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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-03036-00

Fecha
30 de junio de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-03036-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Denegar el amparo solicitado por el señor Yeison Alex Ibarra Toro, de acuerdo con lo expuesto en este proveído. Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-03036-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

30 de junio de 2022

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03036-00
Demandante: Yeison Alex Ibarra Toro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03036-00
Demandante: Yeison Alex Ibarra Toro
Demandado: Tribunal Administrativo de la Guajira

Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso de nulidad electoral. No
se configura defecto por desconocimiento de precedente
jurisprudencial.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Yeison Alex Ibarra Toro
contra el Tribunal Administrativo de La Guajira.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, el señor Yeison Alex Ibarra Toro, quien actúa en nombre propio, promovió
demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales a la igualdad, a la
seguridad jurídica, a la buena fe, al debido proceso, a la confianza legítima, a la
legalidad, al acceso a la administración de justicia y a elegir y ser elegido.

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Demandante: Yeison Alex Ibarra Toro

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se dejen sin efectos las
sentencias del 30 de octubre de 2020 y 27 de septiembre de 2021, proferidas por el
Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Riohacha y el Tribunal
Administrativo de La Guajira, dentro del proceso de nulidad electoral con radicación
44-001-33-40-003-2020-00027-00.

1.1.2. Los hechos

El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) El 8 de octubre de 2019, el Concejo Municipal de Albania (La Guajira) y la
Universidad de la Costa (CUC) celebraron el Convenio de Cooperación Institucional
n°. 001, con el objeto de llevar a cabo la prueba de conocimientos, competencias
laborales, y apoyo técnico y jurídico al desarrollo del concurso público de méritos
para la elección del personero municipal periodo 2020-2024.

ii) Mediante la Resolución 033 del 1° de noviembre de 2019, el Concejo Municipal de
Albania reguló la convocatoria al concurso, con apego a los estándares mínimos
previstos en los artículos 2.2.27.1 a 2.2.27.6 del Decreto 1083 de 2015.

iii) Tramitadas y agotadas las etapas de la convocatoria, quedó en el primer lugar
para el cargo de personero municipal de Albania (La Guajira), periodo 2020-2024.

iv) A través de Acta de sesión n°. 003 del 10 de enero de 2020, el Concejo Municipal
emitió el acto de elección.

v) En ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del
CPACA, los procuradores judiciales para asuntos administrativos del circuito de
Riohacha, Edwin Jose Lopez Fuentes (Procurador 91 Judicial I Administrativo), Víctor
Sierra Deluque (Procurador 202 Judicial I Administrativo) y Germán Gutiérrez Frías
(Procurador 152 Judicial II Administrativo), demandaron la nulidad del acto
administrativo de elección por incurrir en las causales de nulidad electoral de

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Demandante: Yeison Alex Ibarra Toro

infracción de las normas en que debería fundarse y expedición
irregular, establecidas en los artículos 137 y 275 del CPACA.

vi) Por sentencia del 30 de octubre de 2020, el Juzgado Tercero Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Riohacha declaró la nulidad del acto administrativo
demandado, al encontrar probado el cargo que los demandantes denominaron como
«el plazo de inscripción fue inferior al mínimo legalmente previsto».

vii) Mediante sentencia del 27 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo de
La Guajira confirmó lo resuelto en primera instancia, pero por hallar configuradas las
causales de expedición irregular e inviabilidad jurídica del Convenio 001 del 2019.

viii) El 4 de octubre de 2021, solicitó aclaración de la sentencia encaminada a que se
precisara si los aspectos nuevos resueltos adoptados en la decisión y no previstos en
el fallo de primera instancia correspondían a una decisión que modificaba la
sentencia apelada, susceptible de ser recurrida por el demandado; pero mediante
proveído del 30 de marzo de 2022, el Tribunal negó la solicitud.

1.1.3. Los fundamentos jurídicos

En sentir del accionante, las decisiones del Juzgado y Tribunal vulneraron sus
derechos fundamentales en atención a las siguientes circunstancias:

i) El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Riohacha,
señaló que el plazo establecido para la inscripción de la convocatoria pública para la
elección del cargo de personero municipal podría estar en contravención con la
norma superior que regula el término mínimo para la inscripción de la convocatoria,
toda vez que el acto electoral acusado contempló el término de dos días para tal fin,
siendo el mínimo dispuesto por el legislador el de cinco días.

