RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-02993-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02993-00

Defecto fáctico: las pruebas estuvieron debidamente valoradas /

Fecha
15 de julio de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02993-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02993-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

15 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 110010315000202202993 00

Accionante: ANDRÉS MAURICIO ARCE GONZÁLEZ

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Niega /
DEFECTO FÁCTICO – Las pruebas estuvieron debidamente valoradas /
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Se aplicó la jurisprudencia vigente
para el momento en que se adoptó la decisión.

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela instaurada
por el señor Andrés Mauricio Arce González, de conformidad con el Decreto 333 de
2021.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El señor Andrés Mauricio Arce González instauró demanda de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad1.

El tutelante elevó las siguientes pretensiones (trascripción literal con posibles
errores incluidos):

1
Remitida por correo electrónico el 2 de junio de 2022.

1

Radicación número: 110010315000202202993 00
Accionante: Andrés Mauricio Arce González
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

2.1.- Por lo anterior, solicito muy respetuosamente al Despacho, tutelar mis
derechos fundamentales vulnerados e indicados en el sustento jurídico de la
tutela (al debido proceso Art 29 de la Constitución Política de Colombia, al
derecho a la igualdad, a la presunción de mi inocencia, al principio de
favorabilidad entre otros), bajo la directriz jurisprudencial vigente para la fecha
de los hechos (2013), siendo esta la contenida en la sentencia de unificación
del 15 de agosto de 2018.

2.2.- Que como consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal Contencioso
administrativo del valle del Cauca, examinar nuevamente el proceso referido, y
hacer el análisis de la presunción de mi inocencia, transliterando el contenido
de los CDS, con el fin de establecer la presunción de mi inocencia, situación
que está probada en el proceso penal oral, donde fui absuelto mediante la
solicitud de preclusión de la investigación en mi favor en la causal 5 del artículo
332 CPP, referida a que yo no intervine en la comisión de la conducta punible
investigada.

2.3.- Que como consecuencia de lo anterior, este juez de tutela podrá tomar
otra determinación, en el sentido, de dejar en firme la primera instancia, porque
en este, se falló conforme a la jurisprudencia vigente y de obligatorio
cumplimiento, quedó claramente establecida mi presunción de inocencia. O
conforme a la reglamentación de la acción de tutela, este juez de tutela, podrá
tomar otras determinaciones, con el fin de amparar mis derechos fundamentales
vulnerados, en la sentencia referida.

2. Hechos relevantes

En ejercicio del medio de control de reparación directa, el señor Andrés Mauricio
Arce González demandó a la Nación – Dirección Ejecutiva de la Administración
Judicial, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por los
daños y perjuicios causados con ocasión de la privación injusta de la libertad del
mencionado señor.

Mediante sentencia de 9 de diciembre de 2017, el Juzgado Dieciséis Administrativo
Oral del Circuito de Santiago de Cali accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, decisión que fue apelada por la entidad demandada ante el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, el que, por medio de fallo de 30 de noviembre
del 2021 -notificado mediante correo electrónico el 15 de diciembre del 2021- revocó
la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda de reparación directa.

3. Fundamentos de la demanda

Sostuvo el tutelante que en la decisión cuestionada desconoció el precedente e
2

Radicación número: 110010315000202202993 00
Accionante: Andrés Mauricio Arce González
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

incurrió en un defecto fáctico, por las siguientes razones:

• El Tribunal resolvió su caso utilizando jurisprudencia que no estaba vigente
para el momento en que ocurrieron los hechos, “vulnerando mi principio de
favorabilidad y no conforme a la jurisprudencia de obligatorio cumplimiento
para el momento de los hechos, el momento en que se presentó el medio de
control de reparación directa y el momento en que se admitió el mismo”,
como sí lo hizo el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Santiago
de Cali.

• El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca desconoció que la decisión de
unificación proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, el 15 de agosto
de 2018, modificó la línea jurisprudencial que venía manejando sobre la
privación injusta de la libertad y moduló los efectos de su aplicación en el
tiempo, señalando claramente que “en lo sucesivo” el juez deberá estudiar
los casos de privación injusta de libertad a través de este nuevo tamiz.

• Por tanto, afirmó que, “para este caso dicha conjugación se comprende
trasladada a las demandas que se interpongan después de emitida la
sentencia de unificación, esto es, luego del 15 de agosto de 2018”, como
consecuencia, no le era aplicable y, en ese sentido, el tribunal debió
confirmar los argumentos del fallo proferido por el juzgado de primera
instancia.

