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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-03068-00

Fecha
7 de julio de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-03068-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

7 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001 03 15 000 2022 03068 00
Demandante: Nayra Piedad López Caldera
Demandados: Consejo de Estado, Sección Quinta y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad electoral /
Incumplimiento del principio de inmediatez como requisito de
procedibilidad

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

1. La acción de tutela

La señora Nayra Piedad López Caldera, promueve acción de tutela contra el Consejo
de Estado, Sección Quinta y el Tribunal Administrativo de Bolívar, por estimar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

1.1. Pretensiones

En protección de los derechos reclamados, solicita:

1. Tutelar los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y el
debido proceso, por las razones expuestas en esta acción de tutela, y en consecuencia
se deje sin efecto la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro
del proceso identificado con el radicado No. 13001 23 33 000 2020 0018 00, proferida el
18 de febrero de 2021, y la proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 17
de junio de 2021.

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 03068 00
Demandante: Nayra Piedad López Caldera

2. Se ordene a la Sección Quinta del Consejo de Estado y/o al Tribunal Administrativo
de Bolívar, que, luego de que se decreten de oficio las pruebas requeridas para el
esclarecimiento de la verdad y en virtud de la garantía del derecho sustancial, esto es,
se ordene la revisión grafológica de las 50.022 firmas avaladas para la inscripción de la
candidatura del señor William Dau Chamat, en el término de 48 horas, contadas a partir
de la práctica de la anterior prueba, profiera una nueva sentencia.

1.2. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:

i) El señor William Jorge Dau Chamat, quien se inscribió como candidato a la Alcaldía
del Distrito de Cartagena para las elecciones que tuvieron lugar el 27 de octubre de
2019 con el apoyo del Grupo Significativo de Ciudadanos «Salvemos a Cartagena»,
para la validez de su inscripción requería el respaldo de un número mínimo de 50.000
firmas registradas.

ii) El 20 de junio de 2019, se efectuó el registro del comité inscriptor ante la
Registraduría Distrital de Cartagena, que recibió el formato de planilla de recolección
de apoyos para proceder a su recaudo.

iii) El 24 de julio de 2019, una vez aportadas las firmas, el señor William Jorge Dau
Chamat fue inscrito como candidato a la Alcaldía de Cartagena de Indias por el Grupo
Significativo de Ciudadanos.

iv) El 16 de enero de 2020, radicó el medio de control de nulidad electoral contra el
acto de elección del señor Dau Chamat, por considerar que no completó los apoyos
exigidos durante los 34 días que estuvo recogiendo las firmas para inscribirse, y,
además, porque una vez entregadas las planillas a la Dirección de Censo Electoral de
la Registraduría Nacional del Estado Civil, los grafólogos que prestaron sus servicios
a la empresa FORENSES PLUS «alteraron los resultados de los estudios grafológicos de
las firmas para hacer parecer que había más registros válidos de las que realmente
existían».

v) El 18 de febrero de 2021, el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones
de la demanda de nulidad.

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Demandante: Nayra Piedad López Caldera

vi) El 17 de junio de 2021, el Consejo de Estado, Sección Quinta, confirmó el fallo del
juez a quo que negó la nulidad de la elección del señor William Dau Chamat, como
alcalde de Cartagena de Indias para el período 2020 a 2023.

1.3. Fundamentos jurídicos de la accionante

La accionante derivó su reproche constitucional en dos causales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales:

1.3.1. Defecto fáctico

i) En el escrito de demanda solicitó como prueba la realización de un nuevo estudio
grafológico y la verificación de todos los tomos contentivos de los registros de firmas
de apoyo presentados por el señor William Dau, por cuanto no contaba con dichos
libros y no tenía la condición de grafóloga para determinar su validez.

ii) El Tribunal Administrativo de Bolívar negó la prueba en mención en atención a que
«le correspondía a la demandante determinar cuáles eran las firmas que no reunían
los requisitos para ser tenidas como válidas por parte de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, por lo que atendiendo a la forma como la parte demandante solicita el
recaudo de dicha prueba, se evidencia que no tiene certeza respecto de las firmas que
no deben considerarse válidas y es precisamente en este escenario judicial en el que
pretende individualizarlas, pretendiendo que se haga un nuevo análisis grafológico a
cada una de las firmas aportadas que asciende a un número aproximado de 106.697».

