Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-03066-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-03066-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2022-03066-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
14 de julio de 2022
Demandante: Martha Patricia Villalba Hodwalker
Demandado: Consejo de Estado – Sala Doce Especial de Decisión y
Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-03066-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D. C., catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03066-00
Demandante: MARTHA PATRICIA VILLALBA HODWALKER
Demandados: CONSEJO DE ESTADO – SALA DOCE ESPECIAL DE
DECISIÓN Y SECCIÓN PRIMERA
Temas: Tutela contra providencia judicial – Providencia que resolvió el
recurso extraordinario especial de revisión en pérdida de
investidura – Análisis del desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución y defecto procedimental.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la acción de tutela ejercida por la señora Martha Patricia
Villalba Holdwalker, con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26 de mayo de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito radicado el 6 de junio de 20221, la señora Martha Patricia Villalba
Hodwalker, actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Consejo
de Estado – Sala Doce Especial de Decisión y Sección Primera, con el fin de que
le sean amparados sus derechos fundamentales “al debido, de acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, a ser elegida en un cargo uninominal territorial y a
la buena fe en conexidad con el principio de confianza legítima”.
2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión de la sentencia proferida por la Sala Doce Especial de Decisión del
Consejo de Estado el 13 de diciembre de 2021, mediante la cual rechazó por
improcedente el recurso extraordinario especial de revisión2 interpuesto contra el
1 La demanda se radicó por ventanilla virtual.
2 El recurso extraordinario de revisión de pérdida de investidura fue interpuesto por la accionante e
identificado con el radicado N.º 11001-03-15-000-2017-00412-00.
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Demandante: Martha Patricia Villalba Hodwalker
Demandado: Consejo de Estado – Sala Doce Especial de Decisión y
Sección Primera
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fallo de segunda instancia, dictado por la Sección Primera del Consejo de Estado
el 31 de agosto de 2015, en el que se decretó la pérdida de investidura como
diputada del departamento del Atlántico, elegida para el periodo 2003 – 20073.
También solicitó que se dejara sin efectos la sentencia contra la que se interpuso
el referido mecanismo judicial.
1.2. Pretensiones
3. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó la protección de los
derechos fundamentales referidos y, como consecuencia de ello:
“8.2.- DEJE SIN EFECTOS las sentencias del 31/08/2015 y del 13/12/2022
(sic), proferidas por la Sección Primera y la Sala Doce Especial de Revisión
(sic) del Consejo de Estado, respectivamente; tal y como lo hizo la Corte
Constitucional en el ordinal 4° de la sentencia SU-474 de 2020 y el ordinal
segundo de la SU-424 de 2016.
8.3.- Sí el despacho no accede a la anterior petición, en forma subsidiaria,
pido se ordene a la sala de decisión 12, emita un nuevo fallo en el que se
ordene adecuar el trámite y estudiar de fondo el recurso extraordinario de
revisión presentado conforme a las consideraciones del fallo de tutela que se
emita”.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
4. La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para
la decisión que se adoptará en la sentencia:
1.3.1. Hechos relacionados con el proceso de pérdida de investidura
5. El ciudadano Fernando Javier Meza Puente presentó demanda de pérdida de
investidura contra la entonces diputada del departamento del Atlántico Martha
Patricia Villalba Hodwalker, con fundamento en la causal descrita en el numeral “6º
del artículo 48 de la Ley 617 de 20004”, por la violación del régimen de inhabilidades
consagrado en los artículos 179 y 299 de la Constitución Política.
3 Medio de control de pérdida de investidura interpuesto por el señor Fernando Javier Meza Puente contra la
señora Martha Patricia Villalba Hodwalker, identificado con radicado N.º 08-001-23-31-000-2014-00652-00/01,
el cual fue resuelto en primera instancia por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante
sentencia de 4 de septiembre de 2014.
4 La norma citada establece: “ARTÍCULO 48.- Pérdida de investidura de diputados, concejales
municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales
municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de
intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de
condiciones a las de la ciudadanía en general.
2. Por la inasistencia en un mismo período de sesiones a cinco (5) reuniones plenarias o de comisión en las
que se voten proyectos de ordenanza o acuerdo, según el caso.
( Ver el Fallo del Consejo de Estado 2007 de 2007)
3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de instalación de las
asambleas o concejos, según el caso, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.
4. Por indebida destinación de dineros públicos.
5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.
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6. El demandante fundamentó la solicitud en que “la señora Martha Patricia Villalba
Hodwalker se encontraba inhabilitada para ser elegida como Diputada del Departamento
del Atlántico conforme lo previsto en el numeral 5° del artículo 33 de la Ley 617 de 2000,
toda vez que fungió como primera dama del municipio de Puerto Colombia, en su calidad
de cónyuge del señor Camilo Guillermo Torres Romero, dentro del periodo inhabilitante”.
7. Previo agotamiento del trámite procesal correspondiente, el 4 de septiembre de
2014, el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la
demanda, por considerar que la causal de inhabilidad descrita en el numeral 5º del
artículo 33 de la Ley 617 de 20005 no constituía un supuesto de pérdida de
investidura para los diputados.
8. Al respecto, señaló que como se trata de una inhabilidad, su incursión en ella
traería como consecuencia la declaratoria de nulidad del acto de elección, pero no
la pérdida de investidura.
9. Agregó que, adicionalmente, la acción había caducado, porque el legislador no
había determinado para la época del trámite del proceso un término de caducidad,
por lo que debía entenderse que este era de cinco (5) años, por tratarse de un
proceso sancionatorio al que correspondía aplicar el artículo 30 de la Ley 734 de
2002 (CDU).
10. Contra la anterior decisión, el demandante de la pérdida de investidura
interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por el Consejo de Estado,
Sección Primera, en sentencia dictada el 31 de agosto de 2015, por medio de la
cual revocó la providencia apelada y, en su lugar, decretó la pérdida de investidura
de la demandada.
11. Para arribar a la citada parte resolutiva, el ad quem, precisó que la violación
del régimen de inhabilidades por parte de los miembros de corporaciones públicas
constituye causal de pérdida de investidura, como reiteradamente lo ha señalado
6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley.”
5 El precepto consagra como causal de inhabilidad de los diputados “5. Quien tenga vínculo por matrimonio, o
unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil,
con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil,
política, administrativa o militar en el respectivo departamento; o con quienes dentro del mismo lapso hayan
sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades
que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el
respectivo departamento. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o
parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, y se inscriba por el
mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban
realizarse en el mismo departamento en la misma fecha.”
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la Sala Plena del Consejo de Estado y esa Sección6, posición avalada por la Corte
Constitucional7.
12. Sobre el punto precisó que, “las causales de pérdida de investidura de diputados,
concejales y miembros de juntas administradoras locales, no se limitan a las consagradas
en los numerales 1 a 5 del referido artículo 48 de la Ley 617 de 2000, ya que deben
tenerse en cuenta las demás establecidas en otras leyes”.
13. En segundo lugar, se pronunció sobre la caducidad de la acción de pérdida de
investidura, según la legislación vigente para la fecha del pronunciamiento,
señalando que podía ser ejercida en cualquier tiempo, porque así lo quiso el
legislador atendiendo a su carácter público y señaló que el Tribunal Administrativo
del Atlántico se equivocó al aplicar el término dispuesto para la acción disciplinaria
en la Ley 734 de 2002, que no podía traerse por analogía.
