Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03002-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03002-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-03002-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
22 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., veintidós (22) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Acción : Tutela (impugnación)
Expediente : 11001-03-15-000-2022-03002-011
Actora : Valores Industriales S. A.
Demandados : Magistrados de la subsección C de la sección tercera del
Consejo de Estado
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la tutelante contra la
sentencia de 30 de junio de 2022, proferida por el Consejo de Estado (sección
quinta), que negó el amparo deprecado.
I. ANTECEDENTES
1.1 La solicitud de amparo. La empresa Valores Industriales S. A., por
conducto de apoderado, presenta acción de tutela con el fin de obtener la
protección de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, presuntamente quebrantados por los
señores magistrados de la subsección C de la sección tercera del Consejo de
Estado.
Como consecuencia de lo anterior, pide se deje sin efectos el fallo de 31 de
agosto de 2021, mediante el cual el Consejo de Estado (subsección C de la
sección tercera) revocó el de 17 de mayo de 2013, con el que el Tribunal
Administrativo del Atlántico accedió parcialmente a las pretensiones de la
acción de reparación directa incoada contra la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (expediente 08000-23-31-000-
2005-01562-00), para negarlas; en su lugar, se ordene a las autoridades
accionadas que emitan una nueva providencia en la que dispongan que en los
hechos debatidos en el mencionado asunto contencioso-administrativo no se
configura el eximente de responsabilidad denominado culpa exclusiva de la
víctima.
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Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03002-01
Actora: Valores Industriales S. A.
1.2 Hechos. Relata la accionante que la compañía Detergentes
Panamericanos S. A. instauró demanda ejecutiva en su contra y de las
empresas Sociedad Importadora Colombiana Ltda. e Ingeniería Financiera S.
A., entre otras personas jurídicas y naturales (expediente 08001-31-03-002-
2003-00087-00), de la que conoció el Juzgado Segundo (2º) Civil del Circuito
de Barranquilla, que libró mandamiento de pago2 y ordenó el embargo de los
bienes de las ejecutadas, motivo por el cual consignó en el Banco Agrario de
Colombia $4.196ʼ242.900 como caución, con el propósito de que se levantara
la medida cautelar, a lo que accedió el aludido despacho judicial3.
Que, por otra parte, la compañía Ingeniería Financiera S. A. (también
demandada en el asunto 08001-31-03-002-2003-00087-00) adelantó trámite
ejecutivo contra la Sociedad Importadora Colombiana Ltda. (expediente
08001-31-03-008-2003-00122-00), asignado por reparto al Juzgado Octavo
(8º) Civil del Circuito de Barranquilla, que el 20 de mayo de 2003 dispuso el
embargo de «los remanentes y demás bienes y/o propiedades y/o dineros que
por cualquier causa se llegaren a librar o se consideran embargados dentro
del [proceso] 2003-0087».
Dice que el 23 de mayo de 2003 el Juzgado Segundo (2º) Civil del Circuito de
Barranquilla dio por terminada la acción ejecutiva 08001-31-03-002-2003-
00087-00, por pago de la obligación reclamada, y ordenó trasladar el monto de
la caución sufragada al Juzgado Octavo (8º) Civil del Circuito de esa ciudad,
decisión contra la cual interpuso recursos de reposición y en subsidio de
apelación4; el primero fue desatado el 6 de junio de 2003, en el sentido de
confirmar el proveído inicial5. Asimismo, el día 13 siguiente formuló nulidad,
con el argumento de que el primero de los referidos Juzgados carecía de
competencia para poner a disposición del segundo los $4.196ʼ242.900.
Que el 16 de junio de 2003 el Juzgado Segundo (2º) Civil del Circuito de
Barranquilla envió el depósito judicial al Juzgado Octavo (8º) Civil del
Circuito de dicha ciudad, sin advertir que el auto de 23 de mayo de ese año aún
no estaba ejecutoriado. Ese mismo día, las partes en el trámite ejecutivo
08001-31-03-008-2003-00122-00 adosaron memorial, en el que indicaron que
celebraron contrato de transacción, el cual fue aceptado en esa fecha por el
2
No determina el día.
3
Omite señalar la fecha en que se emitió la decisión.
4
No indica los reproches allí consignados.
5
No hace alusión a la alzada.
2
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03002-01
Actora: Valores Industriales S. A.
Juzgado de conocimiento, que ordenó el pago a la allí ejecutante de
$3.272ʼ422.929, suma que se descontó de los $4.196ʼ242.900, por lo que
quedó un remanente de $923ʼ997.971.
Sostiene que el 10 de octubre de 2003 el Juzgado Segundo (2º) Civil del
Circuito de Barranquilla declaró la nulidad de todo lo actuado en el expediente
08001-31-03-002-2003-00087-00 y lo «rechazó […] por falta de
competencia», sin embargo, afirmó que «quedaba vigente» la orden contenida
en el auto de 23 de mayo anterior, consistente en poner a disposición del
Juzgado Octavo (8º) Civil del Circuito de Barranquilla los $4.196ʼ242.900,
decisión que adicionó el 17 de octubre de esa anualidad.
Que la ejecutante en el proceso 08001-31-03-002-2003-00087-00 (Detergentes
Panamericanos S. A.) interpuso recursos de reposición y en subsidio de
apelación contra los proveídos de 10 y 17 de octubre de 2003, emitidos por el
Juzgado Segundo (2º) Civil del Circuito de Barranquilla, frente a lo cual el 3
de marzo de 2004 ese despacho judicial desestimó el primero y concedió el
segundo, empero, la apelante desistió de él, lo cual coadyuvó.
Afirma que el 30 de noviembre de 2006 la Corte Suprema de Justicia (sala de
casación penal) condenó al señor Juez Octavo (8º) Civil del Circuito de
Barranquilla a doce (12) años de prisión y multa de $4.196ʼ242.900, por la
comisión de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación
en favor de terceros, como consecuencia de la pérdida del depósito judicial que
se trasladó del expediente 08001-31-03-002-2003-00087-00 al 08001-31-03-
008-2003-00122-00.
Que en junio de 20056 incoó acción de reparación directa contra la Nación –
Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (expediente
08000-23-31-000-2005-01562-00), encaminada a que se le declarara
administrativamente responsable de los perjuicios que le produjo el extravío
de los $4.196ʼ242.900 dentro de los procesos ejecutivos 08001-31-03-002-
2003-00087-00 y 08001-31-03-008-2003-00122-00, por cuanto ello involucra
una falla del servicio, y se ordenara indemnizarlos.
