Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-03009-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-03009-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2022-03009-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
30 de junio de 2022
Demandante: Municipio de Cachipay
Demandados: Consejo de Estado – Sección Primera y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03009-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03009-00
Demandante: MUNICIPIO DE CACHIPAY
Demandados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia de la misma naturaleza –
improcedencia
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Resuelve la Sala la acción de tutela presentada por el municipio de Cachipay contra
la sentencia del 19 de noviembre de 2021 proferida la Sección Primera del Consejo
de Estado, en el curso de la acción de tutela con radicado N.º 11001-03-15-000-
2021-02678-00/01.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito presentado el 2 de junio de 2022 el señor Efraín Moncada Sánchez,
alcalde del municipio de Cachipay, actuando por medio de apoderado judicial, ejerció
acción de tutela contra las Secciones Primera y Tercera - Subsección B del Consejo
de Estado, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al
“debido proceso, defensa, publicidad, contradicción y de acceso a la administración de
justicia”.
2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales con
ocasión de la sentencia del 19 de noviembre de 2021 proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, mediante la cual confirmó el fallo dictado por la
Sección Tercera - Subsección B del Consejo de Estado del 19 de agosto de 2021,
que negó el amparo solicitado dentro de la acción de tutela instaurada contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección C,
identificada con el radicado N.º 11001-03-15-000-2021-02678-00/01.
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3. Con base en lo anterior, solicitó el amparo de los derechos fundamentales
invocados y como consecuencia, reclamó lo siguiente:
“(…) SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS los fallos de primera y segunda
instancia proferidos dentro del radicado No.11001- 02-15-000- 2021-02678-00 y
11001- 02-15-000-2021-02678-01, del 19 de agosto de 2021 y el 19 de
noviembre de 2021, proferidos por la SECCION TERCERA SUBSECCION C
DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y SECCION
PRIMERA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO
DE ESTADO respectivamente.
TERCERO: De igual manera, una vez revocadas las decisiones de la referencia,
DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de fecha 21 de abril de 2021, fallo de
segunda instancia dentro proceso de reparación directa identificado con radicado
25269-33-33- 003-2017-00135-00, y así poder corréesele traslado del escrito de
apelación así fijarse nueva fecha para alegar y decisión de segunda instancia”.
(Sic a toda la cita)
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El alcalde del municipio de Cachipay – Cundinamarca en ejercicio de la acción de
tutela solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa y de acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados a raíz
de la sentencia de segunda instancia1 proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 21 de abril de 2021, en el
proceso de reparación directa N.º 25269-33-33-003-2017-00135-01. Mediante dicha
providencia se revocó la decisión de primera instancia y en su lugar, declaró
administrativamente responsable al municipio de Cachipay por la lesión que sufrió el
señor José Gabriel Zamora Ramírez cuando se encontraba apoyando labores de
desmonte de una llanta de un vehículo compactador de basura.
5. En dicha oportunidad, el municipio accionante reprochó que en la sentencia que
puso fin al proceso ordinario se configuró un defecto procedimental absoluto y una
violación directa de la Constitución porque, previamente a su expedición, su
apoderada solicitó copia del expediente y que se le reconociera personería para
efectuar un pronunciamiento en el proceso y dichas peticiones no fueron atendidas,
circunstancia que en su criterio le impidió intervenir en el asunto para ejercer
oportunamente su derecho a la defensa.
1
Por medio de sentencia de 21 de abril de 2021, la Sección Tercera – Subsección C del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, revocó el fallo proferido el a quo ordinario y en su lugar, declaró “(…) administrativamente responsable al
MUNICIPIO DE CACHIPAY, por la lesión sufrida el 16 de abril de 2015, por el señor JOSÉ GABRIEL ZAMORA RAMÍREZ,
cuando se encontraba apoyando labores de desmonte llanta del vehículo compactador de basura (…)”.
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De manera que “no era posible, en términos procesales, que la suscrita abogada defensora
del municipio de Cachipay, se hubiese pronunciado dentro del proceso en contra del recurso
de apelación interpuesto, por cuanto no estaba reconocida por el despacho para tal efecto”.
Igualmente adujo que hubo una indebida notificación de las actuaciones procesales
surtidas, circunstancia que vulneró los derechos invocados.