14. A continuación, estudió el caso concreto con fundamento en las pruebas
allegadas a la actuación, para concluir que la diputada demandada incurrió en la
causal de pérdida de investidura porque “tiene un vínculo matrimonial con el señor
Camilo Torres Romero, quien fungió como Alcalde de Puerto Colombia –Atlántico-, cargo
que implica ejercicio de autoridad civil y administrativa; y que dicho cargo se ejerció dentro
de los doce (12) meses anteriores a su elección como Diputada en el Departamento del
Atlántico.”
15. Señaló que el municipio en el que el cónyuge de la diputada ejerció autoridad
civil, administrativa y política hace parte de la circunscripción electoral del
departamento del Atlántico.
16. La sentencia se notificó por estado a las partes el 5 de noviembre de 2015, por
lo que cobró ejecutoria el 10 de noviembre de la citada anualidad.
17. El 9 de noviembre de 2015 la demandada solicitó que se decretara la nulidad
de la sentencia desfavorable, por considerar que se pretermitió una instancia “al
analizar y decidir sobre los requisitos para la configuración de la causal de inhabilidad del
numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, aspecto que no fue examinado por el
juez de primera instancia.”
18. Por auto del 15 de septiembre de 2016, la Sección Primera del Consejo de
Estado negó la solicitud de nulidad, porque la configuración de la causal de
inhabilidad del numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000 sí fue alegada por
la parte actora, discutida en el trámite de la primera instancia y fue el Tribunal
6 Para sustentar esta posición citó las siguientes sentencias: Sentencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado del 28.07.2002, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; Sección Primera, Sentencia del 24.04.2003,
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; Sentencia del 24.08.2005, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta;
reiterados en las siguientes, según cita original “Sentencia de 23 de mayo de 2013, Expediente: 2012-00222,
M.P. Dra. María Elizabeth García González. Sentencia de 4 de septiembre de 2014, Expediente: 2013-00249,
M.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala.”
7 Según la cita en la sentencia T-987 de 2007.
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Administrativo del Atlántico el que se abstuvo de aplicarla al caso concreto, al
concluir que la violación al régimen de inhabilidades no era causal de pérdida de
investidura de los diputados, lo cual quedó desvirtuado en la sentencia que
resolvió el recurso de apelación.
1.3.2. Hechos relacionados con la acción de tutela formulada contra la
sentencia que decretó la pérdida de investidura
19. Con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, la señora Martha Patricia
Villalba Hodwalker ejerció acción de tutela contra la Sección Primera del Consejo
de Estado que decretó la pérdida de investidura.
20. La acción de tutela fue conocida en primera instancia por el Consejo de
Estado, Sección Segunda – Subsección “A” que, en fallo dictado el 27 de junio de
2017, la declaró improcedente por considerar que no concurría el requisito de
subsidiariedad. Lo anterior por cuanto la misma accionante interpuso recurso
extraordinario especial de revisión cuyo conocimiento le correspondió al
magistrado Ramiro Pazos Guerrero, integrante de la Sala Doce Especial de
Decisión del Consejo de Estado y que allí se habían invocado los mismos
supuestos fácticos e incluido las mismas alegaciones.
21. La accionante impugnó el fallo de primera instancia, siendo conocido el
recurso por el Consejo de Estado – Sección Cuarta que dictó sentencia de
segundo grado el 12 de octubre de 20178 en la que consideró que, si bien se
encontraba en trámite el recurso extraordinario especial de revisión, el mismo no
resultaba idóneo y eficaz para proteger todos los derechos fundamentales de la
parte actora, por lo que correspondía estudiar de fondo los argumentos expuestos
en la demanda de tutela.
21. La Sala de Decisión consideró que los argumentos se podían sintetizar así: i)
la sentencia del 31 de agosto de 2015 incurrió en falta de motivación y violación
directa de la Constitución, porque no admitió que la caducidad sí opera en los
procesos de pérdida de investidura; ii) la Sección Primera del Consejo de Estado
pretermitió una instancia, al pronunciarse de fondo y, por lo tanto, incurrió en
violación directa de la Constitución; iii) la autoridad judicial demandada desconoció
el precedente del Consejo de Estado, al concluir que el ejercicio de autoridad civil
y administrativa en el nivel municipal sí puede configurar inhabilidad para
elecciones de circunscripción departamental; y iv) se incurrió en defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente, porque se decretó la pérdida de investidura,
sin examinar la responsabilidad subjetiva (culpabilidad).
8 Con ponencia del magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez.
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22. El ad quem constitucional consideró que, de los referidos cargos el único que
podía enmarcarse en una de las causales de procedencia del recurso
extraordinario especial de revisión es el relacionado con la pretermisión de la
instancia, porque lo que se alega es la violación del debido proceso que se
enmarca en la causal de literal a) del artículo 17 de la Ley 144 de 19949, norma
que se encontraba vigente para la fecha de interposición del recurso.
23. Los demás argumentos los resolvió de fondo, con fundamento en las
consideraciones expuestas por el juez de la pérdida de investidura, para concluir
que no existió ausencia de motivación, que la acción no tenía término de
caducidad por tratarse de una acción pública a la que el legislador no le puso
término para su interposición, tal como reiteradamente lo había establecido la Sala
Plena del Consejo de Estado.
24. Agregó que se aplicó la jurisprudencia vigente de esta Corporación con
respecto al ejercicio de autoridad en un municipio de la misma circunscripción
electoral. Finalmente, señaló que, para la fecha en la que se dictó la sentencia que
decretó la pérdida de investidura no habían sido dictadas las sentencias SU-424
del 11 de agosto de 2016 por parte de la Corte Constitucional y del 27 de
septiembre de 2016 de la Sala Plena del Consejo de Estado a partir de las cuales
se precisó que se debía analizar el aspecto subjetivo de la pérdida de investidura.
25. En consecuencia, dicha posición jurisprudencial no se encontraba vigente para
la fecha en que se dictó la sentencia censurada (31 de agosto de 2015) y no era
obligatorio para el operador judicial realizar un análisis subjetivo.
26. Con fundamento en las consideraciones expuestas, revocó la sentencia de
primera instancia que había declarado improcedente la acción para, en su lugar,
negarla, al haber analizado los cargos de fondo y no encontrarlos configurados.
27. La sentencia dictada en segunda instancia fue excluida de revisión por la Sala
de Sección Once de la Corte Constitucional, según auto del 24 de noviembre de
201710, con lo cual hizo tránsito a cosa juzgada constitucional.
1.3.3. Hechos relacionados con el recurso extraordinario especial de revisión
interpuesto contra la sentencia que decretó la pérdida de la investidura
9 “Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas” La norma citada
establecía: ARTÍCULO 17. RECURSO EXTRAORDINARIO ESPECIAL DE REVISIÓN. <Ley derogada por
el artículo de la Ley 1881 de 2018> <Ver Jurisprudencia Vigencia> Son susceptibles del Recurso
Extraordinario Especial de Revisión, interpuesto dentro de los cinco (5) años siguientes a su ejecutoria las
sentencias mediante las cuales haya sido levantada la investidura de un Parlamentario, por las causales
establecidas en el artículo del Código Contencioso Administrativo, y por las siguientes:
a) Falta del debido proceso; l0146_94+[Artículo 7 de la Convención]
b) Violación del derecho de defensa;
c) <Literal INEXEQUIBLE>”
10Corteconstitucional.gov.co/secretaria/autos/AUTO%20SALA%20DE%20SELECCION%2024%20DE%20NO
VIEMBRE%20DE%202017%20NOTIFICADO%2015%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202017.pdf. Consulta
realizada el 5/07/2022.
