Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02989-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02989-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02989-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
14 de julio de 2022
Demandante: Deila Diana Doria Doria
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02989-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02989-00
Demandante: DEILA DIANA DORIA DORIA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y OTRO
Temas: Tutela contra acto administrativo – declara improcedencia por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad. Tutela de fondo - mora
judicial – niega amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la presente acción de tutela, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito remitido el 1 de junio de 2022 al buzón electrónico de la Secretaría
General del Consejo de Estado, la señora Deila Diana Doria Doria, actuando mediante
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Bolívar y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP). Con la solicitud de amparo
pretende la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, al debido
proceso, a la vida digna, a la seguridad social y a la salud.
2. En sentir de la parte actora, la trasgresión de las citadas garantías
constitucionales surgió por dos motivos. El primero, porque la UGPP no le reconoció
la pensión de sobrevivientes, a la que considera tiene derecho, en calidad de cónyuge
supérstite del señor Alfredo Augusto Palencia Llorente. El segundo, porque el Tribunal
Administrativo de Bolívar lleva más de un lustro tramitando el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N.° 13001-23-33-000-2015-
00297-00, promovido por la UGPP contra las resoluciones que le reconocieron a su
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Demandante: Deila Diana Doria Doria
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pareja una pensión gracia, sin que a la fecha se haya proferido sentencia de primera
instancia1.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó la protección de los referidos
derechos fundamentales y, en consecuencia:
1.1. Sírvase dejar sin efectos jurídicos las Resoluciones RDP 028517 del 25 de
octubre de 2021, RDP 032834 del 01 de diciembre de 2021, y RDP 000667 del 13
de enero de 2022, expedidas por la UGPP, que denegaron la pensión de
sobrevivientes solicitada por la señora DEILA, en su calidad de cónyuge supérstite
del señor ALFREDO, quien percibía una pensión gracia en virtud de la Resolución
11296 de 1996, expedida por la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, que
actualmente se encuentra ejecutoriada, goza de presunción de legalidad y cuyos
efectos jurídicos son vinculantes.
1.2. Con el fin de evitar un perjuicio irremediable, sírvase ordenar a la UGPP a que
reconozca y pague a la señora DEILA la pensión de sobrevivientes a la que tiene
derecho, con los retroactivos correspondientes, hasta que se concluya el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
13001233300020150029700, que cursa en el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOLÍVAR.
2. Sírvase ordenar la protección del derecho fundamental de la señora DEILA al
acceso a la administración de justicia, conculcado por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, en virtud de los hechos y omisiones narrados
precedentemente, y en consecuencia:
2.1. Sírvase ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR a que decida
en un plazo razonable la primera instancia del proceso con radicado
13001233300020150029700, para lo cual, deberá imprimirle un trámite preferente
y sin dilaciones injustificadas que pongan el riesgo el acceso a la justicia de la
señora DEILA. (Negrilla en el original).
1.3. Hechos probados y/o admitidos
A continuación, se resumen los hechos expuestos como fundamento del mecanismo
constitucional:
4. El 12 de enero de 1970, la señora Deila Diana Doria Doria contrajo matrimonio
con Alfredo Augusto Palencia Llorente. La relación matrimonial duró hasta el 5 de
febrero del 2021, fecha en la cual falleció el señor Palencia Llorente.
5. Mediante Resolución N.° 11296 de 1996, la Caja Nacional de Previsión Social
le reconoció a la pareja de la actora una pensión gracia, con efectos fiscales contados
a partir del 30 de abril de 1991.
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Proceso identificado con el Rad. No. 13001233300020150029700.
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6. El 09 de abril de 2014, el señor Palencia Llorente solicitó a la UGPP el
reconocimiento y pago de una pensión de vejez. Esta petición fue denegada mediante
la Resolución N.° RDP 17550 de 04 de junio del 2014.
7. Este último acto administrativo fue controvertido por el compañero de la actora
mediante los recursos de reposición y apelación. Estos fueron resueltos
desfavorablemente por la UGPP mediante las Resoluciones N.° RDP 023675 del 30
de julio de 2014 y RDP 027280 del 05 de septiembre del 2014, respectivamente.
8. Luego de no acceder a la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de
vejez interpuesta por el señor Palencia Llorente, la UGPP controvirtió, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, los actos que reconocieron
la pensión gracia a esta persona. La demanda fue radicada el 27 de abril de 2015 y
por reglas de competencia fue asignada al Tribunal Administrativo de Bolívar2. La
pretensión principal en ese proceso era que se anulara la Resolución N.° 11296 de
1996, expedida por la Caja Nacional de Previsión Social, que reconoció la pensión
gracia antes mencionada.
