Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03028-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03028-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03028-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
18 de agosto de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03028-00
Demandante: YINATH LORENA SUSA GAMBOA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03028-00
Demandante: YINATH LORENA SUSA GAMBOA
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Y DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Solicitud de información
sobre apoyos económicos y acceso a vivienda digna.
Improcedencia porque existe otro medio de defensa judicial y
carencia actual de objeto. Prevención para que se cumplan las
condiciones de la sentencia C-951 de 2014 cuando se declara
la incompetencia
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Yinath Lorena Susa Gamboa contra la Presidencia de la
República, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el
Departamento Nacional de Planeación, en la que pide el amparo constitucional de
su derecho fundamental de petición, que considera vulnerado por la falta de
respuesta a las solicitudes de 28 de abril de 2020 y 5 de mayo de 2022,
relacionadas con la entrega de ayudas económicas y el acceso a una vivienda
digna.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La actora refirió que el 28 de abril de 2020, radicó petición ante el Departamento
Nacional de Planeación y la Presidencia de la República en la que solicitó el
reconocimiento del apoyo económico denominado ingreso solidario, la cual según
afirmó, no ha sido resuelta a pesar de que el Juzgado Quinto Penal del Circuito
con Función de Conocimiento mediante sentencia de 24 de junio de 2020, en el
marco de la acción de tutela con radicado No. 54-001-31-09-005-2020-00046-00,
le ordenó a la entidad emitir la respuesta correspondiente. La decisión fue
confirmada en providencia de 14 de agosto de 2020 del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Penal de Decisión.
Así mismo, mencionó que el 5 de mayo de 2022 presentó petición dirigida al
Presidente de la República, al Director del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, al Director del Departamento Nacional de Planeación y al
Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en la que les formuló
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los siguientes cuestionamientos: “¿Por qué nunca he recibido ningún tipo de
subsidio por parte del Estado? ¿Por qué se me ha negado el acceso a una
vivienda digna y yo sigo de comensal y de arrimada en la casa de mis familiares?”.
Por último, sostuvo que dicha petición fue resuelta por el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, el Departamento Nacional de
Planeación y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Sin embargo, en
relación con el Presidente de la República aseguró que no ha emitido respuesta
alguna.
2. Fundamentos de la acción
La señora Yinath Lorena Susa Gamboa manifestó que es una persona en
condición de discapacidad pues le fue dictaminada una pérdida de la capacidad
laboral del 29,51 % y actualmente “es usuaria y paciente del sistema de salud sin
diagnóstico, sospecha de enfermedad huérfana (patología del sistema
inmunológico que se ve reflejada a través de un proceso inflamatorio del hígado,
hepatomegalia, tiroides, útero) y otras patologías como; sincope vasovagal, fistula
en la arteria pulmonar, síndrome bradicardiataquicardia, tiroiditis de Hashimoto,
Hipotiroidismo, bocio multinodular, mareos, fibromialgia, perdidas de equilibrio,
ahogos, timpanismo ++, anginas, síndrome del túnel carpiano, dolor crónico
intratable, osteoartrosis primaria generalizada, Imagen sugestiva de aneurisma en
la arteria en la bifurcación de la arteria cerebral media del lado derecho”.
Por lo anterior, expresó que el Departamento Nacional de Planeación y el
Presidente de la República debieron dar respuesta a las solicitudes de 28 de abril
de 2020 y 5 de mayo de 2022, respectivamente, porque en ellas se discute lo
relacionado con el acceso a programas de apoyo económico y de asignación de
vivienda digna, a las que considera tiene derecho por ser una obligación del
Estado.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela la actora formuló la siguiente petición:
“1. Se me contesten las dos (2) preguntas por parte del señor presidente de la
república IVAN DUQUE MARQUEZ; con base en las respuestas claras, precisas,
congruentes y consecuenciales; que entregaron el Departamento de Prosperidad
Social, el Departamento Nacional de Planeación y la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales:
*¿Por qué nunca he recibido ningún tipo de subsidio por parte del estado?
*¿Por qué se me ha negado el acceso a una vivienda digna y yo sigo de comensal y
de arrimada en la casa de mis familiares?”.
4. Pruebas relevantes
Con la acción de tutela la accionante allegó los siguientes documentos:
• Copia de la petición de 5 de mayo de 2022 dirigida al Presidente de la
República, al Director de Prosperidad Social, al Director del Departamento
Nacional de Planeación y al Director de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales.
