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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-03102-01

Fecha
29 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-03102-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-03102-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

29 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03102-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: PROCURADURÍA 127 JUDICIAL II PARA ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS

TESIS: SE MODIFICA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE RECHAZÓ
POR IMPROCEDENTE EL AMPARO Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA
IMPROCEDENTE LA TUTELA. EL PRESENTE ASUNTO CARECE DEL
REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA ACTORA
PRETENDE DEBATIR EN ESTA INSTANCIA CONSTITUCIONAL
ASPECTOS QUE YA FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN SEDE
ORDINARIA.

DERECHO FUNDAMENTAL: DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación presentada por la actora

contra la sentencia de 14 de julio de 2022, mediante la cual la

SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN “A” DEL CONSEJO DE

ESTADO1 rechazó por improcedente el amparo solicitado.

1
En adelante la Sección Segunda.

2

Número único de radicación: 110010315 000 2022 03102 01
Actora: PROCURADURÍA 127 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La PROCURADURÍA 127 JUDICIAL II PARA ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS, actuando a través del agente del Ministerio

Público que la representa, en ejercicio de la acción de tutela prevista

en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de

su derecho fundamental al debido proceso, el cual consideró

vulnerado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

CUNDINAMARCA- SECCIÓN PRIMERA- SUBSECCIÓN “B”2 y la

SECCIÓN QUINTA- DEL CONSEJO DE ESTADO3, al proferir las

providencias de 25 de octubre y 15 de diciembre de 2021,

respectivamente, dentro de la acción de cumplimiento identificada

con el número único de radicación 25000-23-41-000-2021-00781-

01.

I.2.- Hechos

Manifestó que promovió una acción de cumplimiento en contra de la

JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, a fin de

2
En adelante el Tribunal.
3
En adelante la Sección Quinta.

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que diera cumplimiento a los artículos 65B de la Ley 23 de 1991,

2.2.4.3.1.2.1 del Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015, 9°,

10° y 11° de la Ley 1712 de 2014 y del ordinal 5° del artículo 7° de

la ley 1437 de 2011, y procediera a: i) conformar y poner en

funcionamiento el comité de conciliación; (ii) publicar sus procesos

de contratación en el SECOP II y la información mínima obligatoria

exigida en la tercera disposición citada; y, (iii) actualizar anualmente

la “Carta de Trato Digno al Usuario”.

Sostuvo que la actuación fue conocida por el TRIBUNAL que,

mediante sentencia de 25 de octubre de 2021, accedió parcialmente

a las pretensiones de la demanda declarando el incumplimiento de

los artículos 9° y 11° de la Ley 1712 de 2015 y del ordinal 5° del

artículo 7° de la Ley 1437 de 2011, relacionados con la actualización

de la Carta de Trato Digno al Usuario y, la publicación de la

información mínima obligatoria respecto del sujeto y de los servicios,

procedimientos y funcionamiento.

Destacó que la decisión aludida denegó las pretensiones relacionadas

con el cumplimento de los artículos 65B de la Ley 23 de 1991,

2.2.4.3.1.2.1 del Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015, al

considerar que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez está

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sometida al régimen privado y, por tanto, no le es aplicable el

estatuto de contratación estatal y, la exigencia de la conformación

del comité de conciliación.

Subrayó que la anterior decisión fue apelada ante la SECCIÓN

QUINTA que, mediante sentencia de 15 de diciembre de 2021,

confirmó la decisión del a quo.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Aseguró que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en

defecto sustantivo, al desbordar el ordenamiento jurídico y aplicar

indebidamente los artículos 42° de la ley 100 de 1993 y 50° de la ley

489 de 1988, así como la interpretación errónea del artículo 65B de

la ley 23 de 1991 y el Decreto 1069 de 2015 artículo 2.2.4.3.1.2.1.

Indicó que las autoridades accionadas desconocieron el mandato

legal que impone a todas las entidades públicas del orden nacional el

deber de crear un comité de conciliación.