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28. El 14 de febrero de 2017 la señora Martha Patricia Villalba Hodwalker
interpuso recurso extraordinario especial de revisión en contra de la sentencia que
decretó la pérdida de su investidura, por considerar que se profirió con violación
del debido proceso y del derecho de defensa (art. 17. Literales a) y b) de la Ley
144 de 1994, vigente para la época de los hechos). Lo anterior con fundamento en
los mismos cargos expuestos en la acción de tutela que se tramitó en forma
concomitante.
29. La demanda se admitió por auto del 10 de julio de 2017 y se ordenó notificar al
demandante del proceso de pérdida de investidura y al Ministerio Público. Este
último rindió concepto en el que solicitó que se declarara infundado el recurso.
30. La Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado11 dictó sentencia en
la que “rechazó por improcedente” el recurso y condenó en costas a la parte
demandante, incluyendo como agencias en derecho el porcentaje equivalente a
2.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
31. Lo anterior, por considerar que “i) la Ley 144 de 1994 solo era aplicable a los
procesos de pérdida de investidura que se promovieran en contra de congresistas y el
presente asunto corresponde a un proceso de pérdida de investidura de una diputada a la
asamblea departamental del Atlántico y, ii) la Ley 617 de 2000 y la jurisprudencia del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional definieron la no la (sic) posibilidad de ejercer
el recurso extraordinario especial de revisión en contra (sic) sentencias de pérdida de
investidura de diputados”.
32. Sustentó esta posición en el contenido normativo del artículo 17 de la Ley 144
de 199412 del cual concluyó que la referida ley “no previó expresamente la posibilidad
de aplicar sus disposiciones a los procesos de pérdida de investidura de diputados,
concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales y
menos aún la de ejercer el mencionado recurso extraordinario especial de revisión pues,
este último solo era aplicable en los procesos que se adelantaran en contra de
parlamentarios.”
33. Advirtió que el caso de la recurrente se regulaba exclusivamente por la Ley
617 de 2000 que no consagró la procedencia del recurso en contra de la
sentencia. Lo anterior lo sustentó igualmente en la posición unificada de la Sala
Plena del Consejo de Estado contenida en la sentencia del 18 de enero de 200513.
11 Con ponencia del Magistrado Fredy Ibarra Martínez.
12 “ARTÍCULO 17. Recurso extraordinario especial de revisión. Son susceptibles del Recurso Extraordinario
Especial de Revisión, interpuesto dentro de los cinco (5) años siguientes a su ejecutoria las sentencias
mediante las cuales haya sido levantada la investidura de un Parlamentario, por las causales establecidas en
el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, y por las siguientes: a) Falta del debido proceso; b)
Violación del derecho de defensa.”
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 18.01/2005, Rad, 1653-00
M.P, María Elena Giraldo Gómez.
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34. Al respecto, citó y transcribió apartes de una providencia de la Sala 16
Especial de Decisión del Consejo de Estado14 y otra de la Corte Constitucional15.
Sin embargo, señaló que sí era procedente el recurso extraordinario de revisión
que de modo general consagraban los artículos 188 y siguientes del Código
Contencioso Administrativo (Decreto Ley 01 de 1984) y que actualmente se
encuentra estipulado en los artículos 248 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
35. De lo expuesto, concluyó que “la única posibilidad de atacar la sentencia de
pérdida de investidura de un diputado era a través del recurso extraordinario de revisión
de carácter general regulado en los artículos 248 a 255 del CPACA el cual no fue
interpuesto ni sustentado en sus precisos términos y causales específicas por la parte
demandante en el sub lite, más aún si se tiene en cuenta que las causales de revisión
invocadas por la señora Martha Patricia Villalba Hodwalker fueron las contenidas en la
Ley 144 de 1994, esto es, “el desconocimiento de los derechos constitucionales del
debido proceso y de defensa”, lo cual impide, claramente, que esta Sala pueda adecuar
en esta oportunidad el recurso interpuesto y el análisis de la impugnación a las causales
de revisión contenidas en el artículo 250 del CPACA por no existir correspondencia entre
unas y otras, especialmente por el hecho de que esos precisos motivos de impugnación
no los contempla el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, norma vigente al momento de la
interposición del recurso (14 de febrero de 2017)”.
36. La Sala Doce Especial de Decisión consideró que el juez del recurso
extraordinario no podía adecuar ni interpretar lo alegado por la parte demandante
porque la ley le exige indicar de manera precisa y razonada la causal
específicamente invocada.
1.4. Sustento de la vulneración
37. La parte actora afirmó que la presente acción cumple con todos los requisitos
generales de procedibilidad, incluida la relevancia constitucional.
38. Como causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial, alegó que se configuraron los defectos de: i) desconocimiento
del precedente; ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto; y iii)
violación directa de la Constitución.
39. La parte actora consideró que la Sala Doce Especial de Decisión tenía la
obligación de adecuar la causal de su recurso al trámite pertinente y estudiar el
fondo del asunto.
14 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión, sentencia de 3 de marzo de 2015, exp 2010-00136, MP
Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-987 de 2003 en la que esta Corporación ó una acción de tutela que
instauró un diputado que cuestionó, por presunta vía de hecho, la sentencia que la Sección Primera de la Sala
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado del 24 de agosto de 2006, mediante la cual fue decretada
la pérdida de su investidura, la acción constitucional fue negada, pero en el análisis de procedibilidad señaló
que el recurso extraordinario de revisión no era procedente
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40. Afirmó que la Sala Plena del Consejo de Estado consideró que la violación al
debido proceso puede ser estudiada por la causal 5ª del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011 que se refiere a la nulidad originada en la sentencia.
41. Agregó que en el auto admisorio del recurso extraordinario se afirmó que se
trataba de una nueva demanda y, por su parte, la Ley 1881 de 2018 dispuso que
las disposiciones contenidas en la misma eran aplicables, en lo que resulte
compatible a la pérdida de investidura de concejales y diputados.
42. Consideró que se incurrió en violación directa de la Constitución por cuanto
se rechazó el recurso sin dar aplicación al artículo 6º de la Ley 1881 de 2018 que
prevé la caducidad de la acción de pérdida de investidura en el término de cinco
(5) años, contados a partir del día siguiente de la ocurrencia del hecho generador.
43. Al respecto, señaló que “Al ser una norma expedida con posterioridad al recurso
extraordinario que presenté, que fija la caducidad de la acción en 5 años, la cual no
existía en el momento en el que fui demandada. Dicha norma es favorable a la suscrita,
en la medida en que si la ley hubiera existido en ese momento, la acción hubiere estado
caduca y debió darse aplicación al principio constitucional de favorabilidad de manera
directa, por aplicación del artículo 85 de la CP como variable de mi debido proceso
judicial, tal y como lo resolvió en reciente pronunciamiento la Corte Constitucional.”
44. Argumentó que también se incurrió en esa causal de procedibilidad de la
acción, al no haber examinado la culpabilidad en la sentencia que decretó la
pérdida de investidura y por no haber aplicado el principio de favorabilidad.
45. Sobre el desconocimiento del precedente consideró que no se tuvieron en
cuenta las siguientes sentencias dictadas por la Sala Plena del Consejo de
Estado:
Del 16 de mayo de 2017, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez,
Radicación número: 11001-03-15-000-2015-03386-01.
Del 8 de mayo de 2018, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 11001-03-15-
000-1998-00153-01(REV).
46. Como precedentes desconocidos de la Corte Constitucional citó las sentencias
de unificación de jurisprudencia SU-516 de 2019 y SU-474 de 2020, que -según la
accionante- resolvieron casos idénticos al suyo.
