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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03106-00

Fecha
23 de junio de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03106-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la UGPP, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. 14 Radicación: 11001-03-15-000-2022-03106-00 Accionante: UGPP Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-03106-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

23 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03106-00
Accionante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-
Accionados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN
A Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE
DECLARA IMPROCEDENTE – no se cumplió con el requsito
previsto en el literal e) de la sentencia C-590 de 2005 de la Corte
Constitucional

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada, como mecanismo transitorio, por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP- en contra de las sentencias de 15 de
marzo de 2017 y de 27 de enero de 2022, proferidas, respectivamente, por la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La UGPP, a través de apoderado judicial, solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales «al debido proceso y acceso a la administración de justicia en
conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional », cuya
vulneración le atribuyó a las sentencias de 15 de marzo de 2017 y de 27 de enero de
2022, proferidas, respectivamente, por la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 25000-23-42-000-2013-04619-
00/02.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por la parte accionante, los hechos y razones que
motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03106-00
Accionante: UGPP

2.1. Expuso que la señora Luz Heledia Castillo de Castro nació el 5 de marzo de 1948
y prestó sus servicios en la Rama Judicial así: i) desde 18 de septiembre de 1973
hasta el 14 de noviembre de 1977; ii) desde el 16 de noviembre de 1977 hasta el 20
de septiembre de 1985; iii) desde el 7 de diciembre de 1988 hasta el 5 de agosto de
1990; y iv) desde el 15 de octubre de 1992 hasta el 20 de diciembre de 2000.

2.2. Refirió que a la señora Castillo de Castro le fue reconocida pensión de jubilación
mediante Resolución número 18131 de 16 de julio de 2001, «en cuantía de
$4.123.736.96 M/cte., efectiva a partir del 21 de diciembre de 2000. Liquidación
efectuada con el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 6
años 8 meses 20 días, según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, entre el 01 de
abril de 1994 y el 20 de diciembre de 2000. Factores salariales: Asignación básica,
bonificación servicios prestados, prima especial y bonificación por compensación».

2.3. Explicó que: «con Resolución No. 8235 del 11 de diciembre de 2002, Cajanal
resolvió solicitud de revocatoria del acto ficto o presunto originado del silencio
administrativo sobre una petición del 21 de septiembre de 2001 donde la interesada
solicitaba la reliquidación de la pensión con la totalidad de los factores salariales
según el Decreto 546 de 1971».

2.4. Relató que: «a través de Resolución No. UGM 018121 del 23 de noviembre de
2011 se dio cumplimiento a un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda- Subsección A, proferido el 04 de noviembre de 2010 y en
consecuencia se reliquidó la pensión de vejez de la señora LUZ HELADIA
CASTILLO DE CASTRO, elevando la cuantía de la misma a la suma de $5.202.000
M/CTE., efectiva a partir del 21 de diciembre de 2000, prestación ajustada de
conformidad con las reglas aplicables al valor mínimo y máximo de la pensión
vigente para la fecha de efectividad, por lo cual la suma a reconocer correspondía
a la suma de $5.202.000 Mcte, valor con el cual se encuentra incluida en la nómina
de pensionados y actualmente la mesada pensional corresponde a $14.566.185,44
Mcte».

2.5. Puntualizó en que: «a través de la resolución RDP 007278 del 18 de febrero de
2013, se atendió solicitud radicada el 19 de octubre de 2012, en la cual pretendía la
modificación y/o aclaración de la Resolución No. UGM 18121 del 23 de noviembre de
2011, en el sentido que se incluyó mal la bonificación por servicios prestados y en
cuanto a la no aplicación de topes en la mesada pensional, en el citado acto
administrativo fue negada la solicitud» en consideración a lo siguiente:

[…] se puede observar que el régimen aplicable a la interesada -artículo 6 del
decreto 546/71- no está exceptuado del límite de 20 smlv establecido en el decreto
314 de 1994 y por tal motivo se procede a aplicarlo. Por lo anteriormente expuesto,
en la resolución No. UGM 18121 del 23 de noviembre de 2011 se aplicaron los
topes de 20 SMLMV al momento de efectividad, es decir al 21 de diciembre de
2000, momento en el cual el salario mínimo legal vigente era de $260.100 M/CTE,
el cual multiplicado por el límite de los 20 SMLMV arroja la suma de $5.202.000
M/CTE”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03106-00
Accionante: UGPP

