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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03085-01

Fecha
22 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03085-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia del 15 de julio de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por Yang Ping Jaramillo Montoya, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2022-03085-01 Demandante: Yang Ping Jaramillo Montoya

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03085-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

22 de septiembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03085-01
Demandante: Yang Ping Jaramillo Montoya

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-03085-01
Demandante YANG PING JARAMILLO MONTOYA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Temas Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional:
criterios para identificarla. Planteamiento de nuevos argumentos
en la acción de tutela. Subsidiariedad. Defecto fáctico. Medio de
control de nulidad electoral. Concejo municipal de Guarne
(Antioquia).

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por contra la sentencia del 15 de julio de
2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que
dispuso:

“PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.”.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 6 de junio de 20221, por intermedio de apoderado especial, el señor Yang Ping
Jaramillo Montoya instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Oralidad, por considerar vulnerado su derecho
fundamental al debido proceso.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“Dispóngase tutelar el derecho constitucional fundamental al Debido Proceso Contencioso
Administrativo que le corresponde al actor YANG PING JARAMILLO MONTOYA, en el
sentido de dejar sin efectos la sentencia de única instancia proferida por la Sala Primera de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia en mayo 06 de 2.022, dentro del Proceso de
Nulidad Electoral promovido por mi poderdante antes referido, para que se profiera
nuevamente teniendo en cuenta las realidad de las pruebas existentes en el procesos y las
que debieron aportarse al mismo como los documentos E-24, en los términos previamente
expuestos”.

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1 Índice 2 en Samai.
1

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03085-01
Demandante: Yang Ping Jaramillo Montoya

2.1. El tutelante Yang Ping Jaramillo Montoya y Julián Ochoa Rivera se postularon
como candidatos para integrar el Concejo Municipal de Guarne (Antioquia),
por el partido Alianza Social Independiente, en las elecciones regionales para
el período 2020-2023.

El 29 de octubre de 2019, Julián Ochoa Rivera fue declarado como concejal
electo para el Municipio de Guarne.

El 5 de noviembre de 2019, el accionante solicitó ante los delegados
departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil la revisión y
reconteo de los votos que obtuvo en las elecciones. Aseguró que la
información contenida en las Actas de Escrutinio de los Jurados de Votación
E-14 publicadas en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil
no corresponde a los resultados declarados en el Acta Parcial de Escrutinio E-
26, en la se declaró la victoria de su oponente.

Dicha solicitud fue rechazada de plano por improcedente.

2.2. En el año 2019, el tutelante presentó medio de control de nulidad electoral
contra Julián Ochoa Rivera, el Concejo Municipal de Guarne (Antioquia), el
Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el
fin de que se declarara la nulidad del Acta Parcial de Escrutinio Municipal E-
26 que declaró como vencedor al señor Julián Ochoa Rivera (Radicado Nro.
05001-23-33-000-2019-03163-00).

Aseguró que dicho acto administrativo desconoció el resultado de los votos
informados en las actas de escrutinio de los jurados de votación E-14. En
consecuencia, solicitó ser declarado como concejal electo del municipio de
Guarne (Antioquia), por el partido Alianza Social Independiente.

2.3. Mediante auto de 24 de noviembre de 2021, el magistrado ponente de la
decisión perteneciente al Tribunal Administrativo de Antioquia, además de fijar
el litigio, decretó las siguientes pruebas de oficio:

“Se solicita a la Registraduría General de la Nación que remita a esta Corporación en
el término de tres (3) días contados a partir de esta comunicación, la siguiente
información:
• Formatos E-14 Claveros y Delegados, para la Corporación Concejo de GUARNE
periodo 2019-2023, en los que se encuentren los votos del candidato 01 y 04 del
partido ASI.
• Informe el número total de votos válidos del candidato YANG PING JARAMILLO
MONTOYA y JULIÁN OCHOA RIVERA para el Concejo Municipal de Guarne
periodo 2019-2023.
• Explique, si hubo diferencias entre el número total de votos obtenidos por el Señor
YANG PING JARAMILLO MONTOYA, N 1, partido ASI, contenidos en el Acta E-14
y la plasmada en el Acta E-26, y a qué se debió esta diferencia.
“Para lo anterior, se exhortará a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que
en el término de 3 días, contados a partir de la notificación de esta providencia,
allegue la anterior información escaneada al correo electrónico
recepcionmstadmant@cendoj.ramajudicial.gov.co.