9. Una vez notificado de la demanda de lesividad contra los actos que le
reconocieron la pensión gracia, el 02 de septiembre de 2016 el señor Alfredo Augusto
Palencia Llorente interpuso demanda de reconvención con el fin de que en ese mismo
proceso se anularan los actos administrativos que le negaron la pensión de vejez.
10. El Tribunal Administrativo de Bolívar rechazó por extemporánea la demanda de
reconvención, mediante auto del 12 de febrero de 2018. Contra la anterior decisión,
el demandante interpuso reposición y en subsidio apelación. Este último recurso fue
resuelto por la Sección Segunda de esta Corporación, mediante auto del 14 de mayo
de 2020. En esa providencia se revocó la decisión de rechazar la demanda de
reconvención. Es importante resaltar que el proceso fue devuelto al Tribunal
Administrativo de Bolívar el 18 de noviembre de 2020.
11. También es trascendental poner de presente que, una vez fallecido el señor
Palencia Llorente, la actora solicitó que se le reconociera como sucesora procesal de
su pareja en el proceso de nulidad y restablecimiento de derecho en el que se discute
la validez de los actos que le reconocieron al señor Palencia Llorente la pensión gracia
y le negaron la pensión de vejez. Sobre esta solicitud, el Tribunal Administrativo de
Bolívar, hasta la fecha de la interposición de la presente acción de tutela, no se había
pronunciado.
12. Paralelo a lo anterior, la actora le solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago
de pensión de la sobreviviente derivada de la pensión gracia que su esposo disfrutó
hasta su deceso.
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Proceso Rad. No. 13001233300020150029700.
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13. Sin embargo, la UGPP negó la pensión de sobrevivientes, no porque la actora
no reuniera las condiciones previstas en la normativa aplicable para tal fin (convivencia
con el causante los últimos cinco años antes de su fallecimiento), sino porque
consideraba “ilegal” la Resolución N.° 11296 de 1996, expedida por la Caja Nacional
de Previsión Social, que reconoció la pensión gracia a su excompañero. Por ende, la
entidad determinó que hasta que no se definiera la demanda de lesividad que interpuso
contra el referido acto administrativo no podía resolver de fondo la solicitud de la
actora.
1.4. Fundamentos de la vulneración
14. La actora considera que tanto la UGPP como el Tribunal Administrativo de
Bolívar vulneraron sus derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso, a
la vida digna, a la seguridad social y a la salud. En este sentido, considera que la UGPP
incurrió en los siguiente “defectos”:
• Defecto sustantivo: La parte accionante sostuvo que la UGPP incurrió en este
yerro porque le negó la solicitud de sustitución de la pensión gracia de la que
gozaba su pareja bajo el argumento de que la resolución que reconoció dicha
prestación es ilegal. Indica que lo anterior es contrario a la presunción de
legalidad de los actos administrativos, establecida en el artículo 88 del CPACA3.
Asimismo, considera que toda vez que la Resolución N.° 11296 de 1996 no ha
sido anulada ni suspendida provisionalmente en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió la UGPP, tiene derecho a que se le
reconozca la pensión de sobrevivientes toda vez que demostró haber convivido
con el señor Palencia Llorente en los cinco años antes a su fallecimiento.
• Defecto fáctico: La parte actora sostuvo que la UGPP no tuvo en cuenta las
pruebas que demostraban que ella tiene derecho a la sustitución de la pensión
gracia de su pareja. Lo anterior porque probó que cumple con el requisito de
convivencia previa de los 5 años antes del fallecimiento.
• Violación directa de la constitución: La accionante afirmó ser una persona de la
tercera edad de 76 años. Sostiene que no cuenta con recursos económicos para
cubrir los gastos para su subsistencia, ya que dependía económicamente de su
compañero sentimental. Por lo tanto, considera que la decisión de la UGPP de
negar la sustitución de la pensión gracia le vulnera sus derechos fundamentales
al mínimo vital, a la vida digna y a la seguridad social.
15. Respecto de los hechos que han dado lugar a la vulneración de sus derechos
fundamentales por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar, la parte actora afirmó:
3
Ley 1437 de 2011. Artículo 88: Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido
anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán
ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida
cautelar.