En tal virtud las pretensiones del medio de control fueron denegadas, razón por la cual
interpuso el recurso de alzada.

iii) El Consejo de Estado, mediante auto de 29 de abril de 2021, admitió el recurso
interpuesto y negó la solicitud de pruebas en segunda instancia argumentando que:
«a) dicha petición debía hacerse después de admitido el recurso de apelación y, b) la
causal invocada no era la correcta para su decreto».

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Demandante: Nayra Piedad López Caldera

iv) Con cita de la sentencia SU-768 de 2014 de la Corte Constitucional, destaca que
por regla general el juez es el encargado de adelantar los procesos por sí mismo, por
lo que conforme a los estatutos procesales debe decretar las pruebas de oficio cuando
sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las
partes; concluyó que tal función no constituye una mera liberalidad, sino un verdadero
deber legal.

v) En su criterio, conforme a la jurisprudencia en cita el decreto de pruebas de oficio
en segunda instancia es obligatorio en los procesos electorales.

1.3.2. Defecto sustantivo

Por omitir aplicar las normas del CPACA relacionadas con el decreto de las pruebas de
oficio, las autoridades judiciales incumplieron su deber legal.

1.3.3. Exceso ritual manifiesto

La Sección Quinta del Consejo de Estado negó el decreto de pruebas al haber
invocado una causal inadecuada, sin embargo, «debió entender que se trataba de
petición de pruebas en segunda instancia por haber sido negadas en primera».

1.4. Actuación procesal

La tutela de la referencia, admitida por auto del 10 de junio de 2022, ordenó notificar a
los magistrados del Consejo de Estado, Sección Quinta y del Tribunal Administrativo
de Bolívar como demandados y, como tercero interesado, al señor William Dau
Chamat, así como a todas las personas que intervinieron en el medio de control de
nulidad electoral que se tramitó con el radicado 13001 23 33 000 2020 00018 00 [01],
para que dentro del término de tres días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran
el respectivo informe.

1.5. Intervenciones

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Demandante: Nayra Piedad López Caldera

1.5.1. La profesional universitario de la Asesoría Jurídica y Defensa Judicial del
Consejo Nacional Electoral,1 Lilia Rosa Orcasitas Rodríguez Francisco, consideró
que esa entidad al no haber tenido participación directa en los hechos materia de esta
acción no vulneró los derechos fundamentales invocados por la accionante, pues lo
que esta pretende es dejar sin efecto la providencia proferida en el medio de control
de nulidad electoral por el Consejo de Estado, Sección Quinta, razón por la cual carece
de legitimación en la causa por activa en el asunto sub lite.

1.5.2. El jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil,2
Luis Francisco Gaitán Puentes, adujo que no tiene competencia para pronunciarse
sobre lo pretendido por la tutelante, pues las providencias que motivaron la solicitud
de amparo constitucional fueron proferidas por el Consejo de Estado, Sección Quinta
y el Tribunal Administrativo de Bolívar -jueces naturales de la causa-, en desarrollo de
la autonomía e independencia judicial y en ejercicio de sus competencias.

En tal virtud, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por activa.

1.5.3. El magistrado del Tribunal Administrativo de Bolívar,3 Oscar Iván Castañeda
Daza, ponente en primera instancia de la sentencia objeto de litis, señaló que la
protección reclamada no cumple con el requisito de procedibilidad de inmediatez, pues
supera el término de seis (6) meses para interponer la acción de tutela contra
providencias judiciales.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento del presente asunto de acuerdo
con el numeral 7.° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por
el Decreto 33 de 2021, según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra la Corte

1 Expediente digital de tutela.
2 Expediente digital de tutela.
3 Expediente digital de tutela.

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Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán repartidas, para su conocimiento
en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la Sala de Decisión,
Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se
refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto ».

