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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02957-00

Fecha
7 de julio de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02957-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Decreto No. 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02957-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

7 de julio de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02957-00
Demandante: Luis Carlos Monroy Minota
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02957-00
Demandante: LUIS CARLOS MONROY MINOTA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA Y OTRO

Temas: Tutela de fondo – mora judicial – declara la carencia actual de
objeto por hecho superado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo presentado por el señor Luis Carlos Monroy Minota,
en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26 de mayo de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 31 de mayo de 2022 en el correo de recepción de
tutelas y habeas corpus de la Rama Judicial, el señor Luis Carlos Monroy Minota,
actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Córdoba y el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Montería, con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. El accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales dado
que, a la fecha de radicación de este mecanismo de amparo, el Tribunal
Administrativo de Córdoba no había resuelto el recurso de apelación que instauró el
5 de noviembre de 2021 contra el auto del 29 de octubre del mismo año, mediante el
cual, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería “(…)
resolvió solicitud, fija problema jurídico, incorpora pruebas y corre traslado para alegar, en el
efecto devolutivo (…)”, en el marco de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, que instauró contra el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional,
identificada con el radicado N.º 23001-33-33-003-2019-00484-00.

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Demandante: Luis Carlos Monroy Minota
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba y otro

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

“(…) QUE SE TUTELEN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES ACCESO DE
ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

2 SOLICITO SEÑORES MAGISTRADO DEL CONCEJO DE ESTADO QUE SE
ORDENE EN UN TERMINO DE 48 HORAS SE RESUELVA POR PARTE DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE MONTERIA EL RECURSO DE APELACION
DEL AUTO DEL 29 DE OCTUBRE DE 2021 QUE RESOLVIO SOLICITUD DE
FIJA PROBLEMA JURIDICO – INCORPORA PRUEBA – Y CORRE TRASLADO
PARA ALEGAR EN EFECTO DEVOLUTIVO Y RESUELVA SOBRE EL
PERITASGO POR PARTE DE LA JUNTA REGIONAL DE BOLIVAR DE
INVALIDEZ EN BASE DECRETO 094 DE 1989 Y DECRETO 1796 DEL 2000.

4 SOLICITO SEÑORES MAGISTRADO DEL CONCEJO DE ESTADO QUE EN
UN TERMINO DE 48 HORAS ENVIE EXPEDIENTE COMPLETO DEL
PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO A SU DESPACHO PARA
QUE SEA REVISADO

5 SOLICITO SEÑOR JUEZ SI ALGUNA DE ESTA ENTIDADES NO RESPONDE
AL LLAMADO DE SU DESPACHO PROCEDA A EMITIR PRINCIPIO DE
VERACIDAD DEL ARTICULO 20 DECRETO 2591 DE 1991”. (Sic a toda la
cita).

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. A través de la Resolución N.º 001104 del 14 de junio de 2019, el Ejército
Nacional retiró del servicio al señor Luis Carlos Monroy Minota, atendiendo a la
recomendación del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar contenida en el acta
N.º M19-560 MDNSG-T ML-41.1 del 27 de mayo de 2019.

5. En septiembre de 2019, el señor Monroy Minota instauró demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional, con el objeto de que se declarara la ilegalidad
de la Resolución N.º 001104 del 14 de junio de 2019.

6. El conocimiento del asunto le correspondió en primera instancia al Juzgado
Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, que en proveído del 14
de febrero de 2020 admitió la demanda y, posteriormente, mediante auto del 7 de
julio de 2020 ordenó la suspensión provisional del citado acto administrativo y, en
consecuencia, reintegrarlo “al cargo que venía desempeñando u otro donde pueda
desempeñarse según sus capacidades psicofísicas, a partir de la firmeza de esta
providencia, siempre y cuando el actor no haya optado por su asignación de retiro”.

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7. La entidad demandada presentó recurso de apelación contra el auto del 7 de
julio de 2020, el cual fue concedido en efecto devolutivo por el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería a través de proveído del 28 de
agosto de 2020, y ordenó su remisión al Tribunal Administrativo de Córdoba.

8. En providencia del 10 de diciembre de 2020, el Tribunal Administrativo de
Córdoba revocó el auto del 7 de julio de 2020, por considerar que la solicitud de
reintegro se debe analizar en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

9. En auto del 29 de octubre de 2021, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Montería, “(…) resolvió solicitud [relacionada con la devolución de
dineros y la reliquidación de las prestaciones], fija problema jurídico, incorpora pruebas
[resolvió tener como pruebas únicamente las documentales aportadas] y corre traslado
para alegar, en el efecto devolutivo (…)”.

10. Inconforme con dicha determinación, la parte demandante interpuso recurso
de reposición y, en subsidio el de apelación, por lo que, en proveído del 19 de enero
de 2022, la autoridad de primera instancia decidió no reponer la providencia y
conceder la alzada.

