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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02954-00

Fecha
7 de julio de 2022
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02954-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: AMPÁRANSE los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia de los accionantes. SEGUNDO: En consecuencia, DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia del 3 de enero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, que confirmó la decisión de primera instancia en el proceso de reparación directa No. 66001-33-33-003-2017-00168-00/01. TERCERO: ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión para que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia profiera una nueva providencia en la que se tenga a la EPS Saludcoop como entidad con capacidad jurídica para responder por las omisiones médicas en las que incurrió la Cooperativa Saludcoop IPS; esto, sin perjuicio de que se pruebe la existencia del daño y el nexo causal. CUARTO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación presentada por Saludcoop EPS en liquidación y Cafesalud EPS. QUINTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02954-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

7 de julio de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02954-00
Accionantes: Kevin Bedoya Osorio y otros
Se concede el amparo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02954-00
Accionantes: Kevin Bedoya Osorio y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión
y otro

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Reparación directa por
responsabilidad médica / Desconocimiento de las reglas jurisprudenciales / Defecto
fáctico / Defecto sustantivo / Se concede el amparo porque se acreditó la
vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la acción de tutela interpuesta contra las sentencias del
11 de marzo de 2020 y 3 de enero de 2022 proferidas por el Juzgado Tercero
Administrativo de Pereira y el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de
Decisión, respectivamente. En la primera providencia se negaron las pretensiones
de la demanda de reparación directa por responsabilidad médica adelantada por los
accionantes contra la Superintendencia de Salud, el Departamento de Risaralda,
Saludcoop E.P.S. Organismo Cooperativo en liquidación y Cafesalud E.P.S.,
tramitada bajo el radicado No. 66001-33-33-003-2017-00168-00/01. La segunda
providencia confirmó esa decisión.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02954-00
Accionantes: Kevin Bedoya Osorio y otros
Se concede el amparo

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 31 de mayo de 2022, mediante apoderado judicial, los señores Kevin Bedoya
Osorio, Gloria Hermencia López Sánchez, Martha Lucía Bedoya Osorio, Luis
Alberto Bedoya Osorio, María Luz Dary Bedoya de Ramírez, Martha Emilia López
Sánchez, Luz Stella López Sánchez, Albaveiva López Sánchez y Blanca Irene
López Sánchez interpusieron acción de tutela para obtener la protección de sus
derechos fundamentales a la salud, igualdad, debido proceso y acceso a la
administración de justicia vulnerados, en su concepto, por las autoridades judiciales
accionadas al negar las pretensiones de la demanda de reparación directa.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente:

<<1. TUTELAR los derechos a los derechos fundamentales a LA SALUD,
IGUALDAD, DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA por DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE, DEFECTO FACTICO,
DEFECTO SUSTANTIVO Y VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN de los
señores KEVIN BEDOYA OSORIO, GLORIA HERMENCIA LÓPEZ SÁNCHEZ,
MARTHA LUCIA BEDOYA OSORIO, LUIS ALBERTO BEDOYA OSORIO, MARÍA
LUZ DARY BEDOYA DE RAMÍREZ, MARTHA EMILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, LUZ
STELLA LÓPEZ SÁNCHEZ, ALBAVEIVA LÓPEZ SÁNCHEZ y BLANCA IRENE
LÓPEZ SÁNCHEZ, desconocidos en las instancias judiciales, al proferir las
sentencias del 11 de Marzo de 2020 del JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE PEREIRA, confirmada con la fechada el 3 de Enero de 2022 del
H. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, pero
notificada el 7 DE FEBRERO DE 2022, dentro del medio de control de Reparación
Directa interpuesto por los accionantes contra la SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE SALUD, DEPARTAMENTO DE RISARALDA, SALUDCOOP ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO EN LIQUIDACIÓN Y
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A., radicado al Número
66001-33-33-003-2017-00168-00 (F-0629-2020), por la falla en el servicio médico
que le fuera prestado al señor KEVIN BEDOYA OSORIO a raíz de las lesiones
sufridas en hecho de tránsito presentado el día 6 de Junio de 2015, que llevaron a
la amputación de su miembro inferior izquierdo.

2. DEJAR sin valor y efecto alguno la SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
proferida por el H. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
RISARALDA, SALA PRIMERA DE DECISION, fechada el 3 de enero de 202, pero
notificada por correo el 7 de febrero de 2022.