Respecto de la bonificación por servicios prestados, indica que se cometió un error
aritmético, toda vez que no se incluyó bien la doceava parte correspondiente al
año 2000, por lo que se procedió a efectuar una nueva liquidación, no obstante
anota: “De acuerdo a lo anterior es de señalarle a la interesada que si bien se
incluyó mal la bonificación por servicios prestados, no hay lugar a efectuar una
modificación de la Resolución No. UGM 18121 del 23 de noviembre de 2011 toda
vez que igualmente hay lugar a la aplicación de topes conforme a la normatividad
anteriormente transcrita y la suma a reconocer seria de $ $5.202.000 M/CTE, no
variando el valor reconocido en la Resolución No. UGM 18121 del 23 de
noviembre de 2011 […].

2.6. Precisó que, inconforme con lo anterior, la señora Luz Heledia Castillo de Castro
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en su contra, cuyo conocimiento le correspondió a la Subsección C de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad judicial
que, mediante sentencia de 15 de marzo de 2017, accedió a las pretensiones de la
demanda, en los siguientes términos:

[…] Primero.- Declarar no probadas las excepciones de mérito propuestas por el
apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

Segundo.- Declarar la nulidad parcial de la resolución No UGM 018121 del 23 de
noviembre dé 2011, y la nulidad absoluta de la resolución No RDP 00727 del 18
de febrero de 2013, en cuanto la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, Impuso
tope a la cuantía de la mesada pensional de la señora Luz Heladla Castillo
de Castro, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.

Tercero.- Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, a ajustar el monto de
la mesada pensional de la señora Luz Heladla Castillo de Castro, al valor ordenado
en la sentencia del 4 de noviembre de 2010 de esta Corporación, esto es cuantía
equivalente al 75% del salario más alto devengado en el último año de servicios
anterior a la fecha del retiro definitivo, sin aplicar tope a las mesadas
pensiónales y con efectos fiscales a partir del 21 de diciembre de 2000. […] (Se
destaca)

2.7. Indicó que la anterior decisión fue confirmada por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante fallo de 27 de enero de 2022.

2.8. Señaló que las decisiones aquí enjuiciadas «son contrarias al ordenamiento
jurídico y a la jurisprudencia en vigor, generando con ello una grave afectación de los
principios de la sostenibilidad financiera y solidaridad del Sistema General de
Pensiones, así como del debido proceso», todo ello luego de efectuar las siguientes
consideraciones:

[…] La aplicación del tema de los topes que en materia pensional ha sido regulado
Colombia desde el año 1976 hasta la actualidad, estando la causante, no
exonerado de esa limitación como lo dispuso la Ley 100 de 1993, en su artículo
18, norma aplicable a su caso no solo por la fecha de adquisición del estatus de

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03106-00
Accionante: UGPP

pensionada ocurrida el 13 de febrero de 1999, como al momento de su
reconocimiento pensional 16 de julio de 2001 e incluso en la fecha de efectividad
de la mesada o retiro definitivo del servicio, 20 de diciembre de 2000, siendo por
tanto sujeto pasivo de esa limitación.

Se excluye injustificadamente a la causante, de la aplicación de topes pensionales,
contrariando la ley y la jurisprudencia que no han permitido dicha excepción, por
tanto con el actuar de los accionados se contradicen las disposiciones de TOPES
contenidas en la Ley 4 de 1976, reiteradas en las Leyes 100 de 1993, Decreto 314
de 1994 (aun cuando difiera su límite), retomada tanto en el Decreto 510 de 2003
como en el Acto Legislativo 01 de 2005 y en la Ley 797 de 2003 donde se ha
dejado claro que todas las mesadas pensionales que se paguen con dineros del
Erario Público deben estar limitadas, posición que así fue aclarada por la Corte
Constitucional en las sentencias C- 258 de 2013, C- 078 de 2017, SU 631 de 2017,
T-039 de 2018 y SU 575 de 2019.

Se desconocen las normas que incorporaron a los funcionarios de la Rama
Judicial al Sistema General contenido en la Ley 100 de 1993 lo que ocasiona que
la prestación reconocida a la causante LUZ HELADIA CASTILLO DE CASTRO,
también debiera limitarse por no estar exceptuado este tipo de funcionarios.

