Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03033-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03033-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-03033-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
18 de agosto de 2022
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03033-01
Demandante: Myriam Yaneth Sierra Navas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03033-01
Demandante: Myriam Yaneth Sierra Navas
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Temas: Tutela contra providencia judicial. Pensión de sobreviviente. No se
aplica retrospectividad de la ley. Ausencia de defecto
desconocimiento de precedente constitucional.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia del 7
de julio de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
que declaró improcedente el amparo constitucional.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
la señora Myriam Yaneth Sierra Navas, quien actúa en nombre propio, promovió
demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y a la
seguridad social, como también los principios constitucionales de seguridad jurídica,
buena fe y confianza legítima.
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Demandante: Myriam Yaneth Sierra Navas
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos la sentencia del 9
de diciembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 54001-
33-33-001-2017-00250-01 y, en su lugar, que se ordene al Tribunal proferir una nueva
sentencia en la que se brinde la garantía de los derechos invocados en la acción de
tutela así como los lineamientos y precedentes jurisprudenciales existentes.
1.1.2. Los hechos
La accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) Su esposo Álvaro Álvarez Jácome (q.e.p.d.) laboró al servicio de la Policía Nacional
por espacio de 4 años, 6 meses y 14 días, hasta el día de su fallecimiento ocurrido el
31 de diciembre de 1988.
ii) A finales de 2016, en su condición de cónyuge sobreviviente, solicitó a la Policía
Nacional el reconocimiento de la pensión de sobreviviente.
iii) Mediante Oficio 319466 del 24 noviembre de 2016, la entidad resolvió la petición de
manera desfavorable.
iv) Promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Nación–Ministerio de Defensa, Policía Nacional, en la que solicitó la nulidad de la
anterior decisión y, a título de restablecimiento del derecho, el reconocimiento y pago
de la pensión de sobreviviente.
v) A través de sentencia del 29 de agosto de 2019, el Juzgado Primero Administrativo
Oral del Circuito de Cúcuta negó las pretensiones de la demanda, bajo la
argumentación de que no resultaba posible acudir al principio de retrospectividad para
aplicar la Ley 100 de 1993, comoquiera que la muerte del agente Álvaro Álvarez
Jácome se produjo con anterioridad a la expedición del régimen general de seguridad
social en pensiones, esto es, cuando se encontraba vigente el Decreto 2063 de 1984,
que exigía como mínimo 12 años de servicios para acceder a la prestación, los cuales
no cumplía el policial fallecido.
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vi) Por medio de sentencia del 9 de diciembre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander confirmó la decisión, reiterando los argumentos expuestos por el
juzgador de primera instancia.
vii) Cuando falleció su esposo quedó sola a cargo de dos niñas de 5 y 2 años, y en
embarazo de aproximadamente 4 meses, debiendo vivir en condiciones de pobreza y
necesidad puesto que su cónyuge era el proveedor del hogar. Actualmente, tiene 58
años de edad sin posibilidades de trabajo, no percibe sueldo o pensión alguna y sufre
de hipertensión esencial primaria, cardiomiopatía isquémica, enfermedad renal
crónica, infección de vías urinarias y cefalea tipo tensión.
viii) Hace poco, en la Sentencia T-017 de 2022, la Corte Constitucional resolvió, en un
caso similar, ordenar el inicio del trámite de reconocimiento, liquidación y pago de la
pensión de sobrevivientes a favor de la peticionaria, en la suma que correspondiera,
como también el reconocimiento de las mesadas causadas y no prescritas hasta su
inclusión efectiva en la nómina de pensionados.
1.1.3. Los fundamentos jurídicos
En sentir de la accionante, el fallo del Tribunal incurrió en «desconocimiento de
precedente jurisprudencial» al apartarse, sin justificación válida, de los siguientes
precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional en los cuales se han resuelto
casos semejantes:
i) Sentencia C-461 de 1995, en la que se señala que al permitir la vigencia de
regímenes especiales, se perpetúa un tratamiento inequitativo y menos favorable para
un grupo determinado de trabajadores, frente al que se otorga a la generalidad del
sector, y que el tratamiento dispar no es razonable y configura un trato discriminatorio
en abierta contradicción con el artículo 13 de la carta política.
ii) Sentencia T-415 de 2017, que reiteró lo dicho en las Sentencias T-564 de 2015 y T-
116 de 2016, en torno a la importancia de analizar en cada caso concreto la
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proporcionalidad y la razonabilidad de aplicar retrospectivamente el Sistema General
de Pensiones.
iii) Sentencia T-525 de 2017, en la que se concedió el amparo de la pensión de
sobrevivientes en el caso de un agente de la Policía Nacional que falleció en simple
actividad y que acreditó un año, nueve meses y veintitrés días de tiempo laborado.
iv) Y, finalmente, la Sentencia T-155 de 2018, en la que también se reitera la aplicación
de la retrospectividad de la ley en materia pensional.
1.2. Actuación procesal
Mediante auto del 8 de junio de 2022, el consejero Martín Bermúdez Muñoz admitió
la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído al Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, como accionado, al Ministerio de Defensa
(Policía Nacional) y al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, en
calidad de terceros interesados en las resultas del proceso, y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 610 del
Código General del Proceso, para que, dentro del término de dos días, se pronunciaran
sobre las pretensiones y los hechos de la acción de tutela.
