Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03064-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03064-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-03064-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
15 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C, 15 de diciembre de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03064-01
Demandante: Néstor Hernán Melenje Trujillo
Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Relevancia constitucional
Síntesis del caso: La parte demandante enjuició la sentencia mediante la cual se confirmó
la decisión de primer grado que negó las pretensiones de una demanda relacionada con
la declaratoria de nulidad del acto administrativo que revocó el reconocimiento de una
asignación de retiro y ordenó el reembolso de los valores pagados por tal concepto, en
razón al reintegro al servicio activo, así como también la nulidad del acto administrativo
que, en reposición, confirmó el primero.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia proferida
el 26 de agosto de 2022 por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud
de amparo.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 6 de junio de 2022, Néstor Hernán Melenje Trujillo presentó acción
de tutela contra la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, “garantías judiciales” y libertad
personal, así como de los principios de igualdad y confianza legitima, los
cuales consideró vulnerados con ocasión de la Sentencia de 11 de
noviembre de 2021, proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 25000-23-42-000-2018-01564-01.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03064-01
Demandante: Néstor Hernán Melenje Trujillo
Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma - improcedencia
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2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
“1. Solicito, Honorables Magistrados, se REVOQUE la sentencia de segunda
instancia fechada el 11 de noviembre de 2021 proferida por el Honorable
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO SECCION
SEGUNDA SUB SECCIÓN A y como consecuencia de lo anterior DEJAR SIN
EFECTOS la citada sentencia, lo anterior de conformidad con los fundamentos
fácticos y jurídicos anteriormente expuestos.
2. De forma subsidiaria si no se llegare a ordenar la revocatoria de la
sentencia de segunda instancia fechada el 11 de noviembre de 2021
proferida por el Honorable CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTECIOSO
ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA SUB SECCIÓN A. Solicito que se le ordene
a la accionada que modifique la decisión y ajuste su nuevo fallo en derecho y
bajo las premisas y fundamentos legales aquí expuestos.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) El 21 de junio de 2010, mediante el Decreto No. 2219, Néstor Hernán
Melenje Trujillo fue retirado del servicio activo de la Policía Nacional por
llamamiento a calificar servicios, en el grado de teniente coronel. Por tal
razón, mediante la Resolución No. 5267 de 8 de septiembre de 2010, la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) le reconoció una
asignación mensual de retiro.
5. 2) El 28 de octubre de 2010, el accionante instauró demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se ordenara su
reintegro a la institución. En primera instancia, el Juzgado 8 Administrativo
de Descongestión de Manizales negó las pretensiones de la demanda,
decisión que fue revocada por el Tribunal Administrativo de Caldas,
mediante Sentencia de segunda instancia de 13 de marzo de 2014, en la
cual ordenó el reintegro del actor a la Policía Nacional, sin solución de
continuidad, en el grado que ostentaba, así como el pago de sueldos,
prestaciones sociales y demás emolumentos causados y dejados de
percibir.
6. 3) En cumplimiento del fallo, la Policía Nacional lo reintegró mediante
el Decreto No. 289 de 18 de febrero de 2015. Por su parte, CASUR expidió la
Resolución No. 4486 de 18 de junio de 20152, en la que revocó la
Resolución No. 5267 de 8 de septiembre de 2010 y, en consecuencia, dejó
sin efectos los pagos realizados entre 28 de septiembre de 2010 y 30 de
2 Notificada en debida forma a través del acto de notificación personal de 17 de noviembre de 2017, en
cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil en el radicado No. 2017-
5554-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03064-01
Demandante: Néstor Hernán Melenje Trujillo
Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma - improcedencia
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abril de 2015 a favor del señor Melenje Trujillo, quien debía reintegrar la
suma $313.818.533.
7. 4) El 24 de noviembre de 2017, el señor Melenje Trujillo interpuso
recurso de reposición contra la Resolución No. 4486 de 18 de junio de 2015,
el cual fue negado por CASUR a través de la Resolución No. 34 de 22 de
enero de 2018, con fundamento en (se trascribe) “la política de reintegro
de valores al presupuesto de la entidad que da estricto cumplimiento a la
sentencia que ordena el reintegro al servicio activo de la Policía Nacional”.
