Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03007-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03007-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-03007-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
14 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03007-01
Referencia: Acción de tutela
ACTORA: ESTELLA BELTRÁN NEIVA
TESIS: CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE AMPARÓ
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y A LA
SEGURIDAD SOCIAL DE LA ACTORA. LOS REPAROS DE LA ENTIDAD
IMPUGNANTE NO TIENEN VOCACIÓN DE PROSPERIDAD. EL
RECURSO DE CASACIÓN NO ES UN MECANISMO IDÓNEO EN EL
ASUNTO. LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA INCURRIÓ EN LOS
DEFECTOS SUSTANTIVO Y SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO
DEL PRECEDENTE. LA ACTORA NO ES BENEFICIARIA DEL RÉGIMEN
DE TRANSICIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE
1993, ASUNTO QUE NO ESTABA EN DISCUSIÓN POR LO QUE NO
PROSPERAN LAS INCONFORMIDADES EXPUESTAS POR
COLPENSIONES.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y A LA
SEGURIDAD SOCIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones contra la sentencia de 1o.
de julio de 2022, proferida por la Sección Segunda -Subsección
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“B”- del Consejo de Estado1 que amparó los derechos
fundamentales al debido proceso y a la seguridad social de la actora.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La señora ESTELLA BELTRÁN NEIVA, actuando a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al
principio de legalidad, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por
la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “C”- DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA2 al proferir la
providencia de 23 de febrero de 2022, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 11001-33-35-015-2020-00039-01.
I.2.- Hechos
1 En adelante la Sección Segunda.
2 En adelante el Tribunal.
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Refirió que laboró al servicio del Hospital Militar por más de 30 años,
esto es, desde el 1o. de febrero de 1981 al 30 de marzo de 2019.
Sostuvo que mediante Resolución SUB-291383 de 7 de noviembre
de 2018, Colpensiones ordenó el reconocimiento y pago de una
pensión de vejez en cuantía de $2.354.614.
Relató que durante los últimos 10 años de servicios devengó, tal
como se evidencia del certificado emitido por el nominador, los
factores de asignación básica, bonificación por servicios prestados,
recargos nocturnos, dominicales, festivos y horas extras, por lo que
presentó petición ante Colpensiones, a fin de que se le reliquidara su
mesada pensional.
Indicó que la anterior petición fue denegada mediante Resolución
SUB-257092 de 19 de septiembre de 2019, decisión confirmada en
Resolución DPE 13456 de 15 de noviembre de 2019.
Manifestó que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra Colpensiones, a fin de que se declarara la nulidad de
los actos administrativos y se reliquidara su mesada pensional,
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teniendo en cuenta los factores salariales taxativamente establecidos
en el Decreto 1158 de 1994, devengados durante los últimos 10
años.
Adujo que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 2020-00039-00 y correspondió por reparto al Juzgado
Quince Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá que, en
sentencia de 16 de abril de 2021, denegó las pretensiones y se
abstuvo de condenar en costas.
Refirió que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión,
el cual fue resuelto por el Tribunal que, mediante sentencia de 23 de
febrero de 2022, confirmó la sentencia del a quo al considerar que el
empleador no hizo descuentos con destino al sistema pensional sobre
los recargos nocturnos, dominicales y festivos, de tal forma que ello
no se debía incluir al momento de liquidar la mesada pensional,
máxime cuando el artículo 53 del Decreto 2701 de 1988 no prevé
tales factores para la liquidación pensional, como lo decidió
Colpensiones en los actos objeto de reproche.
I.3. Fundamentos de derecho
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A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada trasgredió
sus derechos fundamentales al negarle la inclusión de los factores
salariales sin que obrase justificación válida y legal para ello, pues la
obligación de cotización, retención y deducción correspondía al
empleador y el incumplimiento de ello no podía ser asumido por el
trabajador.
Arguyó que el Tribunal incurrió en defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial al aplicar indebidamente las
reglas y subreglas de la sentencia de unificación de 28 de agosto de
2018 a la luz del Decreto 1158 de 1994, en la medida que como
fundamento de la negativa de la inclusión de los factores salariales
de trabajo complementario que son directamente considerados
jornada laboral, decidió sancionarla, en calidad de trabajadora y
parte subordinada de la relación, en quien no radicada el deber de
descuento y aporte efectivo.