Finalmente, afirmó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no transliteró
los audios de las audiencias del proceso, situación que le hubiera permitido
establecer su inocencia, la cual está probada en el proceso penal oral, en el que fue
absuelto mediante la solicitud de preclusión de la investigación en su favor, con base
en la causal 5 del artículo 332 CPP, referida a que no intervino en la comisión de la
conducta punible investigada.

3

Radicación número: 110010315000202202993 00
Accionante: Andrés Mauricio Arce González
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela

4.1. Mediante providencia de 7 de junio de 2022, se admitió la demanda de tutela,
se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y se vinculó, como terceros con
interés, a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial.

4.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se opuso al amparo solicitado,
tras considerar que no vulneró los derechos fundamentales del tutelante, pues la
decisión cuestionada se fundamentó en el análisis de los elementos de la
responsabilidad, de la normativa que regula la privación injusta de la libertad y en la
aplicación de la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.

Agregó que en el fallo atacado se aplicaron los criterios hermenéuticos y de la sana
crítica; se tuvieron en cuenta todos los elementos de juicio allegados por las partes
y aquellos recaudados en el transcurso del proceso.

Los terceros interesados guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales2.

Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de la
Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional
contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y
excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el

2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012,
exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
4

Radicación número: 110010315000202202993 00
Accionante: Andrés Mauricio Arce González
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente a
decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características 3.

Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son 4:

• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, dado
que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.

• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.

• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora.

• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

• Que no se trate de sentencias de tutela.

3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de
febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00(AC), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto,
entre muchas otras providencias.

5

Radicación número: 110010315000202202993 00
Accionante: Andrés Mauricio Arce González
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:

• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.

• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

• La violación directa de la Constitución Política.

Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo

6

Radicación número: 110010315000202202993 00
Accionante: Andrés Mauricio Arce González
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados por
el interesado5.

2. Caso concreto

Dado que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial6, se procede a verificar si se configuran o no los
defectos alegados por la parte actora en la providencia cuestionada –dictada el 30
de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca-, que
revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda de reparación directa, bajo los siguientes argumentos (trascripción literal):

… De acuerdo con el descrito panorama fáctico el actor fue absuelto con base
en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 332 del Código de
Procedimiento Penal, esto es, ausencia de intervención del imputado en el
hecho investigado, ordenando su libertad inmediata.

Y justamente, en virtud de dicha decisión, y en la ausencia del señor ANDRES
MAURICIO ARCE GONZÁLEZ en el hecho investigado, es que la parte actora
funda sus pretensiones indemnizatorias.

Para el a quo bastó con encontrarse demostrado que el presente asunto se
encontraba enmarcado dentro de los supuestos que la jurisprudencia venía
considerando admisibles para declarar la responsabilidad estatal en aplicación
del régimen objetivo.

No obstante, esta causal de absolución debe analizarse a la luz de la falla en la
prestación del servicio, porque según la jurisprudencia actual de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, las únicas hipótesis que ameritan ser
analizadas desde una perspectiva objetiva de “daño especial”, son aquellas que
tienen que ver con la atipicidad o inexistencia del hecho investigado.

De manera que, independientemente que al señor ANDRES MAURICIO ARCE
GONZÁLEZ se le haya absuelto, debe establecerse si la medida de detención
se ajustó a las normas legales y, por ende, si existió una falla del servicio, es
decir, determinar si dicha detención fue desproporcionada o arbitraria, para
imputar responsabilidad al Estado.

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016 00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp. Nº
2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
6
De acuerdo con la página de consultas de procesos de la Rama Judicial, la sentencia cuestionada
se le notificó al accionante el 15 de diciembre de 2021, por lo que la demanda de tutela presentada
el 2 de junio de 2022 cumple con el requisito de inmediatez.
7

Radicación número: 110010315000202202993 00
Accionante: Andrés Mauricio Arce González
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Así entonces, resulta válido afirmar que el carácter injusto de la privación de la
libertad debe analizarse a la luz de los criterios de legalidad, razonabilidad y
proporcionalidad de la medida de aseguramiento, de ahí que se torne imperiosa
la ponderación de las circunstancias que rodearon la imposición de la medida
de aseguramiento, a efectos de establecer si existía o no mérito para proferir
decisión en tal sentido.

10.4. En relación con las medidas de aseguramiento, el artículo 306 de la Ley
906 de 2004, vigente en la época de los hechos, dispuso que el ente
investigador solicitará al Juez de Control de Garantías su imposición con
indicación de “la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios
para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia”.

