Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03114-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03114-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03114-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
14 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03114-01
Referencia: Acción de tutela
ACTORA: PAULA GAVIRIA BETANCUR
TESIS: SE REVOCA EL FALLO IMPUGNADO QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD Y, EN SU LUGAR, CONCEDE EL
AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA
INCURRIÓ EN DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL
SOBRE LA FINALIDAD DEL INCIDENTE DE DESACATO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA,
AL BUEN NOMBRE Y AL PATRIMONIO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo
presentado por el Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, esta
Sala procede a decidir la impugnación presentada por la actora contra
la sentencia de 5 de agosto de 2022, proferida por la Sección Tercera
-Subsección “C”- del Consejo de Estado1 que declaró improcedente
la solicitud de amparo.
1 En adelante Sección Tercera.
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ACTORA: PAULA GAVIRIA BETANCUR
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La señora PAULA GAVIRIA BETANCUR, actuando en nombre
propio y en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva, al buen nombre y al patrimonio,
los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO2 y la SECCIÓN QUINTA DEL
CONSEJO DE ESTADO3, al proferir la providencia de 19 de abril de
2022, dentro del incidente de desacato identificado con el número
único de radicación 08001-23-33-002-2015-00125-00.
I.2.- Hechos
Refirió que la señora LUZ ELENA PÁJARO VARGAS promovió acción
de cumplimiento contra la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas – UARIV, a fin de que esta entidad acatara lo
2
En adelante el Tribunal.
3 En adelante la Sección Quinta.
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previsto en el artículo 119 del Decreto Reglamentario 4800 de 20 de
diciembre de 20114, relativo a la separación del núcleo familiar al que
pertenecía como beneficiaria de la ayuda humanitaria por
desplazamiento forzado.
Sostuvo que la demanda le correspondió al Tribunal que, en
sentencia de 2 de junio de 2015, ordenó a la UARIV iniciar el trámite
administrativo correspondiente a la división del grupo familiar al cual
se encuentra vinculada la señora LUZ ELENA PÁJARO VARGAS,
para lo cual dio un término máximo de 5 días, de la siguiente manera:
“[…] Ordenar a la dirección Nacional de la unidad de atención y
reparación integral a las víctimas, por conducto de su
representante legal o quién haga sus veces, que en el término
máximo e improrrogable de cinco(5) días, proceda dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 119 del decreto 4800 de
2011, pendiente a iniciar el trámite administrativo correspondiente
a la división del grupo familiar al cual se encuentra vinculada a la
señora Luz Elena pájaro Vargas, identificada con cédula de
ciudadanía número 10 48284 816 expedida en el municipio de
malambo( Atlántico) […]”.
Indicó que la señora LUZ ELENA PÁJARO VARGAS, a fin de buscar
el cumplimiento de la anterior orden, promovió incidente de desacato
en contra de la UARIV, el cual fue conocido por el Tribunal que, en
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Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones”.
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auto de 29 de septiembre de 2015, ordenó dar apertura al incidente
y corrió traslado a las partes.
Relató que el Tribunal mediante providencia de 21 de abril de 2016,
declaró que en su calidad de Directora Nacional de la UARIV incurrió
en desacato de las órdenes impartidas en el fallo de 2 de junio de
2015 y la sancionó con multa equivalente a 5 SMLMV.
Sostuvo que el grado jurisdiccional de consulta correspondió a la
Sección Quinta que, en providencia de 8 de junio de 2016, confirmó
la sanción impuesta en su contra, pese a que hasta el 2 de junio de
esa anualidad ocupó el cargo de directora de la UARIV y también
exhortó al Director Nacional para ese momento, para que cumpliera
lo ordenado en el fallo de 2 de junio de 2015.
Indicó que la UARIV solicitó que se revocara la sanción impuesta,
toda vez que, a su juicio, dio cumplimiento al fallo, para lo cual se
allegaron las comunicaciones identificadas con los números de
radicación 201672025338591 de 26 de mayo y 20166020238431 de
7 de julio de 2016, por medio de las cuales se resolvió la solicitud de
división de grupo familiar, por lo que como consecuencia de ello su
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grupo familiar quedó conformado por la señora LUZ ELENA PÁJARO
VARGAS, en calidad de madre cabeza de familia y sus hijos.
Adujo que la anterior petición fue resuelta por el Tribunal mediante
auto de 10 de noviembre de 2016, por medio del cual declaró que no
era procedente acceder a ello y, por tanto, no era posible inaplicar la
sanción por desacato.
Informó que interpuso dos acciones de tutela en contra del Tribunal
y la Sección Quinta, con el fin de solicitar un nuevo pronunciamiento
respecto a la inaplicación de la sanción, las cuales fueron denegadas
y en ninguna de ellas se discutieron los argumentos, hechos, y
manifestaciones contenidas en la presente solicitud de amparo.
