Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03033-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03033-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-03033-00
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
7 de julio de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03033-00
Accionante: Myriam Yaneth Sierra Navas
Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C. siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03033-00
Accionante: Myriam Yaneth Sierra Navas
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Temas: Tutela contra providencia judicial / Pensión de sobrevivientes / Decreto 2063
de 1984 / Ley 100 de 1993 / Principio de favorabilidad / Se declara improcedente por
falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir la acción de tutela interpuesta contra la sentencia proferida el
9 de diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en el marco
del proceso de radicado No. 54001-33-33-001-2017-00250-01. En dicha decisión se
confirmó la sentencia del 29 de agosto de 2019 proferida por el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, que había negado las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la actora contra el
Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 333 de 2021 y en
el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
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Accionante: Myriam Yaneth Sierra Navas
Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 2 de junio de 2022 Myriam Yaneth Sierra Navas presentó -en nombre propio- una
acción de tutela para obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad,
debido proceso, acceso a la administración de justicia, mínimo vital y seguridad social,
presuntamente vulnerados por la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander en el marco del proceso de radicado No.
54001-33-33-001-2017-00250-01.
2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones:
<< PRIMERA: Se tutelen en mi favor los derechos fundamentales a LA IGUALDAD (C.P.,
Art. 11), DEBIDO PROCESO (C.P., Art. 29), DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA
(C.P., Art. 29), DERECHO AL MINIMO VITAL (C.P., Art. 48), DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL (C.P., Art. 48), y a los principios constitucionales de seguridad
jurídica, buena fe y confianza legítima, invocándose así mismo la aplicación del artículo 2
y 4 de la Constitución Política.
SEGUNDA: Como consecuencia de las anteriores, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, radicado No. 54-001-33-33-001-2017-00250-01, se
revoque el fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo
de Norte de Santander el nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) que confirmó
la sentencia del veintinueve (29) de agosto de dos mil diecinueve (2019) dictada por el
Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, negándose las pretensiones
de la demanda.
TERCERA: Como consecuencia de las anteriores, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, radicado No. 54-001-33-33-001-2017-00250-01, se
profiera por parte del Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander una
nueva decisión en la que se brinden a los accionantes las garantías de los derechos
invocados en la presente acción de tutela y los lineamientos jurisprudenciales existentes
y precedentes constitucionales>>.
B. Hechos
3.- La accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- Álvaro Álvarez Jácome ingresó a la Policía Nacional el 9 de julio de 1984 y el 1º de
diciembre de 1984 fue incorporado como agente, cargo que desempeñó hasta el 31 de
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Accionante: Myriam Yaneth Sierra Navas
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diciembre de 1988 –fecha de su muerte–, de manera que computó un tiempo de
servicios de 4 años, 6 meses y 14 días.
3.2.- El 11 de agosto de 1989, mediante la Resolución 5668, la Policía Nacional
reconoció y ordenó pagar en favor de sus beneficiarios una indemnización por muerte y
cesantía, al igual que una compensación en dinero por vacaciones pendientes.
3.3.- En 2016 la accionante solicitó ante la Policía Nacional el reconocimiento de pensión
de sobreviviente en calidad de cónyuge de Álvaro Álvarez Jácome, que fue negado el
24 noviembre de 2016 por la Policía Nacional mediante oficio No. 319466.
3.4.- En 2017 presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional, en la cual solicitó la nulidad del oficio
No. 319466 del 24 noviembre de 2016. Pidió también que se condenara a la autoridad
demandada a reconocer y pagar en favor de la demandante una pensión de
sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite del agente Álvaro Álvarez Jácome.
Solicitó que mediante la excepción de inconstitucionalidad se inaplicara el literal c),
artículo 121 del Decreto 2063 de 1984, y en su defecto se utilizara la ratio decidendi de
la sentencia T-564 de 2015 de la Corte Constitucional, entre otras pretensiones.
3.5.- El 29 de agosto de 2019 el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de
Cúcuta negó las pretensiones de la demanda. Consideró que no era posible acudir al
principio de retrospectividad para aplicar la Ley 100 de 1993, pues la muerte del agente
Álvarez Jácome se produjo con anterioridad a la expedición de esta ley, y cuando se
encontraba vigente el Decreto 2063 de 1984, que exigía como mínimo doce años de
servicios para acceder a la pensión por muerte en actos del servicio; años que no
cumplió el policía fallecido. Además, porque no se acreditó <<una afectación
iusfundamental>> que hiciera viable el análisis bajo ese principio.
