cuales hacen referencia a la garantía del derecho al mínimo vital y a la procedencia de la acción de tutela para reclamar su amparo.

4.- Pretensiones de la acción de tutela

En el escrito de tutela el actor adujo lo siguiente:

“Para que quede claro, esta petición no es una demanda por la resolución inmediata de la demanda de reparaciones o por el pago anticipado de cualquier parte de la demanda de reparaciones, o la resolución de mi proceso penal. Más bien, esta petición busca la intervención inmediata del juez constitucional como el único medio efectivo disponible en la República de Colombia para protegerme contra las acciones y/u omisiones de Accionado TRIBUNAL y de agentes de Accionado ESTADO que efectivamente han usurpado el control y han posesión (sic) de fondos legítimamente pertenecientes a 0977327 B.C. Ltd. A su vez, dichas acciones y/u omisiones minan completamente la capacidad financiera de 0977327 B.C. Ltd. para pagarme mi pensión privada. (…). Por lo tanto, solicito respetuosamente a este Honorable Tribunal de Tutela que el ESTADO Accionado deba comenzar a pagarme inmediatamente (a partir del 1 de junio de 2022) un mínimo vital que es el equivalente a cinco (5) salarios mínimos mensuales cada mes, ajustados anualmente por inflación, hasta tal en el momento en que se resuelva finalmente la demanda de reparación antes mencionada o se resuelva finalmente el proceso penal en mi contra, lo que ocurra primero”.

5.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia

5.1.- El magistrado ponente profirió auto inadmisorio el 6 de junio de 2022, en el que requirió al accionante para que indicara con mayor claridad y precisión las autoridades accionadas, los hechos y las pretensiones objeto de tutela, así como las razones en las que sustentaba la vulneración de sus derechos fundamentales. En efecto, la parte actora allegó subsanación de la demanda.

5.2.- Luego, mediante auto del 24 de junio de 2022, la Sección Cuarta de esta Corporación admitió la acción tuitiva, dispuso su notificación, ordenó la vinculación de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Dirección General Marítima (DIMAR), del Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, y requirió para que se allegara copia digital del expediente.

5.3.- A través de auto del 5 de agosto de 2022 el magistrado ponente vinculó a Colpensiones, en calidad de demandada, teniendo en cuenta que en el escrito complementario el actor la incluyó como accionada.

5.4.- El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Bolívar pidió que se declare improcedente la acción de tutela, al considerar que no se cumple el presupuesto de subsidiariedad, o en su defecto, se nieguen las pretensiones de la demanda, en tanto no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el actor.

Señaló que conforme con los artículos 63A de la Ley 270 de 1996 y 18 de la Ley 446 de 1998, los fallos se profieren en el orden en que ingresan al despacho, y este solo puede alterarse en situaciones especiales, que no cumple el caso bajo estudio, el cual se encuentra en el turno 214. Manifestó que carece de competencia para decidir sobre el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación del demandante, en tanto dicha pretensión solo puede ser reconocida en el sistema de seguridad social y la demanda que tiene bajo su conocimiento no se dirige contra un acto administrativo que hubiese negado ese derecho pensional.

Por último, adujo que se desconoce el requisito de subsidiariedad al reclamar el reconocimiento de la pensión de vejez a través de la acción de tutela, sin antes haber efectuado la reclamación a las entidades encargadas.

5.5.- La Fiscalía General de la Nación pidió que se declare improcedente la acción de tutela porque no cumple el presupuesto de subsidiariedad, en tanto persigue el reconocimiento de derechos de carácter patrimonial, sin que se hubiese agotado el medio de control de reparación directa que se encuentra en trámite. Indicó que no se demostró la necesidad y urgencia de que el juez de tutela intervenga para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. En relación con el reconocimiento pensional, señaló que la acción de amparo constitucional también resulta improcedente porque se trata de una controversia de carácter económico que debe resolverse a través de los medios ordinarios dispuestos para tal propósito.

5.6.- El 12 de julio de 2022 el Tribunal allegó en digital el expediente ordinario.

5.7.- COLPENSIONES pidió que se le desvincule del trámite por existir falta de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que las pretensiones de la demanda no van dirigidas contra esa entidad y tampoco tiene competencia para resolverlas, en tanto el actor no tiene reporte de afiliación o cotizaciones efectuadas al régimen pensional que administra, por lo que resulta improcedente un estudio sobre el reconocimiento de alguna prestación pensional.

