Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02986-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02986-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02986-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
14 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02986-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-.
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE SOLICITUD DE AMPARO POR
INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INMEDIATEZ Y
SUBSIDIARIEDAD.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra
la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1 y la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO2.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
1 En adelante el Tribunal
2 En adelante la Sección Segunda
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02986-00
Actora: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGGP-.
La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP3, actuando a través de apoderado
judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y al principio de sostenibilidad financiera, los cuales, a su
juicio, le fueron vulnerados por el TRIBUNAL y la SECCIÓN
SEGUNDA al proferir las providencias de 20 de mayo de 2019 y 15
de julio de 2021, respectivamente, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 2015-00838-01.
I.2.- Hechos
Manifestó que a través de la Resolución núm. 19805 de 3 de octubre
de 2003, CAJANAL - EICE le reconoció una pensión de vejez al señor
ISAURO CRUZ RICO, quien falleció el 18 de octubre de 2007.
Precisó que mediante Resolución núm. 13375 de 31 de marzo de
2008, se reconoció a la señora MARÍA NANCY NIEVES GONZÁLEZ
3 En adelante UGPP
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como compañera permanente del causante y, en consecuencia, se
ordenó el pago a su favor de la sustitución pensional en un porcentaje
del 100%, efectivo a partir del 19 de octubre de 2007, esto es, el día
siguiente del fallecimiento del señor CRUZ RICO.
Explicó que mediante Resolución núm. PAP 034791 de 27 de enero
de 2011, CAJANAL revocó de manera directa la Resolución núm.
13375 de 31 de marzo de 2008 y ordenó excluir de manera inmediata
de nómina de pensionados a la señora MARÍA NANCY NIEVES
GONZÁLEZ, toda vez que a través de un estudio realizado por la
CYZA OUTSOURCING el 28 de diciembre de 2010, se determinó
que nunca se comprobó efectivamente la convivencia de aquella con
el causante en los 5 años previos a su fallecimiento.
Expuso que el 25 de febrero de 2011, la interesada interpuso el
recurso de reposición en contra de la Resolución PAP034791 de 2011,
el cual fue resuelto mediante Resolución UGM 047036 de 18 de mayo
de 2012, la cual le fue notificada personalmente el 28 de mayo de
ese mismo año.
Sostuvo que el 20 de febrero de 2013, la señora NIEVES GONZÁLEZ
promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en su contra, la cual fue identificada
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con el número único de radicación 25000-23-42-000-2015-00838-
00 y atribuida para su trámite en primera instancia al TRIBUNAL
que, mediante sentencia de 20 de mayo de 2019, accedió a las
pretensiones de la demanda y le ordenó reconocer y pagar en favor
de la accionante la sustitución pensional en la misma cuantía que
venía devengando el causante.
Señaló que inconforme con lo anterior, promovió recurso de
apelación, el cual fue desatado por la SECCIÓN SEGUNDA que,
mediante sentencia de 15 de julio de 2021, confirmó lo resuelto por
el a quo.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Explicó que las autoridades judiciales accionadas desatendieron lo
previsto en el artículo 187 del CPACA, por cuanto, omitieron resolver
las excepciones propuestas dentro del proceso, lo cual, habría dado
lugar a que declararan la prescripción trienal sobre las mesadas
reconocidas a la señora MARÍA NANCY NIEVES GONZÁLEZ,
desconociendo así lo establecido en el artículo 41 del Decreto 3135
de 26 de diciembre de 19684 y en el artículo 102 de su Decreto
4 “Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado
y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.”
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Reglamentario 1848 de 4 de noviembre de 19695.
Señaló que las accionadas incurrieron en un abuso del derecho, en
vía de hecho y en los defectos sustantivo y procedimental absoluto
al omitir declarar la prescripción trienal de las mesadas pensionales
de la señora NIEVES GONZÁLEZ, por cuanto la resolución mediante
la cual fue excluida de la nómina fue expedida el 27 de enero de 2011
y aquella acudió a la jurisdicción contencioso administrativa el 2 de
febrero de 2015, por lo que las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al 2 de febrero de 2012, se encontraban prescritas.