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• El Tribunal Administrativo de Bolívar ha incurrido en mora judicial injustificada
por la tardanza de más de 7 años en tramitar la demanda de nulidad y
restablecimiento de derecho en que se debate la legalidad de las resoluciones
que le reconocieron la pensión gracia al señor Alfredo Augusto Palencia
Llorente. Lo anterior ha dado lugar a que se vulnere tanto al referido señor,
como a la actora, sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.
1.5. Trámite de la acción de tutela
16. Mediante auto de 3 de junio de 2022, el magistrado ponente de esta providencia
admitió la acción de tutela. En esta ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Bolívar y a la UGPP como autoridades demandadas. Igualmente, dispuso la
vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado4.
17. En el auto admisorio también se le solicitó a la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Bolívar remitir en formato digital la copia del expediente N.º
13001233300020150029700/1.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, las autoridades manifestaron lo siguiente:
1.6.1. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
parafiscales de la Seguridad Social (UGPP)
18. En el informe rendido empezó por poner de presente que la Caja Nacional de
Previsión Social fue liquidada por todas las irregularidades presentadas en dicha
entidad, puesto que reconoció muchas prestaciones sociales sin el lleno de requisitos
legales, lo que afectó gravemente el sistema pensional y su sostenibilidad financiera.
19. Indicó que esta situación está tratando de ser subsanada por la UGPP. Con
posterioridad resaltó que el caso del señor Palencia Llorente es uno de los asuntos en
los que probablemente la pensión gracia fue reconocida sin que se cumplieran todos
los requisitos establecidos en la ley.
20. Por tal motivo, la UGPP promovió demanda de lesividad contra el acto
administrativo que reconoció dicha prestación. Este medio de control se fundamentó
en el hecho que, el causante prestó sus servicios en entidades del orden nacional y no
territorial, requisito necesario para adquirir el derecho a la pensión gracia. En
consecuencia, la UGPP consideró que no hay lugar al reconocimiento y pago de la
4
Conforme con lo dispuesto en el artículo 610 del CGP.
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pensión de sobrevivientes solicitada por la actora, por cuanto la vinculación de su
esposo a la docencia fue de carácter nacional.
21. En este sentido, la UGPP solicitó negar el amparo interpuesto por la parte actora
porque estima que no tiene derecho a que se le reconozca la pensión que solicita
cuando esta fue obtenida de manera irregular. En consecuencia, considera que no ha
vulnerado ninguno de los derechos invocados.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Bolívar
22. En el informe rendido por el magistrado del Tribunal Administrativo de Bolívar,
Edgar Alexis Vásquez Contreras, indicó que la sustanciación del proceso ordinario
Rad. N.º 13001233300020150029700 está a cargo de su despacho. Luego, sostuvo
que no ha incurrido en mora judicial en el trámite de ese medio de control porque se
han adelantado varias actuaciones, las cuales explicó detenidamente.
23. Por último, puso de presente la carga laboral a su cargo. Adujo que desde que
el proceso volvió del Consejo de Estado ha tenido que adelantar más 155 acciones
constitucionales (tutelas, incidentes desacatos, cumplimientos, acciones populares,
habeas corpus) y 2 perdidas de investiduras, procesos que tienen prelación y deben
decidirse en un término perentorio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
24. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la
señora Deila Diana Doria Doria. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y
en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Legitimación en la causa
25. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
26. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer
la acción descrita por sí misma o por representante, o a través de un agente oficioso
cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de
promover su propia defensa.
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27. Desde que fue dictada la sentencia T-416 de 1997, en ella se estableció que la
legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo,
en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés
sustancial que se discute en el proceso de tutela.
28. En la sentencia T-086 de 2010, el Tribunal Constitucional colombiano reiteró
que “Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la
acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo
anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda
lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o (sic) aun de agente
oficioso”.
29. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, indicó que la legitimación en
la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la acción de
tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez
constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho
fundamental reclamado es propio del demandante”.
30. En la sentencia T-435 de 2016, la Corte estableció las condiciones que deben
concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo especial
énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo cual quedó
reiterado en la SU-454 de 2016, en la que, adicionalmente, señaló que el estudio de la
legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y
constituye un presupuesto procesal de la demanda5.
31. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que la
señora Deila Diana Doria Doria goza de legitimación en la causa por activa para
interponer la presente acción de tutela. Lo anterior porque fue la persona que le solicitó
a la UGPP que le otorgará la pensión de sobrevivientes derivada de la pensión gracia
que disfrutó en vida el señor Palencia Llorente. A su vez, está legitimada respecto de
las pretensiones contra el Tribunal Administrativo de Bolívar porque solicitó a esa
autoridad judicial tenerla como sucesora procesal de su pareja en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho Rad. N.º 13001233300020150029700.
32. De otro lado, el Tribunal Administrativo de Bolívar y la UGPP están legitimadas
en causa por pasiva por ser las autoridades a las que la parte actora le imputa la
responsabilidad por la posible vulneración de sus derechos fundamentales.
2.3. Problema jurídico
33. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora, las
respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado y los informes
rendidos por las autoridades intervinientes, corresponde a esta Sala resolver los
5
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sentencias T-511 de 2017 y T-318 de 2018.
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siguientes problemas jurídicos. Como quiera que mediante la presente tutela la parte
actora cuestiona actuaciones de dos autoridades distintas, la Sala considera oportuno
estudiar de manera independiente los cargos presentados contra cada una de estas.
Por ello, en relación con las pretensiones contra la UGPP, que se enmarca en la acción
de tutela contra acto administrativo, se deberá determinar:
• ¿Se superan los requisitos generales de admisibilidad de la acción de tutela?
De ser positivo el anterior interrogante: ¿La UGPP vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte actora al no reconocer y pagar la pensión
de sobrevivientes que solicitó derivada de la pensión gracia que su pareja gozó
en vida?
34. A su vez, respecto de las pretensiones relacionadas con el Tribunal
Administrativo de Bolívar, concerniente a la acción de tutela de fondo por mora judicial,
se deberá resolver:
• ¿El Tribunal Administrativo de Bolívar ha incurrido en mora judicial en el trámite
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con Rad. N.º
13001233300020150029700?
2.4. Razones jurídicas de la decisión
35. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) La naturaleza subsidiaria de la
acción de tutela y su excepcionalísima procedencia frente a actos administrativos (iii)
sobre la mora judicial, (iv) y caso concreto.
2.5. Generalidades de la acción de tutela
36. Según el artículo 86 de la Constitución Política la acción de tutela es un
mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados por
acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente, de particulares.
37. Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa
judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio como
mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por parte del
peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.
38. En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demanda
la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes,
como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un
perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional inmiscuirse
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en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes subreglas
dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.
39. Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar del uso inadecuado este
mecanismo, que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del
ordenamiento jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente
le confirió.
2.6. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima
procedencia frente a actos administrativos.
40. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991.
41. Del texto de la norma referida se evidencia que, cuando existen otros
mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la
protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe
recurrir a estos y no a la tutela.
42. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a
las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia6.
43. Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige
que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales
deben buscar la defensa de aquellos.
44. Por tanto, debe haber claridad en que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las controversias que
se puedan suscitar de un acto administrativo, frente al cual se pueden pedir medidas
cautelares en los términos de la Ley 1437 de 2011 (CPACA). No obstante, a pesar de
6
Por ejemplo, la Corte Constitucional, en la sentencia T-313 de 2005, estableció lo siguiente: “En efecto,
la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que
tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en
consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por
tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad,
vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las
disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos
al interior de cada una de las jurisdicciones”.
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ser este el juez natural de este tipo de asuntos es claro que en determinadas
oportunidades el enfoque bajo el cual se resuelven no es suficiente para precaver la
vulneración de derechos fundamentales, pues se puede dar el caso de que tal
transgresión sea el producto de una decisión administrativa que a la luz del
ordenamiento contencioso se encuentre revestida de legalidad. En esos casos, la
tutela se torna procedente para precaver la eventual conculcación de estas garantías
de orden superior.
45. Así las cosas, respecto de los reproches que se le imputan a la UGPP, no se
cumple con el requisito de la subsidiariedad porque pretenden cuestionar la legalidad
de los actos administrativos mediante los cuales esa entidad le negó la solicitud de
otorgar la pensión de sobrevivientes de su pareja. En efecto, para la Sala la actora
puede controvertir en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho la decisión de no sustituirle la pensión gracia de su compañero sentimental.