Al revisar el régimen de la Rama Judicial Decreto 546 de 1971, artículo 6º; en
ninguno de sus apartes establece la excepción a los topes para esta clase de
prestación. Si el ejecutivo al expedir el Decreto Ley 546 de 1971, con base en las
facultades de la Ley 16 de 1968, hubiere querido sustraer todo tipo de pensiones
para los funcionarios de la Rama Jurisdiccional y Ministerio Público y en particular
la pensión regulada en el artículo 6 del tope máximo, así lo habría expresado,
como sí lo hizo para la pensión por alcanzar la edad de retiro forzoso que regula
concretamente en el artículo 8 del mismo decreto.

Que el pago de la mesada pensional sin topes genera un retroactivo pensional a
la fecha en la suma aproximada de $ 728.189.793 M/cte, en razón a que desde el
año 2000 deberá pagarse una mesada pensional en la suma de $6,129,963 M/cte
cuando la misma para ese año debía ser de $5,202,000 M/cte con la aplicación
del tope de los 20 smlmv, prestación que año a año se verá incrementada
generando detrimento del erario público. […]

2.9. Puso de presente que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en abuso
palmario del derecho, en tanto que a la señora Castillo de Castro se le debe pagar el
monto de una pensión «muy superior a la que realmente se tiene derecho, pues no
se limitó a tope alguno, en flagrante violación del principio de la igualdad que deben
regir todas las actuaciones judiciales haciendo procedente invocar esta acción
tutelar para obtener la suspensión de las sentencias judiciales hasta que se resuelva
el recurso extraordinario de revisión que se va a presentar donde se controvertirá la
legalidad de las mismas para evitar así un grave perjuicio al Sistema Pensional».

2.10. Resaltó que hace uso de la solicitud de amparo, como mecanismo transitorio,
hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisión que promoverá en contra
de las sentencias aquí enjuiciadas, dado que en el marco del referido proceso no se
puede solicitar el decreto de medidas cautelares, lo que implica que la sentencia se
debe cumplir pagándose «la suma de $728.189.793.00 M/cte como valor de
retroactivo en razón a no limitar la prestación del causante a los topes legales».

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03106-00
Accionante: UGPP

2.11. Afirmó que las decisiones judiciales tuteladas incurrieron en defecto sustantivo en
tanto se interpretó erradamente el régimen pensional aplicable al caso de la señora
Castillo de Castro y se inaplicaron los topes máximos en materia pensional.

2.12. Manifestó que también se configuró el defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente contenido en las sentencias C- 258 de 2013, C- 078 de 2017, SU-631 de
2017, T-039 de 2018 y SU-575 de 2019, todos emanados de la Corte Constitucional,
y que hacen alusión a que las mesadas pensionales en Colombia están limitadas a
un tope máximo.

III. PRETENSIONES

3. El extremo accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] PRINCIPALES:

Primero. AMPARAR TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales
deprecados por la UGPP, vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN C y el CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA – SUBSECCIÓN A, en razón a no limitar a tope la prestación de la
señora LUZ HELADIA CASTILLO DE CASTRO generando con ello un evidente
detrimento del erario público.

Segundo. Consecuentemente, SUSPENDER de manera transitoria y hasta que
la jurisdicción contenciosa administrativa defina el Recurso Extraordinario de
Revisión que la Unidad interpondrá, contra las Sentencias judiciales proferidas
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
SEGUNDA SUBSECCIÓN C y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN
A, de fecha 15 de marzo de 2017 y 27 de enero de 2022 Proferidas dentro del
Proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No.2013-04619, con el fin
de evitar un perjuicio irremediable no solo para la Unidad, sino para el
patrimonio público y el Sistema General de Pensiones.
SUBSIDIARIAS

En caso de que su H. Despacho tenga por demostrada la flagrante vulneración
del Sistema Pensional y de la Seguridad Social y al erario público con las
decisiones del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN C Y CONSEJO DE ESTADO SALA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A, solicitamos:

Primero. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la
UGPP, en atención al desconocimiento de los principios generales de la
Seguridad Social.