En ese mismo sentido, añadió que se incurrió en defecto sustantivo
al inaplicar los artículos 23, 24, 25 y 53 de la Ley 100 de 1993, pues
se debió ordenar la reliquidación de su pensión, con la inclusión de
los factores salariales de recargo nocturno, dominicales y festivos,
máxime cuando estos estaban incluidos en el Decreto 1158 de 1994.
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Advirtió que la autoridad judicial accionada pasó por alto que, de una
parte, el empleador omitió su obligación legal de realizar las
respectivas cotizaciones y descuentos al sistema pensional y, de otra,
Colpensiones se abstuvo de ejercer su acción de cobro, vigilancia y
fiscalización de los aportes, situación que a todas luces desvirtuaba
la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados,
de conformidad con la jurisprudencial dispuesta para el asunto.
En efecto, resaltó que tanto la Corte Constitucional3 como el Consejo
de Estado4, han discurrido que si el empleador incumple sus
obligaciones ante el sistema de seguridad social, es este quien debe
asumir las consecuencias, no así el trabajador, como ocurrió en el
caso concreto.
Finalmente, destacó que el Tribunal desconoció que existiendo
prueba incuestionable de la causación de tales factores salariales
devengados, prefirió denegar las pretensiones, desconociendo así la
naturaleza intrínseca de los factores devengados con la jornada
3 Sentencias C-177 de 1998, T-920 de 2010 y T-064 de 2018.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia de 30 de septiembre de 2021, M.P. William Hernández Gómez.
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laboral que debían reflejarse, imperantemente, en el IBL de la
pensionada.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia:
“[…] se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “C” a proferir una nueva
providencia en tenor del compendio normativo vigente y
aplicable, la Jurisprudencia garantista unificada respecto a la
mora patronal e inoponibilidad de la misma para fines de
reconocimiento pensional adecuado, y en respeto de los principios
y contenidos constitucionales de aplicación directa expuestos
[…]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El Tribunal señaló que de la providencia acusada, se
evidencia que no existe vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados, pues la decisión fue tomada bajo el
análisis fáctico y jurídico que se hizo en esa oportunidad, por lo que
se somete al juicio de valoración que realice el juez de tutela.
I.6. Intervinientes
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I.6.1.- El Hospital Militar Central solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela de la referencia por ausencia de
vulneración de los derechos fundamentales invocados, máxime
cuando lo pretendido por la actora es que se modifique la sentencia
que precisamente fue proferida en cumplimiento de las sentencias de
unificación del Consejo de Estado.
De otra parte, solicitó que se le desvincule de la presente acción
constitucional, pues no ha vulnerado los derechos fundamentales de
la actora.
I.6.2.- Colpensiones sostuvo que la acción de tutela para el caso
particular no es el mecanismo adecuado para satisfacer el derecho
reclamado, teniendo en cuenta que no puede constituirse en una
tercera instancia para analizar el litigio objeto de debate.
De otra parte, señaló que no se desconoció el precedente y la
sentencia acusada se debe considerar ajustada a derecho,
comoquiera que si bien la posición inicial del Consejo de Estado se
había separado de la posición de la Corte Constitucional,
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posteriormente se unificó siendo la misma postura, lo cual no da
lugar a discusiones.
Por lo anterior, solicitó que se declare improcedente la acción de
tutela de la referencia, pues no se ha materializado ninguna vía de
hecho o vulneración de los derechos por parte del Tribunal.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Sección Segunda mediante sentencia de 1o. de julio de 2022,
amparó los derechos fundamentales al debido proceso y a la
seguridad social de la actora, por lo que dejó sin efectos la sentencia
acusada y, en su lugar, ordenó al Tribunal proferir una decisión de
reemplazo, de la siguiente manera:
“[…] PRIMERO. - AMPARAR los derechos fundamentales al
debido proceso y a la seguridad social invocados por la señora
Estella Beltrán Neiva, de conformidad con las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 23 de febrero
de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección C, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, instaurado por la señora Estella
Beltrán Neiva, contra la Administradora Colombiana de Pensiones
• Colpensiones y el Hospital Militar Central.
TERCERO. - ORDENAR a la referida corporación judicial que,
dentro de los 20 días siguientes a la notificación de esta
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providencia, emita una decisión de reemplazo, tomando como
referente los argumentos expuestos en la parte motiva de esta
providencia, relacionados con el periodo de liquidación de la
pensión del actor y la aplicación de inciso 3º del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993. Sin perjuicio de la autonomía que le asiste como
juez natural, para adoptar la decisión de fondo a que haya lugar
[…]”.