11. Para la fecha en que se presentó la tutela, el Tribunal Administrativo de
Córdoba no se había pronunciado al respecto1.

1.4. Sustento de la vulneración

12. El señor Luis Carlos Monroy Minota aseguró que el Tribunal Administrativo de
Córdoba y el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería
vulneraron su derecho fundamental del debido proceso dado que, a la fecha de
radicación de esta tutela, el tribunal no había resuelto el recurso de apelación que
instauró el 5 de noviembre de 2021 contra el auto del 29 de octubre del mismo año,
en el marco de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, que instauró
contra el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, identificada con el
radicado N.º 23001-33-33-003-2019-00484-00.

1.5. Trámite de la acción de tutela

13. Por encontrar que la acción cumplía con los requisitos establecidos en el
artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, la magistrada ponente, mediante auto del 14
de junio de 2022 la admitió y ordenó la notificación de la parte accionante, del
Tribunal Administrativo de Córdoba y el Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Montería, como autoridades accionadas. Asimismo, dispuso la
vinculación del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, como entidad

1
En auto del 21 de junio de 2022, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de
Córdoba, revocó la decisión del 29 de octubre de 2021, puntualmente en la negativa de ordenar la
práctica de la prueba pericial solicitada en la demanda.

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demandada en el marco del proceso que originó la radicación de este instrumento
constitucional.

14. Finalmente, se ofició al operador jurídico tutelado para que aportara copia del
auto que resuelve el recurso de apelación que el señor Monroy Minota instauró
contra el proveído del 29 de octubre de 2021 o, de no ser ello posible, que rindiera un
informe detallado en el que se indique, la razón por la cual, a la fecha de
presentación de este mecanismo de amparo no había proferido tal decisión.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Córdoba

15. La magistrada que tuvo a cargo el proceso informó que, revisado el
expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que el
señor Monroy Minota instauró contra el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, se encontró que el 21 de junio del año en curso fue proferida la decisión
que echaba de menos el actor, a saber, el auto mediante el cual se decidió el recurso
de apelación presentado contra el proveído del 29 de octubre de 2021 del Juzgado
Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, razón por la que solicitó
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.

1.6.2. Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería

16. Luego de hacer un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, la titular del despacho solicitó negar el
amparo deprecado al considerar que a la fecha no se han vulnerado los derechos
fundamentales del señor Luis Carlos Monroy Minota, toda vez que actualmente el
expediente se encuentra al despacho y pendiente de proferirse la sentencia
respectiva.

1.6.3. Ministerio de Defensa Nacional

17. La coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional solicitó declarar la
improcedencia del mecanismo con sustento en que el trámite se encuentra en curso
y a la fecha no se ha presentado un perjuicio irremediable que habilite la intervención
del juez constitucional en el caso sub examine.

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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

18. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el
señor Luis Carlos Monroy Minota, de conformidad con lo establecido en el artículo 86
de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Legitimación en la causa

19. En primer lugar, la Sala advierte que el señor Luis Carlos Monroy Minota está
legitimado en la causa por activa, a la luz de lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y los artículos 1°, 10, 46 y 49 del Decreto Ley 2591 de 1991, en
la medida en que la acción de amparo puede ser desplegada por cualquier persona
que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii)
a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa
cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover
su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y
los personeros municipales2.

20. En el caso concreto, se tiene que el señor Monroy Minota funge como parte
demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho respecto del
cual se alega la presunta mora judicial, por lo que es claro que es el titular de los
derechos fundamentales cuya vulneración alega.

21. Por otro lado, esta Sala de Decisión observa que el Tribunal Administrativo de
Córdoba y el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería
también están legitimados en la causa por pasiva, por ser las autoridades judiciales
que deben resolver ambas instancias del medio de control que originó la radicación
de este mecanismo, y en el marco del cual se alegó la omisión de zanjar el recurso
de apelación que la parte actora instauró contra el auto del 29 de octubre de 2021.

2.3. Problema jurídico

22. Corresponde a la Sala resolver el siguiente interrogante:

• ¿Si el Tribunal Administrativo de Córdoba y el Juzgado Tercero Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Montería vulneraron los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Luis
Carlos Monroy Minota, ante la presunta omisión de resolver el recurso de
apelación que instauró contra el auto del 29 de octubre de 2021, en el marco

2
Corte Constitucional, Sentencia T-793 del 27 de septiembre de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.

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del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el radicado N.º 23001-33-33-003-2019-00484-00?

2.4. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver el problema jurídico planteado, se estudiarán los siguientes temas: (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) carencia actual de objeto; y (iii) análisis del
caso concreto.

2.5. Generalidades de la acción de tutela

23. Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de
tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades o, excepcionalmente, de
particulares.

24. Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa
judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.