“Líbrese por Secretaría el exhorto correspondiente y tan pronto se reciba, se ordena
traslado secretarial por el término de 3 días, a las partes, previo a alegar de conclusión.”

2

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Demandante: Yang Ping Jaramillo Montoya

2.4. Mediante sentencia de 6 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Oralidad negó las pretensiones formuladas por el
accionante, porque el actor no aportó los formularios E-24, no señaló la zona,
el puesto de votación y la mesa en la que se presentó la irregularidad, así como
tampoco solicitó la práctica de pruebas en ningún sentido.

La autoridad judicial explicó que, de acuerdo con el Consejo de Estado, en los
eventos en que se alega la causal de nulidad consistente en falsedad no basta
con referirse a las diferencias entre los formularios E-14 y E-26, como
justamente hizo el demandante. Al contrario, es necesario que la parte actora
identifique la zona, puesto y mesa donde se incurrió en la irregularidad, es
decir, que determine dónde se aumentó o disminuyó sin justificación la
votación que fue registrada inicialmente en el formulario E-14.

Asimismo, aseguró que según la Sección Quinta del Consejo de Estado es
menester “examinar los documentos electorales tales como: formularios E-14 y E-24 mesa
a mesa y las actas generales de escrutinio, respecto de cada uno de los registros que forman
parte del litigio por el referido cargo”.

Finalmente, el Tribunal resaltó la necesidad de contar, especialmente, con los
formularios E-24:
“De lo anterior, es claro que, dentro de los documentos que se aportaron en la demanda,
no se incluyó el Formulario E 24 que contiene el escrutinio mesa a mesa, ni lo aportó la
organización electoral, además de que la parte demandante no elevó reparo alguno si
su finalidad era contar con la totalidad de las pruebas necesarias conducentes a
demostrar las diferencias injustificadas que alegó en la demanda. Se insiste en que para
el caso en el que se alega la falsedad, es necesario, contar con los mismos, indicando
el puesto, la mesa y la zona en la que se produce la irregularidad, siendo insuficiente el
contraste entre el contenido de los formularios E-14 con el E-24, como se plantea en la
demanda”.

3. Fundamentos de la acción

Tras argumentar que se cumplen integralmente los requisitos generales de
procedibilidad, la parte actora sostuvo que, al proferir la sentencia de 6 de mayo de
2022 el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad incurrió en
defecto fáctico porque si bien decretó pruebas de oficio, no solicitó las pruebas
necesarias para esclarecer la verdad, particularmente no le solicitó a la
Registraduría Nacional del Estado Civil allegar al proceso los formularios E-24.

En ese sentido, aseguró que “no es entendible bajo ninguna consideración, que luego de haber
requerido de manera oficiosa a la autoridad electoral competente los documentos necesarios, no se
haya incluido dentro de tal requerimiento otros adicionales como los E-24, cuya ausencia dentro del
caudal probatorio recaudado repara el Tribunal y exhibe como la causa por la cual no es posible
acceder a las pretensiones de la demanda.” E indicó que si el juez sabía de antemano que
los formularios E-24 eran imprescindibles para realizar el análisis, lo debido era que
en las pruebas solicitadas de oficio hubiera pedido tal documentación, para
“completar así la información oficiosamente solicitada”. En consecuencia, reprochó que
la autoridad judicial no haya obrado de esa forma.

