Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-03053-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-03053-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-03053-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
15 de junio de 2023
Demandantes: Héctor Arturo Rodríguez Escobar y otros
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03053-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03053-01
Demandantes: HÉCTOR ARTURO RODRÍGUEZ ESCOBAR Y OTROS
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas: Tutela de fondo – confirma sentencia de primer grado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve las impugnaciones presentadas por la Agencia de Renovación
del Territorio y la Unidad Nacional de Protección contra la sentencia proferida en
primera instancia el 27 de octubre de 2022, por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado.
En esta providencia se ampararon los derechos fundamentales al debido
proceso, a la vida digna, a la seguridad y al mínimo vital de las familias inscritas
al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, en el
corregimiento de Llorente del municipio de Tumaco (Nariño) congregados en la
Asociación Porvenir Campesina.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El señor Héctor Arturo Rodríguez Escobar, actuando en nombre propio y
en representación de las familias inscritas al Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) del corregimiento de Llorente (Tumaco)
congregadas en la Asociación Porvenir Campesina (en adelante Asoporca)
instauró acción de tutela contra la Presidencia de la República, la Dirección para
la Sustitución de Cultivos Ilícitos y la Agencia de Renovación Territorial. Con la
solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al
mínimo vital, a la igualdad, a la vida, a la seguridad y al debido proceso.
2. La transgresión de los derechos constitucionales mencionados se la
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adjudicó a la presunta falta de implementación de algunos puntos de los Planes
de Atención Inmediata (PAI)1, suscritos en el Acuerdo Colectivo pactado entre
Asoporca y otros con el Gobierno Nacional y otros, el 26 de agosto de 2017.
1.2. Pretensiones
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
PRIMERA-. Tutelar los derechos fundamentales de Orden Constitucional
consagrados en los artículos 13 y 22 como lo son: El derecho fundamental a la
vida, a la igualdad, en conexidad con el derecho al mínimo vital. Así como la
protección del interés prevalente de las personas pertenecientes a comunidades
campesinas, los cuales están siendo vulnerados en las circunstancias de modo,
tiempo y lugar, precisados en esta sentencia por parte de la CONSEJERÍA
PRESIDENCIAL PARA LA ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN - DIRECCIÓN
PARA LA SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS, AGENCIA DE RENOVACIÓN
TERRITORIAL, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA a la Asociación Porvenir
Campesina (ASOPORCA).
SEGUNDA-. Ordenar a la CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA
ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN, en forma imperiosa y urgente a que se
cumplan con los procedimientos de asistencia técnica y el desarrollo del proyecto
de seguridad alimentaria del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
de uso Ilícito en un plazo razonable a ASOPORCA. Todo esto, con el fin de
EVITAR UN PERJUICIO IRREMEDIABLE.
TERCERA-. Ordenar a la CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA
ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN- DIRECCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN
DE CULTIVOS ILÍCITOS, AGENCIA DE RENOVACIÓN TERRITORIAL,
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA a cumplir en un plazo razonable con los pagos
bimensuales de seguridad alimentaria del Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos de uso Ilícito con respecto a las 619 familias de
ASOPORCA afectadas con la suspensión o eliminación de esta ayuda.
CUARTA-. Ordenar a la CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA
ESTABILIZACIÓN Y LA CONSOLIDACIÓN- DIRECCIÓN PARA LA
SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS, AGENCIA DE RENOVACIÓN
TERRITORIAL, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA a cumplir activamente en un
plazo razonable con el desarrollo de los proyectos de ciclo corto y largo del
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito a las familias
inscritas en ASOPORCA.
QUINTA-. Ordenar a la CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA
ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN a reintegrar a las personas y familias de
ASOPORCA que fueron suspendidas, retiradas y/o excluidas del programa debido
a las cotizaciones que realizaron al sistema de seguridad social. (Sic a toda la cita).
1 Los cuáles serán desarrollados en el acápite de antecedentes.
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1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. El 24 de noviembre de 2016 se suscribió el Acuerdo Final para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, entre
el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –
Ejército del Pueblo (FARC – EP).
6. El punto 4. de dicho acuerdo se denominó «Solución al Problema de las
Drogas Ilícitas». En el numeral 4.1. se dispuso que el Gobierno crearía y pondría
en marcha un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
(en adelante PNIS), «en particular para las comunidades campesinas en
situación de pobreza», con el fin de encontrar una solución económica y social
definitiva y sostenible para las poblaciones afectadas por la erradicación de este
tipo de cultivos.
7. La parte actora adicionó que en el punto 6.2.3., literal c, se dispuso la
necesidad de fortalecer los sistemas de seguridad de los pueblos étnicos. En
cuanto al literal d, del mismo numeral, indicó que se estableció la garantía de la
participación y consulta de las comunidades y organizaciones representantes de
los pueblos étnicos en el diseño y ejecución del PNIS.
8. El 26 de mayo de 2017, la Gobernación de Nariño, el alcalde municipal de
Tumaco, el director de la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, el
delegado de las FARC EP y los representantes de las organizaciones sociales
Recompas, Coccam, Asominuma, Asoporca, Sabaleta, Pianulpi – La Guarapera,
La Espriella, La viña y La Guayacana, todas del departamento de Nariño firmaron
un acuerdo colectivo.
9. El 29 de mayo de 2017, mediante el Decreto 896, se materializó la creación
del PNIS. El objeto del programa es «promover la sustitución voluntaria de
cultivos de uso ilícito, a través del desarrollo de programas y proyectos para
contribuir a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las
familias campesinas que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito».
10. Dentro de los compromisos a cargo de las comunidades estuvieron, entre
otros:
(i) El levantamiento manual total de los cultivos de uso ilícito, incluida la raíz,
en un plazo máximo de 60 días calendario contados a partir del primer
desembolso por concepto de asistencia alimentaria.
(ii) No resembrar, cultivar, ni involucrarse en labores asociadas a los cultivos
de uso ilícito.
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(iii) Participar activamente en la construcción, ejecución y seguimiento del
PISDA.
(iv) Intervenir en actividades relacionadas con la asistencia técnica.
11. En cuanto al Gobierno Nacional, se comprometió a cumplir con los
componentes del PAI, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.3.6. 2
del acuerdo final. Respecto al PAI, en el acuerdo colectivo se estableció lo
siguiente:
1) Plan de Atención Inmediata (PAI), para los núcleos familiares de
cultivadores y cultivadoras:
Durante el primer año: 1) Realizar la entrega de la Asistencia Alimentaria Inmediata
para desarrollar actividades de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito,
preparación de tierras para siembras legales o trabajos de interés comunitario,
hasta por 12 meses por valor de $1.000.000 mensuales, el cual se entregará a
cada familia de manera bimestral por valor de $2.000.000. 2) Invertir por familia
para el proyecto de auto sostenimiento y seguridad alimentaria la suma de
$1.800.000, por una sola vez. 3) Invertir por núcleo familiar para el proyecto de
ciclo corto e ingreso rápido la suma de $9.000.000 por una sola vez.
(…)
Durante el segundo año: Para asegurar a las familias mejores ingresos y
condiciones de vida dignas, el Gobierno Nacional invertirá por familia, a partir del
segundo año, $10.000.000 (…) para proyectos productivos de ciclo largo y sufragar
mano de obra (…).
12. En el caso de Asoporca, el accionante refirió que 4364 familias vinculadas
a esta asociación suscribieron acuerdos individuales en procura de
comprometerse con lo dispuesto en el PNIS y el Acuerdo Colectivo de 26 de
agosto de 2017, así como para recibir los beneficios respectivos que les
permitieran cambiarse a una opción legal para recibir ingresos.
13. Refirió que transcurridos 5 años desde la firma del Acuerdo Colectivo y los
formularios individuales, a 619 familias les adeudan dineros por concepto de
seguridad alimentaria, mientras que de estas, a 282 no les han dado ninguna
suma por este concepto. Señaló que 89 núcleos familiares fueron suspendidos
del programa y 337 excluidos, sin que se les notificara alguna decisión ni se les
permitiera ejercer su derecho de defensa.
14. Afirmó que ninguna de las familias congregadas en Asoporca en el
corregimiento de Llorente han recibido los proyectos productivos de ciclo corto e
ingreso rápido ni de ciclo largo.
2 Componentes de los planes integrales de sustitución.
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1.4. Sustento de la vulneración
15. La parte accionante solicitó que se tengan en cuenta el Acto Legislativo 02
de 2017, el Decreto 896 de 2017, el Acuerdo Final para la terminación del
conflicto armado interno para la construcción de una paz estable y duradera y
especialmente las sentencias C-630 de 2017 y C-493 de 2017 de la Corte
Constitucional.
16. Precisó que en este caso se cumplen todos los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela. Agregó que la vulneración que se alega por
esta vía comporta un perjuicio irremediable. Explicó que el PAI aún no se ha
completado y hay familias a quienes no se les ha otorgado la asistencia
alimentaria. Aludió que las afectaciones son de alta gravedad para el derecho al
mínimo vital de las personas de su comunidad.
17. Indicó que con la firma del Acuerdo Final de Paz, el Gobierno Nacional
adquirió un conjunto de compromisos de connotación internacional que impactan
en la toma de decisiones e implementación de políticas públicas en el país.
Asimismo, que el Acto Legislativo 02 de 2017 constituye un marco de referencia
para lo que debe realizar el Gobierno en procura de atender las obligaciones a
las que se comprometió. Explicó que en el inciso 2 del citado Acto Legislativo se
dispuso que:
Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de
buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las
actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos
normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar
coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los
compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.
18. Aludió que la Corte Constitucional señaló que la disposición citada en el
párrafo anterior generó tres efectos:
El Acuerdo es una política de Estado. Es decir, que es una estrategia de
mediano y largo plazo para la consolidación de una paz estable y
duradera.
En el Acuerdo se estableció una obligación de medios que implica que el
Estado realice su mejor esfuerzo para cumplir con los compromisos
pactados.
Allí se dispuso que todas las instituciones públicas del país deben cumplir
los contenidos y finalidades del Acuerdo.
19. Añadió que la Rama Judicial también está sujeta a los efectos otorgados
por la Corte Constitucional al Acto Legislativo 02 de 2017 en la sentencia C-630
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de 2017. Explicó que el control constitucional de las normas del Acuerdo
constituye un criterio de validez. En ese sentido, aludió que todos los jueces de
la República tienen el deber de garantizar la preservación de los postulados del
Acuerdo en los asuntos bajo sus competencias, así como de comprometerse con
el desarrollo y ejecución de los planes que allí se fijaron.
20. Señaló que el PAI fue desarrollado en el literal a del punto 4.1.3.6. y fue
incluido como uno de los compromisos del Acuerdo Colectivo y de los formularios
de inscripción individual. Precisó que este constituye un conjunto de medidas de
apoyo económico de mediano y largo plazo.
1.4.1. Los Acuerdos Colectivos y los formularios individuales son
vinculantes
21. Manifestó que 4364 familias del corregimiento de Llorente congregadas en
Asoporca se comprometieron con el Gobierno Nacional a cumplir lo pactado en
el PNIS. Ello implicaba que tuvieran derecho al PAI individual y comunitario, a
que se les entregaran los proyectos productivos de seguridad alimentaria, los de
ciclo corto y ciclo largo, entre otros. Discutió que tanto el Acuerdo Colectivo, como
los formularios individuales, fueron desconocidos.
22. Alegó que la Consejería Presidencial para la Estabilización y la
Consolidación (en adelante CEC) mencionó que los Acuerdos Colectivos y
formularios individuales no eran vinculantes para el Estado en el «informe de
gestión del PNIS a corte de 2019». A juicio de la parte actora tales declaraciones
son contrarias a la Constitución Política y a la Ley. Esto, dado que el Acto
Legislativo 02 de 2017 estableció que era obligación del Estado y sus
instituciones cumplir con los pactos del Acuerdo de buena fe.
23. Indicó que las aseveraciones de la CEC demuestran la mala fe del PNIS
para omitir los compromisos acordados con el Acuerdo Colectivo que suscribió
Asoporca y los formularios individuales. Refirió que ello desconoce jurisprudencia
tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado. Al respecto, citó la
sentencia del 7 de abril de 2014 (exp. 11001-03-24-000-2013-00055-00) en la
que se indicó que los procesos consensuados del Estado «constituye en un
mecanismo articulador de la participación ciudadana y en un instrumento
orientado a la ponderación de derechos e intereses».
1.4.2. Pese a la vinculatoriedad de los Acuerdos Colectivos, se encuentra
incumplido el punto 4 respecto de los núcleos familiares de Asoporca que
suscribieron formularios individuales
24. Informó que distintas familias que suscribieron los formularios individuales
han sido suspendidas y ello ha impedido que reciban los beneficios del PNIS. Al
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respecto, refirió que 4298 recibieron la asistencia técnica a marzo de 2021. En lo
que refiere a los proyectos de ciclo corto y largo, no se han recibido por ninguna
de las familias adscritas a Asoporca, del municipio de Llorente.
25. Adicionó que 337 personas fueron retiradas del programa y 89
permanecen suspendidas. A 619 familias se les adeudan pagos
correspondientes a la seguridad alimentaria y 282 no han recibido ningún monto
por ese mismo concepto.
1.4.3. El incumplimiento del Acuerdo Colectivo y los acuerdos individuales
suscritos por las familias del municipio de Llorente adscritas a Asoporca
vulnera distintos de sus derechos constitucionales fundamentales
26. Aludió que se transgredió el derecho fundamental a la igualdad de las
personas y familias adscritas a Asoporca que, estando en la misma situación de
otros pertenecientes a otras asociaciones, los retiraron del programa.
27. Asimismo, que se conculcó el derecho al mínimo vital, pues el PNIS
generó la expectativa de mejorar los proyectos de vida de quienes se
comprometieron con la erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito, para a
su vez, recibir incentivos económicos. No obstante, el acogerse al PNIS les
ocasionó todo lo contrario, ya que estas personas dejaron de desarrollar la
actividad económica ilegal en la que se desempeñaban, pero no obtuvieron la
retribución que se suponía que tendrían.
28. Refirió que de los estudios realizados por el Instituto de Estudios Políticos
de la Universidad Nacional de Colombia realizados en 2019 y 2021 a personas
que se comprometieron con el PNIS en Tumaco, se encontró que los ingresos
reportados en 2021 son inferiores al del 2019. Así, mientras en 2019 lo
devengado osciló entre $900.000 y $700.000, en 2021 fue de $500.000 y
$400.000.
29. Puso de presente que varias de las personas de Asoporca que
suscribieron el PNIS también están inscritas en el Registro Único de Víctimas (en
adelante RUV). Sin embargo, por esta situación han sido desvinculados del RUV,
bajo el argumento de que no es posible percibir doble ingreso proveniente del
Estado, sin que se tuviera en cuenta que los pagos otorgados por el PNIS no son
puntuales aunado a que muchas personas no han recibido un solo pago.
30. Agregó que las familias representadas por Asoporca son campesinos y
trabajadores rurales sujetos de especial protección en ciertos escenarios. Al
respecto, expuso que, de conformidad con la sentencia SU-213 de 2021 se
estableció que este tipo de personas merecen la protección constitucional de
acuerdo a su nivel de marginalización y vulnerabilidad socioeconómica. Entre
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estos se encuentra la población desplazada por la violencia, las madres cabeza
de familia, los menores y el adulto mayor.
31. De acuerdo con lo anterior, en su sentir, las familias de Asoporca se
enmarcan dentro de los sujetos de especial protección en tanto que allí hay
afrodescendientes, madres cabeza de familia, menores, adultos mayores, y
especialmente, víctimas del conflicto armado.
32. Aseveró que se desconocieron los derechos fundamentales a la vida y a
la integridad física de los líderes sociales que impulsaron la sustitución de
cultivos de uso ilícito y que hacen parte de Asoporca. Ello, dado que, ante el
incumplimiento de los compromisos del Gobierno Nacional con la comunidad, los
líderes han sido amenazados y asesinados por promover el programa.
33. Informó que, de conformidad con un estudio elaborado por el Observatorio
de Restitución y Regulación de los derechos de propiedad agraria, entre los años
2016 y 2019 han asesinado alrededor de 47 líderes sociales que incentivaron la
erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito en sus comunidades. En cuanto
a 2020, se reportaron 75 homicidios.
34. Comentó que, de conformidad con el Programa Somos Defensores
realizado por la Universidad de los Andes, en las zonas donde se implementó el
PNIS hubo un aumento del asesinato de líderes sociales. De otro lado, en el
Tercer Informe al Congreso sobre el Avance en la Implementación del Acuerdo
de Paz, la Procuraduría General de la Nación ha manifestado que es necesario
implementar estrategias integrales de seguridad «que permitan intensificar la
lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, que son una
amenaza para los líderes de sustitución y en general para la sostenibilidad del
Programa».
1.5. Trámite de primera instancia
35. Por auto de 10 de junio de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
admitió esta solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar en calidad
de accionados al presidente de la República, a la Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación, a la Agencia de Renovación del Territorio y a
la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos.
36. Adicionalmente, ordenó vincular en calidad de terceros con interés a la
Gobernación de Nariño, a la alcaldía de Tumaco y al Fondo Colombia en Paz.
37. De otro lado, por auto de 19 de julio de 2022, el despacho ponente de la
primera instancia dispuso:
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(i) Tener como parte actora tanto a Asoporca, como al señor Héctor Arturo
Rodríguez Escobar, quien interpuso esta tutela en su nombre y en el de la
asociación.
(ii) Requerir a Asoporca para que informara sobre su relación con las familias
del corregimiento de Llorente (Tumaco) explicara de qué forma se congregaron
esos grupos en la asociación y qué servicios les presta.
(iii) Requerir a la Consejería Presidencial para la Estabilización y la
Consolidación - CEC para que acreditara el cumplimiento de los pagos por
concepto de asistencia alimentaria y de los proyectos de auto sostenimiento y
ciclo corto e ingreso rápido y largo con respecto a las familias del municipio de
Llorente.
(iv) Requerir a la Agencia de Renovación del Territorio para que aportara la
Resolución N.° 24 de 2020, o la norma que regula actualmente el protocolo de
suspensión o exclusión de los usuarios del PNIS.
(v) Vincular en calidad de terceros con interés a la Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC), a la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas (UARIV), a la Fundación Panamericana para el Desarrollo
Colombia (FUPAD) y a la Unidad Nacional de Protección (UNP).
1.6. Intervenciones
1.6.1. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República –
presidente de la República
38. Solicitó que se declara improcedente el mecanismo constitucional, o que
en su lugar, se desvinculara de esta tutela tanto al DAPRE, como al presidente
de la República. Esto, teniendo en cuenta que ninguna de estas entidades tiene
la competencia para adoptar las medidas solicitadas en las pretensiones.
39. Aludió que la función del DAPRE se circunscribe a asistir al presidente de
la República como jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad
administrativa.
40. Indicó que la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito se
encontraba adscrita a la Consejería Presidencial para el Posconflicto del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, pero
actualmente hace parte de la Agencia de Renovación del Territorio.
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41. En ese sentido, solicitó la desvinculación de la Presidencia de la República
y del presidente de la República. De forma subsidiaria, pidió que se declare
improcedente ante la falta de hechos atribuibles a estas autoridades.
1.6.2. Agencia de Renovación del Territorio (en adelante (ART)
42. Puso de presente que en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 se
cambió su adscripción. En ese sentido, pasó de estar en el sector de agricultura
y desarrollo rural, a la Presidencia de la República, con el fin de dar cumplimiento
e implementación a la política pública de «paz con legalidad». Precisó que dentro
de otros ajustes realizados, se creó la Dirección de Sustitución de Cultivos de
Uso Ilícito (en adelante DSCI), mediante el Decreto 2107 de 20193.
43. Mencionó que la DSCI tiene dentro de sus funciones la puesta en marcha
y funcionamiento del PNIS. Pese a ello, la acción de tutela no es la vía para
controvertir sus decisiones administrativas, dado que quienes persigan tal
cuestión tienen a su alcance el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
44. Refirió que los acuerdos colectivos, de conformidad con el Acuerdo Final
de Paz y el Decreto 896 de 2017 son instrumentos a través de los cuales se
socializa y materializa la formalización de los compromisos derivados del PNIS.
45. Añadió que la Corte Constitucional estudió el Decreto 896 de 2017 en la
sentencia C-493 de 2017. Al respecto, declaró exequible el apartado que indica
que la vinculación al PNIS es por grupos familiares. Sobre el PNIS en concreto,
explicó que en la hoja de ruta metodológica se definieron unas etapas previas a
la implementación, luego el acuerdo colectivo y finalmente los acuerdos
individuales suscritos por los representantes de los núcleos familiares. Estos
últimos documentos se caracterizan por contener la voluntad expresa e
inequívoca de quienes los suscriben de sustituir sus cultivos de uso ilícito y de no
realizar ninguna actividad de este tipo.
46. Comentó que se firmaron 99097 acuerdos individuales con familias
ubicadas a nivel nacional en zonas con presencia de cultivos ilícitos. Respecto
de Asoporca, señaló que no ostenta legitimación en la causa por activa como sí
lo hace un consejo comunitario. No obstante, de esta asociación se vincularon a
través de acuerdos individuales 4335 familias del corregimiento de Llorente. De
estos, 3927 se encuentran activos, 19 núcleos familiares se encuentran
suspendidos y 410 fueron retirados por incumplir los requisitos.
47. Sobre las personas retiradas, expuso que de conformidad con el punto 4.1.
del Acuerdo Final, cuando se presenta incumplimiento de los requisitos para ser
3 Derogado por el Decreto 1223 de 2020).
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beneficiario del PNIS o se desatienden los compromisos suscritos de forma
voluntaria a través de los acuerdos individuales, sin que medie un motivo
catalogado como de fuerza mayor o caso fortuito, procede retirar el
correspondiente núcleo familiar.
48. Destacó que el decreto mediante el cual se creó el PNIS no definió un
procedimiento administrativo de exclusión o suspensión, ni ordenó que alguna
entidad o dependencia se encargara de regular el tema. En ese sentido, a su
juicio, corresponde seguir el procedimiento administrativo general.