• Copia de la sentencia de 24 de junio de 2020, proferida por el Juzgado
Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cúcuta, en el
trámite de tutela con radicado No. 54-001-31-09-005-2020-00046-00.
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• Copia de la sentencia de 14 de agosto de 2020, emitida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Penal de Decisión, que
confirmó la decisión de 24 de junio de 2020.
• Copia del oficio No. 107000201-0133 de 11 de mayo de 2022, mediante el
cual la Directora Seccional de Impuestos de Cúcuta de 5 de mayo de 2022,
indicó que no es la entidad competente para resolver las inquietudes.
• Copia del oficio No. 20225380379411 de 10 de mayo de 2022, suscrito por
el Subdirector de Pobreza y Focalización del Departamento Nacional de
Planeación en el que resolvió la solicitud de 5 de mayo de 2022 y se le
informa a la peticionaria cuáles son los programas y las entidades
ejecutoras a los que puede acudir.
• Copia del oficio No. OFI22-00043523 / IDM 12000002 de 12 de mayo de
2022, en el que la Asesora del Grupo de Atención a la Ciudadanía del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, le indica a
la accionante que remitió la solicitud al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y Departamento Administrativo para la Prosperidad Social por ser
los competentes para resolverla.
• Copia del oficio No. S-2022-2002-155174 de 19 de mayo de 2022, mediante
el cual el Coordinador GIT de Participación Ciudadana del Departamento de
Prosperidad Social le informó a la actora que su petición se remitió a la
Alcaldía de Cúcuta, Norte de Santander, por considerar que la solicitud de
Oferta y atención a la población en situación de discapacidad y
vulnerabilidad es de su competencia
• Copia del oficio No. 2022EE0047873 de 22 de mayo de 2022, en el que el
coordinador del Grupo de Atención al Usuario y Archivo de Vivienda,
Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio atendió la
petición de la accionante, en el sentido de indicarle que para acceder a
alguno de los subsidios de vivienda debe postularse a las convocatorias
abiertas por el Fondo Nacional de Vivienda.
5. Trámite procesal
Por auto de 6 de junio de 2022, la Consejera Ponente admitió la acción de tutela y
ordenó notificar a la parte demandada a quien se le remitió copia de la solicitud de
amparo.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
64592 a 64595 de 10 de junio de 2022, con el fin de darle cumplimiento a la
referida decisión1.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y del Presidente de la República
Por escrito de 14 de junio de 2022, el asesor de la entidad pidió que se declare la
falta de legitimación en la causa por pasiva y/o la improcedencia de la acción de
tutela por inexistencia de la vulneración de los derechos fundamentales. En
consecuencia, solicitó que sean desvinculados del trámite de tutela, por cuanto no
existe nexo de causalidad entre la violación o amenaza de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora y las entidades demandadas.
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Las partes demandante y demandada fueron notificadas a las siguientes direcciones de correo
electrónico: yinathsusagamboa@hotmail.com; yinathsusagamboa@gmail.com;
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co; contacto@presidencia.gov.co;
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co; notificacionesjudiciales@dnp.gov.co.
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Indicó que la petición de 5 de mayo de 2022 se atendió en debida forma, porque
mediante oficio No. OFI22-00043523 / IDM 12000002 de 12 de mayo de 2022, se
le informó a la peticionaria que su solicitud había sido remitida al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio y al Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, al considerar que son los competentes para dar respuesta a sus
inquietudes. Dicha respuesta fue reiterada por oficio No. OFI22-00045757 / IDM
12000002 de 15 de mayo de 2022.
Aseguró que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
forma parte del sector central de la administración pública del orden nacional,
creado mediante la Ley 3ª de 1898 y el Decreto 133 de 27 de enero de 1956,
convertido en legislación permanente mediante la Ley 1ª de 1958.
Aseveró que de acuerdo con la clasificación de los sectores de la administración,
el Sector Administrativo de la Presidencia de la República está integrado por el
“Departamento Administrativo de la Presidencia de la República” y por otras
entidades que se encuentran adscritas a ella, como son: 1. la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres; 2. la Agencia para la Reincorporación y
la Normalización; 3. la Agencia para la Renovación del Territorio, 4. La Agencia
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC Colombia y 5.
Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas (artículo 6 Decreto 1784 de
2019).
En cuanto a sus funciones como Departamento Administrativo refirió que las
mismas se encuentran consagradas en el artículo 3º del referido Decreto 1784 de
2019 y se dirigen básicamente a prestar apoyo logístico y administrativo al señor
Presidente de la República en el cumplimiento de sus funciones, que son
principalmente las consignadas en el artículo 189 de la Constitución Política.
Por lo anterior, sostuvo que ninguna de esas atribuciones permite al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República realizar las actuaciones
específicas y estructurales que pretende la accionante para el amparo de sus
derechos fundamentales.
Frente al Presidente de la República aseguró que no es representante legal ni
judicial de entidad alguna, incluida la Presidencia de la República, pues dicha
dependencia tiene su propio representante legal y se pronuncia judicialmente a
través de la Secretaría Jurídica.
Indicó que el artículo 115 de la Constitución Política establece que el Presidente
de la República es el Jefe del Estado, del Gobierno y la suprema autoridad
administrativa y que en cada negocio particular, el Gobierno se constituye con él y
el Ministro o el Director de Departamento correspondiente, de manera que los
actos del primer mandatario tienen valor y fuerza cuando sean suscritos y
comunicados por el “Gobierno”, hecho por el cual se hace responsable el Ministro
del ramo respectivo o el Director del Departamento Administrativo
correspondiente.
Por lo anterior, manifestó que “en cuanto a los actos que expida el Gobierno
Nacional, su representación está en cabeza del Ministro o del Director
correspondiente más NO en cabeza del señor Presidente de la República y, en
consecuencia, el Primer Mandatario NO es sujeto procesal salvo en las
excepciones de los artículos 115 de la Constitución Política y 159 del C.P.A.C.A”.
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Así mismo, refirió que no es la autoridad de mayor jerarquía de las entidades de la
rama ejecutiva del orden nacional, pues lo son, los Ministros y Directores de
Departamentos Administrativos en el orden nacional de la Rama Ejecutiva del
Poder Público.
Señaló que de acuerdo con el marco normativo antes expuesto, “el señor
Presidente de la República y [la] Presidencia de la República NO son la misma
persona. De hecho, el primero es una AUTORIDAD, la máxima administrativa de
la rama ejecutiva; la segunda es una ENTIDAD de varias del orden nacional,
pertenecientes a la rama ejecutiva. NO pueden confundirse en materia judicial,
pues cada una es representada, en virtud de delegación, por la Secretaría Jurídica
de la Entidad y lo será en los temas de competencia de cada una, según la
Constitución y la Ley”.
En ese orden de ideas, aseguró que tanto el Departamento de la Presidencia de la
República como el señor Presidente de la República no están legitimados para
actuar como accionados, dado que cualquier actuación tendiente a acceder a lo
solicitado por la accionante, constituiría una extralimitación en el ejercicio de sus
funciones.
6.2. Las demás autoridades vinculadas al trámite constitucional aun cuando fueron
debidamente notificadas del auto admisorio de la demanda de tutela guardaron
silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Si bien en el presente asunto la accionante no invocó de forma expresa la
vulneración del derecho fundamental de petición, ni tampoco mencionó otros
derechos fundamentales como vulnerados, de la lectura integral del escrito de
tutela la Sala entiende que el debate constitucional gira en torno a esa garantía
constitucional, pues se relaciona con la falta de respuesta a las solicitudes de 28
de abril de 2020 y de 5 de mayo de 2022.
Lo anterior, tiene sustento en el artículo 13 de la Ley 1437 de 2011,
concretamente en el inciso segundo, según el cual, “Toda actuación que inicie
cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario
invocarlo (…)”.
Precisado lo anterior y de acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a
la Sala establecer si la Presidencia de la República, el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y el Departamento Nacional de
Planeación desconocieron el derecho fundamental de petición de la actora,
supuestamente vulnerado al no resolver las solicitudes de 28 de abril de 2020 y de
5 de mayo de 2022.
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3. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.
Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.
A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:
“(..) La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o, si por el contrario, existen otros medios
jurídicos que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.
Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha extendido los
efectos del requisito de subsidiariedad, al considerar que el sólo hecho de que
existan otros medios de defensa judicial, no hace que automáticamente la acción
de tutela se torne improcedente, ya que bajo ciertas circunstancias el carácter
subsidiario y residual de la misma puede llegar a tener algunas excepciones. Así
lo precisó la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU- 263 de 20152:
“(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente
idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados;
(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la
tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio
irremediable a los derechos fundamentales.
(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas
de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población
desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular
consideración por parte del juez de tutela"3. (Negrilla por fuera del texto)
2
Véase al respecto: Corte Constitucional, sentencia T-656 de 2006, M.P. María Victoria Calle
Correa, sentencia T-435 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-768 de 2005 M.P. Jaime
Araújo Rentería, sentencia T-651 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-1012 de 2003
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
3
Corte Constitucional, sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido
para restringir su procedencia, como quiera que el sistema judicial permite a las
personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser
eficaces para la defensa de sus derechos4, ya que si bien, la regla de la
subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de
la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar a intervenir en algunos
casos en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o que
a pesar de existir no es idóneo ni eficaz, cuando se pretenda evitar un perjuicio
irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional, lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de
amparo es la protección de los derechos fundamentales.
Ahora bien, respecto de la procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos, la jurisprudencia de la Corte Constitucional acogida por esta Sala,
ha precisado que “es improcedente como mecanismo principal para proteger
derechos de rango constitucional o legal que resulten amenazados o vulnerados
con ocasión de la expedición de actos administrativos”5, toda vez que para
controvertir su legalidad, el legislador estableció diferentes medios de control en la
jurisdicción contencioso administrativa, que se presumen idóneos para restablecer
el derecho conculcado6.
No obstante, la Corte Constitucional ha admitido que en los casos en que se
acredite un perjuicio irremediable7, o que el mecanismo de defensa judicial
ordinario no goza de la idoneidad requerida8, se habilita al juez constitucional para
estudiar el acto administrativo y suspender su aplicación con el fin de restablecer
los derechos fundamentales vulnerados o amenazados.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Del asunto bajo examen
La actora presentó acción de tutela en la que manifestó que el Departamento
Nacional de Planeación y el Presidente de la República no resolvieron las
solicitudes radicadas el 28 de abril de 2020 y 5 de mayo de 2022, en las que
solicitó información sobre los subsidios o apoyos económicos y acceso a la
vivienda digna.
Al respecto, el apoderado del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y/o del señor Presidente de la República solicitó que se declare la falta
de legitimación en la causa por activa, al considerar que no son responsables de
la violación o amenaza de los derechos fundamentales de la accionante, toda vez
que la petición de 5 de mayo de 2022 fue debidamente resuelta mediante oficio
No. OFI22-00043523 / IDM 12000002 de 12 de mayo de 2022, en el que le
informó que su solicitud había sido remitida al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
4
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
5
Sentencias T-514 de 2003, T-435 de 2005 y T-368 de 2008.
6
En sentencia T-629 de 2008, la Corte Constitucional, al referirse a la improcedencia general de la
acción de tutela como mecanismo para impugnar o controvertir los actos administrativos, sostuvo
que “ciertamente, el interés que tiene la Corte en preservar el carácter subsidiario y residual de la
tutela radica fundamentalmente en el respeto o independencia que tienen las diferentes
jurisdicciones y la competencia exclusiva que éstas mismas tienen para resolver los conflictos
propios de sus materias, en un claro afán de evitar la paulatina desarticulación de su organismos y
de asegurar el principio de seguridad jurídica”.
7
Sentencia SU-394 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
8
Ibíd.
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Territorio y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social por cuanto
son los competentes para dar respuesta a sus inquietudes.
4.2. La acción de tutela resulta improcedente en cuanto a los reproches
formulados contra el Departamento Nacional de Planeación
Como se advirtió en los antecedentes de esta providencia, la señora Yinath
Lorena Susa Gamboa aseguró que el Departamento Nacional de Planeación no
ha dado respuesta a la petición de 28 de abril de 2020, a pesar de que el Juzgado
Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cúcuta por sentencia
de 24 de junio de 2020, en el marco de la acción de tutela con radicado No. 54-
001-31-09-005-2020-00046-00. En la sentencia se ordenó lo siguiente:
“PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición a la señora YINATH
LORENA SUSA GAMBOA.