47. Manifestó que, en la SU-516 de 201916, la Corte Constitucional confirmó un
fallo de la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró la caducidad
sobreviniente del medio de control de pérdida de investidura, con fundamento en
16 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo
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Demandante: Martha Patricia Villalba Hodwalker
Demandado: Consejo de Estado – Sala Doce Especial de Decisión y
Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-03066-00
el artículo 6º de la Ley 1881 de 2018. Lo anterior, en aplicación del principio de
favorabilidad previsto en el artículo 29 de la Constitución.
48. Indicó que en el referido fallo se tratan dos casos, a saber: i) el de un alcalde y
un concejal, quienes al igual que en el presente caso fueron demandados a través
de la acción de pérdida de investidura antes de la promulgación de la Ley 1881 de
2018, pero durante el curso de los procesos esta entró en vigor.
49. Afirmó que existen sentencias de tutela que han considerado que no puede
desestimarse un recurso de revisión por escoger una causal equivocada, para lo
cual citó apartes de la T-318 de 2004 dictada por la Corte Constitucional.
50. Señaló que, en la sentencia SU-474 de 2020 la Corte Constitucional determinó
que en el fallo que decretó la pérdida de investidura se había configurado un
defecto sustantivo porque se había aplicado un régimen objetivo de
responsabilidad.
51. Para sustentar el defecto procedimental absoluto por exceso ritual
manifiesto argumentó que la Sala Doce Especial de Decisión tenía la obligación
de adecuar el recurso a la causal que correspondía, que en este caso era la
nulidad originada en la sentencia.
1.5. Actuaciones procesales relevantes
1.5.1. Auto admisorio
52. El 14 de junio de la presente anualidad se admitió la demanda y se ordenó
notificar a los magistrados que integran la Sala Doce Especial de Decisión y la
Sección Primera del Consejo de Estado, como autoridades judiciales accionadas.
53. En la misma providencia se ordenó vincular como terceros con interés jurídico
en el resultado del proceso al señor Fernando Javier Meza Puente y a los
magistrados de la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Atlántico.
1.5.2. Intervenciones de las autoridades accionadas y del tercero vinculado
1.5.2.1. Consejo de Estado – Sala Doce Especial de Decisión
54. El magistrado ponente de la decisión censurada se opuso a la prosperidad de
las pretensiones de la demanda por considerar que la accionante, en forma
indebida e injustificada, pretende reabrir el debate hermenéutico, lo cual
desconoce la finalidad de la acción de tutela que no es una tercera instancia.
55. Aseveró que resultan suficientes los argumentos expuestos en el fallo dictado
por esa Sala Especial de Decisión que declaró improcedente el recurso
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extraordinario de revisión por no haberse sustentado en alguna de las causales
previstas por el legislador en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 que era el que
correspondía por la calidad de diputada que ostentó la recurrente.
56. Agregó que, de acuerdo con el contenido del artículo 17 de la Ley 144 de 1994
el recurso extraordinario especial de revisión era claramente improcedente –según
la ley y la jurisprudencia pacífica y reiterada de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación y de la Corte Constitucional– debido a que la
señora Martha Patricia Villalba Hodwalker no era congresista sino diputada de la
Asamblea Departamental del Atlántico, por lo que el proceso de pérdida de
investidura se debía regir por los preceptos de la Ley 617 de 2000.
57. Argumentó que no existe ninguna correspondencia entre la causal de
“desconocimiento del debido proceso” (artículo 17 Ley 144 de 1994) y la de “nulidad
originada en la sentencia” (artículo 250.5 CPACA) según los argumentos que
subyacen en este asunto que no constituyen causales de invalidez, de tal manera
que no era procedente realizar la adecuación.
1.5.2.2. Consejo de Estado, Sección Primera
58. La autoridad judicial guardó silencio, pese a encontrarse debidamente
notificada del auto admisorio de la presente acción de tutela.
1.5.2.3. Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala Plena y Fernando Javier
Meza Puente (demandante en la acción de pérdida de investidura)
59. Guardaron silencio pese a encontrarse debidamente notificados.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
60. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la
señora Martha Patricia Villalba Hodwalker, con fundamento en los artículos 86
de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
61. Lo anterior, por cuanto esta se dirige contra el Consejo de Estado, Sala Doce
Especial de Decisión y Sección Primera y, por ende, le corresponde el
conocimiento, en virtud de lo consagrado en el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1.
del Decreto 1069 de 2015.
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2.2. Cuestiones previas
2.2.1. Perspectiva de análisis de los cargos
62. La Sala precisa que si bien es cierto la parte actora en el acápite de
pretensiones solicitó que se dejaran sin efectos las sentencias “del 31/08/2015 y del
13/12/2022 (sic), proferidas por la Sección Primera y la Sala Doce Especial de Revisión
(sic) del Consejo de Estado”, lo cierto es que no presenta cuestionamiento alguno en
forma directa en contra de la providencia dictada el 31 de agosto de 2015 por la
Sección Primera del Consejo de Estado que le permitan al juez constitucional
analizarla.
63. Aunado a lo anterior, se encuentra acreditado que los mismos argumentos
planteados en el recurso extraordinario de revisión, fueron resueltos en sede de
tutela en providencia que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional.
64. En efecto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia dictada el
12 de octubre de 2017, que no fue seleccionada por la Corte Constitucional para
su eventual revisión, negó la petición de amparo constitucional previo examen de
fondo de los siguientes cargos: i) falta de motivación y violación directa de la
Constitución, porque no admitió que la caducidad sí opera en los procesos de
pérdida de investidura; ii) pretermisión de la instancia; iii) desconocimiento del
precedente del Consejo de Estado, al concluir que el ejercicio de autoridad civil y
administrativa en el nivel municipal sí puede configurar inhabilidad para elecciones
de circunscripción departamental; y iv) defecto sustantivo, porque decretó la
pérdida de investidura, sin examinar la responsabilidad subjetiva (culpabilidad).
65. En consecuencia, al haberse efectuado un examen de fondo sobre estos
aspectos de la sentencia dictada por el Consejo de Estado – Sección Primera el
31 de agosto de 2015 que decretó la pérdida de investidura, ningún
pronunciamiento se puede realizar en esta oportunidad, pues se estaría
desconociendo el carácter inmutable de las decisiones judiciales y levantando un
sello de cosa juzgada.
66. Con fundamento en las consideraciones anteriores esta Sala declarará
probada de oficio la excepción de cosa juzgada constitucional y se abstendrá de
hacer pronunciamiento alguno con respecto a la sentencia de pérdida de
investidura.
2.2.3. Impedimento
67. Con ocasión del registro del proyecto de fallo para aprobación de la Sala, el
Magistrado Luis Alberto Álvarez Parra manifestó su impedimento para participar
en la deliberación y aprobación de la decisión.
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68. Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de
impedimento consagrada en el numeral 6º del artículo 56 de la Ley 906 de 2004,
toda vez que forma parte de la Sala Doce Especial de Decisión que dictó la
sentencia que resolvió el recurso extraordinario especial de revisión que se
cuestiona en la presente acción.
2.3. Problemas jurídicos
69. Con fundamento en la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los cargos invocados en la demanda de tutela, el primer
problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en establecer si
concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando
se dirige contra providencia judicial.