Para lo anterior, el a quo consideró que el Tribunal incurrió en defecto
sustantivo pues omitió analizar el contenido y alcance del artículo 24
del Decreto 02 de 1988 y el artículo 21 del Acuerdo núm. 2 de 2002,
en relación con la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, para
determinar la integralidad de régimen pensional aplicable a la actora,
la cotización de aportes, el procedimiento ante la mora o ausencia de
pago de los mismos y los factores que se debían incluir para liquidar
la pensión de la tutelante.
Sumado a lo anterior, refirió que frente a la responsabilidad del
afiliado por el no pago de los aportes al sistema pensional, el criterio
de las cortes coincide en afirmar que no se puede negar el
reconocimiento de una pensión de vejez, por haber existido mora por
parte del empleador en el pago de las cotizaciones, en la medida que
la entidad encargada de reconocer la pensión está en el deber de
exigir al empleador la cancelación de los aportes.
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En igual sentido, sostuvo que la entidad administradora está
facultada para efectuar el cobro de lo que por concepto de aportes
adeude el empleador y, no habiéndolo hecho, una vez aceptado el
pago en forma extemporánea se entenderá como efectivo y, por
tanto, se traducirá en tiempo de cotización.
Las anteriores consideraciones el a quo las soportó en la sentencia
de unificación SU-430 de 1998, posición reiterada en las sentencias
C-083 de 1995, C-037 de 1996, T-518 de 2004, C-820 de 2006, T-
920 de 2010, C-818 de 2011, proferidas por la Corte Constitucional,
en el sentido que no es admisible que se niegue al trabajador la
pensión a que tiene derecho, arguyendo el incumplimiento del
empleador en el pago de los aportes.
Así las cosas, estimó que la jurisdicción ordinaria laboral ha
considerado que no es imputable al trabajador la mora en el pago de
aportes al sistema pensional, en la medida que la entidad de
seguridad social encargada de recibir los aportes dispone de los
mecanismos idóneos para procurar el pago o hacer el cobro de los
intereses moratorios causados con ocasión de la extemporaneidad en
las cotizaciones, de conformidad con lo expuesto por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 17
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de mayo de 2011.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
Colpensiones impugnó la sentencia proferida por la Sección
Segunda, en los siguientes términos:
Sostuvo que contrario a lo advertido por el a quo, no se cumple con
los requisitos de procedibilidad de tutela contra providencia judicial,
comoquiera que el Tribunal aplicó las normas relativas en la materia,
así como los preceptos constitucionales y la jurisprudencia prevista
para el asunto, por lo que no es de tal acierto que hubiese
transgredido los derechos fundamentales de la actora.
Arguyó que la solicitud de amparo en el caso concreto no es el
mecanismo adecuado para conseguir la satisfacción del derecho
reclamado, teniendo en cuenta que no puede constituirse en una
tercera instancia para analizar el litigio objeto de debate, máxime
cuando la actora pudo presentar casación frente al proceso ordinario,
sin que haya hecho uso del mismo.
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Destacó que la decisión cuestionada es a todas luces coherente y
racional, de tal forma que no respetar la autonomía judicial vulneraría
el principio constitucional dispuesto en el artículo 228 de la Carta
Política y el artículo 48 ibidem, al no permitir que bajo su
interpretación se protejan los recursos públicos y con ello el principio
constitucional de sostenibilidad financiera del sistema pensional.
Resaltó que en el caso concreto existen dos interpretaciones frente a
la forma como se debe entender e interpretar el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, esto es, la forma establecida por el Consejo de Estado
en sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, reiterada por la
Sala Plena en sentencia de 9 de febrero de 2017 y, de otro lado, la
dispuesta por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de
2013 y SU-230 de 2015, que en síntesis pregonan la aplicación
ultractiva de los regímenes a los que se encontraban afiliados los
beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, pero sólo en lo relacionado con los requisitos de edad,
tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, excluyendo
el ingreso base de liquidación, asunto sobre el cual se debían seguir
los lineamientos contenidos en el actual sistema general de
pensiones.
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Así las cosas, sostuvo que si bien en algún momento la tesis reinante
era aquella soportada en la línea del Consejo de Estado, en la
actualidad se debe entender de manera preferente el precedente de
la Corte Constitucional, cuyo cumplimiento es obligatorio, tan es así
que el Consejo de Estado ha adoptado tal postura en reciente
jurisprudencia, de tal forma que la discusión está zanjada, sin que se
haya desconocido precedente alguno.