Sostuvo que, la primera de estas fue identificada con el número único
de radicación 11001-03-15-000-2017-01343-00 y fue conocida por
la Sección Primera del Consejo de Estado que, en sentencia de 6 de
octubre de 2017, declaró improcedente la solicitud de amparo por
incumplimiento del requisito de inmediatez, decisión confirmara por
la Sección Segunda -Subsección “B”- del Consejo de Estado en
sentencia de 12 de febrero de 2018.
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Puso de presente que a la segunda se le asignó el número único de
radicación 11001-03-15-000-2021-00054-00 y correspondió a la
Sección Cuarta del Consejo de Estado que, en sentencia de 18 de
febrero de 2021 declaró improcedente la solicitud por temeridad de
la acción, lo cual fue modificado por la Sección Tercera -Subsección
“B”- del Consejo de Estado en sentencia de 9 de abril de 2021, en el
sentido de declarar la cosa juzgada constitucional.
Refirió que la UARIV presentó varias solicitudes de inaplicación de la
sanción ante el Tribunal, autoridad que resolvió en cada una de estas
estarse a lo resuelto en la providencia de 10 de noviembre de 2016,
pues ya existía pronunciamiento sobre el particular.
Indicó que fue requerida por la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Barranquilla, a fin de hacerla parte dentro del proceso de
cobro coactivo identificado con el número único de radicación 80011-
290-000-2018-00121-00 iniciado con el objeto de que pagara la
sanción impuesta dentro del incidente de desacato, razón por la que
presentó petición ante el Tribunal para que se decretara la pérdida
de fuerza de ejecutoria de la providencia de 8 de junio de 2016,
proferida por la Sección Quinta dentro del trámite incidental y, en su
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lugar, informara a la Administración Judicial de Barranquilla que la
orden ya había sido cumplida por lo que no había lugar a la sanción,
solicitud denegada a través de auto de 19 de abril de 2022.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales invocados al mantener incólume la sanción
impuesta bajo el argumento de que a pesar de que ya se acreditó el
cumplimiento del fallo, el mismo se efectuó con posterioridad al auto
que decidió el incidente de desacato, por medio del cual se impuso
sanción, lo cual resulta contrario a derecho.
Destacó que la finalidad que persigue el incidente de desacato, de
conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional, es lograr el
cumplimiento efectivo de la orden de amparo tendiente a ser
ejecutada, por lo que si bien una de las consecuencias derivadas del
trámite incidental es la imposición de la sanción, no se persigue
reprender al renuente por el peso de la sanción en sí misma, sino
que debe entenderse como una forma para inducir al cumplimiento
de la orden.
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Advirtió que de conformidad con lo expuesto por la Corte
Constitucional en sentencia SU-034 de 2018, cuando la sanción se
ha impuesto e incluso ha sido confirmada por el superior en sede de
consulta, es procedente su levantamiento si se acredita el
cumplimiento del fallo, toda vez que la finalidad del desacato es la
de persuadir al acatamiento de la orden y no la sanción en si misma,
posición que ha sido acogida por el Consejo de Estado en varias
oportunidades.
Resaltó que el Tribunal pasó por alto que la sanción impuesta perdió
obligatoriedad, en la medida que no puede ser ejecutada, pues desde
el 2 de junio de 2016 no es la funcionaria competente para acreditar
el cumplimiento del fallo judicial, además, la orden judicial ya fue
cumplida.
Arguyó que se cumple con el requisito de inmediatez, en la medida
que a la fecha continúa la vulneración a sus derechos fundamentales,
pues se encuentra a la espera de un pronunciamiento de fondo,
máxime cuando el último pronunciamiento se emitió el 19 de abril de
2022.
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I.4.- Pretensiones
La actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia:
“[…] solicito se revoque la decisión del 19 de abril de 2022,
emitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico Sala de
Decisión Oral – Sección B, y en su lugar, se ordene bien sea al
Tribunal Administrativo del Atlántico Sala de Decisión Oral –
Sección B y/o al Consejo de Estado a emitir pronunciamiento de
fondo, claro, congruente y acorde a los argumentos, hechos,
pruebas y manifestaciones contenidas en la solicitud del día 09
de marzo de 2022 debidamente ajustada a derecho […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El Tribunal refirió que la solicitud de amparo resulta
improcedente, comoquiera que la actora no precisó los hechos que
ocasionaron la vulneración de los derechos fundamentales alegados,
además, las pretensiones presentadas dentro de la acción de tutela
identificada con el número único de radicación 11001-03-15-000-
2021-00054-01 son semejantes a las del presente trámite
constitucional, configurándose así el fenómeno de la cosa juzgada.
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Sostuvo que en la medida que la sentencia proferida dentro de la
acción de cumplimiento fue emitida cuando la actora fungía como
directora de la UARIV, correspondía a esta cumplir con lo ordenado,
máxime cuando la entidad condenada se limitó a guardar silencio y
sólo hasta cuando se impuso la sanción por desacato solicitó que la
misma fuera inaplicada.
