Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03018-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03018-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03018-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
7 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., siete (07) de julio de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03018-00
Accionante: EDGAR ROSENDO PARODY MARTÍNEZ
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES
DE LA JUSTICIA
Tema: Tutela por presunta mora en la expedición de la tarjeta
profesional / carencia actual de objeto por hecho superado
Acción de tutela - sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Edgar
Rosendo Parody Martínez contra el Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
El señor Edgar Rosendo Parody Martínez, actuando en nombre propio,
invoca la protección de los derechos fundamentales de petición y
trabajo, con fundamento en los siguientes:
1. Hechos
1.1. El 22 de abril de 2022 se graduó como abogado de la Universidad
del Magdalena, por lo que el 28 del mismo mes y año le solicitó a la
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ACCIÓN DE TUTELA
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Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia la
expedición de la tarjeta profesional.
1.2. Sobre la solicitud la entidad acusó recibido el 2 de mayo
siguiente; sin embargo, a la fecha de presentación de la presente acción
de tutela no ha recibido respuesta alguna.
2. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, solicita:
Primera. TUTELAR los Derechos Fundamentales vulnerados por el
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA, al no resolver
la solicitud de expedición e inscripción de la tarjeta profesional de
abogado, radicada en fecha 28 de abril de 2022.
Segunda. ORDENAR al accionado que dentro de las 48 horas siguientes
a la notificación del fallo expedir (sic) la tarjeta del suscrito EDGAR
ROSENDO PARODY MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
1.118.862.596(.)
3. Intervenciones
Mediante auto del 6 de junio de 2022 se admitió la acción de tutela de
la referencia y se ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
como accionado.
La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia manifestó que, inicialmente, la solicitud formulada por el
accionante no cumplió con la totalidad de los requisitos exigidos en el
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artículo 3, literales b) del Acuerdo PCSJA19-11354 del 29 de julio de
2019, pues no allegó «Dos fotografías recientes, fondo azul, tamaño 3
x 4», por lo que lo requirió para que la subsanara mediante correo
enviado el 16 de mayo de 2022.
Así las cosas, comoquiera que (i) el 17 de mayo de 2022 el señor Edgar
Rosendo Parody Martínez subsanó el defecto señalado y (ii) el 7 de
junio siguiente, la Universidad del Magdalena atendió el requerimiento
efectuado en relación con la fecha de inicio de la carrera y el título
profesional, en los términos del artículo 2º de la Ley 1905 de 2018, la
entidad procedió a inscribir al antes nombrado en el registro de
abogados y le asignó la Tarjeta Profesional de Abogado n.° 384.841
mediante el Acta n.° 12083 del 17 de junio de 2022. Asimismo, envió
los documentos al contratista para la elaboración del plástico e indicó
que una vez sea entregado a la unidad, lo remitirá, a través del servicio
de correo certificado de 472, al domicilio (residencia) registrado por el
accionante.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:
• ¿la Unidad de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura vulneró los derechos
fundamentales de petición y trabajo del accionante, al no resolver
la solicitud de inscripción de la tarjeta profesional formulada el
28 de abril de 2022?
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2. Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 2591 de
1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política, “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala
este decreto”.
Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración, de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de
las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.
La acción, sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales
que permitan proteger los derechos fundamentales del tutelante, salvo
que se interponga como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable.
3. Tarjeta profesional de abogado. Trámite de inscripción y
registro.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 20 del artículo 85 de la
Ley 270 de 1996, la función de inscripción y registro de la tarjeta
profesional de abogado recae en cabeza del Consejo Superior de la
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Judicatura, trámite que es requisito indispensable para ejercer la
abogacía.
Al respecto, el numeral 1.° del artículo 5.º del Acuerdo 1389 de 2002,
dentro de las funciones asignadas a la Unidad de Registro Nacional de
Abogados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, señala la de organizar y llevar el Registro Nacional de
Abogados y expedir la correspondiente tarjeta profesional, de
conformidad con los reglamentos proferidos para tal efecto por la
autoridad competente.
En ese sentido, esta Sala de Subsección1 ha señalado que como no
existe norma especial que establezca el trámite y el término en el cual
se debe realizar la inscripción y hacer entrega de la tarjeta profesional,
su trámite debe regirse por las reglas del procedimiento administrativo
general establecidas en los artículos 34 y siguientes de la Ley 1437 de
2011, y el incumplimiento de este puede suponer una vulneración del
derecho fundamental al debido proceso administrativo.
4. Caso concreto
En el presente asunto, el señor Edgar Rosendo Parody Martinez solicita
la protección de los derechos fundamentales de petición y trabajo, los
cuales considera vulnerados por la entidad accionada, en tanto no ha
expedido la tarjeta profesional de abogado solicitada desde el 28 de
abril de 2022.