Asevera que el 17 de mayo de 2013 el Tribunal Administrativo del Atlántico
declaró una concurrencia de culpas en el daño antijurídico, dado que si bien
6
No indica el día.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03002-01
Actora: Valores Industriales S. A.
comporta error judicial el auto de 17 de junio de 2003, con el que el Juzgado
Octavo (8º) Civil del Circuito de Barranquilla decretó el embargo en el
proceso 08001-31-03-008-2003-00122-00, porque no advirtió que esa medida
cautelar recaía solo sobre los bienes de la empresa Importadora Colombiana
Ltda. y no frente a la caución pagada en el expediente 08001-31-03-002-2003-
00087-00, en ese trámite no se deprecó la devolución de ese monto, lo que
configura una culpa exclusiva de la víctima.
Que ella y la parte allí demandada apelaron la anterior decisión7, la cual fue
revocada el 31 de agosto de 2021 por el Consejo de Estado (subsección C de la
sección tercera), para en su lugar, negar las súplicas ordinarias, habida cuenta
de que se configuró el eximente de responsabilidad denominado culpa
exclusiva de la víctima respecto de las providencias que presuntamente
comportaban error judicial, puesto que, aunque interpuso recursos de
reposición y apelación contra el auto de 23 de mayo de 2003 del Juzgado
Segundo (2º) Civil del Circuito de Barranquilla, desistió de la alzada, por
tanto, se entiende no agotada, con lo que se incumplió el deber de utilizar
todos los medios de defensa disponibles. Además, no recurrió los proveídos de
10 y 17 de octubre de ese año, con los que se declaró la nulidad de lo actuado
en el expediente 08001-31-03-002-2003-00087-00 y se dejó «vigente» la orden
de trasladar la caución al 08001-31-03-008-2003-00122-00, y si bien
coadyuvó la alzada que formuló la empresa Detergentes Panamericanos S. A.,
esta desistió de aquella, y no expresó oposición alguna sobre el particular.
Aduce que las autoridades accionadas indicaron que en lo atañedero al auto de
17 de junio de 2003, con el que el Juzgado Octavo (8º) Civil del Circuito de
Barranquilla aprobó una transacción en el proceso ejecutivo 08001-31-03-008-
2003-00122-00, lo terminó y dispuso distribuir $3.272ʼ422.929 de lo pagado
como caución en el 08001-31-03-002-2003-00087-00, era indispensable que
adelantara el incidente de que tratan los artículos 135 y 687 (numeral 8) del
Código de Procedimiento Civil (CPC)8, pero no lo hizo.
Que la sentencia atacada incurre en defecto fáctico, comoquiera que no
advirtió que los elementos de convicción obrantes en la acción de reparación
directa 08000-23-31-000-2005-01562-00 demuestran (i) la falla del servicio
alegada en ese asunto (que no fundamentó en un error judicial, sino en un
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y aun así se decidió
7
No señala en atención a qué argumentos.
8
Vigente para esa época.
4
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03002-01
Actora: Valores Industriales S. A.
en virtud de aquel), tal como la sentencia de 30 de abril de 2006, con la que la
Corte Suprema de Justicia (sala de casación penal) condenó a doce (12) años
de prisión al Juez Octavo (8º) Civil del Circuito de Barranquilla por incurrir en
conductas delictivas dentro de las actuaciones surtidas en el expediente
ejecutivo 08001-31-03-008-2003-00122-00, y (ii) que el traslado de la caución
a este expediente ya había acontecido cuando el Juzgado Segundo (2º) Civil
del Circuito de esa ciudad dictó los autos de 10 y 17 de octubre de 2003, por
ende, el recurso de apelación que procedía contra ellos era ineficaz, situación
por la que no era dable exigirle el agotamiento de la alzada para declarar la
responsabilidad extracontractual del Estado en el proceso contencioso-
administrativo.
Señala que el fallo atacado también involucra defecto sustantivo, toda vez que
en él se (i) aplicó el numeral 8 del artículo 687 del CPC, pese a que regula una
situación fáctica diferente, dado que no es poseedora de la caución, por tanto,
no era factible que la reclamara ante el Juzgado Octavo (8º) Civil del Circuito
de Barranquilla mediante el incidente consagrado en esa norma, como
erradamente lo indican las autoridades accionadas; y (ii) interpretó
erradamente el artículo 543 ibidem, puesto que si bien es cierto que esa
disposición prevé que se pueden trasladar los embargos de un proceso
ejecutivo a otro, también lo es que no permite ese movimiento entre los que no
tienen la mismas partes, como aconteció en los trámites ejecutivos 08001-31-
03-002-2003-00087-00 y 08001-31-03-008-2003-00122-00, toda vez en este
último no era ejecutada, de manera que esa actuación compromete la
responsabilidad extracontractual del Estado, máxime cuando consignó los
$4.196ʼ242.900 para levantar el embargo respecto de sus bienes en el primer
expediente y no de todos los ejecutados.
1.3 Contestaciones de la acción.
1.3.1 Los señores magistrados de la subsección C de la sección tercera del
Consejo de Estado, por conducto del ponente de la sentencia atacada, piden
negar el amparo deprecado, al estimar que no merece reproche alguno que la
demanda de reparación directa 08000-23-31-000-2005-01562-00 se haya
decidido a la luz del error judicial, porque los argumentos allí consignados se
refieren a «ese título de imputación». Además, se analizaron integralmente las
pruebas, en especial, las actuaciones surtidas en los asuntos ejecutivos 08001-
31-03-002-2003-00087-00 y 08001-31-03-008-2003-00122-00.
Que la tutelante desconoce que la configuración de la responsabilidad de la
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03002-01
Actora: Valores Industriales S. A.
Administración de justicia por error judicial, está condicionada a que se hayan
agotado todos los medios ordinarios de defensa procedentes contra la
providencia que presuntamente causa un daño antijurídico, presupuesto que no
se cumplió en los hechos debatidos en sede contencioso-administrativa, pues
aquella no apeló los autos de 10 y 17 de octubre de 2003, emitidos por el
Juzgado Segundo (2º) del Circuito de Barranquilla en el expediente 08001-31-
03-002-2003-00087-00, y tampoco promovió incidente alguno en el proceso
08001-31-03-008-2003-00122-00 con el fin de reclamar la devolución de los
$4.196ʼ242.900.