49. De conformidad con lo anterior, la actuación administrativa inicia con la
suspensión preventiva y temporal de la entrega de los beneficios, en procura de
salvaguardar los recursos públicos. Por ende, en cuanto el beneficiario deja de
recibir las ayudas, conoce públicamente que ello ocurrió por suspensión temporal
del programa.
50. A través de la Resolución 24 de 2020 se incorporó el trámite conminatorio
a través del cual se comunica en lugares de amplia circulación y difusión del
territorio y se persuade a los usuarios a atender sus compromisos respecto al
PNIS. Así, desde ese momento, los beneficiarios cuentan con la posibilidad de
subsanar la situación que se haya presentado o allegar las pruebas que estimen
pertinentes.
51. En caso de establecerse un incumplimiento injustificado y haya lugar a la
exclusión, se expide un acto administrativo motivado que es notificado de forma
personal, por aviso o por publicación. Contra esta decisión procede el recurso de
reposición y la eventual demanda ante el juez de lo contencioso administrativo.
52. En lo que atañe a los hechos, señaló que el propósito del PNIS fue el
diseño de la política pública para solucionar el problema de las drogas ilícitas que
durante tantas décadas han sido un flagelo para el país. Especialmente para las
zonas marginalizadas y en condición de pobreza extrema y débil presencia
institucional.
53. Sobre el proceso de individualización de las familias y suscripción de los
acuerdos por núcleo familiar, explicó que la inscripción se llevó a cabo entre 2017
y 2018. Adicionalmente, que el proceso se realizó en 56 municipios del país y se
suscribieron a los formularios individuales 99.097 familias. A corte de diciembre
de 2021, se encontraban suscritas al PNIS 67.606 familias cultivadoras, 14.635
no cultivadoras y 16.856 recolectores.
54. Refirió que ni el Acuerdo Final de Paz, ni el Decreto 896 de 2017,
contemplan montos específicos que deban ser entregados por el Gobierno
Nacional para el desarrollo del PNIS. Añadió que el PNIS tiene una vigencia de
10 años y que el itinerario no tiene una naturaleza jurídica vinculante, dado que
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no se encuentra adoptado en ninguna norma, ni contrato suscrito entre los
beneficiarios y el Estado.
55. De conformidad con lo anterior, la implementación del PNIS no cuenta con
una fuente de financiación. Para el efecto requiere lo que le destine el Ministerio
de Hacienda.
56. Alegó que el Gobierno de la época no tuvo en cuenta los aspectos
operativos, técnicos y logísticos que conllevaría la implementación del PNIS.
Aludió que los tiempos dispuestos no eran realistas. Explicó que «Solo en las
primeras tres etapas: identificación de zonas de intervención, suscripción de
acuerdos colectivos e inscripción de familias mediante la firma de acuerdos
individuales podría tardar varios meses con la efectiva vinculación tras la
presentación de la documentación completa por parte de cada familia.
Posteriormente, debía existir la sincronización entre el primer pago, el tiempo
para la caracterización y verificación de erradicación por parte de UNODC y, el
segundo pago, donde se presentaron los primeros desfases».
57. Aseveró que la asistencia técnica debió iniciarse a partir del cuarto mes de
la ruta de intervención, pero que ello no fue posible por ausencia de los protocolos
para la implementación. Pese a ello, puso de presente que la DSCI ha venido
dando cumplimiento a los compromisos pactados. Específicamente en el núcleo
veredal de Llorente «a corte abril de 2022 ha asegurado la inversión de
$106.233.528.141, de los cuales $38.425.801.110 se han destinado para
materializar los proyectos productivos, $8.122.781.357 para el componente de
seguridad alimentaria, $1.410.986.935 se han destinado para financiar los
monitoreos de erradicación, $268.453.811 destinado a la atención a recolectores,
$9.572.190.614 correspondientes a la atención de Asistencia Técnica Integral, y
$48.433.314.314 destinados al componente de Asistencia Alimentaria Integral».
58. Respecto al caso en cuestión, afirmó que en virtud de la Convocatoria 007
del Fondo Colombia en Paz está atendiendo 605 familias de la zona de Llorente.
59. Sobre la legitimación en la causa por activa, refirió que quien interpone la
acción de tutela debe actuar en su nombre, en calidad de agente oficioso o como
apoderado judicial. En este caso, la parte actora no acreditó porque actuó en
nombre de las familias del Consejo Comunitario del corregimiento de Llorente
que se inscribieron al PNIS. Tampoco informó por qué tales personas no podían
actuar en nombre propio.
60. Por lo anterior, a juicio de la ART en el asunto bajo estudio se debe
declarar la falta de legitimación en la causa por activa del señor Rodríguez
Escobar. Esto, teniendo en cuenta que no cumplió con la carga procesal que le
exige el ordenamiento jurídico sobre la facultad de agenciar derechos ajenos.
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61. De otro lado, alegó que en algunos casos se pueden superar los requisitos
generales de procedibilidad, puntualmente la subsidiariedad y la inmediatez, si
se trata de evitar un perjuicio irremediable. Sin embargo, quien alega una
situación de tal magnitud tiene la carga de probarla, circunstancia que no se
encuentra acreditada o si quiera someramente comprobada en este caso.
62. Finalmente, advirtió que para la salvaguarda de los derechos e intereses
colectivos se diseñaron las acciones populares y de grupo. Asimismo, que frente
a las familias retiradas y suspendidas del programa se cuenta con el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que la
decisión de retiro se encuentra dispuesta en actos administrativos que gozan de
presunción de legalidad.
1.6.2.1. Con ocasión del requerimiento que le realizó el a quo a esta entidad en
el auto de 19 de julio de 2022, el organismo aportó un nuevo memorial en el que
informó que la asistencia alimentaria es el único beneficio que se entrega en
efectivo y se le desembolsa a cada núcleo familiar a través del convenio suscrito
entre el patrimonio autónomo Fondo Colombia en Paz y el Banco Agrario de
Colombia. Al respecto, afirmó que se han realizado 22.575 pagos a 4.709 núcleos
familiares del sector de Llorente, del municipio de Tumaco.
63. Con relación a los proyectos de auto sostenimiento y seguridad
alimentaria, manifestó que son ayudas que se entregan en especie. Para el caso
de Llorente, la UNODC entregó lo correspondiente a 3755 familias, la
Organización de Estados Iberoamericanos a 179 familias y la Fundación
Panamericana para el Desarrollo está en curso de entregar lo propio a 14 núcleos
priorizados. Aclaró que el número de familias atendidas puede variar respecto de
las inscritas porque las entregas las reciben quienes se encuentren activos, con
ocasión del cumplimiento constante y actual de los compromisos.
1.6.3. Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a
las Víctimas – UARIV –
64. Comentó que los primeros requisitos para que una persona pueda acceder
a la indemnización administrativa es haber declarado ante el Ministerio Público
su condición de víctima y estar inscrito en el Registro Único de Víctimas – RUV.
De conformidad con ello, procedió a verificar si Asoporca se encontraba
registrada como sujeto colectivo, pero encontró que no ostenta tal calidad ni se
le ha revocado ninguna inscripción.
65. Señaló que no tiene competencia legal ni funcional para desarrollar los
proyectos del PNIS, ni de integrar a las familias de Asoporca que han sido
suspendidas o retiradas de los beneficios. De igual forma, que no tiene ninguna
injerencia en los procedimientos de asistencia técnica ni seguridad alimentaria
que se han desarrollado con ocasión del proceso de paz.
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66. Por lo anterior, aludió que carece de legitimación en la causa por pasiva y
solicitó que se le desvinculara. De forma subsidiaria, pidió que se declare
improcedente este mecanismo constitucional ante la inexistencia de vulneración
de los derechos que se alegan transgredidos por parte de esta entidad.
1.6.4. Unidad Nacional de Protección – UNP –
67. Aseveró que a la fecha en la que contestó la tutela había iniciado un
estudio de evaluación de riesgo respecto de 10 colectivos del municipio de
Tumaco. De estos, se finalizaron 10 con riesgo extraordinario. Adicionalmente,
remitió la siguiente información sobre los líderes sociales protegidos del
municipio:
68. En lo que atañe al accionante, puso de presente que desde 2017 ha
estudiado su situación de riesgo, y de hecho «pertenecía a una de las
poblaciones objeto del programa de protección que lidera la UNP, en los términos
del numeral 2 del artículo 2.4.1.2.6 del Decreto 1066 de 2015, que se refiere a
2.11. Dirigente y/o representante organizaciones campesinas, por lo que se inició
la respectiva ruta ordinaria de protección reglada en el Decreto en mención».
Aludió que actualmente se encontraba estudiando nuevamente el caso del citado
ciudadano.
69. Indicó que su objeto no tiene relación con los hechos que motivaron la
interposición de este mecanismo de amparo y que quienes deben responder por
las pretensiones del actor son la ART, la Presidencia de la República y la CEC.
Por ello, solicitó que se le desvincule de este trámite.
1.6.5. Fondo Colombia en Paz
70. Indicó que los hechos sobre los que versa esta tutela tienen que ver con
los acuerdos individuales suscritos por cada uno de los núcleos familiares que
voluntariamente decidieron hacer parte del PNIS con el Gobierno Nacional,
delegados de las FARC líderes sociales del respectivo municipio, sin que este
organismo haya tenido injerencia alguna en ello.
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71. Precisó que las entidades competentes para definir la situación del
accionante son la Presidencia de la República, la CEC y la DSCI. Por ello, solicitó
que se declare la improcedencia de esta tutela o que se le desvincule del proceso.
1.6.6. Observatorio de Tierras y Directora de la Clínica Jurídica de Propiedad
Agraria, Restitución de Tierras y Víctimas de la Universidad del Rosario
72. Expuso que ha evidenciado el incumplimiento de las accionadas respecto
al PNIS y la violación de los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo
vital, al debido proceso, a la vida y a la integridad personal de la parte actora.
Refirió que su intervención se sustenta en los datos recolectados en el marco de
un proyecto de investigación académica.
73. Indicó que los resultados obtenidos son del 95% de confiabilidad con un
margen de error que no supera los 4.8%.
74. Precisó que la siguiente gráfica muestra la secuencia de implementación
del PNIS:
75. Informó que del reporte realizado por la UNODC con corte a 31 de
diciembre de 2020, se demostró que la erradicación voluntaria de cultivos de uso
ilícito a nivel nacional alcanzaba el 98%, mientras que en el departamento de
Nariño era del 99%. De otro lado, comentó que el nivel de resiembra en el ente
territorial mencionado era de tan solo el 1%. Afirmó que de distintas encuestas y
de los estudios antes citados, era evidente que los usuarios que hicieron parte
del PNIS en Tumaco cumplieron con los componentes del PNIS.
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76. Por el contrario, aludió que el Gobierno Nacional ha incumplido su parte
del PNIS desde la ausencia de suscripción de Acuerdos Colectivos. Indicó que
en el departamento de Nariño suscribió 19, y para 2021 solamente había iniciado
acuerdos individuales con dos municipios. De otro lado, en aquellos lugares en
los que ya inició la firma de los acuerdos individuales, no se inscribieron a la
totalidad de las familias. Sobre este punto trajo la siguiente gráfica:
77. Manifestó que también se han desatendido las instancias de participación
del PNIS y que los usuarios alegan que no hay claridad frente a los criterios de
selección ni de la periodicidad con la que se reúnen las instancias a tomar este
tipo de decisiones.
78. Con respecto al plan de atención inmediata (PAI) aseveró que algunas
familias encuestadas informaron que no se le dio continuidad al pago de
asistencia alimentaria, mientras que otras informaron que las cancelaciones se
encuentran retrasadas. La siguiente imagen expone la situación:
79. Añadió que se ha incumplido la política de tratamiento penal diferenciado
y la política de drogas. Asimismo, que es cierto que la situación de riesgo para
los líderes sociales ha incrementado con ocasión de los incumplimientos del
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PNIS. Sobre ello, comentó que «[e]ntre el año 2016 y diciembre de 2019 se han
registrado 47 asesinatos contra los líderes que habían promovido la sustitución
de cultivos de uso ilícito, siendo el año 2018 el año que más registra asesinatos,
con la cifra de 27 asesinatos a líderes de sustitución. De estas cifras el 83% de
las víctimas correspondían a personas relacionadas directamente con el PNIS,
mientras el 16% pertenecían a otros procesos de sustitución de cultivos de uso
ilícito diferentes al PNIS».
80. Acerca de la suspensión y exclusión de las familias beneficiarias del PNIS,
infirió que de las cifras que arrojaban los estudios de 2019, se encontraba que
cerca de diez mil núcleos estaban suspendidos, mientras que otros seis mil
habían sido retirados. Aludió que estos procesos se llevaron a cabo de manera
arbitraria porque a las personas no se les explicaba el porqué de tales decisiones.
Puso de presente que, en la actualidad no era posible saber con exactitud
cuantas familias se encontraban suspendidas o retiradas del PNIS.
1.6.7. Fundación Panamericana para el Desarrollo
81. Informó que suscribió con el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, en
su calidad de vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia
en Paz, el Convenio de Asociación Nro. 1041 de 2021, cuyo objeto es «[A]unar
esfuerzos técnicos, financieros y administrativos entre el Fondo Colombia en Paz,
la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito (en adelante "DSCI) de la
Agencia de Renovación del Territorio - ART y la Fundación Panamericana para
el Desarrollo (FUPAD), para el fortalecimiento de la sustitución voluntaria de
cultivos ilícitos con la implementación del PNIS para las familias beneficiarias del
Programa en los territorios de priorizados definidos previamente por la DSCI en
el departamento de Nariño».
82. Destacó que el convenio mencionado busca implementar actividades
asociadas al componente denominado «asistencia técnica integral de proyectos
productivos» y aseguró que «la implementación de estos proyectos es a 11.852
familias y atención a 151 recolectores, ubicados en el municipio de Tumaco».
83. Puntualmente, sobre la zona de Llorente, la Fundación aseguró que del 9
de febrero de 2022 al 22 de julio de 2022 ha realizado dos jornadas de
socialización del convenio referido. Una, realizada los días 9 y 25 de febrero de
2022, estuvo dirigida a que los líderes y representantes de Llorente conocieran
el alcance del convenio y el plan de actividades. En esta, según indicó, participó
Asoporca.
84. En la otra jornada de socialización, desarrollada el 2 de marzo de 2022, el
convenio fue presentado a 276 beneficiarios del programa, a líderes de
organizaciones comunitarias y a juntas de acción comunal. En esa reunión se
trataron temas como el periodo de ejecución y objeto del convenio, la focalización
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geográfica, la asistencia técnica integral para la implementación y seguimiento
de proyectos productivos, la implementación de los proyectos productivos y
atención a recolectores, el procedimiento de entrega de los insumos para el
proyecto productivo y seguridad alimentaria, requisitos para ser proveedores
potenciales y el cronograma general de actividades.
85. Asimismo, sostuvo que el 10 de abril de 2022 se realizó la primera visita a
los productores y que el objetivo de esta fue «la actualización de la
caracterización, la georreferenciación de los productores y la definición de las
líneas productivas y actualización de los planes de inversión». Aseguró que dicha
actualización se logró efectuar en un 93.6% y que las familias faltantes
corresponden a nuevos listados entregados por la Dirección de Sustitución de
Cultivos Ilícitos de la Agencia de Renovación del Territorio. Resaltó que ese
proceso de actuación continúa en proceso de ejecución.
86. Aseveró que el 17 de mayo de 2022 se realizó la visita 1 de Asistencia
Técnica Integral, en la que se socializó la asistencia técnica integral y se hizo la
planificación predial para implementar los proyectos productivos de ciclo corto
(piscicultura, cultivos de plátano y de yuca, mejoramiento de los ingresos a través
del cultivo de plátano y preparatorio de cacao, pesca artesanal). Agregó que «a
la fecha se han realizado 1.207 visitas con un % de ejecución del 38%».
1.6.8. Héctor Arturo Rodríguez Escobar
87. Debido al requerimiento que se le efectuó en el auto de 19 de julio de 2022,
el accionante manifestó que Asoporca es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo
objeto social propende por mejorar la calidad de vida de las familias más pobres
de los municipios de Tumaco y Barbacoas.
88. En el estatuto social, su objeto en particular se circunscribe a conseguir
recursos económicos, en especie y en efectivo, a través de la gestión de
proyectos con entidades del Estado y ONG’s. Indicó que las áreas en las que se
enfoca son en la educación formal e informal, el deporte, la salud, la alimentación
y el mejoramiento de la vivienda.
89. Explicó que una de sus labores ha sido brindar asesoría jurídica y
psicosocial a las víctimas del conflicto armado, social y político del municipio. Por
ello, ha acompañado constantemente a las familias que decidieron suscribir el
PNIS.
90. Aclaró que la zona denominada «La Carretera» se encuentra ubicada
entre la avenida que conecta Tumaco con Pasto, desde el km 41 hasta el km 9
donde se encuentra el sector de Llorente y que allí es donde se encuentran
asentadas la mayoría de familias que conforman Asoporca.
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91. Resaltó que el artículo 9º de la Ley 2166 de 2021 regula las acciones
comunales y establece la posibilidad de que se creen en territorios rurales para
que promuevan el desarrollo de la zona en la que fueron constituidas. Estas
organizaciones también se encargan de promover e implementar las políticas
públicas para la construcción de paz en sus territorios. Con fundamento en ello,
indicó que Asoporca es una organización facultada por las juntas de acción
comunal que las integran para servir de interlocutora con el Estado en
representación de la comunidad y por esto actúa como representante de las
familias de la zona que se comprometieron con el PNIS.
1.7. Sentencia de primera instancia
92. En providencia de 27 de octubre de 20224, la Sección Cuarta de esta
corporación amparó los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo
vital y a la vida digna de las familias inscritas al PNIS asentadas en el
corregimiento de Llorente del municipio de Tumaco, congregadas en Asoporca.
Puntualmente, las órdenes fueron las siguientes:
1.1. Ordenar a la Asociación Porvenir Campesina Asoporca que, dentro de los
treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, remita un listado
a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito de la Agencia de Renovación
del Territorio, en el cual se identifiquen las familias a las que todavía se les
adeudan pagos por asistencia alimentaria inmediata y a las que no se les efectuó
ningún pago por tal concepto. El listado debe incluir el o la jefe del hogar, su
ubicación, sus datos de contacto y determinar si se trata de cultivadores,
recolectores u otra calidad.
1.2. Ordenar a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito de la Agencia
de Renovación del Territorio que, dentro de los tres (3) meses siguientes al recibo
del listado de que trata el ordinal anterior, determine frente a cuáles de las familias
incluidas en el listado referido, que habiendo cumplido con sus compromisos de
erradicación y no resiembra, procede realizar los pagos por asistencia alimentaria
inmediata.
Asimismo, ordenar a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito de la
Agencia de Renovación del Territorio que, dentro de ese mismo término efectúe
las gestiones administrativas para que los instalamentos adeudados se empiecen
a desembolsar efectivamente. Los primeros pagos deberán empezar a entregarse
en el mismo término aquí concedido, bajo su coordinación y supervisión.
1.3. Ordenar a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito de la Agencia
de Renovación del Territorio que en los casos en que considere que no procede el
desembolso por concepto de asistencia alimentaria inmediata, dentro de los tres
4 Notificada el 3 de noviembre de 2022, de conformidad con lo que se encuentra incorporado en
el índice 43 del expediente electrónico dispuesto en la plataforma Samai.
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(3) meses siguientes a la recepción del listado por parte de la Asociación Porvenir
Campesina Asoporca, con plena observancia del derecho al debido proceso
administrativo, expida los actos administrativos motivados a que haya lugar, en
que explique las razones de la negativa al pago de tal compromiso. Tales
decisiones deberán ser notificadas tanto a la familia como a la Asociación Porvenir
Campesina Asoporca, a fin de que los excluidos del pago por asistencia alimentaria
inmediata ejerzan su derecho de contradicción, si así lo consideran pertinente.
1.4. Instar a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito de la Agencia de
Renovación del Territorio que, de manera inmediata, continúe con la
implementación del proyecto de ciclo corto e ingreso rápido y del proyecto
productivo de ciclo largo, destinados a las familias del corregimiento de Llorente
del municipio de Tumaco (Nariño), pertenecientes a la Asociación Porvenir
Campesina Asoporca.
1.5. Instar a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito de la Agencia de
Renovación del Territorio a que adelante las actividades necesarias para
garantizar el cumplimiento de los compromisos suscritos en el Acuerdo Colectivo
del 26 de agosto de 2017, respecto de los recolectores reconocidos y avalados por
la asamblea comunitaria y por el Programa Integral de Sustitución, del
corregimiento de Llorente, Tumaco (Nariño).
1.6. Ordenar a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de la Agencia
de Renovación de Tierras que, dentro de los tres (3) meses siguientes a la
notificación de esta providencia, se ejecuten las siguientes actuaciones:
(i) Respecto de los 19 núcleos familiares, que según la entidad se
encuentran suspendidos, se adelanten las etapas del procedimiento conminatorio
establecido en la Resolución No. 24 de 2020, empleando canales efectivos de
comunicación que permita conocer a cada hogar, de manera directa, el alcance de
esa decisión y la irregularidad que se le endilga, brindándole la oportunidad real
para subsanarla o aclararla antes de que se expida el acto administrativo de
exclusión. Lo anterior, sujeto al monitoreo y verificación de la erradicación de
cultivos de uso ilícito y la no resiembra, y demás requisitos que deban cumplir las
familias inscritas conforme con los acuerdos celebrados para su permanencia en
el Programa Integral de Sustitución;
(ii) Respecto de 410 núcleos familiares, que según la entidad han sido
excluidos, se adelanten las etapas del procedimiento conminatorio establecido en
la Resolución No. 24 de 2020, empleando canales efectivos de comunicación que
permita conocer a cada hogar, de manera directa, el alcance de esa decisión y la
irregularidad que se le endilga, brindándole la oportunidad real de defensa. Y
únicamente en los casos necesarios, rehaga las actuaciones administrativas que
correspondan, con plena observancia del derecho al debido proceso administrativo
y los principios de la función administrativa establecidos en el artículo 209 de la
Constitución Política.
