RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-03071-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03071-01

Fecha
23 de marzo de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03071-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 25 de julio de 2022, por medio del cual la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03071-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

23 de marzo de 2023

Demandante: Sandra Carolina Muriel Restrepo
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03071-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03071-01
Demandante: SANDRA CAROLINA MURIEL RESTREPO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA –
SALA SEGUNDA

Temas: Tutela contra providencia judicial – reparación directa por
privación injusta de la libertad – Confirma decisión que
declaró la improcedencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de
25 de julio de 2022, proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción de tutela, al
considerar que no se acreditó el requisito de la relevancia constitucional.

1. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El 6 de junio de 2022 la señora Sandra Carolina Muriel Restrepo1, a través de
apoderado, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca – Sala Segunda con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales
«a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así
como los principios de confianza legítima, seguridad jurídica, prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal, presunción de inocencia, cosa juzgada y juez
natural».

Las referidas garantías las consideró vulneradas por la autoridad judicial en
mención con la expedición de la sentencia de 30 de noviembre de 20212 que
confirmó la decisión de 30 de abril de 2019 proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Cali, que negó las pretensiones al interior
del proceso de reparación directa 76001-33-33-001-2017-00092-01, interpuesto
contra la Nación – Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial (Rama
Judicial) y Fiscalía General de la Nación.

1
En nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad Melanny Muriel Restrepo,
Kimberly Muriel Restrepo, Nicole Muriel Restrepo, Jorge Andrés Muriel Restrepo y Vivian Andrea
Muriel Restrepo.
2
Notificada el 6 de enero de 2022.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Carolina Muriel Restrepo
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03071-01

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

• La señora Sandra Carolina Muriel Restrepo y otros3 presentaron demanda de
reparación directa en contra de la Nación - Rama Judicial y la Fiscalía General de
la Nación, por la presunta privación injusta de la libertad que padeció, con ocasión
de un proceso penal adelantado por el delito de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes, el cual culminó por preclusión de la investigación.

• El conocimiento de ese asunto le correspondió al Juzgado Tercer Administrativo
del Circuito Judicial de Cali, autoridad judicial que el 30 de abril de 2019 negó las
pretensiones del medio de control, al considerar que la medida restrictiva se
sustentó en el material probatorio recaudado para el momento de su imposición
comoquiera que el juez penal contaba con indicios serios de la posible
responsabilidad de la demandante en el delito que se le imputaba, sumado a que
la conducta de la víctima directa contribuyó en la causación del daño.

• Esta decisión fue objeto de apelación por la parte desfavorecida, quien expuso,
entre otros aspectos, que esta determinación era contraria al criterio que ha
adoptado el Consejo de Estado en estos asuntos, además de que advertía una
indebida valoración de las actuaciones del proceso penal, en atención a que sólo
se tuvo en cuenta el contenido del informe de la Policía Nacional para exonerar de
responsabilidad al extremo pasivo4.

• El 30 noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala
Segunda luego de hacer alusión a las sentencias de unificación 072 de 2018 y 363
de 2021 de la Corte Constitucional y de implementar el régimen subjetivo de falla
probada del servicio, confirmó el fallo del a quo, al exponer que la medida
preventiva fue razonable, proporcional y en cumplimiento de los presupuestos
legales para el efecto.

• Para llegar a esa conclusión, el ad quem destacó los medios probatorios que
respaldaron la resolución que limitó la locomoción de la señora Muriel Restrepo en
establecimiento carcelario, particularmente: (i) el informe de la Policía de vigilancia
en casos de captura en flagrancia -FPJ- 5-; (ii) informe de investigador de campo -