Asimismo, censuró que la autoridad judicial no haya tomado acciones ante la
renuencia de la Registraduría, entidad que se abstuvo de brindar toda la información
solicitada en el exhorto. Puntualmente, dicha entidad no explicó “…si hubo diferencias
entre el numero (sic) total de votos obtenidos por el señor YANG PING JARAMILLO MONTOYA, N1,
partido ASI, contenidos en el acta E-14 y la plasmada en el acta E-26, a qué se debió esta diferencia”,

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Demandante: Yang Ping Jaramillo Montoya

como lo solicitó el Tribunal en el decreto oficioso de pruebas. Y agregó que la
reticencia por parte de la entidad debió motivar al Tribunal “a requerir de nuevo a la
autoridad renuente para que respondiera adecuadamente a las exigencias de información
documental y explicaciones pertinentes plasmadas en el exhorto respectivo”.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto de 14 de junio de 2022, el despacho ponente de primera instancia
admitió la acción de tutela interpuesta por Yang Ping Jaramillo Montoya contra
la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia; vinculó
al Concejo Municipal de Guarne (Antioquia), al Consejo Nacional Electoral, a
la Registraduría Nacional del Estado Civil y al señor Julián Ochoa Rivera, como
terceros interesados; reconoció personería al abogado Jaime León Morales
Sánchez; y ordenó efectuar las notificaciones pertinentes.
4.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad sostuvo
que la acción de tutela interpuesta no cumple con el requisito de
subsidiariedad, debido a que el accionante no interpuso los recursos de ley
frente al auto que decretó pruebas, ni frente al traslado secretarial que se hizo
a las partes de las respuestas a los exhortos.
En síntesis, aseguró que el actor no advirtió en el curso del proceso que la
Registraduría omitió allegar parte de la información solicitada.
Por otro lado, aseguró que las pruebas de oficio no se decretan para “ acceder
a las aspiraciones contenciosas de los actores” y que en la etapa probatoria el juez
aún no conoce el sentido de su fallo, más aún cuando en los órganos judiciales
colegiados las decisiones no se toman individualmente.
Por los motivos expuestos, solicitó negar las pretensiones formuladas por el
actor.
4.3. El Consejo Nacional Electoral sostuvo que no cuenta con legitimación en la
causa por pasiva, debido a que no vulneró derechos fundamentales del actor
y que lo controvertido son las disposiciones judiciales de la Sala Primera de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia.
De otro lado, aseguró que tampoco se cumple con el requisito de
subsidiariedad, porque la acción de tutela “no es procedente en forma general para
controvertir decisiones administrativas, toda vez que se predica la garantía del principio de
legalidad.”

4.4. La Registraduría Nacional del Estado Civil aseguró que carece de
legitimación en la causa por pasiva, porque la presunta vulneración de
derechos fundamentales se deriva del actuar de una autoridad judicial. De ahí
que no se cuenta con competencia para pronunciarse sobre las
consideraciones del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Oralidad expuestas en la sentencia controvertida.
5. Providencia impugnada
En sentencia del 15 de julio de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A declaró improcedente la acción de tutela, porque consideró que no
se cumplían los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional.

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Frente al primero de estos, la autoridad judicial explicó que la parte actora no expuso
la inconformidad sobre la insuficiencia en el decreto de pruebas en el curso del
medio de control; especialmente lo relativo a que el Tribunal no le solicitó de oficio
a la Registraduría allegar los formularios E-24
El juez de tutela aseguró que dicha inconformidad “no fue expuesta ante el juez natural de
la causa (…) durante el periodo probatorio, no solicitó el decreto de dicha prueba, así como tampoco
interpuso recurso alguno frente al auto que decretó pruebas, ni se pronunció cuando se le corrió
traslado de las respuestas allegadas en relación con los exhortos, momento en el cual se concluyó
el periodo probatorio”. Lo cual significa que lo pretendido por el actor es emplear la
acción de tutela para revivir etapas procesales, mediante reproches que no fueron
planteados en las respectivas instancias durante el proceso contencioso
administrativo. Maniobra que no es admisible, pues de serlo se desnaturalizaría la
finalidad de la acción de tutela como mecanismo supletivo de protección de los
derechos fundamentales.
Por otro lado, el juez de tutela de primera instancia consideró que tampoco se
cumple con el requisito de relevancia constitucional, porque el actor está reiterando
argumentos resueltos en el medio de control. Tanto en el último como en la tutela,
la parte actora manifestó que la Registraduría fue renuente respecto al
requerimiento judicial, ya que no se pronunció sobre todos los aspectos indicados
por el juez. Entonces, como se trata de un argumento que se expuso en el medio
de control y que fue resuelto allí, el juez de tutela consideró que la acción se está
utilizando como si fuera una tercera instancia adicional.
Por esos motivos concluyó que la tutela era improcedente.