Agregan que sí se hizo referencia a la sentencia de 30 de abril de 2006, dictada
por la Corte Suprema de Justicia (sala de casación penal), pero ella no imponía
acceder a las pretensiones ordinarias, como lo sugiere la demandante, porque
en esa determinación judicial se decidió la responsabilidad penal del entonces
Juez Octavo (8º) Civil del Circuito de Barranquilla y no la extracontractual del
Estado.
Que de manera conveniente la accionante omite señalar que hizo el pago de la
caución a nombre de todos los ejecutados en el proceso 08001-31-03-002-
2003-00087-00 y no únicamente para evitar el embargo de sus bienes, tal
como lo demuestra el hecho de que el Juzgado Segundo (2º) Civil del Circuito
de Barranquilla levantó dicha medida cautelar sin condicionamientos, por lo
que ese dinero se constituyó en una garantía única pasible de ser trasladada a
las diligencias 08001-31-03-008-2003-00122-00, adelantadas por el Juzgado
Octavo (8º) Civil del Circuito de la aludida ciudad, tal como ocurrió.
1.3.2 Los señores Director Ejecutivo de Administración Judicial, magistrados
del Tribunal Administrativo del Atlántico y director de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado9 guardaron silencio en la oportunidad prevista
para el efecto.
1.4 Providencia impugnada. El Consejo de Estado (sección quinta), mediante
sentencia de 30 de junio de 2022, negó el amparo deprecado, al considerar que
en el fallo censurado se efectuó una interpretación razonable tanto de los
elementos de convicción que obran en el proceso de reparación directa 08000-
23-31-000-2005-01562-00, como de la normativa aplicable. Asimismo, como
el ordenamiento jurídico faculta al juez contencioso-administrativo para que
9
Vinculados en primera instancia, mediante auto de 6 de junio de 2022, al presente asunto constitucional, en
condición de terceros interesados.
6
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Actora: Valores Industriales S. A.
decida los asuntos de su conocimiento en atención al título de responsabilidad
extracontractual que estime pertinente, no merece reproche alguno que las
autoridades accionadas hayan desatado la controversia en virtud del error
judicial.
Que, contrario a lo aseverado por la tutelante, en el fallo cuestionado sí se hizo
referencia a la sentencia de 30 de noviembre de 2006, con la que la Corte
Suprema de Justicia (sala de casación penal) condenó a doce (12) años de
prisión al entonces Juez Octavo (8º) Civil del Circuito de Barranquilla, por el
indebido manejo del dinero de la caución que se pagó en el proceso ejecutivo
08001-31-03-002-2003-00087-00 y se trasladó al 08001-31-03-008-2003-
00122-00, pero en atención a ella no se configuró la responsabilidad
extracontractual del Estado en las diligencias contencioso-administrativas, por
cuanto para ello resultaba indispensable agotar todos los recursos que
procedían contra las decisiones judiciales que comportan el presunto error
judicial, de acuerdo con el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, lo cual no
aconteció.
Aduce que el hecho de que la actora haya «renunciado» al recurso de
apelación interpuesto por la compañía Detergentes Panamericanos S. A. contra
el auto de 10 de octubre de 2003, con el que el Juzgado Segundo (2º) Civil del
Circuito de Barranquilla declaró la nulidad de todo lo actuado en el expediente
08001-31-03-002-2003-00087-00, salvo la orden de trasladar la caución al
08001-31-03-002-2003-00087-00, impide la configuración de la
responsabilidad extracontractual del Estado.
1.5 Impugnación. Inconforme con la anterior decisión, la demandante la
impugna, con fundamento en los mismos argumentos expuestos en el escrito
de tutela.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia. En virtud de los artículos 3210 del Decreto ley 2591 de
199111 y 2512 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201913 expedido por la sala
10
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro
de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
11
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
12
«[…]
Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas
por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03002-01
Actora: Valores Industriales S. A.
plena del Consejo de Estado, esta subsección es competente para conocer de la
presente impugnación.
2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que pueda comportar la sentencia de 31 de agosto de 2021, por
cuyo conducto el Consejo de Estado (subsección C de la sección tercera)
revocó la de 17 de mayo de 2013, con la que el Tribunal Administrativo del
Atlántico accedió parcialmente a las pretensiones de la acción de reparación
directa incoada por la tutelante contra la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial (expediente 08000-23-31-000-2005-
01562-00), para negarlas; y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las
garantías superiores al debido proceso y acceso a la administración de justicia
invocadas en la solicitud de amparo.
2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la
amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en
sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en
apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de
hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y
[…]».
13
«Reglamento interno del Consejo de Estado».
8
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03002-01
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desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la
acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el
reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la
administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos
fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto
fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento
probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos
eventos en los que se actuó completamente al margen del proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03002-01
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iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez,
es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo
o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, en
consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución,
que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho,
vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión
de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03002-01
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fundamentales.
Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales14, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 201215, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos16.
2.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i)
el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia de la actora; (ii) contra el fallo acusado
no procede recurso alguno, por cuanto fue emitido en segunda instancia y se
encuentra ejecutoriado; (iii) se establecieron los hechos que originaron el
supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de
inmediatez se satisface, toda vez que la determinación judicial atacada17 quedó
ejecutoriada el 13 de diciembre de 2021 y la solicitud de amparo se instauró el
1º de junio de 2022, es decir, dentro de un término prudencial (5 meses y 18
días); y (v) la providencia acusada no desató una acción de tutela.
En razón a que se colman los presupuestos generales de procedibilidad de la
14
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31
de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis
Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de
2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C.
P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8)
16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
15
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
16
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp.
2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de
2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de
febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P.
Gerardo Arenas Monsalve.
17
Notificada electrónicamente el 7 de diciembre de 2021.
11
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03002-01
Actora: Valores Industriales S. A.
acción de tutela contra providencias judiciales, esta Sala examinará el fondo
del asunto, conforme a las causales específicas denominadas defectos fáctico y
sustantivo.