3
La parte demandante estuvo integrada por Sandra Carolina Muriel Restrepo, quien actuó en
nombre propio y representación de sus menores hijos Melanny Muriel Restrepo, Kimberly Muriel
Restrepo, Nicole Muriel Restrepo, Jorge Andrés Muriel Restrepo y Vivian Andrea Muriel Restrepo;
y los señores Miguel Ángel Pérez Restrepo, María Elena Restrepo y Juan Pablo Londoño Restrepo
4
En el recurso se expuso: <<Por ello es que se indica una indebida valoración de parte del propio
Juez Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, toda vez que esté (sic) dentro de su
análisis tan solo dio una argumentación frente a los documentos conformados por los agentes
policiales, tales como la entrevista FPJ-3 y el acta de incautación de elementos medios de prueba
que a luz del ordenamiento jurídico colombiano, simple y llanamente se erigen en medios de
referencia que de no ser contrastados con otras pruebas, no pueden ser la prueba reina para
demostrar responsabilidad penal o en este caso, la configuración de un eximente de
responsabilidad en cabeza de la víctima directa.

En reciente sentencia proferida por el Consejo de Estado, se estableció claramente que los simples
relatos y medios configurados por los agentes de la policía, no son los medios suficientes para
desvirtuar la responsabilidad de las entidades encargadas de la persecución penal>>.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Carolina Muriel Restrepo
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03071-01

FPJ-11- donde se realiza la descripción de los elementos materiales probatorios
(EMP) y la evidencia física (EF); (iii) informe ejecutivo -FPJ-3- de 28 de julio de
2014; (iv) acta de incautación de elementos de 27 de julio de 2014; (v) informe de
investigador de campo - informe fotográfico de 28 de julio de 2014 y (vi) acta de
derechos de la capturada REPO - FPJ-6 del 27 de julio de 2014.

• Agregó que si bien en la demanda se «mencionaron someramente, cargos que
se refieren más bien a un defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia, como lo fue la duración del proceso o el tipo de medida impuesta, ellos
debieron ser alegadas en la instancia judicial penal; verbigracia, la defensa de la
aquí demandante pudo alegar el vencimiento de términos, si ello fue el caso,
apelar las decisiones con las que no estuvo conforme, como la imposición de la
medida de aseguramiento, lo cual no hizo; […]».

• Finalmente destacó que, aunque se iba a confirmar el fallo, no era de recibido el
argumento del juez de primer grado referente a que la demandante contribuyó a
su privación, «en virtud de que este argumento se encuentra en contravía del
concepto de culpa de la víctima bajo el entendido que el eximente de
responsabilidad se determina por la conducta que ésta despliega y que tiene
incidencia en la respectiva actuación penal y no por la conducta que origina la
investigación, […]».

• La providencia de segunda instancia fue notificada el 6 de enero de 2022 y la
acción de tutela de la referencia fue radicada el 6 de junio de 2022.

1.3. Pretensión

Lo requerido en la demanda de tutela es lo siguiente:

3.1. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, así como los principios de
confianza legítima, seguridad jurídica, prevalencia del derecho sustancial
sobre el formal, presunción de inocencia, cosa juzgada y juez natural,
vulnerados por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca,
con la decisión proferida en segunda instancia el pasado treinta (30) de
noviembre de dos mil veintiuno (2021) dentro del medio de control de
reparación directa con radicado No. 76111- 33-33-003-2017-00092-01
promovido por la señora Sandra Carolina Muriel Restrepo y otros.

3.2. Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la sentencia de
fecha treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del medio de control de
reparación directa con radicado 76111-33-33-003-2017-00092-01 promovido
por la señora Sandra Carolina Muriel Restrepo y otros.

3.3. Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, que
dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del fallo de tutela,
profiera una nueva decisión en la cual se valoren de forma adecuada los
medios de convicción oportunamente allegados y que fueron practicados en el
trámite del proceso ordinario, se apliquen y adecúen a las circunstancias
fácticas puestas de manifiesto, bajo los parámetros ampliamente desarrollados
y reiterados por la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, en
casos similares de privación injusta de la libertad, en los cuales se ha
declarado la responsabilidad de las demandadas, cuando la imposición de la
medida de aseguramiento, estuvo sustentada en elementos materiales
probatorios que carecen de valor suasorio al momento de solicitarse; esto en
los términos de la jurisprudencia administrativa y constitucional y revise las

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Carolina Muriel Restrepo
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03071-01

pruebas que demuestran la existencia de un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia tal y como se señaló en el respectivo escrito de
apelación5.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La tutelante consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos:
fáctico y desconocimiento del precedente.

