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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02962-01

Fecha
29 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02962-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 1.° de julio de 2022 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 23 Núm. único de radicación: 110010315000202202962-01 Actor: Hiznardo Alberto Bravo Zambrano

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-02962-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

29 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202202962-01
Actor: Hiznardo Alberto Bravo Zambrano
Demandados: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del
requisito de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) acceso a la
administración de justicia e iii) igualdad

Derecho Fundamental Amparado: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de
tutela de 1.° de julio de 2022 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de
amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202202962-01
Actor: Hiznardo Alberto Bravo Zambrano

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y Subsección C de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su
juicio, el Consejo de Estado al proferir la sentencia de 11 de noviembre de 2021, y
el Tribunal al proferir la sentencia de 24 de octubre de 2018, dentro del proceso
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 250002342000201602813-01, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad de i) el Decreto núm. 2317 de
27 de noviembre de 2015, por medio del cual ascendieron unos militares sin ser
incluido y ii) la Resolución núm. 368 de 20 de enero de 2016, que dispuso su
retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios. Precisó que, a título de
restablecimiento del derecho, solicitó se ordenara a la demandada a i)
reintegrarlo al servicio activo de las fuerzas militares, sin solución de continuidad;
ii) ascenderlo al grado de coronel, en forma inmediata, con el reintegro al servicio
activo y retroactivamente a diciembre de 2015 (mes en el que ascendieron a sus
compañeros), con observancia de la antigüedad y el orden de escalafón; iii)
pagarle los salarios y prestaciones dejados de devengar por efecto de su no
ascenso y retiro, debidamente indexados y con la advertencia de que son
compatibles con su asignación de retiro; iv) repararle el daño causado según lo
previsto en el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo; y v) sufragarle las costas.

3

Núm. único de radicación: 110010315000202202962-01
Actor: Hiznardo Alberto Bravo Zambrano

4. Expuso que, la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 24 de octubre de 2018,
resolvió negar las pretensiones de la demanda, al considerar que “[…] en la
presente demanda no se configuran las causales de nulidad invocadas por la
parte actora, al no haberse probado en forma alguna, el interés dañino o
caprichoso de los órganos competentes, al no recomendar al señor Bravo
Zambrano al curso de ascenso como Coronel, ni el desmejoramiento en la
prestación del mismo con su retiro de la institución por llamamiento a calificar
servicios, aunado al hecho de que no se logró acreditar la relación directa entre
dicho concepto negativo y la desvinculación del cargo […]”.

Sentencia proferida el 11 de noviembre de 2021 de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 250002342000201602813-01

5. La Subsección B de la Sección Segunda Consejo de Estado, mediante
sentencia de 11 de noviembre de 2021, decidió:

“[…] 1º. Confírmase (sic) la sentencia de 24 de octubre de 2018 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección C de la sección segunda),
que negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el señor
Hiznardo Alberto Bravo Zambrano contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que el demandante (i)
prestó sus servicios como oficial del Ejército Nacional durante más de 25 años y su
último grado fue el de teniente coronel; (ii) en acta de 7 de octubre de 2015, la junta
asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las fuerzas militares no
recomendó su ascenso a coronel; y (iii) con Resolución 368 de 20 de enero de
2016, el Ministro de Defensa Nacional lo retiró por llamamiento a calificar servicios.

En lo atañedero a la no recomendación del actor para el ascenso al grado de
coronel, aduce que la decisión fue arbitraria por cuanto se sustentó en cuatro
conceptos negativos y una suspensión (consecuencia de un proceso penal, en el
que se decretó su absolución). Al respecto, estima la Sala que,
independientemente de las circunstancias que hayan rodeado el mencionado
proceso penal, es innegable que el desempeño laboral del actor no fue intachable,
pues, como se ha visto, existieron anotaciones negativas que en forma
incuestionable afectaban su puntaje e influían en las razones de conveniencia de
su recomendación.