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93. También amparó los derechos a la vida y la seguridad de los líderes
sociales de Asoporca. Por ello, estipuló lo siguiente:
2.1. Ordenar a la Asociación Porvenir Campesina Asoporca que, dentro de los diez
(10) días siguientes a la notificación de esta providencia, remita a la Unidad
Nacional de Protección un listado que contenga los datos de contacto de los líderes
que se reúnan en la Asociación y que por su participación en el Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito corran riesgos en su vida e
integridad personal.
2.2. Ordenar a la Unidad Nacional de Protección que, dentro del (1) mes siguiente
tras la remisión del listado por parte de la Asociación Porvenir Campesina
Asoporca a que se refiere el numeral anterior, (i) se contacten con los líderes
identificados en la lista; (ii) les informen los pasos a seguir para iniciar el respectivo
estudio de riesgo; (iii) inicien y culminen los estudios de nivel de riesgo frente a los
líderes incluidos en el listado mencionado, a fin de determinar si hay lugar a
otorgarles esquemas de protección individuales y colectivos.
2.3. Ordenar a la Presidencia de la República, a través de la Consejería
Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, y a la Dirección de
Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia de Renovación Territorial,
coordinación regional de Nariño, que dentro de los treinta (30) días siguientes a la
notificación de esta providencia, coordinen y convoquen la realización de la Mesa
Nacional Interinstitucional de Articulación y la Mesa Territorial de Articulación en
Seguridad, consagradas en la Resolución Nro. 4 de 2020. Ambas deberán reunirse
en conjunto, en la misma fecha y locación, a fin de que establezcan
mancomunadamente acciones concretas para garantizar condiciones de
seguridad a los líderes del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
de Uso Ilícito en el municipio de Tumaco (Nariño).
94. Expuso que el Acuerdo Colectivo aludido fue firmado en agosto de 2017.
El compromiso consistió en que se entregaría durante el primer año de ejecución
del programa de sustitución $1.000.000 mensual. Adicionalmente que, las
familias recibirían una inversión de $10.000.000 para proyectos productivos de
ciclo largo y para sufragar la mano de obra necesaria para implementarlo. En
cuanto a los recolectores, se previó la entrega de asistencia alimentaria inmediata
durante el primer año de ejecución.
95. El a quo explicó que la falta de otorgamiento de las anteriores
herramientas, junto con el cumplimiento continuo del compromiso de no
resiembra afecta los derechos fundamentales al mínimo vital y vida digna de los
suscriptores del PNIS. En ese sentido, superó el requisito de la subsidiariedad,
toda vez que la única alternativa judicial con la que cuentan estas personas a
quienes se les han visto conculcados sus derechos fundamentales es la acción
de tutela.
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96. Indicó que ni los acuerdos colectivos ni los formularios individuales tienen
la naturaleza de acto administrativo. Por ende, no podría concluirse que los
afectados cuentan con la acción de cumplimiento. Adicionó que, en otro caso con
similares supuestos fácticos al presente se analizó que este tipo de tutelas no
persigue la protección de derechos colectivos y por ello no es viable la
interposición de una acción popular. De otro lado, tampoco se está cuestionando
la legalidad del Acuerdo Colectivo o de los formularios individuales. Así las cosas,
iteró que la única alternativa con la que cuenta la parte actora es la acción de
tutela.
97. Frente a la pretensión de reintegro al programa de las familias
suspendidas o retiradas, también superó el requisito general de la subsidiariedad.
Adujo que Asoporca congrega un grupo de personas que son sujetos de especial
protección constitucional.
98. Aclaró que, si bien existen actos administrativos en los que se materializó
la decisión de suspender o retirar a las familias de Asoporca, este asunto
adquiere la característica de un perjuicio irremediable que permite que se
flexibilice el requisito en cuestión. Esto, toda vez que los afectados son
campesinos cuya subsistencia dependía de los cultivos ilícitos en los que se
desempeñaban, pero al haberlos erradicado dependían de los beneficios
económicos que recibirían por suscribir los acuerdos individuales voluntarios de
sustitución. Agregó que la condición de sujetos de especial protección de los
campesinos fue reconocida por la Corte Constitucional en la sentencia SU-213
de 2021.
99. En lo que atañe a que se otorguen condiciones de seguridad para los
líderes sociales, señaló que la Corte Constitucional en el fallo SU-020 de 2022
concluyó que es viable proteger la seguridad personal de los líderes sociales a
través de la acción de tutela.
100. Finalmente, sobre el incumplimiento del PNIS, arguyó que la autoridad
encargada de implementarlo es la ART, mediante la DSCI. Por ello, aseveró que
la ART es la encargada de acreditar los pagos e inversiones que afirmó haber
efectuado en su intervención. En otras palabras, es la que tiene la carga de la
prueba de desacreditar lo informado a través de la demanda por la parte actora.
101. Sobre este punto, la ART puso de presente una tabla de Excel en la que
relaciona la cantidad de familias del corregimiento de Llorente a las que les ha
desembolsado dinero, el oficio N.° 20226000080681 de 27 de julio de 2022, en
el cual la Agencia de Renovación del Territorio le solicita al Fondo Colombia Paz
«gestionar ante el Banco Agrario la certificación y/o soportes que confirmen la
entrega de los pagos realizados a 4.079 titulares de los núcleos familiares del
sector Llorente», 26 actas de entrega de productos cultivables a las familias de
Llorente por concepto del proyecto de auto sostenimiento y seguridad
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alimentaria, 6 actas de entrega de productos como el cacao y la cría de cerdos
por concepto del proyecto productivo y documentos relacionados con la
suspensión y exclusión del programa.
102. De lo anterior, concluyó que el pago de la asistencia alimentaria inmediata
no se acreditó. Si bien relacionó el número de las familias a las que
supuestamente entregó el dinero, lo cierto es que no allegó prueba del pago.
Especialmente frente a las 619 familias aludidas por la parte actora.
103. En lo que tiene que ver con los proyectos productivos de ciclo corto y largo,
aludió que la Fundación Panamericana para el Desarrollo simplemente aportó el
acta de las reuniones llevadas a cabo el 25 de febrero y 2 y 23 de marzo de 2022
con líderes comunales y algunas entidades. En ese sentido, el juez de tutela de
primer grado no encontró suficiente material que acreditara la ejecución oportuna
y avanzada de estos proyectos.
104. Sobre los recolectores, puso de presente que la parte actora aludió en el
escrito de tutela que «ninguna persona que se inscribió en estas zonas bajo el
perfil de recolector ha sido vinculada al programa». Esta afirmación no fue
desacreditada por ninguna de las accionadas y especialmente la ART guardó
silencio.
105. Finalmente, sostuvo que la asistencia alimentaria inmediata de
$12.000.000 no le ha sido entregada a 619 familias, tampoco se otorgaron los
insumos en especie destinados a los proyectos productos de ciclo corto y largo
debieron entregarse entre el primer y segundo año de implementación del PNIS,
y finalmente, tampoco se les ha cumplido con lo dispuesto en el Acuerdo
Colectivo de 26 de agosto de 2017 a los recolectores. Lo anterior, demuestra
para la Sala de la primera instancia, la conculcación de los derechos
fundamentales al mínimo vital y a la vida digna de los núcleos familiares
representados por Asoporca que suscribieron los acuerdos individuales.
1.8. Impugnaciones
1.8.1. Agencia de Renovación del Territorio
106. Inconforme con lo decidido por el juez constitucional de primer grado, esta
entidad solicitó que se revoque y en su lugar, que se declare la falta de
legitimación en la causa por activa de la parte actora. Aludió que, de conformidad
con la tesis expuesta por la Corte Constitucional en la sentencia T-253 de 2016,
no procede el amparo de derechos fundamentales subjetivos cuando no es
posible identificar los sujetos e individualizarlos porque no es viable proteger
garantías constitucionales de forma abstracta.
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107. Alegó que, si bien el accionante manifiesta que la vulneración se le
ocasionó a 619 familias, no las individualizó ni demostró que se encuentren
inscritas al PNIS. Por ello, debido a la imposibilidad de individualizar e identificar
a los destinatarios de las pretensiones, en su sentir, el accionante carece de
legitimación en la causa por activa.
108. Discutió que, el hecho de que no se hubieren individualizado los sujetos
objeto de la protección les vulneró su derecho de defensa, porque al desconocer
sus nombres no pudo aportar las eventuales pruebas que lo llevaran a ponerle
de presente al juez la circunstancia puntual respecto de esas personas. Así las
cosas, tuvo que ejercer su derecho a la defensa en abstracto. Adicionó que el
señor Rodríguez Escobar no puede actuar en calidad de agente oficioso porque
no lo manifestó de forma expresa y tampoco cumplió con la carga de probar que
sus agenciados no se encuentran en las condiciones de ejercer su propia
defensa.
109. Explicó que, si bien las organizaciones sociales tienen la capacidad de
presentar acciones de tutela en nombre de la comunidad a la que representan,
esta demanda no cumple con los requisitos que hagan viable el amparo invocado.
Esto, dado que el acatamiento de los compromisos del PNIS, tanto de los
afiliados, como del Gobierno Nacional, es individual, es decir, por núcleo familiar.
110. Puso de presente que la DSCI ha aplicado el procedimiento administrativo
general en lo que tiene que ver con la implementación del PNIS y la toma de las
decisiones que allí se adoptan. Ello, dado que el decreto de creación del PNIS
no contempló un procedimiento especial, ni estableció la necesidad de creación.
111. Aclaró que el levantamiento de los cultivos ilícitos y la no resiembra no son
los únicos compromisos con los que deben cumplir los inscritos. De conformidad
con ello, a partir del 1.º de enero de 2020, la DSCI ha hecho un constante
seguimiento de los núcleos familiares inscritos al PNIS con el fin de verificar
quienes no atienden los postulados mínimos para la entrega de los beneficios.
112. Así, el trámite consiste en que, ante el incumplimiento de algún miembro
del núcleo familiar, se hace la suspensión preventiva y temporal de las entregas
para no arriesgar los recursos públicos. En ese momento se inicia la actuación
administrativa. Sin embargo, dado que la suspensión no reviste una decisión
definitiva no se profiere, ni notifica ningún acto. En este punto, se inicia el proceso
conminatorio regulado en la Resolución 24 de 2020, a través de comunicados
fijados en lugares de amplia circulación.
113. En la fase conminatoria los usuarios tienen la posibilidad de subsanar la
situación presentada o aportar las pruebas que estimen pertinentes para
controvertir el incumplimiento. Cuando se advierte que no se configuró un evento
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de fuerza mayor o caso fortuito, o el interesado no subsana, se profiere el acto
administrativo de cesación de los beneficios. Esta decisión se notifica de forma
personal, por aviso o por publicación, y contra esta procede el recurso de
reposición en sede administrativa y los medios de control previstos en la Ley 1437
de 2011.
114. De conformidad con lo anterior, aludió que las personas a quienes se les
ha excluido del PNIS se les ha notificado en debida forma la respectiva decisión.
Explicó que, de los 410 núcleos familiares actualmente retirados, 61 titulares
fallecieron y no reportaron tener algún beneficiario o suplente y 71 manifestaron
desvincularse del programa de manera libre y voluntaria. Precisó que 19 núcleos
fueron retirados por parte de las entidades que tenían en su momento la
ejecución del PNIS, esto es, la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto
y la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación, por lo que a
estos no se les puede aplicar la conminación.
115. Pese a lo anterior, refirió que la inaplicación de los actos administrativos
de retiro del programa no es posible, porque estos gozan de presunción de
legalidad.
116. Sobre el perjuicio irremediable que concluyó el a quo, también manifestó
estar inconforme. Cuestionó que el actor no logró probar con ningún grado de
certeza que efectivamente las familias a las que hacía referencia y, que no
individualizó, se encontraran en una situación de debilidad manifiesta.
117. Aludió que se desconoció el principio de separación de poderes. Esto,
dado que la implementación del PNIS por parte de esta entidad y del DSCI
dependen del presupuesto que destine el Ministerio de Hacienda. Aclaró que la
implementación del Acuerdo debe acompasarse al principio de progresividad en
materia de sostenibilidad fiscal y no se pueden generar falsas expectativas a la
población, pues ello puede derivar en un imposible cumplimiento de lo pactado.
118. Alegó que la decisión impugnada adolece de defecto fáctico. Esto, dado
que frente a los puntos frente a los cuales se extendió el amparo constitucional,
esto es: la asistencia alimentaria inmediata y la ejecución de proyectos
productivos de ciclo corto y largo, la parte actora no acreditó el incumplimiento.
Recordó que para la obtención de los citados beneficios es necesario que los
suscriptores del Acuerdo cumplan con una serie de compromisos porque no se
trata de derechos adquiridos.
119. De lo anterior, resaltó que cada núcleo familiar en el formulario de
vinculación individual se comprometió al levantamiento total de los cultivos de
uso ilícito, a la no resiembra o cultivo y a no involucrarse en actividades asociadas
a esta modalidad de economía.
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120. Alegó que la finalidad del PNIS es que las familias que se desempeñaban
de alguna forma en las actividades relacionadas con los cultivos de uso ilícito
transiten a economías legales y sostenibles, pero que no basta con verificar el
levantamiento y la no resiembra, sino que se debe garantizar por parte del Estado
la capacitación necesaria que garantice el tránsito a la legalidad. Aludió que ello
implica una participación activa y continua de las familias en las etapas de
implementación.
121. Puso de presente que aun cuando 139 núcleos familiares levantaron la
totalidad de los cultivos, desatendieron alguno de los siete compromisos
pactados y ello conllevó a que no se desembolsara el pago de los $12.000.000
por concepto de asistencia alimentaria. Agregó que en 385 la DCSI giró el pago
por el concepto antes mencionado pero los beneficiarios no comparecieron al
cobro. Aludió que todo lo anterior pone en evidencia a falta de compromiso con
el PNIS.
122. Frente a lo que atañe a los proyectos de ciclo corto «durante los años 2020
y 2021 se han suscrito 4 contratos con los operadores COFESCO, Corporación
SOTEA, OEI y FUPAD Colombia, los cuales se aportaron ante el Juez [a quo]
junto con sus actas de inicio y cuyo objeto ha estado enfocado en “(...) aunar
esfuerzos técnicos, financieros y administrativos». Los beneficios se han
entregado a los suscriptores que se encuentran en estado activo.
1.8.2. Unidad Nacional de Protección
123. Manifestó su desacuerdo sobre las órdenes 2.1. y 2.2. Al respecto, aludió
que se le concedió 1 mes a Asoporca para remitir el listado de los líderes sociales
congregados a la asociación que tengan en riesgo su vida y 1 mes a la UNP para
realizar los estudios de riesgo correspondientes. Indicó que lo anterior denotaba
el desconocimiento del a quo frente al procedimiento ordinario reglado y la ruta
fijada para disponer esquemas de protección individuales y colectivos.
124. Así, comentó que el procedimiento a seguir es: activación de la ruta de
trabajo, designación de un profesional analista que autorice la revaluación,
información formal sobre el estado de riesgo, el informe correspondiente a las
entidades de seguridad del Estado para recolección de los insumos necesarios y
remisión de la información a los delegados interinstitucionales que conforman el
Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas, donde se
analiza la ponderación del riesgo y se emiten las recomendaciones respectivas.
125. Todo el anterior estudio cuenta con términos de elaboración, validación y
ponderación. En términos usuales se realiza en 30 días hábiles y desarrollarlo en
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un lapso inferior podría conllevar a cometer imprecisiones y a la determinación
de medidas inidóneas.
126. Concluyó que la tutela de la referencia es improcedente y que se debe
negar la protección de los derechos fundamentales invocados.
1.8.3. Asoporca
127. Manifestó que su intención era reafirmar la decisión de primera instancia y
dejar en evidencia que la ART y la UNP no tienen razón respecto a los
argumentos alegados en sus impugnaciones.
128. Frente a la legitimación en la causa por activa de Asoporca, el señor Héctor
Arturo Rodríguez Escobar refirió que en calidad de representante de la
asociación suscribió el Acuerdo Colectivo de 26 de agosto de 2017 con diferentes
instituciones del Estado, las cuales incumplieron sus compromisos. En ese
sentido, ostenta la representación de la entidad y puede actuar en nombre de
todas las familias que suscribieron los formularios individuales.
129. Aludió que los campesinos son considerados sujetos de especial
protección constitucional en el ordenamiento jurídico colombiano y que partiendo
de esa condición, Asoporca tiene la posibilidad de velar por sus derechos.
Además, que las comunidades negras fueron reconocidas con la misma calidad
en la sentencia T-414 de 2015 y también las víctimas del conflicto armado,
condición que también ostentan, en la providencia C-609 de 2012.
130. Sostuvo que la carga de la prueba de acreditar la atención del Acuerdo de
Paz le correspondía a las entidades accionadas. En ese sentido, son estas
quienes deben individualizar las familias pertenecientes al programa por estar en
mejor condición para hacerlo.
131. Agregó que en este caso se acredita la configuración de un perjuicio
irremediable porque los suscriptores del acuerdo se quedaron sin medidas
básicas de subsistencia al no tener fuentes de ingreso, luego de erradicar sus
cultivos de uso ilícito. Señaló que el mínimo vital de esos grupos familiares
dependía del cumplimiento del Estado con sus compromisos.
132. Sobre la obligatoriedad y carácter vinculante del Acuerdo de Paz, alegó
que en la sentencia C-630 de 2017 la Corte Constitucional concluyó que no es
una norma jurídica pero sí es vinculante para el Estado. Asimismo, que el Acto
Legislativo 02 de 2017 dejó en claro que el Acuerdo Final era una política pública
y que debía ser acatada por los tres gobiernos siguientes.
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133. Aseveró que a partir del Informe 23 de la Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito se comprueba que la comunidad ha atendido los
compromisos suscritos en los formularios individuales, pero que la ART no
acreditó de ninguna forma la atención de sus deberes.
134. Sobre la orden dada a la UNP, sostuvo que la Corte Constitucional en la
sentencia T-924 de 2014 probó la existencia del riesgo a la vida y la seguridad
de los líderes sociales de Tumaco. Asimismo, que los daños a los que se ven
expuestos son irreversibles y eso conlleva a que se flexibilice el trámite de la
evaluación de riesgo, pues prima la seguridad y la vida.
135. En un escrito adicional, aportó el cumplimiento de la orden que se le
impartió tendiente a disponer una lista de datos de contactos de los líderes
sociales congregados en Asoporca que por su vinculación con la materia objeto
de esta tutela, encontraran en riesgo su vida e integridad personal.
136. Finalmente, resaltó que aun cuando se encontrara en curso la segunda
instancia de este proceso, era obligatorio que las órdenes impartidas por el juez
de primer grado se siguieran atendiendo.
1.9. Solicitud de aclaración
137. La Agencia de Renovación del Territorio (ART) solicitó que se aclarara el
fallo de primera instancia en cuanto a los siguientes puntos:
3.1. Se solicita a la Honorable Magistrada que se aclare ¿por qué esta Sala
enfatiza que estos pagos deben desembolsarse solo a aquellas familias que han
cumplido con los compromisos adquiridos de erradicación y no resiembra, sin tener
cuenta que dentro del Programa existen más requisitos y/o compromisos
adquiridos en los formularios individuales de vinculación que deben ser cumplidos
de manera continua, progresiva y permanente por parte de las familias? Lo anterior
debido a que como se ha reiterado estos dos compromisos no son los únicos que
debe cumplir de manera individual cada uno de los núcleos familiares inscritos al
Programa.
3.2. Se solicita aclarar ¿bajo qué criterios debe hacer la DSCI esa validación de
familias en el eventual caso que la asociación no tengan identificadas a las familias
o los listados que faciliten pueden contener familias ajenas no vinculadas al PNIS?
Lo anterior atendiendo a que no se determinaron con certeza las personas a las
que aparentemente esta entidad se encuentra vulnerando sus derechos
fundamentales, ya que existen cifras contradictorias al mencionarse: “(...) la mejor
manera de proteger los derechos fundamentales conculcados, es ordenarle a la
Agencia de Renovación del Territorio que analice la situación de cada una de las
619 familias de dicho territorio a las que todavía se le adeudan los pagos parciales,
de las cuales a 282 familias no se les efectuó ningún pago por concepto de
asistencia alimentaria inmediata (...) se le ordenará a la Asociación Asoporca que
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remita un listado a la Agencia de Renovación del Territorio, en el cual se
identifiquen las 619 familias a las que todavía se les adeudan pagos por concepto
de asistencia alimentaria inmediata y de las 282 las familias a las que no se les
efectuó ningún pago por ese concepto (...) la entidad mencionada no logró
desvirtuar probatoriamente las aseveraciones de la parte actora referentes al
incumplimiento parcial de los pagos para 619 familias y total para 282 familias.
3.3. ¿Cómo puede garantizarse la ejecución de los proyectos de ciclo largo sin
contar con los recursos suficientes para sufragar dichos gastos, agregando a tal
cuestión que como producto de la reforma tributaria se reducirá el presupuesto de
la entidad?
3.4. ¿Cuáles son los medios que el despacho considera verdaderamente eficaces
para realizar la conminación al cumplimiento de los compromisos?
3.5. ¿Se pretende adelantar nuevamente la etapa de conminación que ya se había
agotado por parte de la DSCI?
3.6. Se solicita aclaración en el marco de la orden y se especifique ¿cómo generar
los pagos a las familias en el plazo determinado si las gestiones administrativas
correspondientes dependen de lo desarrollado y explicado en el punto 2.3 de esta
solicitud?
3.7. ¿Cómo puede darse cumplimiento a la orden de realización de la Mesa
Territorial de Articulación en Seguridad teniendo en cuenta que la DSCI no tiene
facultades para realizar esta actividad, más aún cuando el objeto de la resolución
04 de 2020 es adoptar las directrices en seguridad para el PNIS.?