6. Impugnación

La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia reiterando lo expuesto
en el escrito de tutela.

Agregó que “la tutela propuesta por mi poderdante no responde a una mera discrepancia valorativa
sobre el resultado desfavorable del proceso, consistente en una decisión adoptada por el Juez
natural llamado a fijar la interpretación más razonable que mejor se ajuste al caso”; y que la
autonomía judicial no puede sobrepasar la ley.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Es por lo anterior, que la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, como quiera que se trata de una
acción de tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala establecer si le
asistió razón al juez de tutela de primera instancia al declarar la improcedencia de
la acción, por considerar que la tutela interpuesta por el señor Yang Ping Jaramillo
Montoya no cumplía a cabalidad con los requisitos generales de procedibilidad.

En caso de superar dicho análisis, se determinará si al proferir la sentencia del 6 de
mayo de 2022, en el marco del medio de control de nulidad electora con radicado
Nro. 05001-23-33-000-2019-03163-00, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Oralidad incurrió en el defecto fáctico alegado por la parte actora.

4. Alcance de los requisitos generales de subsidiariedad y relevancia
constitucional

4.1. La subsidiariedad

La acción de tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa
judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un

3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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perjuicio irremediable, tal como lo dispone el artículo 86 de la Constitución
Política, y lo reitera el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

La naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela tiene por propósito
evitar que se convierta en un mecanismo judicial alternativo que pueda ser
utilizado para soslayar los términos procesales de los medios ordinarios de
defensa; para desplazar o suplantar los mecanismos ordinarios de defensa
previstos por el legislador; o para suplir falencias en las estrategias de jurídicas
de los apoderados, ya que no es dable al juez de tutela decidir asuntos que
deben ser debatidos en su escenario natural.

La tesis de la Sección, expuesta en diversas sentencias6, consiste en que, por
regla general, cuando existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no
es procedente la acción de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del
medio de defensa se definen en función del caso concreto, atendiendo a las
circunstancias en que se encuentra el solicitante y, además, dependen de la
existencia o no de un perjuicio irremediable.

Por tal motivo, la Corte Constitucional ha indicado que si el actor no agotó los
mecanismos ordinarios de protección de sus derechos fundamentales no
podrá, posteriormente, ejercer la acción de tutela como medio para suplir su
inacción y que, en estas circunstancias, “…la acción de amparo constitucional no
podría hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protección, pues tal modalidad
procesal se encuentra subordinada al ejercicio de un medio judicial ordinario en cuyo trámite
se resuelva definitivamente acerca de la vulneración iusfundamental y a la diligencia del actor
para hacer uso oportuno del mismo.” 7 (se destaca)

4.2. La relevancia constitucional

La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel
puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional. Aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa
aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de
Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en
Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional
en la Sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente

6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección cuarta. Sentencia del 24 de octubre de
2019. Radicación No. 11001-03-15-000-2019-00429-01. M.P. Milton Chávez García; sentencia del 2 de
octubre de 2019. Radicación No. 20001-23-33-000-2019-00185-0. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto;
Sentencia del 25 de septiembre de 2019. Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Julio Roberto
Piza; Sentencia del 12 de septiembre de 2019. Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Jorge
Octavio Ramírez R.
7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-037 de 2009.
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económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto
de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales»8. Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan
previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se
debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya
fueron decididos por los jueces competentes.