7. En dicho proceso de tutela, mediante sentencia del 19 de agosto de 2021 el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, entre otras disposiciones2,
negó el amparo respecto de los reparos formulados frente a la sentencia de 21 de
abril de 2021. Adujo que no se configuró el cargo por defecto procedimental absoluto,
pues los argumentos relacionados con la falta de reconocimiento de la apoderada
del municipio de Cachipay no eran de recibo, ya que si bien era cierto que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca no le reconoció personería de forma concomitante
a la presentación del respectivo poder, no era necesaria dicha providencia para que
se entendiera perfeccionado el mandato, conforme a lo previsto en la sentencia T-
348 de 1998 y el artículo 5º del Decreto 806 de 2020.
8. De otra parte, destacó que las actuaciones procesales fueron notificadas a través
de estado electrónico y correos remitidos al buzón de notificaciones judiciales del
municipio accionante, por lo que advirtió que los reparos relacionados con la
información disponible en la página de consulta de procesos de la Rama Judicial no
tenían entidad para configurar el defecto examinado, “ya que las anotaciones en los
sistemas de información de gestión de procesos y manejo documental cumplen una función
eminentemente informativa y no eximen a las partes y apoderados de prestar la debida
diligencia en la vigilancia de sus procesos.”
9. Inconforme con la decisión, la parte actora la impugnó y el Consejo de Estado –
Sección Primera, mediante fallo del 19 de noviembre de 20213 confirmó parcialmente
la decisión del a quo al considerar que no se configuró el defecto procedimental
absoluto alegado toda vez que en la decisión que se atacaba, la autoridad judicial
accionada observó las reglas procedimentales que rigen el trámite del recurso de
apelación contra sentencias y, por lo mismo, no generó una transgresión evidente de
las normas procesales aplicables, ni su actuación comportó la anulación de la
efectividad de los derechos fundamentales invocados , por motivos excesivamente
formales.
2
y declaró improcedente la solicitud “relacionada con el derecho de petición presentada por la apoderada judicial del
municipio de Cachipay el 20 de mayo de 2020.”
3
“PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia proferida el 19 de agosto de 2021 por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR EN LO DEMÁS la sentencia proferida el 19 de agosto de 2021 por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, en tanto NEGÓ la acción de tutela presentada por el municipio de Cachipay en contra de la
sentencia proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 21 de abril de
2020, en el proceso con radicado 25269-33-33-003-2017-00135-01.”
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10. Concluyó que, “si bien es cierto que el hecho de que la Subsección accionada no haya
emitido respuesta frente a la solicitud de copias del proceso que elevó el municipio de
Cachipay puede representar una actuación irregular de parte de dicha autoridad judicial,
dicha circunstancia por sí sola no tiene la entidad suficiente para configurar el defecto
procedimental propuesto, pues no tiene una incidencia tal como para afirmar que la
Subsección accionada se habría apartado de manera evidente de las normas procesales
que regulan el trámite del recurso de apelación contra sentencias, supuesto que
eventualmente daría lugar a la comprobación del defecto invocado en esa acción de tutela.
1.3. Fundamentos de la vulneración
11. La parte actora realizó un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso de
reparación directa mediante el cual se negaron las pretensiones de la demanda y
adujo que la presente acción se enmarcaba dentro las causales excepcionales que
ha dispuesto la Corte Constitucional para la procedencia de la acción de tutela en
contra de un fallo de tutela, “pues como se argumentará a lo largo de la presente acción,
las autoridades judiciales accionadas incurrieron en flagrantes y graves errores a nivel
procedimental en el marco del proceso de tutela, que afectan de manera sustancial los
derechos fundamentales del MUNICIPIO DE CACHIPAY”
12. Indicó que las decisiones de tutela censuradas desconocieron de manera tajante
los argumentos planteados dentro de la misma en lo que respecta al
desconocimiento de los derechos al debido proceso, de contradicción, de publicidad
y defensa técnica.
13. Arguyó que el fallo de tutela acusado no tuvo en cuenta que se vulneraron de
manera flagrante los derechos del municipio de Cachipay por cuanto en el proceso
ordinario no se le dio el trámite correspondiente a la solicitud de copias, toda vez que
se le restringió la oportunidad procesal de acceder al contenido de las actuaciones
adelantadas, “lo que constituye un acto que de manera evidente afecta los presupuestos
procesales establecidos por Colombia en materia procesal.”