De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo de Norte de Santander y al Juzgado
Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta, para que, en el término de
dos días contados a partir de la notificación del proveído, allegaran en medio digital las
piezas del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 54001-
33-33-001-2017-00250-01, que estimaran indispensables para resolver la acción; y
exhortó a la accionante para que enviara, en medio digital, las piezas del proceso que
se encontraran en su poder y que considerara necesarias para resolver el amparo
solicitado, advirtiéndole que la falta de pruebas que acreditaran la vulneración de su
derecho impediría decidir oportunamente y generaría las consecuencias derivadas de
la aplicación de las reglas de la carga de la prueba.
1.3. Contestación de la demanda
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1.3.1. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por intermedio del
magistrado Edgar Enrique Bernal Jauregui, solicitó declarar improcedente la acción de
tutela o, en su defecto, negar el amparo deprecado. Para dichos efectos argumentó lo
siguiente:
i) La providencia atacada se adoptó en estricto cumplimiento del procedimiento
legalmente prestablecido y aplicando la subregla prevista por el Consejo de Estado en
la sentencia de unificación del 25 de abril de 2013, en la que se señaló que la Ley 100
de 1993 no puede cobijar situaciones jurídicas de los agentes que hayan fallecido con
anterioridad a su vigencia, puesto que ya se encuentran consolidadas bajo la
regulación en vigor para el momento de la muerte.
ii) Dicho criterio ha sido reiterado por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, en sentencias del 26 de agosto de 2019, expediente 52001-23-31-000-
2012-00241-01 y del 7 de noviembre de 2019, expediente 05001-23-33-000-2013-
01759-01(3601- 15), consejero ponente: William Hernández Gómez.
iii) Adicionalmente, la Corte Constitucional en la Sentencia T-564 de 2015, tuvo en
cuenta la aludida sentencia de unificación del 25 de abril de 2013, proferida por el
órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en el sentido de
entender que la norma aplicable para resolver las peticiones pensionales de
sobrevivientes es la vigente a la muerte del causante.
iv) La pretensión de la accionante se circunscribe a un subjetivo disentimiento de las
razones en las que la corporación se basó para resolver el recurso de apelación puesto
en conocimiento, inconformismo que, naturalmente, excede el ámbito de la acción de
tutela, por lo que el hecho de que la decisión le fuera desfavorable no significa que se
haya vulnerado algún derecho fundamental.
1.3.2. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta, a
través de la jueza Yuddy Milena Quintero Contreras, solicitó denegar las pretensiones
de tutela, en atención a lo siguiente:
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i) No puede concluirse de manera alguna que el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander haya incurrido en desconocimiento de precedente, puesto que en la
providencia atacada se citó la sentencia de unificación del 21 de abril de 2013,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en la que se señaló que
tratándose de sustitución pensional «la ley que gobierna el reconocimiento de la
pensión de beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del causante y no
una posterior», posición que, además, fue reiterada en providencias del 26 de agosto
y 7 de noviembre de 2019.
ii) Por esta razón carecen de fundamento los argumentos esbozados por la parte
demandante en su recurso de apelación, en el que solicita la aplicación de decisiones
de la Corte Constitucional en sede de tutela que avalaban sus pretensiones, en tanto
el actual criterio jurídico que, en efecto, para esa Sala tiene carácter preponderante —
en clave de precedente de obligatoria observancia— es el que se analizó.
1.3.3. El Ministerio de Defensa Nacional (Policía Nacional), por medio de la
Secretaría General, solicitó no conceder las pretensiones de tutela, dado lo siguiente:
i) El régimen especial vigente para la fecha del fallecimiento del agente Álvaro Álvarez
Jácome, era el Decreto 2063 de 1984, que su artículo 120, literal c, disponía que
cuando la muerte es calificada en simple actividad, se requiere como requisito para
otorgar una pensión de sobreviviente un tiempo de servicio del policial igual o superior
a 15 años o más, situación que no se encontró acreditada, toda vez que el señor
expolicial laboró por un período de 4 años, 6 meses y 14 días. Por tanto, el acto
administrativo por medio del cual se le negó el reconocimiento de la pensión de
sobreviviente a la señora Myriam Yaneth Sierra Navas, como cónyuge supérstite del
señor agente (F) Álvaro Álvarez Jácome fue proferido conforme a derecho cumpliendo
con las prescripciones legales vigentes, y se ajustó a los precedentes jurisprudenciales
aplicables en la materia.
ii) Las sentencias aludidas por la parte actora como precedente tan solo tienen efectos
interpartes, desconociendo con ello que el Consejo de Estado, Sección Segunda, a
través de fallo de unificación del 25 de abril de 2013, definió que el derecho a la pensión
de sobreviviente se causa al momento del fallecimiento del uniformado y que las
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normas que rigen las prestaciones derivadas de la contingencia son las vigentes para
el momento del deceso. Conforme a lo esgrimido, la demandante no tiene derecho al
reconocimiento de la pensión de sobreviviente con base en lo establecido en la Ley
100 de 1993 bajo los criterios de favorabilidad y retrospectividad.
1.4. Sentencia impugnada
Mediante sentencia del 7 de julio de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, declaró improcedente el amparo constitucional, dados los siguientes
considerandos:
i) En el caso no se acredita el requisito de relevancia constitucional pues lo que hace
la accionante es reiterar los argumentos que fueron planteados en el proceso ordinario.
