Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03065-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03065-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-03065-00
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
4 de agosto de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03065-00
Demandante: Harold de Arco Carvajalino
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03065-00
Demandante: HAROLD DE ARCO CARVAJALINO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
Temas: Contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Fallos disciplinarios que impusieron
correctivo disciplinario de destitución e inhabilidad. Defecto fáctico.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Harold de Arco Carvajalino
contra el Tribunal Administrativo de Bolívar.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1.1. En ejercicio de la acción de tutela1, el señor Harold de Arco Carvajalino pidió la
protección del derecho fundamental al debido proceso, que estimó vulnerado por la
sentencia del 19 de noviembre de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
En concreto, formuló las siguientes pretensiones:
Primero: Declarar que la sala de decisión Nro. 007 del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR,
en el fallo de segunda instancia proferido dentro del proceso, de MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO de HAROLD DE ARCO CARVAJALINO, contra la POLICIA
NACIONAL tramitado bajo radicado Nro.: 13-001-33-33-008-2019-00101-01 vulnera mis derechos
fundamentales al debido proceso, y los que el magistrado considere,
Segundo: Declarar que la sala de decisión Nro. 007 del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR,
en el fallo de segunda instancia proferido dentro del proceso de MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO de HAROLD DE ARCO CARVAJALINO, contra la POLICIA
NACIONAL tramitado bajo radicado Nro.: 13-001-33-33-008-2019-00101-01 vulnera mi derecho
fundamental al debido proceso, como consecuencia de una valoración defectuosa del material
probatorio con errores manifiestos en la apreciación de las pruebas y falta de valoración del acervo
probatorio.
Tercero: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene REVOCAR la sentencia de
segunda instancia proferida por la sala de decisión Nro.: 007 del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOLÍVAR y en su lugar CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, proferida en derecho por el
JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DE CARTAGENA.
1 Se radicó el 6 de junio de 2022.
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Demandante: Harold de Arco Carvajalino
2. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. El señor Harold de Arco Carvajalino laboró como patrullero de la Policía Nacional
desde el 10 de mayo de 2003 hasta el 29 de junio de 2012.
2.2. Mediante Resolución No. 03363 del 20 de septiembre de 2011, el director general de
la Policía Nacional suspendió del ejercicio de sus funciones al señor Harold de Arco
Carvajalino, a partir del 2 de septiembre de 2011, teniendo en cuenta que en esa fecha,
el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena
impuso al actor medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en
establecimiento carcelario, por el presunto delito de concierto para delinquir agravado.
2.3. Mediante fallo disciplinario de primera instancia del 28 de septiembre de 2011, el jefe
de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Cartagena
(Mecar) declaró disciplinariamente responsable al señor Harold de Arco Carvajalino por
haber incurrido en los comportamientos típicos señalados en los numerales 3 2 y 93 del
artículo 34 de la Ley 1015 de 2006. En consecuencia, impuso correctivo disciplinario de
destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos por el término de 10 años.
2.3.1. Lo anterior, al considerar que las pruebas recaudadas daban cuenta de que el actor
colaboró activamente con el grupo delincuencial autodenominado los Urabeños,
suministrándoles información de los controles de Policía de la zona, para que pudieran
transportar armas y drogas.
2.4. En contra de la anterior decisión, el señor Harold de Arco Carvajalino interpuso
recurso de apelación y, el inspector delegado Región 8 de la Policía Nacional, mediante
fallo de segunda instancia del 14 de mayo de 2012, la confirmó.
2.5. Mediante Resolución No. 02242 del 25 de junio de 2012 “por la cual se ejecuta una
sanción disciplinaria impuesta a un patrullero de la Policía Nacional”, el director general
de la Policía Nacional retiró del servicio activo de esa institución al señor Harold de Arco
Carvajalino, ese acto fue notificado el 29 de junio de 2012.
2.6. El señor Harold de Arco Carvajalino presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el Ministerio de Defensa, Policía Nacional, para obtener la nulidad de
los fallos disciplinarios del 28 de septiembre de 2011 y del 14 de mayo de 2012, así como
de la Resolución No. 02242 del 25 de junio de 2012. A título de restablecimiento del
derecho, solicitó el reintegro al cargo de patrullero o a otro de igual o superior categoría,
así como el pago de salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir desde su
desvinculación y hasta que se hiciera efectivo el reintegro.