3.6.- La accionante presentó recurso de apelación contra el fallo de primera instancia al
considerar que no tuvo en cuenta la sentencia T-564 de 2015 de la Corte Constitucional,
pues <<el derecho reclamado no está consolidado>> porque el Decreto 2063 de 1984
no contempla la pensión de sobrevivientes; esta surge con la Ley 100 de 1993. Citó tres
precedentes del Tribunal Administrativo de Norte de Santander del 8 de abril de 20161.
1 Radicado 54001-33-31-006-2012-00126-01, MP Beatriz Helena Escobar Rojas; radicado 54001-23-31-000-2012-
00350-00, MP María Josefina Ibarra Rodríguez; radicado 54001-33-33-705-2012-00173-01, MP Carlos Dávila.
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Accionante: Myriam Yaneth Sierra Navas
Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional
3.6.1.- Precisa que, con base en la sentencia T-564 de 2015, la regulación prevista en
el Decreto 2063 de 1984 es insuficiente en tanto no consagra medidas de protección
efectivas para el grupo familiar del agente fallecido en servicio. Considera que restringir
el derecho pensional de los grupos familiares de los policías que fallecieron cuando ya
habían prestado servicios a la institución por varios años, pero que aún no alcanzaban
el tiempo para obtener la asignación de retiro, resulta desproporcionado.
3.7.- El 9 de diciembre de 2021 el Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de
Santander confirmó el fallo de primera instancia. Consideró que el principio de
favorabilidad en materia laboral es aplicable en los casos en que existan dos normas o
una con diferentes interpretaciones, para lo cual deberá aplicarse la más favorable. Lo
anterior, en tanto las normas en cuestión tengan vigencia para el momento en que se
consolidó el derecho reclamado, esto es, siempre y cuando los hechos que originan
la prestación social tengan ocurrencia o se hayan consumado a partir de su
vigencia. Por su parte, la retrospectividad comporta la aplicación inmediata de la ley a
situaciones jurídicas en proceso de consolidación que venían reguladas en virtud de una
norma anterior, en garantía de expectativas legítimas que no se habían perfeccionado.
3.7.1.- El tribunal encontró acertada la decisión proferida en primera instancia en tanto
no es posible aplicar el principio de favorabilidad en el caso concreto, pues si bien la Ley
100 de 1993 contempla el derecho a la pensión de sobrevivientes, esta norma entró en
vigencia el 1º de abril de 1994. Esto significa que al momento del fallecimiento del agente
Álvarez Jácome (31 de diciembre de 1988) la norma aplicable era el Decreto 2063 de
1984 vigente para el momento de la muerte del causante. Este decreto establecía, para
los casos de muerte de un agente de policía, una pensión mensual cuando el agente
hubiere cumplido quince o más años de servicio. El tribunal encontró que la demandante
no es beneficiaria del derecho pensional reclamado según la norma en mención, pues
el causante acumuló un tiempo de 4 años, 6 meses y 14 días.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- La accionante considera que el fallo atacado incurrió desconocimiento del
precedente. Señala que la autoridad accionada se apartó sin justificación válida de
precedentes de la Corte Constitucional (T-564 de 2015, T-116 de 2016, T-415 y T-525
de 2017, T-155 de 2018 y T-017 de 2022) y del Consejo de Estado –la accionante no
cita ninguna sentencia en específico–. Afirma que en estos precedentes se accedió a
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Accionante: Myriam Yaneth Sierra Navas
Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional
reconocer la pensión de sobrevivientes de agentes de la Policía que fallecieron en
simple actividad y acreditaron menos de quince años de servicio.
4.1.- Aduce que se vulneran sus derechos fundamentales bajo el argumento de una
<<infranqueable irretrospectividad>> de la ley y una supuesta unificación de criterio en
la materia por parte del Consejo de Estado, cuando en realidad no existe unificación y
se han tomado decisiones dispares, que a su vez desconocen los precedentes de la
Corte Constitucional. Afirma que cuando su esposo murió, él se hacía cargo de los
gastos del hogar, tenían dos hijos de cinco y dos años, estaba embarazada y no recibió
pensión o compensación alguna. Añade que no tiene ingresos y que padece de
<<hipertensión esencial primaria, cardiomiopatía isquémica, enfermedad renal crónica,
infección de vías urinarias, cefalea tipo tensión>>.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- En escrito del 14 de junio de 2022 el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
(accionado) solicita que se declare improcedente la acción de tutela o se niegue el
amparo solicitado. Cita una sección de la sentencia atacada y afirma que esta se adoptó
en cumplimiento del procedimiento prestablecido, con base en las pruebas del proceso
y que en ella se aplicaron las normas sustanciales pertinentes, en concreto la subregla
adoptada por el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 25 de abril de 2013 2.