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3. ORDENAR al H. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
RISARALDA, SALA PRIMERA DE DECISION, proferir nueva decisión de fondo,
atendiendo las directrices que en tal sentido le imparta el juez constitucional.

4. ORDENAR el cumplimiento de fallo conforme a lo ordenado por la ley>>.

B. Hechos

3.- Los accionantes basaron su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

3.1.- El 6 de junio de 2015 el señor Kevin Bedoya Osorio sufrió un accidente de
tránsito, cuando desempeñaba sus labores como empleado de Codere Colombia
S.A. Ese día fue ingresado a la Corporación IPS Saludcoop de Pereira donde fue
valorado por un cirujano vascular, quien le formuló un plan de manejo médico y
ordenó la realización de una arteriografía en la pierna izquierda para identificar las
arterias que debían ser intervenidas; este procedimiento no podía realizarse allí
porque la IPS era de primer nivel; sin embargo, no se ordenó su remisión a un
hospital que pudiera prestar estos servicios.

3.2-. El 7 de junio de 2015 se presentan signos de mejoría, ante lo cual el cirujano
especializado recomendó continuar con el tratamiento y reiteró la necesidad de la
arteriografía. Los accionantes sostienen que insistieron en el traslado a otra
institución de mayor nivel que contara con los recursos necesarios para hacer la
arteriografía y la cirugía vascular.

3.3.- La situación del paciente se mantuvo en condiciones similares durante el 8 y 9
de junio de 2015, sin que se hubiera realizado el traslado a otro centro de atención,
por lo que ese último día la familia solicitó el alta voluntaria del paciente para que
fuera ingresado a la Fundación Valle del Lili en Cali.

3.4.- El 10 de junio de 2015 el paciente fue ingresado a la Fundación Valle del Lili,
donde fue valorado y sujeto a una intervención vascular en la pierna izquierda, la
cual presentaba obstrucción por trombos. Se encontraron signos de necrosis
irreversibles en esa extremidad, por lo que se recomendó su amputación. Esta se
llevó a cabo el 11 de junio de 2015.
3.5.- El paciente y su grupo familiar formularon demanda de reparación directa por
responsabilidad médica contra la Superintendencia de Salud, el Departamento de

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Risaralda, Saludcoop E.P.S. y Cafesalud E.P.S., la cual fue tramitada bajo el
radicado No. 66001-33-33-003-2017-00168-00/01.

3.6.- Mediante sentencia del 11 de marzo de 2020 el Juzgado Tercero
Administrativo de Pereira negó las pretensiones de la demanda.

3.6.1.- Consideró que la ley no asignó a las demandadas la obligación de atender
integralmente o remitir oportunamente al paciente a otro centro asistencial, pues ello
le corresponde a los establecimientos hospitalarios o clínicas, según lo dispone el
artículo 195 del Decreto 633 de 1993. En cambio, las Entidades Promotoras de
Salud o EPS tienen la obligación de asumir los gastos asociados a la prestación de
servicios de salud con ocasión de un accidente de tránsito, siempre que estos no
puedan ser cubiertos a cabalidad con los fondos del seguro obligatorio.

3.6.2.- En este caso, los gastos por los servicios prestados no superaron el valor
asegurado por el SOAT, motivo por el cual no se activaron obligaciones a cargo de
las EPS demandadas. Además, la Clínica Saludcoop intentó remitir al paciente
desde el comienzo del tratamiento, sin que eso haya sido posible a pesar de sus
esfuerzos. Así las cosas, concluyó que no se demostró el nexo causal entre las
actuaciones de las demandas y el daño alegado. Los accionantes apelaron la
anterior decisión1.
3.7.- Mediante sentencia del 3 de enero de 2022 el Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Primera de Decisión confirmó la providencia de primera instancia.