Tanto en la apelación del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho como en
la acción de tutela se alega el desconocimiento de sentencias de tutela de la Corte
Constitucional.
ii) De cualquier manera, el amparo no podía prosperar puesto que la decisión del
Tribunal estuvo fundamentada en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2013,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, así como en tres sentencias
proferidas por la misma Sección, en las que se reiteró que la ley que gobierna el
reconocimiento de la pensión de beneficiarios es la vigente al momento del
fallecimiento del causante y no una posterior. A lo anterior se agrega que la tesis
acogida por el Tribunal también ha sido reiterada recientemente en sentencias del 29
de julio y 30 de septiembre de 2021, proferidas por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, de manera que todavía es el criterio utilizado por la máxima
autoridad judicial en asuntos laborales.
iii) En tal sentido, el Tribunal encontró que no era procedente la aplicación del principio
de favorabilidad por cuanto el Consejo de Estado ha sido claro en establecer que la
Ley 100 de 1993 no puede gobernar situaciones jurídicas de agentes que fallecieron
con anterioridad a su entrada en vigencia. Por esto, las únicas situaciones jurídicas
que pueden ser resueltas en virtud de la citada normativa, bajo el principio de
favorabilidad, son las que se consoliden a partir de su entrada en vigor.
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1.5. Impugnación
La accionante impugna la decisión de primera instancia en orden a que se revoque y,
en su lugar, se concedan las pretensiones de tutela. Para dichos efectos, reiteró lo
expuesto en el libelo y agregó lo siguiente:
El a quo, al proferir el fallo de tutela de primera Instancia, hoy objeto de impugnación,
efectúa para ello una síntesis de lo que fue el punto relevante dentro de la acción de
tutela, concluyendo en que el reproche de vulneración se centra en el desconocimiento
de los precedentes constitucionales, sin citar ninguna jurisprudencia en específico, a
pesar de haberse señalado puntualmente como en especial relevante para motivar la
tutela la sentencia T-017 de 2022, […] en la que en un caso similar al mío, se resolvió
ordenar el inicio del trámite de reconocimiento, liquidación y pago de la pensión de
sobrevivientes a favor de la peticionaria, en la suma que corresponda, como también el
reconocimiento de las mesadas causadas y no prescritas hasta su inclusión efectiva en
la nómina de pensionados.
[…]
Yo no entiendo porque LA CORTE CONSTITUCIONAL DICE SI, y el CONSEJO DE ESTADO DICE
NO, porque PARA OTRAS VIUDAS LA CORTE RECONOCE LOS DERECHOS y porque PARA MÍ EL
TRIBUNAL CONTENCIOSO DE NORTE DE SANTANDER Y EL CONSEJO DE ESTADO DICE QUE NO
TENGO DERECHO, con todo respeto, soy una mujer enferma, sin trabajo, sin recibir ningún
tipo de subsidio, pues hasta en la última encuesta del Sisbén me reprocharon la
existencia de una demanda contra el Estado y no recibo ni he recibido ningún tipo de
ayuda, y acudo a la justicia en busca de apoyo y después de más de 30 años, que por
misericordia de Dios, estoy viva, me dicen que para otras mujeres en similares
situaciones a la mía la Corte Constitucional y hasta el mismo Consejo de Estado les
reconoció el derecho, pero que a partir del año 2018, el Consejo de Estado cambió de
criterio y tampoco tiene en cuenta lo que la Corte Constitucional decide, eso en verdad
no debe suceder en un Estado social de derecho en el que se supone se debe trabajar
para mejorar la vida de sus ciudadanos, avanzando en el bienestar de los mismos y no
desmejorándolos como aquí se está haciendo.
[…]
se vulneran [sus derechos] bajo el argumento de una infranqueable irretrospectividad de
la ley y unificación en ese sentido por parte del Consejo de Estado, cuando en realidad
no existe unificación y se han tomado decisiones dispares y que tampoco reconocen los
precedentes judiciales de la Corte Constitucional al respecto, los que han sido varios,
pero que sin embargo, no son aplicados, en detrimento la mayoría de las veces de
madres y esposas que aparte de haber perdido para siempre a nuestro ser querido y
soporte de subsistencia, hemos quedado desamparadas, bajo el amparo de un régimen
especial de mayores exigencias a las establecidas en el régimen general de seguridad
social en materia pensional.
2. Consideraciones
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2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25
del Acuerdo n.º 080 de 2019,1 según el cual «[l]as tutelas que sean de competencia
del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción cumple con los requisitos
generales de procedencia para controvertir la sentencia del 9 de diciembre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 54001-33-33-001-2017-00250-01.
En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida
providencia se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia de la accionante, al ser negadas las
pretensiones de reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente reclamada, sin
tener en cuenta la jurisprudencia constitucional en torno a la aplicación retrospectiva
de la Ley 100 de 1993.
2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales
La jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,3 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
1Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
2 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de
1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que
para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.
2.4. Verificación del cumplimiento de las causales generales de procedencia
i) El caso bajo estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez que el
debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la
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igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, 4 previstos en
los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política, pues según la parte actora, la litis
fue resuelta sin un adecuado análisis jurisprudencial, evento que, de encontrarse
acreditado, conduciría a la vulneración de los derechos de la accionante.
ii) Se «cumple con el requisito de subsidiariedad», dado que la decisión cuestionada
hace referencia a una sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión
planteada dentro de un proceso de reparación directa y de los hechos narrados no se
evidencia que el caso se adecúe a alguna de las causales de revisión y de unificación
de jurisprudencia previstas en los artículos 250 y 258 del CPACA.
iii) Se «cumple con el requisito de inmediatez», pues la sentencia objeto de censura
data del 9 de diciembre de 2021, notificada por correo electrónico al día siguiente, y
la presente acción de tutela fue remitida al correo electrónico de la Secretaría General
del Consejo de Estado el 3 de junio de 2022, esto es, en el término de los seis meses
señalados por esta corporación como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela
contra providencia judicial.5
iv) En el asunto «no se cuestiona una irregularidad procesal» sino el hecho de
realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis jurisprudencial.
v) Dentro del escrito de tutela «se identificaron razonablemente los hechos y
argumentos» frente a los cuales se alega vulneración, pues la parte actora narró de
manera clara los hechos sujetos a examen, los derechos que estima vulnerados y
adecuó sus alegatos a la configuración del defecto por desconocimiento de precedente
jurisprudencial.