Por lo anterior, adujo que, de acceder a las pretensiones de la actora,
se estaría invadiendo la órbita del juez ordinario y su autonomía,
además de que excede las competencias del juez constitucional, en
la medida que no se probó la vulneración de los derechos
fundamentales ni la existencia de un perjuicio irremediable, por lo
que la acción de tutela de la referencia debe declararse improcedente
ante la existencia de la cosa juzgada.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
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de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que el Hospital Militar Central solicitó su
desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
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“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que el Hospital Militar Central también fue parte
demandada dentro medio de control de nulidad y restablecimiento
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del derecho identificado con el número único de radicación 2020-
00039-01, objeto de reproche, le asiste interés en las resultas del
proceso, por lo que la Sala denegará su solicitud de desvinculación
por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se deje sin efecto la providencia de 23 de febrero de 2022,
proferida por el TRIBUNAL, por medio de la cual confirmó la
providencia del a quo que denegó las pretensiones de la demanda,
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dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2020-00039-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al principio
de legalidad, habida cuenta que, a juicio de la actora, la autoridad
judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo y sustantivo por
desconocimiento del precedente.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
Sección Segunda que, mediante sentencia 1o. de julio de 2022,
amparó los derechos fundamentales al debido proceso y a la
seguridad social de la actora, al considerar que el Tribunal incurrió
en defecto sustantivo, decisión que, además, fue soportada en la
jurisprudencia dispuesta para el asunto.
Inconforme con lo anterior, Colpensiones impugnó la decisión
proferida en primera instancia, para lo cual indicó que contrario a lo
advertido por el a quo, no se cumple con los requisitos de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial, en la medida que
este mecanismo constitucional no es el adecuado para conseguir la
satisfacción del derecho reclamado, teniendo en cuenta que no puede
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constituirse en una tercera instancia para analizar el litigio objeto de
debate, máxime cuando la actora pudo presentar casación frente al
proceso ordinario, sin que haya hecho uso del mismo.
Añadió la entidad que en el caso concreto existen dos
interpretaciones frente a la forma como se debe entender e
interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin embargo, tal
posición ya se encuentra zanjada sin que se haya desconocido
precedente alguno, por lo que la acción de tutela de la referencia
debe declararse improcedente.
Finalmente, puso de presente que la autoridad judicial accionada no
vulneró los derechos fundamentales invocados, toda vez que la
providencia cuestionada fue proferida con fundamento en las normas
y la jurisprudencia dispuesta para el asunto.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero, ii)
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados dentro del medio de control de nulidad y
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restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2015-00995-01.
De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la
Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación.
La Sala observa que, en el presente caso se cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, por cuanto la parte actora plantea con
suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su
criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
endilgados y vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso
y a la seguridad social; contra la decisión cuestionada no proceden
recursos y tampoco se estructuran las causales de los recursos
extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación
de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de tutela se
interpuso en un plazo razonable5 y, por último, la solicitud identifica
los hechos y derechos que se estiman lesionados.
5 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero
ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
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En este punto es del caso destacar que Colpensiones en su escrito de
impugnación, arguyó que la solicitud de amparo no cumple con los
requisitos generales de procedibilidad, especialmente el de
subsidiariedad, en la medida que la actora debió acudir al recurso de
casación, mecanismo idóneo para resolver las inconformidades aquí
expuestas.
Sobre el particular es del caso destacar que el capítulo XII del CPACA,
modificado por la Ley 2080 de 2021 en sus artículos 61 y
subsiguientes, prevé de forma taxativa y expresa los siguientes
recursos:
Ordinarios
• Reposición art. 242
• Apelación art. 243
• Queja art. 245
-Súplica art. 246
Extraordinarios
• Revisión arts. 248 a 255
• Unificación de jurisprudencia arts. 256 a 268
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Adicionalmente, sin que se consideren recursos, la jurisdicción
contencioso administrativa prevé los instrumentos procesales de
consulta, extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado y el
mecanismo eventual de revisión.