25. En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo
demanda la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son
inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia
de un perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional
inmiscuirse en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes
subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.

26. Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar de un uso inadecuado, que
podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento
jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.

2.6. Carencia actual de objeto

27. La Sala ha explicado en varias ocasiones3 que la acción de tutela ha sido
instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual
e inminente.

3
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencias del: i)
9.7.2020, Exp. 2020-01377-01, M.P. Rocío Araújo Oñate; ii) 18.6.2020, Exp. 2020-01031-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate; iii) 15.11.2017, Exp. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro y; iv) del 19.10.2017, Exp. 2017-2365-
00, M.P. Rocío Araújo Oñate.

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28. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.

29. En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la
terminación del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder
en tres supuestos: (i) hecho superado; (ii) daño consumado; y, (iii) una
situación sobreviniente.

30. Al respecto, la Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 20164, señaló que:

“La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o
afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que,
ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a
la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de
amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo
extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al
desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez
constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las
garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el
objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.5

“A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:

“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un
derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que
se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho
fundamental como su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una
certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que
sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en el caso sub
examine- que se hubiese presentado un peligro ya subsanado” (negrillas
inexistentes en el texto original)

“Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar
alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género
que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a
través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o
(iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia
denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente6”.

4
Corte Constitucional, Sentencia T-481 1.09.2016, M.P. Carlos Bernal Pulido.
5
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se transcribe
literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».
6
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se transcribe
literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».

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31. Con base en el anterior marco referencial, el Tribunal Constitucional ha
sostenido que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del
Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la
cual se materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que
la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la
vulneración de los derechos fundamentales7.

32. En palabras de la Corte Constitucional, la “(…) primera de estas figuras [hecho
superado], regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende el supuesto de
hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo, se
evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a
los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por
acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier
intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos
que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer (…)”8.

33. Conforme a lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta
irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta
esta Sección), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la
conducta de la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron
o no los derechos fundamentales.

34. En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos
casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales
ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el
trámite de revisión ante ese Tribunal9.

35. En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se
supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha
destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la
conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de
reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte Constitucional:

“En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí
para Corte en sede de Revisión,10 incluir en la argumentación de su fallo el
análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en
la demanda. Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión
debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para
llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que

7
Corte Constitucional. Sentencia T-038/19.
8
Sentencia T-481 del 1.09.2016 M.P. Carlos Bernal Pulido.
9
A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
10
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 45, la cual se
transcribe literalmente: “Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez de máxima jerarquía de la
Jurisdicción Constitucional tiene el deber de determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya
protección se solicita».

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originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su
repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera”.11 Según la
jurisprudencia de la Corte, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la
providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes
del momento del fallo, es decir que se demuestre el hecho superado12 13”.
(Destacado fuera de texto).

36. Pero en sede de revisión, la Corte Constitucional sí se debe pronunciar para
formular un juicio de reproche, si ello hay lugar. Sobre el particular, la Alta
Corporación en cita ha dicho lo siguiente:

“Se está frente a un hecho superado cuando durante el trámite de amparo las
acciones u omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por la
satisfacción de la pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la orden
a impartir por parte del juez constitucional pierde su razón de ser, pues que el
derecho ya no se encuentra en riesgo14.

No obstante lo anterior, esta Corporación ha señalado que puede adelantar
el estudio del asunto sometido a su conocimiento, pues le corresponde en
sede de revisión, determinar el alcance de los derechos fundamentales
cuya protección se solicita15, pronunciarse sobre la vulneración invocada en la
demanda conforme al artículo 24 del Decreto 2591 de 199116 y determinar si, con
atención de las particularidades del caso, procede el amparo de la dimensión
objetiva de los derechos conculcados17. Dicho análisis puede comprender: i)
observaciones sobre los hechos del caso estudiado; ii) llamados de atención
sobre la situación que originó la tutela; iii) el reproche sobre su ocurrencia y la
advertencia sobre la garantía de no repetición18; y iv) la posibilidad de adoptar las
medidas de protección objetiva19”.20 (Negrillas fuera del texto original).

37. El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la
interposición de la acción de tutela. Al respecto, ha sostenido el Tribunal
Constitucional: “[l]a segunda de las figuras referenciadas [daño consumado], consiste
en que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha
consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de

11
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 46, la cual se
transcribe literalmente: “Ver sentencia T-612 de 2009».
12
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 47, la cual se
transcribe literalmente: “Sentencia T-170/09».
13
«Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo».
14
«Sentencia T-311 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva».
15
«Sentencia T-170 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
16
«ARTICULO 24. PREVENCIÓN A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del
acto impugnado (…) en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en
las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será
sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de este Decreto, todo sin perjuicio de las
responsabilidades en que ya hubiere incurrido. El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en
que lo considere adecuado para evitar la repetición de la misma acción u omisión».
17
«Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
18
«Sentencia SU-225 de 2013 M.P. Alexei Julio Estrada».
19
«Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
20
«Corte Constitucional. Sentencia T-662 de 2016».