2.5.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el
expediente, se destaca:
a) El 1º de abril de 2003 la empresa Detergentes Panamericanos S. A. instauró
demanda ejecutiva contra las empresas Sociedad Importadora Colombiana
Ltda. e Ingeniería Financiera S. A., la tutelante, entre otras personas
(expediente 08001-31-03-002-2003-00087-00), con el propósito de obtener la
cancelación de una obligación dineraria que ascendía a $2.391ʼ312.040, asunto
asignado por reparto al Juzgado Segundo (2º) Civil del Circuito de
Barranquilla, que el 7 siguiente libró mandamiento de pago por dicho monto y
decretó el embargo de los bienes aludidos por la ejecutante.
b) El 29 de abril de 2003 el referido Juzgado, en atención a una petición
presentada por la aquí accionante, fijó como caución la suma de
$4.196ʼ242.900, la cual ella sufragó, por lo que el despacho judicial
«desembargó los bienes de las demandadas».
c) El 22 de mayo de 2003 la compañía Detergentes Panamericanos S. A. pidió
la terminación de las diligencias, en razón a que la obligación reclamada se
canceló en su totalidad, a lo que accedió el día 23 de los mismos mes y año el
Juzgado Segundo (2º) Civil del Circuito de Barranquilla, sin embargo, dispuso
que el dinero de la caución sería trasladado al trámite ejecutivo 08001-31-03-
008-2003-00122-00, en el que era ejecutante la empresa Ingeniería Financiera
S. A. y ejecutada la Sociedad Importadora Colombiana Ltda., toda vez que el
20 de mayo de ese año el Juzgado Octavo (8º) Civil del Circuito de la
mencionada ciudad decretó el embargo de «los remanentes y demás bienes y/o
propiedades y/o dineros que por cualquier causa se llegaren a liberar y/o que
se consideren embargadas […] en el proceso 2003-00087»
d) La tutelante interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación
contra el auto de 23 de mayo de 2003, con el argumento de que no era dable
trasferir la suma que canceló como caución a un asunto judicial en el que no
era parte; el primer recurso fue desatado el 6 de junio siguiente por el Juzgado
Segundo (2º) Civil del Circuito de Barranquilla, en el sentido de confirmar la
determinación judicial inicial, habida cuenta de que la medida cautelar
12
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03002-01
Actora: Valores Industriales S. A.
decretada por el Juzgado Octavo (8º) Civil del Circuito de dicha ciudad
comprende «los remanentes y demás bienes y/o propiedades y/o dineros que
por cualquier causa se llegaren a liberar y/o que se consideren embargadas
[…] en el proceso 2003-00087». En dicha providencia se concedió la alzada,
pero la apelante desistió de ella porque resultaba ineficaz, puesto que ya se
había efectuado el envío del dinero.
e) El 13 de junio de 2003 la aquí accionante solicitó la «adición y
complementación» del auto del día 6 anterior y promovió incidente de nulidad;
el 5 de agosto de esa anualidad el Juzgado de conocimiento declaró
extemporánea aquella petición y corrió traslado de la nulidad.
f) El Juzgado Segundo (2º) Civil del Circuito de Barranquilla el 16 de junio de
2003 ordenó enviar el dinero de la caución al Juzgado Octavo (8º) Civil del
Circuito de esa ciudad, a lo que dio cumplimiento ese mismo día «el asistente
de títulos judiciales», y el 10 de octubre siguiente declaró la nulidad de lo
actuado desde el mandamiento de pago, inclusive, y rechazó la demanda
ejecutiva 08001-31-03-002-2003-00087-00, pero dejó vigente la orden de
trasladar los $4.196ʼ242.900 al expediente 08001-31-03-008-2003-00122-00,
providencia adicionada el 17 siguiente.
g) Contra los autos de 10 y 17 de octubre de 2003 la empresa Detergentes
Panamericanos S. A. interpuso recursos de reposición y en subsidio de
apelación, en razón a que, a su juicio, no era factible declarar la nulidad de lo
actuado en el expediente 08001-31-03-002-2003-00087-00; el primero fue
desatado el 3 de marzo de 2004 por el Juzgado Segundo (2º) Civil del Circuito
de Barranquilla, en el sentido de confirmar los proveídos iniciales, por lo que
concedió la alzada, coadyuvada por la tutelante, sin embargo, la apelante
desistió de ella.
h) En cuanto al trámite ejecutivo 08001-31-03-008-2003-00122-00, fue
terminado el 17 de junio de 2003 por el Juzgado Octavo (8º) Civil del Circuito
de Barranquilla, al aceptar la transacción suscrita entre las empresas Ingeniería
Financiera S. A. y la Sociedad Importadora Colombiana Ltda., día en el que
dispuso fraccionar la caución y entregarles a las partes $3.272ʼ244.929.
i) El 22 de junio de 2005 la tutelante incoó acción de reparación directa contra
la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
(expediente 08000-23-31-000-2005-01562-00), con el propósito de que se le
13
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03002-01
Actora: Valores Industriales S. A.
(i) declarara administrativamente responsable de los perjuicios que le produjo
la pérdida de los $4.196ʼ242.900 que pagó como caución en el asunto
ejecutivo 08001-31-03-002-2003-00087-00, adelantado por el Juzgado
Segundo (2º) Civil del Circuito de Barranquilla, y (ii) ordenara la
correspondiente compensación monetaria.
Que el extravío de la mencionada suma comporta una falla del servicio,
comoquiera que no era dable trasladarla del trámite ejecutivo 08001-31-03-
002-2003-00087-00 al 08001-31-03-008-2003-00122-00, máxime cuando ese
dinero no pertenecía a la allí ejecutada, es decir, a la Sociedad Importadora
Colombiana Ltda.
j) El conocimiento del asunto contencioso-administrativo lo asumió el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que el 19 de septiembre de 2005 lo
admitió y el 29 de septiembre de 2006 decretó como pruebas los documentos
que dan cuenta de los hechos expuestos en precedencia y ordenó requerir de la
Corte Suprema de Justicia (sala de casación penal) informe sobre las
diligencias surtidas contra el señor Juez Octavo (8º) Civil del Circuito de
Barranquilla, por lo que se allegó sentencia de 30 de abril de 2006, con la que
el aludido alto tribunal condenó a doce (12) años de prisión al referido servidor
judicial por la comisión de los delitos de prevaricato por acción y peculado por
apropiación en favor de terceros en el expediente 08001-31-03-008-2003-
00122-00.
k) Con sentencia de 17 de mayo de 2013, el a quo declaró la concurrencia de
culpas en el daño antijurídico, porque si bien se incurrió en error judicial en el
proceso 08001-31-03-008-2003-00122-00, al ordenar el embargo de una suma
sufragada por la tutelante, que no era parte en ese trámite, ella no deprecó el
reintegro de la caución, pese a que ello era dable, por lo que solo debía
reconocer los intereses de ese dinero.
l) Contra el mencionado fallo las partes interpusieron recursos de apelación; (i)
la demandante, al estimar que no hubo concurrencia de culpas decretada por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, por lo que resultaba imperioso ordenar
el pago integral de la indemnización pretendida; y (ii) la demandada, con el
argumento de que se configuró el eximente de responsabilidad denominado
culpa exclusiva de la víctima, toda vez que no acudió al proceso 08001-31-03-
002-2003-00087-00 con el fin de pedir el reintegro del monto de la caución, lo
que impone negar las súplicas ordinarias.