2.2. Cuestión previa

Antes de estudiar la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados
por la accionante, la Sala aclara que realizará el análisis del caso únicamente respecto
de la decisión adoptada en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, órgano de cierre en el presente asunto.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si el medio de amparo de la referencia cumple con
los requisitos mínimos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial,
en cuyo caso, se determinará si el Consejo de Estado, Sección Quinta, incurrió en los
defectos alegados por la parte demandante, dentro del medio de control de nulidad
electoral con radicación 13001 23 33 000 2020 00018 01.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución como un medio a
través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, estableció en sus artículos 11, 12
y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales
ejecutoriadas, artículos que posteriormente fueron declarados inexequibles por la

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 03068 00
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Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban
contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de trasgredir
la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas
por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de
manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción
de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones
de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda
causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede
hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este criterio, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la
sentencia C-590 de 2005,4 en la que se hace distinción entre causales genéricas,
aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la
acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la
procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes:
(i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que
se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir
del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad
procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que ésta identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración así como los derechos vulnerados y que se hubiere alegado en el
proceso judicial siempre que hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias
de tutela.

4 Reiteradas en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 03068 00
Demandante: Nayra Piedad López Caldera

El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 2012,5 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de
agosto de 2014,6 acogió un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de
inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los
parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.4.2. La procedencia de la acción de tutela de la referencia

El caso bajo estudio reviste suficiente relevancia constitucional, toda vez que el debate
gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.

Se cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que la decisión cuestionada hace
referencia a una sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión planteada
dentro de un proceso de nulidad electoral.

En cuanto al requisito de inmediatez, este NO se cumple, por cuanto la providencia
objeto de censura fue proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, el 17 de
junio de 20217 y notificada por correo electrónico el 22 de junio de ese año,8 mientras
que la acción de tutela se radicó ante la oficina de reparto del Consejo de Estado el 6

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González.
Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente

radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
7 Expediente digital original del medio de control de nulidad electoral.
8https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=%2feougk2UJKPVtZfez7Mpa

ySyfAw%3d

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de junio de 2022,9 es decir, que excedió el tiempo razonable para intentar el
mecanismo excepcional de protección.

2.4.3. Del requisito de inmediatez

Si bien es cierto el ejercicio de la acción de tutela no cuenta con un término de
caducidad, la jurisprudencia constitucional ha sido clara en señalar que, dado el
carácter preferente y sumario de protección que encierra la solicitud de amparo, esta
debe interponerse dentro de un término razonable y proporcionado a partir del evento
generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales en aras
de proteger derechos de terceros, impedir que el amparo se convierta en un factor de
inseguridad jurídica, y evitar su uso como herramienta supletoria de la negligencia en
la agencia de derechos, pues todo ello desnaturalizaría la finalidad de la acción.10

Sin embargo, la Corte también ha señalado que la razonabilidad del plazo debe
determinarse de conformidad con los hechos de cada caso concreto, por lo que a
modo de desarrollo jurisprudencial ha identificado tres excepciones que justifican el
transcurso de un lapso prolongado entre la vulneración del derecho y la interposición
de la acción:

i) Ante la existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por ejemplo,
la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad
del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de un hecho
completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las
circunstancias previas, entre otras.

ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación desfavorable
como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que
adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es
imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de
que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en
realidad, una protección inmediata.

iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable
resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo
13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en

9https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002022030680

01100103.
10 La Sentencia T-187 de 2012 presenta la línea jurisprudencial al respecto.

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circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan.11

En ese sentido, el examen de la inmediatez no puede reducirse a verificar el paso del
tiempo entre el hecho generador de la vulneración de un derecho fundamental y la
interposición de la demanda de tutela, sino que, además, debe comprender la
valoración de la razonabilidad del plazo, la cual ha de estar sujeta a los hechos que
configuran el caso concreto y a los criterios establecidos por la Corte Constitucional
en la citada jurisprudencia.

2.5. Hechos probados

La Sala extrae del expediente de nulidad y restablecimiento, los siguientes elementos
de prueba:

2.5.1. El 18 de febrero de 2021, el Tribunal Administrativo de Bolívar, profirió sentencia
en el medio de control de nulidad electoral mediante la cual dispuso:12

PRIMERO: Desestimar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

SEGUNDO: Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
propuesta por el Consejo Nacional Electoral, dentro de los expedientes 13001-23-33000-
2020-00018-00 y 13001-23-33-000-2020-00032-00.