138. La anterior solicitud fue negada por el a quo, por auto de 14 de diciembre
de 2022. Ello, con fundamento en que lo que alegó la parte accionada se
circunscribe a inconformidades o reproches sobre las órdenes impartidas en el
trámite de la primera instancia. Es decir, que no estaba encaminada a que se
esclarecieran aspectos no comprendidos, sino que se limitó a proponer
descontentos, especialmente por la forma en cómo se deben validar las familias
y el pago de la asistencia alimentaria que se dispuso.
1.10. Solicitud de nulidad
139. La Presidencia de la República solicitó la nulidad de la notificación del fallo
de 27 de octubre de 2022. Al respecto, refirió que la citada actuación se surtió al
correo electrónico notificacionesjudicales@presidencia.gov.co, siendo el
aportado para dichos efectos notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co.
140. Mediante auto de 10 de marzo de 2023, se negó la anterior petición. Ello,
con fundamento en que, de conformidad con el artículo 133 del Código General
del Proceso la causal de nulidad alegada se sanea al surtirse de forma correcta
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el acto de notificación. Por ende, en la misma providencia dispuso que se
efectuara esta actuación al buzón web correspondiente.
1.11. Informes de cumplimiento del fallo de primera instancia
1.11.1. Asoporca
141. El apoderado de la asociación y accionante de la tutela aportó un memorial
en el que le dio cumplimiento a la orden 2.1. del fallo de primera instancia. Para
el efecto, allegó 44 nombres de líderes sociales, con el número de cédula
respectivo y la vereda de residencia.
142. Asimismo, solicitó que la Presidencia de la República y la DNSCI atiendan
lo dispuesto en el numeral 2.3. de la sentencia impugnada. Especificó que,
aunque la decisión se encuentre en trámite de impugnación se debe obedecer a
lo ordenado por el a quo. Lo anterior, con base en el artículo 31 del Decreto 2591
de 1991 y en que la impugnación de la sentencia de tutela tiene efecto devolutivo
y no suspensivo.
1.11.2. Unidad Nacional de Protección
143. Manifestó que, mediante correo electrónico de 28 de noviembre de 2022,
dirigido al Grupo de Servicio al Ciudadano, solicitó que se contactaran con los
líderes sociales identificados en la lista por el representante legal de Asoporca y
que se les informaran los pasos a seguir para iniciar el estudio de riesgo.
144. Por lo anterior, mediante mensaje de datos, enviado el 1.º de diciembre de
2022, al señor Rodríguez Escobar, se le presentó el Programa de Prevención y
Protección y se le solicito el suministro de la información requerida en el fallo de
tutela de primera instancia con el fin de determinar la condición de la población
objeto de estudio.
145. Específicamente, se le informó que debía aportar el formulario de
inscripción para el programa de prevención y protección debidamente
diligenciado y firmado y con la descripción de la situación de riesgo, amenaza y/o
vulnerabilidad. Adicionalmente, el documento de identidad por ambas caras y
aquel en el que conste la pertenencia del solicitante de la protección a alguno de
los grupos o poblaciones contemplados en el artículo 2.4.1.2.6 del Decreto 1066
de 2015.
146. El 22 de marzo de 2023, el tutelante allegó los formularios de inscripción
mediante una petición. Así mismo, por medio de Oficio 23-00016319 de 11 de
abril de 2023, le informó que a partir de los datos que le remitió, por medio de
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memorial MEM23-0014635 de 30 de marzo de 2023 inició 38 rutas individuales
para miembros de Asoporca.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
147. Esta Sala es competente para resolver las impugnaciones presentadas
contra la sentencia de primera instancia proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado el 27 de octubre de 20225. Lo anterior, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
148. El presidente y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, la UARIV, la UNP y la ART solicitaron que se les desvinculara de este
trámite por carecer de legitimación en la causa por pasiva. Todas estas peticiones
serán negadas con fundamento en las razones que pasan a exponerse.
149. De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política, el Gobierno
Nacional se conforma por el presidente de la República, los ministros y los
directores de departamentos administrativos. Se recuerda que lo que motivó la
presentación de esta acción constitucional es el presunto incumplimiento del
punto 46 del Acuerdo Final de Paz, específicamente en relación con los
compromisos que derivaron de la firma de un Acuerdo Colectivo suscrito el 26 de
agosto de 2017, entre el Gobierno Nacional, Asoporca, y otros.
150. En consecuencia, para esta colegiatura tanto el presidente como el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República gozan de
legitimación en la causa por pasiva, dada la relación que tienen con el objeto de
la litis. Esto es, conformar el Gobierno Nacional, como una de las partes del
Acuerdo cuya presunta desatención de lo pactado conllevó a la promoción de
esta tutela.
151. En cuanto a la Unidad Nacional de Protección, también está legitimada en
la causa por pasiva, de conformidad con las pretensiones y los fundamentos de
la vulneración que se alegan a través de este mecanismo constitucional. Como
se puso de presente desde el acápite de antecedentes, la parte actora aludió que
se han visto amenazados, y en algunos casos vulnerados, los derechos
fundamentales a la vida y a la seguridad de los líderes sociales congregados en
5 Por la Agencia de Renovación del Territorio y la Unidad Nacional de Protección
6 Solución al problema de drogas ilícitas
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Asoporca que se han involucrado en la implementación del PNIS, en la
comunidad de Llorente.
152. Frente al anterior organismo del orden nacional, se precisa que, de
acuerdo con el artículo 2º del Decreto 4065 de 2011, tiene como objetivo
«ejecutar la prestación del servicio de protección a quienes determine el
Gobierno Nacional que por virtud de sus actividades, condiciones o situaciones
políticas, públicas, sociales, humanitarias, culturales, étnicas, de género, de su
calidad de víctima de la violencia, desplazado, activista de derechos humanos,
se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños
contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal o en razón al ejercicio de
un cargo público».
153. Así las cosas, es claro que no es posible acceder a su solicitud de
desvinculación dada la naturaleza de sus funciones, la cual está estrechamente
ligada con lo que sustenta esta acción de tutela. Puntualmente, con la protección
que se afirma necesitan los líderes sociales pertenecientes a Asoporca.
154. Ahora bien, en lo que atañe a la ART, fue creada mediante el Decreto 2366
de 2015 (modificado por el Decreto 1223 de 2020) como una entidad estatal del
sector descentralizado de la Rama Ejecutiva, adscrita a la Presidencia de la
República. Se destaca que inicialmente se encontraba adscrita al sector de
Agricultura y Desarrollo Rural, pero con la Ley 1955 de 2019 se dispuso que lo
estaría al DAPRE, con el fin de dar cumplimiento e implementación a la política
pública de estabilización «paz con legalidad».
155. Se agrega que, de conformidad con el Decreto 896 de 2017, la
implementación del PNIS en las distintas comunidades está a cargo de la DSCI,
la cual hace parte de la ART. Es decir que, en este trámite es necesaria la
vinculación de la ART por ser la directamente encargada de los compromisos
presuntamente desatendidos y que generan la transgresión de los derechos
fundamentales deprecados.
2.3. Legitimación en la causa
156. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
157. En el presente asunto, el señor Héctor Arturo Rodríguez Escobar actúa
en nombre propio y en el de la Asoporca. De la revisión del registro de cámara y
comercio de la asociación y de los estatutos, se evidenció que el citado ciudadano
efectivamente es el presidente y representante de los que allí se congregan,
como se evidencia a continuación:
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158. En este punto, es pertinente establecer que el artículo 86 de la
Constitución Política establece que la acción de tutela puede incoarse por tres
vías. A saber: por quien pretenda la protección de sus derechos fundamentales,
por intermedio de representante legal, o por medio de la figura de la agencia
oficiosa. En el sub judice, se tiene que el señor Rodríguez Escobar aduce actuar,
además de en su nombre, para lo cual claramente está legitimado en la causa
por activa, en nombre de los núcleos familiares de Asoporca del corregimiento de
Llorente (Tumaco) que están congregados en la asociación y suscribieron
formularios individuales para acogerse al PNIS.
159. Se recuerda en este aparte que uno de los reproches puntuales de la ART
desde su intervención en primera instancia y de forma persistente en la
impugnación, consiste en que el señor Rodríguez Escobar no puede representar
a los grupos familiares de Llorente que pertenecen a Asoporca para la
interposición de esta tutela, esto porque no ostenta el poder otorgado por
aquellos. De otro lado, desde la perspectiva de la entidad en este mecanismo
judicial no es posible identificar e individualizar a los sujetos sobre los que se
invoca la protección.
160. A lo anterior, la ART añadió que se le vulneró su derecho de defensa
porque no pudo pronunciarse sobre las personas amparadas en sede de primera
instancia. Resaltó que el tutelante no puede actuar en calidad de agente oficioso
de las familias a quienes pretende representar, porque no alegó la figura en la
demanda y era necesario que lo manifestara de forma expresa para que se le
reconociera como tal.
161. Al respecto, para esta colegiatura el señor Rodríguez Escobar en su
condición de representante legal y presidente de Asoporca, calidad que probó
dentro de este trámite con el certificado de Cámara y Comercio y con sus
estatutos, tiene titularidad en la causa por activa para presentar esta demanda
en nombre de la asociación. Es decir, que tiene la titularidad para representar al
grupo de campesinos asociados en la colectividad actora que suscribieron
formularios individuales en procura de acogerse al PNIS.
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162. Como se mencionó antes, el artículo 86 de la Constitución Política dispone
que la tutela puede incoarse por quien estime vulnerados sus derechos o por
quien lo represente. Esta tesis fue reafirmada por el artículo 10º del Decreto 2591
de 1991. En virtud de estos postulados normativos, la Corte Constitucional ha
aceptado la legitimación en la causa por pasiva de representantes de
comunidades y asociaciones. Ejemplos de la conclusión expuesta se evidencian
en las sentencias T-172 de 2019 y T-432 de 2019 de la Corte Constitucional.
163. En la primera decisión judicial citada, el alto tribunal constitucional
concluyó que «en vista de que dentro de las funciones de las directivas de los
sindicatos se incluye la de garantizar la existencia y adecuado funcionamiento de
la organización, estas se encuentran legitimadas por activa para promover
acciones de tutela»7. En esta misma oportunidad, que se estudió la legitimación
por activa del presidente de un sindicato empresarial, se estableció que sí podían
actuar en nombre de los trabajadores las directivas de la organización, teniendo
en cuenta que su objetivo es velar por los intereses de los miembros.
164. Por otro lado, en la sentencia T-432 de 2019 se dispuso que en el caso de
las comunidades indígenas, el artículo 7º de la Carta Política «reconoce la
diversidad étnica y cultural e incorpora un mandato de protección a la misma».
Asimismo, aclaró que estas colectividades son sujetos titulares de derechos
fundamentales y pueden interponer por medio de su representante una acción
de tutela en procura de garantizarlos.
165. Adicionalmente, la jurisprudencia ha reconocido que las comunidades
campesinas, la población rural, los trabajadores agrarios y las étnicas son sujetos
de especial protección constitucional.
166. Frente al primer grupo mencionado, esto es, los campesinos, la población
rural y los trabajadores agrarios, en la sentencia C-077 de 2017, en la cual se
analizó la exequibilidad de distintas disposiciones de la Ley 1776 de 2016 «por
la cual se crean y desarrollan las zonas de interés de desarrollo rural, económica
y social», se determinó lo siguiente:
La jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que los campesinos y los
trabajadores rurales son sujetos de especial protección constitucional en
determinados escenarios. Lo anterior, atendiendo a las condiciones de
vulnerabilidad y discriminación que los han afectado históricamente, de una parte,
y, de la otra, a los cambios profundos que se están produciendo, tanto en materia
de producción de alimentos, como en los usos y la explotación de los recursos
naturales. Teniendo en cuenta la estrecha relación que se entreteje entre el nivel
de vulnerabilidad y la relación de los campesinos con la tierra, nuestro
ordenamiento jurídico también reconoce en el “campo” un bien jurídico de especial
7 T-172 de 2019.
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protección constitucional, y establece en cabeza de los campesinos un Corpus iuris
orientado a garantizar su subsistencia y promover la realización de su proyecto de
vida. Este Corpus iuris está compuesto por los derechos a la alimentación, al
mínimo vital, al trabajo, y por las libertades para escoger profesión u oficio, el libre
desarrollo de la personalidad, y la participación, los cuales pueden interpretarse
como una de las manifestaciones más claras del postulado de la dignidad humana.
Como ha sostenido esta Corporación, una persona, familia o comunidad se
encuentran en estado de vulnerabilidad cuando enfrentan dificultades para
procurarse su propia subsistencia y lograr niveles más altos de bienestar, debido
al riesgo al que están expuestos por situaciones que los ponen en desventaja en
sus activos. Los riesgos pueden surgir de la permanencia de las situaciones que
les impiden a las personas garantizarse de manera autónoma su subsistencia, o
de cambios que amenazan con sumergirlas en una situación de incapacidad para
procurar su mantenimiento mínimo, y lograr niveles más altos de bienestar. Para
la población campesina del país, los riesgos surgen tanto de la permanencia de un
estado de cosas específico, esto es, el nivel de marginalización y vulnerabilidad
socioeconómica que los ha afectado tradicionalmente; como de los cambios que
están teniendo lugar en los últimos tiempos, a saber: las modificaciones profundas
en la producción de alimentos, al igual que en los usos y en la explotación de los
recursos naturales. (Cursiva del texto original y subrayas de la Sala).
167. De conformidad con el marco jurisprudencial expuesto, las comunidades
campesinas gozan de especial protección constitucional. Especialmente,
aquellas que se encuentran en estado de vulnerabilidad por condiciones
particulares, como afectaciones históricas culturales o desventajas económicas
y sociales.
168. En cuanto a la legitimación del tutelante para actuar en nombre de
Asoporca, se tiene que, de un lado, ya se ha reconocido jurisprudencialmente
que ostenta la facultad por activa el representante de las asociaciones,
puntualmente si tiene asignada dicha función dentro de sus facultades. Pues
bien, revisados los estatutos de Asoporca, se encontró que su objeto social es el
siguiente:
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169. Es decir que dentro de los fines de Asoporca está el velar por la calidad
de vida de los integrantes y buscar recursos económicos, en especie y en
efectivo, por intermedio de proyectos que gestione con el Gobierno Nacional y
las ONG’s. Específicamente, lo que tiene que ver con esta acción de tutela esta
intrínsecamente relacionado con los fines de la asociación, dado que se pretende
la protección de los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital, entre otros,
de las familias de esta organización ante el presunto incumplimiento de algunos
de los compromisos pactados por la comunidad de Llorente con el Gobierno
Nacional y las accionadas, en el marco de la implementación del PNIS.
170. Se agrega que, en el Acuerdo Colectivo de 26 de agosto de 2017 se
estableció que en el marco de los compromisos pactados en el Acuerdo Final de
Paz «se privilegiará a las figuras asociativas legitimadas por las comunidades
como asociaciones de productores, cooperativas, sindicatos agrarios, Juntas de
Acción Comunal (JAC) entre otras». Es decir, que fueron los suscriptores del
Acuerdo quienes aceptaron la representación de las comunidades a partir de
asociaciones, cooperativas, sindicatos, entre otros.
171. Así las cosas, se satisfacen los criterios de la legitimación en la causa por
activa en este asunto. Se itera que, organismos como las asociaciones pueden
actuar por medio de sus representantes si tienen asignada esa función. A ello se
agrega que los representados por el tutelante son familias campesinas, las cuales
gozan de especial protección constitucional. Especialmente, en el ejercicio de las
acciones de tutela.
172. Se destaca que a través de este mecanismo de defensa judicial se
persigue la protección de derechos fundamentales de personas asentadas
geográficamente en una zona que ha sido asediada por el narcotráfico en el
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marco de un conflicto armado y que están viendo presuntamente vulnerada su
subsistencia ante la falta de cumplimiento de unos compromisos suscritos con el
Gobierno Nacional con ocasión de la implementación del proyecto de
erradicación y sustitución de los cultivos de uso ilícito de los que derivaban su
subsistencia.
173. Como consecuencia de lo esbozado, se declara que el señor Héctor Arturo
Rodríguez Escobar está legitimado para presentar esta acción de tutela en
nombre de las familias de Llorente congregadas en Asoporca que suscribieron
formularios individuales con miras al desarrollo del PNIS.
174. Asimismo, se advierte que la Presidencia de la República, la Agencia de
Renovación del Territorio y la Dirección Dirección para la Sustitución de Cultivos
Ilícitos (DSCI) están legitimados en la causa por pasiva. Esto, dado que, el
Acuerdo Colectivo de 26 de agosto de 2017 fue firmado, entre otros, por
Asoporca y el Gobierno Nacional8.
175. Se precisa que el citado Acuerdo Colectivo tuvo como fin la
implementación del PNIS en Tumaco, y que de la ejecución y desarrollo del
programa está encargada la DSCI9, la cual pertenece a la ART, que está adscrita
a la presidencia de la República10.
2.4. Problemas jurídicos
176. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte
actora, las pruebas incorporadas al expediente, las intervenciones allegadas en
el trámite del proceso y los escritos de impugnación, corresponde a esta Sala
decidir si confirma, modifica o revoca el fallo de 27 de octubre de 2022, proferido
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
177. Para el efecto, se estudiarán las generalidades de la acción de tutela. De
superarse los requisitos de procedibilidad que allí se exponen, se abordará el
caso concreto a partir de los fundamentos de las impugnaciones.
178. Cabe resaltar que, en caso de superarse los requisitos generales de
procedibilidad, se estudiarán únicamente los cargos traídos en sede de segundo
grado por ser frente a los cuales se presentan inconformidades. Las órdenes de
tutela de primera instancia que se impugnaron, fueron las que se exponen
enseguida.
8 Se itera que la presunta falta de cumplimiento de los compromisos acordados conllevó a la
interposición de esta tutela.
9 Artículo 1º del Decreto 896 de 2017.
10 Con la Ley 1955 de 2019 se cambió la adscripción de la ART, del sector de Agricultura y
Desarrollo Rural a la Presidencia de la República.
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2.4.1. Órdenes dirigidas a la ART:
i. Debe identificar a cuáles familias de las indicadas por Asoporca, que
hayan cumplido con todos los compromisos suscritos de forma individual
acompasados con el Acuerdo colectivo de 2017, procede realizarles los pagos
por asistencia alimentaria por encontrarse pendientes.
ii. Los anteriores montos debían comenzar a entregarse dentro de los tres
meses siguientes a la notificación del fallo de primer grado.
iii. Frente a aquellos núcleos sobre los que no procede el pago, debe expedir
el acto administrativo motivado. La decisión le debe ser notificada al núcleo
familiar y a Asoporca para que pueda ejercer su derecho de defensa.
iv. Se le instó a la implementación de los proyectos de ciclo corto e ingreso
rápido y ciclo largo.
v. Se le instó a materializar los compromisos con los recolectores
reconocidos y avalados por la asamblea comunitaria y el programa integral de
sustitución del corregimiento de Llorente.
vi. Respecto de los 19 núcleos suspendidos, debe adelantar el procedimiento
conminatorio previsto en la Resolución N.° 24 de 2020. En el mismo sentido lo
que atañe a los 410 grupos familiares excluidos.
2.4.2. Órdenes dirigidas a la UNP
vii. Del listado remitido por parte de Asoporca, respecto de los líderes sociales
de esta congregación que por relacionarse con la implementación del PNIS han
visto amenazada su seguridad y vida: debe contactarlos, informarles los pasos a
seguir para el estudio de riesgo e iniciar y culminar dichos estudios con el fin de
determinar si hay lugar a ordenar esquemas de protección individuales o
colectivos.
2.5. Generalidades de la acción de tutela
179. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.
180. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio11. Asimismo, exige que el interesado en que
se efectúe la protección de sus derechos fundamentales acuda ante el juez
Requisito general de la subsidiariedad.
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constitucional dentro de un término razonable desde la ocurrencia del presunto
hecho generador12.
181. En lo que atañe a la inmediatez, el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia estableció que la acción de tutela puede incoarse «en todo momento
y lugar». No obstante, en aras de preservar la naturaleza sumaria y preferente
de la acción de tutela, la Corte Constitucional ha determinado que este
mecanismo debe presentarse dentro de un término razonable que debe
establecerse en cada caso de acuerdo con las particularidades de la situación
que se plantee.
182. Al respecto, en la sentencia SU-391 de 2016 el alto tribunal constitucional
dispuso los siguientes criterios para determinar el criterio de la inmediatez. A
saber:
(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación personal del
peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la exigencia
de presentar la acción de tutela en un término breve. A modo enunciativo, la
jurisprudencia ha señalado que tal exigencia podría ser desproporcionada cuando
el peticionario se encuentre en “estado de indefensión, interdicción, abandono,
minoría de edad [o] incapacidad física.
(ii El momento en el que se produce la vulneración: pueden existir casos de
vulneraciones permanentes a los derechos fundamentales[41]. En estos casos, para
analizar la inmediatez el juez de tutela no debe contar el término desde el momento
en el que la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de presentación de la
tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se prolongó.
(iii) La naturaleza de la vulneración: existen casos donde se presenta un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los
derechos de los interesados[42]. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar
si la demora en la presentación de la tutela guarda relación con la situación de
vulneración de derechos fundamentales que alega el peticionario.
(iv) La actuación contra la que se dirige la tutela: la jurisprudencia constitucional
ha señalado que el análisis de la inmediatez puede variar dependiendo de la
actuación que se identifica como vulneratoria de los derechos invocados en la
tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más estricto
tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales. Al respecto, ha
sostenido que “el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los
casos de tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su
cumplimiento debe ser aún más estricta que en otros casos, por cuanto la firmeza
de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre
indefinidamente”[43].
(v) Los efectos de la tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un
motivo que justifique la demora en la interposición de la tutela, el juez debe tener
en cuenta los efectos que esta tendría en los derechos de terceros si se declarara
Requisito general de la inmediatez.
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procedente, pues tales terceros tienen una expectativa legítima a que se proteja
su seguridad jurídica[44].