Señaló que en las sentencias controvertidas se configuró un defecto fáctico, para
lo cual, reiteró argumentos similares a los expuestos en el recurso de apelación al
interior del proceso contencioso, esto es, que se analizaron pruebas que eran solo
de mera referencia y que no tenían valor, como lo fueron las «etapas del proceso
penal» y en particular el informe de policía, que solo pueden «servir como criterio
orientador de las investigaciones, pero no tiene en sí mismo [sic] valor
probatorio»6.

Agregó que en la providencia acusada no se emitió un pronunciamiento ni se
analizó la medida de aseguramiento en lo atinente a su necesidad y tampoco se
identificó la inferencia razonable de participación, además de que «[…] limitó el
estudio del título de imputación predicado únicamente al estadio procesal de la
imposición de la medida de aseguramiento, cuando claramente puede colegirse
del escrito de apelación que el mismo guarda relación con un contexto diferente a
este», y omitió analizar el título de imputación que fue sustentado en el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia.

Resaltó que «la situación puesta de presente, constituía una flagrante violación a
los términos prescritos en las disposiciones referidas que no fue objeto de análisis
por parte de la Corporación accionada», luego el «tribunal sesgó un punto de
discusión como el desarrollado preliminarmente y omitió pronunciarse sobre
aspectos relevantes, con lo cual desconoció el trámite de la apelación de
sentencias, la competencia del juez de segunda instancia contemplados en los
artículos 320 y 328 del Código General del Proceso».

Frente al desconocimiento del precedente, la tutelante consideró que se
desatendieron dos antecedentes de la Sección Tercera del Consejo de Estado7,
que establecen que los informes de policía sólo pueden apreciarse como un
criterio orientador de la investigación penal y no como una prueba para librar de
responsabilidad a las demandadas.

Por su parte, la accionante citó tres fallos de tutela8, en los cuales, a su juicio, se

5 Transcrito con posibles errores ortográficos y negrillas del texto original.
6
En este punto, la accionante citó las siguientes providencias: «Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C. Sentencia de 27 de junio de 2017, exp. 39127 […] Expediente 56.082.
M.P. Nicolás Yepes Corrales […] Expediente Nro. 54760. M.P. María Adriana Marín (…)
Expediente Nro. 43.514. M.P. Martín Bermúdez Muñoz».
7
Sentencias proferidas al interior de los expedientes N.º 76001-23-31-000-2010-00877-01(48313)
[…] 76001-23-31-000-2011-01813-01(57353).
8
«CONSEJO DE ESTADO- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
CUARTA. CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO. Bogotá D.C.,
quince (15) de julio de dos mil veintiunos (2021). Referencia Acción de tutela. Radicación.11001-
03-15-000-2021-00238-01 […] CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO -SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Carolina Muriel Restrepo
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03071-01

ha dado aplicación a la tesis mencionada.

Precisó, que en todo caso el tribunal inobservó la criterio «vigente para el
momento de interponerse el respectivo medio de control de reparación directa, el
cual está contenido en la sentencia de unificación proferida por el Consejo de
Estado –Sección Tercera, el 17 de octubre de 2013, en el expediente número
23.354», comoquiera que los efectos de los cambios de criterios jurisprudenciales
solo «deben reflejarse en los procesos que hayan sido encaminados a partir del
momento en que se ha emitido la providencia con la nueva postura».

1.5. Trámite procesal de la acción

El 8 de junio de 2022 el ponente de la decisión de primera instancia admitió la
acción y ordenó la notificación de la tutelante y de los magistrados que integran el
tribunal accionado.

Por su parte vinculó como terceros con interés en las resultas del proceso al
Juzgado Tercero (3.º) Administrativo del Circuito Judicial de Cali, al fiscal general
de la nación y al director de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de
Judicial de Cali.