Argumentó que la acción de tutela cumple con el requisito de la
subsidiaridad, porque contra la sentencia de 20 de mayo de 2019,
proferida por el TRIBUNAL en primera instancia, interpuso el
recurso de apelación respectivo.
Agregó que, en todo caso, si bien es procedente el recurso
extraordinario de revisión, este no evita la consumación de un
perjuicio irremediable, porque al no admitir medidas provisionales,
implica que debe darse el cumplimiento de la orden judicial.
5 “Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968”.
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Explicó que la generación del perjuicio irremediable deviene del
hecho de que “[…] el pago de las mesadas pensionales se debió
ordenar desde el 2 de febrero de 2012 más no desde el 1 de abril de
2011, en consecuencia, el fallo se encuentra sin atender y pendiente
de pago a favor la señora MARIA NANCY NIEVES GONZÁLEZ […]”.
Sostuvo que las providencias cuestionadas ocasionan un grave
perjuicio al erario, por cuanto el daño se ve configurado con la orden
de reconocer una prestación cuando la interesada no tiene derecho
a ello; es grave porque se vulneran los derechos no solo de la Unidad
sino de todas las personas que actualmente ostentan el derecho al
pago de la pensión, por lo cual la solicitud de protección es urgente
porque: “[…] entre el 1 de abril de 2011 y el 2 de febrero de 2012,
se está generando un retroactivo por la suma $27.164.088 m/cte
que no le corresponden a la interesada dada la prescripción que debe
aplicarse en este caso y que le genera un retroactivo ajustado a
derecho sólo a partir del 2 de febrero de 2012 en adelante. […]”.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:
“[…] PRINCIPALES
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Primero. AMPARAR los derechos fundamentales deprecados por
la UGPP, vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B y el
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
por el evidente detrimento del erario que se genera con el pago
del retroactivo correspondiente al periodo 1 de abril de 2011
hasta el 1 de febrero de 2012 por tratarse de mesadas
prescritas, a los cuales no se tiene derecho.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior:
a.- DEJAR sin efectos los fallos del 20 de mayo de 2019 y el 15
de julio de 2020, dictados por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
SEGUNDA SUBSECCIÓN B y del CONSEJO DE ESTADO SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA – SUBSECCIÓN A, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 25000234200020150083800,
en razón a la inaplicación del Decreto 3135 de 1968 articulo 41
y su Decreto Reglamentario 1848 de 1969 artículo 102; el
artículo 187 del CPACA y así mismo por desconocer el
precedente jurisprudencial relacionado con la prescripción de
mesadas pensionales.
b.- Se ORDENE al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A dictar nueva sentencia ajustada a derecho,
esto es, revocando la sentencia del 20 de mayo de 2019 dictada
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B, que ordenó el
reconocimiento de la pensión gracia post- mortem, sin aplicar la
prescripción de mesadas pensionales que en derecho
corresponden para en su lugar declarar la configuración de dicha
figura por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2011
hasta el 1 de febrero de 2012.
SUBSIDIARIAS
En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en
razón a no estar superado el requisito de subsidiariedad
solicitamos:
Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos
fundamentales deprecados por la UGPP y vulnerados por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B y el CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A.
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Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDAN de
manera transitoria los fallos del 20 de mayo de 2019 y el 15 de
julio de 2020 dictados en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 25000234200020150083800,
hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisión que
se iniciaría en virtud de su orden tutelar […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA solicitó declarar improcedente la
acción, por cuanto en la presente solicitud de amparo no se
encuentra satisfecho el requisito general de subsidiariedad.
Agregó que en el curso del proceso ordinario la hoy tutelante nunca
suscitó “[…] la discusión que ahora plantea y, en ese orden, la acción
de tutela no resulta procedente, pues este mecanismo, por su
carácter residual, exige que se hayan empleado todos los medios
previstos por el ordenamiento jurídico para salvaguardar los
derechos, cuya protección se reclama en esta sede […]”, por lo cual
la acción de tutela es improcedente para subsanar dichas omisiones.