La norma aplicada por el fallador, contenida en el parágrafo del artículo 2.2.6.7 del
Decreto 1083 de 2015, no tiene el carácter de superior respecto de la que regula el
procedimiento de selección. Tanto la norma que se alude como infringida como las

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Demandante: Yeison Alex Ibarra Toro

disposiciones que reglamentan el proceso de selección de personeros
municipales hacen parte del mismo cuerpo normativo, esto es, el Decreto 1083 de
2015, en consecuencia, poseen igual jerarquía normativa, lo que quiere decir que
prevalecen las disposiciones específicas que se ocupan de regir el concurso de
elección de personero, en virtud del principio de especialidad. Además, la normativa
en mención no era aplicable al caso, por no ser pertinente para definir la conformidad
constitucional y legal del acto de elección demandado, al tener su marco de
aplicación en los concursos generales para proveer empleos de carrera
administrativa que corresponde adelantar a la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Dicha distinción quedó claramente definida en la sentencia del 15 de diciembre de
2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, dentro del medio de
control de nulidad electoral con radicación 44001-23-40-000-2020-00029-01, en el
que se demandó la elección del personero municipal de Uribía (La Guajira) para el
período 2020-2024.

La sentencia desconoció abiertamente el precedente jurisprudencial conformado por
reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que
reconocen la autonomía y competencia de los Concejos Municipales para presidir el
concurso de méritos de selección de personero municipal a través de la definición,
confección y establecimiento de las etapas y términos que componen este
procedimiento, que no tengan una expresa consagración legal, siempre con apego a
los derroteros constitucionales que deben observarse en estos procesos.

Al respecto, se pueden traer a colación los siguientes pronunciamientos: i) Sentencia
C-105 de 2013 de la Corte Constitucional, ii) sentencias del 1 de diciembre de 2016,
expediente 73001-23-33-000-2016-00079-03, del 28 de marzo de 2018, expediente
85001-23-33-000-2017-00019-03 y del 18 de julio de 2019, expediente 73001-23-33-
000-2018-00204-03, todas del Consejo de Estado, Sección Quinta, y iii) Concepto del
31 de julio de 2018, expediente 11001- 03-06-000-2018-00045-00 (2373), del
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil.

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ii) El Tribunal Administrativo de La Guajira, precisó que la
prohibición de inscripción por medios electrónicos, aunado al corto tiempo que
dispuso el Concejo Municipal de Albania para que se llevara a cabo la fase de
inscripciones vulnera los principios de igualdad y publicidad, abría la puerta para que
en el caso se configurara la causal de nulidad prevista en el artículo 137 del CPACA,
denominado expedición irregular.

La decisión difiere de la postura adoptada en sentencia del 26 de marzo de 2021,
expediente 44001-23-40-000-2020-00029-00, en la que el Tribunal resolvió en
primera instancia un asunto con supuestos fácticos semejantes. En dicho proceso,
los mismos procuradores judiciales presentaron iguales cargos de nulidad frente el
acto de elección del personero del municipio de Uribía (La Guajira), periodo 2020-
2024 y, a diferencia de su caso, se negaron los cargos de anulación.

El Tribunal, al decidir el mismo cargo de nulidad relacionado con la forma y el término
de inscripción de los interesados en participar en el concurso de méritos para la
elección de personero, consideró que al haberse establecido claramente el lugar,
fecha y hora de inscripciones en la convocatoria —siendo esta la norma reguladora
de todo el concurso vinculante tanto a la administración como para las entidades
contratadas para su realización y para los participantes— no se configuraba una
expedición del acto con infracción de las normas en que debería fundarse, puesto
que calificó como viable que la etapa de la inscripción se surtiera de manera personal
por los aspirantes ante la Secretaría General del Concejo Municipal de Uribía,
máxime cuando no se acreditó la existencia de ciudadanos interesados en participar
del concurso y que dicha situación se hubiere convertido en una barrera física para
lograr el propósito de la inscripción. Además, tuvo en cuenta que el proceso de
inscripción se llevó a cabo en momento anterior a la declaratoria de la pandemia
ocasionada por el virus Covid -19, cuando no existía restricción en la movilidad.

Es decir, que el Tribunal no aplicó el criterio de la convocatoria como regla vinculante
para todos los involucrados en este proceso, bajo el entendido de que en ella se
habían establecido claramente los días y horas previstos para la inscripción de
candidatos, así como tampoco tomo como plausible o admisible la modalidad

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presencial de inscripción de candidatos, y menos tuvo en cuenta que la
fase de inscripciones en el municipio de Albania también se verificó cuando no
existían restricciones a la movilidad por el Covid-19.

