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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02962-00

Fecha
1 de julio de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02962-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela ejercida por el señor Hiznardo Alberto Bravo Zambrano, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-02962-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

1 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., primero (1º) de julio de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02962-00
Actor: HIZNARDO ALBERTO BRAVO ZAMBRANO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Hiznardo Alberto Bravo
Zambrano contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 1° de junio de la presente anualidad1, el señor Hiznardo Alberto Bravo Zambrano
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, y el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión

1 Se advierte que, el 14 de junio de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-02962-00
Actor: Hiznardo Alberto Bravo Zambrano
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

de las providencias proferidas el 24 de octubre de 2018 y el 11 de noviembre de
2021, respectivamente, en el proceso de nulidad y restablecimiento con radicado
25000-23-42-000-2016-02813-01 (1135-2019). Formuló las siguientes pretensiones:

1. Se conceda el amparo de tutela solicitado a los derechos fundamentales de
mi mandante violados por la actuación judicial denunciada.

2. Se anule la actuación judicial de Primera y Segunda Instancia sentencias del
24 de octubre de 2018 y de Segunda Instancia del 11 de noviembre de 2021,
respectivamente, aquí demandadas Constitucionalmente.

3. Dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a proferido el fallo de
tutela, se profiera el fallo de reemplazo apegado a la Ley y a la prueba.

4. Se hagan las demás declaraciones a que haya lugar sobre cualquier tipo de
derecho fundamental que se estime vulnerado o amenazado.

1.2 Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor
Hiznardo Alberto Bravo Zambrano demandó a la Nación – Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad del Decreto 2317 de 27
de noviembre de 2015, por el cual ascendieron unos militares, sin incluirlo, y de la
Resolución 368 de 20 de enero de 2016, que dispuso su retiro del servicio por
llamamiento a calificar servicios.

Mediante providencia del 24 de octubre de 2018, el Tribunal Administrativo del
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, negó las pretensiones de la
demanda, decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, en sentencia del 11 de noviembre de 2021.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-02962-00
Actor: Hiznardo Alberto Bravo Zambrano
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

1.3 Argumentos de la tutela

Como fundamento de la acción de la referencia, el señor Bravo Zambrano considera
que, en las providencias proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, las corporaciones accionadas incurrieron en defecto fáctico, por indebida
valoración de las pruebas aportadas al expediente, como las evaluaciones y
clasificaciones del accionante de las cuales se podía inferir que el no ascenderlo y,
posteriormente, retirarlo del servicio activo, no estaba relacionado con el
mejoramiento del servicio, por lo que dichas decisiones eran ilegales y estaban
viciadas por falsa motivación y desviación de poder.

De otra parte, señaló que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en
defecto sustantivo, por considerar que normativamente solo resultaba necesario el
cumplimiento de los requisitos objetivos para hacer efectiva la facultad de retiro del
servicio activo, esto es, la existencia de la recomendación de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional y tener derecho a una asignación de retiro. A su
juicio, no se demostró que el objetivo fuera el mejoramiento del servicio y en cambio
sí se acreditó su buen desempeño profesional, circunstancia que, además, le daba
prelación legal para que se recomendara su ascenso.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 2 de junio de 2022, se admitió la acción de tutela y se ordenó
que se notificara a los magistrados que integran la Sección Segunda, Subsección
B, del Consejo de Estado y a los de la Sección Segunda, Subsección C, del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como parte demandada, y, como
terceros con interés, al ministro de defensa nacional y al comandante del Ejército
Nacional. Así mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-02962-00
Actor: Hiznardo Alberto Bravo Zambrano
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2.2. La Sección Segunda, Subsección C, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca se limitó a manifestar que en la providencia cuestionada estaban
consignados los argumentos que llevaron a negar las pretensiones de la demanda.

2.3. La Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, por conducto del
magistrado ponente de la decisión atacada, señaló que se atiene a la decisión que
se tome en la acción de la referencia y que las razones que sirvieron de fundamento
de la sentencia están consignadas en la misma.