Concluyó que: “[…] no es factible que el juez de tutela se pronuncie
sobre aspectos propios de un proceso frente a los cuales el juez
natural no ha tenido oportunidad de manifestarse, debido a que el
solicitante del amparo no ha puesto de presente la irregularidad que
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estima se presenta durante el trámite procesal […]”.
I.6.2.- El Tribunal solicitó declarar improcedente la solicitud de
amparo de la referencia, en razón a que incumple con el principio de
inmediatez previsto por la Corte Constitucional a efectos de efectuar
un estudio de fondo respecto de los presuntos defectos y vías de
hecho que alega la parte actora, en tanto que desde el 26 de
noviembre de 2021, tenían conocimiento de la decisión de segunda
instancia, fecha en la cual debieron percatarse de la presunta omisión
y elevar los mecanismos judiciales procedentes para que el Consejo
de Estado se pronunciara respecto a la prescripción o, en su defecto,
presentar el presente medio constitucional dentro de un tiempo
prudencial, más no seis meses después de su notificación.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- El abogado HERMINSO GUTIÉRREZ GUEVARA, apoderado
de la señora MARÍA NANCY NIEVES GONZÁLEZ en el proceso
ordinario origen de la controversia, solicitó declarar improcedente la
acción de tutela de la referencia, en razón a que, a su juicio, carece
de los requisitos de inmediatez y subsidiaridad.
Precisó que el término para la interposición de la solicitud de amparo
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debe contarse desde la fecha en que fue notificada la sentencia
proferida en segunda instancia y, además, tampoco puso de presente
dentro del proceso ordinario las inconformidades que está ventilando
en sede constitucional.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia
judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
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Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20126
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en presencia de
la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra.
María Elizabeth García González, número de único de radicación 2009-01328.
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tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes
a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
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comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
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fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto)
Análisis del caso concreto
En el presente caso, la actora pretende que se dejen sin efectos las
sentencias de 20 de mayo de 2019 y 15 de julio de 2021,
proferidas por el TRIBUNAL y la SECCIÓN SEGUNDA,
respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2015-00838-01.
A las citadas providencias la actora le atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
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administración de justicia y al principio de sostenibilidad financiera,
por cuanto, a su juicio, las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en defecto sustantivo y procedimental absoluto, ya que
le atribuyeron la obligación de asumir el pago de una sustitución
pensional, pese a que debía declararse que se había configurado la
prescripción trienal de la prestación.
En ese orden de ideas, la Sala precisa que si bien la actora cuestiona
las sentencias que fueron proferidas tanto en primera como en
segunda instancia en el proceso ordinario origen de la controversia,
lo cierto es que el análisis del presente asunto se centrará en la de
15 de julio de 2021, proferida por la SECCIÓN SEGUNDA, porque
fue esta la que puso fin al proceso cuestionado.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de
ser así, establecer si la SECCIÓN SEGUNDA vulneró los derechos
deprecados e incurrió en los defectos sustantivo y procedimental
absoluto, al haber proferido la sentencia de 15 de julio de 2021.
De acuerdo con lo anterior, la Sala entrará a examinar el
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
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acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, los
requisitos de inmediatez y subsidiariedad.
Frente al requisito de la inmediatez, cabe señalar que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido, de manera reiterada, que
la acción de tutela está instituida como un mecanismo ágil para
obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales
que se consideran vulnerados, y aunque no tenga previsto un
término de caducidad para su presentación, es necesario que se
invoque tal protección dentro de un plazo razonable y prudente, dado
que: “[…] de transcurrir un lapso injustificadamente largo, se desvirtúa la
urgencia de la protección y la gravedad de la afectación, por ende, no cabría
la procedencia del mecanismo […]”7.
Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,
para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el
momento en que ocurre la vulneración de los derechos y la
instauración de la tutela.
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción se
ejerce contra una providencia judicial, en razón a que exige un
7
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
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examen más riguroso en aras de preservar los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica, y de salvaguardar el interés de
terceros, cuya situación podría verse injustamente afectada por el
otorgamiento tardío de la protección constitucional. En este sentido,
la Corte Constitucional ha señalado que8:
“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.
En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, sostuvo9:
“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.
[…]
De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.