El Tribunal en un lapso no mayor a seis meses juzgo de manera opuesta dos
situaciones con identidad de demandantes, supuestos facticos y cargos de nulidad,
sin que para el cambio de postura haya satisfecho las estrictas exigencias para
apartarse del precedente, trasgrediendo con ello el principio constitucional de
igualdad y, además, desconociendo el deber de los operadores judiciales de
mantener la uniformidad en la línea jurisprudencial adoptada para resolver asuntos
con parámetros fácticos y jurídicos como garantía de realización de los principios de
legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima.

El segundo cargo de nulidad que el Tribunal declaró probado tuvo que ver con la
legalidad del convenio celebrado por el Concejo Municipal con la entidad
especializada que prestó el apoyo al proceso de selección. En el caso del personero
del municipio de Uribía, el Tribunal consideró que si bien la modalidad de selección a
la que acudió el concejo para suscribir el convenio no encuadraba dentro de la
contratación directa, dicha anomalía en el proceso de contratación no tuvo la
potencialidad de modificar el resultado del concurso, pues el proceso fue adelantado
por el Concejo con apoyo de la institución especializada, tal como lo dispone el
artículo 2.2.27.1 del Decreto 1883 de 2015, y con fundamento de las normas en que
debía convocarse y adelantarse dicho concurso. Por ello concluyo que aun cuando la
legalidad del trámite contractual quedó en tela juicio, no se observaba que por el
mecanismo contractual utilizado hayan resultado vulnerados principios como el de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,
además de que, en todo caso, se garantizó el mérito en la escogencia.

Sin embargo, al momento de juzgar esa idéntica situación en el juicio electoral de la
personería de Albania —en la que las partes, los fundamentos jurídicos del convenio,
la modalidad de contratación y el clausulado general fueron los mismos—decidió que
al no advertirse agotada la etapa del proceso competitivo que debió adelantar el
Concejo Municipal para suscribir el convenio, conforme al régimen legal que le era

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propio (artículos 96 de la Ley 498 de 1998 y 4 del Decreto 092 de
2017), se afectaba la legalidad del convenio, estimando en este caso, al contrario de
lo que hizo en la sentencia del 26 de marzo de 2021, que no era asunto de poca
monta, y concluyendo que el desconocimiento de las normas de la contratación
estatal era causa suficiente de anulación del acto de elección, criterio enteramente
opuesto al usado para dirimir este mismo cargo en el proceso de nulidad del
personero de Uribía. El cambio de postura tampoco estuvo acompañado de una
justificación argumentativa en la que se pusieran de presente las consideraciones
razonables con fundamento en las cuales se asumía un cambio de criterio.

Además, desconoció el precedente judicial contenido en la sentencia del 8 de junio
de 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, expediente 76001-23-
33-000-2016-00233-01, en la que se resaltó la improcedencia de juzgar este
instrumento contractual (convenio celebrado por el Concejo para recibir apoyo y
acompañamiento en el concurso de méritos) en el proceso electoral.

En acatamiento del precedente, el Tribunal estaba llamado a abstenerse de entrar a
revisar la legalidad del convenio, pero de optar por lo contrario, le cabía una carga
especial de argumentación para justificar razonadamente su apartamiento de la regla
consagrada en la jurisprudencia del órgano de cierre, sin sustentar la disparidad en la
interpretación del ordenamiento, que hizo en uno y otro caso.

1.2. Actuación Procesal

Mediante auto del 8 de junio de 2022, se admitió la acción de tutela y, en
consecuencia, se ordenó notificar del proveído al Tribunal Administrativo de La
Guajira y al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Riohacha, como
accionados, y a la Procuraduría General de la Nación, a las Procuradurías Judiciales
91, 154 y 202 para Asuntos Administrativos del Circuito de Riohacha, al Municipio de
Albania (La Guajira) y al Concejo Municipal, como terceros interesados en las
resultas de este proceso; se comisionó al Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito de Riohacha, para que notificara del trámite constitucional, como terceros
interesados, a todas las personas que intervinieron en el medio de control de nulidad

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electoral con radicado 44001-33-40-003-2020-00027-00 [01],
exceptuando al señor Yeison Alex Ibarra Toro, a la Procuraduría General de la
Nación, a las Procuradurías Judiciales 91, 154 y 202 para Asuntos Administrativos
del Circuito de Riohacha, al Municipio de Albania (Guajira) y al Concejo Municipal.