70. En el evento de encontrar superados tales requisitos, se establecerá si la Sala
Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado vulneró los derechos
fundamentales “al debido, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a ser
elegida en un cargo uninominal territorial y a la buena fe en conexidad con el principio de
confianza legítima”, con ocasión de la decisión de rechazar por improcedente el
recurso extraordinario especial de revisión que la parte actora interpuso en contra
de la sentencia dictada el 31 de agosto de 2015 que decretó la pérdida de la
investidura como diputada del departamento de Antioquia.
71. Por razones de orden metodológico, se analizarán los siguientes temas i)
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) cumplimiento de
los requisitos de procedibilidad adjetiva; y iii) el caso concreto, con fundamento en
los argumentos expuestos en el libelo introductorio y las intervenciones de la parte
accionada.
2.4. Razones jurídicas de la decisión
2.4.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
72. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
201217 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y
la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema18 y declaró
su procedencia.19
17 Ref.: No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania
Álvarez Bello. M.P.: María Elizabeth García González.
18 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
19 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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73. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se
trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento
de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos
y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; y iv) de
relevancia constitucional. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno
de estos presupuestos, se deber declarar la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
74. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
75. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4.2. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.2.1. Relevancia constitucional20
76. La Sala entiende superado este requisito, por cuanto al realizar el test de
procedibilidad de la acción en relación con los supuestos fácticos de la demanda y
las pretensiones, se advierte que la parte actora solicitó la protección de las
garantías del debido proceso21, a la igualdad y al acceso efectivo a la
administración de justicia y, adicionalmente, los derechos de contenido electoral
de los cuales es titular.
77. La parte tutelante alegó la vulneración del derecho al debido proceso, desde la
20 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00; Sentencia 20.02.20,
Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05291-00; Sentencia
13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-
00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-
2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-
03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
21 Según el artículo 86 de la Constitución, la finalidad de la acción de tutela es conjurar aquellas situaciones
en que la decisión de la autoridad judicial incurre en graves falencias, de relevancia constitucional, que
conllevan una decisión incompatible con la Constitución (Sentencia T-817 de 2012 de la Corte Constitucional).
Por tal razón, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que uno de los requisitos genéricos de
procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales es que el asunto tenga evidente
relevancia constitucional; esto es, que se oriente a la protección de derechos fundamentales (Sentencia SU-
573 de 2017, reiterando las consideraciones expuestas en la C-590 de 2005) esto se refiere a que “involucre
garantías superiores y no sea de competencia exclusiva del juez ordinario”(Sentencia SU-050 de 2018).
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perspectiva constitucional consagrada en el artículo 29 de la Carta, lo que implica
que la misma trascienda el ámbito meramente legal, en la medida en que alega la
violación directa de la Constitución. También implica el examen desde la óptica de
los artículos 228 y 229 ejusdem en garantía de la tutela judicial efectiva.
78. Por su parte, la demanda involucra un cargo de desconocimiento del
precedente, con respecto al cual se solicita el amparo del derecho a la igualdad, el
cual implica un análisis desde el artículo 13 Constitucional.
79. En consecuencia, no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, el
cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular de la garantía o el
interesado legítimo quede en un estado de indefensión, de tal manera que al
existir la eventualidad de que no haya obtenido la protección ante el juez
contencioso administrativo, natural de la causa ordinaria, quien tenía la obligación
de constituirse en protector de estos asumiendo el rol de juez de
constitucionalidad y/o de convencionalidad, puede comparecer al juez de tutela,
quien deberá analizar el caso de acuerdo con los postulados del Estado Social de
Derecho.
80. La conclusión anterior deviene de la consideración de que el asunto es de
relevancia constitucional cuando resulta necesario verificar si subsiste la violación
o amenaza, después de haber agotado el procedimiento judicial establecido por la
ley para su protección.
81. Adicionalmente, este presupuesto implica que el asunto de la acción de tutela
tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para
su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales y de las libertades públicas.22-23
2.4.2.2. Tutela contra tutela
82. La Sala observa que no existe reparo alguno en cuanto hace referencia al
juicio de procedibilidad, porque no se trata de una tutela contra decisión de la
misma naturaleza, pues el trámite cuestionado corresponde a un recurso
extraordinario especial de revisión interpuesto por la señora Martha Patricia
22 Ver al respecto: Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate: sentencia del 27.02.2020,
Exp. 11001-03-15-000-2020-00004-00; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05258-00;
sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05291-00; sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-
15-000-2020-00137-00; sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05354-00; sentencia del
6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05153-00; sentencia del 30.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-
05121-00; sentencia del 30.01.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05167-00; sentencia del 23.01.2020, Exp.
11001-03-15-000-2019-04664-00; sentencia del 23.01.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
23 Sobre la relevancia constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse esta Sección en varias sentencias
de tutela, de las cuales cabe destacar la sentencia del 5.12.2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-
15-000-2019-04724-00.
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Villalba Hodwalker con respecto a la sentencia dictada el 31 de agosto de 2015
por la Sección Primera del Consejo de Estado en sede de pérdida de investidura24.
2.4.2.3. Inmediatez
83. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, porque la parte actora considera vulnerados sus derechos
fundamentales con ocasión de la providencia dictada en única instancia por la
Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado el 13 de diciembre de
2021, la cual se notificó el 17 de enero de 2022, por lo que cobró ejecutoria el 24
del mismo mes y año y la demanda de tutela se radicó el 6 de junio de 2022, por lo
que la Sala considera razonable el plazo transcurrido.
84. Lo anterior porque se evidencia que se presentó en un plazo inferior a seis (6)
meses que se considera adecuado, de acuerdo con la posición unificada del
Consejo de Estado.
2.4.2.4. Subsidiariedad
85. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial para
obtener la protección del derecho fundamental que la parte actora considera
vulnerado, la Sala precisa que la sentencia censurada fue dictada en única
instancia, sin que contra tal decisión procedan recursos, en la medida en que
resolvió el extraordinario especial de decisión.
86. Al encontrar superados los requisitos de procedibilidad adjetiva, corresponde a
la Sala analizar el fondo del asunto, con fundamento en los cargos propuestos en
la demanda.
2.4.3. Examen del caso concreto
2.4.3.1. Desconocimiento del precedente
87. Con la finalidad de garantizar los principios de seguridad jurídica, igualdad,
buena fe y confianza legítima, el desconocimiento del precedente se erigió como
una causal específica de procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
24 En igual sentido, se encuentran las siguientes: Consejo de Estado, Sección Quinta: sentencia del
27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00014-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; sentencia del
27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00004-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; sentencia del
20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00092-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; sentencia del
20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00179-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia del
20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00141-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; sentencia del
20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04788-01, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 13.02.2020, Exp.
11001-03-15-000-2020-00137-00, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-
2020-00037-00, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05346-00,
M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05202-00, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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88. El propósito de protección de los referidos derechos le impone al juez
constitucional de tutela la realización de un test encaminado a determinar la ratio
de la (o las) decisiones que se consideran desatendidas y las reglas y/o subreglas
de derecho en ellas contenidas, para establecer si son aplicables a la solución del
nuevo caso dada la analogía con la litis anterior y la incidencia de esta en la
decisión final adoptada por el fallador de instancia.
89. En efecto, para que sea posible concluir que se desconoció un precedente le
corresponde a la parte actora acreditar que los supuestos fácticos son iguales o
por lo menos similares y que la regla de decisión no es genérica, en la medida en
que sea aplicable a todos los procesos sino específicamente a la decisión del
asunto en particular, de tal manera que tenga la posibilidad de cambiar el sentido
de la decisión.