El despacho sustanciador, al percatarse de una nulidad saneable, esto es, la no
vinculación al trámite de la referencia de la señora María Elena Restrepo y de los
señores Miguel Ángel Pérez Restrepo y Juan Pablo Londoño Restrepo quienes
integraron la parte demandante del proceso ordinario, procedió a vincularlos, por
medio de auto de 23 de febrero de 20239.

Además, el funcionario instructor también dispuso comunicar la existencia de este
mecanismo a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en atención a que
evidenció que la notificación ordenada en primera instancia se dispuso frente a
una seccional y no respecto a la dirección nacional10, quien es la que tiene en sus
funciones la representación legal de la Rama Judicial, máxime cuando no
evidenció un informe o respuesta por parte de esta, de cual pudo colegir que no ha
sido enterada de este trámite.

De igual forma, se ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que
realizara una publicación en la página web de la Corporación, con la información
de la tutela, con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados11.

1.6. Intervenciones

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiunos (2021). Radicación número: 11001-03-
15-000-2021-000600-01(AC) […] CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B. Magistrado ponente: MARTÍN
BERMÚDEZ MUÑOZ. Bogotá D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiunos (2021). Referencia:
Acción de tutela. Radicación: 11001-03-15-000-2021-00882-0».
9
La Secretaría General realizó la notificación por aviso el 13 de marzo de 2023, en atención a que
no se logró gestionar la personal.
10
La Secretaría General, en cumplimiento de la disposición adoptada en el auto admisorio, notificó
esta decisión al correo electrónico sdisajcali@cendoj.ramajudicial.gov.co, el cual corresponde a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Judicial de Cali.
11
El aviso a la comunidad fue publicado en la página web oficial de la Corporación el 28 de febrero
de 2023.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Carolina Muriel Restrepo
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03071-01

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda, por
intermedio del togado sustanciador del expediente 76001-33-33-001-2017-00092-
01, solicitó negar la acción de la referencia, debido a que la corporación que
representa acató «de manera completa no solamente los postulados normativos y
jurisprudenciales para resolver éste tipo de eventos, sino que también se dio
aplicación a los criterios hermenéuticos y de la sana crítica, y se tuvieron en
cuenta todos los elementos de juicio allegados por las partes y aquellos
recaudados en el transcurso del proceso al momento de resolver el fondo del
asunto».

1.6.2. La Fiscalía General de la Nación requirió declarar la improcedencia de la
solicitud de amparo, porque no se cumplió con las causales generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente el
requisito de subsidiariedad, además de que no vislumbra la vulneración del
precedente jurisprudencial, comoquiera que la sentencia controvertida se
fundamentó en la SU-078 de 2018.

1.7. Fallo impugnado

El 25 de julio de 2022, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que no se
acreditó el requisito de la relevancia constitucional.

En primer lugar, precisó el contenido de la apelación en el proceso contencioso,
con el fin de establecer que «si bien la parte demandante pretende darle el cariz
de vicio o defecto a dicha situación es evidente que los fundamentos que soportan
la interposición de la acción de tutela son una reproducción de los argumentos que
fueron planteados en el recurso de apelación, los cuales fueron resueltos en el
fallo de 30 de noviembre de 2021 y se dirigieron de manera exclusiva a que se
declarara la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de la
señora Muriel Restrepo».

Finalmente concluyó que «los argumentos relacionados con un defecto fáctico por
la indebida valoración probatoria del expediente penal y el presunto
desconocimiento del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado
relacionado con la valoración probatoria a los documentos del referido proceso
penal, en concreto el informe de policía, fueron debidamente analizados y
resueltos en la providencia de 30 de noviembre de 2021 que confirmó la decisión
de negar las pretensiones de la demanda».

1.8. Impugnación12

La accionante solicitó revocar el fallo de primera instancia, para lo cual insistió en
la configuración de los defectos: fáctico y el desconocimiento del precedente.

