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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03039-00

Fecha
1 de julio de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03039-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela, instaurada por por Andrés Felipe Rodríguez Puerta, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03039-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

1 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., primero (1°) de julio de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03039-00
Demandante: ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ PUERTA
Demandado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Andrés Felipe
Rodríguez Puerta contra el presidente de la República y el Ministerio del Interior.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 3 de junio de la presente anualidad1, el señor Andrés Felipe Rodríguez Puerta
interpuso acción de tutela contra el presidente de la República y el Ministerio del
Interior, porque consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso y «a la participación ciudadana»2. Formuló la siguiente pretensión:

[S]olicito señor Juez que conceda el amparo de los derechos
fundamentales a la confianza legítima, debido proceso y a la debida
participación ciudadana de los que soy titular y en consecuencia ordene la
cesación de los efectos del Decreto 937 de 2022 expedido por el presidente
de la República.

1 Se advierte que, el 23 de junio de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 El accionante también considera que la autoridad demanda desconoció el principio de confianza

legítima.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03039-00
Demandante: Andrés Felipe Rodríguez Puerta
Demandado: presidente de la República y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

1.2. Hechos y argumentos de la tutela.

De la solicitud de amparo, la Sala extrae los siguientes supuestos fácticos y
jurídicos relevantes para la decisión:

La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente al alcalde del
distrito de Medellín, Daniel Quintero Calle.

Afirma el accionante que el comité promotor de recolección de apoyos para avalar
la candidatura de Quintero Calle a la alcaldía distrital de Medellín puso en
consideración del presidente de la República una terna para que se designara a
quien ocuparía el cargo mientras durara la suspensión del alcalde.

Mediante Decreto 937 de 2022, se designó a la señora Jennifer Andree Uribe
Montoya como alcaldesa encargada del distrito especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín –en adelante el distrito de Medellín–.

Alega que los comités promotores no tienen vocación de permanencia y su
reconocimiento se mantiene hasta tanto la Registraduría avale los apoyos de las
candidaturas; por tanto, el citado comité no tiene personería jurídica. Agregó que
el acta de constitución del movimiento Independientes es del 6 de diciembre de
2019, esto es, posterior a la elección de Daniel Quintero Calle como alcalde de
Medellín.

En suma, aduce que, al momento de su elección del alcalde de Medellín, el señor
Daniel Quintero Calle no pertenecía a ningún movimiento o partido político con
personería jurídica, ya que el comité promotor se extinguió en el momento en que
la Registraduría avaló el apoyo de dicha candidatura; de modo que la terna
presentada por el movimiento Independientes no era procedente y, en
consecuencia, el nombramiento de la señora Uribe Montoya «genera un daño a la
institucionalidad».

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03039-00
Demandante: Andrés Felipe Rodríguez Puerta
Demandado: presidente de la República y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 7 de junio de 2022, el despacho sustanciador admitió la
solicitud de tutela y dispuso que se notificara (i) al presidente de la República, al
director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y al
ministro del Interior, en calidad de parte demandada; y (ii) como terceros con
interés, a la señora Jennifer Andree Uribe Montoya, alcaldesa encargada del
distrito de Medellín, y a los señores Juan Carlos Upegui Vanegas, Juliana
Colorado Jaramillo y Juan Pablo Ramirez Álvarez, quienes, de conformidad con lo
señalado en el Decreto 937 de 2022, presentaron la terna ante el presidente de la
República en nombre del movimiento Independientes. Así mismo, ordenó notificar
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Finalmente, se negó la
medida provisional solicitada.

2.2. El Ministerio del Interior solicitó declarar improcedente la tutela, por considerar
que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad, dado que como lo pretendido
es la remoción de los efectos de un acto administrativo, para ello la ley establece
«el medio de control jurisdiccional denominado nulidad y restablecimiento del
derecho».

Que, en todo caso, no se acreditó la existencia de un perjuicio de carácter
irremediable para la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio.

De otra parte, señaló que el Ministerio del Interior no incurrió en la vulneración de
los derechos fundamentales alegados, debido a que la designación la hizo el
presidente de la República; de suerte que también se configura una falta de
legitimación en la causa por pasiva, respecto de dicha entidad.