I.5.2.- La Sección Quinta pese a haber sido notificada en debida
forma del presente trámite constitucional, guardó silencio.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- La UARIV luego de rendir informe del trámite surtido en el
asunto, solicitó que se acceda al amparo solicitado, en la medida que
la orden impartida en la acción de cumplimiento ya fue cumplida, por
lo que la sanción debía inaplicarse.
I.6.2.- La señora LUZ ELENA PÁJARO VARGAS, vinculada como
tercera con interés directo en las resultas de la presente acción, pese
a ser notificada en debida forma, guardó silencio.
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II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Sección Tercera, mediante sentencia de 5 de agosto de 2022,
declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que el
fundamento de la acción de tutela no refleja la vulneración de los
derechos fundamentales invocados, toda vez que está encaminada a
que se revise nuevamente su argumentación, sin tener en cuenta el
análisis del Tribunal, por lo que consideró que carece del requisito de
la relevancia constitucional, pues no cuestionó las consideraciones
expuestas por la autoridad judicial accionada, sino que fue
presentada de la misma forma en la que fue planteada la petición de
9 de marzo del 2022, con el fin de que el juez constitucional adopte
una interpretación distinta de la aplicación de la norma.
En cuanto a la sentencia presuntamente desconocida, arguyó que la
Corte Constitucional en dicha providencia no estableció una regla
jurisprudencial respecto de los casos en los que se deben inaplicar
las sanciones impuestas en incidentes de desacato, así como
tampoco dispuso el deber en cabeza de los jueces de levantar las
sanciones una vez se verifique el cumplimiento, sino que por el
contrario, dicha providencia reiteró los criterios que se deben tener
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en cuenta en trámites de esa naturaleza para verificar el acatamiento
del fallo, por lo que tal inconformidad también carece de relevancia
constitucional, en la medida que la carga argumentativa corresponde
a la interpretación y al criterio de la actora, sobre cómo debía ser
resuelta su petición de inaplicación de la sanción.
Por lo anterior, estimó que la acción de tutela de la referencia carece
del requisito de la relevancia constitucional, pues del escrito de tutela
se observa que más allá de presentar una situación de vulneración
de los derechos fundamentales invocados, se pretende reabrir un
debate que ya fue resuelto por los jueces de la acción de
cumplimiento, como si este mecanismo constitucional fuera una
instancia adicional, lo cual no resulta de recibo.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La actora presentó escrito de impugnación, el cual sustentó en los
siguientes términos:
Luego de reiterar los argumentos expuestos en el escrito de tutela,
sostuvo que el a quo no realizó un análisis objetivo de los hechos y
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pretensiones contenidos en la acción de tutela, pues si bien existen
unos requisitos para que proceda la acción de tutela contra
providencias judiciales, también lo es que no se puede anteponer las
formas a la vulneración denunciada, valiéndose de argumentos
forzados para omitir estudiar la gravedad del asunto puesto a
consideración.
Adujo que, contrario a lo advertido por el a quo, no pretende revivir
una instancia legal o crear una nueva, sino que se ordene a la
autoridad judicial accionada realizar un análisis debidamente
coherente, argumentado y sustentado para denegar o aceptar su
solicitud, pues hasta el momento no lo ha efectuado, por lo que no
comparte las razones dispuestas por la Sección Tercera para declarar
la improcedencia de la presente acción.
Reiteró que hasta la fecha no subsisten los requisitos necesarios que
dan lugar a la imposición de la sanción, comoquiera que el fallo se
encuentra debidamente cumplido y, además, no es la funcionaria
competente en el asunto, pues a la fecha no es parte de la UARIV,
por lo que desconoce los fundamentos legales y jurisprudenciales
para que la autoridad accionada mantenga la sanción.
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Refirió que las pretensiones de la acción de tutela están encaminadas
únicamente a que se deje sin efectos la decisión de 19 de abril de
2022, pues en la misma no se tomó una decisión de fondo, ya que
simplemente se limitó a repetir las consideraciones del auto que
antecedió, sin ofrecer argumentos válidos para mantener la sanción.
Ahora, en cuanto al precedente judicial desconocido, reiteró que la
sentencia SU-034 de 2018 corresponde a una sentencia de
unificación jurisprudencial, lo cual resulta vinculante para todos los
jueces, los cuales están obligados a argumentar con razones de
hecho y de derecho las circunstancias por las cuales se apartan de
dicha vertiente, so pena de existir una omisión del deber que les
asiste.
Así las cosas, solicitó que se revoque la decisión de la Sección Tercera
y, en su lugar, se acceda al amparo solicitado.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
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La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
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perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
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selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
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i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
De la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
dictadas dentro del trámite incidental
La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela
contra providencias que resuelven incidentes de desacato o
solicitudes de cumplimiento es procedente únicamente de manera
excepcional, “siempre que se cumplan los requisitos de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, se
constate una vulneración o una amenaza a los derechos
fundamentales del sancionado”5.
Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha establecido algunos
requisitos formales y materiales que se deben tener presentes al
momento de hacer el examen de procedibilidad. Así, en sentencia
SU- 034 de 20186, esa Corporación señaló:
«[…] [P]ara enervar mediante acción de tutela la providencia
que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se
reúnan los siguientes requisitos:
i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre
ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente
5 Cfr. Sentencia T-325 de 2015.
6 M.P. Alberto Rojas Ríos.
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si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado
jurisdiccional de consulta, si es del caso–.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente,
por lo menos, la configuración una de las causales específicas
(defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben
ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del
incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a
colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el
incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas
que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y
que el juez no tenía que practicar de oficio […]».
Caso concreto
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se
deje sin efecto la providencia de 19 de abril de 2022, proferida
por el Tribunal, dentro del incidente de desacato identificado con el
número único de radicación 2015-00125-00.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de sus derechos
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela
judicial efectiva, al patrimonio y al buen nombre, por estimar que se
incurrió en desconocimiento del precedente judicial de la sentencia
de unificación SU-034 de 2018, en la medida que se abstuvo de
levantar la sanción, pese a que se demostró que se dio cabal
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cumplimiento al fallo de la acción de cumplimiento, además, que ya
no es la directora de la UARIV, por lo que la entidad omitió dar
razones válidas y de fondo para no acceder a la petición de
levantamiento de la sanción.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
Sección Tercera que, mediante sentencia de 5 de agosto de 2022,
declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar que no se
cumplió con el requisito de la relevancia constitucional.
Inconforme con lo anterior, la actora impugnó la decisión del a quo,
para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela,
además, arguyó que, contrario a lo advertido por la Sección Tercera,
sí se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, pues lo
pretendido no es crear una instancia adicional en el asunto, sino que
se ordene a la autoridad judicial accionada dar una respuesta de
fondo y acorde con los parámetros constitucionales dispuestos para
el caso concreto.
En este punto es del caso destacar que aun cuando la actora dirige
la acción de tutela contra el Tribunal y la Sección Quinta, lo cierto es
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que los reparos e inconformidades se dirigen exclusivamente a dejar
sin efectos la providencia de 19 de abril de 2022, por lo que la Sala
circunscribirá el análisis de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados al proveído proferido por el Tribunal.
Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial dictada dentro del trámite incidental y, de
ser así, ii) determinar si el Tribunal incurrió en desconocimiento del
precedente judicial, al proferir el auto de 19 de abril de 2022, dentro
del incidente de desacato identificado con el número único de
radicación 2015-00125-00.
De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la
Sala examinará si en el presente caso se cumplen los requisitos de
procedencia exigidos por la jurisprudencia, esto es, si (i) la decisión
cuestionada se encuentra ejecutoriada; (ii) los argumentos de la
parte actora son consistentes con lo planteado en el trámite de los
incidentes de desacato; y (iii) se acreditan los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
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además de que se alega la configuración de alguna causal específica.
(i) La decisión dictada en el trámite de desacato se
encuentra ejecutoriada
En el caso sub lite el auto de 8 de junio de 2016, por medio del cual
la Sección Quinta confirmó la sanción impuesta por el Tribunal, se
encuentra ejecutoriado, por lo que este requisito se encuentra
cumplido.
(i) Los argumentos de la parte actora son consistentes
con lo planteado en el trámite de los incidentes de
desacato, en tanto a) no trajo a colación
alegaciones nuevas y b) no solicitó nuevas
pruebas.
La actora alega que la orden emitida dentro de la acción de
cumplimiento fue cumplida en los términos señalados en la sentencia
de 2 de junio de 2015 y, además, que ha solicitado reiteradamente
que no se aplique la sanción por desacato impuesta por el Tribunal.
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Lo anterior es consistente con lo alegado durante el trámite
incidental, por lo cual la Sala estima que se cumplen los requisitos
para la procedencia de la acción de tutela.
(ii) Se acreditan los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales y se alega la configuración
de al menos una de las causales específicas
(defectos)
Procede la Sala a verificar el cumplimiento de los requisitos generales
y causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, conforme a lo dispuesto en la sentencia C-
590 de 2005 y a la jurisprudencia vigente sobre la materia.
Se observa que la solicitud de amparo plantea un asunto de
relevancia constitucional, fundamentado en los presuntos yerros en
que incurrió la providencia que resolvió denegar la solicitud de
inaplicación de la sanción, incurriendo en desconocimiento del
precedente judicial en la materia; la parte actora identifica los hechos
y derechos que estima lesionados; contra la decisión cuestionada la
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ley no prevé un trámite para su impugnación, por lo que se encuentra
suficientemente acreditado el requisito de subsidiariedad; la acción
de tutela se interpuso en un plazo razonable7; y la solicitud no se
dirige contra una sentencia de tutela.
Verificado lo anterior, corresponde determinar si la autoridad judicial
accionada incurrió en el yerro endilgado por la parte actora.