8. 5) Con ocasión de lo anterior, el accionante presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, contra CASUR, con el fin de
obtener la nulidad de las Resoluciones No. 4486 de 18 de enero de 2915 y
No. 34 de 22 de enero de 2018 y, en consecuencia, condenar a la entidad
demandada a reintegrar a su favor la suma descontada como devolución
de mesadas causadas por valor de $327.523.108.
9. 6) Mediante Sentencia de 12 de septiembre de 2019, la Subsección D
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó
las pretensiones de la demanda y condenó en costas y agencias en
derecho a la parte demandante, tras concluir que al declararse la nulidad
del acto administrativo que desvinculó del servicio oficial, se retrotraen las
cosas a su estado anterior, máxime cuando el reintegro se da sin solución
de continuidad, de manera que se tiene como si el actor nunca se hubiera
separado del servicio, razón por la que, las sumas que recibió por
concepto de restablecimiento del derecho y las que percibió por
asignación de retiro son incompatibles.
10. 7) La parte actora apeló la decisión anterior4, y la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la Sentencia de 11 de
noviembre de 2021, la confirmó, al considerar que no era compatible el
pago de salarios y demás prestaciones derivadas del servicio activo
reestablecido al demandante en virtud de una orden de reintegro, y a su
vez, percibir la asignación de retiro otorgada desde su desvinculación de
la Policía Nacional, pues desapareció la causa para su consolidación, y
por lo tanto, se configuraba la prohibición de doble erogación del erario
3 CASUR ordenó enviar copia de dicho acto administrativo a la Secretaría General y al área de administración
salarial de la Policía Nacional, para que dicha institución descontara en un solo contado y con destino a su
presupuesto la aludida suma, lo cual procedió a hacer mediante la orden de pago presupuestal de gastos
comprobante de 5 de mayo de 2017, (se trascribe) “a la cuenta de Ahorros del Banco Popular S.A. N° 070029905,
por un valor total de TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHO PESOS CON
VEINTICINCO CENTAVOS ($327.523.108.25)”.
4 En el cual indicó que como los hechos se dieron en vigencia de la sentencia del 29 de enero de 2008, dicho
criterio jurisprudencial era el que debería observarse. Además, alegó que, el A quo aplicó retroactivamente los
pronunciamientos posteriores proferidos por el Consejo de Estado sobre la materia, desconociendo la aplicación
prospectiva o a futuro de la jurisprudencia como se determinó por la Sección Tercera del Consejo de Estado en
sentencia del 4 de septiembre de 2017, rad. 2009-00295-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03064-01
Demandante: Néstor Hernán Melenje Trujillo
Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma - improcedencia
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prevista en el artículo 128 constitucional, lo anterior, acorde con la actual
línea jurisprudencial aplicable al caso.
11. Para la parte actora, el fundamento de la vulneración radicó en que
la decisión cuestionada desconoció las subreglas jurisprudenciales
contenido en la Sentencia de 4 de septiembre de 2017, Rad. 68001-23-31-
000-2009-00295-01 (57279), el cual estableció que estas debían ser
aplicadas de manera prospectiva o a futuro, más no de forma retroactiva,
tal como, a su juicio, ocurrió en su caso, dado que la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado aplicó retroactivamente un
precedente, sin especificar cuál, que, para la fecha de los hechos, no
existía.
12. Igualmente, violó el derecho al debido proceso del accionante, por
haberlo condenado en costas, pese a que el artículo 188 del CPACA,
adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 estableció que la
sentencia dispondrá de la condena cuando la demanda se haya
presentado con manifiesta carencia de fundamento legal, presupuesto
que la autoridad judicial no puso de presente en su decisión. En ese
sentido, hizo alusión a que, en una providencia no identificada, dictada
dentro del proceso con radicado No. 11001032600020190001100, se dispuso
que (se trascribe) “la condena en costas solo es procedente cuando la
parte vencida actúa de manera temeraria, malintencionada o de mala fe
o… [cuando] se acredite que la demanda carece por completo de
fundamento legal”.
13. Por último, aseveró que en su caso particular debió aplicarse el
principio de progresividad laboral.
1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación
14. Mediante Sentencia de 26 de agosto de 2022, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado determinó que la acción de tutela
carecía de relevancia constitucional y, por ende, la declaró
improcedente.