Afirma que el hecho de que la decisión fuera desfavorable a la accionante no significa
que se haya vulnerado el debido proceso o algún derecho fundamental.
5.1.- Sobre el desconocimiento del precedente de sentencias de tutela de la Corte
Constitucional, precisa que el criterio de su decisión ha sido reiterado por la Sección
Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, en dos sentencias de 2019 3. Agrega
que la Corte Constitucional, en sentencia T-564 de 2015, tuvo en cuenta la sentencia de
unificación del 25 de abril de 2013 del Consejo de Estado y entendió que la norma
aplicable para resolver las peticiones pensionales de sobrevivientes es la vigente a la
muerte del causante.
2 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación del 25 de abril de 2013. Radicado 76001-23-31-
000-2007-01611-01 (1605-09); C.P Luis Rafael Vergara Quintero.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencias proferidas el 26 de agosto de 2019, radicado No. 52001-23-31-
000-2012-00241-01, y el 7 de noviembre de 2019, radicado No. 05001-23-33-000-2013-01759-01(3601-15).
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6.- En correo del 13 de junio de 2022 el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
de Cúcuta (tercero con interés) remitió el expediente del proceso ordinario con radicado
No. 54-001-33-33-001-2017-00250-00 e informe sobre el proceso de tutela. Solicita que
la acción de tutela sea <<desestimada>> en tanto no puede concluirse que el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander haya incurrido en <<defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente>>, pues en la providencia atacada citó jurisprudencia
del Consejo de Estado <<con la que le resultó evidente la postura que tiene esa
corporación>> para resolver asuntos como el particular.
6.1.- Resalta la sentencia de unificación del 21 de abril de 2013 de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, en la cual se precisó que tratándose de sustitución pensional
<<la ley que gobierna el reconocimiento de la pensión de beneficiarios es la vigente al
momento del fallecimiento del causante y no una posterior>>, posición reiterada en
providencias de 20194. Aduce que la autoridad accionada estimó que carecen de
fundamento los argumentos del recurso de apelación, en el que se solicitó la aplicación
de decisiones de la Corte Constitucional en sede de tutela que avalaban sus
pretensiones, en tanto debía atender el actual criterio del Consejo de Estado, <<que
tiene carácter preponderante en clave de precedente de obligatoria observancia>>.
7.- En escrito del 13 de junio de 2022 el Ministerio de Defensa – Policía Nacional (tercero
con interés) cita la sentencia de unificación del 25 de abril de 2013. Afirma que es cierto
que la jurisprudencia del Consejo de Estado5 ha considerado que, en circunstancias
especiales, cuando un régimen pensional especial no satisface las garantías mínimas
que sí satisface el régimen general y cuando éste resulta más favorable que el especial,
debe preferirse su aplicación. No obstante, la ley favorable que se debe aplicar es la que
esté vigente al momento en que se habría causado el derecho.
7.1.- Cita también la sentencia de tutela del 14 de mayo de 2015 del Consejo de Estado6
en la cual se decidió un caso similar, esto es, la solicitud de una pensión de
sobrevivientes de un miembro de la Policía que murió en vigencia del Decreto 2063 de
1984. Allí se consideró que no era posible aplicar retroactivamente la Ley 100 de 1993
4 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencias proferidas el 26 de agosto de 2019, radicado No. 52001-23-31-
000-2012-00241-01, y el 7 de noviembre de 2019, radicado No. 05001-23-33-000-2013-01759-01(3601-15).
5 Ver, entre otras, las sentencias de octubre 7 de 2010, consejero ponente Luis Rafael Vergara Quintero, radicado
No. 76001-23-31-000-2007-00062-01(0761-09); febrero 18 de 2010, consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren, radicado No. 08001-23-31-000-2004-00283-01(1514-08); abril 16 de 2009, consejero ponente Víctor
Hernando Alvarado Ardila, radicado No. 76001-23-31-000-2004-00293-01(2300-06).