12
El fallo fue notificado el 23 de agosto de 2022, la impugnación se presentó el 26 siguiente y el
auto la concedió se profirió el 30 de enero de 2023.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Carolina Muriel Restrepo
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03071-01

Resaltó que este caso sí satisface el requisito de la relevancia constitucional, «ya
que como se señaló en el escrito de acción de tutela, se tiene que las decisiones
adoptadas por los jueces de lo contencioso – administrativo vulneraron los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, más aún, se adujo con suficiente carga argumentativa,
que dichas decisiones habían vulnerado los principios de confianza legítima,
seguridad jurídica, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, presunción
de inocencia, cosa juzgada y juez natural».

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por la señora Sandra Carolina Muriel Restrepo, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 25 de julio de 2022 de la Subsección “B” de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la tutela
de la referencia.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) el análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad;
(iii) la generalidad del defecto alegado, y (iv) el caso en concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 201213
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema14.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales15.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

13 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
15 Se dijo en la mencionada sentencia: <<DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia>>.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Carolina Muriel Restrepo
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03071-01

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201416, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia Constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en
cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este requisito, así:

[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].

Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional
en la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta Corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 201417, que en concreto se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de
aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por
ende, no debe ser un debate exclusivamente legal.

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias

16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de
septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Carolina Muriel Restrepo
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03071-01

corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia18.

Sobre el particular, se considera, tal y como lo expuso el a quo constitucional, que
este asunto no es relevante constitucionalmente, como se pasará a explicar.

En primera medida se recuerda que, tanto en el recurso de apelación al interior del
proceso contencioso, como en el escrito de tutela, se indicó que la providencia
controvertida valoró indebidamente documentos que la jurisprudencia ha
considerado que solo pueden apreciarse como un criterio orientador de la
investigación penal y no como una prueba de la responsabilidad, pero que en esta
oportunidad se enmarcó en la configuración de los defectos fáctico, por
desconocimiento del precedente actual e inclusive por el vigente para el momento
de la interposición del respectivo medio de control. Luego, es posible concluir que
los argumentos expuestos apuntan a convertir este mecanismo constitucional en
una tercera instancia.

Sobre el punto, se itera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le
está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de
los jueces naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la
parte actora dentro del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los
argumentos de la accionante frente a la apreciación de las pruebas del proceso
contencioso expuestos en la solicitud de amparo, sin el debido contraste de un
indebido e irracional estudio por parte de la autoridad judicial; atentaría contra el
principio de autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo
constitucional en una tercera instancia.

Ahora, para esta Sala el argumento que se refiere a la indebida valoración
probatoria, que a su vez se cimentó en el desconocimiento del precedente frente
al alcance y límites de la apreciación de una prueba, no cuenta con la carga
argumentativa para ser estudiado, en el marco de la trasgresión de derechos
fundamentales, porque además de ser una reiteración de lo ya resuelto en sede
ordinaria, no desvirtúa el análisis realizado por el tribunal frente a los medios
probatorio, cuya decisión se sustentó con el estudio de los siguientes documentos:

I. Informe de la Policía de vigilancia en casos de captura en flagrancia -FPJ-
5-;
II. Informe investigador de campo -FPJ-11- donde se realiza la descripción de
los Elementos Materiales Probatorios (EMP) y la Evidencia Física (EF);
III. Informe ejecutivo -FPJ-3- del 28 de julio de 2014;
IV. Acta de incautación de elementos del 27 de julio de 2014;
V. Informe investigador de campo - Informe fotográfico del 28 de julio de 2014;
VI. Acta de derechos de la capturada FPJ-6 del 27 de julio de 2014.

En este orden de ideas, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por
la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado este
presupuesto, en atención a que no se justificó la presencia de una posible
trasgresión de las garantías constitucionales de la tutelante, sino que, por el

18
Énfasis de la Sala.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Carolina Muriel Restrepo
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03071-01

contrario, se advierten argumentos con el fin de intentar acreditar el daño
antijurídico expuesto en la demanda por la presunta privación injusta de la libertad,
para a su vez, disentir del análisis probatorio efectuado por la autoridad judicial
demandada.