1 El recurso se fundó en los siguientes argumentos: (i) la atención oportuna no solo es una obligación de las

demandadas, sino que constituye también un derecho fundamental, en virtud del cual los ciudadanos deben ser
atendidos por urgencias en cualquier IPS del país; (ii) no puede justificarse la falta de remisión del paciente a
un centro de mayor nivel, argumentando que su atención estaba cubierta por el SOAT, pues ello no exime la
obligación de prestar una atención integral, oportuna y de calidad, sino que, por el contrario, privilegia los
formalismos y aspectos económicos por sobre el derecho sustancial; (iii) la sentencia recurrida confundió la
cobertura económica de la póliza del SOAT con los servicios médicos a cargo de los prestadores de salud; (iv)
en cambio, las demandadas debieron intensificar la búsqueda en el sistema de referencia y contrarreferencia
del Centro Regulador de Urgencias y Desastres de la Secretaría de Salud del departamento, que opera también
para los casos de accidente de tránsito; (v) lo anterior, dado que no basta con señalar que la IPS agotó todos
los esfuerzos para remitir al paciente a otro centro asistencial, pues ello implica imponer a los accionantes la
carga de remitir al paciente, desconociendo las obligaciones de esa entidad; (vi) la historia clínica da cuenta del
desorden administrativo que prevalecía en la IPS, lo cual no fue objeto de control, inspección y vigilancia por
parte del Departamento de Risaralda y la Superintendencia de Salud: el paciente fue ingresado a la clínica a
las 3:40 horas y solo fue atendido por el especialista a las 15:34, lo cual excedió la ventana de 6 a 8 horas para
valorar estos casos, según lo indicado por el perito en el proceso; y, además, se acreditó que los celulares a
disposición del personal de la clínica ni siquiera tenían minutos y por eso no pudieron comunicarse con otros
centros asistenciales.

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3.7.1.- El tribunal advirtió que efectivamente se causó un daño por la pérdida de la
pierna izquierda del paciente y <<el tener que esperar la remisión por más de tres
días, implicó, en el asunto sub examine, un flagrante desconocimiento a los
derechos fundamentales del actor>>.

3.7.2.- Igualmente, consideró que en virtud del Decreto 4747 de 2007, en principio,
las EPS tienen la obligación: (i) de diseñar, organizar y documentar los procesos
de referencia y contrarreferencia (estos es, la remisión de pacientes o elementos de
ayuda entre IPS), (ii) de garantizar la existencia de una red de IPS que garanticen
la disponibilidad y suficiencia de los servicios de salud en todos los niveles de
complejidad a su cargo y (iii) garantizar la disponibilidad de una red de transporte y
comunicaciones entre las prestadoras del servicio.

3.7.3.- No obstante, consideró que en el caso concreto no le correspondía a la EPS
garantizar la remisión del paciente y por lo tanto no le era reprochable el daño, toda
vez que el parágrafo 3º del artículo 7 del Decreto 056 de 2015 dispone que cuando
la atención médica es consecuencia de un accidente de tránsito cubierto por el
SOAT, la remisión del paciente a otro centro hospitalario corresponde a la IPS a la
cual fue ingresado. Es decir que, como el paciente fue ingresado bajo la cobertura
del SOAT y no en su calidad de usuario de la EPS demandada, la obligación de
remitirlo a otro centro de mayor nivel recaía en la IPS, máxime cuando el paciente
no hizo ningún requerimiento en calidad de afiliado a su EPS: no basta con el hecho
de que el accionante estuviera afiliado a la EPS demandada, puesto que, se reitera,
su atención se dio bajo la cobertura del SOAT.

3.7.4.- A partir de lo anterior, encontró que no se acreditó una omisión de la EPS, la
cual solo debía intervenir si el tratamiento sobrepasaba el valor asegurado por el
SOAT, lo cual no aconteció. Así, concluye que en este caso la IPS adelantó los
trámites para la remisión del paciente, pero ella no fue posible por falta de
disponibilidad en otros centros o por fallas en la comunicación; en todo caso, no le
es imputable <<comoquiera que frente a esta entidad no se admitió la demanda, en
razón a que para la fecha en que se instauró la demanda ya había sido liquidada>>.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- Los accionantes alegan que las autoridades judiciales accionadas vulneraron
sus derechos fundamentales a la salud, igualdad, debido proceso y acceso a la

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administración de justicia porque incurrieron en (i) un desconocimiento de las reglas
jurisprudenciales; (ii) un defecto fáctico; (iii) un defecto sustantivo; y (iv) una
violación directa de la constitución.

4.1.- En cuanto al desconocimiento de las reglas jurisprudenciales, sostuvieron que
se pasaron por alto las reglas fijadas por la Corte Constitucional en materia de
atención médica de personas que sufren accidentes de tránsito. Señaló que según
la sentencia T- 558 de 2013, cuando ocurre un accidente de tránsito, todas las
clínicas y las entidades de seguridad y previsión social, públicas o privadas están
obligadas a prestar una atención integral desde el ingreso en urgencias hasta la
rehabilitación final; atención que implica el traslado del paciente a otro centro de
mayor nivel cuando el establecimiento que atiende la emergencia no cuenta con lo
necesario para prestar el servicio requerido.