2.7. La demanda correspondió al Juzgado Octavo Administrativo de Cartagena, que, por
sentencia del 23 de septiembre de 2019, accedió a las pretensiones de la demanda. En
concreto, la autoridad judicial consideró que de las pruebas obrantes en el proceso no se
podía determinar con absoluta claridad y certeza la comisión de los cargos endilgados al
actor. Que, por el contrario, la entidad demandada tramitó el proceso disciplinario con
2 Artículo 34. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas: (…)
3. Permitir, facilitar, suministrar información o utilizar los medios de la institución para cualquier fin ilegal o
contravencional.
3 (…) 9. Realizar una conducta descrita en la ley como delito a título de dolo, cuando se cometa en razón de la función
o cargo.
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irregularidades, tales como que tuvo en cuenta un informe de inteligencia, a pesar de que
no constituía prueba por tratarse de una actuación extraprocesal que no ha sido
controvertida por la persona contra la que se le opone en un proceso y que debido a que
esos informes provienen de terceros, podían llevar a apreciaciones o conjeturas que no
estaban probadas suficientemente.
2.7.1. Que, además, para el momento en que se ordena la notificación de la indagación
preliminar contra el actor, ya se habían recepcionado unas declaraciones juradas, es decir,
se adelantaron actuaciones probatorias sin haberse notificado personalmente al
disciplinado la apertura de la investigación. En cuanto a las documentales,
específicamente la investigación que adelantó el CTI, resaltó que en materia penal no
tenían el carácter de prueba, por tratarse de diligencias sumarias y destacó que,
finalmente, en el proceso penal, el señor Harold de Arco Carvajalino fue absuelto4.
2.8. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandada interpuso recurso de
apelación y el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 7, por sentencia
del 19 de noviembre de 20215, la revocó y, en su lugar, denegó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas en segunda instancia al demandante. El tribunal consideró
que los fallos disciplinarios se basaron en argumentos de hecho y de derecho que
conllevaron a la imposición de la sanción.
3. Argumentos de la acción de tutela
3.1. El señor Harold de Arco Carvajalino, de manera preliminar, expuso que la acción de
tutela cumple con los requisitos de procedibilidad contra providencia judicial. En cuanto al
fondo del asunto, alegó que la sentencia del 23 de septiembre de 2019, dictada por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, incurrió en defecto fáctico, por las siguientes razones:
3.2. Que existió una valoración defectuosa del material probatorio recaudado que
incidieron en la decisión, por cuanto no tuvo en cuenta la sentencia absolutoria proferida
en el proceso penal, en la que se reconoció que el material probatorio que se utilizó como
base de la investigación, se recaudó con vulneración del debido proceso, y que esas
mismas pruebas se utilizaron en el proceso disciplinario que culminó con su
desvinculación e inhabilitación por 10 años.
3.3. Que las afirmaciones del tribunal en la decisión cuestionada, relativas a que el actor
pudo tachar de falsedad las pruebas y a que su conducta fue negligente dado el escaso
material probatorio que aportó, así como que no podía pretender controvertir las pruebas
en el proceso jurisdiccional, demuestran que la autoridad judicial demandada trasladó la
carga de legalidad al disciplinado, obligándolo a sanear una violación al debido proceso.
Que esa actuación desconoce que, conforme con el artículo 29 de la Constitución Política,
“es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
4. Trámite procesal
4.1. Por auto del 8 de junio de 2022, el Despacho Sustanciador admitió la demanda de
tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados
4 Conforme verificó con certificación expedida por la Fiscalía General de la Nación, en la que señaló que el 11 de abril
de 2014, Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Cartagena emitió sentencia absolutoria en beneficio del
señor Harold de Arco Carvajalino.
5 Notificada mediante correo electrónico del 31 de enero de 2022.
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del Tribunal Administrativo de Bolívar. Adicionalmente, vinculó como terceros con interés,
al ministro de Defensa Nacional y al director general de la Policía Nacional.