Precisó que los hechos y las pretensiones expresadas en la acción de tutela no involucran aspectos que puedan relacionarse con las competencias de la entidad como administradora del régimen de prima media con prestación definida, fijadas en los artículos 1 y 3 del Decreto 2011 de 2013. Señaló que el actor no ha formulado petición alguna dirigida al reconocimiento pensional ante la entidad, por lo que no puede vincularse con la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

5.8.- La Armada Nacional puso de presente que el jefe de archivo de la Dirección de Gestión Jurídica remitió la acción de tutela al grupo contencioso de la Dirección General Marítima para que se diera respuesta. Sin embargo, no hubo un pronunciamiento frente a los hechos y las pretensiones de la demanda.

5.9.- Las demás entidades vinculadas guardaron silencio.

6.- Fallo de tutela de primera instancia

6.1.- La Sección Cuarta de esta Colegiatura, mediante fallo del 25 de agosto de 2022, resolvió denegar el amparo solicitado porque a pesar de que encontró que la autoridad judicial demandada incurrió en mora judicial porque se ha superado ampliamente el plazo para dictar el fallo de primera instancia, aquella está justificada en la congestión judicial y la carga laboral excesiva, lo que se puede concluir a partir del turno 214 en el que se halla el asunto para decidir.

6.2.- Señaló que el actor tiene a su disposición la posibilidad de solicitar directamente a la autoridad judicial accionada que se aplique la excepción al sistema de turnos, dándole una prelación en caso de cumplir las condiciones establecidas en la ley para tal efecto. Explicó que las discusiones sobre las afectaciones económicas que ha causado el deterioro de la embarcación son aspectos que se deben resolver en el proceso de reparación directa en curso.

6.3.- Enfatizó que la noción de justicia también involucra el tiempo en el que se profiere una decisión judicial que dirima la controversia sujeta a examen, por lo que previno al Tribunal Administrativo de Bolívar para que, en la medida de lo posible, adelantara todas las medidas que están a su alcance para el manejo de la excesiva carga laboral, con el fin de garantizar al demandante una decisión con mayor prontitud.

6.4.- En cuando a los cargos dirigidos contra COLPENSIONES, concluyó que son improcedentes, teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico establece de manera clara y concreta los presupuestos para acceder al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, siendo un trámite administrativo que debe iniciarse ante la respectiva administradora o fondo de pensiones. Adujo que en ningún caso se ha previsto que, mientras se resuelve un litigio sobre el cual se tienen meras expectativas económicas, el Estado deba reconocer alguna clase de prestación pecuniaria.

6.5.- Señaló que no se demostró que el accionante hubiese formulado, previamente, la solicitud de reconocimiento pensional ante Colpensiones, lo que le corresponde adelantar en caso de que considere que cumple los presupuestos legales para tal efecto. Ello, para que en sede administrativa esa administradora de pensiones decida sobre esa pretensión a través de actos que, eventualmente, pueden ser controvertidos judicialmente a través de los medios de control correspondientes.

7.- Razones de la impugnación

7.1.- En contra de la decisión antes expuesta el accionante presentó escrito de impugnación en el cual argumentó que el exceso de trabajo y la congestión judicial no son una defensa jurídica aceptable en un juicio en el que la República de Colombia es parte.

7.2.- Puso de presente que, conforme a la sentencia de 6 de octubre de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Martínez Esquivia v. Colombia, se condenó al Estado colombiano por violación de la garantía de plazo razonable, en tanto la carga de trabajo del Tribunal Superior de Cartagena no es un argumento suficiente para justificar el retraso en la resolución de un recurso que debía recaer exclusivamente sobre una cuestión de carácter jurídico, que no era en absoluto compleja.

7.3.- Adujo que en la sentencia SU-179 de 2021, la Corte Constitucional se refirió al caso Martínez Esquivia v. Colombia, y explicó que se pueden adoptar dos tipos de remedios constitucionales. Por un lado, ordenar excepcionalmente la alteración del orden para proferir el fallo, cuando el juez está en presencia de un sujeto de especial protección constitucional, o cuando la mora judicial supere los plazos razonables y tolerables de solución. Por el otro lado, en los casos en que es posible la materialización de un perjuicio irremediable, se puede ordenar un amparo transitorio de los derechos fundamentales comprometidos, mientras la autoridad judicial competente se pronuncia de forma definitiva sobre la controversia planteada.

7.4.- En ese sentido, adujo que no busca un trato preferencial, sino un remedio temporal hasta que se resuelva la demanda de reparación directa de 0977327 B.C. Ltd. o el proceso penal por incurrir en el artículo 188, lo que ocurra primero. Manifestó que se encuentra en una situación real, veraz, probada y grave, que hace inminente la necesidad del juicio. Enfatizó que se debe acatar la sentencia de la Corte Interamericana y la sentencia SU-179 de 2021, pues no hacer nada no está incluido dentro de las subreglas decretadas por la Corte Constitucional.