14
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03002-01
Actora: Valores Industriales S. A.
m) Las precitadas alzadas fueron desatadas el 31 de agosto de 2021 por el
Consejo de Estado (subsección C de la sección tercera), en el sentido de
revocar la sentencia de primera instancia, para en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda, el estimar que no se colman los presupuestos para
declarar el error judicial, dado que la actora no agotó los instrumentos
judiciales pertinentes, pues desistió de la apelación interpuesta contra el auto
de 23 de mayo de 2003, con el que el Juzgado Segundo (2º) Civil del Circuito
de Barranquilla dispuso el traslado de la caución al trámite ejecutivo 08001-
31-03-008-2003-00122-00.
Que, además, contra el proveído de 10 de octubre de 2003, adicionado el 17
siguiente, con el que el aludido despacho judicial declaró la nulidad de lo
actuado en el proceso 08001-31-03-002-2003-00087-00 (salvo la orden de
trasferir los $4.196ʼ242.900 al Juzgado Octavo (8º) Civil del Circuito de
Barranquilla), la tutelante no interpuso recursos, por cuanto los formuló la
empresa Detergentes Panamericanos S. A. (que desistió del de apelación con el
beneplácito de aquella), omisión que impide la configuración del error judicial,
pues para que proceda resulta indispensable agotar todos los mecanismos de
defensa.
Sostiene que, respecto del auto de 17 de junio de 2003, con el que el Juzgado
Octavo (8º) Civil del Circuito de Barranquilla aprobó el contrato de
transacción entre las partes en el expediente 08001-31-03-008-2003-00122-00,
si bien no le era exigible a la aquí accionante que recurriera esa decisión,
porque no era parte en ese asunto, tenía la posibilidad de acudir a él, mediante
el incidente de que trata el artículo 687 (numeral 8) del CPC, y pedir el
desembargo de las sumas, dado que era una cuestión accesoria al proceso
(artículo 135 ibidem), pero no lo hizo.
Que como la caución sufragada en el trámite ejecutivo 08001-31-03-002-2003-
00087-00 tenía un carácter universal, es decir, fue pagada en favor de todas las
personas allí ejecutadas, inclusive de la Sociedad Importadora Colombiana
Ltda., era dable trasladarlas al expediente 08001-31-03-008-2003-00122-00,
en virtud del artículo 543 del CPC.
2.5.2 Defecto fáctico. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se
encuentra viciada por defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la
norma al caso concreto sin contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge
cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
15
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03002-01
Actora: Valores Industriales S. A.
legal en el que se sustenta la decisión»18.
La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba
no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto
negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se
configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente,
pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra19.
En el asunto sub judice la accionante asevera que la sentencia enjuiciada
incurre en defecto fáctico, dado que no advirtió que las pruebas obrantes en el
proceso de reparación directa 08000-23-31-000-2005-01562-00, daban cuenta
de (i) la falla del servicio (que no fundamentó en el error judicial, sino en el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia) por la pérdida de
la caución que pagó en el trámite ejecutivo 08001-31-03-008-2003-00087-00,
como la sentencia de 30 de abril de 2006, con la que la Corte Suprema de
Justicia (sala de casación penal) condenó a doce (12) años de prisión al Juez
Octavo (8º) Civil del Circuito de Barranquilla por irregularidades en el manejo
de dicho dinero; y (ii) que la apelación de los autos de 10 y 17 de octubre de
2003, dictados por el Juzgado Segundo (2º) Civil del Circuito de ese ciudad,
resultaba ineficaz, porque para esas fechas ya se habían trasladado los
$4.196ʼ242.900 al expediente 08001-31-03-008-2003-00122-00.
Con el propósito de determinar si los anteriores reproches tienen o no asidero
jurídico, es oportuno indicar que el artículo 9020 de la Constitución Política se
constituye en la fuente de la responsabilidad extracontractual del Estado,
puesto que es su «cláusula general»21, toda vez que prevé los elementos que
deben concurrir para que se configure, los cuales son: (i) un daño antijurídico,
esto es, un perjuicio que la persona no está en la obligación de soportar, (ii)
una acción u omisión de los servidores públicos concernientes al cumplimiento
de sus funciones y (iii) una relación causal entre el hecho dañoso y la
actuación o negligencia de aquellos.
18
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
19
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
20
«El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por
la acción o la omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra
éste».
21
Corte Constitucional, sentencia C-38 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
16
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03002-01
Actora: Valores Industriales S. A.
En virtud de dichos presupuestos, hay lugar a declarar la responsabilidad
extracontractual del Estado cuando sus agentes, en acatamiento de sus
funciones, por acción u omisión, causan menoscabo a una persona que no debe
resistirlo.
Así las cosas, el nexo causal hace referencia a la relación necesaria que debe
mediar entre el hecho generador del detrimento y el resultado, es decir, para
que se comprometa patrimonialmente a la Administración, es indispensable
que esta haya causado el daño22.
Ahora bien, el artículo 6523 de la Ley 270 de 199624 establece tres (3) hechos
generadores de responsabilidad patrimonial del Estado provenientes de
cuestiones judiciales, a saber: (i) error judicial, (ii) privación injusta de la
libertad y (iii) defectuoso funcionamiento de la Administración de justicia,
precepto que materializó lo contemplado en el artículo 1025 de la Convención
Interamericana de Derecho Humanos, aunque ya mediaban otras normas que
imponían el deber de indemnizar agravios originados en actuaciones
jurisdiccionales, como el artículo 41426 del Decreto 2700 de 199127.