SEGUNDO: ORDENAR al señor REPRESENTANTE LEGAL DEL DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION, o por quien haga sus veces, dentro del término
improrrogable de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de éste
fallo, si aún no lo han hecho, brinden respuesta de fondo, clara, congruente y en el
sentido que corresponda a la accionante, respecto a su derecho de petición de
ASIGNACIÓN DEL INGRESO SOLIDARIO con radicado 20206000545362 del 28 de
abril de 2020, la respuesta no obliga que sea positiva”.
La anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cúcuta, Sala Penal de Decisión, en providencia de 14 de agosto de 2020, bajo el
argumento de que si bien la entidad emitió respuesta a la solicitud no se advierte
que la misma haya sido notificada a la accionante.
Al respecto, la Sala advierte que la acción de tutela resulta improcedente pues los
reproches formulados por la actora contra el Departamento Nacional de
Planeación se relacionan con el cumplimiento a la mencionada decisión de tutela,
frente a lo cual cuenta con otro medio de defensa para obtener la satisfacción de
sus intereses. Concretamente con el trámite de cumplimiento y/o el incidente de
desacato establecido en los artículos 27 y 52 del Decreto Estatutario 2591 de
1991, el cual se debe iniciar ante el juez de primera instancia, como lo ha
precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional9.
Cabe resaltar que el artículo 86 de la Constitución Política señala que toda
persona tendrá la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que
estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública”. Destaca esa disposición que dicha solicitud de amparo, “solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.”
Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.
A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
9
Sentencia T-458 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y Auto 181 de 2015, M. P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
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tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:
“(..) La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el
solicitante”.
De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, ha servido
para restringir su procedencia, como quiera que el sistema judicial permite a las
personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser
eficaces para la defensa de sus derechos10, ya que si bien, la regla de la
subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de
la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar a intervenir en algunos
casos en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o que
a pesar de existir no es idóneo ni eficaz, cuando se pretenda evitar un perjuicio
irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional, lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de
amparo es la protección de los derechos fundamentales.
En este orden de ideas, la solicitud de amparo formulada por la señora Yinath
Lorena Susa Gamboa desconoció el requisito de la subsidiariedad en cuanto a la
falta de respuesta de la petición de 28 de abril de 2020, como quiera que cuenta
con otros medios de defensa judiciales, como son el trámite de cumplimiento y el
incidente de desacato, que son eficaces e idóneos para obtener el cumplimiento
de lo ordenado en las sentencias de tutela de 24 de junio de 2020 y 14 de agosto
de 2020 que ordenó que fuera resuelta de fondo.
Empero, teniendo en cuenta que según lo probado en el expediente la actora es
sujeto de especial protección constitucional, pues ha sido diagnosticada con
múltiples enfermedades y cuenta con una pérdida de la capacidad laboral del
29,51 %, lo que la ubica en una situación de vulnerabilidad, la Sala ordenará que
por Secretaría General de esta Corporación que remita copia del presente escrito
de tutela y de las sentencias de 24 de junio de 2020 y 14 de agosto de 2020,
proferidas en la acción de tutela No. 54001-31-09-005-2020-00046-00/01, al
Juzgado Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cúcuta, para
que oficiosamente inicie el trámite de cumplimiento.
4.3. Se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la
respuesta otorgada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República
4.3.1. La actora formuló una solicitud el 5 de mayo de 2022, en los siguientes
términos:
“San José de Cúcuta, 05 de mayo de 2022.