La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que
persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de
importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al
juez natural9.

De esta forma, conforme se indicó, debe existir una coherencia lógica de los
planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a
consideración del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración
de derechos fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido
en el respectivo proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para
adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante
el juez de la causa. En palabras de la Corte Constitucional, el deber de
identificar de manera razonable los hechos que generan la vulneración que se
alega a través de la presente acción, tiene su justificación en la medida en que
“sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que

8 Ibidem.
9 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
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dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos”10.

Con base en los criterios expuestos, hay lugar a afirmar que la relevancia
constitucional supone que la tutela no se emplee para proponer nuevos
argumentos de inconformidad no expuestos en el medio de control en el que
se profiere la decisión cuestionada por vía de tutela. Emplear este mecanismo
constitucional contra providencias judiciales para tal propósito, sería
convertirlo en una herramienta judicial para subsanar la negligencia de las
partes que no presentaron oportunamente los cargos que bien pudieron
exponer en el curso del debate procesal.

Por tanto, le corresponde al juez de tutela verificar los argumentos expuestos
en el medio de control y los de la acción de tutela, a fin de establecer si la
acción se está utilizando como un mecanismo para desarrollar argumentos
diferentes a los originariamente planteados ante el juez natural.

5. Análisis del caso concreto

La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, que declaró la
improcedencia de la acción de tutela interpuesta, por no encontrar satisfechos los
requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional, ya que, además de
emplearse para desarrollar nuevos cargos, no expuestos al juez de la causa; la parte
interesada no cumplió con la carga de probar los supuestos de hecho en que fundó
sus pretensiones, ya que no ejerció una actividad probatoria y procesal diligente en
el medio de control de nulidad electoral (hoy tutelante), como pasa a explicarse:
5.1. En el escrito de tutela y la impugnación presentada contra la decisión de
primera instancia, el señor Yang Ping Jaramillo Montoya manifestó que el
Tribunal accionado incurrió en defecto fáctico, ya que además de las pruebas
de oficio decretadas en el auto del 24 de noviembre de 2021, debió solicitar
que la Registraduría Nacional del Estado Civil allegara al expediente los
formularios E-24.
Y agrega que, en su criterio, no es comprensible que la autoridad judicial haya
solicitado cierta documentación, pero que no le haya ordenado a la
Registraduría remitir los formularios E-24, a pesar de que “de antemano”
sabía que tales documentos eran imprescindibles para realizar el análisis de
la causal de nulidad por falsedad, alegada en el medio de control de nulidad
electoral.
5.2. Según lo dispone el artículo 212 del CPACA, las pruebas serán valoradas por
el juez cuando sean solicitadas, practicadas e incorporadas al expediente en
las oportunidades establecidas en la ley.
Y según lo establecido en el artículo 16711 del CGP, es a la parte demandante
a quien le corresponde demostrar los supuestos de hecho en que fundamenta
sus pretensiones con miras a obtener los efectos jurídicos perseguidos, para
el caso en concreto, para probar la causal de nulidad por falsedad alegada en
el medio de control de nulidad electoral.

