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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03020-01

Fecha
26 de agosto de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03020-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 1° de julio de 2022, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03020-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

26 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03020-01
Demandante: ROSALÍA GELVEZ LEMUS
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante contra la sentencia
del 1° de julio de 2022, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado,
que declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 5 de abril de 20221, la señora Rosalía Gelvez Lemus interpuso acción de tutela
contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por considerar vulnerado su
derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de la providencia proferida el

1 Se advierte que, el 8 de agosto de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada

ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03020-01
Demandante: Rosalía Gelvez Lemus
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

25 de marzo de 2022, mediante la cual se confirmó la sentencia del 11 de julio de
2019, que había declarado la responsabilidad disciplinaria de la hoy accionante y,
en consecuencia, le impuso como sanción la suspensión en el ejercicio de su
cargo por 4 meses. Formuló las siguientes pretensiones como principales y para
que se tuvieran como medida provisional:

Con base en las anteriores consideraciones, respetuosamente solicito a los H.
Magistrados dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial del 25 de marzo de 2022, por cuanto vulnera
gravemente los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad,
autonomía judicial, análisis inadecuado de los hechos en relación a los
precedentes judiciales horizontal y vertical, en mi calidad de Juez Civil del
Circuito de Los Patios, y conforme las anotaciones de esta acción tutelar.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos
fácticos jurídicamente relevantes:

Manifiesta la parte actora que, el 9 de mayo de 2018, la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y
Arauca abrió una investigación en contra de la señora Rosalía Gelvez Lemus, en
su condición de Juez Civil del Circuito de Los Patios, Norte de Santander, «por ser
posible autora responsable de haber inobservado el deber contenido en el artículo
153-1 de la ley 270 de 1996, en concordancia con el señalado en el artículo 34-1
de la ley 734 de 2002 y en armonía con el artículo 196 ib», por haber emitido dos
fallos contradictorios en un mismo asunto, en el que se debatieron iguales hechos,
se procuraba el mismo objeto y se citaron las mismas partes.

Mediante providencia del 11 de julio de 2019, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca declaró
disciplinariamente responsable a la señora Gálvez Lemus y, en consecuencia, le
impuso una sanción consistente en la suspensión en el ejercicio del cargo por el

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Demandante: Rosalía Gelvez Lemus
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

término de 4 meses. La anterior decisión fue confirmada por la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, en providencia del 25 de marzo de 2022.

1.3 Argumentos de la tutela

Del confuso escrito de tutela se tiene que, a juicio de la accionante, al proferir la
providencia del 25 de marzo de 2022, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
incurrió en desconocimiento del precedente y en defecto sustantivo. Sin embargo,
la Sala considera pertinente advertir que aquella se limitó a citar su contenido, sin
referirse específicamente a la configuración en la providencia atacada.

De otra parte, manifestó que en las sentencias de primera y segunda instancia
dictadas en el proceso disciplinario, confundieron los conceptos de precedente y
antecedente judicial, error que los llevó a imponerle una sanción que, a su
parecer, resulta injustificada. Así lo expuso:

De la motivación de las sentencias de primera y segunda instancia de la
jurisdicción disciplinaria, se concluye que no se tiene muy claro en qué
consiste el PRECEDENTE CONSTITUCIONAL y en qué consiste la
ANTECEDENTE JUDICIAL, sin embargo, bajo esas erradas definiciones
profieren sentencias sancionatorias, cuando ellos no tienen claro tal concepto,
La Comisión, sin elementos claros de conceptos de la institucionalidad
constitucional, y sin apreciación integral de la pruebas y sin el estudio cabal
de los considerandos o motivaciones de la Acciones de tutela, profiere una
sentencia sancionatoria porque la funcionaria judicial no tiene claro según,
según concepto, sus propios precedentes constitucionales […].