4 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de
2012, C.P. María Elizabeth García, expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ),unificó su
jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso
a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello
los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.
5 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 5 de agosto de
2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), como
garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
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vi) En el sub judice no se cuestiona «una sentencia de tutela», sino la proferida dentro
de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.5. Análisis de procedencia del amparo invocado
Al encontrarse cumplidos los requisitos de procedencia de la acción, la Sala abordará
el estudio del amparo invocado en el siguiente orden: i) criterios para determinar la
existencia de un defecto por desconocimiento de precedente constitucional, ii) hechos
probados y iii) análisis del caso concreto.
2.5.1. Criterios para determinar la existencia de un defecto por desconocimiento
de precedente constitucional
Esta causal de procedibilidad se justifica en el artículo 241 Constitucional, a partir del
cual se le confía a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y supremacía de
la constitución; por tanto, se predica únicamente de los pronunciamientos emitidos por
la Corte Constitucional6 y se presenta cuando el funcionario judicial, al resolver un caso
concreto, se aparta de la interpretación sostenida por la Corte.7
El desconocimiento de precedente jurisprudencial constitucional puede alegarse, tanto
en sede de control abstracto como en sede de control concreto de constitucional, no
solo porque se debe reconocer que la Constitución es norma superior, sino para
garantizar el derecho a la igualdad de los administrados.8 En tratándose de los fallos
de control abstracto de constitucionalidad, por cuanto la decisión hace tránsito a cosa
juzgada constitucional, evento a partir del cual se ha reconocido su carácter vinculante,
obligatorio y de fuente de derechos; y, en sede de control concreto, por cuanto aunque
en principio tiene efectos inter partes, en ocasiones pueden hacerse extensivos al
resultar relevantes para la unidad y la armonía del ordenamiento jurídico.
6 Ver más en sentencia T-369 de 2015.
7 Ver más en sentencia SU-640 de 2008.
8 Ver más en sentencia T-270 de 2013.
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Cuando se trata de sentencias de control abstracto de constitucionalidad y de
unificación de tutela, basta una decisión para que exista un precedente, toda vez que
las primeras determinan la coherencia de una norma con la Constitución Política y, las
segundas, unifican el alcance e interpretación de un derecho fundamental para casos
que tengan un marco fáctico similar y compartan problemas jurídicos.
En relación con el precedente jurisprudencial en materia de tutela, se ha reconocido el
valor vinculante [de las decisiones adoptadas por la Sala Plena como por las Salas de
revisión], cuando se trata de una línea jurisprudencial constante y uniforme respecto
de problemas jurídicos análogos con presupuestos fácticos idénticos.9
Esto, por cuanto aunque tienen efectos inter partes, es decir, que la tutela no tiene
efectos más allá del caso objeto de controversia, ocurre diferente con la ratio decidendi,
pues esta define frente a una situación fáctica determinada, la correcta interpretación
y, por ende, la correcta aplicación de una norma.10 Por lo que en aras de garantizar los
derechos a la igualdad y al debido proceso, la ratio decidendi se convierte en
obligatoria para todos los casos que se subsuman dentro de la hipótesis prevista en la
regla judicial.
Ahora bien, se desconoce el precedente constitucional, entre otras hipótesis, cuando:
i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles; ii) se
contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad,
especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que
debe acogerse a la luz del texto superior; iii) se desconoce la parte resolutiva de una
sentencia de exequibilidad condicionada; o iv) no se toma en cuenta el alcance de los
derechos fundamentales fijado a través de la ratio decidendi de sus sentencias de
control de constitucionalidad o de revisión de tutela.11
La Corte ha sintetizado las premisas bajo las cuales se debe interpretar una decisión
judicial acusada de incurrir en tal defecto en los siguientes términos: i) determinar la
existencia de un precedente o de un grupo de precedentes aplicables al caso concreto
9 A-131 de 2001 y A-153 de 2015.
10 Sentencia C-539 de 2011.
11 Sentencia SU-091 de 2016. Cfr. Sentencias T-1092 de 2007 y T-656 de 2011.
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y distinguir las reglas decisionales contenidas en estos precedentes; ii) comprobar que
el fallo judicial impugnado debió tomar en cuenta necesariamente tales precedentes
pues, de no hacerlo, incurriría en un desconocimiento del principio de igualdad; iii)
verificar si el juez tuvo razones fundadas para apartarse del precedente judicial por
encontrar diferencias fácticas entre el precedente y el caso analizado, o por considerar
que la decisión debería ser adoptada de otra manera para lograr una interpretación
más armónica en relación con los principios constitucionales, y más favorable a la
vigencia y efectividad de los derechos fundamentales, de acuerdo con el principio pro
homine.12
Ello no implica, en todo caso, que la obligación de acoger el precedente constitucional
coarte la libertad del juez o la autonomía judicial, pues existe la posibilidad para los
operadores judiciales de apartarse del precedente constitucional si cumple con los
requisitos establecidos para ello, esto es, siempre que cumpla con una carga
argumentativa adecuada y suficiente que justifique su actuar, evento que, en palabras
de la Corte, puede darse: «cuando se verifica que existen hechos en el proceso que
hacen inaplicable el precedente al caso concreto», o que «existan elementos de juicio
no considerados en su oportunidad por el superior, que permitan desarrollar de manera
más coherente o armónica la institución jurídica».13
2.5.2. Hechos probados
Del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 54001-33-33-
001-2017-00250-01, la Sala establece lo siguiente:
i) El 27 de marzo de 2017, la señora Myriam Yaneth Sierra Navas, por intermedio de
apoderada judicial, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación (Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional), en la que solicitó
lo siguiente:
Primero: Que se declare nulo el acto administrativo conformado por:
El Oficio n°. 319466 del 24 de noviembre de 2016, en el que la Policía Nacional da una
respuesta negativa a las peticiones presentadas ante esa institución el 5 de septiembre