Del desconocimiento del precedente judicial
En lo que respecta a este defecto se ha determinado que de acuerdo
con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución
Política, el poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces
en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta
regla general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que
encuentra sus límites en la realización de otros valores
constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia
constitucional.
7 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero
ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
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En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional
puntualizó:
“Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca el
respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la Carta),
que supone no solamente la igualdad ante la ley sino también
de trato por parte de las autoridades y concretamente igualdad
en la interpretación y aplicación de la ley por las autoridades
judiciales, garantizándose de esta forma la seguridad jurídica y
con ella la certeza de la comunidad respecto a la forma en la
que se van a decidir los casos iguales. Como resultado de lo
anterior, surge como límite a la autonomía e independencia de
los Jueces el respeto por el precedente8”.
De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte
Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente
constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando
la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En
especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa
Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está
vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la
igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que
su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos
fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial9.
8 Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de
2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de
la Corte Constitucional.
9 Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
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No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha
admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio
precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y
cuando se sustenten debidamente las razones de su posición
(principio de razón suficiente)10.
Descendiendo al caso concreto y con el fin de resolver el problema
jurídico planteado, es necesario hacer un recuento de las actuaciones
surtidas dentro del trámite incidental objeto de estudio:
• La señora LUZ ELENA PÁJARO VARGAS, al estimar que la
UARIV no dio cumplimiento al fallo de 2 de junio de 2015, por
medio del cual el Tribunal ordenó iniciar el trámite
administrativo correspondiente a la división del grupo familiar
al cual se encontraba vinculada la actora, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 119 del Decreto 4800 de 2011,
promovió incidente de desacato.
10 Ver sentencia T-292 de 2006.
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• El Tribunal mediante auto de 29 de septiembre de 2015, dio
apertura al incidente de desacato y a través de proveído de 21
de abril de 2016 le impuso sanción de 5 SMLMV a la señora
PAULA GAVIRIA BETANCUR, en calidad de Directora de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas de la UARIV,
decisión que fue confirmada por la Sección Quinta, en
providencia de 8 de junio de 2016.
• La UARIV mediante memorial presentado el 4 de noviembre de
2016 ante el Tribunal, solicitó que se declarara el cumplimiento
del fallo de 2 de junio de 2015 y revocara la sanción, petición
que fue reiterada el 8 de julio siguiente.
• A través de auto de 10 de noviembre de 2016, el Tribunal
resolvió no acceder a lo anterior, en el sentido que no era
procedente inaplicar la sanción impuesta en el trámite
incidental.
• La Directora de Registro y Gestión de Información y el Director
Técnico de Gestión Social Humanitaria (e) de la UARIV,
conjuntamente, radicaron memoriales el 28 de noviembre y el
2 de diciembre de 2016 ante el Tribunal, por medio de los
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cuales presentaron reconsideración de la solicitud de
inaplicación de la sanción, los cuales fueron resueltos por la
autoridad judicial accionada en auto de 27 de enero de 2017,
en el que resolvió estarse a lo dispuesto en el auto de 10 de
noviembre de 2016.
• Mediante escrito de 3 de febrero de 2017, la Directora de
Registro y Gestión de Información, el Director Técnico de
Gestión Social Humanitaria (e) y el Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica de la UARIV presentaron escrito ante el Tribunal, a fin
de reiterar la solicitud de inaplicación de la sanción, la cual fue
resuelta de forma negativa en auto de 13 de marzo de 2017.
• La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura, a través de Resolución núm. 001 de
19 de febrero de 2018, libró mandamiento de pago en contra
de la señora PAULA GAVIRIA BETANCUR, por la sanción
impuesta.
• El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la UARIV presentó
memorial el 12 de agosto de 2019 ante el Tribunal, reiterando
solicitud de inaplicación de la sanción, por lo que la autoridad
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judicial accionada en auto de 20 de agosto de esa misma
anualidad dispuso estarse a lo resuelto en proveído de 10 de
noviembre de 2016.
• Mediante memorial de 7 de noviembre de 2019, el Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica de la UARIV presentó petición, en la
cual solicitó aplicación de la sentencia SU-034 de 2018, la cual
fue resuelta por el Tribunal en auto de 13 de noviembre de
2019, en la cual resolvió, nuevamente, estarse a lo resuelto en
auto de 10 de noviembre de 2016.
• En escrito de 20 de agosto de 2020, el Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica de la UARIV insistió en sus peticiones, por lo
que el Tribunal en proveído de 20 de noviembre de 2020
dispuso estarse a lo resuelto en auto de 10 de noviembre de
2016.
• La actora mediante petición de 4 de octubre de 2021, solicitó
al Tribunal inaplicación de la sanción, en la que informó
respecto de la inejecutabilidad de la misma por carencia actual
de objeto, con ocasión del cumplimiento de la orden judicial,
petición que resolvió el Tribunal en auto de 24 de noviembre
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de 2021, en la que reiteró la respuesta dada en la anterior
solicitud.