De igual forma, se requirió Tercero Administrativo Oral del Circuito de Riohacha,
para que enviara copia digital del expediente de nulidad electoral arriba mencionado;
se ordenó remitir copia de la solicitud de tutela a los demandados y a los terceros
interesados, para que dentro del término de los tres días siguientes a la notificación
de la providencia, procedieran a ejercer su derecho de defensa, si a bien lo tenían, y
a rendir el respectivo informe.

También se ordenó, a la Secretaría General y al Departamento de Tecnología del
Consejo de Estado, corregir el índice 2 del expediente digital de la acción de tutela,
de forma que fuera posible visualizar en los lugares correspondientes, tanto la
demanda como la carátula del expediente, por aparecer en blanco.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. La Secretaría del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de
Riohacha remitió el enlace del expediente de nulidad electoral solicitado e informó
que una vez verificadas todas las partes que intervinieron en el proceso, no se
encontró parte distinta a la notificada en sede constitucional, a quien debiera
notificársele del trámite, razón por la que no procedió a emitir notificación alguna.

1.3.2. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Riohacha, por
intermedio de la jueza Ruby Margarita Romero Ovalle, solicitó declarar improcedente
la acción de tutela, en atención a lo siguiente:

i) El accionante alega violación de un defecto sustantivo, al considerar que la
sentencia emitida por el despacho aplicó una normatividad que no se ajusta a la
situación que era objeto de estudio, puesto que el parágrafo 2.2.6.7. del Decreto
1083 de 2015 se aplica a la carrera administrativa de la Comisión Nacional de

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Servicio Civil y no a la elección de personeros; sin embargo, en la
sentencia objeto de censura se siguieron los parámetros establecidos para el
proceso de selección del personero, que trata de un procedimiento reglado,
supeditado a las directrices señaladas en la Ley 1551 de 2012, a la sentencia de
constitucionalidad C-105 de 2013 y al título 27 del Decreto 1083 de 2015.

ii) Otra cosa, es que, el accionante no esté conforme con la argumentación que
realizó el Juzgado y a través de la solicitud de amparo vuelva a reiterar las razones
de disenso que fueron básicamente el fundamento de la demanda ordinaria. Así que,
por tratarse de cuestionamientos que son propios de la dinámica del litigio, el asunto
sometido a juicio carece de relevancia constitucional y deviene en improcedente.

1.3.3. El Tribunal Administrativo de La Guajira, a través de la magistrada María
del Pilar Veloza Parra, solicitó negar la solicitud de amparo, dado lo siguiente:

i) La acción de tutela está instituida para la protección de derechos fundamentales,
no para estructurarla como una nueva instancia procesal que soslaye su carácter
excepcional, residual y subsidiario, tal como lo ha decantado la jurisprudencia
constitucional; y en el caso, los fundamentos presentados por el accionante, dan a
entender que presenta un nuevo recurso de apelación, al no estar conforme con la
argumentación que realizada para resolver el asunto, cuando lo cierto es que en la
causa ya se agotaron todas las instancias en las cuales se le garantizaron sus
derechos fundamentales.

ii) No se puede predicar la existencia de un desconocimiento de precedente
horizontal, pues, en atención a la autonomía judicial, se realizó el análisis del caso a
partir del alcance dado a las fuentes jurídicas aplicables como del análisis de las
particularidades fácticas. Además, es de indicar, en gracia de discusión, que en el
asunto no existe identidad fáctica pues ante lo que se está es ante un régimen de
inhabilidades e incompatibilidades intuitu personae y, en tal sentido, no puede
hablarse de la existencia de un precedente aplicable al caso del hoy tutelante.

2. Consideraciones

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2.1. Competencia

De acuerdo con el numeral 5.º del Artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones
de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad
jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer de la presente
acción de tutela.

2.2. Cuestión previa

Es de indicar ab initio que la Sala se abstiene de realizar consideraciones con
respecto de la sentencia del 30 de octubre de 2020, proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Riohacha, pues es criterio reiterado de esta sala
de decisión que, bajo la égida del principio de la doble instancia, no es procedente
que el juez de tutela revise decisiones que en ejercicio del recurso de apelación
tuvieron la oportunidad de ser analizadas por el juez natural al resolver la alzada. De
aquí que el estudio del caso solo se subsuma a lo resuelto en la segunda instancia.