10 Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.
11 Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
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5.3. En el presente asunto, se advierte que los formularios E-24 a que alude el hoy
tutelante, no fueron aportados en la demanda por la parte demandante, ni se
solicitó al juez natural que oficiara a la Registraduría con el fin de obtener dicho
medio de prueba.
Adicionalmente, al momento del decreto de pruebas, la parte interesada
tampoco planteo inconformidad o solicitud alguna respecto del documento
echado de menos; ni tampoco durante la práctica de pruebas presentó escrito
alguno al magistrado ponente, en el que pusiera de presente la necesidad de
contar con tal medio de prueba, o solicitara que se requiriera a la Registraduría
para el envío del formulario E-24 que reclama en el presente trámite
constitucional.
Este reparo tampoco fue expuesto en ninguno de los dos memoriales que la
parte actora allegó como alegatos de conclusión. Por lo tanto, se concluye que
la inconformidad sobre las pruebas que debieron solicitarse oficiosamente,
particularmente los formularios E-24, no le fue expuesto al juez natural.
Si bien el artículo 213 del CPACA habilita a los jueces contencioso
administrativos para decretar pruebas de oficio y, además, que la
jurisprudencia constitucional12 y la de esta Sala13 han respaldado la legitimidad
y la necesidad de ese tipo de pruebas, partiendo del supuesto que la búsqueda
de la verdad es un imperativo para el juez y un presupuesto para la obtención
de decisiones justas, también lo es que dicha potestad del juez surge con
fundamento en la “necesidad de esclarecer la verdad” y no como una
herramienta para promover la negligencia procesal de las partes. Por tal
motivo, la Corte Constitucional ha precisado que, en ocasiones es
constitucionalmente exigible al juez el decreto de pruebas de oficio para
garantizar el acceso a la justicia material14, pero en todo caso el juez debe
asegurarse que el decreto oficioso de pruebas no promueva la negligencia o
mala fe de la parte15.

5.4. De otro lado, en el curso de la tutela el accionante aseguró que, aunque la
Registraduría Nacional del Estado Civil no suministró toda la información
requerida por el Tribunal accionado, este último no impuso ninguna sanción a
dicha entidad por su renuencia. A su vez, el accionante sostuvo que en los
alegatos de conclusión puso de manifiesto tal inconformidad.

Al revisar los memoriales allegados por el accionante en el medio de control
en los que expuso sus alegatos de conclusión, efectivamente, se encuentra
que aquel se refirió a la omisión de la Registraduría. Allí manifestó que esta
última no respondió uno de los requerimientos formulados por el Tribunal en
el auto que decretó pruebas de oficio: “Explique si hubo diferencias entre el numero

12 Sentencia SU-768 del año 2014. MP. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
13 Sentencia del 13 de agosto del año 2015. Expediente Número: 11001-03-15-000-2015-01497-00 (AT).
C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 Al respecto ver, entre otras, las sentencias T-654 de 2009 y T-429 de 2013.
15 En Sentencia SU-468 de 2014 la Corte Constitucional estableció los siguientes criterios para determinar los
eventos en que es obligatorio el decreto de pruebas de oficio: “(i) cuando a partir de los hechos narrados
por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el funcionario la
necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia; (ii) cuando la ley le marque un claro derrotero
a seguir; o (iii) cuando existan fundadas razones para considerar que su inactividad puede apartar su
decisión del sendero de la justicia material; (iv) cuidándose, en todo caso, de no promover con ello la
negligencia o mala fe de las partes” (subrayado fuera del texto).
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(sic) total de votos obtenidos por el señor YANG PING JARAMILLO MONTOYA, N1, partido
ASI, contenidos en el acta E-14 y la plasmada en el acta E-26, a qué se debió esta diferencia”.