2.4. El Ministerio de Defensa Nacional rindió el informe respectivo y solicitó que se
negaran las pretensiones, para lo cual manifestó que la tutela interpuesta por el
señor Bravo Zambrano carecía del requisito de la relevancia constitucional, toda vez
que se quería reabrir el debate judicial ya culminado, sin que se hubiese
demostrado la vulneración de los derechos fundamentales alegados en la demanda,
por lo que resultaba claro que pretendía usarse como una instancia adicional al
proceso ordinario.

II. CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo
permita expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá

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Actor: Hiznardo Alberto Bravo Zambrano
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo
impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.

En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de tutela
era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del año
20122, aceptó su procedencia, conforme con las reglas que ha fijado la Corte
Constitucional, esto es, cuando la misma viole flagrantemente algún derecho
fundamental.

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones judiciales y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales, sin mayores excepciones.

Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, entonces, el
juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y
específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones
en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela

2Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García
González.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-02962-00
Actor: Hiznardo Alberto Bravo Zambrano
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.

El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por ejemplo,
en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros que
podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece cuando
con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales
causales, así:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución.

Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar la
causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la violación
de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia,
sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia cuestionada
ha incurrido en alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de
relevancia constitucional.

Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.

Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos, la Corte Constitucional
ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela, las
providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En
ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los requisitos
generales y la configuración de una de las causales específicas antes mencionados,
la acción de tutela contra providencias proferidas por los denominados órganos de
cierre, «solo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la
Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o
cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez
constitucional3».

2. Problema jurídico

Lo primero que la Sala deberá determinar es si la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de la tutela contra providencias judiciales, particularmente el de
relevancia constitucional. De superarse los presupuestos generales, deberá
abordarse el estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si se configuraron
los defectos endilgados por la parte actora a las providencias del 24 de octubre de
2018 y el 11 de noviembre de 2021, proferidas, respectivamente, por la Sección
Segunda, Subsección C, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección
Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2016-02813-01 (1135-
2019).

3. Análisis de la Sala

3.1. De la relevancia constitucional

En sentencia del 5 de agosto de 20144, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en
asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional,
es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es,
que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
3 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
4 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus
discrepancias con las providencias que allí se dicten.

3.2. Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto.

Para la Sala, la solicitud de amparo no cumple el requisito de relevancia
constitucional porque se pretende convertir la acción de tutela en un escenario de
tercera instancia o de debate adicional frente a los razonamientos de los jueces
naturales en sede de instancia.

En efecto, la parte actora alegó, en síntesis, que los despachos accionados
incurrieron en defecto fáctico y sustantivo, por indebida valoración probatoria, pues,
a su juicio, era claro que las decisiones de la entidad entonces demandada para no
ascenderlo y, posteriormente, retirarlo, escapaban al mejoramiento del servicio,
dado que no se tuvo en cuenta su buen desempeño profesional. Por tanto, en su
criterio, los actos administrativos contentivos de dichas decisiones resultaban
ilegales y estaban viciados por falsa motivación y desviación de poder.

Sería del caso analizar si se configuran los defectos mencionados, sin embargo, la
Sala advierte que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, puesto
que se está ejerciendo la tutela para convertirla en una instancia adicional del
proceso ordinario.

Así, de la simple comparación entre las razones esgrimidas en el recurso de
apelación interpuesto en contra del fallo del 24 de octubre de 2018, dictado por el

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, y los
propuestos en la solicitud de tutela, se evidencia que los defectos en que
supuestamente incurrió la parte demandada fueron invocados para continuar con el
debate jurídico que ya fue decidido en el proceso ordinario. Dichos argumentos
fueron concretados por la misma parte actora en el recurso de apelación así:

Basados en lo estudiado, es claro que, probadamente está desvirtuada la
presunción de legalidad y amparo en razones del buen servicio de los actos
administrativos demandados, éstos que entonces devienen en nulos pues el
poder con el cual fueron expedidos y que se materializó en ellos, se ejerció en
forma ilegal y por demás arbitraria y caprichosa, desproporcionada e
irrazonablemente, lo cual ocasiona que los cargos deben preposterar al abrigo
de los artículos 137 y 138 del C.P.A. y C.A. y que la providencia recurrida es
contraria a la Ley y a la prueba y por ende debe ser revocada pues,
justamente lo probado en éste proceso es que la acción de la autoridad
administrativa fue ilegal, arbitraria y caprichosa, alejada del motivo implícito
del mejoramiento del servicio y, en ese sentido, desproporcionada e
irrazonable en tanto que mediante una acción ilegal se privó a las Fuerzas
Militares-Ejército Nacional, al mismo servicio, de contar con uno de su
mejores hombres, resultando que, para éste caso, el servicio y su
mejoramiento aparece ausente de la toma de las decisiones objeto de control
de legalidad; argumentos frente a los cuales la sentencia apelada es
completamente equivocada y debe ser revocada para dar paso a la
prosperidad de las pretensiones bajo el Imperio de la Ley que ha de gobernar
las decisiones de los jueces, probándose de manera fehaciente que las
mentadas Evaluaciones del Comité de Evaluación fueron un esfuerzo sofistico
por dotar de legitimidad a unas decisiones administrativas que en realidad son
arbitrarias, caprichosas y completamente desproporcionadas e irrazonables.

Los anteriores argumentos, fueron resueltos por la Sección Segunda,
Subsección B, del Consejo de Estado, en providencia del 18 de noviembre de
2021, la que, después de analizar el marco normativo y jurisprudencial sobre
los requisitos para i) el ascenso y ii) el retiro por llamamiento a calificar
servicios en las fuerzas militares realizó una valoración integral de las pruebas
aportadas al expediente, con base en las cuales concluyó:

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que el demandante
(i) prestó sus servicios como oficial del Ejército Nacional durante más de 25
años y su último grado fue el de teniente coronel; (ii) en acta 9 de 7 de
octubre de 2015, la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las
fuerzas militares no recomendó su ascenso a coronel; y (iii) con Resolución

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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-02962-00
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Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

368 de 20 de enero de 2016, el Ministro de Defensa Nacional lo retiró por
llamamiento a calificar servicios.

En lo atañedero a la no recomendación del actor para el ascenso al grado de
coronel, aduce que la decisión fue arbitraria por cuanto se sustentó en cuatro
conceptos negativos y una suspensión (consecuencia de un proceso penal,
en el que se decretó su absolución). Al respecto, estima la Sala que,
independientemente de las circunstancias que hayan rodeado el mencionado
proceso penal, es innegable que el desempeño laboral del actor no fue
intachable, pues, como se ha visto, existieron anotaciones negativas que en
forma incuestionable afectaban su puntaje e influían en las razones de
conveniencia de su recomendación.

En tal sentido, es claro que el ejercicio de la facultad discrecional para
seleccionar los candidatos a ascenso, conlleva que los miembros de las
fuerzas militares, amén del mérito, la aptitud y las buenas calidades
personales, obtengan a lo largo de su carrera la plena confianza de sus
superiores y del Gobierno nacional, cuanto más si en el grado de coronel
confluyen mayor nivel de mando, responsabilidad superior y unas condiciones
de autoridad y decisión que demandan excelencia de los elegidos para tal
dignidad, esto en aras del interés general y la garantía del constante
mejoramiento del servicio.

De igual modo, la facultad discrecional implica que no es obligatorio ascender
a todos los miembros de las fuerzas militares que satisfagan los requisitos de
promoción, pues ello haría imposible la materialización de la estructura
piramidal y esa discrecionalidad que otorgó el legislador mutaría a una simple
obligación de protocolo, carente de toda oportunidad de selección de los
mejores miembros de cada fuerza.