90. Corresponde, en consecuencia, verificar que los hechos del nuevo caso se
subsuman en la regla decisional, pues de lo contrario nos encontraríamos frente a
una alegación de instancia que impediría la configuración del defecto. Al respecto,
esta Corporación ha considerado que “Lo anterior es así, en tanto la tipología en
cuestión constituye un criterio objetivo que se ve satisfecho únicamente en la medida en
que, al realizar el ejercicio de subsunción normativa, la providencia en cuestión se
acompase claramente -y sin lugar a dudas- con cualquiera de los supuestos previstos por
la ley.”25
91. El despacho precisa que en el ejercicio de confrontación entre la
providencia censurada y la que contiene el precedente tiene que existir una
estricta unidad temática y no simplemente un principio aplicable a todos los casos
o que se pretenda tener en cuenta algunos razonamientos aislados, esto es, obiter
dicta que no constituyen el objeto de la decisión ni la regla vinculante para los
operadores judiciales.
2.4.3.2. Examen de los precedentes contenidos en sentencias dictadas por
el Consejo de Estado sobre la causal de nulidad originada en la sentencia
92. En el caso concreto, la parte actora consideró que se desconoció el
precedente del Consejo de Estado contenido en las sentencias dictadas por la
Sala Plena el 16 de mayo de 2017 y 8 de mayo de 2018, en las que, en su sentir,
se determinó que la violación al debido proceso puede ser invocada a través de la
causal 5ª del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto es, de la nulidad originada
en la sentencia.
93. Con fundamento en ello, consideró que a la Sala de revisión le correspondía
adecuar las causales por ella invocadas, referidas a la violación del debido
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Auto del 16.08.2016, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-28-000-2016-00052-00
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proceso que en su oportunidad sustentó en el artículo 17 de la Ley 144 de 1994,
norma especial para la pérdida de investidura de congresistas.
94. De las sentencias citadas como desconocidas se pueden extraer las siguientes
situaciones fácticas y consideraciones jurídicas que permitirán establecer si
efectivamente constituyen un precedente aplicable al caso concreto y si el mismo
se desconoció en el fallo cuestionado:
Sentencia del 16 de mayo Sentencia del 8 de mayo de
de 2017 2018
Clase de proceso: Acción de tutela Recurso extraordinario de
revisión
Decisión: Declara improcedente por Declara fundado el recurso
incumplimiento del requisito extraordinario de revisión por
general de procedibilidad de violación del derecho al debido
la subsidiariedad, por el proceso, al haberse dictado un
carácter residual de la acción fallo inhibitorio sin fundamento
de tutela. alguno.
Causales invocadas Defecto orgánico por falta de En este caso la parte actora
competencia del juez que invocó la causal de nulidad
declaró la nulidad de un originada en la sentencia
contrato estatal. (artículo 188 del CCA vigente
para la fecha de
26
presentación) que, a juicio de
la parte actora se configuró por
no haberse proferido un fallo
de fondo.
Ratio decidendi Se consideró que el Se consideró que la causal de
accionante cuenta con otro nulidad originada en la
mecanismo de defensa sentencia se configura por las
judicial, como es el recurso causales de nulidad
extraordinario de revisión. consagradas en el Código de
Procedimiento Civil (hoy
Lo anterior por cuanto la Código General del Proceso) y
parte actora alegó la por el desconocimiento del
existencia de un defecto artículo 29 de la Constitución
orgánico por falta de Política.
competencia, cargo que
encuadra en la causal de En el asunto particular se
nulidad originada en la consideró: “el juez de segunda
sentencia por falta de instancia se inhibió para fallar de
congruencia. fondo, sin razón para ello, el
derecho a la tutela judicial efectiva
La conclusión quedó del señor Mancipe Estupiñán fue
vulnerado y, en consecuencia, se
plasmada en los siguientes
26 Esta causal corresponde al numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
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términos: “es procedente el violó su derecho al debido
recurso de revisión contra los proceso, por lo que se ha de
fallos dictados por esta entender configurada la causal de
jurisdicción en segunda nulidad originada en la sentencia
instancia o en única si se alega por violación al derecho al debido
desconocimiento del principio proceso.”
de congruencia, que en
últimas implica una actuación
sin competencia.” (Negrillas
incluidas en el texto original.
95. De los extractos referidos en precedencia se evidencia que ninguno de los dos
casos fija la regla según la cual se debe adecuar la causal invocada por la parte
recurrente a una diferente que se ajuste al supuesto fáctico.
96. Si bien es cierto en la segunda sentencia citada se consideró que la violación
al debido proceso desde la perspectiva constitucional encuadra en el supuesto de
hecho de la nulidad originada en la sentencia y que en el caso concreto tal
violación se había configurado al dictarse un fallo inhibitorio, tal conclusión no
equivale a señalar como lo pretende la parte actora que cualquier alegación se
enmarca en la referida causal y que, por ende, al juez de la revisión le
corresponde suplir la carga argumentativa mínima que tiene la recurrente,
consagrada en el numeral 4º del artículo 252 de la Ley 1437 de 2011, consistente
en “la indicación precisa y razonada de la causal invocada.”
97. Cabe resaltar que en el segundo caso el recurrente invocó como causal de
revisión la nulidad originada en la sentencia solo que la sustentó en haberse
dictado un fallo inhibitorio, circunstancia que no se encontraba enlistada en las
causales de nulidad previstas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil,
vigente para la época de tramitación del proceso y que evidentemente tiene la
posibilidad de invalidar el fallo, como lo concluyó la Sala. En otras palabras,
efectivamente se trataba de una irregularidad sustancial que se encontró
plenamente configurada.
98. Contrario a ello, el recurso extraordinario especial de revisión que la actora
interpuso con fundamento en las causales del artículo 17 de la Ley 144 de 1994, –
que no le era aplicable a su caso por no tener la condición de congresista– no se
sustentó en irregularidades de carácter procesal como la falta de congruencia o
haberse dictado un fallo inhibitorio, sino en vicios in judicando que no constituyen
causales de invalidez de la decisión sino inconformidades con las consideraciones
expuestas por el juez de la pérdida de investidura y que constituyen una verdadera
alegación de instancia, a saber:
1) Primer cargo: “indebida motivación respecto de la caducidad de la acción e
inaplicación del control de convencionalidad”.
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2) Segundo cargo: “desconocimiento de las garantías constitucionales de doble
instancia y del precedente horizontal de la Sección Primera del Consejo de
Estado debido a que el a quo no resolvió todos los cargos planteados en el
fondo del asunto sometido a litigio.”
3) Tercer cargo: “no se aplicó el precedente judicial vigente al tiempo de la
inscripción como candidata a la Asamblea Departamental del Atlántico para el
período 2004-2007.”
4) Cuarto cargo: “no se realizó un análisis de responsabilidad subjetiva en un
proceso sancionatorio como el de pérdida de investidura.”
99. La argumentación que subyace a cada uno de los cargos así denominados
cuestiona directamente las consideraciones y las conclusiones del fallo en torno a
la caducidad de la acción, a la causal de pérdida de investidura por violación del
régimen de inhabilidades, al precedente aplicable a lo que debe entenderse como
circunscripción y al análisis de la responsabilidad, circunstancias que no
corresponden a causales de nulidad.
100. Siendo ello así, la Sala precisa que aun cuando la parte recurrente pretendió
encuadrar las causales en la violación al debido proceso, lo cierto es que no alegó
la nulidad originada en la sentencia y tampoco algún supuesto que se ajustara a la
misma y que permitiera aplicar alguna de las consideraciones expuestas en las
sentencias señaladas como desconocidas cuyos supuestos fácticos y jurídicos
difieren sustancialmente.