Segundo. Consecuentemente DEJAR sin efectos los fallos emitidos por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN C y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A, de fecha 15 de
marzo de 2017 y 27 de enero de 2022 dentro del Proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho No.2013-04619, con el fin de evitar un perjuicio
irremediable no solo para la Unidad, sino para el patrimonio público y el Sistema
General de Pensiones, en razón a que desconocen los topes pensionales

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03106-00
Accionante: UGPP

establecidos en la Ley 100 de 1993, el Decreto 314 de 1994, el Decreto 510 de
2003, Acto Legislativo 01 de 2005, Ley 797 de 2003, lo cual también fue objeto
de pronunciamiento de la Corte Constitucional en las C- 258 de 2013, la C- 078
de 2017, la SU 631 de 2017 la T-039 de 2018 y la SU 575 de 2019, en el sentido
de que ninguna mesada pensional con cargo a recursos públicos, podrán
superar un límite, que para el presente caso es de 20 salarios mínimos
mensuales legales vigentes.

Tercero. Que como consecuencia de lo anterior se sirva ordenar al CONSEJO
DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA – SUBSECCIÓN A dictar nueva sentencia ajustada al marco del
principio de Legalidad. […]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 9 de junio de 2022, se admitió la acción de tutela de la referencia
en contra de los magistrados de la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, asimismo, se vinculó a la señora Luz Heladia
Castillo de Castro, como tercera con interés en las resultas del proceso.

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y a la vinculada, se
produjeron las siguientes intervenciones:

5.1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante el
consejero ponente de la decisión objeto de tutela, rindió informe en el que solicitó
negar el amparo deprecado, dado que «las razones de hecho y de derecho que
sustentan la providencia emitida por esta Subsección, se encuentran debidamente
precisadas y señaladas en su parte motiva, y a ellas se atiene la Sala como
fundamento de defensa, en caso de que la juez considere tomar una decisión que
la involucre».

5.2. Con ocasión de lo anterior, aseguró que «la sentencia se ajustó al ordenamiento
jurídico y a los pronunciamientos emitidos por esta Subsección y en ella no se
incurrió en defecto procesal, orgánico, fáctico o material que amerite la discusión.
Tampoco se cumple con alguno de los requisitos específicos de procedencia, en
tanto que contrario a lo señalado por la entidad accionante, la decisión objeto de
reproche valoró la integridad del material probatorio allegado al expediente».

5.3. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a través de la magistrada ponente de la decisión aquí acusada,
rindió informe en el que señaló que «no existe vulneración alguna a los derechos
fundamentales de la entidad, con la decisión tomada bajo el análisis fáctico y jurídico
que se hizo en esa oportunidad. Me someto al juicio de valoración de nuestro
Superior para que aborde el estudio de fondo de la sentencia proferida dentro del
expediente con radicado No. 25000-23-42-000-2013-04619-00, y decida en
consecuencia».

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03106-00
Accionante: UGPP

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
en virtud de lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de
19911, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20212 y
en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183 y con el artículo 13
del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta Sección el conocimiento
de las acciones de tutela.

VI.2. Problemas jurídicos

7. Confundamento en la situación fáctica planteada, la Sala encuentra que los
problemas jurídicos a resolver son los siguientes:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.

b) Si ello es así, determinar si las sentencias aquí enjuiciadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la entidad actora, al haber incurrido en
un supuesto defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente.

8. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a
(ii) resolver el caso concreto relacionado con el defecto alegado, siempre y cuando
se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

9. En sentencia de 31 de julio de 20124, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió
su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela
dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales
siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia
jurisprudencia.

10. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

1
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
2
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
4
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03106-00
Accionante: UGPP

11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial5, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución 6.

13. De lo expuesto, la Sala advierte que cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera «dejar sin efecto o modular la decisión7» que se encaje en dichos
parámetros.

14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

15. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

5
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
6
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política».
7
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03106-00
Accionante: UGPP

VI.4. El caso concreto

16. La UGPP, a través de apoderado judicial, solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales «al debido proceso y acceso a la administración de justicia en
conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional », cuya
vulneración le atribuyó a las sentencias de 15 de marzo de 2017 y de 27 de enero de
2022, proferidas, respectivamente, por la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 25000-23-42-000-2013-04619-
00/02.