A su turno, el artículo 308 de la referida normativa estableció que el Juez de
Control de Garantías decretará la medida de aseguramiento cuando de los
elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o
de la información legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el
imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga,
siempre y cuando se cumpla con alguno de los siguientes requisitos (…).

10.5. En el caso concreto, de la revisión del expediente penal, y en especial de
lo señalado en el acta de la audiencia preliminar, se observa que el Juez de
Control de Garantías resolvió imponer medida de aseguramiento de reclusión
en establecimiento carcelario en contra del accionante, al encontrar reunidos
los requisitos objetivos que contempla el estatuto procesal penal.

De entrada, la Sala considera que la medida de aseguramiento impuesta
correspondió a cada uno de los presupuestos legales establecidos en el Código
de Procedimiento Penal, cumpliéndose con los requisitos objetivos y subjetivos
para su procedencia.

En efecto, de la revisión del expediente penal, se observa que la FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN puso en consideración del Juez de control de
garantías al momento de solicitar la medida de aseguramiento en contra del
demandante, medios de convicción20 que llevaron a que se accediera a tal
pedimento:

• Reporte de iniciación -FPJ-1 con fecha del 26 de mayo de 2013.
• Solicitud de orden de allanamiento y registro con fecha del 26 de mayo de
2013, al inmueble ubicado en la Calle 26 No. 24-27 barrio Las Delicias del
municipio de Palmira.
• Orden de allanamiento y registro que data del 26 de mayo de 2013 expedida
por la Fiscalía Seccional Delegada 44 Unidad de Reacción Inmediata.
• Formato único de noticia criminal -FPJ-2- del 26 de mayo de 2013 donde se
relatan los siguientes hechos24:
“El día de hoy lunes 27-05-2013, siendo las 08:20 horas, se procede a dar
cumplimiento a la orden de registro y allanamiento, (…) al acercarnos al
inmueble se observa que la puerta de acceso se encuentra cerrada se toca sin
obtener respuesta motivo por el cual se utilizó la fuerza, ingresando al inmueble
identificándonos como miembros de la Policía Nacional adscritos a las SIJIN
Valle,(…) hallándose en la sala varias personas se observa cuando una persona
de sexo femenino sale corriendo ingresando al baño y se encierra, se le
manifestó que saliera a lo que se negó por tal motivo se utiliza la fuerza para
abrir la puerta del baño y se observa a esta persona cuando vota por el sanitario
unos cigarrillos con sustancia vegetal con tallos y semillas, le logran extraer del
sanitario 05 cigarrillos con esta sustancia vegetal se fijan como evidencia # 1 y
se le aplican los protocolos de cadena de custodia (…), se continua con la

8

Radicación número: 110010315000202202993 00
Accionante: Andrés Mauricio Arce González
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

diligencia reuniendo las demás personas que se encontraban en el inmueble
quienes fueron identificados como Andrés Mauricio Arce González (…)
manifestándoles el motivo de nuestra presencia, enseñándole la orden de
registro y allanamiento ordenada por la Fiscalía General de la Nación, ya
manifestándoles el motivo de nuestra presencia se le practica una requisa a
estas personas motivo por el cual la señorita patrullera Marisol Parra Ortega al
efectuarle el registro a la señora Gloria Montánchez encuentra dentro de un
canguro la suma de 100.000 pesos moneda colombiana en billetes de diferente
denominación donde predominan los billetes de 1000 y 2000, este dinero se fue
incautado fijan dolo como evidencia # 2 y aplicándole los protocolos de cadena
de custodia, al terminar de registrar todas estas personas se inicia el registro
del inmueble (…) se registra la habitación # 3 la cual se encuentra desocupada
pero utilizando una escalera se llega hasta la parte interna del techo o cielo raso
encontrando 01 bolsa plástica transparente que en su interior contiene
sustancia vegetal con tallos y semillas y olor fuerte característico a la marihuana
este elemento se fija como evidencia # 3 y se aplican los protocolos de cadena
de custodia (…) se registra la habitación # 2 la cual se encuentra desocupada
pero utilizando una escalera se llega hasta la parte interna del techo o cielo raso
encontrando 01 una bolsa plástica de color negro y en su interior 04 máquinas
artesanales las cuales son utilizadas para elaborar cigarrillos de marihuana este
elemento se fija como evidencia # 4 y se aplica protocolo de cadena de custodia
(…) se registra la sala encontrando un impermeable color azul el cual el señor
Andrés Mauricio Arce González, manifestó que era de su propiedad y
encontrando dentro de este 07 cigarrillos con sustancia vegetal con tallos y
semillas de olor fuerte característico a la marihuana este elemento se fija como
evidencia número 5 y se aplican los protocolos de cadena de custodia,
igualmente se le dan a conocer los derechos que tiene como capturado por el
delito de tráfico fabricación o porte de estupefacientes manifestando haber
entendido plenamente, derechos que se les garantizaron y respetaron, debido
a ello se diligencia acta de registro y allanamiento dando por terminado el
registro siendo las 10:10 horas del día de hoy lunes 27-05-2013. (…)”.