2.3. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir la sentencia del 27 de septiembre de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira. En caso afirmativo, se
analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia se
vulneraron los derechos fundamentales invocados del accionante, al declarar la
nulidad del acto de elección demandado incurriendo en desconocimiento de
precedente jurisprudencial.

2.4. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

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La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas
en la Sentencia C-590 de 2005,2 en la que se hace distinción entre causales
genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la
interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen
verificar la procedencia del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de

1 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de
2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada
al menos una de las anteriores causales o defectos.

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Verificación del cumplimiento de las causales generales de procedencia

i) El caso bajo estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez que el
debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, 3 previstos en
los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política, pues según los alegatos del
apoderado de la parte actora, la litis fue resuelto sin un adecuado análisis normativo
y jurisprudencial, eventos que de encontrarse acreditados conducirían a considerar
lesivos los intereses del accionante.

ii) Se «cumple con el requisito de subsidiariedad», dado que la decisión cuestionada
hace referencia a una sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión
planteada dentro de un proceso de nulidad electoral y de los hechos narrados, no se
evidencia que el caso se adecúe a alguna de las causales de revisión y de
unificación de jurisprudencia previstas en los artículos 250 y 258 del CPACA.

iii) Se «cumple con el requisito de inmediatez», puesto que la sentencia objeto de
censura data del 27 de septiembre de 2021, y frente a esta se presentó solicitud de
aclaración que fue resuelta mediante providencia del 31 de marzo de 2022, y la
presente acción de tutela fue remitida al correo electrónico de la Secretaría General
del Consejo de Estado el 3 de junio de 2022, esto es, en el término de los seis

3 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de

2012, C.P. María Elizabeth García, expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ),unificó
su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el
acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando
para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

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meses señalados por esta Corporación como prudencial para el
ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.4

iv) En el asunto «no se cuestiona una irregularidad procesal» sino el hecho de
realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis normativo y jurisprudencial.

v) Dentro del escrito de tutela «se identificaron razonablemente los hechos y
argumentos» frente a los cuales se alega vulneración, pues la parte actora narró de
manera clara los hechos sujetos a examen, los derechos que estima vulnerados y
adecuó sus alegatos a la configuración de los defectos sustantivo y desconocimiento
de precedente jurisprudencial.

vi) En el sub judice no se cuestiona «una sentencia de tutela», sino la proferida
dentro de un proceso de nulidad electoral.

2.5.2. Análisis de procedibilidad del amparo solicitado

Al encontrarse cumplidos los requisitos de procedencia de la acción, la Sala abordará
el estudio del amparo invocado en el siguiente orden: i) criterios para determinar la
existencia de un defecto por desconocimiento de precedente jurisprudencial, ii)
hechos probados y iii) análisis del caso concreto.

2.5.2.1. Criterios para determinar la existencia de un defecto por
desconocimiento de precedente jurisprudencial

La Corte Constitucional ha sostenido que este defecto se configura cuando se
desconoce aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con
un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos problemas

4El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 5 de agosto de

2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), como
garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.

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jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para
resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.5

De igual forma, ha diferenciado dos clases de precedentes teniendo en cuenta la
autoridad que profiere la providencia previa, así: precedente horizontal, que hace
referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el
mismo operador judicial; y, precedente vertical, que se relaciona con los lineamientos
sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro
de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. 6

Para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios
judiciales lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, como
órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción;7 y en los casos en los que no
son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los
tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores
judiciales inferiores.8

Los jueces tienen como deber de obligatorio cumplimiento el de acoger las
decisiones proferidas por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones,
cuando éstas constituyan precedentes, y/o sus propias decisiones en casos
idénticos; regla que solo permite excepción, cuando el caso presenta situaciones no
analizadas con anterioridad en otros fallos judiciales.

Las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes judiciales en
atención a su autonomía y a su independencia, siempre que se atiendan las
siguientes reglas: «i) debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que
significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca
hubiera existido (principio de transparencia). ii) En segundo lugar, debe ofrecer una
carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y
razonada los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus

5 Sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006, entre otras.
6 Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011, T-209 de 2011.
7 Corte Constitucional, sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
8 Corte Constitucional, sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.