Aseguró que las decisiones cuestionadas aceptaron que de acuerdo

con la regla legal de creación la Junta Nacional de Calificación de

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Invalidez es una entidad pública del orden nacional, pero sin contar

con el fundamento legal las autoridades judiciales accionadas

afirmaron que dicha entidad está exenta de crear su comité de

conciliación.

Asimismo, afirmó que dentro del plenario se encuentra probado el

requisito de procedencia de la acción de cumplimiento, pues a su

juicio, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez sí se encuentra

obligada a cumplir el artículo 65B de la Ley 23 de 1991.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo del derecho fundamental invocado como

violado, en los siguientes términos:

“[…] Con fundamento en lo expuesto, respetuosamente solicito
se deje sin efecto de manera parcial las sentencias de 25 de
octubre de 2021 y 15 de diciembre de 2021 proferidas dentro
del trámite constitucional de acción de cumplimiento del
expediente 2021-00781-00, revocando el ordinal 2° y, en su
lugar, disponga que la Sección Quinta del Consejo de Estado
ordene a la autoridad renuente (La Junta) cumplir con el deber
legal de crear el Comité de Conciliación de esa entidad y
observar sus funciones en los términos del artículo 65B de la Ley
23 de 1991 y del DUR 1069 de 2015 artículo 2.2.4.3.1.2.1. […]”.

I.5.- Defensa

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I.5.1.- La SECCIÓN QUINTA pese a haber sido notificada en debida

forma, guardó silencio.

I.5.2.- El TRIBUNAL pese a haber sido notificado en debida forma,

guardó silencio.

I.6.- Interviniente

La JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ pese a

haber sido notificada en debida forma, guardó silencio.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 14 de julio de 2022, la SECCIÓN SEGUNDA

rechazó por improcedente el amparo al considerar que no se

encontró satisfecho el requisito general de relevancia constitucional.

Para tal efecto, señaló que lo pretendido por la actora es crear una

instancia adicional, pues los disensos planteados en la acción de

tutela fueron resueltos en el recurso de apelación interpuesto en

contra de la sentencia del 25 de octubre de 2021.

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Indicó que la intención de la actora es proponer nuevamente la

discusión jurídica respecto del deber de la Junta Nacional De

Calificación De Invalidez de crear el comité de conciliación, como si

se tratara de una instancia adicional al proceso ordinario, al

encontrarse en desacuerdo con las decisiones cuestionadas.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora cuestionó la providencia de primera instancia, al señalar

que la petición sí goza de relevancia constitucional.

Aseguró que está cumpliendo con su misión constitucional por cuanto

el Ministerio Público debe velar por la garantía efectiva del

ordenamiento jurídico y, comoquiera que, el asunto a tratar es de

interés general es deber del juez de tutela adoptar las decisiones

tendientes proteger la ley.

Manifestó que lo que se pretende con la acción de tutela es prevenir

que con las decisiones proferidas por autoridades judiciales

demandadas otras entidades públicas hagan uso de la excepción que

por vía jurisprudencial fijó el juez de cumplimiento, al inferir que “[…]

si la entidad pública tiene régimen privado no debe crear su Comité

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de Conciliación en contraste con la perentoria orden del Legislador

[…]”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las Secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

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unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde

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definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza

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y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente

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en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

dejen sin efecto las providencias de 25 de octubre y 15 de

diciembre de 2021, proferidas por el TRIBUNAL y la SECCIÓN

QUINTA, respectivamente, dentro de la acción de cumplimiento

identificada con el número único de radicación 25000-23-41-000-

2021-00781-01.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración del derecho

fundamental al debido proceso, habida cuenta que, a juicio de la

actora, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto

sustantivo, al desbordar el ordenamiento jurídico y aplicar

indebidamente los artículos 42° de la Ley 100 de 1993 y 50° de la

Ley 489 de 1988, así como la interpretación errónea del artículo 65B

de la Ley 23 de 1991 y el Decreto 1069 de 2015 artículo

2.2.4.3.1.2.1.

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La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN SEGUNDA que rechazó por improcedente el amparo

solicitado, al considerar que no se encontró satisfecho el requisito

general de relevancia constitucional.