• Informe ejecutivo del 27 de mayo de 2013, donde se registran datos como, el
delito, el lugar de los hechos, narración de los hechos, identificación y
descripción de los indiciados o imputados, diligencias adelantadas, descripción
de EMP y EF recolectados y anexos. Ahora bien, en el desarrollo de la actividad
se transcribe que: (…).

• Acta de registro y allanamiento -FPJ-18, así como actas de incautación del 27
de mayo de 2013 donde se describen los elementos anteriormente
mencionados.
• Acta de derechos del capturado ANDRES MAURICIO ARCE GONZÁLEZ –
FPJ6 del 27 de mayo de 2013.- Formato de arraigo del señor ANDRES
MAURICIO ARCE GONZÁLEZ de fecha 27 de mayo de 2013.
• Oficio No. 0271/SIJIN-GUCRI-29 del 27 de mayo donde se informa de los
antecedentes penales de los indiciados, entre ellos, el señor ANDRES
MAURICIO ARCE GONZÁLEZ que registra una sentencia condenatoria por
porte ilegal de armas; pero posteriormente extinguida a través de auto 379 del
25 de abril de 2006.
• Informe investigador de campo (fotógrafo) del 27 de mayo de 2013, teniendo
como objetivo documentar fotográficamente el lugar de la diligencia y los EMP,
mediante la utilización de cámara digital con los artificial.
• Informe investigador de campo -FPJ-11 del 27 de mayo de 2013, por el cual
se transcribieron las actuaciones realizadas dentro de la prueba de
identificación preliminar de los elementos incautados. Su resultado fue positivo
para cannabis sativa y sus derivados.

9

Radicación número: 110010315000202202993 00
Accionante: Andrés Mauricio Arce González
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

• Informe de registro y allanamiento -FPJ-19 del 27 de mayo de 2013, mediante
el cual se relatan similares hechos a los ya referidos en el formato único de
noticia criminal; además de adjuntarse en fotografía el dinero incautado.
De igual manera, conforme al numeral 2 del artículo 308 de la Ley 906 de 2004,
el imputado para ese momento constituía un peligro para la sociedad y la
seguridad pública, ya que por el delito que se le atribuía, era probable su
vinculación con organizaciones criminales relacionadas con el tráfico,
fabricación y porte de estupefacientes que además, se trataba de una conducta
catalogada como grave.

Así entonces, en el caso concreto existían pruebas que inculpaban al imputado,
la gravedad del delito (tráfico, fabricación o porte de estupefacientes) y el hecho
de que si no se le imponía la medida de aseguramiento podría representar un
peligro para la sociedad.
Adicional a lo anterior, se tiene que la investigación penal a la cual fue vinculado
el actor se adelantó por el delito de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes, consagrado en el artículo 376 del Código Penal, el cual
comporta la pena mínima superior a los 4 años. Por manera que, en los términos
del numeral segundo del artículo 313 de la Ley 906 de 2004, era procedente la
imposición de la detención preventiva en centro carcelario.

Se advierte que, el hecho que el Juez Penal de Conocimiento, en aplicación de
las particularidades de esa área del derecho, ordenara la preclusión de la acción
penal, en nada influye sobre la valoración que puede hacer el Juez
Administrativo en el contexto de la responsabilidad administrativa del Estado,
pues se insiste que la solicitud e imposición de medida de aseguramiento
obedeció al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Estatuto Procesal
Penal, es decir, que se trató de una decisión ajustada a derecho.

10.6. En consecuencia, la imposición de la medida de aseguramiento, responde
a la aplicación razonable de la Ley 906 de 2004. Por tanto, la misma, bajo la
óptica del régimen subjetivo de la responsabilidad de falla del servicio, cumplió
con el principio de proporcionalidad y razonabilidad y además estuvo justificada
en los elementos de convicción con los que se contaba en ese momento
procesal.