De lo anterior, es dable extraer que el recurso de casación
corresponde únicamente a la jurisdicción ordinaria, no así a la
jurisdicción contencioso administrativa, por lo que la Sala no
comparte los argumentos expuestos por Colpensiones, en la medida
que la providencia acusada y que puso fin al proceso, fue proferida
por la Sección Segunda -Subsección “C”- del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
Así las cosas, se destaca que tal inconformidad de la entidad
impugnante no tiene vocación de prosperidad, por lo que se cumple
con el requisito de la subsidiariedad.
Verificado lo anterior, corresponde determinar si la autoridad judicial
accionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a
la seguridad social, tal como lo consideró el a quo o, si por el
contrario, le asiste razón a la entidad impugnante al advertir que la
providencia de 23 de febrero de 2022 no incurrió en los yerros
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endilgados dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación 2020-
00039-01.
Caso concreto
Encuentra la Sala que la inconformidad planteada por la actora radica
en que la autoridad judicial accionada, al conocer del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 2020-00039-01 trasgredió sus derechos
fundamentales al negarle la inclusión de los factores salariales sin
que obrase justificación válida y legal para ello, pues la obligación de
cotización, retención y deducción correspondía al empleador, y tal
incumplimiento no podía ser asumido por el trabajador.
Revisado el expediente, se evidencia que el Tribunal mediante
providencia de 23 de febrero de 2022, confirmó la decisión del
Juzgado Quince Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de
Bogotá que, mediante sentencia de 16 de abril de 2021, denegó las
pretensiones de la demanda.
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Para resolver los cargos planteados, es necesario traer a colación la
providencia cuestionada con el fin de verificar los fundamentos de la
decisión proferida por el Tribunal en sentencia de 23 de febrero de
2022.
La providencia cuestionada se translitera a continuación:
“[…] El sub lite se contrae a determinar si las Resoluciones SUB
257092 del 19 de septiembre de 2019 y DPE 13456 del 15 de
noviembre de 2019, mediante las cuales la Administradora
Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES le negó la reliquidación
de la pensión de vejez a la demandante se ajustan o no a derecho.
Asimismo, se debe establecer si la Comunicación No. E-00003-
20191683-HMC id: 61823 del 26 de diciembre de 2019, mediante
la cual, el Hospital Militar Central señaló que realizó los aportes
para pensión en los porcentajes y conceptos establecidos en la ley,
se ajusta o no a derecho.
[…]
En el presente asunto, se encuentra demostrado que la
demandante tiene reconocida pensión de vejez bajo el amparo de
la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, toda vez
que, no es beneficiaria del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100, situación frente a la cual no presenta
discusión alguna.
La discusión estriba en los factores que deben computarse para
realizar la liquidación de la mesada pensional, comoquiera que,
según el artículo 1158 de 1994, que le es aplicable porque su
pensión se gobierna por la Ley 100 de 1993, los recargos
nocturnos, dominicales y festivos se deben incluir para calcular la
pensión.
No obstante, en este caso, aunque se encuentra demostrado que
la actora durante los diez años anteriores al reconocimiento
pensional devengó valores por concepto de recargos nocturnos,
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dominicales y festivos, no puede desconocerse que su régimen
prestacional se encuentra consagrado en el decreto 2701 de 1988
y conforme a dicha normativa, que es especial, esos emolumentos
no se computan para la liquidación de la pensión y, por ende,
tampoco hacen parte de la base para calcular los aportes.
[…]
En consecuencia, no resulta procedente ordenar por la vía judicial
el pago de aportes para seguridad social en pensión sobre factores
de salario distintos a los referidos en el artículo 53 del Decreto Ley
2701 de 1988, dado que ello equivaldría a modificar dicho estatuto
sin tener competencia Constitucional y legal. Además, ese régimen
prestacional responde a las especiales funciones que desempeñan
los empleados a quienes se les aplica, y no se advierte contrariedad
alguna con la Constitución que imponga su inaplicación en virtud
del artículo 4º de la Carta.
El reconocimiento de la pensión de vejez a favor de la actora se
enmarca en el régimen establecido por las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003; y, por ende, los factores a tener en cuenta son los
enlistados en el decreto 1158 de 1994, siempre que sobre ellos el
empleador haya efectuado los aportes correspondientes. El Acto
Legislativo 01 de 2005, prevé que para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales
cada persona hubiere efectuado las cotizaciones.
Incluso, para quienes se encuentran amparados en el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, el H. Consejo
de Estado determinó como una subregla de obligatorio
seguimiento, que los factores a incluir para efectos de liquidar la
mesada pensional son únicamente aquellos consagrados en el
Decreto 1158 de 1994, sobre los que se hayan efectuado los
aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.
