Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02958-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02958-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02958-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
30 de junio de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02958-00
Demandante: Kevin Andrés Muñoz Muñoz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02958-00
Demandante: KEVIN ANDRÉS MUÑOZ MUÑOZ
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Tardanza en expedir
tarjeta profesional de abogado. La acción de tutela fue
presentada antes del vencimiento del término para que la
autoridad resolviera la solicitud de expedición de la tarjeta
profesional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Kevin Andrés Muñoz Muñoz1, contra el Consejo Superior
de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia, en la que pide el amparo constitucional de sus derechos fundamentales a
la dignidad humana, al mínimo vital y al trabajo que considera vulnerados con la
tardanza en expedir la tarjeta profesional de abogado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El actor aseguró que culminó la carrera de derecho “durante el primer periodo
académico del año 2022 en la Corporación Universitaria del Cauca”.
Indicó que durante sus estudios tuvo que ejercer varios trabajos para cubrir sus
gastos, por lo que no cuenta con ningún ingreso y depende de la expedición de la
tarjeta profesional para ejercer su profesión de abogado.
Por último, sostuvo que ante la falta de expedición del referido documento ha
presentado síntomas de ansiedad y estrés, dado que sus ingresos se han
disminuido en un 90%, no puede ayudar a su familia y se siente frustrado en su
proyecto de vida.
1
La acción de tutela se presentó el 31 de mayo de 2022.
1
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Demandante: Kevin Andrés Muñoz Muñoz
2. Fundamentos de la acción
El demandante presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
al considerar que vulneró sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al
mínimo vital y al trabajo, con la tardanza en expedir su tarjeta profesional de
abogado, lo cual impide su ingreso a la vida laboral, pues mientras no tenga el
documento no puede iniciar “a trabajar o litigar en los amplios espacios áreas o
disciplinas del derecho”.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela el actor formuló la siguiente:
“Señor juez de acuerdo a todo lo mencionado anteriormente le solicito de la forma
más respetuosa se sirva ordenar al consejo superior de la judicatura expedir mi tarjeta
profesional, ya que no he podido desempeñar mi profesión y en este orden de ideas
se ha afectado mis derechos fundamentales del derecho al trabajo ya que de
obtenerla quizá mi condición laboral mejoraría en un cien por ciento”.
4. Pruebas relevantes
Con el escrito de tutela no se aportó ningún documento.
5. Trámite procesal
Por auto de 6 de junio de 2022, la Magistrada Sustanciadora admitió la demanda y
ordenó notificar a la autoridad demandada, a quien se le remitió copia de la
solicitud de amparo.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
64974 a 64976 de 10 de junio de 2022, con el fin de darle cumplimiento a la
referida decisión2.
6. Oposición
Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
En memorial de 13 de junio de 2022, la Directora de la Unidad solicitó que se
nieguen las pretensiones formuladas por el actor, al considerar que no existe
vulneración a ningún derecho fundamental.
Señaló que de conformidad con la Ley 270 de 1996, artículo 85, numeral 20, una
de las funciones del Consejo Superior de la Judicatura es la de “(...) Regular,
organizar y llevar el Registro Nacional de Abogados y expedir la correspondiente
Tarjeta Profesional, previa verificación de los requisitos legales señalados por la
Ley”.
2
El accionante y la autoridad administrativa demandada fueron notificados a las siguientes
direcciones de correo electrónico: kevin.munoz@uniautonoma.edu.co;
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co; regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co;
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co.
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Demandante: Kevin Andrés Muñoz Muñoz
Indicó que mediante Acuerdo Nº 002 de 1996, expedido por el Consejo Superior
de la Judicatura, se dictaron disposiciones sobre la inscripción y registro de
abogados, facultando a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia, para efectuar la inscripción y expedición de la tarjeta profesional de
abogado, previo cumplimiento de las disposiciones legales sobre la materia.
Adujo que mediante Acuerdo Nº 11354 de 2019, dictado por la mencionada
Corporación, se dictaron normas sobre el Registro Nacional de Abogados y se
establecieron los requisitos para el trámite de inscripción y expedición de la tarjeta
profesional de abogado.