Así utiliza inapropiadamente los conceptos y entiende necesariamente, al
señalar que el apartarse según la expresión de su propio precedente
constitucional, siendo que esta institución procesal es inaplicable a este
trámite, diferente sería que pudiese estudiar íntegramente las pruebas y las
interpretaciones judiciales del despacho a mi cargo al resolver las acciones de
tutela, ya que dicha Sala parte de la expresión de su propio precedente
constitucional como causal para sancionar dicha conducta como grave,
premisa no válida, y concluye con una premisa inapropiada, por cuanto no se
trata de un precedente constitucional, no solo por no provenir, de la
jurisprudencia de las corporaciones judiciales de cierre, sino por no existir en
relación a ello un precedente judicial y sin el análisis que posteriormente que
hizo mi defensa, se basa solo en la Sentencia y la orden de copias, del H.
Tribunal Superior Sala Civil familia de Cúcuta, con los argumentos del quejoso

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y precisa que no existe causal eximente o justificación de responsabilidad, en
razón a que la funcionaria, debía conocer en su larga experiencia y trayectoria
como juez en el Circuito de Los Patios desde el año 2008 , señalamiento este
que hace no desde el principio de la buena fe, sino de mala fe por la
conciencia que era contario a los deberes de juez,) (cómo señala mi
subjetividad) y prosigue, al desconocer flagrantemente la administración de
justicia , pues debió respetar y defender el orden establecido, sin que fuese
viable ni siquiera hacer uso de la autonomía judicial.

En conclusión y sin demostración señala que mi actuar se hizo de mala fe
porque tengo varios años de ser funcionaria judicial. Aquí se invirtió la carga
de la prueba, la buena fe debe probarse, la mala fe se presume y señalando
que no existe causal eximente o justificación de responsabilidad, sin análisis
de ello que conllevaría al igual que lo analizado en esta acción tutelar a ser
absuelta de los cargos endilgados […].

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 7 de junio de 2022, el magistrado sustanciador del proceso
en primera instancia admitió la demanda de tutela y ordenó que aquel se
notificara a los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y, como
terceros con interés, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de
Santander-Arauca y a la Sala Civil de Familia del Tribunal Administrativo de
Cúcuta.

En la misma providencia se negó la medida provisional solicitada por la
accionante.

2.2. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial rindió el informe respectivo y
manifestó que la accionante no realizó un análisis puntual de los requisitos
generales ni específicos de procedencia de la tutela contra providencia judicial,
por lo que resultaba evidente que el mecanismo constitucional no era procedente.

Asimismo, señaló que la accionante pretende convertir este mecanismo de
defensa constitucional en una tercera instancia, al insistir en los argumentos
expuestos por ella en el trámite del proceso disciplinario, en el cual se concluyó

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que como funcionaria judicial, si bien podía apartarse de una decisión primigenia
que ella misma emitió, debía justificar tal conducta bajo la teoría del precedente
judicial «que, excepcionalmente, habilita tal posibilidad, siempre que se cumpla
con las cargas de transparencia y suficiencia desarrolladas en la jurisprudencia
constitucional; mismas que, al no encontrarse acreditadas por parte de la
Comisión impidieron estructura el eximente de responsabilidad, frente al reseñado
quebrantamiento del orden jurídico».

3. Fallo impugnado

La Sección Primera del Consejo de Estado, en fallo proferido el 1° de julio de esta
anualidad, consideró que la actora incumplió el requisito de la relevancia
constitucional, pues utilizó el mecanismo de amparo constitucional como una
tercera instancia, para que se analizaran y resolvieran nuevamente los
argumentos del recurso de apelación interpuesto contra la decisión sancionatoria
de primera instancia, sin referirse específicamente a la providencia aquí atacada.
Bajo este contexto, realizó un cuadro comparativo de los argumentos expuestos
en el proceso disciplinario y los presentados en la tutela de la referencia, para
ilustrar sobre la intención de la demandante de revivir un debate ya concluido en
el proceso disciplinario.

4. Impugnación

La parte demandante impugnó la anterior decisión, para lo cual reiteró, en su
integridad, los argumentos expuestos en la tutela e hizo un estudio sobre el
control de convencionalidad que, a su juicio, debía aplicarse a su caso concreto
para estudiar de fondo el asunto, que era de evidente relevancia constitucional.