2.3 El distrito de Medellín presentó informe de tutela; sin embargo, no hace
parte de este trámite como accionado, ni como entidad vinculada, como sí
ocurrió con la alcaldesa designada en encargo. Por consiguiente, la Sala no
tendrá en cuenta los argumentos expuestos por el ente territorial.

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Demandante: Andrés Felipe Rodríguez Puerta
Demandado: presidente de la República y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2.4. El señor Juan Pablo Ramírez Álvarez —vinculado y quien adujo ser Secretario
General del Movimiento Independientes— señala que no se acreditó la
vulneración de los derechos fundamentales alegados.

De otro parte, alega que la tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad,
ante la posibilidad de iniciar los procesos de nulidad, nulidad y restablecimiento del
derecho y nulidad electoral; sin que se advierta la presencia de un perjuicio
irremediable.

2.5. La alcaldesa encargada del distrito de Medellín solicitó declarar improcedente
la tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, en la medida en que
existen otros mecanismos para el control de los actos administrativos, en los
cuales, además, se pueden pedir medidas cautelares y solicitar la suspensión del
acto administrativo.

2.6. El presidente de la República y el director del Departamento Administrativo de
la presidencia de la República, por intermedio de apoderado judicial, solicitaron
declarar improcedente la tutela, por incumplimiento del principio de subsidiariedad,
en la medida en que para cuestionar los actos administrativos objeto de la tutela
existen «los medios de control que el legislador ha dispuesto para tal fin,
mecanismos en los que ha consagrado la posibilidad que se solicite la suspensión
provisional». Además, no se probó la existencia de un perjuicio irremediable.

2.7. Los demás sujetos vinculados guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue
reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 1° establece que
«toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
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Demandante: Andrés Felipe Rodríguez Puerta
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto», la cual, en principio, procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.

De conformidad con el numeral 1 del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, la
acción de tutela no procede cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo
que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En todo caso, según reiterada jurisprudencia constitucional, el otro
mecanismo de defensa judicial debe ser idóneo y eficaz para proteger el derecho
que se considera vulnerado o amenazado. De no serlo, la tutela procederá como
medio principal de protección de los derechos fundamentales.

Así mismo, en el evento de existir esa otra herramienta de defensa, la tutela solo
será procedente si se propone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

2. Problema jurídico

En primer lugar, la Sala examinará si la tutela satisface los presupuestos o
requisitos generales de procedencia, especialmente, el de subsidiariedad, que fue
invocado por las autoridades accionadas y por los vinculados. Solo en el evento
de que se superen, deberá determinarse si el Decreto 937 de 2022 vulnera los
derechos fundamentales alegados por el señor Andrés Felipe Rodríguez Puerta, y
si, como consecuencia de ello, se debe dejar sin efectos jurídicos.

3. Análisis de la Sala

3.1. De la subsidiariedad3

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y
eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo

3En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta
Corporación. Ver, por ejemplo, sentencia del 1º de junio de 2016 (expediente 2015-03373-00), M.P.
Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
5

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contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de
concurrir, concederá el amparo impetrado.

La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de
los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la
Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente
eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del
Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de
tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos
invocados. De manera que el amparo solo puede utilizarse cuando se han agotado
los mecanismos ordinarios de protección que el ordenamiento jurídico ha
dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En
ese sentido, la Corte Constitucional manifestó4:

La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión
o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema
jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los
jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger
con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de
elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo
específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de
tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria.
La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o
complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que
sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la
Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para
otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por
lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente.

Ahora bien, en punto de la noción de perjuicio irremediable, es claro que este se
puede definir como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la amenaza o

4 Sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

6

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría
ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera indemnización
del perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez
de tutela, pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que
provenga de acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser
atentados a los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional ha trazado una serie de criterios para identificar el
perjuicio irremediable, así5: «es aquel (i) que se produce de manera cierta y
evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de
ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la
medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la
que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que
hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales».

• Análisis de la subsidiariedad en el caso concreto

El señor Andrés Felipe Rodríguez Puerta pretende que se «ordene la cesación de
los efectos del decreto 937 de 2022», por medio del cual el Gobierno Nacional
designó a la señora Jennifer Andre Uribe Montoya, como alcaldesa encargada del
distrito de Medellín. En sentir del demandante, dicho acto vulnera sus derechos
fundamentales «a la confianza legítima, debido proceso y a la debida participación
ciudadana».