12 Sentencia T-351 de 2011. Reiterada en la sentencia SU-091 de 2016.
13 Ver sentencias T-566 de 1998, T-439 de 2000 y T-569 de 2001.
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de 2013, radicado n°. 119606, mediante el cual se solicita que otorgue pensión de
sobrevivientes por Ley 100 de 1993 y la petición del 20 de octubre de 2016, mediante la
cual se pide que se le aplique el principio de retrospectividad de los art. 16 al 48 de la
Ley 100 de 1993, aplicando lo ordenado en la sentencia de tutela n°. 563 de 2015.
Dicha negativa expresa que el extinto uniformado no cumplió con el requisito de tiempo
de 12 años o más de servicio que el impone el art. 121 del Decreto 2063 de 1984,
estatuto prestacional para los agentes de policía, vigente la fecha de la muerte.
Y de otro lado manifiesta la Ponal que tampoco se le puede aplicar la Ley 100 de 1993,
por expreso mandato del art. 217 de la Constitución Nacional.
Segundo: Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, se declare que la Nación-Mindefensa, Policía Nacional
está obligada:
a. El reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes de la demandante en
calidad de cónyuge supérstite, desde la fecha que se iniciaron las acciones
correspondientes (5 de septiembre de 2013, radicado n°. 119606) […] hasta que se
ordene el reconocimiento y pago de la misma.
b. Como consecuencia de lo anterior y, en atención al art. 148 del CPACA me permito
solicitar que por vía excepcional de inconstitucionalidad y/o ilegalidad del art. 4 de la
Constitución Política de 1991, en fallo interpartes, se inaplique el art.121, literal c,
del Decreto 2063 de 1984, Estatuto Prestacional de los Agentes de Policía, por
cuanto esta norma viola flagrantemente los art.13, 48 y 53 de la carta política y, en
su defecto, se aplique todo el contenido de la ratio decidendi de la sentencia de
tutela n°. 564 del 3 de septiembre de 2015, que es una sentencia erga omnes dictada
por la honorable Corte Constitucional en su calidad de órgano de cierre en materia
de derechos fundamentales […], pues en esa oportunidad […] se aplicó el principio
universal de retrospectividad de la Ley 100 de 1993, en sus art. 46 al 48,
concediéndole la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios de los causantes que
murieron antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993. […]
ii) Mediante sentencia del 29 de agosto de 2019, el Juzgado Primero Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Cúcuta negó las pretensiones de la demanda.
iii) A través de sentencia del 9 de diciembre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander confirmó la decisión.
2.5.3. El caso concreto. Análisis de la Sala
Se controvierte en el caso la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la señora Myriam
Yaneth Sierra Navas, por configuración del defecto «desconocimiento de precedente
constitucional», en la sentencia adoptada por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, que negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes
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reclamada, al no aplicarse retrospectivamente la Ley 100 de 1993, según lo
contemplado por la Corte Constitucional.
Alega la accionante, de manera particular, que para adoptar la decisión, el Tribunal
desconoció i) la Sentencia C-461 de 1995, en la que se señala que al permitir la
vigencia de regímenes especiales, se perpetúa un tratamiento inequitativo y menos
favorable para un grupo determinado de trabajadores, frente al que se otorga a la
generalidad del sector, y que el tratamiento dispar no es razonable, pues, con él, se
configuraría un trato discriminatorio en abierta contradicción con el artículo 13 de la
carta política; ii) la Sentencia T-415 de 2017, que reiteró lo dicho en las Sentencias T-
564 de 2015 y T-116 de 2016, en las cuales se destaca la importancia de analizar, en
cada caso concreto, la proporcionalidad y la razonabilidad de aplicar
retrospectivamente el Sistema General de Pensiones; iii) la Sentencia T-525 de 2017,
en la que se concedió el amparo de la pensión de sobrevivientes en el caso de un
agente de la Policía Nacional que falleció en simple actividad y que acreditó un año,
nueve meses y veintitrés días de tiempo laborado; y iv) la Sentencia T-155 de 2018,
en la que también se reitera la aplicación de la retrospectividad de la ley en materia
pensional.
Pues bien, se encuentra que en el análisis del caso, el Tribunal accionado trajo a
colación el régimen jurídico aplicable al caso, esto es, el Decreto 2063 de 1984, vigente
para el momento de la muerte del causante que, en su artículo 120, previó lo referente
a la pensión por muerte en simple actividad, en el siguiente sentido:
Artículo 120. Muerte simplemente en actividad. Durante la vigencia del presente
estatuto, a la muerte de un Agente de la Policía Nacional en actividad, sus beneficiarios
en el orden establecido en este estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
a. A que por el Tesoro Público se les pague una indemnización equivalente a dos (2)
años de los haberes correspondientes, tomando como base las partidas señaladas en el
artículo 98 del presente estatuto.
b. Al pago de cesantía por el tiempo del servicio del acusante.
c. Si el Agente hubiere cumplido quince (15) o más años de servicio a que por el Tesoro
Público se les pague una pensión mensual, la cual será liquidada y cubierta en la misma
forma de la asignación de retiro, de acuerdo a la categoría y tiempo de servicio del
causante.