La impugnación de la actora está encaminada a cuestionar los

argumentos del a quo, señalando que su petición si goza de

relevancia constitucional, por cuanto lo que pretende es prevenir que

con las decisiones proferidas por las autoridades judiciales

demandadas otras entidades públicas hagan uso de la excepción que

por vía jurisprudencial fijó el juez de cumplimiento.

Es del caso advertir que si bien en la acción de tutela se solicita dejar

sin efectos, tanto la providencia de 25 de octubre de 2021 proferida

por el TRIBUNAL como la dictada el 15 de diciembre de 2021 por la

SECCIÓN QUINTA, la Sala realizará únicamente el análisis de la

presunta vulneración del derecho fundamental invocado a la

sentencia proferida por el ad quem, toda vez que fue esta la que dio

por terminado el proceso.

Por lo anterior, la Sala circunscribirá su estudio a los argumentos

expuestos en la impugnación y, en primer lugar, debe determinar si

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el presente caso cumple con los presupuestos generales de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de

ser así, determinar si la SECCIÓN QUINTA incurrió en el defecto

alegado.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal

4
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».5

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [8].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la

5
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [9].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [10].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la

[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [12].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [13]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas

[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela

se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir

las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que los argumentos

que invoca la actora como fundamento de la presunta vulneración de

su derecho fundamental al debido proceso, son los mismos que

fueron puestos a consideración de la SECCIÓN QUINTA en el escrito

de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

Así se desprende de la lectura del escrito de apelación presentado

por la actora en el trámite del proceso ordinario, y su comparación

con la demanda de tutela, como se explica a continuación:

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Argumentos del escrito de Argumentos de la demanda
apelación14 de tutela15

[…]Del análisis de la providencia impugnada […]4.1. En las providencias impugnadas se
constata la Procuraduría que la misma incurre configuró un defecto sustantivo, en tanto la
en defecto sustantivo por dos razones, así como autoridad judicial desbordó el marco de acción
en defecto procedimental absoluto. que la Constitución Política y la ley le
reconocen por errónea interpretación y
1. La Junta Nacional de Calificación de Invalidez aplicación indebida de la normativa sobre el
es una entidad pública del orden nacional y el deber de crear Comités de Conciliación
artículo 65B de la Ley 23 de 1991 ni el DUR 1069
de 2015 artículo 2.2.4.3.1.2.1 no establecen 4.1.1. La jurisprudencia del Tribunal
excepciones a la creación del Comité de Constitucional ha concluido que si la decisión
Conciliación por parte de esas autoridades del juez desborda el marco de acción de la
función pública de administración de justicia
1.1. Con la tesis plasmada en la decisión se configura un defecto sustantivo. Esto es,
impugnada las empresas de servicios públicos cuando la autoridad judicial realiza una
oficiales, las sociedades de economía mixta ni interpretación errónea o una indebida
las empresas industriales y comerciales del aplicación de la norma, en la medida que no
Estado del orden nacional, departamental y se encuentra dentro del margen de
distrital estaría obligadas a integrar su Comité razonabilidad y proporcionalidad o es
de Conciliación ni aplicar las reglas que rigen su manifiestamente errada y desatiende los
creación y funcionamiento. parámetros de juridicidad y aceptabilidad5.
[…]
1.2. En efecto, en el trámite constitucional de la
referencia está probado que la autoridad 4.1.3. En efecto, si bien el régimen jurídico
renuente es una entidad del orden nacional y asignado por el Legislador a la Junta Nacional
que, por lo mismo, tiene el deber legal de de Calificación de Invalidez corresponde al
integrar su Comité de Conciliación, así como el derecho privado (art. 42 L 100/93), no es
deber reglamentario de observar las normas menos cierto que, es un organismo de
sobre comités de conciliación contenidas en el naturaleza pública que integra el sector
DUR 1069 de 2015. […]. descentralizado por servicios de la Rama
Ejecutiva del orden nacional, conforme lo
1.4. Sin embargo, la decisión apelada no establece el artículo 38 numeral 2 literal g) de
obstante reconocer la naturaleza de entidad del la Ley 489 de 1998.
orden nacional de la autoridad renuente dispuso
que la Junta Nacional de Calificación de 4.1.4. Por tanto, cuando Legislador dispuso
Invalidez no estaba obligada a cumplir su deber que La Junta sería una entidad “de derecho
legal y reglamentario de crear el privado” se refirió al modo de su operación y
correspondiente Comité de Conciliación. funcionamiento, esto es, que sus funciones las
cumple como un privado, pero orgánicamente
1.5. Debe tener en cuenta el Consejo de Estado se trata de una entidad de creación legal y que
que el a-quo creó una excepción no prevista en se financia con recursos públicos. De manera
las normas transcritas de las cuales no surge que, su naturaleza es de Derecho Público (art.
que algunas entidades del orden nacional, 50.2 L 489/98). […]
pueda abstenerse de contar con el
correspondiente Comité de Conciliación en los 4.1.9. Por consiguiente, las decisiones objeto
términos ordenados por el legislador. de censura configuran un defecto sustantivo al
colegir -en contravía del orden jurídico- que a
1.6. Así, ni el artículo 65B de la Ley 23 de 1991 pesar de que la autoridad renuente está
ni el DUR 1069 de 2015 artículo 2.2.4.3.1.2.1 incluida en el supuesto de hecho de la regla
son enunciados normativos con estructura de (artículo 65B de la Ley 23 de 1991 ni el DUR
principios que admitan ponderación.