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propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior
jerarquía (principio de razón suficiente)»9

La Corte ha sostenido que el desconocimiento del precedente sin debida justificación
configura un defecto sustantivo, pues su respeto es una obligación de juez en virtud
de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe.10

2.5.2.2. Hechos probados

Del proceso de nulidad electoral con radicación 44001-33-40-003-2020-00027-01, la
Sala establece lo siguiente:

i) El 21 de febrero de 2020, los procuradores judiciales para asuntos administrativos
del circuito de Riohacha, Edwin José López Fuentes (Procurador 91 Judicial I
Administrativo), Víctor Sierra Deluque (Procurador 202 Judicial I Administrativo) y
Germán Gutiérrez Frías (Procurador 152 Judicial II Administrativo), promovieron
demanda de nulidad electoral contra el señor Yeison Alex Ibarra Toro, en orden a
que se declarara la nulidad del acto administrativo contenido en el Acta n°.3 del 10
de enero de 2020, mediante la cual el Concejo Municipal de Albania (La Guajira),
eligió al señor Yeison Alex Ibarra Toro como personero del municipio para el periodo
2020-2024, por inaplicación de la Resolución 033 del 1 de noviembre de 2019,
expedida por la Mesa Directiva del Concejo del Municipio de Albania, en la que se
previeron las reglas de la convocatoria al concurso de méritos para la elección del
personero municipal.

ii) Mediante sentencia del 30 de octubre de 2020, el Juzgado Tercero Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Riohacha declaró la nulidad del acto de elección del
señor Yeison Alex Ibarra Toro como personero municipal de Albania (La Guajira),
para el periodo 2020 -2024, contenido en el Acta de sesión n°. 003 del 10 de enero
de 2020 y, en consecuencia, ordenó al Concejo Municipal realizar nuevamente el
proceso de selección del personero, con el seguimiento estricto y reglado por el

9Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011 y T-082 de 2011.
10 Corte Constitucional, sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011, T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-

634 de 2011, entre otras.

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Decreto Compilatorio 1083 de 2015. De igual forma, compulsó copias
del expediente de la referencia con destino a la Procuraduría General de la Nación
para que investigue las posibles faltas disciplinarias en que pudieron haber incurrido
los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Albania (La Guajira) que
suscribieron los actos acusados.

iii) A través de sentencia del 27 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo de
la Guajira confirmó la sentencia de primera instancia; y a través de providencia del 31
de marzo de 2022, negó la solicitud de aclaración de la sentencia presentada por el
apoderado de la parte accionada.

2.5.2.3. Análisis del caso concreto

Discute el accionante que el Tribunal incurrió en un defecto por desconocimiento de
precedente jurisprudencial, al adoptar una decisión que difiere de la postura
prohijada seis meses atrás, en el medio de control de nulidad electoral con radicación
44001-23-40-000-2020-00029-00, en el que los mismos procuradores judiciales
presentaron iguales cargos de nulidad frente el acto de elección del personero del
municipio de Uribía (La Guajira), periodo 2020-2024, y, en el que, a diferencia de su
caso, se negaron los cargos de anulación.

Argumenta que el Tribunal en un lapso no mayor de seis meses juzgó de manera
opuesta dos situaciones con identidad de demandantes, supuestos facticos y cargos
de nulidad, sin que para el cambio de postura haya satisfecho las estrictas
exigencias para apartarse del precedente, trasgrediendo con ello el principio
constitucional de igualdad, y desconociendo el deber de los operadores judiciales de
mantener la uniformidad en la línea jurisprudencial adoptada para resolver asuntos
con parámetros fácticos y jurídicos como garantía de realización de los principios de
legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima.

Pues bien, se tiene que para adoptar la decisión, el Tribunal trajo a colación los
artículos 118 y 313 Constitucionales, sobre la función de los Concejos Municipales
de elegir personero y las atribuciones del Ministerio Público; 170 y 178 de la Ley 136

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de 1994, respecto de la elección y las atribuciones de los personeros
municipales; y 2.2.27.1 a 2.2.27.6 del Decreto 1083 de 2015, en torno al proceso de
elección o concurso de méritos para la elección de personeros.