15. El fundamento de la decisión anterior radicó en que (se trascribe) “la
parte actora acude a la acción de tutela con el propósito de reabrir y
continuar con el debate que se surtió en el proceso ordinario, para que se
acceda a las pretensiones de la demanda”. Sostuvo que los argumentos
que sustentaron el desconocimiento del precedente judicial fueron
expuestos en el escrito de apelación contra la Sentencia de 12 de
septiembre de 2019 y en los alegatos de conclusión de segunda instancia,
y frente a ellos se pronunció en debida forma la autoridad judicial
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03064-01
Demandante: Néstor Hernán Melenje Trujillo
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demandada, la cual tuvo en cuenta el precedente vigente en materia de
incompatibilidad de pago de asignación de retiro y de salarios y demás
prestaciones derivadas del servicio activo restituido.
16. Respecto de la condena en costas a la parte demandante, sostuvo
que no advirtió una interpretación legal contraria a derecho, ya que en el
fallo demandado se siguió lo dispuesto en la providencia de 7 de abril de
2016, proferida en vigencia del CPACA, a saber, la valoración objetiva que
excluía como criterio de decisión la mala fe o temeridad de las partes,
habida cuenta que aquella resultó vencida en segunda instancia y la
parte demandada intervino en dicha instancia al presentar escrito de
alegatos. En esa medida, afirmó que (se trascribe):
“(…) el análisis y aplicación normativa sobre las costas efectuado por la
instancia judicial accionada es acertada y tiene en cuenta que, tal como lo
expuso la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el
escrito de respuesta a la presente demanda, tanto la sentencia de primera
instancia como el recurso de apelación interpuesto por el señor Melenje Trujillo
se presentaron entre septiembre y octubre de 2019, época para la cual no
estaba vigente la Ley 2080 de 2021, por lo que la alzada debía tramitarse
acorde a las previsiones de la Ley 1437 de 2011”
17. Por último, adujo que, aunque la parte actora citó Sentencia de 19
de junio de 2020, Rad. 50001-23-33-000-2014-00402-01, de la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, no desplegó una carga
argumentativa mínima que permitiera hacer un estudio de fondo al
respecto.
18. La parte actora impugnó la decisión de primera instancia y solicitó su
revocatoria. En su escrito cuestionó el hecho de que el juez de tutela de
primera instancia, ante la aplicación retroactiva del precedente judicial,
hubiera afirmado que era correcto porque aquel cambió durante el
transcurso del proceso, situación de la que discrepó porque para la fecha
de los hechos – junio de 2015- no existía tal precedente que resultó
desfavorable para sus intereses.
19. En ese orden, insistió en que se observara la prohibición de aplicar
precedentes jurisprudenciales de manera retroactiva, a la que se hizo
alusión en la Sentencia de 4 de septiembre de 2017, Rad. 68001-23-31-000-
2009-00295-01, ya que la materialización en su caso trajo consigo la
afectación de derechos, principios y garantías judiciales.
20. Frente a las costas procesales, reprochó que el juez de tutela de
primera instancia (se trascribe) “se centró en dar aplicación taxativa de la
ley 2080 de 2021, desconociendo claramente el fallo traído a colación en
mi escrito de tutela proferido por el Honorable Consejo de Estado
mediante providencia que resolvió recurso extraordinario de revisión dentro
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del radicado 11001032600020190001100 C.P. Alberto Montaña Plata, el cual
manifestó la pertinencia para efectuar un análisis de la institución procesal
de las costas para definir su contenido, alcance y aplicación frente a los
procesos que cursan ante la jurisdicción”.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
2.2. Conclusión.
2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial5
21. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, por falta
de relevancia constitucional, toda vez que logró advertir, como lo hizo en
su momento la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
que la parte demandante pretendió obtener que su controversia fuera
sometida a una nueva instancia.
22. De conformidad con la Corte Constitucional, (se trascribe) “el juez
[de tutela] no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”6.
23. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 2014, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere la conjunción de 2 elementos: la carga argumentativa por parte
del demandante en la que explique la relevancia de la controversia para
el juez de tutela7; que la solicitud de amparo no se presente con objeto de
obtener una nueva instancia8; y que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad9.
24. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene por finalidades preservar la competencia e
5 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-066 de 2019.