Como la entidad empleadora no hizo los descuentos con destino al
sistema pensional sobre los recargos nocturnos, dominicales y
festivos, ese no es un ítem que la administradora de pensiones
COLPENSIONES tenga que incluir al momento de liquidar la
mesada, tal y como lo decidió en los actos objeto de reproche.
Por otro lado, como el empleador dejó de hacer esos aportes con
fundamento en el régimen prestacional especial que se aplica a los
empleados públicos del Hospital Militar Central, específicamente
con base en el artículo 53 del Decreto 2701 de 1988, no incurrió
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en omisión alguna; al contrario, lo que se evidencia es que dio cabal
cumplimiento al régimen aplicable […]”.
Revisado el expediente digital se observa que mediante Resolución
SUB-291383 de 7 de noviembre de 2018, Colpensiones reconoció
pensión de vejez a la actora, la cual liquidó con el promedio de lo
cotizado durante los últimos 10 años de servicios, de conformidad
con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, tomando los
factores salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994, de tal forma
que el régimen pensional de la señora BELTRÁN NEIVA era, sin
discusión alguna, el dispuesto en la Ley 100 de 1993, modificado por
la Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios.
En ese orden de ideas, al observar el Decreto 1158 de 1994, se
advierte que el salario mensual base para calcular las cotizaciones al
Sistema General de Pensiones de los servidores públicos, está
constituido, entre otros, por los factores salariales de remuneración
por trabajo suplementarios, horas extras y jornada nocturna, los
cuales no fueron incluidos en la mesada pensional de la actora, pese
a que, tal como lo afirmó el TRIBUNAL, obraba en el expediente
certificación expedida por la Unidad de Talento Humano del Hospital
Militar Central en el que constaba la relación de recargos nocturnos,
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dominicales y festivos pagados a la actora desde agosto de 1996 a
marzo de 2019.
De la lectura de la sentencia objeto de tutela, la Sala observa que la
autoridad judicial accionada al conocer en segunda instancia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho concluyó
que no era procedente ordenar al Hospital Militar Central el pago para
seguridad social en pensión sobre factores salariales distintos a los
establecidos en el artículo 53 del Decreto 2701 de 1988, normativa
que no computaba para la liquidación pensional los valores por
concepto de recargos nocturnos, dominicales y festivos.
En ese orden de ideas, revisada la sentencia cuestionada, se observa
que el TRIBUNAL pasó por alto el contenido del Decreto núm. 02 de
1998 “Por el cual se aprueba el Acuerdo número 006 de la Junta
Directiva del Hospital Militar Central”, que en su artículo 24 prevé
que los empleados y trabajadores de esa institución están sometidos
al régimen pensional dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus normas
reglamentarias y que, además, en lo relativo a la demás prestaciones
sociales se les aplicaría el Decreto Ley 2701 de 1988, disposición que
fue reiterada en el Acuerdo 02 de 2002 “Por el cual se adopta el
estatuto interno del Hospital Militar Central”, de la siguiente manera:
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“[…] “ARTÍCULO 21. Los empleados públicos y trabajadores
oficiales del Hospital Militar Central quedarán sometidos al régimen
de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y sus normas
reglamentarias. En lo relativo a las demás prestaciones sociales se
les aplicará el Decreto-ley 2701 de 1988 y demás normas que lo
modifiquen o adicionen […]”.
Así las cosas, de lo expuesto en precedencia es posible inferir que los
empleados públicos y trabajadores oficiales del Hospital Militar
Central están sometidos al régimen de pensiones dispuesto en la Ley
100 de 1993 y sus normas reglamentarias, mientras que lo relativo
a las demás prestaciones sociales se regirán por el Decreto 2701 de
1988.
Para la Sala, la autoridad judicial accionada erró al considerar que el
artículo 53 del Decreto 2701 de 1988 le era aplicable a la actora en
cuanto al pago para seguridad social en pensión, en la medida que
dicha normativa no estaba dispuesta para el efecto, sino en lo
referente a otras prestaciones sociales diferentes a la pensión, de tal
forma que la liquidación de su pensión debía regirse exclusivamente
por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios,
esto es, el Decreto 1158 de 1994, en el cual se establece como
factores salariales la remuneración por trabajo suplementario o de
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horas extras, así como el realizado en jornada nocturna, como lo
pretendía la actora.