• Finalmente, la señora GAVIRIA BETANCUR el 9 de marzo de
2022 radicó ante el Tribunal solicitud de reconsideración de la
anterior decisión, en la que arguyó que al momento de ser
consultada la sanción ya no fungía como directora de la UARIV,
además, que ya se había dado cumplimiento al fallo, por lo que
se configuraba la carencia actual de objeto por hecho
superado.
• Frente a lo anterior, el Tribunal en auto de 19 de abril de 2022,
resolvió; “[…] comunicar a la señora PAULA GAVIRIA
BETANCUR, que debe estarse a lo dispuesto en el auto del 10
de noviembre de 2016 […]”, de la siguiente manera:
“[…] Se reitera a la solicitante, que el trámite incidental concluyó Y
ESTA CORPORACIÓN NO PUEDE EMITIR NUEVOS
PRONUNCIAMIENTOS CON RESPECTO A LA SANCIÓN IMPUESTA.
Cualquier inconformidad o discusión sobre el contenido de la misma
debió hacerse ante la Sección Quinta, Sala de lo Contencioso
Administrativo del Honorable Consejo de Estado, quien, a través de
providencia de 8 de junio de 2016, resolvió:
[…]
Ahora, si en gracia de discusión se entrara a estudiar lo establecido
en el Acuerdo No. PSAA10-6979 de junio 18 de 2010 señalado por
la señora Paula Gaviria Betancur, se observa lo siguiente:
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1- La decisión que pretende desvirtuar la señora Paula Gaviria
Betancur, quedó ejecutoriada desde el día 26 de octubre de 2016.
2- El Acuerdo No. PSAA10-6979 de junio 18 de 2010, fue publicado,
en la gaceta de la Judicatura el día 18 de junio de 2010, y dicho
acuerdo, en ninguno de sus artículos exime del pago de las
sanciones impuestas dentro de un trámite incidental, por el
contrario, lo que señala es la manera como las Direcciones
Ejecutivas de Administración Judicial – Oficina de Cobro Coactivo
deben ejecutar a los sancionados para el pago de las multas
impuestas.
Por lo tanto, se comunicará a la señora PAULA GAVIRIA BETANCUR,
que debe estarse a lo dispuesto en auto de 10 de noviembre de 2016
que ordenó:
“1. Declarar que no es procedente acceder a lo solicitado por la
Subdirectora de Registro y Gestión de la Información, señora Gladys
Celeide Prada Pardo y al Director Tpecnico de Gestión Social y
Humanitaria (e), señor Ramón Alberto Rodríguez Andrade, en el
sentido de inaplicar la sanción impuesta en providencia de 21 de abril
de 2016 por este Tribunal y confirmada por el Honorable Consejo de
Estado mediante proveído fechado 8 de junio de 2016 […]”.
En el caso concreto, la actora alega que el Tribunal incurrió en
desconocimiento del precedente judicial de la sentencia de
unificación SU-034 de 3 de mayo de 201811, por cuanto no resulta
válido denegar el levantamiento de la sanción argumentando que la
misma se encuentra en firme, máxime cuando se ha demostrado que
se dio cabal cumplimiento al fallo de tutela.
A efectos de dilucidar la controversia planteada, la Sala considera
11 Corte Constitucional. M.P. Alberto Rojas Ríos.
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necesario referirse a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de
esta Corporación relacionada con la inaplicación de la sanción
impuesta dentro del trámite del incidente de desacato.
La Jurisprudencia constitucional ha precisado que la finalidad del
incidente de desacato no es la imposición de una sanción en sí
misma, sino que debe considerarse como una de las formas de
buscar el cumplimiento de la respectiva sentencia. Por tanto, pese a
que el incidente de desacato puede concluir con la imposición de una
sanción, su propósito ulterior, antes que imponerla, radica en
alcanzar el cumplimiento de la orden impartida por el juez de
amparo.
Sobre este asunto, la Corte Constitucional, en sentencia T-421 de
2003, indicó:
«[…] la imposición de una sanción dentro del incidente puede
implicar que al accionado se persuada o no del cumplimiento de
una sentencia. En efecto, en caso de que se inicie el incidente
de desacato y el accionado, reconociendo que se ha desacatado
lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanción,
deberá acatar la sentencia.
En caso de que se haya adelantado todo el trámite y
resuelto sancionar por desacato, para que la sanción no
se haga efectiva, el renuente a cumplir podrá evitar ser
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sancionado acatando […]». (Negrillas de la Sala)
La anterior postura ha sido reiterada de manera pacífica por la Corte
Constitucional, entre otras, en sentencias T-171-09; T-652-10, T-
512-11, T-010-12, T-482-13 y SU 034 de 2018.