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Bajo dicho panorama, mencionó los hechos probados relevantes y abordó el estudio
del caso en el siguiente sentido:
[…] se tiene que el Decreto Ley 2063 de 1984, vigente para el momento de la muerte del
causante, establece como dentro de las sociales (sic) causadas por muerte de un agente
de policía en simplemente actividad, una pensión mensual para el Agente que hubiere
cumplido quince (15) o más años de servicio, siendo a todas luces evidente que la parte
demandante no resulta beneficiaria del derecho pensional reclamado, al tenor de la
norma en mención, puesto que el causante se desempeñó por un tiempo de servicios
inferior de 4 años, 6 meses y 14 días, incluidos los tres meses de alta.
Por otra parte, en la alzada se hace alusión a la aplicación del principio de favorabilidad
de la Ley 100 de 1993, encontrando la Sala que tal pedimento no es procedente, ya que,
la posición fijada por el Consejo de Estado es clara al determinar que esa norma no
puede gobernar situaciones jurídicas de agentes que fallecieron con anterioridad a su
entrada en vigencia. […]
Sobre el particular, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de
unificación proferida el 25 de abril de 2013,14 consideró que el derecho a la pensión se
causa al momento en que ocurre el fallecimiento, es decir, cuando se causa el derecho
a la sustitución pensional, siendo sólo aplicables las normas que rigen para la época en
que suceden los hechos, por lo tanto, sí se decide un asunto con base a una norma
expedida con posterioridad se quebrantaría la regla de irretroactividad de la ley […].
La anterior conclusión fue reiterada por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo
de Estado, en sentencias proferidas el 26 de agosto de 2019, dentro del proceso
identificado con el radicado 52001-23-31-000-2012-00241-01 y del 7 de noviembre de
2019, radicación número: 05001-23-33-000-2013-01759-01(3601- 15), Consejero
ponente: William Hernández Gómez.
Como se extrae de lo transcrito con antelación, es evidente que existe una postura
jurisprudencial unificada del Consejo de Estado, máxima autoridad de la jurisdicción
contencioso administrativa, para resolver asuntos como el particular, razón por la cual al
día de hoy carecen de fundamento los argumentos esbozados por la parte demandante
en su recurso de apelación, en el que solicita la aplicación de decisiones de la Corte
Constitucional en sede de tutela que avalaban sus pretensiones, [dado] el actual criterio
jurídico que en efecto para esta Sala tiene carácter preponderante en clave de
precedente de obligatoria observancia frente a casos como el presente. […]
Se tiene entonces que el Tribunal manifestó acogerse al cambio jurisprudencial que
en materia de reconocimiento de pensión de sobrevivientes se previó en la sentencia
del 25 abril de 2013,15 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
posteriormente reiterado por la Sección en varios pronunciamientos jurisprudenciales
y que permiten evidenciar el criterio de decisión de la corporación en esa materia.
14 Expediente 76001-23-31-000-2007-01611-01 (1605-09), C.P Luis Rafael Vergara Quintero.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 25 de abril de 2013, C.P. Luis Rafael Vergara
Quintero, Expediente 76001-23-31-000-2007-01611-01 (1605-09). Actor: María Emilsen Larrahondo
Molina. Demandado: Nación, Ministerio d Defensa, Policía Nacional.
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En dicha sentencia, la Sección Segunda del Consejo de Estado rectificó la posición
otrora sostenida —a partir de la cual se accedía al reconocimiento de la sustitución
pensional, en aplicación retrospectiva de la ley, es decir, que se aplicaba la ley nueva
o posterior a hechos acaecidos con anterioridad a su vigencia—,16 para dar paso al
criterio según el cual «la ley favorable que se debe aplicar es la que esté vigente al
momento en que se habría causado el derecho», con fundamento en lo cual se
concluye que al ser la ley que gobierna el reconocimiento de la pensión de beneficiarios
la vigente al momento del fallecimiento del causante y no una posterior, no hay lugar
a la aplicación retrospectiva de la norma.
Acoger este criterio, por sí solo, no deviene para el Tribunal en una vía de hecho, pues
las sentencias proferidas por el Consejo de Estado con carácter de unificación
jurisprudencial, esto es, con el carácter de unificar criterios de interpretación y
aplicación normativa,17 generan en cabeza del juez de lo contencioso administrativo la
obligación de acogerlas para resolver casos con supuestos fácticos y jurídicos iguales,
en procura, precisamente, de la seguridad jurídica, de la confianza legítima e de la
igualdad de los administrados.
De manera que al ser este el criterio que gobierna actualmente en la Sección Segunda
del Consejo de Estado —adoptado como decisión de unificación—, se constituye en
referente obligatorio entre la comunidad jurídica. Además, debe tenerse en cuenta que
la Corte Constitucional ha recordado que los jueces tienen como deber de obligatorio
cumplimiento el de acoger las decisiones proferidas por los órganos de cierre en cada