En efecto, el TRIBUNAL se abstuvo de tener en cuenta tales factores
salariales por aplicar el artículo 53 del Decreto 2701 de 1988, cuando
la normativa dispuesta para la actora era la prevista en el Decreto
1158 de 1994, de conformidad con lo establecido en el Decreto núm.
02 de 1998 y el Acuerdo 02 de 2002, y tal como le fue reconocida la
pensión a la actora por Colpensiones en la Resolución SUB-291383
de 7 de noviembre de 2018.
En ese orden de ideas, se concluye que, comoquiera que, de
conformidad con el Decreto 1158 de 1994 «[…] f) La remuneración
por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada
nocturna», es un factor con el cual se deben calcular las cotizaciones
al Sistema Pensional y que quedó demostrado que la actora devengó
dichos emolumentos durante los últimos 10 años de servicios, es
dable afirmar que Colpensiones tenía el deber de realizar las
respectivas cotizaciones al sistema, sin que hubiese cumplido con
ello.
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En efecto, no es de tal acierto la aplicación del artículo 53 del Decreto
2701 de 1988, como erradamente lo consideró el TRIBUNAL, toda
vez que, se reitera, los empleados y trabajadores del Hospital Militar
Central estaban regidos en cuanto a la forma de liquidar las
pensiones por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, esto es, el Decreto 1158 de 1994, por lo que la
entidad empleadora sí debió realizar las respectivas cotizaciones
sobre los factores de recargos nocturnos, dominicales y festivos,
contrario a lo afirmado en la sentencia cuestionada.
Por lo anteriormente expuesto, para la Sala la autoridad judicial
accionada incurrió en defecto sustantivo al dejar de aplicar en debida
forma lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y su decreto reglamentario,
esto es, el Decreto 1158 de 1994, así como el Decreto 02 de 1998 y
el Acuerdo núm. 02 de 2002, tal como lo consideró la SECCIÓN
SEGUNDA en primera instancia.
De otra parte, el TRIBUNAL concluyó que la entidad empleadora, al
no haber hecho los respectivos aportes al sistema sobre los recargos
nocturnos, dominicales y festivos, no era posible incluirlos en la
liquidación de la mesada pensional, toda vez que los factores
salariales para efectos de liquidar la mesada pensional eran
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únicamente aquellos previstos en el Decreto 1158 de 1994 y sobre
los cuales se hayan efectuado los aportes y cotizaciones al Sistema
General de Pensiones.
Sobre el particular, la Sala considera necesario traer a colación la
sentencia T-064 de 2018, proferida por la Corte Constitucional que
dispone:
“[…] Por lo tanto, se considera que el empleador al no afiliar o
incumplir con el pago de las respectivas cotizaciones desconoce su
obligación legal y reglamentaria, al igual que vulnera el derecho
fundamental a la seguridad social del trabajador, el cual no puede
verse afectado por una obligación que incumple quien lo
contrata, máxime cuando las Administradoras de Fondos de
Pensiones y Cesantías, conforme con lo dispuesto antes en el
Acuerdo 049 de 1990 y luego en la Ley 100 de 1993, pueden iniciar
el cobro ejecutivo por los incumplimientos legales en los que
incurran los empleadores, como por ejemplo ante la omisión en la
afiliación y/o la omisión en el pago de aportes a la seguridad social
de sus trabajadores, lo cual está regulado como una obligación
general de los empleadores.
En efecto, el articulado de la Ley 100 de 1993 que faculta a estas
entidades a realizar los cobros indica explícitamente que podrá ser
activada cuando el empleador incumpla las obligaciones (en
general) contempladas en la reglamentación que expida el
gobierno y no solo para omisión en el pago de las cotizaciones.
Por lo tanto, la omisión en la afiliación y la falta de pago de
las cotizaciones, como el incumplimiento a todas las
obligaciones contempladas en la legislación, por parte del
empleador no puede ser imputable al trabajador, ni puede
generar consecuencias negativas poniendo en peligro el derecho a
la vida digna, al mínimo vital, a la salud y a la seguridad social,
máxime cuando tal aspecto no le puede ser imputable.
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-03007-01
ACTORA: ESTELLA BELTRÁN NEIVA
[…] (Destacado fuera de texto).