17. En este punto es preciso indicar que aunque el extremo accionante le atribuyó la
vulneración de sus derechos fundamentales tanto a la sentencia proferida en
primera instancia como a aquella dictada en segunda instancia dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 25000-23-42-
000-2013-04619-00/02, la Sala advierte que el presente análisis se centrará en
determinar si en esta última providencia se incurrió en los defectos invocados, dado
que es la decisión que tiene los efectos de cosa juzgada y finiquitó la litis8.

18. De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala entrará
a examinar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación.

VI.4.1. Del incumplimiento del requisito general de procedibilidad contenido
en el literal e) de la sentencia C-590 de 2005

19. Sobre el particular, cabe señalar que, la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005, estableció, entre otros requisitos de procedibilidad, el asociado a que: «el
actor identifique de manera razonable los hechos que generan la violación y que,
en caso de haber sido posible, esta circunstancia haya sido alegada al interior del
proceso»9. Al respecto, dicha Corporación precisó lo que a continuación se señala:

[…] La exigencia de identificar de manera razonable los hechos que generaron
la vulneración y los derechos vulnerados, y haber alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que ello hubiere sido posible, como requisito de
procedibilidad de la demanda de tutela contra providencias judiciales, es
comprensible en la medida en que “es menester que el actor tenga
claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa
a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos”10.

8
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, sentencia de 3 de junio de 2022, expediente
11001-03-15-000-2022-01119-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
9
Ver Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. Magistrado ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
10
Así se precisa en el alcance de este requisito en la Sentencia C-590 de 2005 y se reitera, entre otras, en las Sentencias
SU-917 de 2010 y SU-131 de 2013.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03106-00
Accionante: UGPP

La demanda de tutela, al referirse a este requisito, se limita a afirmar que se ha
precisado e identificado los hechos que vulneran el derecho fundamental11,
pero guarda silencio en cuanto a la circunstancia de haber alegado en el
proceso lo que ahora se cuestiona y sobre la existencia o no de la
posibilidad de haberlo hecho.

Por lo tanto, es menester verificar tres aspectos relevantes respecto de cada
uno de los defectos planteados, a saber: (a) si se identificó de manera razonable
los hechos que generan la vulneración, (b) si se alegó esta circunstancia en el
proceso seguido por la jurisdicción ordinaria y (c) si hubo o no la posibilidad de
alegarla […].12 (Se destaca).

20. En armonía con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T-452 de 2014,
reiteró la obligatoriedad del extremo accionante de haber puesto en conocimiento
del juez natural de la causa, los argumentos que son materia de tutela, so pena de
que se declare improcedente el mecanismo de amparo. La providencia en comento,
precisa lo siguiente:

[…] En efecto, como ya se señaló, la acción de tutela no es un medio alternativo,
adicional o complementario con el que cuentan las personas, para mantener de
forma indefinida e ilimitada en el tiempo, la resolución de una controversia
jurídica. Por ello, cuando quiera que las personas acudan al juez constitucional,
han de demostrar que, en el asunto bajo controversia, sus derechos
fundamentales están siendo trasgredidos (sic). Igualmente, deben acreditar
que ello fue puesto a consideración del juez natural de la causa, o, en su
defecto, que ello no fue posible por razones ajenas a su voluntad. De esta
manera, una carga exigible al interesado supone que -de haber sido
posible- haya expuesto con claridad la presunta transgresión de sus
derechos fundamentales ante el juez natural, en atención a que la
subsidiariedad de la acción de tutela implica el respeto a la autonomía de
las autoridades judiciales […].13 (Resaltado por la Sala)

21. En consonancia con lo anterior, se tiene que esta Sección ha resuelto declarar la
improcedencia de las acciones de tutela cuando se advierte que no se acreditó el
cumplimiento de la causal e) contenida en la sentencia C-590 de 2005 de la Corte
Constitucional. Así lo indico, entre otras, en la sentencia de tutela de 3 de diciembre
de 202014, providencia en la cual se consideró lo siguiente:

[…] es preciso señalar que la prescripción de la acción nunca fue advertida por
el señor GARTNER LÓPEZ dentro del proceso disciplinario, toda vez que la
misma fue declarada de oficio por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura únicamente frente a la falta descrita en el
numeral 1º del artículo 35 ibidem, pues fue frente a esta que el actor mostró su
inconformidad en el recurso de apelación.