Son reglas 1069 de 2015 artículo 2.2.4.3.1.2.1), en
y por ende se aplican todo o nada tanto, es una entidad pública descentralizada
por servicios, no está obligada a cumplir con
1.7. A este respecto, el profesor Dworkin enseñó la conformación del Comité de Conciliación que
que las reglas “son aplicables a la manera de ordenó el legislador, creando de esa manera

14
Índice No. 2, aplicativo Samai, expediente digital proceso No. 25000-23-41-000-2021-00781-01
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=250002341000
202100781011100103

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disyuntivas. Si los hechos que estipula una una excepción no prevista en el ordenamiento
norma están dados, entonces o bien la norma es jurídico vigente.
válida, en cuyo caso la respuesta que da debe
ser aceptada, o bien no lo es, y entonces no 4.1.10. Como se colige de la lectura de las
aporta nada a la decisión.”2 providencias que se aportan como prueba, los
jueces de cumplimiento tanto en primera
1.8. En este sentido, si la autoridad renuente como en segunda instancia de forma arbitraria
integra el sector descentralizado por servicios de consideraron que el régimen privado a la que
la rama ejecutiva de conformidad con el artículo esté sometida una entidad pública del orden
38 numeral 2 literal g) de la Ley 489 de 1998 y nacional la exime de crear el respectivo
por lo mismo es una entidad pública del orden Comité de Conciliación. […]
nacional, le asiste el deber legal de integrar su
Comité de Conciliación. 4.1.15. Por lo anterior, resulta jurídicamente
inadmisible, desde una perspectiva
1.9. Por consiguiente, el fallo apelado configura constitucional (art. 121 C.P.), que tanto el
un defecto sustantivo al colegir -en contravía del Tribunal Administrativo como la Sección
orden jurídico- que a pesar de que la autoridad Quinta del Consejo de Estado no hicieran
renuente está incluida en el supuesto de hecho cumplir el mandato legal conforme al cual toda
de la regla (artículo 65B de la Ley 23 de 1991 ni entidad pública del orden nacional sea del
el DUR 1069 de 2015 artículo 2.2.4.3.1.2.1), en sector central o del descentralizado debe crear
tanto, entidad pública del orden nacional, no su Comité de Conciliación.
está obligada a cumplir con la conformación del
Comité de Conciliación que ordenó el legislador, 4.1.16. En este punto, no puede soslayarse
creando de esa manera una excepción no que si el legislador no distinguió no le era dado
prevista en el ordenamiento jurídico vigente. al juez de cumplimiento entrar a determinar si
la entidad pública tenía régimen privado o no
1.10. Debe recordarse que en el sistema jurídico o si a su juicio era conveniente o no que La
colombiano no hay excepciones vía Junta cumpliera con su deber legal de
interpretación, puesto que la excepción a una constituir su Comité de Conciliación.
regla debe estar expresamente consagrada en
el ordenamiento jurídico y como en la actualidad 4.1.17. Así, es manifestó el defecto sustantivo,
no existe alguna disposición normativa que en tanto los jueces de cumplimiento
establezca que todas las entidades públicas del desconocieron la regla general del Derecho
orden nacional deben integrar su Comité de (art. 230 C.P.) conforme a la cual “Donde la
Conciliación, salvo la Junta Nacional de ley no distingue al intérprete no le es dado
Calificación de Invalidez, esa entidad -al distinguir”.
igualdad que las demás autoridades- está
obligada a crear su Comité de Conciliación, el 4.1.18. Para que la decisión de los jueces de
cual debe cumplir las reglas que rigen su cumplimiento pudiera considerarse válida, las
funcionamiento. sentencias debían acreditar que La Junta no es
una entidad descentralizada de Derecho
1.11. En este orden de ideas, no se puede ser Público del orden nacional y dicho postulado
entidad pública para cumplir unas reglas y otras no fue probado dentro del expediente de
no, como surge del fallo recurrido. Si la Junta acción de cumplimiento. Por el contrario, tanto
Nacional de Calificación de Invalidez es entidad el Tribunal como la Sección Quinta del Consejo
estatal debe cumplir todos los deberes legales y de Estado aceptaron que conforme a la regla
reglamentarios que su naturaleza jurídica le legal de su creación que La Junta es una
impone y no solo algunos de ellos. entidad pública del orden nacional, sin
embargo, sin fundamento legal alguno las
1.12.