183. De cara al sub judice, se advierte que la vulneración ius fundamental
invocada mediante la tutela de la referencia proviene del presunto incumplimiento
del Gobierno Nacional de algunos de los compromisos suscritos por su parte con
la comunidad de Asoporca, en el marco de la implementación del PNIS en el
corregimiento de Llorente (Tumaco).
184. La vulneración alegada proviene presuntamente de la falta de pago de los
montos por seguridad alimentaria, de la ausencia de materialización de los ciclos
productivos corto y de ingreso rápido y largo, y la falta de implementación de
medidas de seguridad para los líderes sociales ante las amenazas que los
aquejan y en algunos casos han terminado con sus vidas. Así las cosas, es
evidente que la transgresión alegada es de aquellas que se puede considerar
como prolongada en el tiempo.
185. Ello es así, porque de resultar ciertos los hechos narrados en la tutela, las
familias afectadas no tendrían, incluso en la actualidad, medios de subsistencia
con los cuales satisfacer sus necesidades básicas – pues para ello se
establecieron tanto los pagos por seguridad alimentaria como la entrega de
proyectos productivos -, al tiempo que algunos de ellos verían afectado su
derecho fundamental a la vida de forma continua.
186. En otras palabras, la vulneración alegada podría considerarse como de
aquellas que se extiende en el tiempo en caso tal de que resulte demostrada la
transgresión, dado que desde el año 2017 – fecha en la que se suscribieron tanto
el Acuerdo Colectivo como los formularios individuales – no se han cumplido los
compromisos pactados por el Gobierno con la comunidad y ello les ha impedido
incorporarse económicamente en la sociedad a partir del desarrollo de las
actividades lícitas en las que se desempeñarían, de conformidad con lo
acordado.
187. Por lo anterior, para la Sala se supera el presupuesto de la inmediatez y
procede estudiar lo relativo a la subsidiariedad.
188. Como se expuso en los antecedentes, en este asunto se pretende: (i) el
pago del concepto de seguridad alimentaria, pues según la parte actora, a
algunos grupos familiares no se les ha efectuado ningún pago, a otros se les
adeudan, y los recolectores ni siquiera fueron vinculados, (ii) la entrega de los
proyectos productivos de ciclo corto e ingreso rápido y ciclo largo, de los cuales
los campesinos que suscribieron los formularios individuales, derivarían su
subsistencia, y (iii) la adopción de medidas de seguridad para los líderes sociales
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de Asoporca que han impulsado la implementación del PNIS y la suscripción de
los formularios individuales.
189. Los compromisos presuntamente incumplidos hacen parte del Plan de
Atención Inmediata (en adelante PAI), dispuesto en el Acuerdo Colectivo de 201,
el cual se construyó «sobre la base del compromiso de la comunidad de realizar
la sustitución voluntaria y concertada, la no resiembra, el compromiso pleno de
no cultivar ni estar involucrado en labores asociadas a los cultivos de uso ilícito,
ni de participar en la comercialización ilegal de las materias primas derivadas de
estos».
190. Específicamente, en el punto 4.2. del Acuerdo Colectivo se estipuló que,
en un plazo de 4 semanas contadas a partir de la firma del Acuerdo Colectivo se
iniciaría la entrega de los componentes familiares del Plan de Atención Inmediata
y del desarrollo de proyectos productivos.
Plan de Atención Inmediata (PAI)
I. Durante el primer año: (i) se realizaría la entrega de la asistencia
alimentaria inmediata para el desarrollo de actividades de sustitución
voluntaria, tales como la preparación de tierras para siembras legales o
trabajos de interés comunitario. Este beneficio consiste en la entrega de
$1.000.000 mensual por 12 meses, el cual se entregaría en periodos
bimensuales por valor de $2.000.000, (ii) se invertiría $1.800.000 por
núcleo familiar para el proyecto de auto sostenimiento y seguridad
alimentaria por una sola vez, y (iii) se invertirían $9.000.000 por una sola
vez, por núcleo familiar, para el proyecto de ciclo corto e ingreso rápido.
En cuanto a los recolectores reconocidos y avalados por la asamblea
comunitaria y por el PNIS, solamente recibirían el pago por asistencia
alimentaria en este periodo, durante los doce meses correspondientes.
Se estimó que los $9.000.000 serían entregados «en el tercer pago de
asistencia alimentaria. Sin embargo, la entrega de este componente podrá
coincidir con el segundo pago, una vez se haya realizado la adecuación
del terreno y el proyecto esté formulado y avalado».
II. Durante el segundo año: el Gobierno Nacional se comprometió a
invertir $10.000.000 por familia para proyectos productivos de ciclo largo.
Para ello, debería contarse con el plan de inversión técnica previamente
avalado, tanto a nivel técnico como ambiental.
Se aclaró que las comunidades podían definir junto con la asistencia
técnica que los proyectos productivos de ciclo corto y largo se
implementaran en uno solo.
En cuanto a los recolectores, en esta fase se buscarían opciones de
empleos temporales.
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Los plazos del acuerdo se empezarían a implementar a partir del primer
desembolso del PAI.
191. Lo primero que se resalta es que los compromisos cuya falta de atención
por parte del Gobierno Nacional se alega, fueron establecidos en el Acuerdo
Colectivo de 26 de agosto de 2017 y los formularios individuales suscritos por la
comunidad, en el marco del desarrollo e implementación del PNIS. El programa
referido se estableció como un compromiso de creación del Gobierno Nacional
derivado del punto 4 del Acuerdo Final de Paz, para «generar condiciones
materiales e inmateriales de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas
por los Cultivos de Uso Ilícito, en particular para las comunidades campesinas y
en situación de pobreza que derivan su subsistencia de esos cultivos».
192. Así las cosas, la Sala considera necesario examinar la naturaleza jurídica
del Acuerdo Final de Paz, del Acuerdo Colectivo de 2017 y de los formularios
individuales. Esto, en procura de determinar si existe otro mecanismo de defensa
judicial para exigir su cumplimiento.
2.5.1. Naturaleza jurídica del Acuerdo Final de Paz
193. El 24 de noviembre de 2016 se suscribió el Acuerdo de Paz, del que es
objeto esta acción constitucional. Dentro del preámbulo contentivo del pacto se
estableció que el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia «impone la
paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento». Asimismo,
dispuso que los derechos y libertades reconocidos por la carta máxima implican
responsabilidades entre las que están el logro y mantenimiento de la paz.
194. Posteriormente, se indicó que cada uno de los puntos dispuestos en el
Acuerdo «constituyen un todo indisoluble», en la medida en que la concretización
de las medidas allí dispuestas contribuye a la materialización de los derechos
constitucionales. Entre las garantías que buscó satisfacer, están la igualdad, la
seguridad y la sostenibilidad socio-ambiental, especialmente de los grupos
discriminados o marginalizados.
195. El punto 4, relativo a la «solución al problema de las drogas ilícitas», aclaró
que para construir soluciones sostenibles en torno a esta problemática que
garantizaran la protección de los derechos fundamentales de los que se verían
afectados, era necesaria, tanto la participación ciudadana, como la presencia y
fortalecimiento del Estado. Especialmente de las instituciones responsables de la
atención social y de la seguridad y protección de las comunidades.
196. Un aspecto clave para la solución del problema de las drogas ilícitas
consiste en resolver lo que atañe a los cultivos de uso ilícito. Así las cosas, «con
el fin de generar condiciones materiales e inmateriales de bienestar y buen vivir
para las poblaciones afectadas (…), en particular para las comunidades
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campesinas en situación de pobreza (…)», se pondría en marcha el Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
197. El PNIS se creó mediante el Decreto 896 de 2017, en el ejercicio de las
facultades para la paz conferidas al presidente de la República en el artículo 2
del Acto Legislativo 01 de 2016. En la norma en cita se dispuso que el alto
mandatario tendría 180 días siguientes a la entrada en vigencia del Acto
Legislativo para expedir decretos con fuerza material de ley, con el objetivo de
«facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera».
198. Los objetivos del PNIS fueron, entre otros, superar las condiciones de
pobreza de las comunidades campesinas y de los núcleos familiares afectados
por los cultivos de uso ilícito, promover la sustitución voluntaria a través del
impulso de planes integrales municipales y comunitarios, generar políticas y
oportunidades productivas para los cultivadores y asegurar la sostenibilidad del
programa. En procura del logro de todo lo expuesto, el PNIS podía vincular a los
líderes y lideresas de las comunidades.
199. En el documento en mención – Acuerdo Final de Paz – se apreció que «un
fundamento indiscutible de la solución definitiva al problema de los cultivos de
uso ilícito se encuentra en el carácter voluntario y concertado (…)» de las
comunidades y el compromiso del Gobierno Nacional. Este último, con el fin de
garantizar condiciones de vida y trabajo «para el bienestar y buen vivir»,
particularmente de aquellos que se han visto afectados con este flagelo.
200. Así las cosas, con el fin de materializar lo expuesto, se señaló que se
celebrarían acuerdos colectivos entre las comunidades, el Gobierno Nacional y
las entidades territoriales.
201. Ahora bien, con el fin de darle seguridad y peso jurídico a lo pactado,
mediante el Acto Legislativo 02 de 2017, Por Medio Del Cual Se Adiciona Un
Artículo Transitorio A La Constitución Con El Propósito De Dar Estabilidad Y
Seguridad Jurídica Al Acuerdo Final Para La Terminación Del Conflicto Y La
Construcción De Una Paz Estable Y Duradera, se dispuso lo siguiente:
ARTÍCULO 1°. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio así:
Artículo transitorio xx. En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del
Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable
y duradera, firmado el día 24 de noviembre de 2016, que correspondan a normas
de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la
Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente
parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y
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las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final, con sujeción a las
disposiciones constitucionales.
Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena
fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de
todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo
Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad
con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los
principios del Acuerdo Final13.
202. La anterior disposición fue examinada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-630 de 2017, en la que se declaró su exequibilidad.
203. Específicamente, sobre el inciso segundo se refirió el Alto Tribunal
Constitucional en el sentido de precisar que la norma «no plantea problemas
competenciales en cuanto que, en primer lugar, se trata de garantizar la ejecución
del Acuerdo Final en cuanto política pública formulada por el Gobierno,
refrendada por el Congreso en los términos de la Sentencia C-699 de 2016, y
elevada a la categoría de política de Estado mediante el Acto legislativo objeto
de revisión. Adicionalmente, en cuanto remite al desarrollo normativo del
Acuerdo, tratándose en consecuencia del cumplimiento de normas de carácter
constitucional y legal que al formar parte del ordenamiento jurídico tienen fuerza
vinculante general»14.
204. De conformidad con lo anterior, el Acuerdo Final de Paz es una política
pública formulada por el Gobierno Nacional y aprobada por el Congreso de la
República. Es decir que, lo pactado en el Acuerdo no goza de la connotación de
acto administrativo o fuerza material de ley, sino que se trata de una política
pública.
205. Sobre las condiciones básicas que deben orientar las políticas públicas, la
Corte Constitucional se pronunció en el siguiente sentido:
3.3.11. La primera condición es que la política efectivamente exista. No se puede
tratar de unas ideas o conjeturas respecto a qué hacer, sino un programa de acción
estructurado que le permita a la autoridad responsable adoptar las medidas
adecuadas y necesarias a que haya lugar. Por eso, como se dijo, se viola una
obligación constitucional de carácter prestacional y programática, derivada de un
derecho fundamental, cuando ni siquiera se cuenta con un plan para
progresivamente cumplirla.[19]
(…)
13 Énfasis de la Sala.
14 Énfasis de la Sala.
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3.3.12. La segunda condición es que la finalidad de la política pública debe tener
como prioridad garantizar el goce efectivo del derecho. En tal sentido, por ejemplo,
no puede tratarse de una política pública tan sólo simbólica, que no esté
acompañada de acciones reales y concretas.[21] Así pues, también se viola la
Constitución cuando existe un plan o un programa, pero se constata que (i) “sólo
está escrito y no haya sido iniciada su ejecución” o (ii) “que así se esté
implementando, sea evidentemente inane, bien sea porque no es sensible a los
verdaderos problemas y necesidades de los titulares del derecho en cuestión, o
porque su ejecución se ha diferido indefinidamente, o durante un período de tiempo
irrazonable”.[22]
3.3.13. La tercera condición es que los procesos de decisión, elaboración,
implementación y evaluación de la política pública permitan la participación
democrática.[23] En tal sentido, la jurisprudencia ha considerado inaceptable
constitucionalmente que exista un plan (i) ‘queno abra espacios de participación
para las diferentes etapas del plan’, o (ii) ‘que sí brinde espacios, pero éstos sean
inocuos y sólo prevean una participación intrascendente.’[24] Cuál es el grado
mínimo de participación que se debe garantizar a las personas, depende del caso
específico que se trate, en atención al tipo de decisiones a tomar. Por ejemplo, en
la sentencia T-595 de 2002, a propósito de la protección de la libertad de
locomoción en el contexto del transporte público, la Corte indicó, con base en el
pronunciamiento expreso del legislador, que el alcance mínimo que se debía dar a
la participación ciudadana en esta área, debía contemplar “por lo menos, a la
ejecución y al sistema de evaluación del plan que se haya elegido.[25]15 (Énfasis de
la Sala)
206. Una vez aclarada la naturaleza jurídica del Acuerdo en cuanto denota la
calidad de política pública, se establece que para ordenar la atención de este no
existe un mecanismo de defensa judicial del que pueda valerse la parte tutelante.
207. Sin embargo, en cuanto al Acuerdo Colectivo y los formularios
individuales, se tiene que estos buscan materializar la implementación del PNIS,
en este caso, en el municipio de Tumaco. Así, teniendo en cuenta que el PNIS
proviene de un decreto autónomo, creado en virtud de las facultades para la paz
de las que se dotó al presidente de la República con el Acto Legislativo 01 de
2016, este sí tiene fuerza material de Ley.
208. Pese a lo anterior, se itera nuevamente que lo que se persigue es el
cumplimiento del Acuerdo Colectivo y de los formularios individuales suscritos
por la comunidad de Llorente en torno a tres puntos. A saber: el pago de la
asistencia alimentaria inmediata, el desarrollo de los proyectos productivos de
ciclo corto e ingreso rápido y ciclo largo y la implementación de medidas de
seguridad en procura de proteger a los líderes sociales de Asoporca que
impulsaron el PNIS.
15 Sentencia T-422 de 2013.
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209. Así las cosas, resulta necesario precisar la naturaleza jurídica del Acuerdo
Colectivo de 2017 y de los formularios individuales, de los cuales devienen los
compromisos que a juicio de la parte actora no se han cumplido y concretan la
vulneración de los derechos deprecados. En ese sentido, teniendo en cuenta que
el fin último de lo pactado en los Acuerdos Colectivos y en los formularios
individuales procura por la implementación de la política pública «solución al
problema de las drogas ilícitas», se tiene que a lo que allí se compelieron las
partes crea efectos jurídicos.
210. Para la Sala, los efectos del Acuerdo Colectivo y de los formularios
individuales son jurídicos y especialmente constitucionales por el impacto que
tienen en la comunidad. Se recuerda que, las situaciones de las que deviene la
presunta vulneración de los derechos irrogados proviene de las condiciones de
las cuales sujetos de especial protección constitucional derivaban su subsistencia
(cultivar productos de uso ilícito). Asimismo, que estas personas contaban con
que a partir de la materialización del Acuerdo de Paz a partir de las políticas
públicas que se implementarían en su desarrollo, podrían lograr la consecución
de una paz estable y duradera.
211. Sobre el derecho a la paz, como un objetivo del Estado Social de Derecho
en el marco de la implementación del Acuerdo Final de Paz, la Corte
Constitucional ha indicado lo siguiente16:
(…) la paz es un objetivo de primer orden dentro del modelo organizativo de
Estado social de derecho, reconociéndole una triple condición, es decir, como
derecho, deber y valor fundante de dicho modelo, lo cual conlleva a obligaciones
directas en, al menos, tres aspectos definidos: (i) un deber estatal de diseño e
implementación de acciones, normativas y de política pública, dirigidas a la
superación del conflicto armado y, en general, el logro de la convivencia pacífica;
(ii) un deber social de preferir a la solución pacífica como mecanismo exclusivo y
constitucionalmente admisible de resolución de las controversias; y (iii) el logro
progresivo de la plena vigencia de los derechos fundamentales, lo cual es un
presupuesto tanto para la paz como para la vigencia del orden democrático,
concebido desde una perspectiva material”[56].(Cursiva del texto original y
resaltado de la Sala).
212. En vista de lo anterior, la consecución del objetivo del Acuerdo Final, esto
es, la paz estable y duradera, implica el pleno y efectivo goce de los derechos
fundamentales, principalmente de las víctimas del conflicto armado.
213. En tanto que, el Acuerdo Colectivo de 2017 y los formularios individuales
persiguen la implementación del PNIS, creado mediante un decreto autónomo
que expidió el presidente de la República, conllevan efectos jurídicos. En otras
16 Sentencia C-019 de 2018 de la Corte Constitucional.
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palabras, para la Sala se trata de actos administrativos bilaterales que propenden
por materializar el programa mediante la consecución de compromisos tanto del
Gobierno, como de los actores del conflicto. Esto, dado que, se reitera, hacen a
sus beneficiarios sujetos de los efectos jurídicos que se crean en procura de la
erradicación y sustitución de los cultivos de uso ilícito y del pleno goce del
derecho a la paz.
214. En principio sería viable considerar que contra el Acuerdo Colectivo y los
formularios individuales procedería la acción de cumplimiento en los términos de
la Ley 393 de 1997, teniendo en cuenta que se busca la atención de los
compromisos allí dispuestos. No obstante, en el punto de la subsidiariedad de la
acción de tutela la Corte Constitucional ha especificado algunas excepciones a
la regla que permiten acudir en primera instancia al ejercicio de este mecanismo
judicial. A saber:
(…) (i) cuando no existe otro medio judicial de protección o si, de acuerdo con las
circunstancias especiales que fundamentan el caso concreto, se concluye que éste
no es idóneo o eficaz para garantizar la protección constitucional reclamada; (ii) a
pesar de existir un medio ordinario de protección idóneo y eficaz, se hace
necesario evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos
fundamentales del actor (…). (Cursiva del texto original).
215. De lo expuesto se aclara en primera medida que, resultaría inidónea la
acción de cumplimiento porque con la promoción de este mecanismo judicial se
persigue la protección de derechos fundamentales. Al respecto, la Sección
Quinta del Consejo de Estado ha manifestado que no se puede proponer la
acción prevista en la Ley 393 de 1997 cuando se pretende la protección de
garantías constitucionales porque la petición judicial devendría en improcedente.
216. A lo anterior se agrega que, más que la atención de un mandato legal o
con fuerza de ley dispuesto en un acto administrativo, la promoción de esta tutela
persigue el amparo de derechos fundamentales esenciales como lo son la vida,
la seguridad y el mínimo vital de una población que goza de especial protección
constitucional. Esto, dado que, se itera, a juicio de la parte tutelante las personas
a las que representa no han recibido los beneficios económicos ni en especie
para sostener las actividades económicas que les permitan devengar los ingresos
para satisfacer sus necesidades básicas, en unos casos, y en otros, se presenta
una amenaza del derecho a la vida (de los líderes sociales).
217. En la misma línea, tampoco sería viable ejercer algún medio de control
contra los actos administrativos contentivos del Acuerdo Colectivo o de los
formularios individuales, dado que no se está discutiendo su legalidad.
218. Se resalta, además, que el no resolver si efectivamente las accionadas no
han atendido los compromisos de las personas que dependían económicamente
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de los cultivos de uso ilícito o de actividades conexas, de los líderes sociales que
impulsaron la implementación del PNIS y la firma de los formularios individuales,
podría acarrear un perjuicio irremediable. Esto dado que, es probable que, de
ocurrir lo alegado por la parte actora, existan familias del corregimiento de
Llorente que no están percibiendo lo necesario para sobrellevar las obligaciones
que les permitan vivir en condiciones dignas a causa del incumplimiento de
entidades y organismos del Estado, aunado a que no cuentan con un trabajo.
219. Se destaca que, los formularios individuales y el Acuerdo Colectivo reflejan
el compromiso de las partes involucradas, en cumplir con el fin previsto en el
PNIS y en el punto 4 del Acuerdo Final de Paz. La solución al problema de las
drogas como una política pública, a través del Acuerdo Final de Paz, buscó
promover «una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al
fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la
criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general
de derechos humanos».
220. No sobra advertir que, la ART manifestó que en atención a las normas
generales de la Ley 1437 de 2011 – por no existir un procedimiento especial -,
cuando ha suspendido la recepción de los beneficios del PAI, expide oficios
conminatorios dirigidos a la comunidad de Tumaco y cuando excluye del
programa a los usuarios ha dictado los correspondientes actos administrativos
motivados. Frente a estos últimos, aludió que los interesados pueden presentar
el recurso de reposición.
221. Al respecto, la Sala encontró que la ART ha dictado 3 oficios
conminatorios, los cuales relacionó en su intervención de 7 de julio de 2022
(Oficio 20221200081321). A saber:
III. Un oficio sin número en el que conminó a los beneficiarios del
PNIS ubicados en el municipio de San Andrés de Tumaco (Nariño) «que
tengan alguna dificultad para el cumplimiento de los compromisos
establecidos en el programa, por circunstancia especial, caso fortuito o
fuerza mayor debidamente justificada» a que realizaran el cambio de
beneficiario o ingresaran uno nuevo si así lo querían. Allí se les informó el
procedimiento para realizar esa modificación y se aclaró que la
comunicación conminatoria se daba en virtud de lo establecido en la
Resolución 24 de 7 de mayo de 2020.
IV. Un oficio sin número en el que se les comunicó a los mismos
sujetos antes descritos, que se encontraran suspendidos de los beneficios
«por no haber acompañado la misión de verificación, no haber levantado
totalmente o haber levantado parcialmente los cultivos ilícitos
comprometidos en sustitución, o que tienen otro tipo de suspensión», a
que cumplieran los compromisos convenidos en el marco del PNIS. De
igual forma, se les comunicó que en caso de duda con la forma en la que
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deberían realizar este procedimiento o con este informe, se contactaran
con el señor Jairo Efrén Burbano Narváez a los datos allí telefónicos y
electrónicos allí definidos.