8
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014,op. cit.
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Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela, es más estricto cuando se
interpone contra providencias judiciales, por lo que, como
lo ha sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un
tiempo significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos,
resulta claramente desproporcionado el control constitucional de
una providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo.
[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.
[…]
[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).
En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición
de la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe
tener en cuenta los siguientes eventos:
(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso
fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor
para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de
un hecho nuevo e inesperado, entre otras10;
10
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
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(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado11;
(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión12;
(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales13;
(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad
manifiesta14.
Precisado lo anterior, en el caso sub examine la Sala advierte que la
decisión por la cual se predica la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados fue la proferida el 15 de julio de
2021, notificada electrónicamente el 26 de noviembre de 2021,
sin embargo, en aplicación del inciso tercero del artículo 8º del
Decreto 806 de 2020 y el numeral segundo del artículo 205 de la Ley
1437 de 2011, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021,
la Sala entenderá que la notificación de la providencia cuestionada
11
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
12
Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
13
Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
14
Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente: doctor
Humberto Antonio Sierra Porto.
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se surtió debidamente el 30 de noviembre de 2021.
Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la
referencia se presentó el 1o. de junio de 2022, esto es,
transcurridos 6 meses y 2 días, superados así los 6 meses que han
sido estimados por la jurisprudencia como término razonable para
impugnar por vía de tutela el contenido de una decisión judicial.
Frente a lo anterior, para la Sala es importante resaltar que la acción
de tutela contra providencias judiciales debe interponerse dentro de
los seis meses siguientes a la notificación de la providencia, para
efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de inmediatez. Así
lo explicó la Sala Plena de esta Corporación, en Sentencia de
Unificación de 5 de agosto de 2014, que al referirse sobre el
particular precisó:
“[…] Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único.
Eso explica que las diversas secciones del Consejo de Estado
hayan fijado pautas diferentes sobre este aspecto.
Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de
seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de
la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Se ha
estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la
naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley
para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios
contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la
necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses
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se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido
considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada
en un proceso jurisdiccional […]15.
Aunado a lo anterior, la Sala debe ser enfática en destacar que
tratándose de un cuestionamiento constitucional contra una
providencia judicial y siendo la parte actora una entidad pública, que
cuenta con los recursos y el personal idóneo para efectos de poder
acudir al mecanismo de amparo de manera célere y oportuna, de
conformidad con la jurisprudencia constitucional en la materia, el
requisito concerniente a la inmediatez y el juicio sobre la
razonabilidad de dicho término debe ser más estricto y riguroso; tal
y como lo puso de presente la Corte Constitucional, en sentencia de
unificación SU – 037 de 31 de enero de 201916:
“[…] 8. Caso concreto.
8.1. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en
representación del Congreso de la República, interpuso acción
de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, al considerar vulnerado el derecho al debido
proceso del legislador con ocasión de la sentencia que profirió el
13 de mayo de 2015, en la cual decidió condenarlo por los daños
causados a la empresa Solida Group S.A.S. por el cobro de la
tasa que creó en los artículos 56 y 57 de la Ley 663 de 2000,
que fueron declarados inexequibles en el fallo C-992 de 200117.
15Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 5 de
agosto de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001-03-15-000-
2012-02201-01.
16
H. Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia de 31 de enero de 2019, exp. No. T-6171737, M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
17
Supra I, 1 y 2.
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8.2. En primera instancia, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado accedió al amparo solicitado18, pero la Sección Quinta
de la misma corporación, al conocer de la impugnación
presentada por Solida Group S.A.S., resolvió declarar
improcedente la solicitud de protección por falta de
inmediatez, comoquiera que habían trascurrido más de
seis meses entre la fecha en la cual la entidad
demandante tuvo conocimiento de la sentencia
reprochada y el momento en el que acudió a la acción de
tutela19.
8.3. En el mismo sentido al señalado por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, la Sala Plena considera que si bien
el recurso de amparo presentado por la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado satisface algunos de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales20, no cumple con el
requisito de inmediatez, según pasa a explicarse.