A juicio de la Sala, tal y como lo alegaron las autoridades accionadas y las demás
personas vinculadas, la presente solicitud de amparo tutela es abiertamente
improcedente, toda vez que el demandante tenía otros mecanismos judiciales
idóneos y eficaces para el fin pretendido; sin que se hubiese probado o siquiera
argumentado la existencia de un peligro o amenaza real de vulneración que
ameritara la intervención urgente del juez de tutela.

5 Corte Constitucional, sentencia T-695 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Citando

a: Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.
7

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

En efecto, al encontramos en presencia de un acto administrativo de
nombramiento, es claro que el juicio de legalidad en su contra debe surtirse por
medio del contencioso electoral, es decir, el medio de control de nulidad electoral
previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, para que el juez de lo
contencioso administrativo, como juez natural de la juridicidad de este tipo de
actos realizara el escrutinio de los reparos planteados en la demanda de tutela.
Incluso, es procedente el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho si, además de la validez del nombramiento, se pretendiera reclamar un
derecho subjetivo afectado con la designación. Así lo ha sostenido de manera
invariable la Sección Quinta de esta Corporación:

35. En consecuencia, por disposición de la ley, los actos electorales, en
especial, los de nombramiento o los de llamamiento, pueden ser
controvertidos, principalmente a través de dos vías a saber: mediante el
medio de control previsto en el artículo 139 del CPACA -nulidad electoral-, o a
través del descrito en el artículo 138 ibídem- nulidad y restablecimiento-6.

36. La precisión respecto de uno u otro medio de control, dependerá de la
finalidad que se busque con la demanda. En este sentido, la Sección ha
concluido que debe acudirse a “La nulidad electoral cuando la pretensión es
discutir la legalidad del acto declaratorio de elección o acto electoral
propiamente dicho y, la nulidad y restablecimiento del derecho, cuando el
propósito pretensional sea la obtención de un restablecimiento, expreso si
se solicita por postulación de parte, o tácito, implícito o automático, cuando
del planteamiento de la causa petendi así se advierta” 7.

37. Por lo anterior, si lo que se busca es controvertir la legalidad de un acto
electoral, se debe acudir al medio previsto en el artículo 139 del CPACA; pero
si lo que se pretende no solo es un control de la legalidad, sino,
adicionalmente, el resarcimiento de un derecho en virtud de una orden
judicial, deberá invocarse el medio de nulidad y restablecimiento. Esto es de
suma importancia, porque el uso de una u otra herramienta judicial tendrán
consecuencias distintas, desde el punto de vista procesal, en cuanto a las
cargas legales que cada uno comporta para las partes.8

Este criterio se reiteró en reciente decisión de la misma Sección Quinta:

6 Cita original de la providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Quinta del Consejo de Estado, auto del 3 de mayo de 2018, radicación número: 17001-23-
33-000-2018-00019-01, M. P. Alberto Yepes Barreiro.
7 Cita original de la providencia: Consejo de Estado, Sección Quinta, Auto de Sala del 30 de junio

de 2016, radicación 68001233300020160048401, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Ddo. Personero
de Floridablanca. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Quinta, Auto de Sala del 7 de
julio de 2016, radicación 7600123330072016-00252-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez. Ddo.:
Concejales de Tuluá.
8 Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 30 de julio de 2021, exp. 11001-03-28-000-2021-

00006-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

A partir de la expedición de la Ley 1437 de 2011, lo que determina la
procedencia de cada uno de los medios de control contencioso
administrativos, es la naturaleza del acto acusado, así como la causa petendi9
y la oportunidad10, según las reglas estipuladas por el legislador, las cuales
fueron sintetizadas por esta Sección de la siguiente manera11:

Medio de Control Acto que se puede
cuestionar
Actos generales y
Nulidad particulares solo en los
• artículo 137- eventos previstos en el
artículo 137 del CPACA.
Nulidad y Actos de carácter
Restablecimiento particular y concreto
-artículo 138-
Actos Electorales:
• Elección
Nulidad Electoral
• Nombramiento.
• artículo 139-
• Llamamiento a proveer
vacantes.
-Decretos de carácter
general dictados por el
Gobierno Nacional, cuya
revisión no corresponda a
la Corte Constitucional.
Nulidad por
• Actos de carácter
Inconstitucionalidad
general que por expresa
-artículo 135-
disposición constitucional
sean expedidos por
entidades u organismos
distintos del Gobierno
Nacional.