De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas ut supra a la
controversia planteada por la accionante, la Sala advierte que esta no se
encuentra ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional,
máxime cuando sus argumentos fueron resueltos por el juez natural de la causa,
lo que implica que la tutela se torna improcedente.

En este sentido, para esta Sección, resulta claro que este asunto se circunscribe a
una inconformidad de la tutelante, de modo que la situación descrita es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»19 y por ello, al funcionario constitucional
no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.

2.4.2. Del requisito de agotamiento de todos los medios de defensa judicial

Ahora bien, en lo que se refiere al agotamiento de todos los mecanismos de
defensa judicial, el inciso 3.º del artículo 86 de la Constitución Política consagra
este requisito como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, al existir otros medios de defensa
judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos
que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la
tutela.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que, cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto
radicado bajo su competencia20.

Lo anterior, tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige
que, la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un
asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues, todos los
mecanismos judiciales, deben buscar la defensa de aquellos.

19
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-
573 de 2017 y C-590 de 2005.
20
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la
Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que
tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en
consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.
Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de
subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es
contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los
derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.»

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Carolina Muriel Restrepo
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03071-01

En el sub examine, se advierte que hay dos cargos que no superan el requisito en
mención, como se pasará a exponer.

Se itera que uno de los fundamentos de la accionante para dejar sin efectos la
providencia de 30 noviembre de 2021 del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca – Sala Segunda, es porque tal proveído omitió analizar el título de
imputación que se sustentó en el defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia, luego el «tribunal sesgó un punto de discusión como el desarrollado
preliminarmente y omitió pronunciarse sobre aspectos relevantes, con lo cual
desconoció el trámite de la apelación de sentencias, la competencia del juez
de segunda instancia contemplados en los artículos 320 y 328 del Código
General del Proceso».

Por su parte advirtió que la aquí demandada «[…] limitó el estudio del título de
imputación predicado únicamente al estadio procesal de la imposición de la
medida de aseguramiento, cuando claramente puede colegirse del escrito de
apelación que el mismo guarda relación con un contexto diferente a este»,
de lo cual se podría inferir una eventual incongruencia entre lo expuesto en el
recurso y lo resuelto por el ad quem.

2.4.2.1. Al respecto, esta Colegiatura considera que la acción constitucional es
improcedente frente a este requisito, toda vez que la parte actora contó, en lo que
respecta al cargo por la omisión de pronunciamiento, con el medio de defensa
judicial de la solicitud adición, contemplado en el artículo 287 del CGP, el cual
establece:

Artículo 287. Adición: Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera
de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de
conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá
adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la
ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.

[…]21.

Luego, si la aquí demandante consideraba que la autoridad judicial accionada
vulneró sus derechos fundamentales al omitir resolver un punto de la litis, debió
acudir a los medios de defensa judicial que el ordenamiento jurídico pone a su
disposición.

En este orden, advierte la Sala que en el caso bajo estudio pretende
controvertirse, a través del mecanismo constitucional de tutela, un asunto que
debió debatirse ante el juez natural de la causa, haciendo uso de los mecanismos
procesales consagrados para el efecto.

2.4.2.2. Ahora, en lo que tiene que ver con el argumento que se refiere a la posible
incongruencia en la que incurrió el Tribunal, esta Sección estima que la tutelante
contaba con el mecanismo de defensa correspondiente al recurso extraordinario
de revisión previsto en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, como se pasará a
explicar.

21
Énfasis de la Sala.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Carolina Muriel Restrepo
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03071-01

En efecto, se evidencia que la carga argumentativa de la tutelante en este punto
se centró en advertir que el fallo controvertido sería incongruente frente a los
reparos expuestos en el recurso de alzada interpuesto al interior de la demanda
ordinaria.

Al margen de la razonabilidad de este fundamento, lo cierto es que esta Sala,
investida como juez constitucional, no es competente para determinar si el
proveído bajo cuestionamiento es incongruente, ya que tal análisis le correspondía
al juez natural en instancias del recurso extraordinario de revisión.