Una de las situaciones que compromete la responsabilidad extracontractual del
Estado, en temas concernientes a la administración de justicia, es el error
judicial, definido por el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 como «[…] aquel
cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su
carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una
providencia contraria a la ley».
Ahora bien, una decisión judicial se estima «contraria a la ley» o a la
Constitución Política, cuando se subsumen hechos en normas que no se
avienen al caso, se dejan de apreciar pruebas o se omite aplicar un precepto a
22
Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia de 26 de abril de 2018, C. P. María Adriana
Marín, expediente 25000-23-26-000-2004-02010-01.
23
«El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por
la acción o la omisión de sus agentes judiciales.
En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad».
24
«Estatutaria de la administración de justicia».
25
«Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en
sentencia firme por error judicial».
26
«Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de
perjuicios».
27
«Por el cual se expiden las normas de Procedimiento Penal».
17
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03002-01
Actora: Valores Industriales S. A.
la controversia a pesar de ser necesario, como lo precisó esta Corporación28,
así:
La Sala para definir una “providencia contraria a la ley” ha dicho que es
aquella que surge al subsumir los supuestos de hecho del caso en las
previsiones de la norma (error de interpretación), de la indebida
apreciación de las pruebas en las cuales ella se fundamenta (error de
hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde o de la
indebida aplicación de la misma. Hay que entender incluida en la
definición de error jurisdiccional además las providencias contrarias a la
Constitución, que de acuerdo con el artículo 4º es norma de normas.
Para que haya lugar a declarar la responsabilidad del Estado por error judicial,
resulta indispensable que (i) el presunto afectado haya interpuesto los
respectivos recursos dentro del proceso en el que presuntamente acaeció aquel,
(ii) la providencia que se estima contraria al marco jurídico esté ejecutoriada,
(iii) concurran los elementos de la responsabilidad patrimonial de la
Administración y (iv) aquella decisión judicial contenga deducciones
probatorias arbitrarias o interpretaciones normativas carentes de
razonabilidad29.
Cabe advertir que cualquier discordancia con lo decidido por el juez no
constituye prima facie un error judicial pasible de indemnización, porque debe
existir «una conducta carente de fundamento objetivo»30, es decir, que la
determinación judicial corresponda a inferencias flagrantemente contrarias al
marco jurídico31.
Realizadas las anteriores precisiones jurídicas, en el sub lite se observa que las
autoridades accionadas negaron las pretensiones de la demanda de reparación
directa 08000-23-31-000-2005-01562-00, en razón a que no se colmaron las
exigencias de procedibilidad del error judicial, dado que no se agotaron los
recursos de apelación frente a los autos de (i) 23 de mayo de 2003, con el que
el Juzgado Segundo (2º) Civil del Circuito de Barranquilla dispuso el traslado
de la caución al trámite ejecutivo 08001-31-03-008-2003-00122-00, y (ii) 10
de octubre de ese año, adicionado el día 17 de los mismos mes y año, mediante
28
Sección tercera, subsección C, sentencia de 6 de marzo de 2013, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa,
expediente 73001-23-31-000-2000-00639-01.
29
Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, sentencia de 16 de diciembre de 2020, C. P. Nicolás
Yepes Corrales, expediente 25000-23-26-000-2011-00550-02.
30
Ibidem.
31
Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, sentencia de 11 de noviembre de 2020, C. P. Jaime
Enrique Rodríguez Navas, expediente 70001-23-31-000-2007-10118-01.
18
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03002-01
Actora: Valores Industriales S. A.
el cual el aludido despacho judicial declaró la nulidad de lo actuado en dicho
asunto, salvo de la orden de enviar los $4.196ʼ242.900 al Juzgado Octavo (8º)
Civil del Circuito de esa ciudad.
Luego de analizar los elementos de convicción que reposan en la acción de
reparación directa 08000-23-31-000-2005-01562-00, la Sala advierte que las
precitadas afirmaciones de los señores magistrados demandados no involucran
inferencias probatorias arbitrarias o caprichosas, pues aquellos acreditan que la
tutelante no agotó el recurso de apelación frente a los proveídos de 23 de mayo
y 10 de octubre de 2003, adicionado el día 17 de los mismos mes y año,
dictados en el trámite ejecutivo 08001-31-03-002-2003-00087-00, puesto que
desistió del que interpuso contra el primer proveído y no lo presentó frente al
segundo, con el argumento de que resultaba ineficaz para evitar el envío de la
caución al expediente 08001-31-03-008-2003-00122-00, porque ello ya había
ocurrido.
Así las cosas, como uno de los requisitos para que se declare la
responsabilidad extracontractual del Estado por error judicial es que se hayan
empleado todos los recursos procedentes dentro del proceso en el que se dictó
la providencia que presuntamente comporta un daño antijurídico, y esa
exigencia no se satisface en los hechos que derivaron en el proceso 08000-23-
31-000-2005-01562-00, se configuró el eximente de responsabilidad
denominado culpa exclusiva de la víctima, conforme a los artículos 6732 y 7033
de la Ley 270 de 1996, tal como lo concluyeron las autoridades accionadas,
situación que imponía negar las pretensiones formuladas en el referido asunto
contencioso-administrativo.
No obstante, la tutelante asevera que en la sentencia acusada no se advirtió que
la alzada resultaba ineficaz, toda vez que ya se habían trasladado los
$4.196ʼ242.900 al Juzgado Octavo (8º) Civil del Circuito de Barranquilla,
afirmación que para la Sala carece de asidero, porque el presupuesto para que
haya lugar a declarar la responsabilidad extracontractual del Estado por error
judicial, consistente en agotar los recursos procedentes contra la providencia
que presuntamente contraría el ordenamiento jurídico, no está condicionado al
criterio de las partes sobre la eficacia de la apelación en una determinada
32
«El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:
1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70 […]».
33
«El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa
grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al
Estado».
19
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03002-01
Actora: Valores Industriales S. A.
situación fáctica, pues el sistema normativo exige que se surta, presupuesto
que, se reitera, no se colmó en el sub lite.
Cabe advertir que la postura de la actora comporta una interpretación
inadecuada de los artículos 67 y 70 de la Ley 270 de 1996, dado que estos no
contemplan que su aplicación dependa de la presunta eficacia de los recursos
contra las decisiones que involucran un posible error judicial, de manera que
aquel criterio desatiende el principio de la hermenéutica jurídica, según el cual
«donde el legislador no distingue, no es dable hacerlo al intérprete»34.