4

Núm. único de radicación: 110010315000202202962-01
Actor: Hiznardo Alberto Bravo Zambrano

En tal sentido, es claro que el ejercicio de la facultad discrecional para seleccionar
los candidatos a ascenso, conlleva que los miembros de las fuerzas militares,
amén del mérito, la aptitud y las buenas calidades personales, obtengan a lo largo
de su carrera la plena confianza de sus superiores y del Gobierno nacional, cuanto
más si en el grado de coronel confluyen mayor nivel de mando, responsabilidad
superior y unas condiciones de autoridad y decisión que demandan excelencia de
los elegidos para tal dignidad, esto en aras del interés general y la garantía del
constante mejoramiento del servicio.

De igual modo, la facultad discrecional implica que no es obligatorio ascender a
todos los miembros de las fuerzas militares que satisfagan los requisitos de
promoción, pues ello haría imposible la materialización de la estructura piramidal y
esa discrecionalidad que otorgó el legislador mutaría a una simple obligación de
protocolo, carente de toda oportunidad de selección de los mejores miembros de
cada fuerza.

De lo expuesto, se advierte que es la parte demandante la que debe acreditar de
manera inequívoca que el servicio efectivamente desmejora, como consecuencia
de su no recomendación para ascenso, se configura incoherencia frente a los
hechos que le sirven de causa a la decisión y que la junta asesora del Ministerio de
Defensa Nacional no se fundamenta en un estudio objetivo de su trayectoria, es
decir, que se aparta de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, lo cual
no se demostró en este caso.

Por otra parte, de cara al retiro del servicio del demandante, por llamamiento a
calificar servicios, como se dejó anotado en el acápite precedente, los artículos 99
y 103 del Decreto 1790 de 2000 facultan a la Administración para retirar por
llamamiento a calificar servicios a aquellos oficiales que tengan las condiciones
para hacerse acreedores a la asignación de retiro, previo concepto de la junta
asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las fuerzas militares; potestad que
comporta carácter discrecional y, por ende, no es viable la motivación expresa del
respectivo acto administrativo, como tampoco la posibilidad de darle a conocer al
interesado los fundamentos o soportes de la recomendación de la aludida junta,
puesto que constituye una herramienta indispensable para la renovación de los
cuadros de mando de la fuerza pública, precedida por razones de conveniencia
institucional.

Por lo tanto, en principio, el Decreto 368 de 20 de enero de 2016, por medio del
cual se dispuso el retiro del actor por llamamiento a calificar servicios, satisface los
presupuestos contenidos en el Decreto 1790 de 2000, toda vez que él contaba con
más de 25 años de servicios en el Ejército Nacional, por lo que conforme al artículo
1º. del Decreto 991 de 2015, tenía derecho a la asignación de retiro, una vez
colmara los tres meses de alta [...]”.

[…]

“[…] Asimismo, el mencionado Decreto 368 de 2016 tuvo como fundamento el
concepto de la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional, plasmado en acta
12 de 26 de noviembre de 2015, en el que se determinó recomendar la
desvinculación del accionante por llamamiento a calificar servicios, en los términos
de los artículos 99 y 103 del Decreto 1790 de 2000 […] Agrégase a lo anotado que,
en todo caso, no existe ninguna prueba demostrativa de que el retiro del actor haya
sido por propósitos desviados, arbitrarios o fraudulentos, pues lo único que se
puede concluir en su caso es que por el tiempo de permanencia en la institución,
que superaba los 25 años, y la imposibilidad de ascenderlo a un grado superior,
era pertinente su retiro del servicio, dadas las necesidades de rotación de personal
en los cupos disponibles en cada arma y de renovación institucional […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202202962-01
Actor: Hiznardo Alberto Bravo Zambrano

La solicitud de tutela

Pretensiones

8. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Se conceda el amparo de tutela solicitado a los derechos fundamentales de
mi mandante violados por la actuación judicial denunciada.

2. Se anule la actuación judicial de Primera y Segunda Instancia sentencias del 24
de octubre de 2018 y de Segunda Instancia del 11 de noviembre de 2021,
respectivamente, aquí demandadas Constitucionalmente.

3. Dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a (sic) proferido el fallo de
tutela, se profiera el fallo de reemplazo apegado a la Ley y a la prueba.

4. Se hagan las demás declaraciones a que haya lugar sobre cualquier tipo de
derecho fundamental que se estime vulnerado o amenazado […]”.

9. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló lo siguiente:

“[…] Como ya se anticipó, las decisiones judiciales sometidas a control
Constitucional por vía de tutela, incurren en evidentes defectos fácticos en tanto que
desatienden y contraría la (sic) pruebas obrantes en el expediente […]”.

[…]

[…]

“[…] Pues bien, lo que se probó en el expediente fue que BRAVO ZAMBRANO fue
clasificado en Lista No. 2 “MUY BUENO” para ascenso, es decir que tenía un
mérito superior para ser ascendido el cual NO fue considerado, los resultados de
sus Evaluaciones y Clasificaciones NO fueron contempladas y, por esa vía se
demostró que el mejoramiento del servicio NO fue considerado para tomar las
decisiones administrativas involucradas.

5. La decisión de NO ascenso solo se basó en la inconstitucional
recomendación del Comité de Evaluación sin considerar el mejoramiento del
servicio […]”.

[…]

“[…] El fin del mejoramiento del servicio estuvo AUSENTE de cualquier
consideración en las decisiones de NO ascenso y de retiro que fueron demandas
[…]”.

[…]

“[…] Defecto fáctico por ignorar, demeritando, el buen desempeño del Oficial
como factor para determinar la proporcionalidad y razonabilidad de la
decisión no escogencia para ascenso al grado de Coronel y posterior retiro
del servicio activo […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202202962-01
Actor: Hiznardo Alberto Bravo Zambrano

[…]

“[…] Defecto sustantivo por afirmar que para hacer efectiva la facultad de retiro del
servicio activo “Por llamamiento a calificar servicios” solo es necesario el
cumplimiento de los requisitos objetivos de la existencia de la recomendación
de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional y tener derecho a una
asignación de retiro […]”.

[…]

“[…] Lo anterior por cuanto, como ya se anticipó, la relación entre el
mejoramiento del servicio y la Hoja de Vida del Militar, a efectos de
determinar su ascenso y permanencia en servicio activo es incuestionable, y
lo sucedido en nuestro caso es que la Hoja de vida y las Evaluaciones y
Clasificaciones legalmente efectuadas a BRAVO ZAMBRANO, el mérito, NO fueron
tenidas en cuenta objetivamente para su retiro del servicio activo, por lo que la
finalidad del mejoramiento del servicio fue completamente ajena al ejercido de esa
facultad discrecional que, así se tornó en irrazonable y desproporcionada
ignorando las previsiones del artículo 44 del C. de P.A. y C.A. […] y los Decretos
Leyes 1790 y 1799 de 2000 […]”. (Resaltado por la Sala)

Actuación

10. El Despacho Sustanciador de la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante auto de 2 de junio de 2022; i) admitió la acción de
tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y de la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y iii) vinculó al Ministro de Defensa
Nacional y al Comandante del Ejército Nacional, en calidad de terceros con
interés legítimo, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran
informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

11. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado rindió
informe en los siguientes términos:

“[…] El suscrito consejero de Estado, titular del despacho al que correspondió la
ponencia del fallo dictado en segunda instancia dentro del expediente 25000- 23-42-
000-2016-02813-01 (1135-2019), en la oportunidad indicada en el proveído
admisorio de 2 de junio de 2022, recibido el 7 siguiente, se pronuncia respecto de la
acción de tutela de la referencia, en el sentido de que en lo concerniente a los
hechos sobre los cuales se fundamenta me atengo a lo que se demuestre durante el
trámite, y en cuanto dice relación con los motivos de inconformidad con la
providencia de 11 de noviembre de 2021 proferida dentro del referido asunto, somos

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Núm. único de radicación: 110010315000202202962-01
Actor: Hiznardo Alberto Bravo Zambrano

del criterio que las razones que le sirvieron de fundamento están consignadas en
sus motivaciones, las que deben dar suficientemente cuenta de aquellas […]”.
12. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca rindió informe en los siguientes términos:

“[…] Con todo respeto, me permito manifestar que, en la sentencia proferida por la
Sala, el veinticuatro (24) de octubre de dos mil dieciocho (2018), se encuentran
consignados los argumentos que llevaron a tomar la decisión, de acuerdo con los
supuestos facticos (sic) y jurídicos del caso, y en aplicación de la jurisprudencia
vigente, y la posición respectiva de la Sala en estos asuntos de retiro del servicio y/o
concepto negativo de ascenso […]”.