Es así como al revisar el expediente contentivo del proceso disciplinario, la Sala
evidencia que el actor al presentar los alegatos de conclusión15 y el recurso de
apelación16, guardó silencio en cuanto a la prescripción de la acción.

11
Supra I. 1.3.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-770/14.Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
13
Corte Constitucional, Sentencia T-452 de 4 de julio de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de diciembre de 2020, número
único de radicación 11001-03-15-000-2020-03852-00 (AC), C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
15
Folios 134 a 144 ibidem.
16
Folios 169 a 190 ibidem.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03106-00
Accionante: UGPP

Significa entonces que la acción de tutela no cumple con el requisito
general establecido en la causal quinta que exige la sentencia C-590 del
2005, para la procedencia contra providencia judicial, debido a que: los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados no
fueron alegados por el accionante en el proceso disciplinario judicial
contencioso administrativo17, dado que el actor no solo guardó silencio
respecto de la falta descrita en el numeral 2 del artículo 35 de la Ley 1123, sino
también de la alegada prescripción de la acción, inconformidades que ahora
pretende retrotraer a esta instancia constitucional, no siendo este el escenario
idóneo para el efecto. […] (se destaca)

22. Ahorabien, en el sub examine, la entidad accionante consideró que las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo y en
desconocimiento del precedente, por cuanto desconocieron el tope máximo de las
mesadas pensionales.

23. Eneste punto resulta oportuno señalar que la Subsección accionada en la
sentencia de segunda instancia de 27 de enero de 2022, resolvió confirmar la
providencia apelada que había accedido a las pretensiones planteadas en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, luego de considerar que el
recurso de apelación interpuesto por la entidad aquí actora no controvertía las
consideraciones que motivaron la decisión del a quo y, en razón a ello, debía
declararse fallida la apelación. Al respecto, la referida Corporación explicó lo
siguiente:

[…] A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario
señalar que la señora Luz Heladia Castillo de Castro presentó demanda en
orden a obtener la nulidad de los actos administrativos por los cuales la
entidad demandada ajustó la pensión de jubilación reconocida
previamente, a la suma de 20 smlmv. efectiva a partir del 21 de diciembre
de 2000.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
accedió a las pretensiones de la demandante, al encontrar que a los ex
servidores amparados por el régimen especial del Decreto 546 de 1971 no
se les pueden aplicar las restricciones a los montos de sus mesadas
pensiónales, ya que no son destinatarios de la Sentencia C-258 de 2013.
De ahí que la UGPP de manera injustificada concluyó que la pensión de
jubilación de la demandante debía ajustarse, en aplicación a la Ley 100 de 1993,
al monto de 20 smlmv.

En consecuencia, declaró la nulidad parcial de la Resolución UGM 018121 de
23 de noviembre de 2011 y la nulidad total de la Resolución UGM 007278 de
18 de febrero de 2013, y ordenó a la entidad accionada ajustar el monto de la
mesada pensional de la actora al valor ordenado en la sentencia de 4 de
noviembre de 2010, esto es en cuantía equivalente al 75% del salario más
alto devengado en el último año de servicios anterior a la fecha del retiro
definitivo, sin aplicación de topes a aquellas mesadas, y con efectos fiscales
a partir del 21 de diciembre de 2000.

Por su parte, el apoderado de la entidad demandada en el recurso de apelación
17
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por el señor Jorge Arturo Infante Trespalacios contra la
NACIÓN-DAS (Radicado 54001-33-31-005-2008-00049-01).

12

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03106-00
Accionante: UGPP

manifestó su inconformidad con el fallo de primera instancia con fundamento en
que el a quo desconoció que el régimen de transición contenido en el
artículo 36 de la Ley 100 conservó los requisitos de edad, tiempo de
servicios o semanas de cotización y tasa de reemplazo del régimen
anterior para los beneficiarios del régimen de transición; empero, que el
legislador definió en el inciso 3° ibidem, en ejercicio de su facultad de
configuración, el periodo que debía tenerse en cuenta para fijar el monto
de la mesada pensional. De ahí que, el IBL es aquel previsto en el mismo
artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

Como se advierte, la entidad recurrente no esbozó argumentos que, a juicio
de la Sala, le permitieran controvertir la sentencia apelada, toda vez que
las afirmaciones de su escrito se alejan sustancialmente de lo expuesto
por el a quo, puesto que se asevera que «[...] las mesadas en régimen de
transición se liquidan con edad, tiempo en cotizaciones y monto del régimen
anterior que se aplica ultractivamente, entendiendo monto única y
exclusivamente como tasa de reemplazo, pero que el periodo de liquidación y
factores, es decir, el cálculo del IBL, se hace con las reglas contenidas en la
propia ley (sic) 100 de 1993, en cuyo caso solicitamos su aplicación»?
(Resaltado original del texto).