De lo expuesto, se advierte que es la parte demandante la que debe acreditar
de manera inequívoca que el servicio efectivamente desmejora, como
consecuencia de su no recomendación para ascenso, se configura
incoherencia frente a los hechos que le sirven de causa a la decisión y que la
junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional no se fundamenta en un
estudio objetivo de su trayectoria, es decir, que se aparta de los principios de
proporcionalidad y razonabilidad, lo cual no se demostró en este caso.

Por otra parte, de cara al retiro del servicio del demandante, por llamamiento
a calificar servicios, como se dejó anotado en el acápite precedente, los
artículos 99 y 103 del Decreto 1790 de 2000 facultan a la Administración para
retirar por llamamiento a calificar servicios a aquellos oficiales que tengan las
condiciones para hacerse acreedores a la asignación de retiro, previo
concepto de la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las
fuerzas militares; potestad que comporta carácter discrecional y, por ende, no
es viable la motivación expresa del respectivo acto administrativo, como
tampoco la posibilidad de darle a conocer al interesado los fundamentos o
soportes de la recomendación de la aludida junta, puesto que constituye una
herramienta indispensable para la renovación de los cuadros de mando de la
fuerza pública, precedida por razones de conveniencia institucional.

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Por lo tanto, en principio, el Decreto 368 de 20 de enero de 2016, por medio
del cual se dispuso el retiro del actor por llamamiento a calificar servicios,
satisface los presupuestos contenidos en el Decreto 1790 de 2000, toda vez
que él contaba con más de 25 años de servicios en el Ejército Nacional, por lo
que conforme al artículo 1º. del Decreto 991 de 201523, tenía derecho a la
asignación de retiro, una vez colmara los tres meses de alta, equivalente al
«[…] cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el
artículo 13 del Decreto número 4433 de 2004, por los quince (15) primeros
años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a
los quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento
(85%) del mismo monto, incrementando en un dos por ciento (2%) por cada
año adicional después de los veinticuatro (24) años de servicio, sin que el
total sobrepase el noventa y cinco (95%) de las partidas computables [...]».

Asimismo, el mencionado Decreto 368 de 2016 tuvo como fundamento el
concepto de la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional, plasmado
en acta 12 de 26 de noviembre de 2015, en el que se determinó recomendar
la desvinculación del accionante por llamamiento a calificar servicios, en los
términos de los artículos 99 y 103 del Decreto 1790 de 2000.

Ahora bien, comoquiera que la potestad de retirar del servicio por llamamiento
a calificar servicios no requiere de una motivación expresa, lo cierto es que no
puede ser utilizada de manera arbitraria como un medio de persecución
laboral o de abuso de poder, por lo que si el demandante estima que aquella
tuvo un sustento contrario a la Constitución y la ley, le corresponde la carga
probatoria de demostrar que su retiro estuvo precedido por una arbitrariedad.

En el asunto sub examine, el demandante alega que, por su insistencia para
que se considerara su ascenso al grado de coronel, fue retirado del servicio y
que se configuró falsa motivación, pues no se tuvo en cuenta su excelente
trayectoria en la fuerza pública.

Sobre dichos aspectos, cabe recordar que los reconocimientos y felicitaciones
por sí solos no desvirtúan la presunción de legalidad que ampara el acto
administrativo acusado, toda vez que el buen desempeño y la idoneidad en el
ejercicio de un empleo público se exige de cualquier servidor estatal y el retiro
por llamamiento a calificar servicios no comporta una sanción24, sino un
instrumento para relevar los mandos dentro del Ejército Nacional, por ello se
usa en la medida en que el personal oficial tenga los requisitos satisfechos
para acceder a una asignación de retiro.

Como se ha visto, en el caso del demandante, si bien no se discute que sirvió
con lealtad y compromiso en las fuerzas militares, no es factible afirmar que
por sus calificaciones se tratara de un servidor excepcional, habida cuenta de
que durante su recorrido laboral sí tuvo anotaciones negativas de importancia.