Puntualmente, lo señalado por el tutelante en los alegatos frente a ese reparo
fue lo siguiente:
“(…) revisados en detalle los documentos E-14 y E-26 acompañados con la demanda y
reproducidos nuevamente por La Registraduría al tiempo de expedir las constancias
pertinentes requeridas por el Tribunal como pruebas, en busca de los supuestos yerros
genéricamente atribuidos por la apoderada del concejal demandado, salta a la vista de
inmediato que en dichos documentos no figuran menciones que equivalgan a reparos o
salvedades efectuadas a las actas de los jurados de votación que consignaron el
escrutinio inicial resultante de la votación en cada una de las mesas.
En idéntica dirección demostrativa se tiene, que la Registraduría guardó silencio al
interrogante planteado en el exhorto de pruebas de oficio, concretamente en el
último de ellos, cuando se le requirió para que explicara si hubo diferencias entre
el número total de votos obtenidos por el señor YANG PING JARAMILLO
MONTOYA No. 1 partido ASI, contenidos en el acta E-14 y la plasmada en el acta
E-26 y a qué se debió esta diferencia, limitándose únicamente a reproducir los
documentos que soportan la elección, sin cuestionar para nada las actas de los
jurados de votación donde aparecen la totalidad de votos emitidos por uno y otro
candidato, sin entregar ninguna explicación que pueda justificar esa notoria
diferencia que se revela al efectuar la simple sumatoria de votos reconocidos a
cada uno de ellos en las actas de escrutinio E-14 publicadas en la página oficial
de la Registraduría.
Con estos antecedentes es claro, que no existen pruebas que permitan controvertir
o desmerecer la legalidad de las actas de escrutinio cumplidas por los jurados de
votación, siendo evidente en tal caso, que las comisiones escrutadoras encargadas
de verificar tal reporte inicial, se limitaron a reproducir dichos documentos y como tal
fueron publicados en la página oficial de la Registraduría, por lo que fueron tomados
por el demandante para realizar la sumatoria total de votos asignada en cada una de
aquellas actas, arrojando como resultado final una diferencia de 4 votos en su favor
sobre los obtenidos por su contendiente de lista JULIAN OCHOA RIVERA.
En tales condiciones, descartada la presencia de los supuestos yerros genéricamente
endilgados por la apoderada de la parte demandada a las actas de escrutinio de los
jurados de votación E-14, corroborada por el silencio de la Registraduría alrededor
de dicho interrogante, se impone concluir la legalidad y veracidad del escrutinio
inicial que revelan dichas actas, motivo por el cual, en guarda del principio del debido
proceso electoral, no pueden las actas posteriores alterar dichos resultados, pues valga
redundar son aquellas actas de escrutinio inicial los antecedentes necesarios para
fundar la legalidad de la elección finalmente reconocida, en los términos previamente
expresados.” (Negrillas propias)

De los apartes transcritos, se advierte que en el medio de control el actor sí se
refirió a que la Registraduría Nacional del Estado Civil no brindó toda la
información solicitada oficiosamente por el Tribunal. Sin embargo, a diferencia
de lo señalado en el curso de la tutela, en el medio de control el actor no le
solicitó a la autoridad judicial requerir de nuevo a la entidad para que absolviera
todos los cuestionamientos formulados por el juez y tampoco adujo que lo
procedente, dada la renuencia, era la imposición una sanción por desacato.

Realmente el argumento que la parte actora desarrolló en sus alegatos de
conclusión consistió en que, como la Registraduría no allegó toda la
información solicitada oficiosamente, “se impone concluir la legalidad y veracidad del
escrutinio inicial que revelan dichas actas”, en las cuales presuntamente él resultó con
más votos que su oponente.

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En otras palabras, lo allí expuesto por el accionante consistió en que, dado el
silencio parcial de la Registraduría, debía concluirse que las actas que él allegó
al proceso sí acreditaban que resultó vencedor de la contienda electoral. Sin
embargo, de este raciocinio no se deriva el argumento desarrollado en el curso
de la tutela.