Señaló que la Unidad gestiona el trámite de las solicitudes en orden de llegada al
correo institucional designado para el efecto y en el caso de las tarjetas
profesionales de abogado y licencias temporales, las mismas son enviadas al
domicilio registrado por el solicitante y las prácticas jurídicas notificadas al correo
registrado por el usuario. Agregó que en lo que va corrido del año ha tramitado
5.486 solicitudes de reconocimiento de práctica jurídica, se han expedido 9.507
tarjetas profesionales de abogado, así como la expedición de 1.660 licencias
temporales de abogado, pese a que se han recibido 59.494 solicitudes de toda
índole, al correo institucional de la Unidad.
Refirió que el señor Kevin Andrés Muñoz Muñoz solicitó a través del correo
electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co su inscripción como abogado y la
expedición de la tarjeta profesional como titulado de la Universidad Autónoma del
Cauca.
Afirmó que la Unidad procedió a inscribir al actor en el registro de abogados,
asignándole la tarjeta profesional de abogado Nº 384.049, mediante el Acta Nº
11152 de 31 de mayo de 2022, la cual, según afirmó, se envió al contratista para
la elaboración del plástico, misma que fue entregada a la Unidad para continuar
con los trámites de envío al solicitante.
Aseguró que el 9 de junio de 2022, envió a través del servicio de correo certificado
4 72, bajo la guía de envió Nº RA375424925CO, el plástico de la tarjeta
profesional de abogado Nº 384.049 asignada al señor Kevin Andrés Muñoz
Muñoz, al domicilio registrado por el accionante, misma que fue entregada el 11
de junio de 2022.
Por último, sostuvo que mediante oficio de 10 de junio de 2022 se le informó al
demandante sobre el trámite y expedición de la tarjeta profesional.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
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2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico
Si bien en el presente asunto el accionante no invocó la vulneración del derecho
fundamental de petición, se tiene que lo ejerció cuando radicó la solicitud de
inscripción y expedición de la tarjeta profesional de abogado. Esta afirmación tiene
sustento en el artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, concretamente en el inciso
segundo, según el cual, “Toda actuación que inicie cualquier persona ante las
autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo
23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo”.
Precisado lo anterior, de acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a
la Sala establecer si el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, vulneró los derechos
fundamentales de petición, dignidad humana, mínimo vital y trabajo con la
tardanza en expedir la tarjeta profesional de abogado.
3. El derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución Política establece que “Toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de
interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales”.
La Corte Constitucional ha definido las reglas básicas que orientan el derecho de
petición y los criterios que se deben tener en cuenta al aplicarse esta garantía
fundamental. En la sentencia T-1160A de 20013, esa corporación judicial señaló:
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan
otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación
política y a la libertad de expresión.
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse
de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita.
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes
ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas
cuando la ley así lo determine.
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un
servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera
igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se
constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede
protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que
no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el
Legislador lo reglamente.
3
M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la
administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al
artículo 6° del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De
no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe
anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de
instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo,
la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes.
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de
resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo
es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una
expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294
de 1997 y T-457 de 1994. ”4 .
Mediante la sentencia T-1006 de 2001,5 la Corte adicionó dos reglas jurisprudenciales
más:
j) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber
de responder”;6
k) Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al
interesado7”.
Ahora bien, en lo atinente al núcleo esencial del derecho de petición, la Corte
Constitucional precisó que:
“(…) el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes
elementos que constituyen su núcleo esencial: (i) la posibilidad cierta y efectiva de
elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta debe ser pronta y
oportuna, es decir, la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, que
debe ser lo más corto posible, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud
y de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada
uno de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido al
peticionario, independiente de que la respuesta sea favorable o no, pues no
necesariamente se debe acceder a lo pedido.
Respecto del último punto, la Corte ha sido enfática en señalar que la satisfacción de
este derecho no sólo se materializa mediante una respuesta clara, precisa y de fondo o
material dentro del término previsto en la ley:
‘Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos
sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor que
conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite de la
4
Corte Constitucional, Sentencia T-377 de 2000, MP. Alejandro Martínez Caballero.