46. Por tanto, la señora Doria Doria debe acudir a los medios de control establecidos
en el CPACA para controvertir los actos en los que se decidió no otorgarle la pensión
de sobreviviente derivada de la pensión de gracia de su pareja. En ese escenario y
ante el juez natural, puede discutir si en efecto la UGPP desconoció la presunción de
legalidad de los actos administrativos y demás reproches que realiza en esta acción
de tutela. Esta Sala considera que debe ser el juez contencioso administrativo el que
determine si la actora tiene el derecho a que se le reconozca la sustitución de la
mesada pensional de su esposo, ya que el acto que reconoció dicha prestación se
presume legal mientras no sea retirado del ordenamiento jurídico.
47. Finalmente es importante poner de presente que pese a que la actora indicó
que es una persona de 76 años que sufre varias enfermedades, no se evidencia que
en este caso se esté ante la presencia de una de las hipótesis que permitan realizar
una excepción al requisito de la subsidiariedad para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable. Lo anterior porque está probado que la actora actualmente se encuentra
afiliada a la EPS Sanitas. Por su parte, la Sala no pudo advertir que la actora esté ante
una circunstancia de desprotección. En definitiva, no se cumple con el requisito de la
subsidiariedad en las pretensiones relativas a dejar sin efecto los actos administrativos
que le negaron la sustitución de la mesada pensional de su pareja.
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48. En definitiva, la Sala declarará improcedente por no superar el requisito de la
subsidiariedad los reproches que realiza la parte actora respecto de la UGGP, ya se
dirigen a cuestionar la legalidad de actos administrativos.
2.7. De la mora judicial
49. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a trasgredir el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no en
la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de
carga laboral de los funcionarios, si no en la falta de diligencia y en la omisión
sistemática de sus deberes por parte de estos7.
50. En ese sentido, la aludida alta Corte consideró:
… por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello,
la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar
del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se
entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es
producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia
razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen
problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de
carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está
ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial
no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el
cumplimiento de sus funciones8. [Destacado de la Sala].
51. Sobre el particular, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición
reiterada en relación con la existencia de mora judicial, según la cual, esta solo se
predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia
del juez. Así, de acreditarse esta conducta, constituye vulneración al derecho de
acceso a la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes en
un proceso9.
2.8. Caso concreto
7
Corte Constitucional, sentencia T-1019 de 2010.
8
Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2013.
9
Entre otras, consultar las sentencias de 07 de junio de 2022, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Rad.
11001-03-15-000-2022-00865-01; 18 de noviembre de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad.
11001-03-15-000-2021-05541-00 y 11 de noviembre de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-
15-000-2021-05375-00.
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52. Para la Sala no se configuró el fenómeno jurídico de la mora judicial injustificada
en el trámite del proceso contencioso administrativo interpuesto por la UGPP contra la
resolución que le concedió la pensión gracia a la pareja de la parte actora y en el que
esta último formuló demanda de reconvención.
53. En efecto, del informe rendido por el magistrado del Tribunal Administrativo de
Bolívar, a cargo de la sustanciación del medio de control, y de la consulta que realizó
de manera oficiosa la Sala en el aplicativo de la Rama Judicial al proceso ordinario se
pudo advertir lo siguiente:
• La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la UGPP
contra la Resolución N.° 11296 de 1996 (reconoció pensión gracia a la pareja
de la parte actora) fue interpuesta el 27 de abril de 2015.
• Fue inadmitida mediante auto del 24 de julio de 2015.
• Una vez corregida, fue admitida en providencia del 18 de agosto de 2015.
• El 26 de febrero de 2016 se profirió auto en el que se requirió a la UGPP para
que aportara los gastos del proceso y así continuar con el trámite de notificación
del auto admisorio.
• El 14 de junio de 2016, el señor Alfredo Palencia Llorente se notificó
personalmente del auto admisorio de la demanda.
• El 02 de septiembre de 2016, el señor Alfredo Palencia Llorente interpuso
demanda de reconvención contra la UGGP.
• El 16 de septiembre de 2016 se corrió traslado a la UGPP de la demanda de
reconvención interpuesta por el señor Alfredo Palencia Llorente.
• El 12 de febrero de 2018 se rechazó por extemporánea la demanda de
reconvención interpuesta por la pareja de la parte actora.
• El 16 de marzo de 2018, el apoderado del señor Palencia Llorente interpuso
recurso de apelación contra el auto que rechazó su demanda de reconvención.
Por lo anterior el proceso fue remitido al Consejo de Estado.
• La Sección Segunda de esta Corporación, mediante auto del 14 de mayo de
2020, revocó la decisión de rechazar la demanda de reconvención.