7.5.- Adujo que no son meras expectativas económicas lo que pretende en el proceso ordinario, pues también pide una investigación y enjuiciamiento de los responsables, una disculpa pública, y garantías de que se tomarán medidas para evitar que este tipo de actividades delictivas por parte de agentes de Colombia se repitan en el futuro. Explicó que no es una "prestación pecuniaria", que si los agentes colombianos no hubieran confiscado ilegalmente los activos de 0977327 B.C. Ltd. y se hubiere mejorado la eficiencia de la rama judicial, no tendría que solicitar la protección judicial de sus derechos fundamentales.

7.6.- Por último, adujo que actualmente la demanda ordinaria ocupa el número 214 de la lista, pero el 1 de diciembre de 2021 el puesto era el 262 y el 5 de abril de 2021 era el 317.

II.- CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del fallo de tutela proferido el 25 de agosto de 2022 por la Sección Cuarta de esta Corporación de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.- Problema jurídico

En atención a que la demanda fue interpuesta en contra de una autoridad judicial y una autoridad administrativa, esta sala resolverá los siguientes problemas jurídicos:

2.1.- Se determinará si el Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en mora judicial, en tanto no ha proferido sentencia de primera instancia en el proceso de reparación directa con radicado núm. 13001-2333-000-2017-01116-00.

2.2.- Se verificará si el cargo contra COLPENSIONES cumple con el requisito de subsidiariedad, y de superarse este estudio, se revisará de fondo el asunto.

3.- Análisis de la presunta mora en el caso concreto

3.1.- En anteriores oportunidades, la jurisprudencia ha precisado que, conforme al artículo 229 de la Norma Superior, todas las personas son titulares del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y, por lo tanto, según la voluntad del constituyente, los asuntos deben resolverse dentro de los términos legales.

3.2.- A raíz de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha determinado que no son admisibles los retrasos en la administración de justicia cuando:

Hay incumplimiento de los plazos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial;
No hay una justificación razonable que explique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y
La tardanza es imputable a la falta de diligencia u omisión sistemática de los deberes por parte del funcionario judicial.

3.3.- De esta manera, no puede afirmarse que existió mora judicial injustificada en el proceso de reparación directa, puesto que el tiempo transcurrido es razonable en función de la carga laboral del despacho y no se sustentó que la tardanza fuera por una negligencia de la autoridad judicial.

3.4.- Revisado el material probatorio, esta Sala encuentra que, mediante auto del 12 de marzo de 2018 el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda. Luego, el 11 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia inicial y el 26 de octubre de 2020 se realizó la audiencia de pruebas, en la que se prescindió de la audiencia de alegatos de conclusión para que las partes los presentaran por escrito, lo que cumplieron los días 2 y 6 de noviembre de 2020. Finalmente, el 22 de enero de 2021 el expediente ingresó al despacho para fallo.

3.5.- En esa medida, coincide esta Sala con el a quo constitucional en que no existe mora injustificada en la actuación desplegada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, dado que ha transcurrido 1 año y 9 meses desde que el expediente pasó al Despacho para fallar, tiempo al que debe restarse la vacancia judicial que ocurrió entre el 17 de diciembre de 2021 y el 10 de enero de 2022.

3.6.- Aunado a lo anterior, el transcurso del tiempo es razonable teniendo en consideración la carga laboral del Despacho y las múltiples solicitudes que debe atender en su día a día. Se resalta que el actor no probó que el actuar de la autoridad judicial fuera negligente o que hubiera omitido de forma sistemática sus deberes. Por el contrario, tal como lo aduce el tutelante, actualmente la demanda ordinaria ocupa el número 214 de la lista, pero el 1 de diciembre de 2021 ocupaba el puesto 262 y el 5 de abril de 2021 era el 317. Eso significa que el Tribunal Administrativo de Bolívar sí ha desempeñado sus labores de forma diligente, pues en un año el proceso de reparación directa ha subido más de 100 puestos en los turnos para fallo.