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II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para
proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el
juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir,
concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para
conferir la tutela.

En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de
tutela era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del
año 20122, cambió su postura, de conformidad con las reglas que ha fijado la
Corte Constitucional, en el sentido de estudiarlas cuando exista violación flagrante
de algún derecho fundamental.

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten su revisión permanente y a perpetuidad.

Entonces, para aceptar la procedencia de esta acción constitucional contra
providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los

2Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth
García González.

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

requisitos generales y específicos que fijó la Corte Constitucional en la sentencia
C-590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones
en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida
en sede de tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.

El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por
ejemplo, en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros
que podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece
cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales
causales, así:

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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución.

Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar
la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la
violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de
instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia
cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario,
la tutela carecería de relevancia constitucional.

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Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.

Por último, cabe anotar que, en diversos pronunciamientos3, la Corte
Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de
tutela, las providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado. En ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los
requisitos generales y la configuración de una de las causales específicas antes
mencionados, la acción de tutela contra providencias proferidas por los
denominados órganos de cierre, «sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de
los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que
exige la imperiosa intervención del juez constitucional».

Es de esa manera que podría abordarse el estudio de una providencia judicial
mediante el valioso y excepcional mecanismo de la acción de tutela.

2. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido el 1° de julio de 2022 por la Sección Primera del Consejo de Estado,
en el que se declaró improcedente la tutela, por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.

3 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.

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Para ello, se examinará si está acreditado o no el cumplimiento del requisito
mencionado y, solo en el evento de que se reúna esta exigencia y todos los
demás requisitos generales, se analizará si la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial vulneró los derechos fundamentales invocados por la accionante.

3. Análisis de la Sala

3.1. Requisitos generales de procedibilidad

3.1.1. De la relevancia constitucional

En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya
en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia
constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por la vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para
proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial
ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

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Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los
procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores
excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

3.2. Caso concreto y solución del problema jurídico

En los términos de la acción de tutela, el reproche formulado por la señora
Rosalía Gálvez Lemus radica en que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
al proferir la providencia del 25 de marzo de 2022, incurrió en desconocimiento
del precedente judicial y en defecto sustantivo, al confundir los conceptos de
precedente constitucional con el de antecedente judicial, para así vulnerar el
principio de autonomía judicial que le permitía apartarse de una decisión propia
anterior.

Al igual que el a quo, la Sala advierte que la solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional, justamente porque se está ejerciendo para convertir
este valioso mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una
instancia adicional del proceso disciplinario. De la simple comparación entre las
razones esgrimidas en la tutela y en el recurso de apelación interpuesto contra el
fallo del 11 de julio de 2019, dictado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca, y los
propuestos en la demanda de tutela de la referencia, se evidencia que los vicios
por desconocimiento del precedente y defecto sustantivo en que supuestamente
incurrió la autoridad judicial demandada fueron invocados para continuar con el
debate jurídico que ya fue decidido.

En el siguiente cuadro se cotejarán los argumentos expuestos en el proceso
disciplinario y las razones que se esgrimieron en la solicitud de amparo, a fin de

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ilustrar de mejor manera cómo la parte demandante está utilizando la tutela como
instancia adicional:

Argumentos presentados ante la Argumentos de la demanda de
Comisión Nacional de Disciplina tutela
Judicial
El magistrado ponente la sentencia Es decir que según el análisis de la
sancionatoria hoy base de esta apelación, Comisión Nacional, la sanción impuesta
hace el mismo análisis del pliego de cargos determina la falta, no contrario censo, la
sin embargo hace referencia a otros falta determina la sanción (subrayado mío)
conceptos y definiciones, ya no como el folio 12 de la sentencia de fecha 25 de
mal e inapropiado precedente marzo de 2022 La H. Comisión Nacional de
constitucional, y señala que el actuar de la Disciplina Judicial.
juez civil del circuito de los patios, y con
señalamientos según la definición de la No señala cuál fue el procedimiento de
real academia, de actuar de mala fe, y en calificación de la falta, ni de la gravedad,
razón a la experiencia como funcionaria, como tampoco, la razón específica o causa,
era deber incumplido, el tener el ni las alegadas eximentes de
convencimiento que estaba contrario su responsabilidad.
actuar a lo determinado en la ley,
conllevando por ello en consecuencia, sin Planteo la necesidad de entrar a estudiar
asomo de una causal de exoneración, a las definiciones inadecuadamente utilizadas
una sanción disciplinaria, análisis este que por la H. Sala disciplinaria del Consejo
configura una responsabilidad objetivo, Seccional de La Judicatura del Norte de
pero a la que calificó culpa gravísima Santander y Arauca, base de pliego de
desde el punto de vista subjetivo, es decir cargos, posteriormente varía para
el señor magistrado parte de una premisa determinar que es un precedente
falsa para concluir inapropiada. horizontal, como causa de su sanción,
siendo necesario señalar uno de los
La sala seccional no tuvo una clara precedentes en materia de aplicación de la
definición o concepto de los términos a norma o de la constitución como lo es la
utilizar como base a su señalamiento, al Sentencia SU354/17 del 25 de mayo de
hacer uso del que denominó precedente 2017 […].
constitucional, el que con posterioridad y
en la sentencia sancionatoria señala como Así utiliza inapropiadamente los conceptos
un precedente horizontal, variando la y entiende necesariamente, al señalar que
estructura sistemática de los vocablos el apartarse según la expresión de su
utilizados. propio precedente constitucional, siendo
que esta institución procesal es inaplicable
Es necesario por ello entrar a estudiar las a este trámite, diferente sería que pudiese
definiciones mal utilizadas por la H. sala estudiar íntegramente las pruebas y las
disciplinaria, base de pliego de cargos y interpretaciones judiciales del despacho a
que posteriormente varía para determinar mi cargo al resolver las acciones de tutela,
qué es un precedente horizontal como ya que dicha Sala parte de la expresión de
causa de su sanción. su propio precedente constitucional como
causal para sancionar dicha conducta como
La sentencia que determina claramente en grave, premisa no válida, y concluye con
qué consiste cada uno de los precedentes una premisa inapropiada, por cuanto no se