6 Consejo de Estado, Sección Quinta. Fallo de tutela del 14 de mayo de 2015, C.P. Susana Buitrago Valencia.
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Accionante: Myriam Yaneth Sierra Navas
Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional
sino el Decreto 2063 de 1984, y que la accionante no había acreditado los requisitos
previstos en esa norma para acceder a la pensión de sobrevivientes.
7.2.- Precisa que en el caso estudiado el régimen especial vigente para la fecha del
fallecimiento del agente Álvarez Jácome era el Decreto 2063 de 1984, el cual en su
artículo 120 disponía que cuando la muerte es calificada en simple actividad, se requiere
un tiempo de servicio del policial igual o superior a quince años para otorgar una pensión
de sobreviviente. Esta situación no se encontró acreditada, pues el señor Álvarez trabajó
por un período de 4 años, 6 meses y 14 días al servicio de la entidad demandada.
7.3.- Considera que las sentencias citadas por la actora como precedente solo tienen
efectos interpartes y desconocen la sentencia de unificación proferida por el Consejo de
Estado el 25 de abril de 2013. Concluye que la acción de tutela es improcedente por no
existir un perjuicio irremediable o una amenaza inminente e injustificada.
8.- La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (interviniente), pese a estar
debidamente notificada, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
9.- Se acogerá la posición mayoritaria de la Sala y se declarará improcedente la acción
de tutela por no acreditarse el requisito de relevancia constitucional, en la medida en
que se reiteran argumentos que fueron planteados y resueltos dentro del proceso
ordinario7; tanto en la apelación del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
como en la tutela se alega el desconocimiento de sentencias de tutela de la Corte
Constitucional, pese a que en la acción de tutela se agreguen varias más. De cualquier
manera, se advierte que la tutela no podía prosperar por las siguientes razones:
9.1.- En cuanto al principio de favorabilidad que la apelante solicitó fuera aplicado, el
tribunal accionado encontró que no era procedente en tanto el Consejo de Estado 8 ha
sido claro en establecer que la Ley 100 de 1993 no puede gobernar situaciones jurídicas
7 El magistrado ponente advierte que considera que la acción de tutela sí cumple con el requisito de relevancia
constitucional porque la accionante alega la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso, acceso a la administración de justicia, mínimo vital y seguridad social, y es posible apreciar el defecto que
considera configurado en la decisión atacada: desconocimiento del precedente. Sin embargo, acoge la posición
mayoritaria de la Sala, según la cual cuando se reiteran argumentos que fueron resueltos dentro del proceso ordinario,
no se cumple con este requisito.
8 La autoridad accionada no referencia a cuáles sentencias se refiere en este punto.
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Accionante: Myriam Yaneth Sierra Navas
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de agentes que fallecieron con anterioridad a su entrada en vigencia, lo cual es
consecuente con el artículo 151 de dicha ley, que precisa que <<[e]l sistema general de
pensiones previsto en la presente ley, regirá a partir del 1 de abril de 1994>>. Por esto,
las únicas situaciones jurídicas que pueden ser resueltas en virtud de la citada normativa
bajo el principio de favorabilidad son las que se consoliden a partir de su entrada en
vigor.
9.1.1.- El Tribunal Administrativo de Norte de Santander señaló que en sentencia de
unificación del 25 de abril de 2013 la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró
que el derecho a la pensión se causa al momento en que ocurre el fallecimiento, por lo
que solo son aplicables las normas que rigen para la época en que suceden los hechos.
Allí el Consejo de Estado rectificó la posición adoptada en sentencias de 29 de abril de
20109 y 1° de noviembre de 201210 e insistió en que la ley que gobierna el
reconocimiento de la pensión de beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento
del causante. Afirmó que esa posición fue reiterada por la Sección Segunda del Consejo
de Estado fallos de 201811 y 201912. Concluyó que existe una postura jurisprudencial
unificada del Consejo de Estado que configura <<carácter preponderante en clave de
precedente de obligatoria observancia>> frente a casos como el allí estudiado.
9.2.- El tribunal accionado aclaró que si bien es posible acogerse a la Ley 100 de 1993
cuando resulte menos restrictiva que el régimen especial, la favorabilidad solo es
viable respecto de la disposición que rija para el momento en el que se cause el
derecho. Es decir, si el derecho se generó el 31 de diciembre de 1988 (fecha de muerte
del señor Álvarez), cuando no estaba en vigor la Ley 100 de 1993, no es posible su
9 Radicado No. 25000-23-25-000-2007-00832-01 (0548-09) Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren,
en la que se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 12 de 1975,
a pesar de que el fallecimiento había ocurrido en octubre de 1970.