13. El Ministerio de Defensa Nacional solicitó negar la acción de tutela, al
considerar que:

“[…] la Corte Constitucional en Sentencia SU – 091 /16 precisó que la modalidad
especial de retiro por LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS, “ (…) obedece a
la estructura piramidal de dichas carreras que no admite el ascenso al grado
superior de todos los que se ubican en el grado inmediatamente anterior y la
misma permite la renovación del personal uniformado, atendiendo razones de
conveniencia institucional y necesidades del servicio, no sujetas exclusivamente a
las condiciones personales o profesionales del funcionario. (…)”

Así que afirmar que se violó el PRINCIPIO DE IGUALDAD, por haber sido retirado
del servicio activo, con derecho a pensión, en ejercicio de una potestad legal y
constitucional, resulta infundado a todas luces […]”.

[…]

“[…] En el presente caso la parte accionante pretende reabrir el debate fáctico y
jurídico, porque no está de acuerdo con lo decidido por el juez natural de la causa,
pero no por ello la acción de tutela está llamada a prosperar, pues ésta no es una
instancia adicional donde puedan ventilarse asuntos que ya fueron definidos por los
falladores del asunto o que estos no tuvieron oportunidad de analizar.

Por lo expuesto consideramos que la presente acción de tutela no cumple con el
requisito de la relevancia constitucional, porque el objeto de la demanda es reabrir
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en sus aspectos probatorios y
jurídicos, lo que desdibuja las finalidades de esta acción constitucional […]”.

14. El Ejército Nacional guardó silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

15. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió
sentencia, en primera instancia, el 1.° de julio de 2022, por medio de la cual resolvió
lo siguiente:

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Núm. único de radicación: 110010315000202202962-01
Actor: Hiznardo Alberto Bravo Zambrano

“[…] PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela ejercida por el señor
Hiznardo Alberto Bravo Zambrano, por lo razonado en la parte motiva de esta
providencia […]”.

15.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Para la Sala, la solicitud de amparo no cumple el requisito de relevancia
constitucional porque se pretende convertir la acción de tutela en un escenario de
tercera instancia o de debate adicional frente a los razonamientos de los jueces
naturales en sede de instancia.

En efecto, la parte actora alegó, en síntesis, que los despachos accionados
incurrieron en defecto fáctico y sustantivo, por indebida valoración probatoria, pues,
a su juicio, era claro que las decisiones de la entidad entonces demandada para no
ascenderlo y, posteriormente, retirarlo, escapaban al mejoramiento del servicio,
dado que no se tuvo en cuenta su buen desempeño profesional. Por tanto, en su
criterio, los actos administrativos contentivos de dichas decisiones resultaban
ilegales y estaban viciados por falsa motivación y desviación de poder.

Sería del caso analizar si se configuran los defectos mencionados, sin embargo, la
Sala advierte que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional,
puesto que se está ejerciendo la tutela para convertirla en una instancia adicional
del proceso ordinario.

Así, de la simple comparación entre las razones esgrimidas en el recurso de
apelación interpuesto en contra del fallo del 24 de octubre de 2018, dictado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, y los
propuestos en la solicitud de tutela, se evidencia que los defectos en que
supuestamente incurrió la parte demandada fueron invocados para continuar con el
debate jurídico que ya fue decidido en el proceso ordinario- […]”.

[…]

“[…] Los anteriores argumentos, fueron resueltos por la Sección Segunda,
Subsección B, del Consejo de Estado, en providencia del 18 de noviembre de 2021
[…]”.

La impugnación

16. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado por las siguientes razones:

“[…] El asunto que concita nuestra atención en sede de tutela reviste una evidente
relevancia Constitucional, en efecto, la grosera violación al ordenamiento jurídico
cometida en las Sentencias de Primera y Segunda Instancia cuyo control de
Constitucionalidad se pretende en sede de tutela, no solo vulnera derechos
fundamentales del accionante, sino que destruye el ordenamiento Constitucional
que enmarca el ejercicio profesional del Juez en el Imperio de la Ley el cual se
muestra completamente desatendido en las decisiones judiciales demandadas
Constitucionalmente.