3.7.- Adicionalmente, en relación con la sentencia SU-179 de 2021, la Corte Constitucional reiteró su línea jurisprudencial sobre la mora judicial, y las diferencias entre ser justificada o injustificada. Sobre las medidas de protección, la alta corporación adujo que en atención a las circunstancias particulares de la persona que solicita el amparo, es posible que se adopten dos tipos de remedios constitucionales, así:

“Por un lado, “ordenar excepcionalmente la alteración del orden para proferir el fallo, cuando el juez está en presencia de un sujeto de especial protección constitucional, o cuando la mora judicial supere los plazos razonables y tolerables de solución, en contraste con las condiciones de espera particulares del afectado”. Y, por el otro, “en aquellos casos en que se está ante la posible materialización de un [perjuicio irremediable], se puede ordenar un amparo transitorio en relación con los derechos fundamentales comprometidos, mientras la autoridad judicial competente se pronuncia de forma definitiva en torno a la controversia planteada”.

3.8.- No obstante, se resalta que la Corte Constitucional precisó que las distintas medidas de protección se aplican en casos de mora judicial en el trámite del recurso de casación en material laboral, cuando se ha reconocido el derecho pensional en el proceso ordinario laboral, pero ha sido suspendido por el recurso extraordinario; y en atención a las especiales circunstancias de las personas que reclaman la protección de sus derechos fundamentales. En efecto, concluyó lo siguiente:

“… la Sala reitera que ante solicitudes de amparo promovidas para obtener la protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados con ocasión del no pago del derecho pensional reconocido en las instancias del proceso ordinario laboral, como consecuencia de los efectos suspensivos del recurso extraordinario de casación, el juez constitucional, de manera preliminar, debe determinar si el caso se enmarca o se relaciona con el fenómeno de la mora judicial, esto es, el incumplimiento o la omisión de los términos legales para adoptar la decisión en los asuntos a su cargo, por parte de las autoridades judiciales de instancia o de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia”.

3.9.- En ese sentido, se resalta que existen múltiples diferencias entre el precedente de la Corte Constitucional con el caso bajo estudio: (i) el tutelante no incoó una demanda ordinaria laboral sino una de reparación directa, (ii) no discute la titularidad de un derecho pensional, pues es competencia exclusiva del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria laboral, sino que busca el resarcimiento de unos perjuicios, (iii) la tardanza que aduce de la autoridad judicial demandada no está ligada a resolver un recurso extraordinario de casación, se refiere a proferir sentencia de primera instancia de reparación directa y (iv) no se advierte la configuración de un perjuicio irremediable como se explica más adelante.

3.10.- Así las cosas, esta Sala procederá a negar la solicitud de amparo presentada en contra del Tribunal Administrativo de Bolívar, por encontrar que se trata de una mora judicial justificada respecto a proferir sentencia de primera instancia en el proceso de reparación directa.

4.- Verificación del requisito de subsidiariedad en el caso concreto

4.1.- La acción de tutela, contemplada en el artículo 86 constitucional, faculta a toda persona para reclamar ante cualquier juez, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, y es un mecanismo subsidiario que solo procede cuando el afectado no tenga otro medio de defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales.

4.2.- Tal situación, en todo caso, se rige bajo el presupuesto general de que excepcionalmente procede la solicitud de amparo si el mecanismo disponible no salvaguarda de manera eficaz el derecho fundamental o este no es idóneo, por no ofrecer una solución integral y no resolver el conflicto en toda su dimensión. Así también, cuando el tutelante se encuentra ante la presencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la tutela funge como mecanismo transitorio.

4.3.- En el sub examine, por medio de la acción constitucional, el peticionario busca que se ordene a COLPENSIONES a pagarle una pensión mensual de 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes hasta que se profiera sentencia de reparación directa, con el fin de que pueda solventar alojamiento, comida, ropa, transporte y artículos diversos para él y su núcleo familiar.

4.4.- Sin embargo, esta Sala comparte la decisión del a quo constitucional, en tanto considera que el amparo solicitado es improcedente, pues no se acreditó el presupuesto de subsidiariedad, porque no se radicó solicitud alguna ante COLPENSIONES, y no se probó la configuración de algún perjuicio irremediable para garantizar su protección como medio transitorio, argumentos que se desarrollarán a continuación.

4.5.- En primer lugar, esta Sala advierte que el señor Glenen Alexander Ross no tiene afiliación o reporte alguno de cotizaciones pensionales en COLPENSIONES, que permitan validar un estudio prestacional, ni adelantó trámite alguno ante la entidad para solicitar el reconocimiento de una pensión temporal.