De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se advierte
que:
1
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 4 de marzo de 2021. Radicado No.
11001-03-15-000-2021-00365-00. Demandante: Juan José Cardona López.
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i. El 28 de abril de 2022, el accionante solicitó ante el Consejo Superior
de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia, la expedición y registro de su tarjeta profesional de
abogado; requerimiento sobre el cual la entidad acusó recibido el 2 de
mayo siguiente.
ii. Mediante correo electrónico enviado el 16 de mayo de 2022, la
entidad requirió al accionante para que subsanara la anterior solicitud.
iii. El 17 de mayo de 2022, el señor Edgar Rosendo Parody Martínez
anexó lo requerido.
iv. El 12 de mayo de 2022, la Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia solicitó de la Universidad del Magdalena
información de varios graduados, entre ellos, del accionante. Datos que
fueron suministrados el 7 de junio de 2022.
v. La aludida Unidad inscribió al accionante en el registro de abogados
y le asignó la Tarjeta Profesional de Abogado n.° 384.841 mediante el
Acta n.° 12083 del 17 de junio de 2022.
vi. El 21 de junio de 2022, la Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia notificó al accionante, a través de su correo
electrónico, que le asignó la tarjeta profesional de abogado.
En el asunto sub lite se tiene que el señor Edgar Rosendo Parody
Martínez radicó su solicitud el 28 de abril de 2022, sin que, a la fecha
de presentación de la acción de tutela, 2 de junio de la misma
anualidad, se hubiera culminado con el trámite de inscripción y
expedición de la tarjeta profesional de abogado.
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Sin embargo, la Sala de Decisión observa que, en el trámite de la acción
de tutela, la directora de la Unidad del Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia, al rendir informe, allegó el Acta de Registro
de Tarjeta Profesional 12083 del 17 de junio de 2022, notificada al
interesado el 21 siguiente, en la que se hace constar lo siguiente:
Verificado el cumplimiento de los requisitos legales, se procede a
efectuar la inscripción como abogado (a) en la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, a nombre de: EDGAR
ROSENDO PARODY MARTINEZ
Identificado (a) con la cédula No. 1118862596
Titulo obtenido por la Universidad DEL MAGDALENA
Según acta de grado de fecha 22 de abril del 2022
En ese contexto, se advierte que como la pretensión formulada en
tutela se dirigió a la expedición e inscripción de la tarjeta profesional
de abogado en el Registro Nacional de Abogados, lo cual, como quedó
evidenciado, ya ocurrió, la circunstancia que originó la afectación de los
derechos fundamentales invocados se encuentra actualmente superada
y, por lo tanto, no existe mérito para proferir una decisión de fondo en
el presente caso.
En este punto, de importancia resulta indicar que la carencia actual de
objeto por hecho superado puede presentarse cuando la circunstancia
que reporta la conculcación del derecho desaparece, situación frente a
la cual, cualquier medida que adopte el juez de tutela carece de efecto,
pues nada contrariaría más la lógica, que proferir una orden frente a
una circunstancia que en la actualidad se torna en inexistente, o
contravenir la decisión que al respecto se haya proferido en instancias
diferentes a la del juez constitucional.
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En este sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional en los
siguientes términos:
Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de
la Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo
de la acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual
de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los
particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.
Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el
mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita,
administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que
considere pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus
acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y
procurar así la defensa actual y cierta de los mismos.
No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta
amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra
superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo
más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que la
decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto
resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo
constitucionalmente previsto para esta acción2.
Lo anterior, bajo la excepción de aquellos casos en los cuales aunque
las pruebas aportadas al proceso de tutela demuestren que en
apariencia el hecho generador de la acción ha sido superado, en el
fondo este se encuentra aún vulnerado o no totalmente agotado, a la
luz de las garantías constitucionales, de acuerdo a la interpretación que
2
Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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en derecho realice el juez de tutela de la situación en concreto y su
«posible superación».
Teniendo en cuenta, entonces, que se ha demostrado la inscripción de
la tarjeta profesional del interesado, cualquier decisión que esta Sala
de Decisión dicte resultaría inane, toda vez que la Unidad de Registro
de Abogados y Auxiliares de la Justicia, tramitó y notificó respuesta a
la solicitud objeto de la petición, lo que impone declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado.
Por último, resulta pertinente indicar que aunque en casos análogos al
presente esta Sala de decisión ha optado por exhortar a la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia para que no
vuelva a incurrir en hechos similares a los que dan lugar a la
instauración del mecanismo de amparo, en esta oportunidad no
procede el exhorto, al no evidenciase un actuar tardío o negligente de
la entidad en atender la solicitud de 28 de abril de 2022.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO dentro de la acción de tutela
instaurada por el señor Edgar Rosendo Parody Martínez,
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por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
TERCERO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
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