En este punto, y teniendo presente que, contrario a lo especulativamente concluido
en las sentencias de Primera y Segunda Instancia sometidas a control

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Núm. único de radicación: 110010315000202202962-01
Actor: Hiznardo Alberto Bravo Zambrano

Constitucional, los cargos formulados en contra del acto administrativo demandado
se encuentran plenamente demostrados, las decisiones judiciales demandadas en
tutela debe ser anuladas para dar paso a la realización material de la
administración de justicia reclamada en la que ha de considerarse con firmeza que
la discrecionalidad no es arbitrariedad ni abuso de poder dado que el ascenso y el
retiro del servicio activo de los profesionales militares por la causal “Por
llamamiento a calificar servicios”, se han venido convirtiendo en expresión de
presuntos actos de corrupción al permitir la arbitrariedad y el capricho en esas
decisiones dado el amplio margen de discrecionalidad que la Judicatura arropa
sobre el tema, más que nunca a raíz de la Sentencia SU-091 de 2016 de la Corte
Constitucional que ha sido mal interpretada y completamente tergiversada al punto
de considerar que esa facultad por esa causal opera solo bajo la existencia de los
requisitos objetivos y que para NADA se ha de estudiar el objetivo del
mejoramiento del servicio […] por lo que los Jueces de la República están llamados
a estudiar de fondo este tipo de demandas y decidir con arreglo a la Ley y la
prueba ajustando las decisiones administrativas a las previsiones del artículo 44 del
C. de P.A. y C.A. y evitando patrocinar el ejercicio ilegal de estas facultades como
se resaltó en ésta acción […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, son evidentes los errores de derecho y de hecho contenidos en
la decisión judicial de tutela recurrida por lo que la misma ha de ser revocada a
efectos de que la acción de tutela impetrada sea considerada y decidida
sustancialmente para que cumpla su cometido Constitucional protegiendo los
derechos fundamentales de mi cliente, grosera y gravemente lesionados, y
regresando el estado de cosas inconstitucional al Orden Constitucional […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

17. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de
conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de
19911, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86
de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm.
333 de 6 de abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre
de 20183 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 4, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
2
“Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
3
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
4
Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Actor: Hiznardo Alberto Bravo Zambrano

Generalidades de la acción de tutela

18. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por
las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente
indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

19. Corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió
con el requisito de la relevancia constitucional.

20. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige
contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia; v) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; procediendo
posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

21. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena5, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que
debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en
presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las
profiera - que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra.
María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

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efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en
el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

22. Esta Sección adoptó6 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 20057, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

23. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

24. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”8 que encaje en dichos parámetros.

25. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
7
Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
8
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

12

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Actor: Hiznardo Alberto Bravo Zambrano

proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

26. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela en el caso concreto

27. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito de
la relevancia constitucional.

Acerca del requisito de la relevancia constitucional

28. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5
de agosto de 201410, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo
lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que
interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [ 11]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [12].

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
10
Ut supra página 6.
[11]
“Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[12]
“Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

13

Núm. único de radicación: 110010315000202202962-01
Actor: Hiznardo Alberto Bravo Zambrano

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos
fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la
conjunción de dos elementos necesarios [13].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [14].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse
en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción
de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la
tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente
relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera
legalidad [15]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia
constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha
sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación
razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la
Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos
ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia
Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que
es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [16].

[13]
“Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[14]
“En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50
(“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón
de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la
interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del
contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC),
respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias
judiciales.”
[15]
“Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[16]
“Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”

14

Núm. único de radicación: 110010315000202202962-01
Actor: Hiznardo Alberto Bravo Zambrano

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio
de la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [17]; el derecho
a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el
derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso
penal; el principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de
legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la
prohibición de juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de
manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de
prosperidad de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de
las altas Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia
SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado por la Sala).

29. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado18:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”19

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto

[17]
“Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
18
Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
19
Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

15

Núm. único de radicación: 110010315000202202962-01
Actor: Hiznardo Alberto Bravo Zambrano

con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad
social) y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago
oportuno y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la
conclusión de que el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de
postulados constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”20

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime
teniendo en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

30. En ese orden de ideas, el requisito de la relevancia constitucional se acredita
cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se involucra la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales y ii) cuando el actor en su
escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa mínima de
establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial demandada
incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la afectación de
los derechos fundamentales.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso

31. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

32. Atendiendo a que, la Corte Constitucional21 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una

20
Ibidem.
21
Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

16

Núm. único de radicación: 110010315000202202962-01
Actor: Hiznardo Alberto Bravo Zambrano

actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos […]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

33. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”

34. Atendiendo a que, la Corte Constitucional22 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

22
Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

17

Núm. único de radicación: 110010315000202202962-01
Actor: Hiznardo Alberto Bravo Zambrano

35. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

36. Atendiendo a que la Corte Constitucional23 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Análisis del caso en concreto

37. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

38. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
23
Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

18

Núm. único de radicación: 110010315000202202962-01
Actor: Hiznardo Alberto Bravo Zambrano

decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

39. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

39.1. Copia en medio digital del expediente del proceso del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 250002342000201602813-01.

Solución del caso concreto

40. Analizado el material probatorio obrante en el expediente, la Sala considera
que, frente al defecto fáctico por indebida valoración de unas pruebas, el presente
asunto no se encuentra comprendido dentro de aquellos que la jurisprudencia
constitucional ha identificado como de clara relevancia constitucional, toda vez
que, tanto en la i) solicitud de la acción de tutela, como en el ii) respectivo recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el 24 de octubre de 2018, el actor reiteró los argumentos jurídicos,
utilizando el amparo como una tercera instancia. En ese orden de ideas, se
evidencia que el actor plantea una afectación de derechos fundamentales que
tiene su origen en últimas en un debate estrictamente normativo, el cual ya fue
expuesto dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y fue
decidido por el juez natural de la causa, tal como se observa en la siguiente tabla:

ACCIÓN DE TUTELA RECURSO DE APELACIÓN
“[…] Como ya se anticipó, las decisiones “[…] Como se probará, la sentencia recurrida
judiciales sometidas a control Constitucional contiene evidentes errores de hecho y de
por vía de tutela, incurren en evidentes derecho, que incluyen la ausencia de
defectos fácticos en tanto que desatienden y consideración probatoria y de argumentos
contraría la (sic) pruebas obrantes en el de derecho plasmados en la demanda […]”.
expediente […]”.
[…]
[…]
“[…] Al respecto se probó que, tanto para el
[…] no ascenso, como para el retiro del Oficial

19

Núm. único de radicación: 110010315000202202962-01
Actor: Hiznardo Alberto Bravo Zambrano