V. Finalmente, un oficio sin número dirigido a los sujetos antes
mencionados que se encontraran suspendidos por el no cobro de los giros
por concepto de Asistencia Alimentaria Inmediata a que cumplieran con
los compromisos adquiridos. Asimismo, se les confirió un plazo de 30 días
para que dieran a conocer las razones por las que no habían hecho
efectivo el cobro de sus beneficios y se les instó a que manifestaran su
voluntad de permanecer y continuar vinculados al PNIS.
222. Manifestó que para el exhorto de los núcleos familiares suspendidos
expedía los actos administrativos que se relacionan a continuación. Cabe resaltar
que pese a haberlos citado, no los aportó ni consta prueba alguna de que
efectivamente se hayan dictado y comunicado.
223. Visto lo anterior, se advierte que los comunicados de conminación de la
ART fueron simples informes en los que se les comentó a los beneficiarios del
PNIS, ubicados en el municipio de Tumaco, cuestiones relativas a la
implementación del programa, específicamente a las suspensiones que se
estaban dando con ocasión de la multiafiliación, la falta de levantamiento total o
parcial de los cultivos de uso ilícito y el no cobro de la asistencia alimentaria.
224. Así las cosas, para este cuerpo colegiado los oficios mencionados no son
actos administrativos, sino meros comunicados que no son susceptibles de
control por la vía contenciosa administrativa.
225. Cabe mencionar que, en el caso de las exclusiones, la entidad manifestó
que ha dictado actos administrativos que le han sido debidamente notificados a
los interesados, pues en estos casos se decide de forma definitiva que cesarán
los beneficios otorgados a un núcleo familiar. En ese sentido, agregó que contra
estas decisiones procede el recurso de reposición en sede administrativa y los
correspondientes medios de control ante el juez contencioso.
226. Para la Sala, pese a que la ART mencionó que ha expedido actos
administrativos motivados, no los incorporó ni probó haberlos notificado. En este
punto resulta importante precisar que, en este tema la carga de la prueba recae
en las entidades accionadas por encontrarse en una mejor posición de probar lo
que manifiestan. Así, si en efecto la ART ha expedido sendas decisiones
susceptibles del recurso de reposición en sede administrativa y que se pueden
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demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, pudo relacionar o incorporar a este trámite tales actos para comprobar
que realmente los ha expedido, por lo menos, en algunos casos.
227. La entidad manifestó que la parte actora tenía la carga de probar el
supuesto de hecho que alegaba, esto es, el incumplimiento por parte de la
entidad. Agregó que para el efecto podía solicitar o aportar las pruebas
pertinentes. A lo largo de su intervención, sostuvo que incluso la Corte
Constitucional estableció el deber de probar si quiera de forma sumaria la
vulneración alegada en sede de tutela.
228. Sobre lo expuesto, este cuerpo colegiado debe resaltar que pese a ser
cierto que las partes tienen la carga de probar lo que alegan, también lo es que
la Corte Constitucional, tras analizar el artículo 167 del Código General del
Proceso17, estableció que en virtud del principio de la carga dinámica de la
prueba, en algunos casos se invierte la carga probatoria. A modo de ejemplo, citó
las relaciones laborales en las que hay subordinación de una parte respecto de
otra, en las instituciones castrenses y también en los eventos en que sujetos de
especial protección constitucional se encuentran en condiciones de debilidad
manifiesta, especialmente frente a sujetos históricamente discriminados.
229. Visto lo anterior, como se expuso en el aparte de legitimación en la causa
por activa, el grupo actor se conforma por familias étnicas que han padecido el
asedio de la violencia histórica del narcotráfico en Colombia, han tenido que
subsistir del cultivo de ilícitos, aunado a que se trata de campesinos. En ese
sentido, es claro que son sujetos de especial protección constitucional que se
encuentran en situación de debilidad y desventaja frente a las instituciones del
Estado. Máxime si se recuerda que del cumplimiento de las accionadas pueden
depender garantías ius fundamentales como la vida y el mínimo vital.
230. De conformidad con lo explicado, de ser cierto que la ART ha dictado actos
administrativos definiendo la situación de las personas excluidas del PNIS y se
los ha notificado, tenía la carga de probar que efectivamente desplegó tal
actuación. El no haberlo hecho impide que se tenga por probado que existen las
decisiones motivadas de la administración que explican por qué hay grupos
familiares congregados en Asoporca que han sido desvinculados del PNIS y que
se infiera que estos cuentan con una decisión administrativa que puedan
eventualmente recurrir ante los jueces de la República.
231. Por lo manifestado hasta el momento, para la Sala la parte actora carece
de otro instrumento de defensa judicial para obtener la protección de los derechos
fundamentales que considera violados para solicitar los pagos de asistencia
17 Ver sentencia C-086 de 2016.
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alimentaria que faltan, o aquellos a quienes no se les ha desembolsado ningún
rubro, así como para solicitar la entrega de los proyectos productivos.
232. Finalmente, frente a lo que atañe al derecho a la vida de los líderes
sociales que han visto amenazada tal garantía por el apoyo y publicidad a la
implementación y acogimiento por parte de la comunidad de Llorente al PNIS,
tampoco se evidencia la existencia de un mecanismo de defensa judicial que
pueda ser usado de forma subsidiaria a la acción de tutela.
233. En principio aquellos que consideren amenazado su derecho fundamental
a la vida y requieran, por circunstancias especiales, el despliegue de medidas de
protección por parte del Estado, en el caso de los líderes sociales, deberían
solicitar el inicio de la investigación de riesgo ante la Unidad Nacional de
Protección. Sin embargo, en algunos eventos la Corte Constitucional ha
superado el requisito de la subsidiariedad aun ante la existencia de decisiones
de la UNP susceptibles de control por el juez contencioso administrativo.
234. Al respecto, la guardiana de la Constitución Política ha considerado «que
resulta irrazonable exigir a personas que requieren de protección inmediata y
constante que expongan su caso ante el juez contencioso, cuando lo que se
encuentra en discusión es la vida misma[80]»18.
235. En el mismo sentido, sobre las medidas cautelares en el marco de los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho ante situaciones de amenaza
del derecho a la vida, ha indicado que resultan ser inidóneas e ineficaces. Ello,
dado que el otorgamiento de una medida de protección, ya sea por parte de la
UNP, u ordenada por un juez, está sujeta al cumplimiento de una serie de
requisitos legales cuya exigencia puede resultar desproporcionada «para los
intereses de personas en grave e inminente peligro»19.
236. De otro lado, no puede desconocer la Sala el flagelo que atraviesan
actualmente poblaciones especialmente vulnerables y sus líderes sociales,
aunado a las múltiples amenazas y delitos de los que son víctimas. Así las cosas,
exigirles la solicitud de un estudio de riesgo con la atención de todos los
protocolos y plazos legales, más aún a los líderes de una asociación que
promueven la implementación de una política pública, resultaría
desproporcionado. Ello conlleva a que se supere el requisito general de la
subsidiariedad en cuanto al tema en cuestión.
237. De acuerdo con lo esbozado, para la Sala se superan los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela de la referencia y corresponde
descender a analizar el caso concreto.
18 Sentencia T-015 de 2022 de la Corte Constitucional.
19 Ídem.
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2.6. Caso concreto
238. Como se expuso en los antecedentes, el extremo accionante expone que
la vulneración de sus derechos fundamentales y de las familias congregadas en
Asoporca, que suscribieron los formularios individuales con el Gobierno Nacional,
en procura de sustituir y erradicar los cultivos de uso ilícito de los que subsistían,
provienen de: (i) el incumplimiento de algunos pagos del proyecto de seguridad
alimentaria, especialmente a causa de las exclusiones y suspensiones del
programa que no les han sido notificadas, (ii) la falta de desarrollo e
implementación de los proyectos de ciclo corto y largo del PNIS, (iii) la
desvinculación, (temporal en el caso de las suspensiones y permanente en
cuanto a las exclusiones) de diferentes familias del programa y, (iv) la ausencia
de medidas de seguridad para los líderes sociales impulsores del PNIS.
239. La Sección Cuarta del Consejo de Estado en primera instancia amparó los
derechos fundamentales deprecados. En ese sentido, emitió grosso modo las
siguientes órdenes:
i. Que la ART determine sobre cuáles familias de las que han cumplido con
los compromisos de erradicación y no resiembra procede realizar pagos por
asistencia alimentaria inmediata. Con base en ello, la DSCI debería realizar todas
las gestiones administrativas procedentes para que, dentro de los tres meses
siguientes al fallo de primera instancia, se empezaran a desembolsar los dineros.
ii. Frente a los núcleos sobre los que no procede el pago, la ART tenía los
mismos tres meses para dictar actos administrativos motivados, en cada caso,
para explicarles las razones por la que los excluyó del pago de asistencia
alimentaria, con la posibilidad de que ejerzan su derecho de contradicción.
iii. Instó a la DSCI a que continuara con la implementación de los proyectos
de ciclo corto e ingreso rápido y largo que beneficiarían a las familias del
corregimiento de Llorente asociadas a Asoporca y al cumplimiento de los
compromisos suscritos con los no recolectores.
iv. En particular, sobre los 19 núcleos que Asoporca aduce que se encuentran
suspendidos, la ART debía adelantar el proceso conminatorio dispuesto en la
Resolución 24 de 2020. Esto, a través de canales efectivos de comunicación que
les permita la oportunidad de subsanar o aclarar la irregularidad en la que
incurrieron previo a que se expida el acto definitivo que resuelva sobre su
permanencia en el proyecto.
v. En cuanto a los 410 núcleos familiares excluidos, «que se rehagan las
actuaciones administrativas que correspondan, con plena observancia del
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derecho al debido proceso administrativo y los principios de la función
administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política».
vi. A la UNP contactarse con los líderes sociales de Asoporca que hayan
considerado o visto amenazado su derecho a la vida y a la seguridad personal e
informarles los pasos a seguir para la realización del estudio de riesgo, así como
el inicio y culminación de este para determinar si hay lugar a otorgarles esquemas
de protección.
240. Se recuerda que tanto la ART, como la UNP, impugnaron las anteriores
decisiones del a quo. De conformidad con las órdenes impartidas, para verificar
si procede modificar, confirmar o revocar lo allí decidido de cara al problema
jurídico propuesto, para esta colegiatura corresponde analizar lo siguiente, previo
a definir si existe o no incumplimiento por parte de las accionadas:
• Caracterización del derecho a la paz en el presente asunto
• El PNIS
• Las disposiciones de los formularios individuales y los compromisos de las
partes.
2.6.1. Caracterización del derecho a la paz en el sub judice
241. La Corte Constitucional ha manifestado que el derecho a la paz se ha
entendido «como una de las manifestaciones básicas del respeto debido a la
dignidad de las personas»20. Asimismo, que esta garantía fundamental tiene una
triple connotación. A saber, como valor, como derecho y como deber.
242. Como deber, especialmente del Estado, se tiene que se concreta en el
establecimiento de obligaciones por parte de las autoridades, «que se traducen
en la existencia de (i) un deber de todos de vivir con sujeción al ordenamiento
jurídico y de tramitar de manera pacífica las diferencias por los cauces en él
previstos (ii) un deber estatal de diseño e implementación de acciones normativas
y de política pública dirigidas al propósito de garantizar la convivencia pacífica,
(iii) una acción estatal orientada al logro progresivo del pleno ejercicio de los
derechos fundamentales[77], y (iv) una opción preferencial por la solución pacífica
como mecanismo de resolución de conflictos que excedan los marcos
constitucionales»21.
243. La Corte Constitucional ha reconocido la paz como «un derecho subjetivo
de cada persona individualmente considerada», con el correlativo deber de, como
20 Sentencia C-630 de 2017, de conformidad con el preámbulo de la Declaración de los Derechos
Humanos de 1948.
2121 Ídem.
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merecedores de la garantía, «buscar la paz social»22. En calidad de derecho
fundamental, la misma corporación ha indicado que «de su garantía depende la
efectividad de los demás derechos civiles y políticos de la persona[83], como un
deber jurídico de los ciudadanos, en tanto les corresponde propender por su logro
y mantenimiento, pues la paz no es algo que concierna privativamente a los
organismos y funcionarios del Estado, sino que vincula a todos los colombianos,
como lo declara expresamente el artículo 22 Superior, a cuyo tenor es un derecho
de todos y un deber de obligatorio cumplimiento[84]»23.
244. A modo de conclusión, el derecho a la paz se ha considerado imperativo
e insustituible para el goce de los demás derechos fundamentales contenidos en
la Carta Política.
245. Ahora bien, con el Decreto Ley 902 de 2017, dictado por el presidente de
la República en el uso de las facultades especiales para la paz que le concedió
el Acto Legislativo 01 de 2016, se buscó atender los compromisos pactados con
el Acuerdo de Paz. Dentro de estos, se encuentra el «“sentar las bases para la
transformación estructural del campo y establece como objetivos contribuir a su
transformación estructural, cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, crear
condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural, integrar las regiones,
contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute
de los derechos de la ciudadanía; en aras de contribuir a la construcción de una
paz estable y duradera”»24.
246. De conformidad con ello y ante la persistencia de un conflicto armado de
larga duración, que causó «el desplazamiento forzado de millones de personas,
cientos de miles de muertos y desaparecidos, así como decenas de miles de
víctimas de amenaza, despojo y abandono forzado de tierras, secuestro, tortura,
violencia sexual, reclutamiento de niños y niñas, entre otros graves y masivos
crímenes», se vio la necesidad de acudir a medios alternativos por parte del
Estado y los actores del conflicto armado, y suscribir un Acuerdo de Paz que
buscara la consolidación de la garantía dentro del territorio nacional, y el
correlativo disfrute de los demás derechos fundamentales.
247. Es relevante poner de presente que el Alto Tribunal Constitucional declaró
el estado de cosas inconstitucionales de los campesinos del país en la sentencia
T-025 de 2004. En esta se enfocó en que «es deber del Estado apoyar la
estabilización socioeconómica de tales víctimas, para lo cual se torna
indispensable su identificación inmediata respecto a sus capacidades personales
para extraer conclusiones que faciliten la creación de oportunidades de
22 Ídem.
23 Ídem.
24 Sentencia T-421 de 2019 de la Corte Constitucional.
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estabilización, que respondan a sus condiciones reales, y que les permitan
subsistir de forma autónoma».
248. Sobre el reconocimiento y preponderancia que se le otorgó al derecho a
la paz, con la suscripción del Acuerdo Final, la Corte Constitucional precisó que25:
(…) es, en síntesis, una de las decisiones constitucionales más significativas y, a
juicio de la Corte, se trata de un propósito que vincula jurídicamente, de diferente
modo y en diversos grados, la actuación de las autoridades y de los particulares.
En esa dirección, la jurisprudencia más reciente de este Tribunal[93] ha puesto de
presente que la protección constitucional de la paz, al paso que implica un deber
estatal de diseño e implementación de acciones, normativas y de política pública,
dirigidas a la superación del conflicto armado y, en general, el logro de la
convivencia pacífica, comporta, también una opción preferencial por la solución
pacífica como instrumento constitucionalmente deseable de resolución de las
controversias y el logro progresivo de la plena vigencia de los derechos
fundamentales, “lo cual es un presupuesto tanto para la paz como para la vigencia
del orden democrático, concebido desde una perspectiva material”[94].
249. El PNIS, en el marco de la consolidación de la paz estable y duradera a
partir de la política pública «solución al problema de las drogas ilícitas» ha sido
de suma importancia. El programa referido destacó que un eje central para la
consecución de la paz, radica en «la acción eficaz del Estado en todo el territorio
nacional»26. Especialmente, en aquellas zonas en las que no ha podido intervenir
la institucionalización porque la presencia de los actores del conflicto armado lo
han impedido.
250. Así, se resalta que cobra mayor preponderancia el cumplimiento de los
compromisos suscritos por el Gobierno Nacional con el corregimiento de Llorente
por distintas razones. A saber, la población de la que se alega la vulneración ius
fundamental con el ejercicio de esta acción constitucional ha sido fuertemente
golpeada por el fenómeno del narcotráfico por ser una zona de cultivos de uso
ilícito. Ello ha generado, además de la violencia característica de este tipo de
situaciones, la imposibilidad de que quienes habitan el lugar puedan acudir a
distintas actividades económicas para buscar su sustento.
251. Por ende, la materialización de los compromisos de las instituciones que
permitan que las familias que finalmente fueron reconocidas por el Estado
puedan optar por el camino de la legalidad es de gran importancia. Ello no solo
conllevaría a conseguir la paz dentro de un territorio como Llorente, sino que a
partir de la erradicación de los cultivos de uso ilícito y del abandono de las
actividades relacionadas – por parte de la comunidad –, aunado a la entrega de
las ayudas económicas y en especie que recibirían en contraprestación, podrían
25 Ídem.
26 Acuerdo Final de Paz.
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lograr la protección de varios de los demás derechos fundamentales dispuestos
en la carta política.
252. Ciertamente, el poder ejercer sin ningún tipo de violencia o coacción
actividades económicas agrícolas, o afines, en sus territorios aborígenes y
natales, conllevará a que puedan, no solamente gozar de paz, sino de una vida
digna, una vivienda, un trabajo, un mínimo vital, de alimentación e incluso de
salud.
253. La Corte Constitucional, tras declarar la exequibilidad del Decreto 896 de
2017, por medio del cual se creó el PNIS como un instrumento legal que
permitiera llevar a cabo la política pública del punto 4 del Acuerdo Final de Paz,
concluyó que «la opción por una salida negociada al conflicto maximiza el valor
de la paz y constituye un paso hacia la efectiva vigencia de la Constitución. Debe
producirse en armonía con otros principios y valores constitucionales entre los
cuales se cuentan el principio democrático, la supremacía de la Constitución, los
derechos de las víctimas, pero tiene un valor intrínseco en cuanto que la
consolidación de la paz es un presupuesto para la materialización de los demás
derechos».
254. De conformidad con lo expuesto, cobra especial relevancia el verificar si
en el presente asunto las entidades accionadas han cumplido los puntos del
Acuerdo Colectivo y de los formularios individuales respecto de la comunidad de
Asoporca. Esto, dado que, se reitera que la consecución de la paz implica la
garantía y disfrute de los demás derechos fundamentales. Especialmente, de
grupos poblacionales que han sido declarados sujetos de especial protección
constitucional ante la masiva vulneración que se han cometido sobre sus
derechos fundamentales.
2.6.2. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
255. Se creó mediante el Decreto 896 de 2017. En esta norma, se estableció
que la Dirección Para la Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) adscrita a la Alta
Consejería Presidencial para el Postconflicto, estaría a cargo del programa. Su
objetivo es la promoción de la sustitución voluntaria de los cultivos mencionados,
a través de proyectos que contribuyan a superar la pobreza y marginalidad de las
familias campesinas que derivan su sustento de esta actividad o relacionadas.
256. Sobre los beneficiarios, se dispuso que son «las familias campesinas en
situación de pobreza» que dependen económicamente de los cultivos de uso
ilícito y se comprometan de forma voluntaria con la no resiembra ni involucrarse
en este tipo de labores. Como elementos para garantizar el desarrollo, se fijaron:
las condiciones de seguridad para las comunidades y territorios afectados, los
Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo
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Alternativo (PISDA), los acuerdos celebrados con las comunidades, la
priorización de territorios y el tratamiento penal diferencial.
257. Se reitera entonces que, el punto 4. del Acuerdo Final de Paz dispuso que
con el fin de crear las condiciones materiales e inmateriales que garantizaran el
bienestar de las comunidades afectadas a lo largo de la historia con los cultivos
de uso ilícito, especialmente aquellas que derivaban su subsistencia de esta
actividad y relacionadas, se crearía el PNIS. Así, con el Decreto 896 de 2017
nació el PNIS a la vida jurídica.
258. Para la materialización del programa se suscribieron los acuerdos
colectivos celebrados con comunidades como Asoporca y para que la ciudadanía
se comprometiera, se firmaron los formularios individuales.
259. En cuanto a los responsables de la ejecución del PNIS, se evidencia que
actualmente es la DCSI, la cual se creó en la Agencia de Renovación del
Territorio (ART), para efectos de desarrollar y ejecutar el PNIS27.
2.6.2. Descendiendo más a fondo al caso objeto de estudio, se tiene que el
Acuerdo Colectivo de 26 de agosto de 2017 fue suscrito, entre otros, por el
presidente de Asoporca, el director de la DSCI y su delegado, un delegado de las
FARC EP, la delegada del Movimiento Campesino de Cultivadores de Coca,
Amapola y Marihuana (COCCAM) en Nariño y otras asociaciones.
260. Dentro de los compromisos suscritos por las comunidades que se
acogieron al Acuerdo Colectivo están: realizar el levantamiento total de los
cultivos de uso ilícito, desde la raíz, en un plazo de 60 días contados a partir del
primer desembolso por concepto de asistencia alimentaria inmediata; no
resembrar, cultivar, ni involucrarse en actividades asociadas con este tipo de
cultivos, participar en la construcción, ejecución y seguimiento del PNIS y en sus
instancias territoriales.
261. En cuanto al Gobierno Nacional, se comprometió a poner en marcha el
Plan de Atención Inmediata (PAI) «sobre la base del compromiso de la
comunidad de realizar la sustitución voluntaria y concertada, la no resiembra, el
compromiso pleno de no cultivar ni estar involucrado en labores asociadas a los
cultivos de uso ilícito, ni de participar en la comercialización ilegal de las materias
primas derivadas de estos».
262. Es decir, que el compromiso de implementar el PAI, por parte del Gobierno
Nacional, no se concretaba al acatamiento de todos los puntos pactados por la
comunidad, sino de aquellos específicamente mencionados en el punto 4.2. del
27 Mediante el Decreto 2107 de 2019.
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Acuerdo Colectivo28. Es decir, que para la implementación del PAI, por parte del
Gobierno Nacional, las familias debían atender lo relacionado con la no siembra,
resiembra, cultivo y comercialización. Esto, sin perjuicio del acatamiento de todos
los demás compromisos suscritos por las partes.