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en materia de aplicación de la norma o de trata de un precedente constitucional, no
la constitución es la sentencia SU354/17 solo por no provenir, de la jurisprudencia de
del 25 de mayo de 2017 […], estipula las las corporaciones judiciales de cierre, sino
precisa (sic) los conceptos de precedente, por no existir en relación a ello un
estudio necesario para analizar los precedente judicial y sin el análisis que
aspectos en desarrollo en este trámite posteriormente que hizo mi defensa, se
disciplinario y definir los problemas basa solo en la Sentencia y la orden de
jurídicos planteados […]. copias, del H. Tribunal Superior Sala Civil
familia de Cúcuta, con los argumentos del
Cabe anotar conforme a lo ya establecido quejoso y precisa que no existe causal
en la jurisprudencia constitucional son 2 eximente o justificación de responsabilidad,
conceptos y de aplicación diferentes, en razón a que la funcionaria, debía
conceptos no precisados, y aplicados conocer en su larga experiencia y
indebidamente en el análisis que se hace trayectoria como juez en el Circuito de Los
de los trámites y decisiones de las Patios desde el año 2008 , señalamiento
acciones de tutela, tanto en el pliego de este que hace no desde el principio de la
cargos y en la sentencia sancionatorio, al buena fe, sino de mala fe por la conciencia
no fijar el procedimiento y las herramientas que era contario a los deberes de juez,)
encaminadas a valorar y desentrañar las (cómo señala mi subjetividad) y prosigue, al
pruebas sobrantes al trámite para definir el desconocer flagrantemente la
presente asunto. administración de justicia , pues debió
respetar y defender el orden establecido,
La referida sentencia SU354, específica y sin que fuese viable ni siquiera hacer uso
determina los alcances de los llamados de la autonomía judicial.
precedentes judiciales, no los que
raramente los han denominado como En conclusión y sin demostración señala
propios precedentes constitucionales, en el que mi actuar se hizo de mala fe porque
pliego de cargo, y no definidos tengo varios años de ser funcionaria
puntualmente la sentencia sancionatoria judicial. Aquí se invirtió la carga de la
pues hace referencia al horizontal, al prueba, la buena fe debe probarse, la mala
precisar que al referirse al precedente fe se presume y señalando que no existe
constitucional se hace necesariamente causal eximente o justificación de
referencia a las llamadas jurisprudencia de responsabilidad, sin análisis de ello que
las corporaciones judiciales de cierre […]. conllevaría al igual que lo analizado en esta
acción tutelar a ser absuelta de los cargos
Igualmente coma sin el análisis que endilgados […].
posteriormente ha de hacer esta defensa,
basándose en la sentencia y la orden de De la motivación de las sentencias de
copias, del H. tribunal superior sala civil primera y segunda instancia de la
familia de Cúcuta, señala que no existe jurisdicción disciplinaria, se concluye que
causal eximente o justificación de no se tiene muy claro en qué consiste el
responsabilidad, en razón a que la PRECEDENTE CONSTITUCIONAL y en
funcionaria, debía conocer en su larga qué consiste la ANTECEDENTE JUDICIAL,
experiencia y trayectoria como juez en el sin embargo, bajo esas erradas
circuito de los patios desde el año 2008, definiciones profieren sentencias
cómo debía actuarse, es decir, y en sancionatorias, cuando ellos no tienen claro
resumen para esta defensa lo señalado en tal concepto, La Comisión, sin elementos
dicha decisión, el señalamiento lo hace no claros de conceptos de la institucionalidad
desde el principio de la buena fe, sino de constitucional, y sin apreciación integral de
mala fe a conciencia que era contrario a la pruebas y sin el estudio cabal de los

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los deberes del juez, al desconocer considerandos o motivaciones de la
flagrantemente la administración de justicia Acciones de tutela, profiere una sentencia
coma pues debió respetar y defender el sancionatoria porque la funcionaria judicial
orden establecido, sin que fuese viable ni no tiene claro según, según concepto, sus
siquiera hacer uso de la autonomía judicial propios precedentes constitucionales […].
[…].
No es válida la apreciación hecha en
Si no se mirara desde una óptica objetiva y sentencia de 25 de marzo de 2022, por LA
acusadora y partiendo de la mala fe COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA
enrostrada mi defendida y “entendiéndose JUDICIAL, en el marco del proceso
que se es culpable hasta que demuestre lo disciplinario No. 2016- 00990-01. Ya que no
contrario” elemento proscrito por nuestra valoró que dentro de los argumentos para
constitución nacional de 1991, contrario la declaratoria de improcedencia de la
sen sum, verificando y desentrañando el acción tutelar 2016-00073, se señaló que;
querer, de las pruebas obrantes y allegada se tiene en este caso que la inmobiliaria
al presente trámite disciplinario, Se Vivir está actuando para sí y como agente
concluyera que las circunstancias fácticas, oficioso de los terceros subarrendatario
los hechos, las pruebas y condiciones de TOP CLEAN de propiedad de la sociedad
las acciones de tutelas, tiene un alcance Multi Pro; JJ PITA Cía. S.A. propietaria de
diferente, los cuales fueron pasados por apuestas Cúcuta 75, en principio, pues, al
alto y no señalados, ni de manera admitir la tutela se ordenó su vinculación
tangencial, por la sala disciplinaria […].
seccional […].