4.2. En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 22 de junio de 20226.
5. Intervenciones
5.1. El magistrado del Tribunal Administrativo de Bolívar solicitó que se rechazara por
improcedente la solicitud de amparo, por no cumplir con los requisitos generales y
específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Lo
anterior, porque estimó que no le asistía razón al actor al endilgar la violación de los
derechos al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, dado
que al proceso que dio lugar a la providencia acusada se le impartió el trámite procesal
pertinente, con un análisis jurídico, fáctico y probatorio de los argumentos expuestos por
el actor, a partir de los cuales concluyó que en las actuaciones desarrolladas en el proceso
disciplinario se garantizó el derecho de defensa del demandante.
5.1.1. Sostuvo que el control jurisdiccional de los procesos disciplinarios debía mantenerse
al margen de erigirse en un nuevo momento para valorar las pruebas, salvo que en su
decreto y práctica se hubiera violado flagrantemente el debido proceso o que la
apreciación que de esa prueba hace el órgano disciplinario resultara ser totalmente
contraevidente, de tal manera que en sede contenciosa administrativa no se podía dar el
mismo debate agotado ante las autoridades disciplinarias.
5.2. El jefe del Área Jurídica de la Policía Nacional solicitó que se denegaran las
pretensiones de la acción de tutela, porque no se vulneraron los derechos fundamentales
invocados. En concreto, adujo que la sanción disciplinaria impuesta al señor Harold de
Arco Carvajalino se causó porque colaboró con la banda delincuencial “los urabeños” al
aprovecharse de su condición de miembro de la institución para entregar información a
esa organización, circunstancia que fue corroborada mediante la práctica de las
declaraciones de los señores Deivy Alexander Reinosa Marín, Edwin Alonso González
Miranda y Milton Fabio Solis, testimonios que, adujo, no fueron objeto de reproche en el
escrito de tutela.
5.2.1. Que, además, lo decidido en el proceso penal no condicionaba al operador
disciplinario en el juicio de imputación.
5.2.2. Por último, sostuvo que en el presente asunto no se demostró la configuración de
un perjuicio irremediable o de una amenaza inminente e injustificada que ameritara la
procedencia de la acción de tutela.
CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela contra providencias judiciales
1.1. A partir del año 20127, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20148, se precisó que la acción
6 Índice No. 7 de Samai.
7 Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
8 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
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de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el
Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política,
ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.
1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia
C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios
ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una sentencia de
tutela.
1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez
puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los
siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: (i)
defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto
orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del
precedente y (viii) violación directa de la Constitución.
1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido
aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta
en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son
propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o
decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.
2. Planteamiento del problema jurídico
2.1. Verificado el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, la Sala
procede a fijar el problema jurídico de fondo, en los términos planteados en la demanda
de tutela.
2.2. En los términos de la acción de tutela, corresponde a la Sala determinar si la sentencia
del 19 de noviembre de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, incurrió en
defecto fáctico, porque no tuvo en cuenta que se dictó sentencia absolutoria en el proceso
penal y porque trasladó al actor el saneamiento de una prueba obtenida con violación al
debido proceso.
3. Solución al problema jurídico planteado
3.1. Para determinar si la providencia del 19 de noviembre de 2021, dictada por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, incurrió en defecto fáctico, resulta necesario hacer un recuento
del análisis probatorio realizado en esa decisión.
3.1.1. En la providencia objeto de tutela, el tribunal demandado inició por señalar que en
el proceso disciplinario se tuvieron en cuenta las siguientes pruebas documentales:
(i) Informe del 30 de mayo de 2011, suscrito por el comandante del Gaula Bolívar, en el que
dio a conocer la novedad presentada por el señor Harold de Arco Carvajalino;
(ii) Prueba trasladada de la jurisdicción Penal, circunscrita a las piezas procesales de
expediente penal adelantado por la Fiscalía Primera Especializada de Cartagena, por el
delito de concierto para delinquir agravado y extorsión agravado contra la red criminal de
los urabeños;
(iii) Orden No. 0150 de captura, dictada por la Juez Primera Penal Municipal Ambulante contra
el señor Harold de Arco Carvajalino;
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(iv) Declaración del subteniente Edwin Alonso González Mirante, rendida el 1º de septiembre
de 2011, ante la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de
Cartagena.