En cuanto al medio de control de nulidad electoral, la jurisprudencia de esta
Sección ha precisado que este se ha estatuido como expresión directa del
modelo de democracia participativa adoptado por el Constituyente de 1991,
en cuanto materializa los derechos políticos a interponer acciones públicas en
defensa del ordenamiento jurídico y a ejercer el control del poder político,
como garantías de elecciones justas y autoridades legítimas en todos los
órdenes del Estado12.

En este orden, la vía procesal para controvertir los actos que contienen una
elección, nombramiento o llamamiento es la del artículo 139 de la Ley 1437
de 201913, teniendo en cuenta que fue concebida específicamente con la

9 Cita original de la providencia: Esta locución latina, que significa «causa de pedir», hace
referencia a los fundamentos de hecho y derecho que sustentan las pretensiones de la parte
actora.
10 Cita original de la providencia: Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 29 de octubre

de 2020, Rad. 11001-03-28-000-2019-00042-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra
11 Cita original de la providencia: Consejo de Estado. Sección Quinta. Auto del 4 de marzo de 2019,

Rad. 11001-03-28-000-2019-00007-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
12 Cita original de la providencia: Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 8 de

septiembre de 2016, Rad. 25000-23-41-000-2014-00042-02, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
13 Cita original de la providencia: Artículo 139. Nulidad Electoral. Cualquier persona podrá pedir

la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los
actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden.
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

finalidad de verificar la legalidad, constitucionalidad y convencionalidad de
aquellos, en abstracto y de forma objetiva, es decir, al margen de su carácter
particular y la conducta del elegido o de la autoridad nominadora.

Y en punto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del CPACA, se tiene que, a través del mismo, toda
persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo, amparado en una
norma jurídica, puede solicitar la nulidad del acto y que se le restablezcan sus
derechos.

De esta manera, la esencia de dicha acción, está determinada en que el
restablecimiento es una pretensión consecuencial a la declaratoria de
nulidad del respectivo acto, es decir, que en el fondo hay una
necesidad de quien formula la demanda, de restablecer el derecho
que considera vulnerado por el acto administrativo, pues lleva ínsito
un interés particular y concreto. (Destaca la Subsección)

Ahora bien, como en el sub examine el tribunal de instancia rechazó el
libelo bajo el entendido de que había operado la caducidad del medio de
control de nulidad electoral, mientras que, el recurrente considera que dicho
fenómeno no ha acaecido, por cuanto formuló demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, la Sala precisa que, en materia de actos
de elección y nombramiento, su control se puede ejercer a través de
estas dos vías, así:

i) Mediante la nulidad electoral prevista en el artículo 139 del CPACA, en
caso de que la pretensión sea analizar la legalidad objetiva del acto
declaratorio de elección o acto electoral propiamente dicho y la protección
de la democracia sin pretender la reivindicación de algún derecho de orden
subjetivo y,

ii) A través del medio de control establecido en el artículo 138 de la Ley
1437 de 2011, cuando el propósito de las pretensiones sea la obtención de
un restablecimiento expreso, siempre que se solicite por postulación de
parte, o tácito, implícito o automático, cuando así se derive del
planteamiento de la causa petendi.

Así entonces, es posible que, en algunos eventos, coexistan demandas de
nulidad electoral y de nulidad y restablecimiento del derecho dirigidas
contra un mismo acto de elección, producto de un concurso de méritos,
por lo que, corresponderá al operador judicial analizar las
particularidades de cada caso, tales como, el contenido y finalidad de
las pretensiones, las normas que se consideran vulneradas, los cargos
de nulidad invocados y los presupuestos procesales de la demanda, por
ejemplo, los requisitos de procedibilidad, la caducidad, entre otros, pues,
se reitera, es excepcional que exista simultaneidad de medios de control
contra un mismo acto (…)14. (Resaltos de la Subsección).