Por lo anterior, la sentencia impugnada en autoridades judiciales tuteladas coligieron que
su numeral 2 debe revocarse y, en su lugar, dicho ente estatal estaba exento de crear su
ordenarse a la autoridad renuente que cumpla Comité de Conciliación.
con el deber legal de crear el Comité de
Conciliación de esa entidad y observar sus 4.1.19. Aunado a lo anterior, para que el
funciones en los términos del artículo 65B de la ordinal segundo de la sentencia del Tribunal
Ley 23 de 1991 y del DUR 1069 de 2015 artículo Administrativo -que fue confirmado
2.2.4.3.1.2.1. […] (Negrillas propias del texto) íntegramente por la Sección Quinta del
Consejo de Estado- pudiera considerarse
válido, las autoridades judiciales debían
probar que, en este caso, no se cumplía alguno
de los cinco requisitos de procedencia de la
acción de cumplimiento creados
jurisprudencialmente por el Consejo de Estado
en especial que “b) Que el mandato sea
imperativo e inobjetable y que esté radicado
en cabeza de aquella autoridad pública o de un
particular en ejercicio de funciones públicas,

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frente a los cuales se reclama su cumplimiento
(arts. 5o y 6o ibidem).

4.1.20. Sin embargo, a pesar de que el trámite
de acción de cumplimiento se acreditó tanto
en primera como en segunda instancia que los
cinco requisitos de procedencia estaban
satisfechos, la decisión de negar el
cumplimiento del artículo 65B de la Ley 23 de
1991 configura sin duda un defecto sustantivo
que debe ordenar corregir el juez
constitucional, en garantía del
restablecimiento del orden jurídico, en tanto,
está probado su manifestó desacato por parte
de La Junta a su deber legal, el cual ahora es
avalado por los jueces de cumplimiento.

4.1.21. En suma, el problema jurídico
planteado debe resolverse afirmativamente,
en tanto la interpretación que las autoridades
judiciales realizaron desborda el contenido del
artículo 65B de la Ley 23 de 1991, siendo las
decisiones adoptadas, en este caso,
incompatible con el derecho fundamental al
debido proceso (art. 29 Superior y 8.1.
CADDHH) del Ministerio Público cuya gestión
se orienta en la defensa del orden jurídico (art.
118 C.P.). […] (Negrillas propias del texto)

Ahora bien, la Sala al estudiar el contenido de la providencia

cuestionada, observa que la autoridad judicial accionada abordó el

problema jurídico planteado de la siguiente manera:

“[…] Así las cosas, el objeto de impugnación refiere al cumplimiento
de los artículos 65B de la Ley 23 de 1991, 2.2.4.3.1.2.1 del Decreto
Reglamentario 1069 de 2015 y el artículo 10 de la Ley 1712 de
2014, referentes a; i) la creación del comité de conciliación, ii) la
publicación de la información contractual de la entidad demandada
en el SECOP II y iii) el término otorgado para el cumplimiento de
las normas invocadas en la demanda.