En definitiva, en el caso objeto de estudio no aparece acreditada la existencia
de una falla del servicio de las entidades demandadas, toda vez que la medida
de detención preventiva no fue desproporcionada ni violatoria de los
procedimientos legales y estuvo precedida de una valoración adecuada de los
elementos de convicción, de acuerdo con el momento procesal en que se
encontraba la actuación penal y con el tipo de delito investigado, que en
principio permitía inferir, al menos de manera probable, que el procesado podría
haber participado en la conducta punible imputada.

En consecuencia, la Sala procederá a revocar la sentencia de primera instancia,
y en su lugar, negará las súplicas de la demanda.

La parte accionante alegó que en la anterior decisión se incurrió en un defecto
fáctico, porque el tribunal accionado no efectuó una trascripción de las audiencias y
un análisis razonable y proporcionado de las reales circunstancias en que se
“estableció su inocencia” y porque se aplicó una jurisprudencia que no estaba
vigente al momento de la ocurrencia de los hechos.

10

Radicación número: 110010315000202202993 00
Accionante: Andrés Mauricio Arce González
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

• Defecto fáctico

Para la Subsección, en este caso no hay lugar a predicar la configuración del defecto
fáctico alegado, pues no se evidencia una valoración indebida o irrazonable de las
pruebas por parte del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca en su decisión.

La Sala observa que, contrario a lo expuesto por la parte actora, el tribunal
accionado sí valoró las pruebas allegadas al expediente. Otra cosa es que, en
ejercicio de la autonomía funcional que caracteriza la actividad de los jueces, se
estimara que, la medida de aseguramiento impuesta al ahora tutelante cumplió con
las exigencias de los artículos 308 y 313 de la Ley 906 de 204 7, por cuanto la
investigación penal a la cual fue vinculado se adelantó por el tráfico, fabricación y
porte de estupefacientes, consagrado en el artículo 376 del Código Penal, delito que
comporta una pena mínima superior a los 4 años de prisión.

Además, para ese momento, constituía un peligro para la sociedad y la seguridad
pública, puesto que, por el delito que se le atribuía, era probable su vinculación con
organizaciones criminales relacionadas con el tráfico, fabricación y porte de
estupefacientes y que, además, se trataba de una conducta catalogada como grave.

Si bien no se advierte la trascripción de las audiencias, del estudio del fallo objeto
de esta tutela se observa que la autoridad judicial accionada valoró todas las piezas
del proceso penal que fueron aportadas, entre ellas el formato único de noticia
criminal, del cual se desprende que el hoy actor fue capturado con otras personas,
como consecuencia del allanamiento efectuado a una vivienda en la que se hallaron

7
“Artículo 308. El juez de control de garantías, a petición de la Fiscalía General de la Nación o d su
delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y
evidencias físicas recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir
razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se
investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:
1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado
obstruya el debido ejercicio de la justicia.
2. Que el imputado constituye un peligro para la sociedad o de la víctima.
3. Que resulte probable que el imputado no comparezca al proceso o que no cumplirá la
sentencia. (…).
Artículo 313. Procedencia de la detención preventiva. <Artículo modificado por el artículo 60 de la
Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Satisfechos los requisitos señalados en el artículo
308, procederá la detención preventiva en establecimiento carcelario, en los siguientes casos:
1. En los delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados.
2. En los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda
de cuatro (4) años.

11

Radicación número: 110010315000202202993 00
Accionante: Andrés Mauricio Arce González
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

varios elementos para la fabricación de cigarrillos de marihuana y a él,
concretamente, le fueron encontrados “07 cigarrillos con sustancia vegetal con tallos
y semillas de olor fuerte característico a la marihuana”.

Por lo anterior, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca concluyó que la
medida de aseguramiento impuesta al señor Arce González fue necesaria,
proporcional y razonable.

En ese sentido, la Sala estima que la determinación de negar las pretensiones de
la demanda, por considerar que a la entidad accionada no se le podía atribuir
responsabilidad por la privación de la libertad del ahora accionante, devino de un
análisis con una carga argumentativa válida y razonable, propia de la autonomía del
operador judicial frente a la apreciación de las pruebas y, que además, se
fundamentó en pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado en los que se ha establecido que se requiere “efectuarse un análisis de las
circunstancias del caso en concreto a efectos de verificar si la medida restrictiva de
la libertad cumplió criterios de necesidad, razonabilidad, legalidad y
proporcionalidad”.