Se recuerda, que la pretensión de reliquidación de la pensión de jubilación de
la señora Castillo de Castro respecto a la tasa de reemplazo, periodo, factores
salariales que hacen parte del IBL. de conformidad con la Ley 100 de 1993 y el
Decreto 546 de 1971, fue ventilada en el proceso promovido por la actora en
contra de CAJANAL. radicado N.° 2007-00843-01, en el cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca emitió sentencia el 4 de noviembre de 2010.
accediendo a las pretensiones de la demanda.

Aquella providencia quedó debidamente ejecutoriada el 29 de noviembre de
2010 como consta en la parte motiva de la Resolución UGM 018121 de 2011,
emitida por la CAJANAL.

En consecuencia, resulta evidente que la inconformidad planteada por la
UGPP no se aviene a las razones expuestas por el a quo, las cuales se
circunscribieron a determinar si la pensión reconocida a la demandante,
al amparo del régimen consagrado en el Decreto 546 de 1971, estaba
sujeta al tope pensional que aplicó la entidad demandada.

En este orden de ideas, la Sala estima que se trata de una apelación fallida,
motivo por el cual se considera que no es posible pronunciarse sobre las
razones de la entidad demandada, pues, se insiste, los argumentos
esgrimidos carecen de congruencia con el marco de la resolución judicial.

En conclusión, comoquiera que el escrito presentado por la UGPP no
contiene argumentos conducentes a desvirtuar las consideraciones que
fundamentan el fallo de primera instancia, la Sala está impedida para
realizar un examen de la situación, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley, situación que no se presenta
en este caso, pues no se configura vicio alguno que afecte la legalidad de la
decisión objeto de apelación, que imponga tal deber. […] (negrillas por fuera del texto
original).

24. Como se puede apreciar de la cita previamente transcrita, el fundamento de la
decisión de segunda instancia proferida por la Subsección accionada dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número
25000-23-42-000-2013-04619-02, no radicó en considerar que el régimen pensional

13

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03106-00
Accionante: UGPP

aplicable a la situación particular de la señora Castillo de Castro estaba exento de los
topes máximos de las mesadas pensionales, sino que se sustentó en el hecho
consistente en que el recurso de apelación interpuesto por la entidad aquí actora no
controvertía las consideraciones consignadas en el fallo apelado.

25. De allí que se advierte que los argumentos consignados por la parte accionante
para acreditar la presunta vulneración de sus derechos fundamentales no están
dirigidos a controvertir el contenido decisional de la providencia que le puso fin a la
litis, esto es, la proferida el 27 de enero de 2022, por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 25000-23-42-000-2013-04619-02.

26. Es por lo anterior razón que esta Sala considera que la presente acción de tutela
deviene improcedente, por cuanto no satisface con el requisito general de
procedibilidad contenido en el literal e) de la sentencia C-590 de 2005 dictada por
la Corte Constitucional, en tanto que la Subsección accionada no contó con la
oportunidad para pronunciarse en sede contenciosa respecto de los argumentos
que se exponen en el escrito de tutela.

27. Atal conclusión se llega teniendo en cuenta que era deber de la entidad
accionante plantear en el recurso de apelación los argumentos que propone en sede
de tutela, pues no resulta lógico que el juez constitucional efectué un análisis o
estudio sobre aspectos que no fueron objeto de pronunciamiento por parte del juez
natural, máxime cuando el mecanismo de amparo no puede sustituir ni revivir etapas
procesales previamente vencidas, pues ello implicaría reemplazar al juez natural del
proceso.

28. Portodos los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala de Decisión
declarará improcedente la solicitud de amparo de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la UGPP,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley
No. 2591 de 1991.

14

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03106-00
Accionante: UGPP

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
P (18)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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