(v) Diligencia de declaración del subteniente Milton Fabián Solis, rendida el 1º de septiembre
de 2011, ante la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de
Cartagena.
(vi) Prueba de orden testimonial trasladada de la Fiscalía Primera Especializada de Cartagena
– declaración jurada recepcionada por funcionario de la Policía Judicial ante la Fiscalía
Primera Especializada de Cartagena al señor Deivy Alexander Reinosa Marín.
3.1.2. Luego de hacer la anterior precisión y tras relacionar las consideraciones del fallo
disciplinario de primera instancia, la autoridad judicial demandada consideró que el cargo
de falsa motivación alegado por el actor no se encontraba configurado “teniendo en
cuenta que los fallos disciplinarios objeto de estudio se basan en argumentos de hecho y
de derecho que conllevaron a la imposición de la sanción, tal como se vislumbra a folios
51-52 y 92, en el que se exponen las razones para imponer la sanción disciplinaria y el
análisis en conjunto de las pruebas obrantes en el proceso”.
3.1.3. Que aunque el a quo adujo que no era posible tener como prueba el informe de
inteligencia del GAULA, por tratarse de una pieza extraprocesal que no fue controvertida
por las partes, lo cierto era que dicho informe partió de la información suministrada por el
señor Deivy Alexander Reinosa Marín, el cual también declaró al interior del proceso
disciplinario (en sede de segunda instancia) el 14 de marzo de 2012, en la que afirmó que
hizo parte de “los urabeños”, que conocía al señor Harold de Arco Carvajalino “el cual
aportaba información sobre posibles allanamientos y posibles patrullajes a la organización
Los Urabeños, inclusive en una ocasión él le hizo entrega al disciplinado de una dadiva
de parte de la organización”.
3.1.4. Que advertía que las pruebas que determinaron la decisión sancionatoria,
consistente en la destitución e inhabilidad del actor y toda la investigación disciplinaria
que adelantó la parte demandada, guardaron coherencia y razonabilidad con lo decidido
y resaltó que la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía tenía plena autonomía
para valorar las pruebas aportadas al proceso. En esa línea de argumentación, señaló
que resultaba claro que el fallador disciplinario no se basó en simples indicios para decidir
sobre la falta, sino en pruebas documentales y testimoniales valoradas en conjunto.
3.1.5. Por otro lado, sostuvo que el cargo de nulidad por desconocimiento del derecho de
defensa tampoco prosperaba. Para sustentar esa posición, indicó que el procedimiento
administrativo que establece el Código Disciplinario Único, para la imposición de
sanciones disciplinarias a los servidores públicos, comprendía tres etapas: la indagación
preliminar, la investigación disciplinaria y el juzgamiento, y que la primera era de carácter
eventual y previa a la etapa de investigación. También refirió que el artículo 138 de la Ley
734 de 2002 reconocía a la persona investigada dentro de un proceso disciplinario, el
derecho a que a partir de que tuviera conocimiento de las diligencias adelantadas en su
contra –ya fuera en etapa de indagación preliminar o en la investigación disciplinaria–
pudiera controvertir las pruebas que se allegaran o aportara las que estimara pertinentes.
3.1.5.1. A partir de lo anterior, consideró que en el caso concreto la Oficina de Control
Disciplinario Interno de la Policía Nacional llevó a cabo las tres etapas del procedimiento
disciplinario y que si bien, el 2 de septiembre de 2012, el disciplinado fue notificado del
auto de apertura de indagación preliminar, mientras que las declaraciones juramentadas
de los señores Edwin Alonso González Miranta y Milton Fabio Solís se recibieron el 1º de
septiembre de 2012, lo cierto era que “el actor pudo haberlas tachado de falsedad, haber
solicitado que no se tuvieran en cuenta o aportar otras pruebas que controvirtieran lo
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manifestado por los mismos; sin embargo, a lo largo del proceso disciplinario se observa
que la conducta del disciplinado fue negligente en relación al escaso material probatorio
aportado por el mismo con el fin de desvirtuar la comisión de las conductas indilgadas
(…)”.