Tal y como tantas veces se ha señalado
coma la señora juez civil del circuito de los
patios, no hay infringido ninguno de los
deberes, señalados en la sentencia
sancionatoria, ni por haber sido su actuar
mal intencional o de mala fe; tal como se
analiza en cada una de las sentencias
proferidas es la acción tutelar, al estar
siempre dirigida a su actuar bajo el
principio de la buena, y teniendo en cuenta
los antecedentes orientadores de la
primera decisión, expresando
contundentemente en la segunda de ellas,
haciendo referencia a los argumentos de la
primera tutela, hechos esbozados por el
tercero, que han actuado en calidad de
agente oficioso de los arrendatarios, y
fundamentada en las causales del artículo
140 del C.P.C., hoy 133 del C.G.P.; a esta
segunda acción se hacen presentes el
subarrendatario en manera directa, a
quienes se les concedía la tutela basados
en el derecho fundamental al debido
proceso.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03020-01
Demandante: Rosalía Gelvez Lemus
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Con claridad sobre la coincidencia entre los argumentos que expuso la parte
demandante en el recurso de apelación interpuesto en el proceso disciplinario y
los de la solicitud de amparo, conviene señalar que estos fueron estudiados y
resueltos por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en providencia del 25 de
marzo de 2022, así:

Efecto, una determinada causa jurídica relacionada con la supuesta violación
de derechos fundamentales en el marco de un proceso de restitución de
inmuebles arrendados fue puesta en conocimiento del despacho de la
investigada, en sede de tutela, frente a lo cual se concluyó que no existió la
prenotada lesión y iusfundamental, lo cual constituyó un pronunciamiento de
fondo que resolvió la situación jurídica para los involucrados mediante un fallo
denegatorio de la protección deprecada.

No obstante, contra el mismo proceso de restitución de inmueble arrendado
se interpuso una nueva acción de tutela, con identidad de partes, hechos y
pretensiones, que fue fallada de manera diametralmente opuesta por la
misma investigada, esto es, concediendo el amparo pretendido,
desconociendo lo resuelto por ella en el primer fallo de tutela, desafiando del
deber legal de respetar las decisiones judiciales, y por contera, incurriendo
también en la violación de caros referentes constitucionales vinculados al
acatamiento del precedente judicial, cómo son los principios de igualdad
seguridad jurídica, y derechos adquiridos por terceros de buena fe, que
subyacen a dicha figura, tal como le relató la corte constitucional en las
sentencias T-148 de 2011 y T-794 de 2011 […].

No se descarta que la funcionaria en ejercicio de la autonomía judicial pueda
apartarse de sus propias decisiones, por ello, en aras de evitar las
providencias arbitrarias y caprichosas se halla sujeto a los linderos descritos
por la alta corporación en su teoría sobre el precedente judicial, que integra
los elementos de transparencia y suficiencia, es decir, no era imposible a la
investigada apartarse de lo resuelto en el primer fallo, siempre y cuando así lo
hiciera saber expresamente, utilizando, además, razones o justificaciones
para ello, lo cual se echa de menos en la segunda decisión de amparo que
dictó, de la cual deriva la responsabilidad disciplinaria ahora endilgada.

Ahora bien, la apelante expone un conjunto de argumentos con los que
pretende desconocer esta inexorable realidad. Empero para la comisión,
carecen de la vocación de prosperidad necesaria para mutar el sentido de la
decisión apelada, como se verá.

Inicialmente sostuvo el apelante que no tuvo un desconocimiento del
precedente constitucional porque las decisiones reprochadas no
desconocieron una decisión adoptada por una alta corte. sobre esto, cabe
decir que el precedente, sea horizontal o vertical, es vinculante y somete a los
jueces a su acatamiento y aplicación en aquellos asuntos en los que exista

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03020-01
Demandante: Rosalía Gelvez Lemus
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

similitud de partes, de objeto y de causa y con supuestos fácticos similares.

Bajo esta égida en el presente caso, contrario a lo dicho por el apelante, la
funcionaria judicial sí estaba en la obligación de atender y respetar su propio
precedente adoptado en la sentencia de tutela con radicado 201600073 al
momento de decidir la acción de tutela con radicado 201600079. y en caso de
apartarse del mismo, como en efecto lo hizo, debió justificar las razones para
su cambio, asunto que no se evidencia en la citada providencia […].