• El proceso volvió al Despacho del magistrado del Tribunal Administrativo de
Bolívar el 18 de noviembre de 2020.
• El 17 de marzo de 2021, se profirió auto en el que el magistrado ponente ordenó
cumplir lo dispuesto por la Sección Segunda de esta Corporación.
• El 10 de septiembre de 2021, se dictó auto en el que se admitió la demanda de
reconvención.
• Mediante auto del 09 de junio de 2022, se fijó para el día 16 de ese mismo mes
y año fecha para celebrar la audiencia inicial.
54. En este sentido, se advierte que el Tribunal Administrativo de Bolívar ha
tramitado y realizado varias actuaciones tendientes a impulsar el proceso sobre el cual
predica la accionante que existe una mora judicial injustificada. Es importante poner
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de presente que la demanda presentada por la UGPP fue inadmitida, que luego de su
admisión, el Tribunal requirió a la parte demandante para que allegará prueba de la
consignación de los gastos procesales. Asimismo, el proceso fue remitido al Consejo
de Estado para que resolviera el recurso de apelación interpuesto contra la decisión
de rechazar la demanda de reconvención. Una vez regresó el expediente al Tribunal,
en auto reciente del 9 de junio de 2022, fijó fecha para la audiencia inicial.
55. Así las cosas, la Sala advierte que en este caso no existe una mora judicial
injustificada porque el Tribunal ha realizado diferentes actuaciones tendientes a
impulsar y dar trámite al proceso. También se han presentado recursos que han hecho
que el expediente se remita al superior jerárquico, en este caso a la Sección Segunda
de esta Corporación. Todo lo anterior permite advertir que no se configura el reproche
planteado por la parte actora.
56. Igualmente, para la Sala no es baladí que el proceso ordinario, en especial el
recurso de apelación interpuesto contra la decisión de rechazar la demanda de
reconvención se presentó en el año 2020, anualidad en la que se tomaron diferentes
medidas de aislamiento preventivo para enfrentar la pandemia del Covid-19. Estas
medidas llevaron a que se suspendieran por unas semanas los términos judiciales y
dieron lugar a que la Rama Judicial tuviera que adaptarse a las nuevas circunstancias
de la pandemia. Lo anterior implicó algunas demoras en el trámite de las causas
judiciales en todo el país.
57. Finalmente, es importante resaltar que el magistrado a cargo del medio de
control ordinario, en el informe que rindió para esta tutela, puso de presente que desde
que el expediente volvió a su despacho ha tenido que tramitar 155 acciones
constitucionales (tutelas, incidentes desacatos, cumplimientos, acciones populares,
habeas corpus) y 2 perdidas de investiduras, procesos que tienen prelación y que
deben decidirse en un término perentorio. Por lo anterior, adujo que solo hasta el 06
de junio del presente año convocó a audiencia inicial.
58. En definitiva, en el presente caso no se presenta la mora judicial injustificada
alegada porque está probado que el proceso judicial ha sido tramitado con diligencia
por parte de la autoridad judicial accionada. Igualmente, la Sala pudo constar que en
el trámite de ese proceso se han presentado varios hechos que han impedido que sea
decidido en un tiempo menor. En consecuencia, se negará el amparo solicitado por la
parte actora.
2.9. Conclusión
59. La Sala declarará improcedente este mecanismo constitucional por no superar
el requisito de la subsidiariedad en relación con la pretensión de la actora de dejar sin
efectos los actos administrativos mediante los cuales la UGPP le negó la pensión de
sobrevivientes derivada de la pensión gracia que gozó en vida su esposo. A su vez, se
negará la pretensión de declarar en mora judicial injustificada al Tribunal Administrativo
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de Bolívar en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovió la UGPP contra la resolución que le reconoció la pensión de gracia al señor
Palencia Llorente. Lo anterior porque la Sala constató que esa autoridad judicial ha
sido diligente en el trámite del proceso ordinario y que se ha enfrentado a varios hechos
que imposibilitan tramitar el proceso en un término menor.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la señora
Delia Diana Doria Doria por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad en relación
con la pretensión de dejar sin efectos los actos administrativos mediante los cuales
UGPP le negó la pensión de sobrevivientes derivada de la pensión gracia que gozó en
vida su esposo.
SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por la parte actora respecto de la supuesta
mora judicial injustificada en que ha incurrido el Tribunal Administrativo de Bolívar.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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