Agregase a lo anotado que, en todo caso, no existe ninguna prueba
demostrativa de que el retiro del actor haya sido por propósitos desviados,
arbitrarios o fraudulentos, pues lo único que se puede concluir en su caso es
que por el tiempo de permanencia en la institución, que superaba los 25 años,
y la imposibilidad de ascenderlo a un grado superior, era pertinente su retiro
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-02962-00
Actor: Hiznardo Alberto Bravo Zambrano
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

del servicio, dadas las necesidades de rotación de personal en los cupos
disponibles en cada arma y de renovación institucional.

Por lo expuesto, dado que el accionante no acreditó una finalidad contraria a
la Constitución y la ley de la facultad discrecional para no recomendar su
ascenso y, posteriormente, retirarlo del servicio por llamamiento a calificar
servicios, la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados
continúa incólume.

Visto lo anterior, es claro que la presente solicitud de amparo deviene en
improcedente, justamente porque busca revivir la discusión del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, la cual fue analizada y decidida razonablemente en
las providencias hoy cuestionada, siendo que en la última se concluyó que las
decisiones de no recomendar su ascenso y de retirarlo del servicio activo, son
discrecionales sin que se haya evidenciado arbitrariedad o ilegalidad en ellas, pues,
contrario a lo expuesto por el accionante, se sustentaron en las anotaciones
negativas que obraban en su contra que afectaron su puntaje, así como en las
recomendaciones del comité, circunstancias que influyeron en las razones de
conveniencia que tuvo en cuenta la entidad para no mantenerlo en servicio.

A juicio de la Sala, esos argumentos son razonables y no merecen reproche alguno
desde el punto de vista constitucional, el hecho de que la parte actora no los
comparta, no habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue
decidido razonablemente por la Sección Segunda, Subsección C, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la Sección Segunda, Subsección B, de esta
Corporación.

La Sala reitera que la tutela no puede convertirse en el único y el preferido medio de
la parte que pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a sus intereses, menos
aún cuando la providencia que se cuestiona ha sido proferida por un órgano de
cierre, caso en el cual, se reitera, la propia Corte Constitucional ha venido
sosteniendo que para la prosperidad de la tutela es necesario que la decisión
contenga una anomalía de tal entidad que riña abiertamente con la Constitución y la
jurisprudencia que esa Corporación ha trazado al definir el alcance y límite de

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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-02962-00
Actor: Hiznardo Alberto Bravo Zambrano
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

derechos fundamentales, circunstancias que, vale decir, en este caso no se
presentan.

Las diferencias con el juez, respecto de la forma en que decide el conflicto jurídico,
son cuestiones propias del proceso ordinario, que es el escenario ideal para
zanjarlas. Pretender que la acción de tutela se convierta en la instancia adicional de
todos los procesos judiciales no solo le resta vigor a la acción, sino que termina por
desconocer los principios de autonomía judicial y del juez natural5.

La Sala precisa que la tutela sigue siendo un mecanismo subsidiario y excepcional
y, por ende, no puede convertirse en el único y preferido medio de la parte que
pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a sus intereses. El ejercicio
hermenéutico que realiza el juez natural en la decisión judicial forma parte de su
autonomía e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela
cuando no observa la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales
que haga necesaria su intervención.

En suma, se concluye que lo que existe en el presente caso es una discrepancia de
criterio de la parte actora con la providencia demandada, diferencia que, en sentir de
la Sala, no constituye razón suficiente ni valedera para que el juez de tutela
intervenga.

Así las cosas, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo presentada por
el señor Hiznardo Alberto Bravo Zambrano, por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

5Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 4 de
mayo de 2017, expediente 2016-03419-00, M.P. (e) Stella Jeannette Carvajal Basto.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-02962-00
Actor: Hiznardo Alberto Bravo Zambrano
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

FALLA:

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela ejercida por el señor
Hiznardo Alberto Bravo Zambrano, por lo razonado en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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