3.1.6. Que también se encontraba acreditado que el 1º de septiembre de 2011 se anexó
al proceso disciplinario las pruebas trasladadas de la investigación penal adelantada por
la Fiscalía General de la Nación, entre la que se destacaban, entre otras, la pieza procesal
de la declaración jurada del señor Deivy Alexander Reinosa Marín. Frente a esa prueba,
aclaró que no era posible establecer con certeza que se efectuó su contradicción, dado
que no se contaba con la totalidad del expediente del proceso penal, pero que eso no era
óbice para que no se tuviera en cuenta en el proceso disciplinario.
3.1.7. En ese contexto, precisó que aunque el actor tuvo varias oportunidades para
pronunciarse respecto de las pruebas trasladadas, guardó silencio, por lo que se entendía
que no tenía ninguna inconformidad. En ese sentido, concluyó que no existió vulneración
al debido proceso.
3.1.8. Por último, la autoridad judicial demandada estimó que “el control jurisdiccional de
los procesos disciplinarios debe mantenerse al margen de erigirse en un nuevo momento
para valorar la prueba, salvo que en su decreto y práctica se hubiere violado
flagrantemente el debido proceso, o que la apreciación que esa prueba hace que el órgano
disciplinario resulte ser totalmente contra evidente, es decir, en el evento en el que el
trámite impreso a la actividad correccional resulta vulnerador de los valores
constitucionales más preciados como el debido proceso, el derecho de defensa, a la
competencia del funcionario, de tal manera en sede contenciosa administrativa no se
puede dar el mismo debate agotado ante las autoridades disciplinarias, tal como lo
pretendía la parte actora”.
3.2. Con claridad frente al análisis efectuado en la sentencia objeto de tutela, lo primero
que conviene señalarse es que aunque el actor aduce que el tribunal demandado no
relacionó en las pruebas la relativa a la sentencia absolutoria, lo cierto es que no hay
certeza de que esa pieza procesal obrara en el proceso, al punto que en la providencia
cuestionada se aclaró que no se contaba con la totalidad del expediente del proceso
penal.
3.3. Con todo, si el actor se refiere a la prueba en la que se hace mención a que existe
una sentencia absolutoria a su favor en el proceso penal, esto es, la certificación expedida
por la Fiscalía General de la Nación que así lo registró y que se tuvo en cuenta por el juez
de primera instancia, lo cierto es que, aun cuando la autoridad judicial demandada omitió
su valoración, esa prueba no incidía en la decisión, por cuanto la sentencia absolutoria
dictada en el proceso penal no tiene la virtualidad de repercutir en la disciplinaria, por
tratarse de procesos que atienden a naturaleza, materia y finalidades diferentes.
3.3.1. Así se expuso en sentencia del 8 de julio de 2021, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B9, que mantuvo la postura reiterada que frente al asunto
tiene esta Corporación. Veamos:
En segundo término y el más importante, porque ha sido postura jurisprudencial reiterada según la cual
el mismo comportamiento desplegado por un servidor público, puede ser objeto de cuestionamiento por
distintas jurisdicciones y por los órganos de control disciplinario y fiscal, o como en este caso ocurrió por
9 Proceso No. 15001-23-33-000-2014-00268-01. M.P. César Palomino Cortés.
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la justicia penal militar, resultando indistinto que la decisión absolutoria o favorable adoptada en una
jurisdicción, necesariamente tenga que repercutir en el mismo sentido en las otras decisiones.