una de las jurisdicciones, cuando estas constituyan precedentes y/o sus propias
decisiones en casos idénticos.18
16 Posición adoptada en sentencia de abril 29 de 2010 y noviembre 1° de 2012.
17 Artículo 10 del CPACA, en concordancia con los artículos 102 y 270 ibídem.
18 Sentencia T-285 de 2013. En esta oportunidad la Corte conoció de la acción de tutela que interpuso
la Contraloría General de la República contra las providencias proferidas en segunda instancia por el
Tribunal Administrativo de Santander en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, que ordenaron el reconocimiento de la prima técnica y la consiguiente nulidad de los oficios
que negaban su reconocimiento. La Corte centró su análisis en determinar si las sentencias acusadas
incurrieron en desconocimiento del precedente jurisprudencial, y para esos efectos recordó la necesidad
de reparar en varios criterios: i) determinar la existencia de un precedente o de un grupo de precedentes
aplicables al caso concreto y distinguir las reglas decisionales contenidas en ellos; ii) comprobar que el
fallo judicial impugnado debió tomar en cuenta necesariamente tales precedentes, pues de no hacerlo
incurriría en un desconocimiento del principio de igualdad;(iii) verificar si el juez tuvo razones fundadas
para apartarse del precedente judicial bien por encontrar diferencias fácticas entre el precedente y el
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Ahora bien, se tiene que en el caso se presenta un elemento de juicio a partir del cual
la accionante depreca la protección de sus derechos fundamentales, que tiene que ver
con el desconocimiento de la jurisprudencia constitucional y que presupone un
componente de argumentación plenamente válido, en razón al carácter vinculante y
preferente de los fallos emitidos por la Corte Constitucional, tanto en sede de control
abstracto, como en sede de control concreto de constitucionalidad.
Cierto es que los pronunciamientos de la Corte Constitucional revisten igualmente
carácter vinculante para el juzgador, y deben ser objeto de aplicación por el operador
jurídico al ser fuente de derecho y criterio de interpretación de los jueces, en el marco
de los artículos 228 y 230 constitucionales; sin embargo, tal como se dejó sentado en
acápites anteriores, el carácter vinculante del precedente constitucional está
directamente relacionado con el tipo de sentencia proferida por la Corte.
Así, en tratándose de sentencias de control abstracto de constitucionalidad y de
unificación de tutela, basta una sola decisión para que exista un precedente, toda vez
que las primeras determinan la coherencia de una norma con la Constitución Política
y, las segundas, unifican el alcance e interpretación de un derecho fundamental para
casos que tengan un marco fáctico similar y compartan problemas jurídicos;19 no
obstante, en lo que corresponde con el precedente jurisprudencial en materia de tutela,
se ha reconocido su valor vinculante cuando se trata de una línea jurisprudencial
constante y uniforme respecto de problemas jurídicos análogos con presupuestos
fácticos idénticos.20
Para lo que compete al caso, se tiene que en el recurso de apelación la demandante
solicitó al Tribunal acoger el criterio previsto en la Sentencia T-564 de 2015, en la que
se concedió la pensión de sobrevivientes aplicando retrospectivamente la Ley 100 de
1993, y que frente a dicho argumento el Tribunal refirió lo siguiente:
caso analizado, bien por considerar que la decisión debería ser adoptada de otra manera para lograr
una interpretación más armónica en relación con los principios constitucionales, y más favorable a la
vigencia y efectividad de los derechos fundamentales, de acuerdo con el principio pro homine. Se
concluyó que el precedente invocado, relacionado con el pago de la prima técnica, no era riguroso y
consolidado, pues no existía dentro del Consejo de Estado una línea de precedentes aplicables a
situaciones similares a la estudiada.
19 Sentencia SU-611 de 2017.
20 A-131 de 2001 y A-153 de 2015.
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[…] Insiste en que en este caso no se ha consolidado el derecho prestacional de la
pensión de sobrevivientes, considerando, con base en la sentencia T-564/2015 de la
Corte Constitucional, que la regulación prevista en el Decreto 2063 de 1984 resulta
insuficiente, en cuanto no consagra medidas de protección efectivas para el grupo
familiar del agente que falleciera en servicio, por ende, restringir el derecho pensional a
los grupos familiares de aquellos policías que fallecieron cuando ya habían prestado
servicios a la institución por varios años, pero que aún no alcanzaban el tiempo para
obtener la asignación de retiro resulta desproporcionado e injusto, y contraría los
postulados constitucionales a la igualdad, vida digna y protección de la familia, que
deben ser garantizados en un estado social de derecho.
[…] en la alzada se hace alusión a la aplicación del principio de favorabilidad de la Ley
100 de 1993, encontrando la Sala que tal pedimento no es procedente, ya que, la
posición fijada por el Consejo de Estado es clara al determinar que esa norma no puede
gobernar situaciones jurídicas de agentes que fallecieron con anterioridad a su entrada
en vigencia. Sobre esto, resulta menester destacar que el artículo 151 de la Ley 100 de
1993 preceptúa que «El sistema general de pensiones previsto en la presente ley, regirá
a partir del 1 de abril de 1994», por lo que las únicas situaciones jurídicas que pueden
ser resueltas, en virtud de la citada normativa bajo el principio de favorabilidad, son las
que se consoliden a partir de su entrada en vigor. […]
Aunado a lo anterior, en el sub examine no se estima que se haya configurado el principio
de favorabilidad en estricto sentido validado desde la perspectiva de la condición más
beneficiosa, esto por las siguientes razones:
[…] Si bien la […] prestación en el sistema general de pensiones fue creada con
posterioridad a la normativa aplicable en su oportunidad al caso de la parte demandante,
no por ese solo hecho puede afirmarse que en razón de conveniencia pueda ser
reformada una situación jurídica debidamente consolidada, toda vez que la observancia
de un régimen posterior al que una parte solicita apartarse fundamentado en el principio
de favorabilidad solo encuentra respaldo en la medida en que el derecho o el hecho en
discusión esté pendiente de resolución efectiva o materialización cuando entra en vigor
la nueva norma y ésta es considerablemente más favorable a los intereses del
beneficiario,21 lo cual no se configuró en el asunto de marras […].