Resulta oportuno anotar que de acogerse el criterio de la accionante, se
otorgaría la posibilidad de que quienes se consideren afectados por una
sentencia arbitraria no interpongan el recurso de apelación, cuando, a su juicio,
lo consideren ineficaz, en desconocimiento del precepto superior de la doble
instancia, pues no se le permitiría al ad quem ejercer un control de aquella y
eventualmente corregirla si contraría el marco jurídico, que es el objeto de la
alzada.
Adicionalmente, el hecho de que la caución sufragada en el trámite ejecutivo
08001-31-03-008-2003-00087-00 se hubiere trasladado al 08001-31-03-008-
2003-00122-00 antes de desatarse el recurso de apelación interpuesto contra el
auto de 23 de mayo de 2003 y de proferirse los de 10 y 17 de octubre de ese
año, no impedía que se apelaran, por cuanto con ello se hubiere permitido que
el superior funcional del Juzgado Segundo (2º) Civil del Circuito de
Barranquilla determinara si esas decisiones se ajustaban o no al sistema
normativo y, en caso negativo, adoptara las medidas pertinentes para
salvaguardarlo.
Ahora bien, la tutelante señala que las autoridades accionadas decidieron la
demanda de reparación directa 08000-23-31-000-2005-01562-00 conforme al
error judicial, pese a que en esas diligencias alegó defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia, sin embargo, se evidencia que esa situación no
constituye irregularidad alguna, toda vez que el marco jurídico, en aplicación
del principio iura novit curia, le otorga la potestad al juez contencioso-
administrativo de examinar los asuntos atañederos a la responsabilidad
patrimonial de la Administración bajo el régimen que estime se aviene al caso,
34
Corte Constitucional, sentencia C-317 de 2012, M. P. María Victoria Calle Correa.
20
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03002-01
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tal como lo precisó el Consejo de Estado35 en los siguientes términos:
El funcionario judicial, en preponderancia de un juicio libre y autónomo
y en virtud del principio iura novit curia, puede encausar el análisis del
asunto bajo las premisas del título de imputación que considere
pertinente, de acuerdo con el caso concreto y deberá manifestar de forma
razonada los fundamentos que le sirven de base para ello.
En ese orden de ideas, no comporta irregularidad alguna que las autoridades
accionadas hayan decidido la acción de reparación directa 08000-23-31-000-
2005-01562-00 de acuerdo con el error judicial de que trata el artículo 66 de la
Ley 270 de 1996, máxime cuando los argumentos empleados en la demanda
estuvieron orientados a demostrar que los Juzgados Segundo (2º) y Octavo (8)
Civiles del Circuito de Barranquilla se equivocaron en disponer el traslado de
la caución pagada en el trámite ejecutivo 08001-31-03-008-2003-00087-00 al
08001-31-03-008-2003-00122-00, y no a comprobar un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, que acontece cuando los
procesos judiciales se adelantan con dilaciones injustificadas36.
Por otra parte, la demandante afirma que las autoridades accionadas no se
pronunciaron sobre la sentencia de 30 de abril de 2006, con la que la Corte
Suprema de Justicia (sala de casación penal) condenó a doce (12) años de
prisión al entonces Juez Octavo (8º) Civil del Circuito de Barranquilla, en
consecuencia, se configuró un defecto fáctico, sin embargo, ese argumento no
es de recibo, porque aunque en la providencia reprochada se hizo alusión a ese
fallo del alto tribunal, pero no se analizó en el acápite de caso concreto, ello no
comporta dicha causal específica, puesto que no tenía la entidad de cambiar el
sentido de la determinación judicial censurada, dado que si bien acredita un
actuar delictivo del mencionado servidor judicial, no compromete prima facie
la responsabilidad patrimonial de la administración de justicia, pues para ello
resultaba necesario el cumplimiento de los presupuestos fijados por el marco
jurídico para la concurrencia de un error judicial, lo que no aconteció. Sobre el
particular, la Corte Constitucional37 indicó:
La sola omisión en la valoración o práctica de una prueba, no es
constitutiva de una vía de hecho. Para que ésta se produzca, debe
35
Sección tercera, subsección A, sentencia de 13 de noviembre de 2018, C. P. María Adriana Marín,
expediente 68001-23-31-000-2006-02670-01.
36
Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, sentencia de 23 de enero de 2015, M. P. Jaime Orlando
Santofimio Gamboa, expediente 76001-23-31-000-1997-03251-01.
37
Corte Constitucional, sentencia T-25 de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
21
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tratarse de errores manifiestos u ostensibles, atribuibles a una actitud
caprichosa o arbitraria del funcionario competente. Además, esas
pruebas deben tener la capacidad inequívoca de modificar el sentido del
fallo. En consecuencia, no hay vía de hecho cuando no se practican
pruebas o se omite la valoración de las existentes, pero la decisión se
fundamenta en un análisis coherente de otros elementos de juicio.
Se aclara que el hecho de que los señores magistrados demandados no hayan
valorado los medios de prueba que reposan en el proceso de reparación directa
08000-23-31-000-2005-01562-00, como lo pretendía la tutelante, no configura
la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales denominada defecto fáctico, en razón a que en virtud
de sus competencias jurisdiccionales tienen la potestad de examinar la
pertinencia, utilidad y conducencia de los elementos probatorios obrantes en
ese proceso, así como la de brindarles diferentes grados de certeza, siempre
que lo hagan de manera integral y bajo los criterios de la sana crítica, como
aconteció en el asunto materia de controversia.
Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural), acerca del
supuesto error judicial, están precedidas de una valoración integral y razonable
de las pruebas recaudadas, lo que imposibilita al juez de tutela cuestionarlas,
salvo que sean evidentemente contrarias a las garantías superiores, supuesto
que no se da en el sub lite. En lo que atañe a este aspecto, la Corte
Constitucional38 sostuvo:
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de
una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien
debe determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud
de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso
concreto.
El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo
sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena
fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en
principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de
las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.
38
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error
en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto” […].
Así las cosas, la conclusión de las autoridades accionadas, consistente en que
en los hechos debatidos en el proceso de reparación directa 08000-23-31-000-
2005-01562-00 no se configuró error judicial, por ende, se imponía negar las
pretensiones allí formuladas, no involucra una inferencia probatoria arbitraria
o caprichosa de los elementos de convicción que reposan en dicho expediente
contencioso-administrativo, situación de la que se colige que la sentencia
reprochada no incurre en defecto fáctico.