4.1.1.- En su opinión, la anterior regla fue omitida por las accionadas, al
considerarse que la IPS cumplió con su deber, simplemente con anotar en la historia
clínica los intentos de remisión, pasando por alto que esa institución contaba con un
celular <<sin minutos>> para efectuar las llamadas.

4.1.2.- También invocaron las sentencias T- 635 de 2001, T- 614 de 2003, T- 881
de 2003, T- 1111 de 2003, T-136 de 2004, T- 258 de 2004, T- 566 de 2004, T-062
de 2006, T- 1016 de 2006, T-1059 de 2006, T- 421 de 2007, T-730 de 2007, T-536
de 2007, T- 760 de 2008 de la Corte Constitucional y la sentencia del 7 de octubre
de 2009, exp. 35656, C.P. Ramiro Saavedra Becerra y la sentencia del 18 de febrero
de 2010, exp. 18.524, C.P. Enrique Gil Botero de la Sección Tercera de esta
Corporación, sin precisar las reglas jurisprudenciales de las mismas.

4.2.- Frente al defecto fáctico reprocha, por un lado, que las autoridades accionadas
se valieran del hecho de que el paciente no realizó ningún requerimiento en calidad
de afiliado a Saludcoop EPS, a efectos de lograr una remisión oportuna. Ello implica
que si un paciente llega inconsciente a urgencias por un accidente de tránsito, en
todo caso tiene la carga de informar cuál es la entidad a la que se encuentra afiliado
para que se pueda garantizar su atención médica integral. Con esa consideración
se brindó mayor importancia a los trámites administrativos (cobertura por el SOAT
o la EPS), en perjuicio del derecho a la salud y permite concluir que la manera como
un paciente ingresa a una clínica determina la calidad de su atención, condicionada

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a que informe a los médicos cuál era su EPS, carga que le corresponde al sistema
de seguridad social.

4.2.1.- Agregan que los aspectos económicos de la atención y su clasificación como
paciente SOAT o afiliado a una EPS eran cuestiones que debían aclararse una vez
prestado el servicio. Lo importante no eran los aspectos relativos a qué entidad
debía asumir los gastos o no, pues ello está supeditado a las obligaciones del
sistema de seguridad social y la prestación integral del servicio de salud.

4.2.2.- Por otro lado, reclaman que, a pesar de que la IPS que atendió al paciente
estaba liquidada, de todas formas, se vinculó a la EPS a la que aquella pertenecía,
por lo que estaba llamada a responder en calidad de matriz o controlante. En efecto,
precisa que inicialmente se presentó la demanda de reparación directa también
contra la Corporación IPS Saludcoop y que, no obstante, la misma fue inadmitida
por el juzgado de primera instancia al advertir que esa entidad ya no existía. Al
subsanarse la demanda se excluyó a la IPS como parte demandada, pero se aclaró
que los aspectos que se relacionaran con esta debían ser asumidos por Saludcoop
EPS, al ser la entidad matriz o controlante.

4.2.3.- Por último, también echa de menos el estudio de la responsabilidad de las
otras entidades demandadas, a saber, la Superintendencia de Salud y el
Departamento de Risaralda, y critica la desidia de la IPS, pues esta se limitó a hacer
algunas llamadas, sin resultados favorables, y en la historia clínica se advierte que
los celulares de la clínica no tenían minutos y que los fines de semana no operaban
adecuadamente. Por lo anterior, la familia tuvo que asumir el traslado del paciente
a un centro de mayor nivel, hecho también ignorado por el tribunal.

4.3.- Frente al defecto sustantivo critica que en el fallo de segunda instancia se
advirtiera que existió <<una dilación injustificada en la prestación del servicio
hospitalario>> y, no obstante, se confirmara la sentencia de primera instancia.

4.4.- Finalmente, alega una violación directa de la Constitución por cuanto el análisis
de las accionadas se centró en los tipos de atención a los pacientes, y no se
consideró la integralidad que debe revestir esa atención, con independencia de si
se es afiliado o no al sistema. En este caso el paciente tenía la doble calidad de
estar cubierto por el SOAT y afiliado al sistema de seguridad social en salud y, en
todo caso, el estudio se centró en un aspecto económico que no podía condicionar

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la atención. Señalan que la normativa relacionada con el SOAT debió ser
interpretada de conformidad con la Constitución, haciendo primar el derecho
sustancial sobre los formalismos y cuestiones económicas. En cambio, en este caso
se impusieron al paciente las cargas que le correspondían a los responsables de su
atención, cuando además resultaba sencillo constatar que era cotizante de la EPS
demandada, la cual no tenía un simple deber de colaborar.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión (accionado)
solicita que se declare improcedente o se nieguen las pretensiones de la acción de
tutela pues no se acreditó vicio algún en su providencia.