BRAVO ZAMBRANO, el motivo esencial
“[…] Pues bien, lo que se probó en el fueron las recomendaciones de un Comité
expediente fue que BRAVO ZAMBRANO fue de Evaluación que eran completamente
clasificado en Lista No. 2 “MUY BUENO” ilegales […]”.
para ascenso, es decir que tenía un mérito
superior para ser ascendido el cual NO fue […]
considerado, los resultados de sus
Evaluaciones y Clasificaciones NO fueron “[…] En efecto, la Clasificación para
contempladas y, por esa vía se demostró ascenso de mi mandante en Lista No. 2
que el mejoramiento del servicio NO fue “MUY BUENO”, así como sus Evaluaciones
considerado para tomar las decisiones y Clasificaciones durante el grado, fueron
administrativas involucradas. completamente desatendidas por el Comité
de Evaluación quien se apegó a una
5. La decisión de NO ascenso solo se basó Evaluación ilegal como se ha demostrado.
en la inconstitucional recomendación del
Comité de Evaluación sin considerar el Ese sistema de Evaluación ilegalmente
mejoramiento del servicio […]”. creado y sus resultados, se repite, no
respetaron la clasificación para ascenso
[…] otorgada a BRAVO ZAMBRANO en tanto que
habiendo sido clasificado para ascenso al
“[…] El fin del mejoramiento del servicio grado de Coronel en Lista No. 2 (Folios 253
estuvo AUSENTE de cualquier consideración a 355 del c.o.1), se omitió otorgar la prelación
en las decisiones de NO ascenso y de retiro que la misma le daba frente a sus demás
que fueron demandas […]”. compañeros de curso según los artículos 49 y
51 del Decreto 1790 de 2000 concordantes
[…] el artículo 23 del Decreto Reglamentario 1495
de 2002 e igualmente con los artículos 64 y
“[…] Defecto fáctico por ignorar, demeritando, 65 del Decreto Ley 1799 de 2000.
el buen desempeño del Oficial como
factor para determinar la proporcionalidad Sin discusión alguna, por efecto de su propio
y razonabilidad de la decisión no contenido, es claro que el motivo esencial del
escogencia para ascenso al grado de no ascenso y posterior retiro de mi
Coronel y posterior retiro del servicio poderdante fue la ilícita recomendación,
activo […]”. concepto o Evaluación del Comité de
Evaluación señalado […]”.
[…]
[…]
“[…] Defecto sustantivo por afirmar que para
hacer efectiva la facultad de retiro del servicio “[…] Como parte de ese perfil profesional
activo “Por llamamiento a calificar servicios” requerido para el grado de Coronel, en el
solo es necesario el cumplimiento de los grado de Teniente Coronel mi mandante
requisitos objetivos de la existencia de la demostró su gran capacidad operacional y
recomendación de la Junta Asesora del administrativa, recibiendo muchas
Ministerio de Defensa Nacional y tener felicitaciones, anotaciones de mérito y
derecho a una asignación de retiro […]”. conceptos positivos en esos campos como
se decanta en su Folio de Vida Anexo No.

5
[…] de la demanda, y se concreta en el resultado
de sus Evaluaciones anuales allí
“[…] Lo anterior por cuanto, como ya se contempladas […]”.
anticipó, la relación entre el mejoramiento
del servicio y la Hoja de Vida del Militar, a […]
efectos de determinar su ascenso y
permanencia en servicio activo es “[…] Tampoco resulta legal y cierto afirmar
incuestionable, y lo sucedido en nuestro una supuesta facultad discrecional
caso es que la Hoja de vida y las irrestricta de retiro por la causal “Por
Evaluaciones y Clasificaciones legalmente llamamiento a Calificar Servicios” con el
efectuadas a BRAVO ZAMBRANO, el mérito, solo requisito de que el afectado tenga el
NO fueron tenidas en cuenta objetivamente tiempo de servicio para efectos de adquirir
para su retiro del servicio activo, por lo que la su asignación de retiro, ello desconoce la
finalidad del mejoramiento del servicio fue finalidad misma de los actos administrativos
completamente ajena al ejercido de esa que no es otra que el mejoramiento del
facultad discrecional que, así se tornó en servicio y los lineamientos que para
irrazonable y desproporcionada ignorando las garantizar ese cometido ha dispuesto la Ley
previsiones del artículo 44 del C. de P.A. y en el artículo 44 del C.P.A. y C.A. en cuanto

20

Núm. único de radicación: 110010315000202202962-01
Actor: Hiznardo Alberto Bravo Zambrano

C.A. […] y los Decretos Leyes 1790 y 1799 a razonabilidad y proporcionalidad […]”.
de 2000 […]”. (Resaltado por la Sala) (Resaltado por la Sala)

41. En ese orden de ideas, para la Sala en el caso sub examine, no se acredita
el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, toda vez que, como ya
se indicó, el actor tanto en su escrito de tutela, como en su recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por la Subsección C
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 24 de
octubre de 2018, reiteró los argumentos jurídicos, utilizando el amparo como una
tercera instancia, esto es, que en el caso concreto se le vulneraron sus derechos
fundamentales como consecuencia de que i) para el no ascenso y el retiro del
servicio solo se tuvo en cuenta las recomendaciones de un Comité de Evaluación
que, a su juicio, es ilegal; ii) se desconocieron sus evaluaciones y su clasificación
de “[…] MUY BUENO […]”; iii) se omitió su buen desempeño en la institución y la
finalidad de mejoramiento del servicio como factores para determinar su ascenso y
su retiro del servicio; iv) se desconoció que para efectos del retiro del servicio no
solo se debía tener en cuenta los requisitos objetivos de la existencia de la
recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional y tener
derecho a la asignación de retiro, sino que era necesario considerar el buen
desempeño; y v) se desconoció el artículo 44 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Decreto 1790 de 14 de
septiembre de 200024 y el Decreto 1799 de 14 de septiembre de 200025.