101. Las sentencias citadas tampoco son aplicables al caso en especial porque en
la segunda de ellas la violación del debido proceso se encontró debidamente
alegada y acreditada en una circunstancia que efectivamente afectaba la validez
misma de la providencia en tanto el juez se abstuvo de resolver el fondo del
asunto sin justificación alguna, lo cual igualmente afectó el derecho de acceso a la
administración de justicia.
102. Por el contrario, en el sub examine ninguna irregularidad sustancial aparece
configurada y acreditad en la sentencia que decretó la pérdida de investidura que
le permitiera al juez del recurso extraordinario constituirse en juez de
constitucionalidad y convencionalidad para proteger el debido proceso bajo la
perspectiva de la causal de nulidad originada en la sentencia.
2.4.3.3. Desconocimiento del precedente contenido en sentencias dictadas
por la Corte Constitucional
103. Sobre la obligación del juez de la revisión de adecuar la causal, la parte
actora invocó la sentencia de tutela T-318 de 2004 dictada por la Corte
Constitucional, la cual no constituye precedente, por cuanto se limitó a resolver el
caso concreto sin fijar una regla de decisión, tiene efectos inter partes y no fue
dictada por la Sala Plena de la Corte Constitucional, constituyendo un criterio
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auxiliar de interpretación, por lo que el cargo por no tener en cuenta esta sentencia
no está llamado a prosperar.
104. La parte actora también argumentó el desconocimiento de las sentencias de
unificación de jurisprudencia SU-516 de 2019 y SU-474 de 2020 dictadas por la
Corte Constitucional que -según la accionante- resolvieron casos idénticos al suyo.
105. Sobre estas providencias aseveró que, en la sentencia SU-516 de 201927, la
Corte Constitucional confirmó un fallo de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, que declaró la caducidad sobreviniente del medio de control de pérdida de
investidura, con fundamento en el artículo 6º de la Ley 1881 de 2018. Lo anterior,
en aplicación del principio de favorabilidad previsto en el artículo 29 Constitucional.
106. Señaló que, en la sentencia SU-474 de 2020 la Corte Constitucional
determinó que en el fallo que decretó la pérdida de investidura se había
configurado un defecto sustantivo porque se aplicó un régimen objetivo de
responsabilidad.
107. Sobre esta alegación de la parte actora en sede de tutela lo primero que
advierte la Sala es que no cuestiona la ratio de la sentencia dictada por la Sala
Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado que declaró improcedente el
recurso extraordinario especial de decisión, contra la cual se dirige y que se
pretende dejar sin efectos, sino que cuestiona indirectamente la sentencia de
pérdida de investidura proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en
punto de la conclusión en torno a la oportunidad en la interposición de la demanda
y a la no operancia del fenómeno de la caducidad y el análisis subjetivo de la
responsabilidad.
108. Este argumento resultaría suficiente para despachar desfavorablemente el
cargo, pues esta Sala se abstuvo de revisar ese fallo por haber hecho tránsito a
cosa juzgada la sentencia de tutela que resolvió en su momento el fondo del
asunto.
109. Sin embargo, en cumplimiento de la labor que tiene el juez constitucional de
pronunciarse sobre todos los argumentos y exponer con suficiencia las razones de
fondo por las cuales no se configura el defecto de desconocimiento del precedente
en el caso concreto le aclara a la recurrente que para el momento en que entró a
regir la Ley 1881 de 2018, su situación jurídica se encontraba totalmente
consolidada, en consideración a que la sentencia que decretó la pérdida de
investidura fue dictada el 31 de agosto de 2015, habiendo cobrado ejecutoria.
110. En consecuencia, contrario a los casos resueltos por la Corte Constitucional,
el proceso de pérdida de investidura no estaba en curso y, por ello, no era posible
27 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo
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aplicar el instituto de la caducidad por favorabilidad, únicamente se encontraba en
trámite el recurso extraordinario especial de revisión que constituye un proceso
nuevo y que precisamente se dirige a que se infirme una sentencia ejecutoriada.
111. Sobre el punto cabe destacar que la sentencia SU-516 de 2019, precisó:
“6.4. Bajo este nuevo escenario, en el que el legislador previó la caducidad
del medio de control de pérdida de investidura de los miembros de las
corporaciones de elección popular, la figura debe aplicarse en forma
inmediata a los procesos en curso que no hayan consolidado
situaciones jurídicas, por tratarse de una norma procesal de obligatorio
cumplimiento.” (Negrillas fuera de texto)
112. La misma sentencia se ocupó de fijar la diferencia entre las situaciones
jurídicas consolidadas (con sentencia en firme) bajo el imperio de la ley anterior,
que permitía ejercer la acción de pérdida de investidura en cualquier tiempo y los
procesos que se encontraban en curso al momento de la expedición de la Ley
1881 de 2018, para concluir que:
“8.11. Entonces, (i) por ser el proceso de pérdida de investidura de
naturaleza sancionatoria, durante su trámite los jueces competentes deben
observar cuidadosamente la totalidad de las garantías del debido proceso y,
en especial, de aquel que materializa el ius puniendi del Estado, entre ellas,
el principio de favorabilidad, que supone la aplicación de la norma más
favorable al procesado, aun cuando sea posterior (art. 29 C.P.). (ii) Así,
cuando en un tránsito legislativo se adopte una norma procesal que
consagre la institución de la caducidad, esta debe informar la solución del
caso concreto, porque su aplicación deriva del principio de favorabilidad en
materia sancionatoria. (iii) No aplicar una norma que establece la caducidad
del término para proponer la pretensión procesal, en un caso que aún no
ha sido decidido con efectos definitivos, puede implicar la violación del
derecho al debido proceso del demandado, en la medida en que puede
configurar un defecto material o sustantivo al dejar de aplicar una norma
procesal que informa la solución del caso concreto.” (Negrilla fuera de texto)
113. En consecuencia si el proceso de pérdida de investidura había terminado con
sentencia ejecutoriada tres años antes de la entrada en vigor de la nueva ley que
incluyó el término de caducidad del medio de control, ninguna irregularidad se
puede predicar de la decisión pues el recurso extraordinario no podía levantar el
sello de cosa juzgada de la providencia para aplicar una norma posterior, en la
medida en que la situación se encontraba consolidada.
114. Tampoco es posible encontrar configurado el desconocimiento del
precedente con ocasión de la sentencia SU-474 de 2020 que reiteró la posición
que fijó la Corte Constitucional en la sentencia SU-424 de 2016 sobre la necesidad
de analizar el aspecto subjetivo de la pérdida de investidura, por cuanto este no
fue un aspecto que se abordara en la sentencia dictada en sede del recurso
extraordinario especial de decisión.
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115. Adicionalmente por cuanto dicho cargo se incluyó en la tutela primigenia que
se dirigió contra la sentencia dictada el 31 de agosto de 2015 y se resolvió de
fondo por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que consideró que las
sentencias de la Corte Constitucional, señaladas como desconocidas eran
posteriores a la decisión por lo que no constituían precedente, decisión que, como
se explicó en precedencia, hizo tránsito a cosa juzgada constitucional.
116. En virtud de lo expuesto, el cargo por desconocimiento del precedente no
está llamado a prosperar.
2.4.3.4. Defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto
117. Este cargo se sustentó en la omisión que le imputa la parte actora a la Sala
Doce Especial de Decisión de no haber adecuado la causal de violación del
debido proceso por el de nulidad originada en la sentencia que igualmente se
analizó desde la perspectiva del desconocimiento del precedente.