5
MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
6
Corte Constitucional, Sentencia T-219 de 2001, MP. Fabio Morón Díaz. En sentencia T-476 de
2001, MP. Rodrigo Escobar Gil, la Corte afirmó “Desde una perspectiva constitucional, la
obligación de realizar el traslado de la solicitud, en caso de incompetencia de la entidad ante la
cual se eleva la petición, es un elemento del núcleo esencial del derecho de petición, toda vez, que
la simple respuesta de incompetencia, constituye una evasiva a la solicitud y de acuerdo a lo
expresado por la Corte: “…[las respuestas simplemente formales o evasivas]… no satisfacen el
derecho de petición, pues en realidad, mediante ellas la administración elude el cumplimiento de su
deber y desconoce el principio de eficacia que inspira la función administrativa, de conformidad con
el artículo 209 de la Constitución…”.
7
Corte Constitucional, Sentencia 249 de 2001, MP. José Gregorio Hernández Galindo.
5
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petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en principio,
examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo
significado supera la simple adopción de una decisión para llevarla a conocimiento
directo e informado del solicitante.
De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito
de notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para informar
al particular de su respuesta y lograr constancia de ello.
Por lo anterior es dable afirmar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el
derecho de petición se concreta con la respuesta clara, concisa y de fondo a lo
solicitado y cuando se cumple con la obligación de notificar al particular sobre la
respuesta adoptada por la entidad”8. (destacado fuera de texto)
Por su parte, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de
la Ley 1755 de 2015, establece los términos en los que deben resolverse las
peticiones, incluyendo una posibilidad excepcional de resolver por fuera del
mismo, en cuyo caso, tal circunstancia debe ser informada por la autoridad, antes
del vencimiento del término, señalando expresamente los motivos de la demora
así como el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá
exceder del doble del inicialmente previsto. La citada disposición establece:
“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo
norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse
dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término
especial la resolución de las siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez
(10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al
peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha
sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de
dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro
de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación
con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes
a su recepción.
Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos
aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del
vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y
señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no
podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.
Mediante Decreto Legislativo 491 de 2020, el Gobierno Nacional amplió los
términos de respuesta a los derechos de petición y solicitudes de información que
se presenten ante las autoridades, mientras dure la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, ocasionada por el
COVID-19. Así, en el artículo 5º ibidem, se dispuso que para las peticiones en
curso o radicadas durante la Emergencia Sanitaria, los términos fijados por el
artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 se ampliarían de la siguiente manera:
“Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción.
8
Sentencia T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
6
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(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte
(20) días siguientes a su recepción.
(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación
con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días
siguientes a su recepción.
Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados,
la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a
la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del
doble del inicialmente previsto en este artículo”.
La ampliación en los términos de respuestas a peticiones en los plazos
anteriormente señalados se encuentra vigente desde la fecha de publicación del
Decreto Legislativo 491, esto es: desde el 28 de marzo de 2020 y hasta tanto
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de
Salud y Protección Social. Empero, por medio de la Ley 2207 de 2022 se
derogó el artículo 5 de ese marco de excepción por lo que se reestablecieron
los plazos establecidos por el legislador en la Ley 1437 de 2011.
Esta Corporación también se ha referido al derecho de petición, al indicar que “se
garantiza cuando la administración responde de fondo, de manera clara y precisa
y dentro de un plazo razonable a la solicitud presentada, lo que supone que las
situaciones contrarias (…), son susceptibles de protección por el juez
constitucional mediante fallo de tutela que ordene a la autoridad peticionada emitir
una respuesta conforme a los lineamientos trazados”9.
Con fundamento en lo anterior, la garantía del derecho fundamental de petición
conlleva el deber constitucional y legal ineludible de dar respuesta a las peticiones,
de fondo, en forma clara y precisa, dentro de los términos establecidos por la ley,
siendo así que su inobservancia, hace procedente la protección por el juez
constitucional, a través de la acción de la tutela.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. El señor Kevin Andrés Muñoz Muñoz afirmó que la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la
Judicatura se ha tardado en expedir su tarjeta profesional de abogado, lo que
considera afecta sus derechos fundamentales, pues le impide ejercer su profesión.