2.6.3. Ahora bien, en los formularios individuales suscritos por núcleo familiar, se
dispone que el Gobierno Nacional se compromete a cumplir los componentes del
PAI y al desarrollo de proyectos productivos. En cuanto a las familias, se reiteran
los compromisos expuestos en el Acuerdo Colectivo de 26 de agosto de 2017.
Lo anterior, se ilustra a continuación:
• Compromisos de las familias suscriptoras:
• Compromisos del Gobierno Nacional con las familias suscriptoras
28 Compromisos a cargo del Gobierno Nacional.
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263. La ART mencionó en su intervención que, en cuanto al corregimiento de
Llorente, 4355 núcleos familiares se acogieron a los formularios individuales.
Agregó que 3927 familias se encontraban activas, 410 fueron retiradas y 19 se
encontraban suspendidas.
264. Por su parte, el tutelante alegó que 4299 familias del corregimiento de
Llorente recibieron asistencia técnica alimentaria, pero ninguna, los proyectos de
ciclo corto y ciclo largo. Adicionó que ninguno de los recolectores fue vinculado
al programa, que 337 personas fueron retiradas y 89 se encontraban
suspendidas. Además, que a 619 grupos familiares se les adeudan pagos por
concepto de asistencia alimentaria y 282 no ha recibido dinero por ello.
265. De conformidad con lo expuesto, la Sala entrará a verificar los supuestos
de hecho alegados tanto por el tutelante, como por la ART, para resolver el
problema jurídico en torno al pago de la asistencia técnica alimentaria y las
suspensiones y exclusiones. Posteriormente, se centrará en corroborar los
argumentos en lo que atañe a los proyectos productivos.
266. Se precisa que dentro de los componentes del PAI, no solo está el pago
en efectivo de la asistencia técnica alimentaria que se daría durante 1 año en
pagos bimensuales de $2.000.000. El PAI también contempla los proyectos
productivos de ambos ciclos – corto y largo -. Asimismo, según el procedimiento
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de verificación que realiza el DSCI sobre el cumplimiento de los compromisos por
parte de las familias, se determina la suspensión de beneficios y en los casos en
los que no se subsana la falencia se genera la exclusión.
• VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS ESPECÍFICOS
DEL PAI SOBRE LOS CUALES SE ALEGA LA DESATENCIÓN
Asistencia técnica alimentaria
267. Como se mencionó, la parte actora aseveró que 4299 familias recibieron
los pagos por este concepto, pero 619 grupos no han obtenido el dinero completo
y a 282 aún les adeudan la totalidad de los pagos. Agregó que 89 núcleos
familiares se encontraban suspendidos y 337 excluidos, sin que se les hubiera
notificado esta decisión y hayan podido ejercer su derecho a la defensa.
268. Al respecto, la ART mencionó que entregó 22575 pagos a 4079 núcleos
familiares en el sector de Llorente. Para acreditar su dicho aportó una tabla de
Excel en la que relacionó el número de familias del corregimiento de Llorente a
las que les ha pagado la seguridad alimentaria y el oficio 20226000080681 de 27
de julio de 2022, en el que le solicitó al Fondo Colombia en Paz «gestionar ante
el Banco Agrario la certificación y/o soportes que confirmen la entrega de los
pagos realizados a 4079 titulares de los núcleos familiares del sector Llorente».
269. En cuanto a la ART, la DSCI tiene a su alcance los datos de la cantidad
de familias congregadas a Asoporca en el municipio de Llorente que suscribieron
acuerdos individuales. Esto, en vista de que la DSCI es la encargada de la
implementación del PNIS, por un lado, y por otro, el Acuerdo Colectivo de 2017
fue firmado por el director de la DSCI y el presidente de Asoporca. Es decir que,
esta entidad como ejecutora del proyecto tiene a la mano los datos de
implementación y desarrollo efectuado en los distintos municipios en los que ya
se inició el programa.
270. Se evidencia que la ART mencionó que ha efectuado pagos a 4.079
núcleos familiares del corregimiento de Llorente por concepto de asistencia
técnica alimentaria. Asimismo, que de este grupo territorial suscribieron
voluntariamente los formularios individuales 4355 familias, de las cuales 3927 se
encuentran activas, 19 núcleos se encuentran suspendidos y 410 fueron
retirados.
271. En este punto, se precisa que este componente es el único que se paga
en dinero a la comunidad y que cuando la ART advierte que alguno de los núcleos
familiares que se comprometió con el PNIS, no atiende alguno de los puntos del
formulario individual, suspende el pago. Asimismo, que una vez se vence el
término para que el grupo suspendido acredite la atención de los compromisos o
una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que le impida continuar con el
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cumplimiento, la ART expide un acto administrativo motivado de exclusión. Por
ende, procede verificar lo que corresponde a los núcleos suspendidos y los
excluidos para establecer si corresponde ordenar el pago de la asistencia
alimentaria.
• NÚCLEOS FAMILIARES SUSPENDIDOS DEL PAGO DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA
272. Sobre el trámite del pago de la asistencia técnica alimentaria la ART indicó
que por no tratarse de decisiones definitivas no se expide un acto administrativo.
Sin embargo, ha realizado el procedimiento conminatorio establecido en la
Resolución 24 de 2020.
273. En este sentido, es importante resaltar que, la referida resolución29
estableció que la DSCI debería realizar las actuaciones administrativas
necesarias para conminar a los usuarios del PNIS «que se encuentren en estado
de suspensión por presunto incumplimiento del compromiso de levantamiento
total y de raíz de los cultivos ilícitos, o por no haber acompañado las actividades
de monitoreo realizadas por el ente verificador», para que procedieran con la
erradicación manual de los cultivos.
274. En cuanto a los usuarios suspendidos por estar imposibilitados para
atender el componente de la erradicación manual de los cultivos, por fuerza
mayor o caso fortuito, se debería ordenar a los grupos de apoyo territorial a que
los requiriera para que informaran las circunstancias a la DSCI.
275. Asimismo, el equipo de funcionarios de la DSCI debía cargar en el sistema
de información todos los cambios de estado y novedades de cada beneficiario,
«junto con los soportes que den cuenta de las actuaciones administrativas
realizadas, tales como comunicaciones y constancia de notificación». Todo ello,
con el fin de contar con todos los medios de prueba correspondientes para
adoptar una decisión de fondo sobre la permanencia en el programa.
276. De conformidad con la Resolución 24 de 2020, la ART indicó que ha
expedido las comunicaciones y las ha fijado en lugares de amplia circulación y
fácil acceso a todo el público. Aseveró que se vale de estas para persuadir el
cumplimiento de los compromisos acordados en el marco del PNIS, al tiempo que
les hace el llamado a los suspendidos para que presenten la novedad a la que
haya lugar – por ejemplo la ocurrencia de una circunstancia de fuerza mayor o
caso fortuito que le impida continuar atendiendo los compromisos – y les da la
oportunidad de subsanar la irregularidad que esté ocurriendo, o presentar las
pruebas correspondientes que comprueben el cumplimiento. Todo ello, en
29 Resolución 24 de 2020.
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procura de garantizar el debido proceso de las partes, previo a decidir
definitivamente sobre la permanencia de los núcleos en el PNIS.
277. En relación con las suspensiones, de la revisión de los anexos del
expediente solamente se encontraron 4 comunicaciones conminatorias. A saber:
Comunicado 1 (sin número): en el que se le informa a los
«beneficiarios del PNIS vinculados en el municipio de Tumaco que
en su momento fueron suspendidos preventivamente por la causal
de Multiafiliación», que se eliminó el registro que originó la
multiafiliación y se les reactivaron los beneficios. No obstante, se les
indicó que de querer hacer cambio de beneficiario o incluir un nuevo
miembro al grupo familiar, podían hacerlo a partir del seguimiento
de una serie de requisitos antes del 30 de diciembre de 2020.
278. En este también se solicitó que informaran a la coordinación territorial
datos de contacto en los que pudieran ser notificados, tales como correos
electrónicos.
279. El anterior comunicado estuvo fiado en las carteleras de la personería
municipal de Tumaco por 5 días – del 17 al 23 de diciembre de 2020 – y en la
Subestación de Policía La Guayacana (Tumaco) por el mismo término. Se
destaca en este punto que la comunicación estuvo fijada tan solo por cinco días.
Comunicado 2 (sin número): en el que se conminó «a los
beneficiarios del PNIS vinculados en el municipio SAN ANDRÉS DE
TUMACO – NARIÑO, que tengan alguna dificultad para el
cumplimiento de los compromisos establecidos en el programa, por
circunstancias especial, caso fortuito o fuerza mayor debidamente
justificada y que deseen hacer el cambio de Beneficiario o ingresar
un nuevo beneficiario para que lo hagan antes del 31 de marzo del
2021».
280. Se solicitó la misma información relativa a los datos de la notificación del
comunicado anterior.
281. Este comunicado también fue publicado en la Subestación de Policía La
Guayacana – del 8 al 16 de marzo de 2021 –, en la Personería Distrital de
Tumaco del 5 al 12 de marzo del mismo año y en la Secretaría de Pesca, Turismo
y Desarrollo del municipio del 8 al 15 de marzo de 2021. De igual forma, un único
término que a juicio de la Sala resulta insuficiente para notificar a toda una
comunidad alejada del casco urbano, como lo es el corregimiento de Llorente.
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Comunicado 3 (sin número): en el que se informó a los beneficiarios
del PNIS «que no han sido visitados para la verificación del
compromiso de erradicación de los cultivos ilícitos, así como a
aquellos que se encuentran suspendidos por no haber acompañado
la misión de verificación, no haber levantado totalmente o haber
levantado parcialmente los cultivos ilícitos comprometidos en
sustitución, o que tienen otro tipo de suspensión, (…) para que
procedan al cumplimiento de los compromisos adquiridos con el
Gobierno Nacional en el marco del programa conforme a las
consideraciones y condiciones que se señalan».
282. Esta información fue publicada en los mismos lugares del aviso 2, por el
término de cinco días hábiles. Adicionalmente, se dispuso una transmisión por
Radiomira el 29 de julio de 2020 a las 4:30 p.m.
Comunicado 4 (sin número): en el que se conminó a los
beneficiarios del PNIS del municipio de San Andrés de Tumaco,
que se encontraran suspendidos por el no cobro de la asistencia
alimentaria, a que procedieran con el cumplimiento de los
compromisos adquiridos con el Gobierno Nacional. Los núcleos
familiares suspendidos y conminados en esa oportunidad, se
comunicaron a través de los siguientes oficios, de los que no se
aportó prueba alguna de su expedición o notificación, sino que
simplemente se relacionaron los números de radicación.
283. Este comunicado también fue fijado en las entidades antes mencionadas
por el término de cinco días hábiles.
284. Precisado lo anterior, se itera que la ART manifestó que del corregimiento
de Llorente se encontraban 19 núcleos familiares suspendidos. Por su parte, el
accionante indicó que a 282 familias se les adeudan pagos, mientras que 619 no
han recibido ninguno. Vale precisar que sobre estas dos cifras expuestas por el
tutelante la ART no se pronunció en concreto, ni pretendió desvirtuar dicha
aseveración.
285. De ser cierto que solo se encuentran suspendidos 19 núcleos familiares,
en todo caso, para la Sala es posible que estos no tengan conocimiento de su
estado en el PNIS, de la razón por la que fueron suspendidos, o que pueden
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presentar pruebas para probar que están cumpliendo, o que no pueden hacerlo
por motivos de fuerza mayor o caso fortuito.
286. En primer lugar, se debe resaltar que los oficios conminatorios se
expidieron de forma general sin aludir a un núcleo familiar en particular que
permitiera su determinación. En segundo, los oficios referidos en el último de los
comunicados no fueron aportados, de tal forma que no se puede establecer si
estos se dirigían específicamente contra familias suspendidas, máxime si se tiene
en cuenta que se relacionaron 13 y la ART aludió que se trata de 19 grupos.
287. De otro lado, para la Sala es importante resaltar que el corregimiento de
Llorente se ubica a aproximadamente 9 horas por transporte terrestre del casco
urbano de Tumaco. Esto implica que a partir de la fijación de un aviso en uno o
dos lugares visibles de la cabecera territorial no se puede inferir que la comunidad
de Llorente, tuvo conocimiento de los mismos. La ART, en uso de sus facultades
y en mejor condición que el campesinado beneficiario del PNIS pudo acudir a
otros medios de mayor acceso para este tipo de población como publicaciones
radiales masivas reiteradas.
288. Por lo anterior, para esta Sala sí se configuró el incumplimiento aludido por
la parte actora en cuanto al pago de asistencia técnica alimentaria frente a los 89
núcleos suspendidos, los 619 a los que se les adeudan pagos y los 282 que no
han recibido ninguno. Al respecto, es necesario reiterar que las personas sobre
las que se dispone el amparo son campesinos sujetos de especial protección
constitucional.
289. Asimismo, que pese a que las obligaciones presuntamente desatendidas
provienen de un acto administrativo bilateral, en este caso los medios ordinarios
establecidos por el legislador resultarían ineficaces. Lo anterior, puesto que esta
acción constitucional propende por la protección del derecho a la paz desde el
punto de vista individual, el cual permite que una vez amparado, el protegido
tenga elementos para gozar de otros derechos fundamentales contenidos en la
Carta Política, como en este caso, serían las garantías fundamentales al trabajo
y al mínimo vital.
290. Por lo anterior, procede confirmar el amparo declarado en primera
instancia, en relación con el pago de la asistencia técnica alimentaria. Así las
cosas, como se dispuso por el a quo, el representante de Asoporca deberá
enviarle un listado a la ART en el que relacione específicamente los núcleos
familiares a los que se refirió en la tutela. Se considera pertinente que en este se
indique la dirección de domicilio y/o residencia en la que pueden ser ubicados, y
donde pueden ser notificados: los 89 núcleos que alude han sido suspendidos,
los 619 a quienes se les adeudan pagos y los 282 a los que no se les ha
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desembolsado ninguna suma, en procura de que la ART pueda atender las
órdenes 1.2. y 1.3. del fallo impugnado.
• NÚCLEOS FAMILIARES EXCLUIDOS DEL PAI
291. En lo que tiene que ver con los núcleos familiares excluidos, la parte actora
aludió que 337 fueron retirados, mientras que la ART refirió que son 410. Según
la entidad mencionada, dado que al excluir de los beneficios del PNIS a los
grupos familiares, se produce una decisión definitiva, en estos casos sí se han
expedidos actos administrativos motivados.
292. La ART indicó que los actos administrativos mencionados se fundamentan
en el incumplimiento de alguno de los compromisos pactados por parte de los
beneficiarios. Sin embargo, en todo caso se les permite aportar o solicitar pruebas
y la decisión les es debidamente notificada en los términos del CPACA, aunado
a que contra el acto procede el recurso de reposición. Aludió que aportaba
pruebas de la realización de este procedimiento. Pese a lo anterior, ni en los
anexos, ni en la relación de los mismos en la intervención, se encontró el acto ni
la notificación particular de los actos en los que se haya excluido del PNIS a algún
grupo familiar del corregimiento de Llorente.
293. Ahora bien, en la impugnación, la entidad refirió que ha «avanzado en las
notificaciones» de las decisiones de exclusión, pero que es complejo porque en
la mayoría de los casos desconoce los datos de contacto de los núcleos, en otros
solo cuenta con la información del predio que inscribieron y se dificulta ubicarlos
porque la mayoría de estos terrenos se encuentran en zonas rurales y apartadas
del casco urbano y con condiciones de difícil acceso. Pese a ello, indicó que
«realiza los esfuerzos pertinentes para lograr ubicarlos y realizar las
notificaciones, incluso realizando jornadas de notificación masiva que son
informadas previamente, las cuales también se vieron afectadas por la pandemia,
al no poderse realizar eventos masivos».
294. Agregó que del 14 al 16 de junio realizó una jornada de notificación, pero
la asistencia de los núcleos familiares fue limitada. Cabe aclarar que no infirió
frente a qué comunidad o en qué lugar realizó la jornada de notificación indicada.
295. De conformidad con lo expuesto por la misma entidad, es claro que no
puede darse por sentado que los actos administrativos de exclusión de los
beneficios fueron debidamente notificados, teniendo en cuenta que, no hay
pruebas que lo constaten, que fue la accionada quien puso de presente no contar
con los datos de contacto de los beneficiarios del PNIS y las dificultades de
acceso a las zonas donde residen, dado que se trata de lugares alejados del
casco urbano y en áreas de difícil acceso.
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296. Lo manifestado refuerza la necesidad del amparo de los derechos
fundamentales frente a estas personas. Es previsible que en muchos casos de
exclusión o suspensión del programa, la entidad haya dado por sentado que los
usuarios conocieron la decisión a partir de la fijación de una cartelera en el casco
urbano por cinco días, sin que estos si quiera se hayan dado por enterados. Esto
es así, teniendo en consideración que el corregimiento de Llorente se ubica a 9
horas del casco urbano y que algunos de los beneficiarios se ubican en zonas de
difícil acceso.
297. A partir de lo anterior, para la Sala, en estos casos de exclusiones, que
según la ART son 401 (en el corregimiento de Llorente) y Asoporca (337 del
mismo corregimiento, pero congregados en la Asociación), se ha cercenado el
debido proceso de los beneficiarios del PNIS. Ello, dado que no se acreditó la
emisión de los actos administrativos señalados por la entidad, y mucho menos
su notificación efectiva a los interesados. Así las cosas, es evidente que no han
podido ejercer su derecho de defensa previo a ser expulsados definitivamente de
los beneficios del PNIS.
298. Por lo expuesto, se confirmará el amparo en lo que atañe a los 410 núcleos
familiares que según la ART fueron excluidos del programa. Como lo indicó el
fallador de primer grado, respecto de este grupo la entidad deberá adelantar las
etapas del procedimiento conminatorio establecido en la Resolución 24 de 2020.
299. De conformidad con la orden 1.6.2. de la decisión impugnada, para efectos
de efectuar la notificación de estos actos, la cual debe ser personal, en los
términos del artículo 67 del CPACA, deberán emplearse «canales efectivos de
comunicación que permita conocer a cada hogar, de manera directa, el alcance
de esa decisión y la irregularidad que se le endilga, brindándole la oportunidad
real para subsanarla o aclararla antes de que se expida el acto administrativo de
exclusión».
300. No está de más advertirle a la ART que la notificación de los actos
administrativos de exclusión, las comunicaciones del estado actual de la
vinculación a cada familia, y en general, todas las órdenes dispuestas por el a
quo en lo que atañe a notificaciones, deben guardar coherencia con las
particularidades del caso. Es decir que, tratándose de la notificación efectiva a
sujetos de especial protección constitucional que se encuentran alejados del caso
urbano y residen en zonas de difícil acceso, corresponde la realización de un
esfuerzo especial y propio.
301. Sobre el tema, la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente:
Población campesina como sujetos de especial protección constitucional. La Corte
ha sostenido que “nuestro ordenamiento jurídico no reconoce a los campesinos y
trabajadores agrarios, per se, como sujetos de especial protección
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constitucional”[112]. Sin embargo, ha determinado que “los campesinos y los
trabajadores rurales son sujetos de especial protección constitucional en
determinados escenarios”[113]. En particular, ha identificado dos criterios para
determinar si son sujetos de especial protección constitucional. El primero “se
encuentra relacionado con el nivel de marginalización y vulnerabilidad
socioeconómica que los ha afectado tradicionalmente”[114]; el segundo “se
fundamenta en que algunos segmentos de la población campesina ya han sido
considerados por la jurisprudencia, por sí mismos, como población vulnerable que
merece una especial protección constitucional”, a saber, “la población desplazada
por la violencia, las madres cabeza de familia, los menores [y] el adulto mayor”[115].
Según la Corte, debe reconocerse su condición de sujetos de especial protección
constitucional si se comprueba que la población campesina se encuentra en
circunstancias de “marginalización y vulnerabilidad socioeconómica”[116] o, por sí
mismos, integran la población considerada como vulnerable. (Cursiva del texto
original y subrayas de la Sala).
302. Para la Sala, la población objeto de esta acción de tutela es sujeto de
especial protección constitucional. Se recuerda que se trata de campesinos
asentados en un territorio asediado por fenómenos como el desplazamiento,
enfrentamientos armados, grupos delincuenciales al margen de la ley, entre
otros. En otras palabras, la comunidad de Llorente cumple los dos criterios
expuestos por el Alto Tribunal Constitucional para que sea reconocida su
protección constitucional.
303. Por ende, es necesario que en el marco de la protección constitucional que
les asiste, la ART realice un esfuerzo adicional en efectuar las notificaciones y
comunicaciones de aquellos actos e informes comunales que definen la situación
jurídica de estos campesinos en torno al PNIS. Solo así se podrían garantizar los
derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la contradicción y a
la defensa de los núcleos familiares afectados y a partir de ello se definiría su
situación dentro del programa en procura de salvaguardarles los derechos
fundamentales sobre los que se invoca la protección. Esto conllevaría a una
construcción de la paz real y a que estas familias salgan de la marginalización y
el abandono estatal30.
• Núcleos familiares recolectores
304. Según el presidente de Asoporca ninguno de los núcleos recolectores fue
vinculado al programa. En primera instancia, la Sección Cuarta del Consejo de
30 «Para que tres departamentos del Litoral Pacífico, Chocó, Cauca y Nariño potencien sus
sectores de turismo y agroindustria es necesario frenar la violencia, mejorar la conectividad y
superar el abandono estatal. Por décadas el país les ha volteado la espalda a los departamentos
del Litoral Pacífico, una de las regiones más biodiversas y con una enorme riqueza étnica y
cultural, pero con inmensos problemas sociales y de orden público». Revista Cambio Colombia,
columna El Pacífico, que no sea más la tierra del olvido, 10 de diciembre de 2022.
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Estado instó a la ART a que cumpliera los compromisos pactados con los
recolectores reconocidos y avalados por la asamblea comunitaria y por el PNIS.