SEÑORES:
IVAN DUQUE MARQUEZ
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
10
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
9
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www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03028-00
Demandante: YINATH LORENA SUSA GAMBOA
PIERRE GARCIA JACQUIER
DIRECTOR DE PROSPERIDAD SOCIAL
ALEJANDRA BOTERO BARCO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
LISANDRO MANUEL JUNCO RIVEIRA
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
ASUNTO: PREGUNTA RESPETUOSA ¿PORQUE NUNCA HE RECIBIDO NINGUN
TIPO DE SUBSIDIO POR PARTE DEL ESTADO? ¿PORQUE SE ME HA NEGADO
EL ACCESO A UNA VIVIENDA? -YINATH LORENA SUSA GAMBOA– CÉDULA
37.441.801
Yo, Yinath Lorena Susa Gamboa, mayor de edad, titular de la cédula de ciudadanía
37.441.801 expedida en Cúcuta, estado civil soltera, profesión comerciante, vecina de
esta municipalidad, residente en la calle 2N 6E-105 los pinos, municipio San José de
Cúcuta, por el presente, con mis respetos de costumbre, actuando en mi propio
nombre, me permito formular la siguiente pregunta:
1. Soy una usuaria y paciente del sistema de salud sin diagnóstico, sospecha de
enfermedad huérfana (patología del sistema inmunológico que se ve reflejada a través
de un proceso inflamatorio del hígado (hepatomegalia), tiroides, útero) y otras
patologías como; sincope vasovagal, fistula en la arteria pulmonar, síndrome
bradicardiataquicardia, tiroiditis de Hashimoto, Hipotiroidismo, bocio multinodular,
mareos, fibromialgia, pérdidas de equilibrio, ahogos, timpanismo ++, anginas,
síndrome del túnel carpiano, dolor crónico intratable, osteoartrosis primaria
generalizada, Imagen sugestiva de aneurisma en la arteria en la bifurcación de la
arteria cerebral media del lado derecho. etc. Por ello cuenta con tutela radicado N.
54001 4004 001 2019-407 Juzgado Primero Penal municipal de Cúcuta, donde puede
evidenciarse que es verdad lo que está manifestando. (ANEXO 1)
¿Por qué nunca he recibido ningún tipo de subsidio por parte del estado?
2. Le solicite un subsidio al Departamento Nacional De Planeación y me lo negó.
Existe Acción De Tutela Radicado: 54-001-31-09-005-2020-00046-00 Juzgado Quinto
Penal Del Circuito Con Funciones De Conocimiento, donde se tutela el derecho
fundamental de petición y el Departamento Nacional de Planeación tuvo tanta mala
voluntad que la impugno; le gane en segunda instancia y nunca se pusieron en
contacto conmigo los abogados. (ANEXO 2)
¿Por qué nunca he recibido ningún tipo de subsidio por parte del estado?
3. Soy una ciudadana de la república con un resultado de calificación y/o dictamen de
pérdida de capacidad laboral y ocupacional del 29,51% (ANEXO 3)
¿Por qué nunca he recibido ningún tipo de subsidio por parte del estado?
4. Soy una ciudadana de la república certificada por el estado colombiano como una
persona en situación de discapacidad. (ANEXO 4)
¿Por qué nunca he recibido ningún tipo de subsidio por parte del estado?
¿Por qué se me ha negado el acceso a una vivienda digna y yo sigo de
comensal y de arrimada en la casa de mis familiares?
Ciudadanos con tantos problemas como yo, las ayudas económicas, sociales y de
integración, deben ser una obligación por parte del estado”.
Al respecto, la actora manifestó que todas las entidades peticionadas emitieron
respuesta de fondo, a excepción del Presidente de la República quien, a su juicio,
no profirió ningún pronunciamiento.
Ahora bien, con el escrito de tutela la actora allegó copia del oficio No. OFI22-
00043523 / IDM 12000002 de 12 de mayo de 2022, suscrito por la Asesora del
Grupo de Atención a la Ciudadanía del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, en el que se le informó lo siguiente:
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03028-00
Demandante: YINATH LORENA SUSA GAMBOA
“OFI22-00043523 / IDM 12000002
(CITE ESTE NÚMERO PARA INFORMACIÓN Y/O PARA ENVIAR COMUNICACIÓN)
Bogotá D.C., 12 de mayo de 2022
Señora
YINATH LORENA SUSA GAMBOA
yinath_susa@hotmail.com
Asunto: Radicado No. EXT22-00030049
Respetada señora Susa:
Hemos recibido la comunicación enviada al Presidente de la República, en la que
solicita intervención para ser tenida en cuenta en los programas sociales del Gobierno
Nacional (vivienda y ayudas económicas).
En cumplimiento del artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", estamos
remitiendo al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social - DPS, para su consideración y fines pertinentes dentro del
marco de sus competencias.
En caso de presentar alguna inquietud, le invitamos dirigirse directamente a esas
entidades a través de los correos: correspondencia@minvivienda.gov.co y
servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co
Cordialmente,
CLAUDIA MURILLO.
Asesora Grupo de Atención a la Ciudadanía
GRUPO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA”.