[…]
8.8. Ahora, si bien la Constitución y la ley no establecen un
término expreso de caducidad, en la medida en que lo
pretendido con el amparo es la protección concreta y actual de
un derecho fundamental, este Tribunal ha señalado que le
corresponde al juez de tutela verificar en cada caso en
concreto si el plazo fue razonable, es decir, si teniendo en
cuenta las circunstancias personales del actor, su
diligencia y sus posibilidades reales de defensa y el
surgimiento de derechos de terceros, la acción tutela se
interpuso oportunamente21. Este cálculo se realiza entre
el momento en que se genera la actuación que causa la
vulneración o amenaza del derecho y aquél en la que el
presunto afectado acude al amparo para solicitar su
protección22.
[…]
8.14. Ahora bien, podría sostenerse que el plazo razonable para
acudir a la acción de tutela debe contabilizarse desde marzo de
2016, pues según se afirmó en el amparo fue el momento en el
que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tuvo
18
Supra I, 6.
19
Supra I, 7 y 8.
20
Supra II, 3.4.
21
Véase, entre otras, las sentencias SU-961 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-282 de 2005 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil), T-016 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-158 de 2006 (M.P. Huberto Antonio Sierra
Porto), T-018 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-491 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-719 de 2013
(M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
22
Cfr. Sentencia T-719 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
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conocimiento de los casos relacionados con las condenas
impuestas al legislador con ocasión de la expedición de los
artículos 56 y 57 de la Ley 663 de 200023. Empero, la Corte
estima que tal argumentación desconoce que el Congreso
de la República, a través de su oficina jurídica, contaba
con los recursos para acudir directamente ante los jueces
constitucionales y salvaguardar sus intereses sin
necesidad de esperar la intervención de dicha entidad
especializada, así como que, si consideraba necesario el
apoyo de la misma, el órgano legislativo debió desplegar
con celeridad las actuaciones administrativas
correspondientes para el efecto.
[…]
8.16. En este sentido, la Corte confirmará la Sentencia
proferida el 26 de abril de 2017, en segunda instancia, por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la cual se
declaró improcedente la acción de tutela presentada por
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en
representación del Congreso de la República, por no
cumplir el requisito de inmediatez, puesto que en
“tratándose de procesos judiciales, esta Corporación
considera que el juicio sobre la razonabilidad del término
ha de ser más estricto y riguroso, en comparación con los
otros casos que se llevan ante la justicia constitucional.
De tal manera que acudir a la acción de tutela pasado un
tiempo injustificadamente largo después de que han
ocurrido los hechos presuntamente violatorios de los
derechos fundamentales, sin que exista un motivo válido
que explique la inactividad de los peticionarios, rompe
con este principio de inmediatez y desvirtúa un aspecto
esencial e inmanente del mecanismo constitucional de
amparo”24 […]”. (Negrillas y subrayas de la Sala)
Se destaca que, en la sentencia SU-354 de 201725, la Corte
Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de
inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para
resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses
23
Cfr. Supra I, 2.4.
24
Sentencia T-491 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
25
Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.
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establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las
particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que
existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la
interposición de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se
observa en el presente caso, en el cual, no se expuso ni se demostró
alguna condición o circunstancia que le hubiera impedido a la parte
actora acudir ante el juez constitucional para efectos de reclamar el
amparo de sus derechos constitucionales fundamentales.
En ese orden de ideas, para la Sala no se cumple con el requisito de
inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales, toda vez que la solicitud de amparo se
interpuso por fuera del plazo razonable, teniendo en cuenta que con
fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado, el amparo debe ser presentado dentro de los seis
meses siguientes contados a partir de la notificación de la
providencia.
Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que, en todo
caso, el presente asunto tampoco cumple con el requisito de la
subsidiariedad, comoquiera que la UGPP tiene a su alcance otro
medio de defensa judicial, esto es, el recurso extraordinario de
revisión.
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En efecto, el artículo 20 de la Ley 797 de 200326, en concordancia
con lo establecido en el artículo 251 de la Ley 1437 de 18 de enero
de 201127, prevé:
“[…] ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE
SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE
FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados
INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier
tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de
Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el
resultado de una transacción o conciliación judicial o
extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el
recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y
podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que
le eran legalmente aplicables. […]”
Por su parte el artículo 251 del CPACA, señala:
“[…] ARTÍCULO 251. TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO. El
26
“Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.”