2.5.3 Defecto sustantivo. El artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de ese
mandato, las autoridades judiciales deben decidir las discusiones conforme a
las normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
La jurisprudencia constitucional39 ha precisado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el
denominado defecto sustantivo, que se configura cuando el litigio es desatado
con fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien
porque fue derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no
tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es
paradójica o simplemente se omite aplicarla.
Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo que este defecto implica «[…] la
existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el
proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso
sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la
procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la
efectividad de los derechos constitucionales»40.
En el sub lite la demandante asevera que la sentencia atacada incurre en
defecto sustantivo, porque (i) le fue aplicado el numeral 8 del artículo 687 del
CPC, pese a que regula una situación fáctica que no se relaciona con la
39
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
40
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Actora: Valores Industriales S. A.
controversia, y (ii) interpretó erradamente el artículo 543 ibidem, dado que esa
norma no permite el traslado de cauciones entre asuntos ejecutivos que no
tienen las mismas partes.
En relación con la primera afirmación, se evidencia que en la providencia
cuestionada se indicó que la demandante tuvo la posibilidad de acudir al
trámite ejecutivo 08001-31-03-008-2003-00122-00, adelantado en el Juzgado
Octavo (8º) Civil del Circuito de Barranquilla, y reclamar, en virtud del
artículo 687 (numeral 841) del CPC, los $4.196ʼ242.900 que canceló como
caución en el expediente 08001-31-03-008-2003-00087-00, pero no lo hizo, lo
que impedía que acaeciera el error judicial.
Para la Sala no es de recibo el aludido reproche, pues el artículo 687 (numeral
842) del CPC fue empleado por las autoridades accionadas con la finalidad de
advertir que la tutelante, así no haya sido parte en el asunto 08001-31-03-008-
2003-00122-00, tenía la posibilidad de concurrir a él y deprecar la devolución
del mencionado monto y no lo hizo, omisión que impedía la configuración del
error judicial en lo concerniente al Juzgado Octavo (8º) Civil del Circuito de
Barranquilla.
Cabe precisar que la actora no efectuó manifestación alguna en el trámite
ejecutivo 08001-31-03-008-2003-00122-00, pese a que tenía la posibilidad de
hacerlo, no solo en atención a la precitada disposición, sino también como
tercera interesada, pero ello no aconteció, circunstancia que, como lo
concluyeron las autoridades accionadas, denota descuido que impide declarar
la responsabilidad del Estado por error judicial.
Ahora bien, en lo que concierne a la aseveración de la accionante de que en la
providencia reprochada se interpretó erradamente el artículo 54343 del CPC, la
41
«Se levantarán el embargo y secuestro en los siguientes casos:
[…]
8. Si un tercero poseedor que no se opuso a la práctica de la diligencia de secuestro, solicita al juez del
conocimiento, dentro de los veinte días siguientes, que se declare que tenía la posesión material del bien al
tiempo en que aquélla se practicó, y obtiene decisión favorable. La solicitud se tramitará como incidente, en
el cual el solicitante deberá probar su posesión».
42
«Se levantarán el embargo y secuestro en los siguientes casos:
[…]
8. Si un tercero poseedor que no se opuso a la práctica de la diligencia de secuestro, solicita al juez del
conocimiento, dentro de los veinte días siguientes, que se declare que tenía la posesión material del bien al
tiempo en que aquélla se practicó, y obtiene decisión favorable. La solicitud se tramitará como incidente, en
el cual el solicitante deberá probar su posesión».
43
«Quien pretenda perseguir ejecutivamente en un proceso civil bienes embargados en otro proceso y no quiera o no
pueda promover la acumulación de ellos, podrá pedir el embargo de los que por cualquier causa se llegaren a
desembargar y el del remanente del producto de los embargados […]».
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Sala no encuentra acreditada tal situación, por cuanto la caución que se pagó
en el asunto ejecutivo 08001-31-03-008-2003-00087-00, en atención a esa
norma, era embargable en otras diligencias de esa naturaleza, porque ese
dinero estaba sujeto a dicha medida cautelar, de conformidad con el artículo
51944 ibidem, y se sufragó con el propósito de beneficiar no solo a la tutelante,
sino a todas las ejecutadas en dichas actuaciones, por tanto, comprendía los
bienes de la Sociedad Importadora Colombiana Ltda. (demandada en el trámite
08001-31-03-008-2003-00122-00), situación que habilita enviar a este los
$4.196ʼ242.900, conforme a la primera de las disposiciones mencionadas.
Así las cosas, en la providencia censurada no se evidencia indebida aplicación
de los artículos 543 y 687 (numeral 8) del CPC, motivo por el cual no adolece
del defecto sustantivo invocado en la solicitud de amparo.
A partir de los anteriores prolegómenos, se confirmará la sentencia
impugnada, que negó el amparo deprecado, en razón a que el fallo objeto de
censura constitucional no comporta defecto fáctico ni sustantivo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1º. Confírmase la sentencia de 30 de junio de 2022, mediante la cual el
Consejo de Estado (sección quinta) negó el amparo de los derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso y acceso a la administración
de justicia invocados por la empresa Valores Industriales S. A., por las razones
expuestas en la motivación.
2º. Notifíquese esta determinación judicial a las partes por el medio más
expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
44
«Desde que se formule demanda ejecutiva el ejecutado podrá pedir que no se le embarguen ni secuestren
bienes, para lo cual deberá prestar caución en dinero o constituir garantía bancaria o de compañía de
seguros por el monto que el juez señale, para garantizar el pago del crédito y las costas dentro de los tres
días siguientes a la ejecutoria de la sentencia que desestime las excepciones, o del auto que acepte el
desistimiento de ellas, o de la sentencia que ordene llevar adelante la ejecución, según el caso.
Si las medidas cautelares ya se hubieren practicado, el demandado podrá solicitar la cancelación y
levantamiento de la misma previa consignación de la cantidad de dinero que el juez estime suficiente para
garantizar el pago del crédito y las costas, la cual se considerará embargada para todos los efectos» (se
resalta).
25
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Actora: Valores Industriales S. A.
3º. Comuníquese el presente fallo a la sección quinta de esta Corporación y
remítasele copia.
4º. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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