(…)
En cuanto a las diferencias entre el proceso penal y el disciplinario, la citada sentencia (refiriéndose a la
sentencia de la Corte Constitucional C-720 de 2006) consideró las siguientes:
“El proceso penal y el disciplinario atienden a naturaleza, materia y finalidades diferentes. Así, mientras
en el proceso penal el sujeto activo de la conducta puede ser toda persona considerada imputable, en
el disciplinario el destinatario de la ley únicamente es el servidor público, aunque se encuentre retirado
del servicio o el particular contemplado en el Artículo 53 de la ley 734 de 2002; el trasgresor de la ley
penal puede ser una persona indeterminada, al paso que el destinatario de la ley disciplinaria siempre
será una persona subordinada a la administración pública o vinculada a ella; mientras en el proceso
penal el legislador prevé distintos bienes jurídicos objeto de protección, en el disciplinario el único bien
jurídico protegido está representado por la buena marcha de la administración, su eficiencia, su buen
nombre, la moralidad pública, como también la eficacia y la honradez de la administración pública;
además, mientras en el proceso penal la pena tiene una función de prevención general y especial, de
retribución justa, de reinserción social y de protección al condenado, en el proceso disciplinario la
sanción tiene una función preventiva y correctiva. En cuanto a la autoridad pública encargada de
adelantar el proceso penal es evidente que se trata de funcionarios investidos de poder jurisdiccional
cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada, mientras, por regla general, el proceso disciplinario está
a cargo de autoridades administrativas cuyas decisiones pueden ser impugnadas ante la jurisdicción
contencioso administrativa; además, en materia de tipicidad la descripción de la conducta señalada en
la legislación penal no atiende a los mismos parámetros de aquella descrita por la legislación
disciplinaria, pues en ésta última el operador jurídico cuenta con un margen mayor de apreciación”.
3.3.2. Ahora, frente al alegato referente a que la autoridad judicial demandada trasladó la
carga de legalidad y obligó a sanear una violación al debido proceso, sin tener que existían
pruebas nulas de pleno derecho, la Sala advierte, contra lo afirmado por el demandante,
que la apreciación del tribunal responde a la aplicación de las reglas de las sana crítica,
al advertir que la autoridad disciplinaria valoró de manera conjunta las pruebas y que, en
su momento, las mismas no fueron controvertidas por el actor en las diferentes etapas del
proceso disciplinario, razonamiento que se ajusta a los lineamientos de la precitada
sentencia del 8 de julio de 2021, dictada por la Sección Segunda, Subsección B, de esta
Corporación, en la que también se expuso lo siguiente:
Luego de verificado el devenir procesal disciplinario, esta Sala no evidencia irregularidad alguna
durante la actuación disciplinaria, menos aún la vulneración al debido proceso del actor, por cuanto
mal podría haber sido notificado del auto de apertura de indagación preliminar del 21 de diciembre de
2011, cuando lo cierto es que dicho auto fue proferido en AVERIGUACIÓN DE RESPONSABLES,
pues se insiste, el actor fue vinculado formalmente a la investigación mediante auto del 15 de junio de
2012, auto a partir del cual adquirió la calidad de sujeto procesal.
Por lo anterior, pierde solidez el argumento de impugnación de la supuesta violación al debido proceso
porque al actor no se le hubiera permitido controvertir las pruebas recaudadas durante la indagación
preliminar, las cuales bien pudo haber controvertido luego de haber sido notificado de este auto el 21
de diciembre de 2011, máxime cuando le fueron puestas de presente por escrito por parte del operador
disciplinario de primera instancia, mediante oficio del 11 de enero de 2013 previo a la audiencia
disciplinaria. (Subraya la Sala)
3.3.3. Luego, no es cierto, como aduce el actor que se trasladara una carga que no debiera
soportar, cuando desde el mismo proceso disciplinario, se advierte que no alegó que el
recaudo probatorio fue irregular por haberse efectuado antes de la notificación de la
indagación preliminar.
3.3.3.1. De hecho, en el recurso de apelación que presentó contra el fallo disciplinario de
primera instancia se observa que nada dijo sobre las supuestas irregularidades en el
recaudo de la prueba, sino que fundamentó la apelación en que las diligencias
preparatorias del proceso penal no deberían concluir en el llamado a cargos disciplinarios
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03065-00
Demandante: Harold de Arco Carvajalino
y en la falta de idoneidad del testimonio del señor Deivy Alexander Reinoso Marín, por
tratarse del integrante de una banda criminal.
3.4. Lo anterior es suficiente para concluir que la sentencia del 19 de noviembre de 2021,
dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, no incurrió en defecto fáctico y, en ese
sentido, queda resuelto el problema jurídico planteado. En consecuencia, se denegarán
las pretensiones de la demanda.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA
1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor Harold de Arco
Carvajalino, por las razones expuestas.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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