4.6.- Así mismo, en la demanda de reparación directa no se incluyeron pretensiones orientadas al reconocimiento de una pensión temporal, ni mucho menos se pidieron como una medida cautelar innominada, mecanismo judicial procedente conforme al artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuyo objetivo es que se adopten las medidas necesarias para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

4.7.- Pues bien, esta Subsección señala que el ordenamiento jurídico ha dotado de diferentes instrumentos y recursos a las personas para salvaguardar sus intereses, siendo estos a los cuales deben ceñirse. Lo contrario, llevaría a desnaturalizar el mecanismo tutelar, volcando al juez constitucional en una intromisión en causas que no son de su competencia, sobre todo porque, las situaciones planteadas por el accionante, no pueden ser óbice para desconocer las reglas establecidas por el legislador para estas materias.

4.8.- En segundo lugar, esta Sala encuentra que la solicitud de amparo tampoco es procedente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, comoquiera que no se cumplen los requisitos establecidos para su configuración, en tanto la parte actora no demostró la existencia de un perjuicio irremediable ni que la trasgresión a los derechos fundamentales sea de tal envergadura, que pueda notarse prima facie.

4.9.- Al respecto, se debe precisar que la verificación del perjuicio irremediable no está sujeta a que la parte actora manifieste tal afectación, pues este deberá estar respaldado por elementos probatorios que lo acrediten. Sin embargo, no hay prueba que dé cuenta de la inminencia y gravedad de la situación particular, que amerite una urgente atención. Por ende, esta Sala encuentra que la solicitud de amparo tampoco es procedente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, como quiera que no se cumplen los requisitos establecidos para su configuración.

4.10.- Como corolario de todo lo anterior, la acción de tutela promovida por Glenen Alexander Ross se declarará improcedente en relación con COLPENSIONES, porque no se agotó el presupuesto de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III.- RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 25 de agosto de 2022 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente de la Sala Consejero de Estado

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Consejero de Estado

Obra en Samai, expediente de primera instancia, índice 2, certificado F2962D85EA7A13CC 9DBC006DE9CFD7D3 E0E7568B7D55141B 8FAB870C0125BB47.
Obra en Samai, expediente de primera instancia, índice 2, certificado FC20E8ED6B936B8B B2DE267D8F871B8B 7DA550E542D8ECE5 4421C60E83955C87, págs. 1 a 14.
Obra en Samai, expediente de primera instancia, índice 2, certificado FC20E8ED6B936B8B B2DE267D8F871B8B 7DA550E542D8ECE5 4421C60E83955C87, pág. 14.
Obra en Samai, expediente de primera instancia, índice 4, certificado 93F05741C3768D65 F227E4BA9050571C D0BA542169A86F03 242781938B84795C.
Obra en Samai, expediente de primera instancia, índice 8, certificado CC60AE8CB0E2E43C D9C353F96E4CB6B5 D51363FC2818A30F D220D3373C8F8757.
Obra en Samai, expediente de primera instancia, índice 10, certificado 1A1EB3B3493B3E7B 7A562CE9E86799FA 601689FF741B3BB4 B9A6A1E538F20478.
Obra en Samai, expediente de primera instancia, índice 24, certificado 35B02CED56EFFDD6 A5DADB6BE933A479 26AB202749B3BB67 870DACD9BC534FC1.
Obra en Samai, expediente de primera instancia, índice 17, certificado 3E70213C136A2CB6 B1F598F70D9C622F 7E8F594676160708 6A9E88AFD67CE744.
Obra en Samai, expediente de primera instancia, índice 18, certificado 2397D73ED9C89E62 28FD3470A2EF382C 862AA9E76A5F32FA DBE4E23972F6F733.
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Obra en Samai, expediente de primera instancia, índice 15, certificado 80E6542C88BF44B1 9990256EEC68611A F5CC4D06CCA05E7B 59C63BABDEECCA71.
Obra en Samai, expediente de primera instancia, índice 33, certificado BAC3E9F2C6771F19 46A6FEBB9C67A239 D318CC8AE90E04FC 0D5C2472D196D069.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, fallo de tutela del 31 de julio de 2019, Expediente: 11001-03-000-2019-03155-00.
Sentencia T-230 de 2013 y reiterado en la sentencia SU-394 de 2016.
El Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, establece:
“Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aqu[e]lla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.
Se entiende por irremediable el perjuicio que s[o]lo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización. (…)”.
Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
Se tiene como perjuicio irremediable, aquel que reúne los presupuestos de gravedad, inminencia e impostergabilidad de la medida para proteger el derecho. Corte Constitucional, sentencia T-1062 de 2010.
SU-394 de 2016.

PAGE \* MERGEFORMAT15
Acción de Tutela – Segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02952-01
Accionante: Glenen Alexander Ross
Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y Colpensiones

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

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