6.- Saludcoop EPS en liquidación (tercero con interés) indica que carece de
legitimación en la causa por pasiva, pues no le compete cumplir las pretensiones de
la solicitud de amparo. En efecto, la acción de tutela se encamina a que el tribunal
accionado profiera una nueva providencia de fondo en el proceso de reparación
directa, por lo que no existe un nexo causal que relacione a esa EPS con los hechos
de la tutela y la violación de los derechos alegados.

7.- La Previsora S.A. Compañía de Seguros (tercero con interés) se opuso a las
pretensiones de la acción. En su opinión, el tribunal valoró las pruebas razonable y
juiciosamente, según las reglas de la sana crítica. Explicó que, más allá de la
discusión acerca de la entidad obligada a remitir al paciente, lo cierto es que este
ingresó a la IPS en un estado de salud deplorable y que al momento en que fue
valorado por primera vez ya se sospechaba que el daño en su pierna era
irreversible. Se refirió a la prueba pericial practicada en el proceso y en virtud de la
cual el 20% de los pacientes en circunstancias similares tienen un desenlace fatal y
que no se advirtió un manejo irregular por parte de la IPS mientras se tramitaba el
traslado.

8.- Cafesalud EPS (tercero con interés) solicita que sea desvinculada del presente
proceso, toda vez que carece de legitimación en la causa por pasiva. Precisa que
las pretensiones de la solicitud de amparo se dirigen en contra de las autoridades
judiciales del proceso de reparación directa y que, sumado a lo anterior, desde el
23 de mayo de 2022 quedó legalmente liquidada, según se desprende de la
resolución No. 331 de 2022.

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9.- El Juzgado Tercero Administrativo de Pereira (accionado), la Superintendencia
de Salud, el Departamento de Risaralda (terceros con interés) y la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado (interviniente) fueron debidamente notificados; no
obstante, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

10.- La Sala concederá el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad,
debido proceso y acceso a la administración de justicia de los accionantes dado que
se acreditó su vulneración por parte del tribunal accionado. La Sala centrará su
estudio en el cargo por violación directa de la Constitución en relación con la
sentencia de segunda instancia, que fue la que puso fin a la controversia. En
consecuencia, dejará sin efectos la providencia tutelada y ordenará proferir una
sentencia de reemplazo en un término de diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación de esta decisión. Por otro lado, negará la solicitud de desvinculación de
Saludcoop EPS en liquidación y Cafesalud EPS, pues fueron vinculadas en calidad
de terceros con interés y no como accionadas.

E. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

11.- Los requisitos generales se cumplen pues: (i) los accionantes indicaron de
manera clara los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el asunto
es constitucionalmente relevante porque se alega la vulneración, entre otros, al
debido proceso y acceso a la administración de justicia por los defectos fáctico,
sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución;
los cargos no fueron objeto de análisis en el proceso ordinario, pues el reproche se
origina en la sentencia de segunda instancia y se evidencia un error que lesiona los
derechos fundamentales de la parte actora; (iii) se encuentra cumplido el requisito
de subsidiariedad porque los accionantes utilizaron todos los mecanismos judiciales
a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales y contra la
providencia atacada no procede ningún recurso; (iv) la solicitud se presentó en un
término prudencial (inmediatez), puesto que la decisión de segunda instancia se
notificó el 7 de febrero de 2022, y la tutela se presentó 31 de marzo de 2022, es

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decir, dentro del término de los 6 meses precisado tanto por esta Corporación2 como
por la Corte Constitucional 3; y (v) no se trata de una decisión proferida en sede de
tutela.

F. Se incurrió en una violación directa de la Constitución por indebida
interpretación del marco normativo en materia de derecho a la salud y su
prestación oportuna, de calidad e integral

12.1.- La Ley Estatutaria 1751 de 2015 desarrolla el derecho fundamental a la salud,
previsto en el artículo 49 de la Constitución Política. El artículo 8º de la mencionada
ley estatutaria consagra el principio de integralidad, en virtud del cual los <<servicios
y tecnologías de salud deberán ser suministrados de manera completa para prevenir, paliar
o curar la enfermedad, con independencia del origen de la enfermedad o condición de
salud, del sistema de provisión, cubrimiento o financiación definido por el legislador.
No podrá fragmentarse la responsabilidad en la prestación de un servicio de salud
específico en desmedro de la salud del usuario (…)>> (subraya la Sala).