14. Puso de presente que si bien en la sentencia de tutela del 19 de noviembre de
2021 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado se consideró que el
error cometido no tuvo relevancia en la decisión, a su juicio la falta de envío del
expediente “tuvo la grave consecuencia de a falta de respuesta de dicha autoridad judicial,
sin copias ni reconocimiento de personería jurídica, mal podría el Municipio pronunciarse,
pues nadie está obligado a lo imposible, y sin el expediente fue imposible materializar la
defensa del MUNICIPIO DE CACHIPAY de manera oportuna y suficiente.” (sic para toda la
cita.)
15. Concluyó que la decisión unilateral y arbitraria que tomó la Sección Primera del
Consejo de Estado va en contravía del principio de legalidad, “pues se alejó de las
formas establecidas a nivel normativo y jurisprudencial para satisfacer los principios
constitucionales y darle prevalencia aquello derechos fundamentales que son el eje del
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Estado Social de Derecho que ha constituido Colombia como derrotero jurídico de acción.”
(sic para toda la cita.)
1.4. Trámite de la acción de tutela
1.4.1. Auto admisorio
16. Mediante auto del 27 de enero de 2022, la magistrada ponente dispuso, entre
otras, admitir la demanda y notificar a la parte actora, así como a los Magistrados de
la Sección Primera y Tercera - Subsección B del Consejo de Estado, como
autoridades judiciales accionadas. Igualmente, vinculó como terceros con interés al
señor José Gabriel Zamora Ramírez, Rosalía Ramírez de Zamora, Irenio Zamora
Pinzón y María Librada Zamora de Huertas, al Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Facatativá y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca -
Sección Tercera - Subsección C, que conformaron el extremo activo y las
autoridades judiciales de primera y segunda instancia, que resolvieron el medio de
control de reparación directa, identificado con radicado N.º 25269-33-33-003-2017-
00135-00/01
1.5. Intervenciones
17. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron
las siguientes intervenciones:
1.5.1. Consejo de Estado – Sección Primera
18. El magistrado ponente de la decisión enjuiciada solicitó declarar la improcedencia
de la acción, habida cuenta de que no se superaba el requisito de tutela contra
decisión de la misma naturaleza, aunado a que no se acreditó una situación de
fraude o una circunstancia excepcional de procedibilidad establecida por la Corte
Constitucional. Indicó que igualmente el municipio accionante se limitó a reiterar los
argumentos que anteriormente planteó en la acción de tutela que dicha Sección
resolvió en calidad de juez de segunda instancia, referidos al alegado defecto
procedimental absoluto en el que habría incurrido el fallo de 21 de abril de 2021 del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C.
1.5.2. Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial Facatativá
19. Requirió su desvinculación del presente trámite constitucional debido a que
carece de legitimación en la causa por pasiva y no ha vulnerado derecho
fundamental alguno.
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1.5.3. Parte activa del proceso ordinario
20. Mediante apoderada judicial solicitó declarar la improcedencia de la acción pues
a su juicio no se cumple con el requisito de procedibilidad referente a que no se trate
de una tutela contra una decisión de esta naturaleza. Agregó que lo pretendido por
la parte tutelante es reabrir un debate judicial ya concluido y recargar a la justicia de
estudios ya realizados, sin que se aleguen nuevos hechos ni pruebas contundentes
que varíen la decisión.
1.5.4. Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
21. El magistrado ponente de la primera instancia del proceso de tutela objeto de
controversia, manifestó que la decisión enjuiciada contiene los argumentos y
elementos necesarios para que el juez constitucional tome la decisión que en
derecho corresponda. Agregó que, en todo caso la presente acción tiene por objeto
enjuiciar una sentencia de tutela respecto de la cual no se configuraron los
presupuestos señalados Sentencia SU-627 de 2015 de la Corte Constitucional.
22. Los demás sujetos vinculados, pese a haber sido debidamente notificados no
rindieron informe alguno.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
23. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por el municipio de Cachipay contra el municipio de Cachipay, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 374 del Decreto Ley 2591
de 1991 y el numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado
por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela
se dirige contra el Consejo de Estado – Sección Primera y Tercera – Subsección B.