La diferencia de argumentaciones se evidencia, en el escrito de impugnación
de la tutela, en el que lo argumentado por el actor fue lo siguiente:
“Como es reconocible a primera vista, La Registraduría Nacional del Estado Civil se
abstuvo de responder de cualquier forma a los precisos requerimientos efectuados por
el Tribunal que le pedían explicaciones en torno a la diferencia de votos para el
candidato demandante YANG PING JARAMILLO MONTOYA, contenidos en las actas
E-14, con la finamente resultante para el mismo candidato en las actas de escrutinio
parcial E-26, sin que la renuencia injustificada del ente requerido a responder a los
cuestionamientos planteados en el exhorto de pruebas de oficio, hubiese motivado la
más mínima reacción por parte del Tribunal, como era de esperarse, cuando bien pudo
requerirlo nuevamente de manera oficiosa ante la negativa a responder, sobre todo a la
vista del reparo efectuado por la parte demandante en su alegato de conclusión
adicional previamente referido.
Ahora bien, la conducta contraria a derecho en que incurrieron, tanto el Registrador al
negarse a cumplir con las órdenes impartidas en el exhorto de pruebas de oficio, como
el Tribunal, al omitir adoptar alguna postura tendiente a procurar el cumplimiento de la
orden impartida frente al abierto desacato del ente requerido, es aún más clara frente
al contenido del Art. 195 del Código General del Proceso (…)
En los perentorios términos de la disposición legal antes referida se tiene, que es
obligatorio para los representantes administrativos de las entidades publicas (sic) rendir
informes bajo juramento sobre los hechos debatidos que a esa entidad conciernen,
cuando a bien lo soliciten las partes y más aún, cuando dichos informes sean requeridos
de manera oficiosa por el Juez, eventos en los cuales la negativa del funcionario
responsable de la entidad llamada a entregarlos no puede quedar impune, ni mucho
menos desmerecer la atención del Juez que ha impartido la orden para rendir tal
informe, como acontece en el caso que nos ocupa, en donde frente a la desidia de la
registraduría y a su insostenible postura de negarse a cumplir con lo solicitado en el
exhorto de pruebas de oficio, el Tribunal optó de manera inexplicable y contraria a
derecho por guardar silencio y omitir adoptar cualquier tipo de medida, como le era
obligatorio de conformidad con la norma trascrita y con los poderes-deberes que le
conciernen como director del proceso para hacer cumplir las órdenes impartidas en
desarrollo del mismo y que tienen que ver con su adecuado trámite”.

De lo transcrito, se concluye que, aunque en el medio de control sí se hizo una
referencia a la renuencia de la Registraduría frente al requerimiento judicial, lo
cierto es que las conclusiones a las que se llegó, con base en esa premisa,
fueron diferentes tanto en dicho proceso como en la acción de tutela.

Se insiste que lo alegado en la tutela fue que, ante la reticencia de la entidad,
el juez de la causa debió volver a requerirla o sancionarla por desacato ante
su silencio; mientras que en el medio de control el argumento consistió en que
el silencio parcial de la Registraduría corroboraba la legalidad y veracidad de
las actas de las cuales presuntamente se desprendía su victoria y no la de su
oponente. De manera que no se trata del mismo cargo o argumento.

Así las cosas, frente a la renuencia de la Registraduría, la Sala encuentra que
lo señalado por la parte actora en el curso de tutela constituye un nuevo cargo
que no le fue expuesto al juez del medio control.

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En consecuencia, lo advertido es que el accionante está empleando la tutela
para subsanar su propia negligencia, pues expone cargos que no fueron
desarrollados en el medio de control, pese a que pudieron alegarse allí, y que
en sede constitucional pretende hacerlos pasar como falencias o errores de la
autoridad judicial.

5.5. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela
contra providencias judiciales no se instituyó como un análisis de las mejores
razones entre las expuestas en la decisión atacada y la interpretación
sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su naturaleza y propósito.
De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una
vulneración de derechos fundamentales. De aceptar esa posibilidad, se
desnaturalizaría la acción de tutela contra providencias judiciales, como
mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que de manera reiterada se ha
sostenido que cuando se controvierten decisiones judiciales, la procedencia
del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal relevancia en materia
constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración
grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.
La jurisprudencia constitucional ha reiterado que la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de una serie de
requisitos. Si los generales no se cumplen, no hay lugar a estudiar el asunto
de fondo. Es condición imprescindible para analizar los defectos
propuestos por la parte actora que todos los presupuestos generales se
cumplan a cabalidad. Solo así será procedente, proseguir al segundo estadio
de análisis consistente en determinar si las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en los defectos planteados por el tutelante.

6. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión impugnada, en la que se
declaró la improcedencia de la acción de tutela, pero por las razones expuestas, es
decir por no cumplirse con el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia del 15 de julio de 2022, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta por Yang Ping Jaramillo Montoya,
pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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