118. Sobre el punto la Sala advierte que en tratándose del recurso extraordinario
de revisión le corresponde a la parte recurrente invocar en forma precisa y
razonada la casual invocada y es sobre esta que se pronuncia el juez de la
revisión, circunscribiéndose el análisis a los cargos expuestos en la demanda.
119. Cabe destacar que, aun si en gracia de discusión se admitiera que el juez del
recurso tiene el deber de adecuar los argumentos expuestos por el recurrente a
alguna o algunas de las causales de revisión descritas en el artículo 250 de la Ley
1437 de 2011, concretamente a la de nulidad originada en la sentencia, en el caso
concreto ello no era posible por cuanto no se invocó alguna de las circunstancias
que invalidan el fallo, previstas en el artículo 133 de la Ley 1437 de 2011, ni
aquellas que la Sala Plena de esta Corporación ha considerado que pueden
invalidar la actuación como son, a título enunciativo, la falta de congruencia, la
falta total de motivación, la falta de quorum necesario para adoptar la decisión y
cualquier otra irregularidad sustancial acaecida al momento de dictar el fallo que
incida en el sentido de la decisión.28
120. Se reitera que, si bien se alegó en sede de revisión la violación del derecho al
debido proceso, los argumentos específicos con los que se pretendió sustentar tal
vulneración pretendían desvirtuar las consideraciones y las conclusiones a las que
llegó la Sección Primera del Consejo de Estado en la sentencia que decretó la
28 Consejo de Estado, Sala Catorce Especial de Decisión, M.P. Danilo Rojas Betancourt, Rad. Radicación:
110010315000 2008 00320 00. También se pueden consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sentencias de 11.05.1998, rad. REV-093; de 18.10,2005 rad. 2000-00239, de
20.10.2009, rad.REV-2003-00133; y de 7.04.2015, M.P. Jorge Octavio Ramírez; Sección Segunda,
Subsección “B”, sentencia de 11.06.2009, rad. 836-06; y Sección Primera, sentencia del 14.12.2009, rad.
2006-00123.
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pérdida de investidura y, por ende, se trataba de verdaderas circunstancias in
judicando y no in procedendo.
121. Cabe destacar que la parte actora tenía la carga no solamente de invocar la
causal de revisión que correspondía a su caso sino también de sustentarla y
probarla, lo cual no ocurrió en el caso concreto por la propia incuria de la
recurrente y no por omisión de la Sala de Decisión a la que le correspondió
resolver el caso.
2.4.3.5. Examen del cargo de violación directa de la Constitución
122. La tutelante consideró que se incurrió en violación directa de la Constitución
por cuanto se rechazó el recurso sin dar aplicación al artículo 6º de la Ley 1881 de
2018 que prevé la caducidad de la acción de pérdida de investidura en el término
de cinco (5) años, contados a partir del día siguiente de la ocurrencia del hecho
generador.
123. Al respecto, señaló que “Al ser una norma expedida con posterioridad al recurso
extraordinario que presenté, que fija la caducidad de la acción en 5 años, la cual no
existía en el momento en el que fui demandada. Dicha norma es favorable a la suscrita,
en la medida en que, si la ley hubiera existido en ese momento, la acción hubiere estado
caduca y debió darse aplicación al principio constitucional de favorabilidad de manera
directa, por aplicación del artículo 85 de la CP como variable de mi debido proceso
judicial, tal y como lo resolvió en reciente pronunciamiento la Corte Constitucional.”
124. Este argumento fue igualmente abordado por esta Sección desde la
perspectiva del desconocimiento del precedente, oportunidad en la que se señaló
que la sentencia que decretó la pérdida de investidura dictada por la Sección
Primera del Consejo de Estado puso fin al proceso y consolidó la situación jurídica
de la actora de tal manera que el proceso no se encontraba en curso para la fecha
en que se expidió la Ley 1881 de 2018 que no tiene efectos retroactivos.
125. Al respecto, se aclara que el recurso extraordinario especial de revisión no es
una instancia adicional del proceso de pérdida de investidura, sino que se trata de
un proceso nuevo como lo han reiterado la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado al precisar:
“Desde otro punto de vista el recurso extraordinario de revisión no puede
confundirse con una nueva instancia, pues presupone que exista una
sentencia ejecutoriada, de única o de segunda instancia, creadora de la
cosa juzgada material, la cual sólo podría ser desconocida con la
comprobación de una de las causales legales taxativas indicadas en el
artículo 188 del Código Contencioso Administrativo y con la necesaria y
concurrente conclusión de que el fallo atacado es erróneo o injusto por esa
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causa, es decir que la prosperidad de la causal conduciría en la realidad, a
otra decisión distinta.”29
126. Por otra parte, la Sala Plena del Consejo de Estado30 determinó que el
recurso extraordinario de revisión se entiende como una actuación completamente
ajena al proceso de origen, constituyendo un nuevo juicio, es decir, un verdadero
medio de control, por cuanto “Pese a su nombre -recurso extraordinario-, este se inicia
con una demanda contra la sentencia, la que está sujeta a una serie de requisitos que
deben ser observados para su admisibilidad y procedencia, es decir, es un medio de
control más que consagró el legislador en la jurisdicción contencioso administrativa.”
127. Siendo ello así, por el hecho de encontrarse en trámite el recurso
extraordinario de revisión no es posible afirmar que la situación no se encontraba
consolidada al momento de entrar en vigor la nueva legislación. Adicionalmente,
porque este recurso únicamente procede contra sentencias ejecutoriadas que
hayan hecho tránsito a cosa juzgada.
2.5. Conclusión
128. La Sala no encontró acreditados los defectos alegados por la parte actora,
toda vez que la autoridad accionada explicó bajo el principio de razón suficiente
porque en el caso concreto no era procedente el recurso extraordinario especial
de revisión previsto en el artículo 17 de la Ley 144 de 1994, vigente para la época
de su interposición y las razones por las cuales no era posible adecuarlo.
129. Al realizar el ejercicio de comparación entre los supuestos fácticos y jurídicos
del caso con los que fueron objeto de decisión en las sentencias que se invocaron
como precedentes desconocidos no se encontró identidad, por lo que no
resultaban aplicables al caso y algunas de ellas contenían pronunciamientos
posteriores.
130. En virtud de lo expuesto, no es posible la intervención excepcional del juez
constitucional, además por cuanto la tutela se dirige contra decisiones dictadas por
una Alta Corte sin que se advierta una anomalía de significativa entidad que torne
procedente la intervención excepcionalísima del juez de tutela31, por lo que se
negará la petición de amparo constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
29 Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa, reiterada en la Sentencia
SU-450 del 16.07.2016, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
30 Consejo de Estado, Sala Plena Sentencia del 29.05.2014, M.P. Alberto Yepes Barreiro reiterada en fallos
del 5.02.2015 y 12.08.2015.
31 Corte Constitucional, Sentencia SU- 072 del 5.07.2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas
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de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR PROBADA de oficio la excepción de cosa juzgada
constitucional con respecto a los cuestionamientos elevados contra la sentencia
dictada el 31 de agosto de 2015, por la Sección Primera del Consejo de Estado
que decretó la perdida de investidura de la accionante.
SEGUNDO: NEGAR la petición de amparo constitucional invocada por la señora
Martha Patricia Villalba Hodwalker, contra el fallo proferido el 13 de diciembre
de 2021 por la Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado, por no
haber encontrado configurados los defectos alegados, por las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada, REMITIR el presente asunto a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el
inciso 2º del artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081
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