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Demandante: Luis Carlos Monroy Minota
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba y otro

forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se
concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden al respecto”.21

38. Por último, de manera reciente, la Corte Constitucional ha distinguido el
supuesto de hecho correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la
vulneración de los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la
acción de tutela, con ocasión del obrar del actor o de un tercero distinto a la
autoridad demandada.

39. La citada Corporación ha indicado lo siguiente sobre este supuesto de hecho
para declarar la carencia actual de objeto:

“[P]ara finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera
modalidad de eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela
termina por carecer por completo de objeto y es en aquellos casos en que como
producto del acaecimiento de una “situación sobreviniente” que no tiene
origen en el obrar de la entidad accionada la vulneración predicada ya no tiene
lugar, ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no le correspondía, o
porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis.

“Se tiene que, esta nueva y particular forma de clasificar las modalidades en que
puede configurarse la carencia actual de objeto en una acción de tutela, parte de
una diferenciación entre el concepto que usualmente la jurisprudencia ha
otorgado a la figura del “hecho superado”22 y limita su alcance únicamente a
aquellos eventos en los que el factor a partir del cual se superó la vulneración
está directamente relacionado con el accionar del sujeto pasivo del trámite
tutelar. De forma que es posible hacer referencia a un “hecho superado” cuando,
por ejemplo, dentro del trámite tutelar una E.P.S. entrega los medicamentos que
su afiliado demandaba, y una “situación sobreviniente” cuando es el afiliado
quien, al evidenciar la excesiva demora en su suministro, decide asumir su
costo y procurárselos por sus propios medios”23.

2.7. Caso concreto

40. El señor Luis Carlos Monroy Minota alegó la vulneración de sus derechos
fundamentales del debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con
fundamento en que, a la fecha de radicación de este mecanismo de amparo, el
Tribunal Administrativo de Córdoba no había resuelto el recurso de apelación que
instauró el 5 de noviembre de 2021 contra el auto del 29 de octubre del mismo año,
mediante el cual, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de

21
«Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».
22
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 8, la cual se transcribe
literalmente: “Ya no entendido como la situación a partir de la cual los factores que dieron lugar a la interposición
de la acción de tutela fueron superados por cualquier motivo (Ver Sentencias: SU-225 de 2013; T-630 de 2005; T-
597 de 2008; T-170 de 2009; T-100 de 1995; T-570 de 1992; T-675 de 1996) sino que limita su campo de
aplicación a aquellos eventos en los que dicha situación tuvo lugar con ocasión al obrar de la entidad accionada».
23
«Corte Constitucional. Sentencia T-481/2016».

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Montería “(…) resolvió solicitud, fija problema jurídico, incorpora pruebas y corre traslado
para alegar, en el efecto devolutivo (…)”, en el marco de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, que instauró contra el Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional, identificada con el radicado N.º 23001-33-33-003-2019-00484-00.

41. A través del informe que rindió la Magistrada del Tribunal Administrativo de
Córdoba a quien correspondió el conocimiento del asunto, se informó que el 21 de
junio del año en curso fue proferido el auto mediante el cual se decidió el recurso de
apelación que el señor Monroy Minota presentó contra el proveído del 29 de octubre
de 2021 del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería.
Para el efecto, aportó la referida providencia, veamos:

42. Asimismo, al consultar el Sistema de Gestión Judicial SAMAI, se encontró que
dicha providencia fue notificada a las partes por medios electrónicos el 23 de junio de
2021, tal como se evidencia en la siguiente imagen:

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43. En esos términos, esta Sala de Decisión advierte que, encontrándose en
trámite el presente mecanismo de amparo, la autoridad judicial accionada realizó lo
pretendido por la parte actora, esto es, resolvió el recurso de apelación que el señor
Monroy Minota instauró contra el auto del 29 de octubre de 2021, proferido por el
Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, decisión que
se notificó a las partes por medios electrónicos.

44. Así las cosas, habrá de declararse la carencia actual de objeto por hecho
superado, atendiendo a que los hechos que motivaron la presentación de esta acción
constitucional desaparecieron, por lo que cualquier pronunciamiento de fondo por
parte de esta Colegiatura resultaría inane.

2.8. Conclusión

37. Conforme con los argumentos expuestos, esta Sala de Decisión declarará la
carencia actual de objeto por hecho superado, teniendo en cuenta que,
encontrándose en trámite el presente mecanismo de amparo, el Tribunal
Administrativo de Córdoba profirió la decisión respecto de la cual se alegaba la mora
judicial.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

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FALLA:

PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo
establecido por el artículo 31 del Decreto No. 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la
Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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