Resulta importante aclarar que el juez constitucional no puede realizar una nueva
valoración probatoria, como lo pretende el accionante, máxime si se observa que el
análisis realizado por el juez ordinario no fue arbitrario, irracional o caprichoso y
tampoco se evidencia una irregularidad protuberante o una vía de hecho que haga
procedente una intervención.

Sobre la potestad del juez de valorar las pruebas, la Corte Constitucional manifestó
que:

(…) El análisis que debe realizarse en la sede de tutela, no se compara con los
alcances de las potestades de los jueces para la práctica y valoración de los
medios de prueba dentro de un proceso en especial, ni para concluir sobre la
conducencia de los mismos para la demostración de los hechos en discusión. El
juez de tutela cumple con la función de verificar si en la decisión pertinente se
evidencia una irregularidad protuberante con las características de una vía de
hecho (…)8.
Se concluye, por tanto, que la autoridad judicial accionada, en ejercicio del principio
de autonomía funcional, analizó el acervo probatorio allegado al proceso ordinario,

8
Corte Constitucional, sentencia SU 132 del 26 de febrero de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
12

Radicación número: 110010315000202202993 00
Accionante: Andrés Mauricio Arce González
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

que, a pesar de no resultar favorable al ahora accionante, no se puede predicar que
esa labor y, por ende, la decisión de segunda instancia fueron contrarias a derecho.
Lo que sí encuentra la Subsección es el claro propósito del accionante es reabrir el
debate que ya terminó, en forma válida, en sede del juez natural de la causa.

• Desconocimiento del precedente

El accionante alegó que se desconoció el precedente porque el cambio
jurisprudencial debía ser aplicado a futuro.

De entrada, se advierte que no es potestad del juez de tutela entrar a modular los
efectos de una sentencia de unificación como pretende el accionante, pues en ella
no se realizó ninguna precisión al respecto, lo que no es óbice para entender que
aplica para todos los procesos en curso, máxime si se tiene en cuenta que de
manera reiterada la jurisprudencia de esta Corporación la ha aplicado a todos los
casos, incluso anteriores al asunto que aquí se discute.

Frente a los cambios de criterio en la jurisprudencia, la Sección Cuarta de la
Corporación ha sostenido9:

Entonces, resulta evidente que la decisión adoptada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, se fundamentó en un criterio de unificación
de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, máximo
órgano de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que fue
expedido antes de proferirse la decisión definitiva y que, por lo tanto,
resultaba de obligatorio cumplimiento para los jueces pertenecientes a la
jurisdicción, incluida la autoridad judicial demandada.

Dicho de otro modo, en el presente caso, la declaratoria de caducidad del medio
de control de reparación directa con fundamento en la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020 se trató de un típico caso de aplicación del
precedente judicial vigente y, el argumento relacionado con la aplicación
del ‘precedente anterior’ no prospera.

En suma, el precedente fijado en la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020 era el vinculante para efecto de decidir el caso la señora Rosa Nelly
Taborda Galvis, por cuanto, era el vigente cuando se dictó la decisión
cuestionada, esto es, al momento de proferir el auto del 31 de julio de 2020.

Tal como lo ha señalado esta Sección 10 , por regla general, las
modificaciones jurisprudenciales tienen efecto inmediato y son aplicables

9
Sentencia de tutela de 10 de junio de 2021, proceso 11001-03-15-000-2021-01252-00 (AC), M.P.
Milton Chaves García.
10
Original: Sentencia del 28 de mayo de 2020, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-
2019-05141-01.
13

Radicación número: 110010315000202202993 00
Accionante: Andrés Mauricio Arce González
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

hasta que son nuevamente modificadas, por cuanto solo de esta manera se
logra la efectividad del derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica.
Como se sabe, en los términos del artículo 230 de la Constitución Política, la
jurisprudencia es una de las principales fuentes del derecho y, por ende, tiene
una fuerza vinculante para todas las autoridades que tienen la obligación de
observarla (se destaca).

Así las cosas, la Sala advierte que la decisión cuestionada se fundamentó en la
sentencia de unificación de la Corte Constitucional y la jurisprudencia del Consejo
de Estado que era aplicable al caso concreto.

Por lo expuesto, la Subsección negará el amparo solicitado por el señor Andrés
Mauricio Arce González, tras considerar que no se configuraron los defectos
planteados en la demanda de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

14

Radicación número: 110010315000202202993 00
Accionante: Andrés Mauricio Arce González
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.

VF

15

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.