TERCERO: Negar las pretensiones de las demandas en cada uno de los procesos
acumulados, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia

[…]

2.5.2. La parte demandante presentó recurso de apelación concedido el 26 de marzo
de 2021, ordenándose enviar el expediente al Consejo de Estado para surtir la
alzada.13

2.5.3. El Consejo de Estado, Sección Quinta, resolvió confirmar en su integridad la
providencia proferida por el juez a quo que negó la demanda de nulidad de la elección

11 Corte Constitucional, sentencias T-433 de 2016, T-584 de 2011, T-1028 de 2010, T-792 de 2007 y, T-158 de 2006,

entre otras.
12 Expediente digital original del medio de control de repetición.
13 Expediente digital original del medio de control de nulidad electoral.

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del señor Wliiam Dau Chamat, en calidad de alcalde de Cartagena de Indias, para el
período 2020 a 2023.14

2.6. Análisis de la Sala. Caso concreto

En el presente caso, la señora Nayra Piedad López Caldera interpone acción de tutela
contra el Consejo de Estado, Sección Quinta, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
derivada de la providencia de 17 de junio de 2021, a través de la cual decidió confirmar
el fallo del 18 de febrero de ese año, por medio del cual el Tribunal Administrativo de
Bolívar negó el cargo de nulidad electoral, fundado en que el proceso de inscripción
de firmas de la campaña del señor William Dau Chamat como candidato a la Alcaldía
de Cartagena de Indias estuvo viciado, pues no reunió las 50.000 firmas legalmente
exigidas, en tanto dicha irregularidad no fue probada en el medio de control invocado.

Pues bien, realizado el examen sobre los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales15, se reitera que la Sala encuentra
insatisfecho el término de inmediatez16 y, por lo tanto, desde ahora, se anticipa el
rechazo de la solicitud de amparo por improcedente.

En efecto, examinada la copia de la sentencia obrante en el expediente digital original
del medio de control de nulidad electoral, se observa que la decisión del Consejo de
Estado, Sección Quinta, fue proferida el día 17 de junio 2021, mientras que su
notificación por correo electrónico se surtió el 22 de junio de esa anualidad.17 Por lo
tanto, la mentada providencia cobró ejecutoria el día 25 de igual mes y año.

En estas condiciones, y de conformidad con el principio de inmediatez, para interponer
la acción de tutela, el plazo vencía el día 25 de diciembre de 2021 (como el término
finalizó en vacancia judicial, esta se debió presentar el día hábil siguiente, esto es, el

14 Expediente digital original del medio de control de nulidad electoral.
15 Al respecto, ver la sentencia de la Corte Constitucional C-590 de 2005, entre otras.
16 Consejo de Estado. SU de 5 de agosto de 2014. «[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis

meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción
de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente».
17https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=%2feougk2UJKPVtZfez7Mp

aySyfAw%3d

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 03068 00
Demandante: Nayra Piedad López Caldera

11 de enero de 2022), sin embargo, la acción de la referencia fue radicada el día 6 de
junio de 2022,18 lapso que claramente supera el término prudencial de seis meses
establecido por la jurisprudencia para la presentación del amparo contra providencias
judiciales.

Por lo tanto, la parte accionante desconoció «el término válido y razonable»19 que toda
acción de tutela debe cumplir como requisito previo para proceder con su estudio de
fondo, el cual no busca otra cosa que garantizar la eficacia de la protección invocada
y evitar satisfacer las pretensiones de aquellos que, por su inactividad, acudieron
inoportunamente a solicitar el amparo constitucional.

Como el criterio expuesto no significa que el juez de tutela esté facultado para
considerar incumplido el requisito de inmediatez por el simple paso del tiempo, la Sala
parte entonces del supuesto señalado jurisprudencialmente de examinar las
circunstancias específicas de cada caso concreto, a fin de determinar si la tardanza
en la interposición del amparo estuvo justificada por una causa válida que hubiera
imposibilitado su presentación en un límite razonable.