6 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
7 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El
primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el
asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
8 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia
procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión
del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
9 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no
involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
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independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos
donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional10.
25. En ese orden, respecto de la aplicación retroactiva del precedente,
la Sala considera que, tal como lo advirtió en su momento el juez
constitucional de primera instancia, los reparos planteados en el escrito de
tutela como un presunto desconocimiento del precedente, se presentan,
en efecto, como una reiteración de lo que ya había sido expuesto en el
proceso ordinario11 y como una mera discrepancia interpretativa con la
decisión del juez de la nulidad y restablecimiento del derecho.
26. La Sala evidenció que los cargos planteados, los fundamentos
jurídicos, y los medios probatorios que fundamentaron la decisión
adoptada, fueron suficientemente sustentados por la autoridad judicial
accionada, como juez natural del asunto12, y no hay lugar a analizar
nuevamente la controversia, pues eso sería someterla a una instancia
adicional.
27. Igualmente, en relación con la condena en costas y la presunta
vulneración del derecho fundamental al debido proceso del accionante
con tal decisión, la Sala advierte que, 1) el accionante pretende reabrir la
discusión sobre tal aspecto, pese a que ya fue objeto de pronunciamiento
por parte de la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
10 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.
11 En el recurso de apelación, la parte actora argumentó (se trascribe): “(...) el HONORABLE TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA SUBSECCIÓN "D", trasgredió directamente y con pleno
desconocimiento, la prohibición de dar aplicación a precedentes jurisprudencial de manera retroactiva, lo que
claramente generaría y genero para el presente asunto un quebrantamiento grave a lo señalado por el
Honorable consejo de estado en su sentencia 68001-23-31-000-2009-00295-01 (57279) del 04 de septiembre de
2017 C.P. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, Sección Tercera Subsección C, mediante la cual se estipulo
los lineamientos jurídicos para dar aplicación a los precedentes jurisprudenciales. (…) Por lo cual es de anotar
que este alto tribunal conoció del precedente jurisprudencial al momento de presentarse la demanda, y con
relación a la fecha de los hechos, los cuales sucedieron al momento de expedirse la resolución No. 4486 del 18
de junio de 2015 mediante la cual la parte demandante ordenó descontar a cargo de mi prohijado la suma de
($327.523.108.25)., suma de dinero que corresponde a mi cliente como mecanismo indemnizatorio según las
jurisprudencias vigentes para la fecha de los hechos y traídas a colación dentro del presente proceso. (…) // Lo
que claramente demuestra que el aquo dio aplicación al nuevo precedente jurisprudencial generado a partir
del año 2018 y 2019 con las sentencias del 19 de julio de 2018, con ponencia de la doctora Sandra Lisset Ibarra
Vélez, expediente 2012-00174, número interno (1869-2017) y sentencia del 8 de abril del 2019, de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del Consejero Nicolás Yépes Corrales; desconociendo totalmente
la prohibición que existe sobre dicha aplicación retroactiva del precedente, y violando de manera drástica los
derechos de mi prohijado como la libertad y el debido proceso, y los principios de las garantías judiciales, la
confianza legítima y la igualdad.” Folios 242 a 249 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No.
25000-23-42-000-2018-01564-00. Además, en la sentencia enjuiciada se indicó que la parte demandante, en los
alegatos de conclusión que presentó en segunda instancia, (se trascribe) “deprecó nuevamente que se revoque
la sentencia apelada y que en su lugar se acceda a las pretensiones del libelo. Para tal efecto reprodujo en su
totalidad los argumentos esbozados en su recurso de apelación” [página 5], lo cual efectivamente se comprobó
al revisar el documento que obra en el índice 12 del registro de dicho proceso en SAMAI.
12 La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado determinó (se trascribe) “la tesis sobre la
naturaleza indemnizatoria de tales haberes al derivarse de un fallo judicial, la cual se había sostenido por el
Consejo de Estado durante la época de los hechos, fue revaluada con posterioridad a través de
pronunciamientos recientes que se acompasan con la línea de interpretación aplicable a asuntos como el sub
examine pendientes de decisión de fondo, en los que se determina la imposibilidad de que coexistan estas dos
erogaciones del Estado como lo son el salario por servicio activo y la asignación de retiro por la condición
precisamente de miembro retirado de la institución. Por tal motivo los descuentos ordenados en los actos
administrativos cuya nulidad se depreca, son ajustados a derecho y a la prohibición constitucional prevista en el
artículo 128 Superior, tal como lo estimó el a quo”. Página 17 de la sentencia de segunda instancia enjuiciada.