En cuanto a la creación del comité de conciliación, de la lectura de
los artículos 65B de la Ley 23 de 1991 y 2.2.4.3.1.2.1 del Decreto
Reglamentario 1069 de 2015 las disposiciones refieren que la
obligación está a cargo de “organismos de Derecho Público” -
“entidades de derecho público”.

El Tribunal concluyó que el legislador se refirió al régimen de
contratación pública por lo que no era exigible el mandato a la
Junta Nacional de Calificación de Invalidez, porque por disposición

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legal (artículo 42 de la Ley 100 de 1993) se encuentra sometida al
régimen privado, es decir, está sometida al derecho privado,
incluso en atención a lo expuesto por la Corte Constitucional en las
sentencias C-1002 de 2004 y C-914 de 2013, conclusión que no
fue debatida por el impugnante.

La Sala considera que al utilizar las normas el término “Derecho
Público” no puede hacerse exigible a la demandada la creación del
comité de conciliación, pues como lo expuso claramente el
Tribunal, si bien la naturaleza jurídica de la demandada es
pública34, se encuentra sometida al régimen jurídico privado, es
decir, “Derecho Privado”, razón por la cual no se ordenará su
cumplimiento en esta providencia.

En efecto, si bien el impugnante aludió que la norma no prevé
excepción y con la conclusión del Tribunal se estableció una no
prevista, lo cierto es que el juez de cumplimiento no la creó,
simplemente ocurre que las propias normas que se piden acatar
son expresas al referirse que es exigible a los sujetos de derecho
público y por tanto, debe entenderse excluidos los de régimen
jurídico o derecho privado. Una conclusión en contrario sí implicaría
realizar interpretaciones que no corresponde abordar y crear una
obligación no prevista de forma expresa por la norma invocada, lo
cual escapa al objeto de este mecanismo judicial. […]” (Negrillas
propias del texto)

Realizadas las anteriores observaciones, la Sala constata que lo

planteado en la presente acción de tutela no se refiere a un asunto

de relevancia constitucional, -en los términos señalados en la

jurisprudencia constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa la

intervención del juez de tutela, con miras a examinar la posible

vulneración del derecho fundamental al debido proceso invocado por

la actora.

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Por el contrario, se destaca que todos sus argumentos, fueron

analizados y resueltos por la SECCIÓN QUINTA en esa instancia y,

en esa medida, solo se procura su discusión en sede de tutela para

buscar la oportunidad de debatir, en una instancia adicional, lo cual

resulta improcedente.

Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado

improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no

resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se

centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue

el caso de la providencia de 29 de agosto de 2018 16, en la que se

sostuvo:

“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que

16
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

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no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).

Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201717, se indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino

la reiteración de planteamientos que ya fueron estudiados por el juez

natural y que obedecen a un debate de mera legalidad, en el cual el

juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción

de tutela el carácter de un recurso adicional para controvertir las

decisiones judiciales y de paso invadir la competencia y la

independencia del juez ordinario.

17
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

Asimismo, en el caso bajo estudio, la Sala no advierte la existencia

de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela

de la referencia como mecanismo transitorio, dado que de los

elementos de juicio obrantes en el expediente no es posible

establecer dicha circunstancia.

Consecuente con lo anterior, la Sala modificará la decisión de primera

instancia que rechazó por improcedente la acción de la referencia y,

en su lugar, declarará la improcedencia del amparo deprecado, como

en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

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F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,

DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de conformidad

con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de septiembre de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y

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posterior consulta, de conformidad con la ley.

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