Así mismo, la entidad demandada con el informe rendido en el marco del presente
trámite de tutela aportó el oficio No. OFI22-00043526 / IDM 12000002 de 12 de
mayo de 2022, mediante el cual se remitió la solicitud al Coordinador del Grupo
Interno de Trabajo y Participación Ciudadana del Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social, indicándole lo siguiente:
“OFI22-00043526 / IDM 12000002
Bogotá D.C., 12 de mayo de 2022
Doctor
EDWIN GIOVANNY TORRES A.
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo y Participación Ciudadana
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS
servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co5954410
OFI22-00043526 / IDM 12000002
Asunto: Radicado No. EXT22-00030049
Respetado doctor Torres:
La señora Yinath Lorena Susa Gamboa, envía comunicación a la Presidencia de la
República, en la que solicita intervención para ser tenida en cuenta en los programas
sociales del Gobierno Nacional (vivienda y ayudas económicas).
En cumplimiento del artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo",
remitimos para su consideración y fines pertinentes dentro del marco de sus
competencias.
Por último, es importante tener en cuenta que el requerimiento fue trasladado también
al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en virtud del objeto de la comunicación.
Cordialmente,
CLAUDIA MURILLO.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03028-00
Demandante: YINATH LORENA SUSA GAMBOA
Asesora Grupo de Atención a la Ciudadanía
GRUPO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA”.
4.3.2. Al respecto, la Sala advierte que se configuró la carencia actual de objeto
por hecho superado, pues aun cuando la contestación no fue suscrita
directamente por el Presidente de la República, lo cierto es que la petición de 5 de
mayo de 2022 fue atendida por la autoridad competente para darle trámite, esto
es, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, entidad que
en el marco de las funciones establecidas en el artículo 3º, numeral 12 del Decreto
1784 de 2019, es la encargada de prestar el apoyo administrativo que demande el
primer mandatario para el ejercicio de sus facultades y funciones.
A lo anterior, se agrega que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la
Resolución No. 0987 de 15 de diciembre de 201611, el referido Departamento
Administrativo es el encargado de atender y resolver “Las peticiones respetuosas
en interés general y en interés particular que toda persona dirija al Presidente de
la República o a cualquier funcionario del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, de acuerdo con el artículo 23 de la Constitución
Política y sus desarrollos legales y reglamentarios”.
En este orden de ideas, la Sala estima que se configuró la carencia actual de
objeto por hecho superado como quiera que el Grupo de Atención a la Ciudadanía
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, dentro del
término oportuno de cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción, remitió la
petición de la actora al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y
al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por oficios No. OFI22-00043526 y
OFI22-00043527 de 12 de mayo de 2022, lo cual le fue informado a la actora
mediante oficio No. OFI22-00043523 del mismo día. Por lo anterior, cualquier
orden al respecto caería en el vacío pues la petición ya no se encuentra a cargo
de la entidad demandada.
4.3.3. Ahora bien, llama la atención de la Sala que en la remisión por competencia
solo se haya hecho referencia al artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, sin precisar
las razones por las cuales sustentaba su incompetencia y porqué sí lo era la
entidad a la que se remitió la solicitud, pasando por alto las subreglas precisadas
por la Corte Constitucional en la sentencia C-951 de 2014, por lo que se hace
necesario realizar algunas consideraciones adicionales.
El artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por la Ley 1755 de 2015,
establece que:
“Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de
inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días
siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá
la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso
de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o
responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la
autoridad competente”.
La Corte Constitucional en la sentencia C-951 de 201412 efectuó el control de
constitucionalidad previo al proyecto de ley estatutaria que posteriormente se
convirtió en la Ley 1755 de 201513, en la que indicó que dicha regla de remisión
11
"Por la cual se reglamenta el trámite interno del Derecho de Petición, y se dictan otras
disposiciones en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República".
12 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez (E).