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Administrativo de Cundinamarca13 y de la Sección A de la Sección
Segunda del Consejo, la cual confirmó la condena en costas14, y 2)
constituye una controversia eminentemente patrimonial y económica, de
la cual no se avizora la trasgresión de los derechos invocados15.
28. En ese orden, se recuerda que las diferencias interpretativas que
existieren entre el demandante y el juez natural de la causa no constituyen,
por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones
del juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión vía tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por
qué el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una
tutela contra providencia judicial, pues este es un mecanismo
constitucional de amparo de derechos fundamentales de carácter
excepcional16.
2.2. Conclusión
29. La Sala confirmará la sentencia impugnada que declaró la
improcedencia de la acción de tutela, por no superarse el requisito de
relevancia constitucional.
13 “5.4. Finalmente, frente a las costas procesales de que trata el artículo 188 del CPACA, esta colegiatura,
conforme al numeral primero del artículo 365 del CGP, condenará en costas al accionante, en atención al
actual criterio objetivo valorativo aplicado por el Consejo de Estado, pues además de ser la parte vencida en el
proceso, se evidencia la causación de costas en esta instancia a favor de la parte demandada, verbigracia,
presentando la contestación de la demanda, proponiendo excepciones (fis. 175 al 180), asistiendo a la
audiencia inicial (fl. 204) y alegando de conclusión en la etapa pertinente (fis. 209 y 210). De tal manera, se fijará
como agencias en derecho en esta instancia, el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones de la
demanda, conforme al numeral 1° del artículo 5° del Acuerdo 10554 de 2016 del Consejo Superior de la
Judicatura, al ser un proceso de primera instancia con cuantía, en consonancia con lo dispuesto por los artículos
188 del CPACA y 365 del CGP; que serán asumidas por la parte vencida. Igualmente, las expensas que estén
causadas v acreditadas (gastos procesales de que trata el artículo 171, numeral 4°, del CPACA, valor de copias,
impuestos de timbre, honorarios de auxiliares de justicia, etc.), v las agencias en derecho antes señaladas, deben
liquidarse por la Secretaría de esta Subsección. de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 366 del CGP.”
Páginas 12 y 13 de la sentencia de primera instancia o folios 234 y 235 del del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 25000-23-42-000-2018-01564-00.
14 “De la condena en costas de segunda instancia Esta subsección en providencia de 7 de abril de 2016, sobre la
condena en costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para la imposición de
condena en costas, bajo los siguientes fundamentos: (…) De lo anterior se colige que la condena en costas
implica una valoración objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la temeridad de
las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que tratándose de costas en la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, en la sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público. Por tanto, bajo este hilo argumentativo, en el
presente caso se condenará en costas al demandante y a favor de la entidad demandada, en la medida que
conforme el numeral 3.º del artículo 365 del CGP, el primero resultó vencido en segunda instancia al confirmarse
en su totalidad la sentencia recurrida, y además la parte pasiva intervino en esta instancia al presentar escrito de
alegatos conforme con la constancia secretarial visible a folio 261 del cuaderno 4.” Páginas 17 y 18 de la
sentencia de segunda instancia enjuiciada.
15 Al respecto, entre otras: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B, Sentencias de 12 de julio de 2019,
Exp. 11001-03-15-000-2019-00992-01 y 11001-03-15-000-2019-02824-00; Sentencia de 7 de noviembre de 2019, Exp.
11001-03-15-000-2019-04459-00, Sentencia de 16 de diciembre de 2019, Exp. 11001-03-15-000-2019-04788-00;
Sentencia de 5 de febrero de 2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04762-00, Sentencia de 1 de abril de 2020, Exp.
11001-03-15-000-2020-00781-00.
16 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659
de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03064-01
Demandante: Néstor Hernán Melenje Trujillo
Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma - improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de tutela proferida el 26 de agosto
de 2022, por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela presentada
por Néstor Hernán Melenje Trujillo.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin17.
TERCERO: Por Secretaría General REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
17 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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