10 Radicado No. 13001-23-31-000-2005-02358-01 (0682-11) C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, en que se
reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, a pesar de
que el deceso del causante se produjo el 20 de febrero de 1991. Gerardo Arenas Monsalve salvó el voto en los
siguientes términos: <<Nótese además, desde el punto de vista práctico, el complejo problema que surge con la tesis
mayoritaria que no se comparte, de aplicar el régimen general de la Ley 100 de 1993 a situaciones que se resolvieron
plenamente antes de su vigencia. Como se trata de pensiones, y éstas no tienen término de prescripción, todos los
derechos pensionales de sobrevivientes, resueltos en su momento aplicando válidamente la legislación anterior,
resultan ahora sorpresivamente litigiosos, es decir, susceptibles de discusión judicial, así el fallecimiento del causante
se haya producido en vigencia de esa legislación anterior, y así se hayan reconocido los derechos derivados del
régimen anterior. El principio constitucional de la sostenibilidad financiera, establecido en la Carta desde el Acto
Legislativo No. 1 de 2005 queda en entredicho, con una extensión tan amplia y generalizada de la aplicación del
régimen general>>.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 1º de marzo de 2018. Radicado interno 3713-2014.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencias proferidas el 26 de agosto de 2019, radicado No. 52001-23-31-
000-2012-00241-01, y el 7 de noviembre de 2019, radicado No. 05001-23-33-000-2013-01759-01(3601-15).
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03033-00
Accionante: Myriam Yaneth Sierra Navas
Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional
aplicación, pues contraría el principio de irretroactividad de la ley.
9.3.- El Tribunal Administrativo de Norte de Santander concluyó de forma acertada que
si bien la pensión de sobrevivientes fue creada con posterioridad al Decreto 2063 de
1984, no solo por ese hecho puede afirmarse que pueda ser reformada una situación
jurídica debidamente consolidada, pues el principio de favorabilidad solo es aplicable
cuando el derecho o el hecho en discusión esté pendiente de resolución efectiva, lo cual
no se configuró en el caso concreto.
10.- Como se observa, la decisión del tribunal accionado estuvo fundamentada en la
sentencia de unificación del 25 de abril de 201313, así como en tres sentencias proferidas
por la Sección Segunda del Consejo de Estado14, donde se reiteró que la ley que
gobierna el reconocimiento de la pensión de beneficiarios es la vigente al momento del
fallecimiento del causante y no una posterior. Si bien la accionante alega el
desconocimiento de varias sentencias de tutela de la Corte Constitucional15, esta Sala
encuentra que la decisión atacada no configura vulneración de derechos fundamentales,
pues estuvo debidamente respaldada en suficiente y reciente jurisprudencia de la
máxima autoridad judicial en asuntos laborales, esto es, la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
10.1.- A lo anterior se agrega que la tesis acogida por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, consistente en que en materia de reconocimiento de pensión de
sobrevivientes la norma aplicable era la vigente para la fecha del fallecimiento del
causante, ha sido reiterada recientemente en sentencias del 29 de julio de 202116 y 30
de septiembre de 202117, proferidas por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, de manera que todavía es el criterio utilizado por la máxima
autoridad judicial en asuntos laborales. Por lo anterior, no se aprecia el defecto por
desconocimiento del precedente alegado por la accionante.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación del 25 de abril de 2013. Radicado 76001-23-31-
000-2007-01611-01 (1605-09); C.P Luis Rafael Vergara Quintero.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencias proferidas el 1º de marzo de 2018., radicado No. 3713-2014; el
26 de agosto de 2019, radicado No. 52001-23-31-000-2012-00241-01; y el 7 de noviembre de 2019, radicado No.
05001-23-33-000-2013-01759-01(3601-15).
15 Sentencias T-564 de 2015, T-116 de 2016, T-415 y T-525 de 2017, T-155 de 2018 y T-017 de 2022.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 29 de julio de 2021. Radicado 25000-23-42-
000-2016-04121-01. C.P. César Palomino Cortés.
17 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 30 de septiembre de 2021. Radicado 25000-
23-42-000-2013-00828-00(5304-18). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03033-00
Accionante: Myriam Yaneth Sierra Navas
Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE el amparo constitucional por lo expuesto
en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
10
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