Posteriormente, trajo a colación la sentencia C-105 de 2013, en la que la Corte
Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad de la Ley 1551 de 2012, en lo
relacionado al proceso de elección de los personeros municipales, y de la que
destacó los siguientes aspectos: i) que la finalidad del concurso público es permitir
que el mayor número de personas posibles puedan participar de este y que el mérito
sea el factor preponderante al momento de la escogencia, y ii) que en aras de
permitir la libre concurrencia y la mayor participación posible de ciudadanos, se torna
indispensable que el concejo publicite adecuadamente el proceso para efectos de
que los interesados tengan la posibilidad de conocer del mismo; y, de igual forma, la
sentencia del 6 de mayo de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, en la que se indicó que ante la dificultad que representa para los Concejos
Municipales el adelantar un proceso de elección, les es dable celebrar convenios de
asociación, con entidades de acreditada idoneidad, para efectos de adelantar el
proceso de elección de los personeros.

Y, a partir de lo anterior, procedió a analizar los siguientes cargos: i) término de
inscripción de la convocatoria y de la prohibición de inscripción por medio de correo
electrónico para la elección del personero de Albania (La Guajira); ii) vulneración de
la cadena de custodia de las pruebas de conocimiento en el proceso de elección del
personero de Albania; e iii) inviabilidad jurídica del Convenio 001 de 2019.

Frente al primero, respecto del término de inscripción, trajo a colación los artículos
1.7. y 2.2. de la Resolución 033 de 2019, expedida por el Concejo Municipal de
Albania, en los que se estableció que las inscripciones de los aspirantes debían
realizarse mediante la entrega personal del aspirante en la Secretaría General del
Concejo Municipal, en las fechas y horas señaladas en el cronograma establecido
para el concurso, esto es, en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00
p.m., los días 18 de noviembre al 19 de noviembre de 2019; y posteriormente, el
artículo 2.2.27.2. del Decreto 1083 de 2015, que regula lo relacionado a la fase de

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convocatoria y reclutamiento en el marco de los procesos de elección
de los personeros municipales, encontrando que este no consagra un término en el
cual deban adelantarse las etapas en comento.

A partir de lo anterior, señaló que aunque el artículo 2.2.27.2. del Decreto 1083 de
2015, no prevé un término para adelantar las etapas del concurso, ello no podía
entenderse en el sentido de que los Concejos Municipales gozaban de absoluta
discrecionalidad al establecer las reglas del proceso de elección, pues, el artículo
establece que el proceso de elección debe orientarse, entre otros principios, por los
de igualdad y publicidad. En ese orden, consideró: i) que la Resolución 033 de 2019
lesionaba los referidos principios al exigir, injustificadamente, la inscripción personal
de los aspirantes a personero del municipio de Albania, limitando las posibilidades de
postulación de las personas interesadas que no habitaban en el municipio, aunado a
que la prohibición de inscripción por medios electrónicos no gozaba tampoco de
justificación admisible a la luz del ordenamiento jurídico; y ii) que el término de dos
días para realizar la inscripción personal limitó aún más la oportunidad de participar
de aquellas personas interesadas que no vivian en el municipio o sus cercanías.
Dichos eventos configuraron la causal de nulidad denominada expedición irregular,
prevista en el artículo 137 del CPACA.

En el segundo cargo, referente a la la cadena de custodia de las pruebas de
conocimiento, el Tribunal señaló que en el Convenio 001 de 2019, se observaba
como deber de la CUC «b) diagramar, custodiar y conservar la integridad de las
pruebas de conocimientos y pruebas de conocimientos laborales a su cargo», luego
no era cierto que al momento de suscribir el convenio las partes hubieren
pretermitido consagrar como obligación de la CUC la protección y confidencialidad de
las pruebas; y que aunado a esto, los demandantes solo se limitaron a exponer que
en el convenio nada se dijo respecto de la obligación de custodiar y proteger bajo
estricta reserva las pruebas a ser aplicadas en el marco del proceso de elección del
personero de Albania, sin que en el expediente reposara prueba alguna que
acreditara la supuesta vulneración de la cadena de custodia, de tal manera que el
cargo no estaba llamado a prosperar.

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Y, en el tercer cargo, que tiene que ver con la inviabilidad jurídica del
Convenio 001 de 2019, señaló que el convenio de asociación suscrito entre la
Corporación Universitaria de la Costa (entidad sin ánimo de lucro) y el Concejo
Municipal de Albania se encontraba reglado en los artículos i) 96 de la Ley 498 de
1998, que faculta a las entidades estatales para que suscriban contratos de
asociación y/o constituyan fundaciones a fin de adelantar los programas y cumplir las
funciones bajo su cargo; y ii) 4 y 5 del Decreto 092 de 2017,11 que establecen que
debe adelantarse un proceso competitivo de selección cuando existe más de una
entidad sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, y que, excepcionalmente, las
entidades estatales pueden contratar con entidades sin ánimo de lucro sin necesidad
de llevar a cabo un proceso competitivo siempre y cuando la entidad sin ánimo de
lucro comprometa recursos en proporción no inferior al 30%.