Frente al segundo argumento expuesto en la apelación relativo a que en la
sentencia no se precisó quiénes eran los intervinientes en el proceso de
restitución y en la acción de tutela, se encuentra que a folios 112 del
expediente disciplinario de primera instancia se identifica de forma clara los
intervinientes en ambas acciones de tutela, evidenciándose que se tratan de
los mismos intervinientes en ambos asuntos.

Finalmente, no es de recibo la tesis sostenida por el apelante sobre la buena
fe de su defendida y de que la misma había actuado con la firme convicción
de que su comportamiento se ajustaba al ordenamiento jurídico porque una
funcionaria con sus calidades, con más de 30 años de experiencia en la rama
judicial, y con su trayectoria dicha convicción errada era vencible y por lo tanto
no es suficiente para considerarse como una causal de justificación.

Visto lo anterior, es claro que la presente solicitud de amparo deviene en
improcedente, justamente porque busca revivir la discusión del proceso
disciplinario, la cual fue analizada y decidida razonablemente en la providencia
hoy cuestionada.

En ese fallo se le impuso a la señora Rosalía Gelvez Lemus una sanción
consistente en suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 4 meses,
porque, en su calidad de Juez Civil del Circuito de Los Patios, Norte de
Santander, profirió dos fallos de tutela en sentidos diametralmente opuestos, a
pesar de que los casos decididos tenían el mismo objeto, pretensiones y partes.

Todo ello sin justificar el cambio de posición de una decisión a la otra, las que,
además, fueron proferidas con pocos días de diferencia, lo que, en criterio de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial desconoce la teoría sobre el precedente
judicial que ha expuesto la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, en el
sentido de que, en virtud de la autonomía judicial, un juez puede apartarse de una

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03020-01
Demandante: Rosalía Gelvez Lemus
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

decisión anterior, siempre y cuando lo justifique expresamente en la decisión que
se dicte.

A juicio de la Sala, esos argumentos son razonables y no merecen reproche
alguno desde el punto de vista constitucional, el hecho de que la parte actora no
los comparta, no habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya
fue decidido razonablemente por la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial.

La Sala reitera que la tutela no puede convertirse en el único y el preferido medio
de la parte que pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a sus intereses,
menos aun cuando la providencia que se cuestiona ha sido proferida por un
órgano de cierre, caso en el cual, se reitera, la propia Corte Constitucional ha
venido sosteniendo que para la prosperidad de la tutela es necesario que la
decisión contenga una anomalía de tal entidad que riña abiertamente con la
Constitución y la jurisprudencia que esa Corporación ha trazado al definir el
alcance y límite de derechos fundamentales, circunstancias que, vale decir, en
este caso no se presentan.

Las diferencias con el juez, respecto de la forma en que decide el conflicto
jurídico, son cuestiones propias del proceso ordinario, que es el escenario ideal
para zanjarlas. Pretender que la acción de tutela se convierta en la instancia
adicional de todos los procesos judiciales no solo le resta vigor a la acción, sino
que termina por desconocer los principios de autonomía judicial y del juez
natural4.

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia
del 25 de febrero de 2016, expediente 2016-03419-00.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03020-01
Demandante: Rosalía Gelvez Lemus
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

La Sala precisa que la tutela sigue siendo un mecanismo subsidiario y excepcional
y, por ende, no puede convertirse en el único y preferido medio de la parte que
pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a sus intereses. El ejercicio
hermenéutico que realiza el juez natural en la decisión judicial forma parte de su
autonomía e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela
cuando no observa la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales
que haga necesaria su intervención.

En suma, se concluye que lo que existe en el presente caso es una discrepancia
de criterio de la parte actora con la providencia demandada, diferencia que, en
sentir de la Sala, no constituye razón suficiente ni valedera para que el juez de
tutela intervenga.

Por todo lo dicho, la Sala confirmará la decisión de primera instancia, por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 1° de julio de 2022, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, por lo razonado en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03020-01
Demandante: Rosalía Gelvez Lemus
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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