27
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria
de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo
precedente, deberá interponerse el recurso dentro del año siguiente
a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del
año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años
siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los
casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término
contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo
transaccional o conciliatorio. […]”
Con relación a la legitimación en la causa por activa de la UGPP para
la interposición del recurso extraordinario de revisión, la Corte
Constitucional en la sentencia SU 427 del 201628, señaló:
[…] 7.23. Ahora, frente a la legitimación para interponer el
recurso de revisión por la configuración de un abuso del
derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la
titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae,
además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en
cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del
pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera
irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro
del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento
financiero29
7.24. Por lo anterior, la Corte considera que la UGPP está
legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el
Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el
recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, con el propósito de cuestionar las
decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en
un abuso del derecho, en el entendido de que el término
de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no
28
Corte Constitucional, sentencia SU-427 de 11 de agosto de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
29 Cfr. Sentencias T-363 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz) y T-300 de 2014 (M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez).
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podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de
2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa
judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.
7.25. Así las cosas, ante la existencia otro mecanismo judicial
como lo es el recurso de revisión consagrado en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, en principio, las acciones de tutela
interpuestas por la UGPP para cuestionar decisiones judiciales
en las que presuntamente se haya incurrido en un abuso del
derecho son improcedentes al tenor del artículo 86 de la
Constitución. […]”. (Negrillas fuera del texto)
De conformidad con lo expuesto en precedencia, así como lo
señalado con anterioridad por esta Sección30 en asuntos similares, a
la actora le asiste legitimación en la causa por activa para
controvertir la sentencia objeto de tutela a través del recurso
extraordinario de revisión y que sea el juez ordinario, quien
determine si la autoridad judicial accionada se equivocó al disponer
sobre la obligación que se cuestiona en el escrito introductorio.
Lo anterior pone de manifiesto que la actora no ha agotado todos los
medios de defensa judicial a su alcance, faltando así con el requisito
de la subsidiariedad para que sea procedente el examen de la tutela
promovida contra una providencia judicial.
Al respecto, cabe señalar que el artículo 6º del Decreto 2591 de 19
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 11 de
marzo de 2021. Proceso identificado con núm. único de radicación 11001-03-15-000-2021-00531-00.
M.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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de noviembre de 1991, «Por el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política», prevé como
causal de improcedencia que «existan otros recursos o medios
de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto
a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante» (Resaltado fuera del texto).
Lo anterior, significa que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios judiciales para que
sus peticiones sean examinadas a menos que, existiendo tales
mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en aras de
obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
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un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se
dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer
del fondo del asunto.»31 (Resaltado fuera del texto).
Sobre este aspecto, la actora alegó que el perjuicio irremediable
radica en el hecho de que “[…] el pago de las mesadas pensionales
se debió ordenar desde el 2 de febrero de 2012 más no desde el 1
de abril de 2011, en consecuencia, el fallo se encuentra sin atender
y pendiente de pago a favor la señora MARIA NANCY NIEVES
GONZÁLEZ […]”.
No obstante, como lo ha señalado esta Sección32 al resolver
problemas jurídicos similares, la situación que se presenta no es
irremediable, dado que el perjuicio alegado está en posibilidad de
desaparecer, para lo cual la entidad accionante está obligada a hacer
uso de lo preceptuado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por lo
31 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO.
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de
octubre de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001 03 15 000
2018 03457 00.
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CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGGP-.
que no resulta lógico considerarlo como insuperable, inminente o
impostergable.
En ese orden de ideas, para la Sala, la acción de amparo en relación
con la presunta vulneración de derechos fundamentales en que
incurrió la SECCIÓN SEGUNDA al proferir la sentencia de 15 de
julio de 2021, tampoco cumple con el requisito de la subsidiariedad.
En consecuencia, la Sala declarará improcedente el amparo
solicitado, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
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eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de julio de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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