Por su parte, esta Sección, en sentencia de 24 de septiembre de
201512, se refirió a la finalidad del incidente de desacato en los
siguientes términos:
“[…] Para la Sala resulta forzoso rectificar la postura adoptada
mediante el auto de 11 de julio de 2013, dictado en el expediente
núm. 2012-00364, para, en su lugar, retomar el criterio
Jurisprudencial de antaño frente a la finalidad y carácter
persuasivo del incidente de desacato, que permite lograr
el cumplimiento efectivo del fallo que ampara los
derechos fundamentales, como claramente lo ha
dilucidado la Jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Ello, por cuanto no existe razón alguna que justifique mantener
una sanción por desacato contra quien ha sido persuadido por la
misma y ha procedido a cumplir la orden tutelar
correspondiente, aun cuando esto se produzca, inclusive, con
posterioridad a la resolución del Grado Jurisdiccional de
Consulta […]”. (Destacado fuera del texto).
Así las cosas, si hay cumplimiento íntegro a la orden impartida por el
juez constitucional, la imposición de la multa y el arresto carece de
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
24 de septiembre de 2015, Exp. No. 11001-03-15-000-2015-00542-01(AC), C. P. María
Elizabeth García González.
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objeto, aunque haya culminado el grado jurisdiccional de consulta.
Sobre el particular, la Corte en la sentencia SU-034 de 2018, la cual
la actora invoca como desconocida, sostuvo:
“[…] Acerca de la finalidad que persigue el incidente de desacato,
la postura que de vieja data ha acogido la Sala Plena de esta
Corte y que se ha mantenido es que, si bien una de las
consecuencias derivadas de este trámite incidental es la
imposición de sanciones por la desobediencia frente a la
sentencia, su auténtico propósito es lograr el cumplimiento
efectivo de la orden de tutela pendiente de ser
ejecutada13; de suerte que no se persigue reprender al
renuente por el peso de la sanción en sí misma14, sino que
ésta debe entenderse como una forma para inducir que aquel
encauce su conducta hacia el cumplimiento, a través de una
medida de reconvención cuyo objetivo no es otro que auspiciar
la eficacia de la acción impetrada y, con ella, la reivindicación de
los derechos quebrantados15.
En consecuencia, cuando en el curso del incidente de desacato
el accionado se persuade a cumplir la orden de tutela, no hay
lugar a la imposición y/o aplicación de la sanción.
(…)
Por otro lado, el juzgado mal podía negar el levantamiento
de las sanciones con argumentos como que las mismas se
encontraban en firme y que el desacato es un dispositivo
para castigar al renuente, pues ello desconoce la doctrina
desarrollada de forma pacífica por esta Corte en cuanto a
13 Sentencias C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz y C-367 de 2014, M.P: Mauricio
González Cuervo
14 Sentencias T-421 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-368 de 2005, M.P.:
Clara Inés Vargas Hernández, T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-171 de 2009,
M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto, T-652 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-
512 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-074 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, T-280A de 2012, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-482 de 2013, M.P.:
Alberto Rojas Ríos, C-367 de 2014, M.P.: Mauricio González Cuervo,
15 Sobre la naturaleza de la sanción por desacato se pronunció la Corte Constitucional en la
sentencia C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz
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que el propósito perseguido por la sanción es conminar al
obligado como medio para garantizar el goce efectivo del
derecho tutelado mediante sentencia, mas no sancionar
por sancionar […]”16. (Negrillas de la Sala)
En la sentencia transcrita, la Corte Constitucional indicó que el
incidente de desacato tiene como objeto lograr el cumplimiento
efectivo de la orden de tutela pendiente de ejecutar, por lo que aun
cuando la desobediencia respecto de la sentencia conlleve
consecuencias como lo es la imposición de sanciones, el trámite
incidental no pretende castigar al renuente, sino inducir al
cumplimiento de la orden a través de una medida de reconvención.
En ese orden de ideas, el Alto Tribunal Constitucional dispuso que
negar el levantamiento de la sanción, argumentando que la misma
se encuentra en firme, desconoce los pronunciamientos que
reiteradamente ha emitido esa Corte, en la medida en que la finalidad
de la sanción no es otra que conminar al obligado a garantizar el goce
efectivo del derecho tutelado.
Las razones expuestas en precedencia llevan a la Sala a considerar
que la autoridad judicial accionada no acogió las pautas que la
16 Corte Constitucional, sentencia SU-034 del 3 de mayo de 2018, C.P. Alberto Rojas Ríos.
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jurisprudencia constitucional ha avalado en cuanto a la finalidad del
incidente de desacato, toda vez que denegó la solicitud de
levantamiento de la sanción, limitándose a indicar que la misma se
encontraba debidamente ejecutoriada y, por tanto, las órdenes allí
impuestas eran de obligatorio cumplimiento, absteniéndose de esta
forma de analizar el fondo del asunto, a fin de verificar el
cumplimiento de la orden de 2 de junio de 2015.
De ahí la importancia de que la autoridad judicial accionada se
detenga a revisar si, en efecto, la UARIV dio cabal cumplimiento al
fallo de tutela, tal como lo esgrime la actora, aplicando los criterios
expuestos por la jurisprudencia constitucional respecto de la finalidad
perseguida con el incidente de desacato.