Frente al punto, cabe destacar que el cargo por incongruencia da lugar a la
nulidad originada en la sentencia, de acuerdo con la postura de la Sala Veintidós
Especial de Decisión de esta Corporación22, que es una de las causales que
hacen procedente el recurso extraordinario de revisión, en los términos del
numeral 5° del artículo 250 de la Ley 1437 de 201123.

La tesis de la referida Sala Especial fue expuesta en los siguientes términos:

[…] 2.5. Nulidad originada en la sentencia

El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de
procedencia del recurso extraordinario de revisión “existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación”.

[…]

2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de
nulidad de la sentencia

Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la
Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª
del artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad
originada en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al
demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto distinto del
pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en la
misma.

Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de
los límites impuestos en la causa petendi.

[…]

En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia. Se
puede identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el artículo
170 del C.C.A., y las normas del procesal civil, según los cuales el fallo debe
estar en armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante
como por la parte demandada. Y, en el segundo evento, corresponde a la

22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de
Decisión. Providencia de dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 11001-
03-15-000-2015-02342-00(REV). Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.
23
Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, son causales de revisión:
(…)
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación.
(…)”

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Carolina Muriel Restrepo
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03071-01

congruencia interna, que es la coherencia que ha de existir entre lo
dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la
providencia.

[…]

En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto,
que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del
CPACA -antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en
la sentencia, se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha
desatendido la congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso,
el fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29
constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta
contraria a las formas propias de cada juicio, en específico, la falta de
competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales no se podía
pronunciar.

[…]

Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión
cuando falta al principio de congruencia, es decir, cuando aquella carece
de la coherencia externa o interna, razón suficiente para calificar de inválida
la decisión, porque el fallador excede su competencia, la que se repite está
determinada por los cargos y pretensiones de la demanda […]24.

En consideración a la anterior tesis, la inobservancia del principio de congruencia
da lugar a que se configure la causal de revisión prevista en el numeral 5° del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto es, «[…] Existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación
[…]».

Debido a lo expuesto, la presente demanda de tutela fundada en la incongruencia
de la sentencia no supera el requisito de agotamiento de todos los medios de
defensa judicial comoquiera que en tal caso procedía el recurso extraordinario de
revisión y, por lo tanto, la Sala se abstendrá de su estudio y declarará
improcedente la solicitud de amparo.

Ahora bien, se tiene que la Corte Constitucional ha explicado que la acción de
tutela procede sólo excepcionalmente y como mecanismo transitorio de
protección de los derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar
la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable y las circunstancias que
invoca, se acrediten al menos sumariamente.

Conforme a lo anterior, la única excepción a la regla de improcedencia de la
acción de tutela, cuando existen otros mecanismos de defensa para obtener la
protección de los derechos invocados, o ya se agotaron, es la existencia de un
perjuicio irremediable, el cual se configura a voces de la Corte Constitucional «[…]
cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud
que afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por
tanto de medidas impostergables que lo neutralicen […]».25.

24 Énfasis de la Sala.

25
Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas
Hernández.

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Carolina Muriel Restrepo
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03071-01

De manera que, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además
ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables26.

Sin embargo, dicho perjuicio no se evidencia en este asunto porque, del análisis
del acervo probatorio, no es posible establecer que la demandante se encuentre
en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales ni
la accionante lo advierte dentro de su escrito de tutela.

2.5. Conclusión

Así las cosas, se confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente el mecanismo Constitucional de la referencia por falta de relevancia
constitucional y además por no agotar todos los medios de defensa judicial

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 25 de julio de 2022, por medio del cual la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la
improcedencia de la acción de tutela de la referencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

26
Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte
Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo
Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A
continuación se reseña, en síntesis lo pertinente: «[…] son elementales para la comprensión de la
figura del perjuicio irremediable,… A).El perjuicio ha de ser inminente: “que amenaza o está por
suceder prontamente"…. || B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable han de ser urgentes,… || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea
grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona… || D).La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea
impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por
inoportuna… Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la
eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los
derechos y garantías básicos para el equilibrio social».

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Carolina Muriel Restrepo
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03071-01

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.