305. Al respecto, la ART en su impugnación manifestó que «de acuerdo con lo
reportado por el sistema de información SISPNIS están siendo atendidos 275
núcleos familiares del total de 301 vinculados como recolectores, con una
inversión de aproximadamente $ 4.973 millones de pesos».
306. De la verificación del Acuerdo Colectivo de 26 de agosto de 2017, se
encontró que el compromiso 6 de las comunidades firmantes, consiste en
participar activamente con el PNIS en el censo de reconocimiento y validación de
los recolectores para que estos puedan acceder a los beneficios de la asistencia
alimentaria inmediata. Esto dado que, como lo puso de presente el a quo, los
recolectores vinculados al PNIS son aquellos avalados por el programa y
reconocidos como tal por la asamblea comunitaria.
307. Sobre la condición para su reconocimiento como beneficiarios, la parte
actora no indicó nada. Es decir que, Asoporca no determinó si los recolectores
que afirma que no fueron incluidos dentro del PNIS fueron avalados en dicha
calidad por la asamblea comunitaria y por el PNIS. Se reitera que, por su parte,
la ART aludió que están siendo atendidos 275 recolectores suscritos al programa
en la zona de San Andrés de Tumaco.
308. Por ende, no se puede establecer un incumplimiento de alguno de los
puntos del Acuerdo Colectivo, máxime cuando el PNIS se caracteriza por ser
voluntario en lo que tiene que ver con la vinculación. En vista de lo expuesto, se
confirmará la decisión de primera instancia en el sentido de instar a la DSCI a
que adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los
compromisos pactados en lo que tiene que ver con los núcleos recolectores
reconocidos y avalados por la asamblea comunitaria.
• Implementación de los ciclos productivo corto y de ingreso rápido y
largo
309. De conformidad con la rendición de cuentas a corte de 31 de julio de 2022
por el PNIS y la ONUDC los proyectos productivos tienen el fin de fortalecer la
base económica local y regional en el corto, mediano y largo plazo, así como
ofrecer fuentes estables y sostenibles de ingresos a la implementación de
alternativas agrícolas, pecuarias, forestales, de transformación y/o de servicios,
identificadas a partir de condiciones agroecológicas del territorio.
310. En el escrito de tutela Asoporca aseveró que ninguno de los proyectos
productivos de ciclo corto y largo han sido recibidos por las familias de Llorente
congregadas en la asociación. Por su parte, la Sección Cuarta aludió que la ART
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allegó pruebas relacionadas con actas de reuniones celebradas el 25 de febrero
y el y 23 de marzo de 2022. Sin embargo, no advirtió la acreditación de la
ejecución oportuna y avanzada de los proyectos productivos. En ese sentido,
instó a la entidad a que atendiera los compromisos pactados al respecto.
311. En la impugnación, la ART indicó que el a quo omitió tener en cuenta la
necesidad de disponibilidad presupuestal para atender lo que dispuso.
312. Pues bien, de la verificación de las piezas procesales que componen el
expediente, se encontró que, dentro del PAI, como compromiso del Gobierno
Nacional está la inversión, por núcleo familiar para el desarrollo del proyecto de
ciclo corto e ingreso rápido, de $9.000.000 por una sola vez. Este se llevaría a
cabo durante el primer año de implementación del PNIS en la respectiva
comunidad.
313. En cuanto al proyecto de ciclo largo, su ejecución comenzaría a partir del
segundo año de la implementación del PNIS y consiste en la inversión de
$10.000.000 por familia para proyectos productivos de ciclo largo y sufragar
mano de obra. La entidad alegó en su impugnación que en seguimiento de la
hoja de ruta, se propuso la implementación de ambos proyectos (ciclo corto y
largo) en el plazo de 18 meses.
314. El citado proyecto se denominó con el Código BPIN20200111000009 y se
estipuló para su ejecución un presupuesto dividido en tres vigencias de:
$604.320.000 en 2020, $859.005.000 en 2021 y $859.005.000 para 2022. Por
otra parte, la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), mencionó
que junto con el Consorcio Fondo Colombia en Paz suscribió el Convenio 1041
de 2021, con el propósito de «aunar esfuerzos técnicos, financieros y
administrativos (…) con la DSCI, para el fortalecimiento de la sustitución
voluntaria de cultivos ilícitos con la implementación del PNIS para las familias
beneficiarias del Programa en los territorios priorizados definidos previamente por
la DSCI en el departamento de Nariño».
315. La ART explicó que tenía en su base de datos 3156 familias que debía
atender en la fase de proyectos productivos de ciclo corto. Asimismo, que en el
marco del Convenio brindó la correspondiente asistencia técnica a las familias
del corregimiento de Llorente y socializó el Convenio con líderes sociales y
representantes y el cronograma de ejecución de presupuesto. Todo ello, a través
de jornadas de socialización llevadas a cabo el 9 y el 25 de febrero, y el 23 de
marzo de 2022.
316. De la mesa técnica celebrada en Llorente el 23 de marzo de 2022, se
estableció que las líneas de producción serían el cacao en asocio con plátano, la
piscicultura y la yuca. A esta reunión asistieron 2 representantes de Asoporca.
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317. Ahora bien, del informe de rendición de cuentas antes referido, se encontró
que, del seguimiento del proyecto de ciclo productivo se han beneficiado 45524
familias, 16067 de estas se localizan en territorios étnicos.
318. Adicionalmente, de las encuestas realizadas dentro de la población en la
que hubo rebrote o persistencia al cultivo se concluyó que «[L]as inconformidades
por las demoras en la implementación de los componentes productivos del
Programa son la principal razón manifestada por las familias beneficiarias en
cuyos lotes se presenta la persistencia o el rebrote de cultivos ilícitos…».
319. Se agrega que se encontró que el 4.6% de las personas encuestadas – en
todo el territorio nacional - manifestaron haber recibido el proyecto productivo de
ciclo corto e ingreso rápido. También, que el promedio de iniciación del proyecto
productivo fue de 20 meses después de la inscripción al PNIS.
320. De otro lado, la ART en su impugnación puso de presente que suscribió el
Contrato de Prestación de Servicios N.° 262 de 2020 con el Fondo Colombia en
Paz, para «prestar los servicios de operador que ejecute los componentes de
intervención del programa para la planeación, formulación, implementación y
seguimiento de proyectos productivos y de huerta casera (…)». Pese a que este
fue firmado desde el 16 de junio de 2020 y en este se dispuso que «el 2 de cada
mes el área de planeación analizará la información y reportará los avances del
Programa», ni el Fondo Colombia en Paz, ni la ART aportaron dichos
seguimientos en procura de evaluar los frutos del contrato.
321. De conformidad con lo manifestado, para la Sala es necesario confirmar
el amparo concluido en primera instancia por las razones que pasan a explicarse:
322. Si bien la ART manifestó que ha invertido vigencias presupuestales entre
los años 2020 a 2022 para la implementación de los proyectos productivos y la
FUPAD sostuvo que ha concertado sesiones en las que incluso se han definido
las rutas de implementación, no se demostró que estos ya hubiesen si quiera
iniciado en la comunidad de Llorente.
323. Se resalta que desde la perspectiva de la parte tutelante no se le han
entregado los insumos o materias de los proyectos productivos corto y de ingreso
rápido y largo, a ninguna de las familias del corregimiento de Llorente adscritas
a Asoporca. Esta aseveración no fue refutada concretamente, ni se demostró lo
contrario por la parte demandada.
324. A ello se añade que el Acuerdo Colectivo suscrito entre el Gobierno
Nacional y Asoporca, se estimó que la entrega de los recursos para el proyecto
de ciclo corto se haría en concomitancia con el tercer pago bimensual de la
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asistencia alimentaria. En ese sentido, se destaca que han pasado más de 5 años
desde la suscripción de los formularios individuales – lo cual ocurrió en 2017 – y
esta acción constitucional sin que la ART haya logrado probar que inició los
proyectos productivos a los que se comprometió el Gobierno, para beneficiar a la
comunidad de Llorente (Nariño) congregada en Asoporca.
325. No se desconoce que para materializar los proyectos productivos es
menester que las entidades encargadas cuenten con el presupuesto que
corresponda. Sin embargo, en esta oportunidad es importante preponderar el
Acuerdo Colectivo, lo que allí se pactó, y de forma puntual, sus objetivos.
326. A saber, con la suscripción del Acuerdo Colectivo se persiguió reducir el
delito asociado con el narcotráfico, especialmente contra «los eslabones
intermedios» como lo son los actores involucrados en el procesamiento, tráfico y
lavado de activos. Asimismo, el incremento «de las capacidades nacionales y
territoriales para reducir las vulnerabilidades de las zonas afectadas por la
problemática de las drogas ilícitas, mediante el mejoramiento de las condiciones
sociales, económicas, políticas y de seguridad de los territorios y su población»31.
327. Así las cosas, se tiene que, para la consecución de la paz y especialmente
para hacerle verdadero frente a la política antidrogas se creó el PNIS. Para darle
cabida al programa se acordaron los pactos colectivos como el que suscribió
Asoporca y el fin de los compromisos que lograrían la consecución de los
objetivos, entre los que están lograr la paz estable y duradera, también están el
mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de las poblaciones
campesinas afectadas.
328. Desde otra perspectiva, la implementación de los ciclos productivos
conlleva a que se mejoren las condiciones de vida, económicas y sociales de los
campesinos que decidieron acogerse al PNIS y favorecer al Estado con la
erradicación de los cultivos de uso ilícito de los que derivaban su subsistencia. A
cambio, las comunidades tienen derecho de tener unas condiciones materiales
mínimas que les permita gozar de una vida digna, que a su vez contribuyan
alejarse de la marginalización y les permita el goce de sus derechos
fundamentales. Esto, a partir de una vida en condiciones de paz, dignidad y en
sus territorios.
329. Los proyectos productivos son entendidos como elementos que preparan
y capacitan a las comunidades afectadas por la siembra de cultivos de uso ilícito,
y que tienen que dejar su actividad económica principal, para atender y solventar
sus necesidades a través de la generación de ingresos. Adicionalmente, son
herramientas para contribuir a la reconstrucción del tejido social.
31 Acuerdo Colectivo de 26 de agosto de 2017.
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330. Los proyectos productivos bajo el enfoque social impulsan a desarrollar
actividades que generen bienes útiles para la comunidad y a su vez empujan el
desarrollo de economías legales y agrícolas que favorecen no solo al
campesinado productor, sino a las grandes ciudades que resultan beneficiadas
de los cultivos. La finalidad de estos proyectos está enmarcada en lograr la
producción de bienes mediante el ejercicio de actividades legales, de manera que
se les brinde y asegure a las comunidades campesinas calidad de vida digna, la
posibilidad de emplearse, de devengar ingresos y de satisfacer sus necesidades
y las de su familia.
331. Por lo expuesto, es menester confirmar el amparo, en los términos de la
orden 1.4. del fallo de primer grado. Así, se insta a la DCSI a que de manera
inmediata continúe con la implementación de los proyectos productivos de ciclo
corto e ingreso rápido y ciclo largo destinados a las familias del corregimiento de
Llorente congregadas en Asoporca.
• De las medidas de seguridad solicitadas por Asoporca para sus
líderes sociales
332. Tal y como se mencionó en primera instancia, en el numeral 4.1.3.1. del
Acuerdo Final de Paz se reconoció que las comunidades afectadas por los
cultivos de uso ilícito tienen derecho a «la provisión de garantías y condiciones
de seguridad». Asimismo, en el punto 3 se determinó que la seguridad de todos
los involucrados era imprescindible para garantizar la adecuada implementación
del PNIS. En especial, si se trata de proteger a líderes y defensores de los
derechos humanos.
333. El Decreto 896 de 2017 reconoció dentro de los elementos para el pleno
desarrollo del PNIS – en el numeral 1º del artículo 7º - las condiciones de
seguridad. Asimismo, dentro del Acuerdo Colectivo de 2017 – compromiso 6 a
cargo del Gobierno Nacional – se estableció la garantía de las condiciones de
seguridad y protección de los derechos humanos en los territorios en donde se
desarrollen los acuerdos de erradicación y sustitución de los cultivos de uso ilícito.
334. Asimismo, las autoridades regionales firmantes del Acuerdo Colectivo se
comprometieron a trabajar de manera coordinada con el Gobierno Nacional,
instituciones públicas y privadas y la comunidad internacional, en el diseño y
ejecución de las políticas públicas, planes y programas que garanticen la
implementación y desarrollo del PNIS.
335. Así las cosas, es claro que uno de los compromisos del Gobierno Nacional
es garantizar las condiciones de seguridad para los beneficiarios del PNIS en
general. A ello se suma que en el presente asunto se alegó la amenaza de la vida
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de líderes sociales, los cuales gozan de una especial protección constitucional.
Sobre el tema, la Corte Constitucional en la sentencia T- 473 de 2018 indicó lo
siguiente:
(…) “las autoridades deben obrar frente a estos sujetos de manera especialmente
diligente, interpretando el alcance de sus propias funciones con un criterio
eminentemente protectivo, que refleje la intención del Constituyente y busque
preservar, ante todo, el goce de sus derechos fundamentales”. El deber de especial
protección que tienen las autoridades frente a estos sujetos se acentúa en
situaciones de emergencia en las cuales sus derechos fundamentales se
encuentren en un nivel significativo de riesgo. (Cursiva del texto original).
336. Es de público conocimiento, a partir de los datos arrojados por la
Defensoría del Pueblo y algunos medios de comunicación, el nivel de riesgo al
que se exponen los líderes sociales, particularmente de poblaciones con
condiciones especiales que los han puesto en marginalidad, como lo son el
campesinado y los afrodescendientes. Para el año en que se presentó esta
acción constitucional, esto es, para 2022, se estableció que en cuanto a los
líderes y lideresas sociales «entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022 se
registraron 593 homicidios, lo que equivale a un promedio de 15 víctimas por
mes»32.
337. De cara a la situación actual, el 19 de mayo de 2023, mediante el
Comunicado 180 la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el
crecimiento paulatino de homicidios de líderes y lideresas sociales. Recalcó que
«el mapa nacional de riesgos analizados por nuestro Sistema de Alertas
Tempranas advierte que los riesgos están identificados en 706 municipios y 16
áreas no municipalizadas de 32 departamentos, es decir en las dos terceras
partes del territorio nacional. El riesgo es extremo en 120 municipios; alto en 258;
medio en 203 municipios, y bajo en otros 125».
338. Con base en ello, hizo un llamado a la comunidad y al Gobierno Nacional
para proteger la vida e integridad, especialmente de quienes pertenecen a los
sectores comunal, indígena, comunitario, campesino, agrario y afrodescendiente.
339. En vista de lo anterior, pese a no existir pruebas puntuales sobre cuáles
son los líderes sociales de Asoporca que han visto en peligro o riesgo su vida y
seguridad, para la Sala procede confirmar el amparo otorgado por el a quo. Esto,
dada la particularidad en la que se encuentran las personas sobre las que se
invoca la protección y el hecho notorio que conlleva a un mejor convencimiento
32 Información disponible y más desarrollada en la página web
https://caracol.com.co/2023/05/19/la-defensoria-alerta-por-el-aumento-de-los-riesgos-para-
defensores-y-lideres-sociales/.
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de que en efecto podría estar en amenaza o vulneración el derecho fundamental
frente a un grupo de líderes sociales de la comunidad campesina.
340. En concreto, la orden impartida por el juez constitucional de primer grado,
fue la siguiente:
2.1. Ordenar a la Asociación Porvenir Campesina Asoporca que, dentro de los diez
(10) días siguientes a la notificación de esta providencia, remita a la Unidad
Nacional de Protección un listado que contenga los datos de contacto de los líderes
que se reúnan en la Asociación y que por su participación en el Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito corran riesgos en su vida e
integridad personal.
2.2. Ordenar a la Unidad Nacional de Protección que, dentro del (1) mes siguiente
tras la remisión del listado por parte de la Asociación Porvenir Campesina
Asoporca a que se refiere el numeral anterior, (i) se contacten con los líderes
identificados en la lista; (ii) les informen los pasos a seguir para iniciar el respectivo
estudio de riesgo; (iii) inicien y culminen los estudios de nivel de riesgo frente a los
líderes incluidos en el listado mencionado, a fin de determinar si hay lugar a
otorgarles esquemas de protección individuales y colectivos.
341. Dentro de los alegatos traídos en sede de impugnación por la UNP, están
el presunto desconocimiento del a quo del procedimiento reglado para solicitar
protección. Para la Sala no son de recibo los argumentos de la entidad. Como se
expuso previamente, la corte guardiana de la Constitución Política ha establecido
que cuando están en juego garantías fundamentales como la vida y la seguridad,
especialmente de sujetos considerados de especial protección constitucional, el
someterlos a los requisitos dispuestos en la ley podría materializar la amenaza.
342. Es tan importante el despliegue de medidas urgentes, porque además de
ponerse en juego el derecho fundamental pilar del que pende el goce de todos
los demás, las acciones y represalias en contra de los líderes sociales «traen
consigo la desintegración social de los grupos a los que pertenecen, la apatía y
el miedo a expresarse y, finalmente, el deterioro de la vida en comunidad,
comoquiera que las labores de los representantes, entre otras, es generar
patrones de identidad y sentido de propiedad con la finalidad de avanzar hacia
una esfera social más favorable para el desarrollo de proyectos productivos» 33.
343. Por todo lo expuesto, la orden impartida a la UNP se confirma
integralmente. No se desconoce que el señor Héctor Arturo Rodríguez Escobar,
quien estaba encargado de remitir la lista de los líderes sociales que necesitan la
protección envió la información a la UNP hasta el 22 de marzo de 2023.
33 Sentencia T-473 de 2018 de la Corte Constitucional.
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344. En vista de lo anterior, para la Sala resulta pertinente llamar la atención
del señor Rodríguez Escobar para que cumpla con las órdenes que aquí se
dispongan y las dadas en primera instancia. En caso de que no lo haya hecho,
deberá proceder de manera inmediata. No hacerlo conllevaría a la extensión de
la vulneración de los derechos fundamentales de su comunidad. En ese sentido,
gran parte de la responsabilidad en que se efectúe la protección de los derechos
fundamentales aquí reclamados está en su cabeza, como representante de
Asoporca y promotor de este mecanismo tutelar.
2.7. Conclusiones
345. El Acuerdo Final de Paz, el Acuerdo Colectivo de 26 de agosto de 2017 y
los formularios individuales hacen parte de la política pública de erradicación y
sustitución de los cultivos de uso ilícito y propenden por la consecución de una
paz estable y duradera, que permita el goce efectivo de los derechos
fundamentales de los suscriptores.
346. Se destaca que la finalidad del Acuerdo Final de Paz en cuanto a la política
pública en cuestión debe abarcar un plan ya puesto en ejecución, que sea
sensible a los titulares de los derechos que busca satisfacer la política, y que su
ejecución, esto es, el cumplimiento de los compromisos, no se extiendan de
forma indefinida.
347. Sobre el cumplimiento de buena fe, con el que se deben garantizar los
puntos del Acuerdo, la Corte Constitucional expuso en la sentencia C-630 de
2017 que, las autoridades públicas involucradas deben actuar no solamente de
conformidad con las facultades legales y constitucionales que les han sido
conferidas, sino que deben gestionar todo lo que sea necesario para el
«desarrollo de la articulación, coordinación y colaboración armónica de los
poderes públicos que, para el caso bajo examen, se materializa en el propósito
general de consolidar una paz estable y duradera, objetivo cardinal atinente no
solo al ejecutivo central, sino de la organización estatal en todo su conjunto».
348. El Acuerdo Final de Paz se trata de una política pública que tiene como fin
específico la consecución de una paz estable y duradera. Asimismo, los
compromisos allí dispuestos deben garantizarse bajo el principio de la buena fe,
el cual implica una real implementación y ejecución de lo allí dispuesto.
349. En cuanto a los derechos fundamentales que se protegerán por medio de
esta acción constitucional, se encontró que efectivamente la ART como gestora
del PNIS, para el caso de las familias de Asoporca del corregimiento de Llorente,
ha incumplido con distintos deberes. A saber, ha suspendido y excluido de los
beneficios del PAI, puntualmente del pago de la asistencia alimentaria, a distintos
núcleos familiares a quienes se les ha cercenado su derecho a la defensa previa
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adopción de la decisión definitiva sobre su permanencia en el programa. Lo
mismo ha ocurrido en el caso de los grupos familiares excluidos.
350. En lo que tiene que ver con los proyectos productivos de ciclo corto e
ingreso rápido y ciclo largo, no se demostró que si quiera se haya iniciado con la
implementación. Así, en aras de garantizar la efectividad de lo pactado, se dará
la orden a la ART de continuar de manera inmediata con la implementación de
los proyectos productivos de la comunidad de Llorente congregada en Asoporca.
351. Finalmente, en cuanto a la adopción de las medidas de seguridad que se
solicitaron en procura de proteger los derechos fundamentales a la vida y la
seguridad de los líderes y lideresas sociales, es necesaria la agilización del
estudio de riesgo y la determinación de las medidas protectoras que determine
la UNP. Esto, teniendo en cuenta que sobre quienes pesan las presuntas
amenazas que serán investigadas por la entidad, son sujetos de especial
protección constitucional.
352. En vista de lo esbozado, se confirmará integralmente la sentencia de
primer grado que amparó los derechos fundamentales deprecados por el señor
Rodríguez Escobar en su nombre y en el de las familias de Asoporca del
corregimiento de Llorente que se acogieron al PNIS.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el
presidente y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
la UARIV, la UNP y la ART.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de octubre de 2022 de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Con aclaración de voto
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
Asoporca: Asociación Porvenir Campesina.
PNIS: Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos.
PAI: Planes de Atención Inmediata.
FARC – EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del
Pueblo.
CEC: Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.
UNODC: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
UARIV: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
FUPAD: Fundación Panamericana para el Desarrollo Colombia.
UNP: Unidad Nacional de Protección.
DAPRE: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
ART: Agencia de Renovación del Territorio.
DSCI: Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
JAC: Juntas de Acción Comunal.
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