Es preciso traer a colación la providencia de 16 de agosto de 201817,
en la que esta Corporación, en un caso de similares presupuestos,
indicó:
“[…]La Unidad para las Víctimas, a través de su representante
legal, solicitó la inaplicación de la sanción impuesta al señor Ramón
Alberto Rodríguez Andrade, con fundamento en los
pronunciamientos que en la materia ha reiterado la Corte
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de
16 de agosto de 2018, C.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación núm: 11001-03-15-000-
2018-02048-00.
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Constitucional e incluso el Consejo de Estado, en el sentido de
que el fin del incidente de desacato no es la sanción en sí
misma, sino lograr el cumplimiento de la orden dictada en
sede constitucional.
Con auto de fecha 22 de febrero de 2018, el Juzgado cuestionado
resolvió denegar dicha solicitud, en consideración a que en sede
del grado jurisdiccional de consulta el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en providencia de 16 de enero de 2017 decidió modificar
la sanción de 5 a 1 salario mínimo legal mensual vigente, y que en
virtud de ello, se debía atener a lo resuelto por el superior, toda
vez que dicha decisión se encontraba en firme. […]
En ese orden de cosas, a la luz de los postulados constitucionales
y de la nueva evidencia que demuestre el posterior cumplimiento
por parte de la entidad tutelada, se impone que el conductor del
trámite incidental, a estas alturas, declare la inaplicación de la
sanción, aun cuando su imposición hubiese estado justificada; y
de tal suerte, así lo haga saber a los encargados de su ejecución.
Ello se explica también en que el desacato es un instrumento
persuasivo para el cumplimiento de la orden de amparo,
mas no una herramienta de carácter punitivo, por tanto, al
desaparecer los supuestos que dieron lugar a ella, resulta
incoherente mantener la vigencia de sus efectos en el orden
jurídico18 […]”. (Resaltado fuera del texto original).
Conforme con lo expuesto en precedencia por la jurisprudencia
constitucional, la Sala resalta que no resulta de tal validez denegar
el levantamiento de la sanción argumentando que la misma se
encuentra en firme, dado que el desacato no es un dispositivo para
castigar al renuente, sino para conminarlo a dar cumplimiento
efectivo al derecho tutelado mediante la sentencia de tutela, por lo
que usar el incidente de desacato como un instrumento sancionador,
18 Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-421 de 2003 y T010 de 2012.
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desconocería su finalidad.
Así las cosas, la Sala considera que el Tribunal incurrió en
desconocimiento del precedente judicial, al dejar de aplicar los
criterios expuestos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y
de esta Corporación, relacionados con la inaplicación de la sanción
impuesta dentro del trámite del incidente de desacato, al abstenerse
de analizar de fondo las solicitudes elevadas por la UARIV, bajo el
argumento de que la decisión ya se encontraba debidamente
ejecutoriada, por lo que al no haberse demostrado en su debida
oportunidad el cumplimiento del fallo de tutela no era posible evitar
la sanción impuesta.
Tal postura resulta contraria al criterio jurisprudencial analizado,
pues, como se vio, lo procedente era examinar las solicitudes de
levantamiento de la sanción elevadas por la UARIV, bajo la óptica de
la finalidad y carácter persuasivo del incidente de desacato, para, de
esta manera, concluir que no existe razón alguna que justifique
mantener una sanción por desacato contra quien ha sido persuadido
por la misma y ha procedido a cumplir la orden tutelar
correspondiente, aun cuando esto se produzca, inclusive, con
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posterioridad a la resolución del grado jurisdiccional de consulta.
Así las cosas, la Sala revocará la sentencia impugnada y, en su lugar,
amparará los derechos fundamentales invocados, por lo que dejará
sin efectos el auto de 19 de abril de 2022 y ordenará al Tribunal que
en el término de diez (10) días, contado a partir de la notificación de
esta sentencia, profiera una nueva decisión, mediante la cual
resuelva de fondo la solicitud presentada por la señora PAULA
GAVIRIA BETANCUR y verifique si resulta viable levantar la sanción
impuesta a través de providencia de 21 de abril de 2016, de
conformidad con los lineamientos constitucionales expuestos
en precedencia, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada, por las razones
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expuestas en precedencia y, en su lugar:
AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela
judicial efectiva y al buen nombre de la señora PAULA GAVIRIA
BETANCUR, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el proveído de 19 de abril de
2022, proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro
del incidente de desacato identificado con el número único de
radicación 08001-23-33-000-2015-00125-00 y, en consecuencia,
ORDENAR a dicha autoridad judicial que en el término de diez (10)
días, contado a partir de la notificación de esta sentencia, profiera
una decisión de reemplazo mediante la cual resuelva de fondo la
solicitud presentada por la señora PAULA GAVIRIA BETANCUR y
verifique si resulta viable levantar la sanción impuesta a través de
providencia de 21 de abril de 2016, de conformidad con los
lineamientos constitucionales expuestos en precedencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
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QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de diciembre de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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