En ese contexto, concluyó que en el asunto no se advertía agotada la etapa del
proceso competitivo que debía adelantar el Concejo Municipal de Albania para
efectos de suscribir el contrato de asociación tendiente a llevar a cabo el proceso de
elección del personero del municipio, luego ello daba lugar a que prospere el cargo
planteado por los actores; y, agregó, que si bien el Decreto 1083 de 2015 y la
Sentencia C-103 de 2013 de la Corte Constitucional autorizaban la suscripción de
dicho tipo de contratos, ello no era óbice para que se desconocieran las normas de la
contratación estatal.

Entonces, aunque el accionante se duele de que el Tribunal declaró la nulidad del
acto administrativo de elección, sin que presentara una argumentación razonable
respecto del cambio de postura en el análisis de los cargos enjuiciados, lo cierto es
que sí hubo un análisis juicioso de cada uno de los cargos, pues se trajo a colación la
normativa aplicable y se explicó, en cada cargo, el por qué prosperaban los cargos
presentados por los demandantes.

11 El Decreto reglamentó el proceso de contratación de las entidades estatales con particulares
cuando quiera que el objeto fuera: i) el impulso de programas y actividades de interés público de
acuerdo con el Plan Nacional o los planes seccionales de Desarrollo, en los términos del artículo 355
de la Constitución Política, y ii) el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y
funciones que a estas les asigna la ley a los que hace referencia el artículo 96 de la Ley 489 de 1998

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Y, si bien, no se hizo mención alguna al asunto fallado con
anterioridad, esto es, a la sentencia del 26 de marzo de 2021, expediente 44001-23-
40-000-2020-00029-00, en la que se analizaron iguales cargos de nulidad frente el
acto de elección del personero del municipio de Uribía (La Guajira), periodo 2020-
2024, negándose los cargos de anulación, lo cierto es que no era de su obligación
hacerlo. Ello, por cuanto el referido pronunciamiento no corresponde a una sentencia
de unificación ni tampoco hace parte de un conjunto de sentencias que dejen ver el
criterio reiterado de la corporación en el asunto.

De otra parte, el accionante también juzga el desconocimiento de la sentencia del 8
de junio de 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, expediente
76001-23-33-000-2016-00233- 01, en el análisis del tercer cargo, relacionado con la
inviabilidad jurídica del convenio 001 de 2019. Arguye que en el referido
pronunciamiento, la alta corporación resaltó la improcedencia de juzgar el convenio
celebrado por los Concejos Municipales para recibir apoyo y acompañamiento en el
concurso de méritos, por tratarse de un negocio jurídico autónomo cuya legalidad no
podía analizarse a través del medio de control de nulidad electoral; sin embargo,
dicho pronunciamiento tampoco tiene la connotación de precedente jurisprudencial y,
en todo caso, en el asunto no se analizó su naturaleza jurídica ni mucho menos la
licitud de su causa y objeto —según los términos utilizados en el pronunciamiento—,
sino que, sencillamente, se trajo de relieve la necesidad de cumplir con las normas
de contratación estatal para su suscripción, esto es, que para la suscripción del
convenio el Concejo Municipal de Albania debió surtirse el proceso competitivo de
selección, en orden a seleccionar de forma objetiva a la entidad y justificar los
criterios para su selección.

Así, se tiene que el análisis efectuado en el asunto se convierte en parte de la
autonomía e independencia judicial de que goza el operador y del que no se advierte
un ejercicio valorativo irrazonable o desproporcionado, sino consecuente con lo
encontrado como probado y con la normativa y jurisprudencia aplicable al caso, de
aquí que no se advierta la configuración del defecto invocado.

3. Conclusión

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Con los anteriores argumentos la Sala concluye que en el caso no se configura la
existencia de la causal desconocimiento de precedente jurisprudencial y, en tal
sentido, denegará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Denegar el amparo solicitado por el señor Yeison Alex Ibarra Toro, de
acuerdo con lo expuesto en este proveído.

Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Ausente con permiso

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

YASM

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