12.2.- A su vez, el artículo 10 de esa ley dispone los derechos de las personas,
relacionados con la prestación del servicio a la salud4. Entre estos se destacan los
derechos <<a) A acceder a los servicios y tecnologías de salud, que le garanticen una
atención integral, oportuna y de alta calidad; b) Recibir la atención de urgencias que
sea requerida con la oportunidad que su condición amerite sin que sea exigible
documento o cancelación de pago previo alguno; (…) i) A la provisión y acceso
oportuno a las tecnologías y a los medicamentos requeridos; (…) y p) A que no se le
trasladen las cargas administrativas y burocráticas que les corresponde asumir a los
encargados o intervinientes en la prestación del servicio>> (subraya la Sala).

12.3.- Estos derechos serán prestados, además, a través de redes integrales de
servicios de salud, que, según lo entendió la Corte Constitucional al estudiar la
exequibilidad del artículo 13 de esa ley, implica disponer de todas las coberturas
necesarias para el paciente, con independencia de la composición administrativa o
estructural de la red (sentencia C-313 de 2014).

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-

01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3 Corte Constitucional, Sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
4 Además, cabe señalar que el derecho a la salud debe ser interpretado, entre otros, a partir de los siguientes

principios o elementos consagrados en el artículo 6º de la mencionada norma: accesibilidad, interpretación pro
homine, oportunidad y eficiencia

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12.4.- Por otra parte, el artículo 17 del Decreto 4747 de 20075, citado por el tribunal
accionado en la providencia tutelada, dispone que las EPS tienen la obligación de
diseñar, organizar, documentar y operar los sistemas de referencia y
contrarreferencia (es decir, la remisión de pacientes y elementos médicos) a través
de una red de IPS, en la que se garantice <<la disponibilidad y suficiencia de los
servicios en todos los niveles de complejidad a su cargo, así como la disponibilidad
de la red de transporte y comunicaciones>>.

12.5.- El mismo artículo señala que las EPS tienen la obligación de conseguir una
IPS receptora que garantice los recursos humanos físicos o tecnológicos requeridos
para la atención de calidad, continua e integral de los pacientes remitidos; mientras
que el manejo y cuidado de los mismos corresponde a la IPS que atiende al
paciente, hasta que este ingresa a la otra institución.

12.6.- Adicionalmente, el artículo 11 del mismo decreto (compilado en el artículo
2.5.3.1.1 del Decreto 780 de 2016) indica que la obligación de verificar los derechos
de los pacientes, así como la entidad responsable del pago de los servicios que
requiere recae en la prestadora del servicio de salud, sin que se exijan copias,
documentos, autenticaciones y, en general, carga alguna en los usuarios.

12.7.- A partir del anterior marco normativo se puede concluir que (i) el origen o la
causa de la enfermedad o padecimiento no puede afectar el servicio de salud que
debe prestarse; (ii) la responsabilidad de las entidades que conforman el
sistema de seguridad social en salud no puede fragmentarse en detrimento
de la prestación del servicio; (iii) la atención en urgencias no está condicionada a
trámites o pagos previos; (iv) las cargas administrativas o burocráticas no pueden
trasladarse a los usuarios, pues son las prestadoras del servicio las encargadas de
verificar sus derechos y la entidad encargada del pago; (v) las EPS deben garantizar
la disponibilidad de servicios integrales en su red, lo que implica conseguir IPS que
cuenten con los recursos necesarios para atender al paciente; y (vi) el cuidado y
manejo del paciente corresponde a las IPS que lo atienden.
12.8.- En concordancia con lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil ha entendido que la responsabilidad ante deficiencias en la
prestación de los servicios de salud es solidaria entre la IPS y la EPS. Ello es así,
pues, si bien la prestación material del servicio (cuidado y manejo del paciente)

5 Compilado en el artículo 2.5.3.2.16 del Decreto 790 de 2016.

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corresponde a la IPS y los profesionales de la salud, ello no exime a la EPS de su
deber de garantizar las condiciones adecuadas del servicio, esto es, un juicio de
imputación normativa a partir de sus obligaciones legales. Por lo tanto, si se genera
un daño relacionado con las condiciones del servicio de salud a cargo de las EPS,
estas también están llamadas a responder, sin perjuicio de la responsabilidad que
cabe a tribuir a la IPS y a los médicos6.