Esta teoría también ha sido avalada por la Sección Segunda del Consejo de
Estado:

Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las
corporaciones públicas (…).
14 Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 29 de noviembre de 2021, exp. 25000-23-41-000-

2021-00908-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Esta Sala acota que en reiteradas oportunidades el Consejo de Estado15, ha
sostenido que cuando se acusa un acto de nombramiento porque se
considera ilegal con el único fin de que se resuelva tal ilegalidad, el medio
idóneo para acudir a la jurisdicción es la nulidad electoral; mientras que si se
pretende demandar un acto de nombramiento que se cree es ilegal y que
además vulnera un derecho subjetivo, con el propósito de que este se
restablezca y el acto se retire del ordenamiento jurídico, tendrá que
demandarse a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.16

Así las cosas, la tutela no puede superponerse a los medios ordinarios previstos
por el legislador para examinar un acto administrativo de nombramiento, respecto
del cual se pretenden remover sus efectos jurídicos.

Cabe recordar, además, que el proceso contencioso administrativo prevé
mecanismos como las medidas cautelares, que permiten que el juez adopte las
decisiones pertinentes para que, por ejemplo, no se vulneren derechos
fundamentales. De modo que la parte actora, en el respectivo medio de control,
podía o puede pedir la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto
administrativo que cuestiona por vía de tutela u otra petición adicional que
considerara viable para proteger sus derechos. Estas medidas cautelares son un
medio de defensa ágil y efectivo, en cuanto permiten proteger y garantizar, de
manera provisional, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

Sobre la eficacia de las medidas cautelares en los procesos ordinarios para la
protección de los derechos fundamentales, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación consideró:

En estos términos, se concluye que: i) lo que ahora se discute a través de la
acción de tutela se podrá discutir promoviendo el proceso de nulidad o nulidad
y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que la suspensión
provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que
la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el
proceso, b) procede para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la
contradicción que se exige para suspender el acto administrativo ya no tiene el
rigor y la exigencia del pasado: que sea ostensible; de hecho se puede hacer
un estudio complejo para concluirlo17.

15 Cita original de la providencia: Sobre el tema ver: Consejo de Estado, Sección Quinta. Auto de 1.

° de julio de 2014, Radicado No. 81001-23-33-000-2012-00039-02.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de junio de 2020, exp. 3887-16, M.P.

William Hernández Gómez.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Providencia del 5 de marzo de

2014. Expediente No. 25000-23-42-000-2013-06871-01. Demandante: Gustavo Francisco Petro
Urrego.
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De otra parte, de la lectura de la solicitud de tutela no se desprende un raciocinio
concreto, serio y fundado del actor frente a la ocurrencia cierta e inminente de un
perjuicio irremediable que justifique la intervención urgente del juez de tutela.
Recuérdese que, conforme a la orientación de la Corte Constitucional, «la
valoración del perjuicio irremediable exige que concurran los siguientes elementos:
en primer lugar, que sea cierto, es decir, que existan fundamentos empíricos
acerca de su probable ocurrencia; en segundo lugar, debe ser inminente, o sea,
que esté próximo a suceder; en tercer lugar, que su prevención o mitigación sea
urgente para evitar la consumación del daño»18.

Se insiste, el perjuicio irremediable no lograr apreciarse en este caso, ante la
eficacia de las medidas cautelares y la ausencia de una argumentación sólida en
perspectiva constitucional que siquiera genere dudas sobre su procedencia como
mecanismo transitorio.

En todo caso, si lo que la parte pretendía era la cesación de los efectos del acto o
de las funciones de la alcaldesa designada en encargo, ocurre que desde el 21 de
junio pasado cesaron los efectos del encargo, al desaparecer la circunstancia que
dio origen a la expedición de dicho acto, pues es un hecho notorio recogido por los
diferentes medios de comunicación masiva que se levantó la suspensión temporal
del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. En igual sentido, obra en la página
de la Procuraduría General de la Nación comunicado de prensa de la misma
fecha19.

Por lo anterior, la Sala declarará improcedente la acción de tutela promovida por el
señor Andrés Felipe Rodríguez Puerta.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

18 Ver, entre otras, la sentencia T-554 del 20 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
19 https://www.procuraduria.gov.co/portal/PROCURADURIA-LEVANTO-SUSPENSION-
PROVISIONAL-DEL-ALCALDE-DE-MEDELLIN_-ANTIOQUIA.news
12

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03039-00
Demandante: Andrés Felipe Rodríguez Puerta
Demandado: presidente de la República y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

F A L L A:

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela, instaurada por por Andrés
Felipe Rodríguez Puerta, de conformidad con lo señalado en la parte
considerativa.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica
mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el
sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el
siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

13

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