La señora Nayra Piedad López Caldera expresó, en el escrito de tutela, que el término
de inmediatez se encuentra cumplido en razón a que el 1.° de octubre de 2021 cobró
ejecutoria el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio del cual
dispuso cumplir lo resuelto por el Consejo de Estado, Sección Quinta. Al respecto, cabe
señalar que no es procedente tomar, para efectos de comprobar el requisito de
procedibilidad de inmediatez, dicha notificación como lo pretende la accionante, toda
vez que la jurisprudencia ha sostenido que él se debe determinar desde el momento
en que el afectado tuvo conocimiento expreso y directo del alcance de sus derechos y
de la decisión que presuntamente los amenazaba o vulneraba, así como de las
secuelas que el fallo tendría en su situación jurídica particular, lo cual en el caso
concreto se materializó a partir del día 25 de junio de 2021, cuando quedó ejecutoriada
la sentencia proferida el 17 de junio de la misma anualidad.

18https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202203068

001100103. «REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL lunes, 06 de junio de 2022 con secuencia: 5665,
índice 1 aplicativo SAMAI».
19 Ibidem.

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 03068 00
Demandante: Nayra Piedad López Caldera

Cabe resaltar que el requisito en mención persigue «cumplir con el propósito de la
protección inmediata y por tanto efectiva de los derechos fundamentales cuando estos
resulten afectados por la acción u omisión de autoridades públicas o de los particulares
en los eventos establecidos en la ley».20

Así, la Sala considera necesario reiterar que «[b]ajo el juicio de ponderación en el que
se balancea la relación entre las cargas que se exigen al accionante para la
interposición de la acción de tutela en un término razonable, frente al posible estado
de indefensión en el que se puede llegar a encontrar el accionante, no se hallan para
la fecha razones que justifiquen la protección mediante la acción de tutela, ni factores
objetivos que permitan verificar que existió una razón o carga que imposibilitó al
accionante acudir ante el aparato de justicia para solicitar la protección de sus
derechos mediante la acción de tutela. Es decir, no existen razones de peso
constitucional que permitan justificar el retardo en acudir a la autoridad judicial y, con
esto, la omisión o excepción al principio de inmediatez, por cuanto no se demuestra
en el proceso, por parte del accionante, una afectación de sus derechos
fundamentales a la salud y seguridad social, que justifique la intervención de la
autoridad judicial hoy, y que dicha afectación le pueda resultar imputable a la
entidad».21

Con fundamento en las consideraciones precedentes y sin que sea necesario efectuar
ningún otro pronunciamiento acerca del asunto, se dispondrá el rechazo de la
presente acción de tutela.

3. Conclusión

Bajo las anteriores circunstancias, la Sala encuentra improcedente la presente acción
de tutela, toda vez que se presentó por fuera del término prudencial establecido por la

20 Corte Constitucional Sentencia T- 198 de 2014. Recientemente, en la Sentencia T- 062 de 2020, señaló que «la
acción de tutela tiene por objeto la protección urgente de los derechos fundamentales del solicitante ante una
amenaza grave e inminente, la formulación oportuna de la demanda constitucional de amparo es un presupuesto
primordial para la procedencia de este mecanismo».
21 SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera Ponente: MARÍA CLAUDIA

ROJAS LASSO Bogotá, D.C. dieciocho (18) de octubre de dos mil doce (2012) Ref.: Expediente: 25000-23-24-000-
2012-00836-01, Actor: Jhon Jairo Ayala Villamarín.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Radicado: 11001 03 15 000 2022 03068 00
Demandante: Nayra Piedad López Caldera

jurisprudencia al efecto, sin que, de otra parte, se hubiera justificado la inactividad de
la accionante para el ejercicio oportuno de este mecanismo constitucional.

En consecuencia, habrá que rechazar por improcedente la acción de tutela,
comoquiera que no se satisfizo el requisito de inmediatez.

En mérito de lo anterior, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por la autoridad que la ley le confiere,

Falla:

Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela promovida por la señora
Nayra Piedad López Caldera, de conformidad con los argumentos expuestos en la
parte motiva de esta decisión.

Segundo: En caso de no ser impugnada la presente decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

notifíquese y cúmplase

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CRG

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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