12.9.- De forma similar, la Corte Constitucional ha señalado que las EPS deben
responder por la falta de disponibilidad de cupos en las IPS que conforman su red:

<<La Corte ha considerado distintos eventos que constituyen una carga
administrativa desproporcionada para los pacientes, que afectan su derecho
fundamental a la salud. Entre ellos se encuentra uno que guarda una relación
cercana con el sometido a conocimiento de la Corte: la demora por parte de una
E.P.S. a prestar un servicio de salud por falta de disponibilidad de cupos de la I.P.S.
con la que tiene contratado ese servicio>>7.

13.- Ahora bien, en este caso el tribunal consideró que debía aplicarse el parágrafo
3º del artículo 7º del Decreto 56 de 2015, que reglamenta las condiciones de
cobertura, reconocimiento y pago de servicios de salud derivados de accidentes de
tránsito cubiertos por el SOAT y en virtud del cual:

<<Parágrafo 3°. Cuando la institución prestadora de servicios de salud no cuente
con el grado de complejidad del servicio requerido por la víctima, deberá remitirla a
través de los procedimientos de referencia y contrarreferencia, a la Institución
Prestadora de Servicios de Salud más cercana y habilitada para prestar el servicio
requerido>>.
13.1.- El tribunal consideró que, a pesar del marco normativo reseñado
anteriormente, la última norma debía primar porque se refiere específicamente a los
servicios de salud requeridos tras accidentes de tránsito cubiertos por el SOAT.
Según su interpretación del citado parágrafo, la única obligada para remitir a un

6 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, sentencia SC-13925-2016 del 30 de septiembre de 2016

(05001-31-03-003-2005-00174-01), M.P. Ariel Salazar. Posición reiterada en la sentencia SC2769-2020 del 31
de agosto de 2020 (76001-31-03-003-2008-00091-01) de la misma Corporación, en la que además se precisa
que el deber de las EPS no se limita a administrar las afiliaciones y cotizaciones de los usuarios, pues <<existe
un criterio consolidado en lo que implica para las Entidades Promotoras del Salud cumplir a cabalidad con la
administración del riesgo en salud de sus afiliados y los beneficiarios de éstos, así como garantizar una idónea
prestación de los servicios contemplados en el plan obligatorio de salid, toda vez que su desatención, dilación
o descuido, ya sea que provenga de sus propios operadores o de las IPS y profesionales contratados con tal
fin, es constitutiva de responsabilidad civil>>.
7 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, sentencia T-069 del 27 de febrero de 2018, M.P. Alejandro

Linares Cantillo, que reitera lo señalado, entre otras, en las sentencias T-520 de 2012 y T-673 de 2017.

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paciente a otro centro de mayor nivel (en casos de accidentes de tránsito) es la IPS
que lo atiende, con lo que excluye la responsabilidad de las EPS. Igualmente
reprocha que el accionante no señalara su condición de afiliado a la EPS dentro de
cuya red se encontraba la IPS que lo atendió en urgencias.

13.2.- La Sala considera que esa interpretación es contraria a la Constitución, no
solo porque pasa por alto el marco normativo constitucional y legal estatutario
referido, sino el mismo tenor literal de la norma.

13.3.- Lo primero, por cuanto implica (i) dar un trato diferenciado a los pacientes
según la causa de su padecimiento (sea este un accidente de tránsito o no); (ii)
fragmenta indebidamente la responsabilidad de las entidades que conforman el
sistema de seguridad social en salud, en detrimento de la prestación del servicio
(solo lo atribuye a la IPS, cuando la EPS debía garantizar las condiciones del
mismo); (iii) condiciona la atención en urgencias a la <<calidad en la que ingresó>>
el paciente, según el origen de los pagos o coberturas; (iv) le transfiere al paciente
cargas que le corresponden a las prestadoras del servicio, como verificar si está
afiliado a determinada EPS; y (v) en últimas, sobrepone aspectos formales o
burocráticos, como la cobertura económica de los servicios requeridos, en perjuicio
del derecho sustancial a la salud.