13 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
12
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Demandante: YINATH LORENA SUSA GAMBOA
cuando el funcionario no tenga competencia para conocer la petición, resulta
acorde con el artículo 209 de la Constitución Política, así como con el principio de
legalidad en el ejercicio de la función pública contemplado en el artículo 6 de la
Carta, debido a que consagra que la autoridad que no tenga competencia para
resolver una petición, deberá manifestarlo así al interesado. Así mismo, sostuvo
que con el fin de evitar dilaciones injustificadas y garantizar de forma sustantiva
una pronta respuesta a la petición incoada, la remisión debe ser debidamente
justificada. En esa decisión sostuvo:
“(...) para evitar dilaciones injustificadas y así garantizar de forma sustancial una
pronta respuesta a la petición incoada, debe entenderse que la obligación de
informar (“informará”) al peticionario no se agota con la mera manifestación de
que no se es competente, y de que otra autoridad lo es. Esta información deberá
estar motivada, de modo que la respuesta que en este sentido dé la entidad
deberá indicar: i) por qué no es competente la autoridad ante la que se presenta
la petición; y ii) por qué es competente la autoridad a la que se remite la misma”.
Por lo anterior, el Tribunal Constitucional concluyó que el deber contenido en el
artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, de informar “sobre la incompetencia de la
autoridad ante la que se presentó la petición, y la remisión a la que se considera
con competencia, acoge los parámetros previstos por la jurisprudencia
constitucional, por lo que se encuentra acorde con el contenido establecido
para el derecho de petición, siempre y cuando se entienda que estas
decisiones deberán ser motivadas” (Negrillas de la Sala).
En este orden de ideas, es claro que el marco de protección del derecho
fundamental de petición está presente incluso cuando la solicitud se interpone
ante un funcionario que no tenga competencia para resolverla, el cual si bien no
está en obligación de proferir respuesta de fondo, debe informarle al peticionario,
con motivación suficiente, por qué no es el competente y si lo es la autoridad a la
que se remite. Dicha obligación no se agota con la simple afirmación de que no se
es competente.
En el asunto bajo examen, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República al emitir el oficio No. OFI22-00043523 / IDM 12000002 de 12 de mayo
de 2022, no observó los parámetros fijados por la Corte Constitucional en la
sentencia C-951 de 2014, en tanto se limitó a manifestar que no era competente
para conocer el asunto, sin expresar razones frente a tal afirmación, ni indicar por
qué son competentes el Departamento Administrativo de Prosperidad Social y el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Sin embargo, como carecería de efecto útil un amparo en este momento por
cuanto la solicitud ya se remitió a las citadas autoridades con el fin de que brinden
respuesta a lo pedido por la accionante, la Sala haciendo uso de las facultades
otorgadas por el artículo 24 del Decreto Estatutario 2591 de 199114, prevendrá al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para que, en lo
sucesivo, cuando reciba peticiones frente a las cuales no es competente, cumpla
14
ARTICULO 24.-Prevención a la autoridad. Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos
del acto impugnado, o éste se hubiera consumado en forma que no sea posible restablecer al
solicitante en el goce de su derecho conculcado, en el fallo se prevendrá a la autoridad pública
para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para
conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo
establecido en el artículo correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio de las
responsabilidades en que ya hubiere incurrido.
El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para
evitar la repetición de la misma acción u omisión.
13
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03028-00
Demandante: YINATH LORENA SUSA GAMBOA
con los parámetros señalados en la sentencia C-951 de 2014, informándole al
peticionario, con motivación suficiente, por qué no es el competente y sí lo es la
autoridad a la que se remite la solicitud.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la
señora Yinath Lorena Susa Gamboa en cuanto a las pretensiones formuladas
contra el Departamento Nacional de Planeación, por las razones expuestas.
Segundo.- Por Secretaría General de esta Corporación, REMÍTASE al Juzgado
Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cúcuta, copia del
presente escrito de tutela y de las sentencias de tutela 24 de junio de 2020 y 14 de
agosto de 2020, proferidas en la acción de tutela No. 54001-31-09-005-2020-
00046-00/01, para que oficiosamente inicie el trámite de cumplimiento.
Tercero.- DECLÁRASE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO en relación con
las pretensiones formuladas contra el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República por configurarse un hecho superado, por las razones
aquí expuestas.
Cuarto.- PREVÉNGASE al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, para que, en lo sucesivo, cuando reciba peticiones frente a las cuales
no es competente, cumpla con los parámetros señalados en la sentencia C-951 de
2014, informándole al peticionario, con motivación suficiente, por qué no es el
competente y sí lo es la autoridad a la que se remite la solicitud.
Quinto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Sexto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Séptimo.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
14
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Demandante: YINATH LORENA SUSA GAMBOA
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
15
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