42. Al respecto, la Sala debe hacer énfasis, que dichos argumentos jurídicos se
tuvieron en cuenta en la respectiva providencia proferida por la Subsección B de la
Sección Segunda Consejo de Estado, el 11 de noviembre de 2021, por lo que la
acción de tutela no puede convertirse en una tercera instancia para reabrir
controversias jurídicas que fueron debidamente estudiadas y debatidas al interior
del proceso ordinario.

43. Como quedó expuesto, el actor plantea una afectación de los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad que tiene su origen en últimas en un debate estrictamente normativo, lo

24
“por el cual se modifica el Decreto que regula las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales
de las Fuerzas Militares”.
25
“por el cual se dictan las normas sobre evaluación y clasificación para el personal de Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares y se establecen otras disposiciones”.

21

Núm. único de radicación: 110010315000202202962-01
Actor: Hiznardo Alberto Bravo Zambrano

cual ya fue expuesto dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde al juez
constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría
desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el
mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional. Al respecto, la
Corte Constitucional26 ha señalado:

“[…] Tampoco entrará la Sala, pues no es la vía de protección ius fundamental más
respetuosa de los principios de independencia y autonomía judicial de la que hoy
dispone, a determinar cuál de las tesis jurisprudenciales esgrimidas es la que más
se ajusta a la Constitución y los derechos fundamentales.

Y no lo hará porque esa tarea corresponde, en primerísima medida, como ya fue
expresado líneas arriba, al juez civil ordinario, en este caso, a la Sala de Familia del
Tribunal Superior de Bogotá. Es esa autoridad la que está llamada a analizar los
aspectos de relevancia constitucional que se aprecian en el debate puesto sobre la
mesa y, si es del caso, aplicar directamente la Constitución. Y es, por supuesto, en
armonía con esa misma condición, que debe decidir el litigio promovido por la
representación judicial de la señora Mariela Caballero […]”.

44. En ese orden de ideas, como esta Sección lo ha considerado en otras
oportunidades27, “[…] la Sala encuentra que los argumentos en los cuales
fundamentó la acción de tutela el actor, no permiten abordar un estudio
constitucional del mismo, máxime si se tiene en cuenta que los mismos ya habían
sido puestos en consideración del Juzgado y del Tribunal dentro del proceso de
reparación directa cuestionado, por lo que claramente lo pretendido con esta
acción constitucional, es reabrir un debate que ya se surtió por el juez natural del
asunto […] Significa lo precedente que el actor tenía el deber de sustentar desde
la órbita constitucional los motivos por los cuales estimó que sus derechos
fundamentales fueron transgredidos con ocasión de la providencia cuestionada,
pues no resulta admisible que haga uso de esta acción por el simple hecho de
que las decisiones judiciales fueron adversas a sus intereses, pretendiendo que
en sede de tutela se estudien las razones y fundamentos conforme a los cuales
sustentó el recurso de apelación que interpuso en el trámite del proceso ordinario
[…]”.

26
Corte Constitucional, Sentencia T-269 de 11 de julio 2018, M.P Carlos Bernal Pulido.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de
noviembre de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-07057-00, C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón.

22

Núm. único de radicación: 110010315000202202962-01
Actor: Hiznardo Alberto Bravo Zambrano

45. Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala considera que en el
presente caso no se cumplió con el requisito de la relevancia de la acción de
tutela.

Conclusiones de la Sala

46. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de
1.° de julio de 2022 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de
amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 1.° de julio de 2022 proferida
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de
la cual declaró improcedente la solicitud de amparo, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley
núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

23

Núm. único de radicación: 110010315000202202962-01
Actor: Hiznardo Alberto Bravo Zambrano

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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