13.4.- La Sala no considera razonable ni conforme al derecho a la igualdad que las
cargas y responsabilidades de las entidades que conforman el sistema de seguridad
social en salud varíen según la causa del padecimiento a tratar. Si la regla general
implica que las EPS tienen el deber de garantizar la disponibilidad de los servicios
en su red de IPS y que responden solidariamente con estas, ello debe extenderse
también a las personas que sufren accidentes de tránsito: no existe justificación
alguna para el trato diferenciado, según cuál sea la entidad encargada del pago de
los servicios.

13.5.- Otra cosa es que la cobertura económica de los servicios prestados sea
asumida por una entidad asegurada distinta a la EPS, en concreto, la que expide el
SOAT. Pero esto no puede entenderse en detrimento de los servicios que, en todo
caso, deben prestarse a los pacientes. La cobertura del SOAT no exime de
responsabilidad a las EPS, sino que implica que estas no deben asumir la carga
económica de los servicios prestados hasta que no se agote la cobertura de ese
seguro obligatorio: una cosa es la prestación material del servicio a la salud

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(responsabilidad de la IPS), bajo las condiciones de calidad, oportunidad e
integralidad (responsabilidad de la EPS) y otra el financiamiento de estos servicios
(asumidos por el SOAT según las coberturas aplicables en casos de accidentes de
tránsito).

13.6.- En ese sentido, en la sentencia T-588 de 2013 (invocada por la parte actora
en el escrito de tutela) se precisa que la prestación de servicios de salud
consecuencia de un accidente cubierto por el SOAT debe ser garantizada por la IPS
y la EPS, sin perjuicio de que se carguen los gastos a la póliza del seguro obligatorio.

13.7.- Tampoco es proporcional exigirle al paciente que manifieste su condición de
afiliado a determinada EPS a efectos de procurar una remisión más oportuna a un
centro de mayor nivel, pues esa carga la deben asumir las IPS y EPS, y porque
implica desconocer la situación de vulnerabilidad o debilidad en la que se encuentra
un paciente que justamente debe ser atendido en urgencias.

13.8.- De igual forma, la interpretación del tribunal pasa por alto el tenor literal de la
norma en la que fundó su decisión, pues en ella se aclara que la remisión del
paciente a cargo de la IPS, se hará <<a través de los procedimientos de referencia
y contrarreferencia>>. Como se dejó visto, el diseño y la operación de los
procedimientos de referencia y contrarreferencia corresponde a las EPS, según el
Decreto 4747 de 2007 (compilado en el Decreto 780 de 2016), lo que se extiende a
garantizar la disponibilidad de los servicios requeridos por el usuario en cualquier
nivel de atención.

13.9.- En ese sentido, se concluye que la interpretación normativa en la que el
tribunal fundó su decisión viola directamente la Constitución y el marco normativo
en materia de derecho a la salud. Estas normas imponen a la EPS, como
controlante, la obligación de contar con una red de clínicas y hospitales para la
prestación de los servicios de salud; por lo tanto, la EPS Saludcoop está llamada a
responder solidariamente por las fallas en la prestación del servicio de la
Corporación IPS Saludcoop, pues como matriz debía contar con la disponibilidad de
clínicas en las que los pacientes puedan contar con todas las coberturas necesarias.
En proceso ordinario obra prueba de que la IPS informó a la EPS el estado del
paciente y la urgencia de la remisión y esta no dispuso de la red hospitalaria para la
remisión.

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13.10.- Finalmente, el SOAT solo podría cubrir el servicio de salud, pero como se
demandó a través de la acción de reparación directa y se solicitaron perjuicios, entre
otros, la EPS sí debe cubrir todo aquello que no corresponda directamente al
servicio de salud producto del accidente, en virtud del principio de reparación
integral contenido en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: AMPÁRANSE los derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso y acceso a la administración de justicia de los accionantes.

SEGUNDO: En consecuencia, DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia del 3 de enero
de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de
Decisión, que confirmó la decisión de primera instancia en el proceso de reparación
directa No. 66001-33-33-003-2017-00168-00/01.

TERCERO: ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de
Decisión para que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
sentencia profiera una nueva providencia en la que se tenga a la EPS Saludcoop
como entidad con capacidad jurídica para responder por las omisiones médicas en
las que incurrió la Cooperativa Saludcoop IPS; esto, sin perjuicio de que se pruebe
la existencia del daño y el nexo causal.

CUARTO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación presentada por Saludcoop EPS
en liquidación y Cafesalud EPS.

QUINTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

SEXTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

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SÉPTIMO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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