Las consideraciones expuestas por el Tribunal dejan ver que, bajo un juicio razonable,
fundado en la jurisprudencia y criterio de decisión de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, refirió que la figura de la retrospectividad solo es aplicable a casos en los
que la situación jurídica no estuviera consolidada, lo cual no ocurría en el caso, puesto
21 Tal como se precisó en sentencia del 1.° de marzo de 2018, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, en el proceso con número interno 3713-2014, cuando se indicó que:
«A manera de corolario, estima la Sala que si bien es dable acogerse a los mandatos del régimen
general de seguridad social cuando este resulte menos restrictivo que el especial, lo cierto es que la
favorabilidad únicamente es viable respecto de la disposición que rija para el momento en el que se
cause la pensión, es decir, que en circunstancias como la aquí estudiada donde el derecho se generó
el 21 de agosto de 1977 (fecha de la muerte del extinto agente Luis Darío Betancourt Betancourt),
cuando no estaba en vigor la Ley 100 de 1993, es imposible aplicar retrospectivamente el contenido de
esta.»
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que el deceso del causante ocurrió con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de
1993, esto es, cuando estaba en vigor el Decreto Ley 2063 de 1984.
Si bien es cierto, en la Sentencia T-564 de 2015, la Corte Constitucional concedió el
amparo a los derechos fundamentales al mínimo vital, la seguridad social y la vida en
condiciones dignas de la allí demandante, ordenando a la entidad demandada,
producto de una aplicación retrospectiva del ordenamiento superior vigente y del
artículo 46 de la Ley 100 de 1993, reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes
desde el momento de entrada en vigencia de la referida normativa, ello ocurrió, como
excepción, luego de analizarse las circunstancias particulares del caso.
En dicho pronunciamiento, la Corte fue clara en señalar que la aplicación de la
retrospectividad de la norma era factible en casos en los que: «(i) el afiliado falleció,
habiendo cotizado una elevada cantidad de años al sistema (como los que ha tratado
hasta ahora la jurisprudencia), (ii) sin que haya configurado derecho pensional alguno
que le sea posible sustituir y (iii) sin que al momento de su muerte haya estado vigente
la figura de la pensión de sobrevivientes»; ello, por cuanto en el caso objeto de análisis
por la Corte, el causante había cotizado 17 años, realizando sus aportes al sistema
durante la totalidad de su vida laboral (pues empezó a cotizar a sus 21 años de edad),
faltándole solo 3 años para poder adquirir el derecho pensional.
Sin embargo, dicha situación no ocurre en el caso de marras, puesto que el esposo de
la aquí accionante solo alcanzó a cotizar un total de 4 años, 6 meses y 14 días, por lo
que, en estricto sentido, en el asunto no puede hablarse de desconocimiento de
precedente jurisprudencial, al no existir identidad fáctica con el asunto analizado por
la Corte Constitucional.
Finalmente, en cuanto al presunto desconocimiento de las Sentencias T-525 de 2017
y T-155 de 2018, en las que también se opta por la aplicación de la retrospectividad
de la ley en materia pensional, se advierte que estas tampoco son aplicables al caso,
pues, en la primera, se analizó el caso de una mujer —de 73 años de edad, con
escasos recursos y diagnosticada con una enfermedad crónica— que acudió al juez
de lo contencioso administrativo en el año 2012, cuando estaba en vigencia el criterio
jurisprudencial sostenido por la Sección Segunda del Consejo de Estado desde el año
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1951, esto es, con anterioridad a que la alta corporación profiriera la sentencia de
unificación del 25 abril de 2013, en la que cambió el criterio de decisión, mientras que,
en el sub lite, la accionante presentó la demanda ordinaria el 27 de marzo de 2017, es
decir, varios años después de que fuera proferida la sentencia unificadora.
En lo que respecta a la sentencia T-155 de 2018, tampoco resulta aplicable al caso
bajo análisis porque lo que en ella se estudió fue el reconocimiento de una
indemnización sustitutiva de la pensión de sobreviviente —en la que accedió a la
aplicación retrospectiva de la ley, al evidenciarse que, de conformidad con los artículos
13 de la Ley 797 de 2003 y 49 de la Ley 100 de 1993, la accionante cumplía con los
requisitos para acceder a esta prestación social, puesto que convivió con el causante
hasta el día de su fallecimiento y dependía económicamente de este— por lo que no
se buscaba el reconocimiento del derecho pensional, que es lo analizado en el
presente asunto.
Y en cuanto a la Sentencia T-017 de 2022, resulta diáfano que esta se profirió con
posterioridad a la sentencia aquí cuestionada, por lo que no puede tomarse de
referente para endilgar al Tribunal el desconocimiento de garantías constitucionales.
En todo caso, es de advertir que el juicio de valor que el Tribunal realizó para dar
solución al asunto no resulta irrazonable, desproporcionado, arbitrario o caprichoso,
pues en uso de su autonomía e independencia judicial acogió la postura unificada y
reiterada del Consejo de Estado en la materia, lo cual podía darse, en términos de lo
dispuesto en el artículo 270 del CPACA.
En este estado de cosas, la Sala estima que la providencia proferida por la autoridad
judicial accionada no incurrió en una actuación que vulnere los derechos
fundamentales de la parte accionante.
3. Conclusión
Con los anteriores argumentos la Sala concluye que en el caso no se configura la
existencia de un desconocimiento de precedente constitucional y, en tal sentido,
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23
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03033-01
Demandante: Myriam Yaneth Sierra Navas
revocará la sentencia impugnada, que declaró improcedente el amparo constitucional
y, en su lugar, denegará el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 7 de julio de 2022, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, que declaró improcedente el amparo
constitucional. En su lugar se dispone:
Segundo. Denegar el amparo solicitado, de acuerdo con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
YASM
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