No obstante, el actor no indicó la fecha en la que radicó la solicitud de expedición
de la tarjeta profesional.
Por lo anterior, esta Sala de manera oficiosa ingresó al Sistema de Información del
Registro Nacional de Abogados, SIRNA, en el que encontró que la solicitud fue
radicada por el demandante el 9 de mayo de 2022 y se le asignó el No. 15513,
como se observa a continuación:
9
Sentencia del 10 de octubre de 2016. C. P. Gabriel Valbuena Hernández (exp. 2016-03681-01).
7
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4.2. Como quiera que no existe una norma que establezca el término específico
para resolver este tipo de peticiones (trámite de tarjeta profesional de abogado),
se debe aplicar la regla general prevista en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011,
es decir, quince (15) días siguientes a su recepción. Ese límite temporal fue
ampliado por el artículo 5 del Decreto Legislativo 491 de 2020, vigente al momento
de presentarse la solicitud del actor10, para las peticiones que se encuentren en
curso o que se radiquen durante la vigencia de la emergencia sanitaria, en el que
se indicó que “salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los
treinta (30) días siguientes a su recepción”.
En ese sentido, teniendo en cuenta que la solicitud de expedición de la tarjeta
profesional se radicó el 9 de mayo de 2022, en vigencia del Decreto Legislativo
491 de 2020, la autoridad accionada contaba con plazo para emitir respuesta
completa y de fondo hasta el 22 de junio de 2022, es decir, con posterioridad a la
fecha de presentación de la solicitud de amparo constitucional (31 de mayo de
2022).
En efecto, la Sala encuentra que la acción de tutela fue interpuesta antes de que
se cumpliera el término con el que contaba la autoridad demandada para dar
respuesta a la solicitud de expedición de la tarjeta profesional de abogado
formulada por el señor Kevin Andrés Muñoz Muñoz, teniendo en cuenta que solo
había transcurrido quince (15) días hábiles desde que se radicó la petición.
Dicho lo anterior, la Sala evidencia que, para el momento de la interposición de la
acción de tutela, la autoridad accionada se encontraba dentro del término legal
para emitir la correspondiente respuesta.
4.3. De otra parte, el actor alegó la vulneración de sus derechos fundamentales a
la dignidad humana, al mínimo vital y al trabajo, pues al no contar con la tarjeta
profesional que lo acredita como abogado se vieron afectados sus ingresos y no
pudo desempeñar su profesión. Al respecto, la Sala considera que no existe
vulneración a los derechos invocados, debido a que el demandante no aportó
prueba alguna, siquiera sumaria, que permita acreditar tales circunstancias, a lo
que se agrega que ya cuenta con el número de tarjeta profesional y fue inscrito en
el Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, por lo que se
encuentra habilitado para ejercer su profesión.
4.4. En efecto, de conformidad con el informe allegado por la entidad demandada
se observa que la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura expidió el acta Nº 11152 de 31 de
mayo de 2022, mediante la cual le fue asignada la tarjeta profesional Nº 384.049
al actor, lo que le fue informado por oficio de 10 de junio de 2022.
10
La ampliación de los términos dispuesta en dicha norma, se dejó sin efectos a través la Ley 2207
de 17 de mayo de 2022, retomando los plazos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011.
8
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Demandante: Kevin Andrés Muñoz Muñoz
Además, el plástico de la tarjeta profesional fue entregado en físico el 11 de junio
de 2022 a la dirección de notificaciones del actor, la cual coincide con la aportada
en el escrito de tutela, tal y como se dejó constancia en la Guía No.
RA37542925CO de la empresa de correo postal 4-72.
Por las razones expuestas, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela,
teniendo en cuenta que para la fecha de presentación de la solicitud de amparo no
había vencido el término con el que contaba el Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, para resolver
la petición de expedición de la tarjeta profesional de abogado, radicada el 9 de
mayo de 2022.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela formuladas por el
señor Kevin Andrés Muñoz Muñoz, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
9
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Demandante: Kevin Andrés Muñoz Muñoz
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
10
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