De lo anterior es dable extraer que la responsabilidad por el no pago
de aportes al Sistema General de Pensiones no puede ser asumido
por el empleado, de tal forma que no es válido negar el
reconocimiento de una pensión de vejez con fundamento en la mora
por parte del empleador en el pago de las cotizaciones, en la medida
que la entidad pensional se encuentra facultada para efectuar el
cobro de lo que por concepto de aportes adeude el empleador.
El anterior criterio ha sido acogido por el Alto Tribunal Constitucional
en sentencias T-518 de 2004, T-920 de 2010 y C-818 de 2011, así
como por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral en
sentencia de 17 de mayo de 2011, entre otras, en las cuales se ha
destacado que no es posible negar al trabajador la pensión a
que tiene derecho con fundamento en el incumplimiento del
empleador en el pago de los aportes.
Por su parte, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia
de 25 de noviembre de 2021, discurrió sobre el particular así:
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“[…] el Tribunal Administrativo del Cesar, en el numeral tercero de
la parte resolutiva de la sentencia recurrida, señaló que “la entidad
demandada podrá efectuar los descuentos por aportes a que haya
lugar sobre los factores salariales cuya inclusión se ordena, siempre
y cuando sobre estos no haya efectuado deducción legal”.
Sobre este punto particular, es menester precisar que, de
conformidad con el artículo 22 de la Ley 100 de 1993, el empleador
es quien debe responder por la totalidad de los aportes, aún en los
eventos en que no se hubiere efectuado el descuento al trabajador.
El mencionado artículo 22, lo reguló en los siguientes términos:
[…]
Ahora, si bien el descuento ordenado por el Tribunal es respecto de
los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994, lo cierto es que
no es procedente disponer su deducción al empleado, en la
medida en que esta circunstancia no puede ser imputable a
este, ni se trata de una carga que deba soportar, mucho
menos para efectos del reconocimiento de un derecho
pensional.
[…]”. (Destacado fuera de texto).
En esa medida la Sala considera, tal como lo estimó el a quo, que no
resulta admisible negar el reconocimiento o reliquidación de una
pensión de vejez con fundamento en la mora por parte del empleador
en el pago de las cotizaciones, comoquiera que tal incumplimiento no
puede ser asumido por el trabajador, quien deposita su buena fe en
el empleador para efectos del recaudo y es a quien se le deducen
dichas sumas del salario mensual, por lo que no puede soportar un
grave perjuicio debido a una falta ajena a su voluntad.
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Así las cosas, para esta Sala resulta evidente que el Tribunal incurrió
en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial al
dejar de aplicar la jurisprudencia dispuesta para la mora patronal en
el pago de los aportes al sistema pensional.
Finalmente, es del caso destacar que Colpensiones en su escrito de
impugnación arguyó que en el caso concreto, aun cuando existían
dos interpretaciones frente a la forma como se debe entender e
interpretar los regímenes a los que se encuentran cobijados los
beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, la tesis preferente es la dispuesta por la Corte
Constitucional, cuyo cumplimiento es obligatorio, tan es así que el
Consejo de Estado ha adoptado tal postura en reciente
jurisprudencia.
Sobre el particular, la Sala destaca que tal inconformidad no tiene
vocación de prosperidad, en la medida que tal asunto no fue objeto
de discusión dentro del proceso ordinario y mucho menos dentro del
trámite constitucional, de tal forma que no es posible traer a colación
argumentos que están por fuera del debate analizado en el asunto
sub examine.
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En efecto, la actora no es beneficiaria del régimen de transición,
asunto sobre el cual no existe discusión, tan es así que el TRIBUNAL
en la providencia cuestionada refirió lo siguiente:
“[…] En el presente asunto, se encuentra demostrado que la
demandante tiene reconocida pensión de vejez bajo el amparo de
la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, toda vez
que, no es beneficiaria del régimen de transición previsto en
el artículo 36 de la Ley 100, situación frente a la cual no
presenta discusión alguna […]”
Así las cosas, para la Sala no resulta de tal validez analizar aspectos
que no fueron objeto de discusión ni de análisis en el proceso
ordinario, por lo que este escenario constitucional no puede servir
para traer discusiones nuevas que debieron ser expuestas en su
oportunidad.
En las condiciones anotadas y en la medida que los reparos
dispuestos por Colpensiones no tienen vocación de prosperidad, la
Sala confirmará la sentencia impugnada que amparó los derechos
fundamentales al debido proceso y a la seguridad social de la actora,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el Hospital
Militar Central, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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ACTORA: ESTELLA BELTRÁN NEIVA
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de diciembre de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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