2.2. Solicitud de desvinculación
24. Se tiene que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá
solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional pues, a su juicio, carece
de legitimación en la causa por pasiva y no ha vulnerado derecho fundamental
alguno. No obstante, dicha petición será negada dado que su vinculación al proceso
se hizo en atención al interés que le asiste en las resultas del presente trámite, dado
4
“ARTICULO 37. PRIMERA INSTANCIA. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o
tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.
El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto
de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las consecuencias penales del falso testimonio.
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación
serán competentes los jueces de circuito del lugar”.
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que fungió como autoridad judicial de primera instancia que resolvió el medio de
control de reparación directa identificado con el radicado N.º 11001-03-15-000-2021-
02678-00/01.
2.3. Problema jurídico
25. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Se superan
en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela
contra providencia judicial?
26. De ser positiva la respuesta, la Sala analizará lo siguiente:
¿El Consejo de Estado – Sección Primera y Tercera – Subsección B vulneraron los
derechos fundamentales al “debido proceso, defensa, publicidad, contradicción y de
acceso a la administración de justicia ” de la parte actora con ocasión de la sentencia del
19 de noviembre de 2021, por medio de la cual confirmó parcialmente la providencia
del a quo, que negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se
configuraron los defectos planteados?
27. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y
(iii) el análisis del caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
28. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 5
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 6 y declaró su procedencia.7
29. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que contenga
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González,
Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
7
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de
conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
7
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30. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
31. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1 Tutela contra sentencia de tutela
32. En el caso concreto, la Sala advierte que el municipio accionante alega como
causa generadora de la vulneración de sus derechos fundamentales la providencia
dictada por el Consejo de Estado - Sección Primera, que confirmó parcialmente lo
decidido en primera instancia al concluir que no se configuraron los yerros alegados,
lo cual torna imperativo analizar la procedencia excepcional en el sub examine.
33. En primera instancia, la Sección Tercera – Subsección B de la Corporación negó
el amparo al considerar que no se configuraron los defectos, motivo por el cual la
parte actora impugnó la decisión y la Sección Primera de Consejo de Estado
mediante fallo del 19 de noviembre de 2021 la confirmó parcialmente la al estimar
que la autoridad judicial accionada observó las reglas procedimentales y, por lo
mismo, no generó una transgresión evidente de las normas procesales aplicables, ni
su actuación comportó la anulación de la efectividad de sus derechos fundamentales.
34. La Corte Constitucional en sentencia SU-627 de 20158, unificó la jurisprudencia
respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de la misma
naturaleza y contra actuaciones de los jueces anteriores o posteriores a la sentencia.
Así, estableció que, por regla general, la acción de tutela no procede contra
sentencias de tutela, salvo cuando exista fraude y, en consecuencia, esté ante el
fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta y se configuren los demás requisitos de
procedencia:
“Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República
[diferente a la Corte Constitucional] la acción de tutela puede proceder de
manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno
de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los
requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales,
8
Corte Constitucional, Sentencia SU 627, 01.10.2015, M.P. Mauricio González Cuervo
8
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(i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud
de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la
decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de
fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación”.
35. Así las cosas, teniendo en cuenta que el municipio actor no alegó algunas de las
causales excepcionales de procedencia de la acción de tutela contra decisión de la
misma naturaleza establecidas por la Corte Constitucional, no se encuentra
superado el referido requisito de procedibilidad.
2.6. Conclusión
36. En virtud de lo expuesto, en consideración a que no se encontró acreditado el
requisito adjetivo de la acción de tutela contra una decisión de la misma naturaleza
ni las circunstancias que, eventualmente implican su procedencia, corresponde a
esta Sala declarar su improcedencia al pretenderse que se dejen sin efecto las
providencias dictadas el 19 de noviembre de 2021 y 19 de agosto de 2021 por la
Sección Primera y Tercera – Subsección B del Consejo de Estado, respectivamente,
en el marco de un mecanismo de la misma naturaleza.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá, por las razones expuestas.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela instaurada por el
municipio de Cachipay, por las razones expuestas.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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