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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03114-01

Fecha
14 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03114-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada, por las razones Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 41 NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-03114-01 ACTORA: PAULA GAVIRIA BETANCUR expuestas en precedencia y, en su lugar: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y al buen nombre de la señora PAULA GAVIRIA BETANCUR, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el proveído de 19 de abril de 2022, proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del incidente de desacato identificado con el número único de radicación 08001-23-33-000-2015-00125-00 y, en consecuencia, ORDENAR a dicha autoridad judicial que en el término de diez (10) días, contado a partir de la notificación de esta sentencia, profiera una decisión de reemplazo mediante la cual resuelva de fondo la solicitud presentada por la señora PAULA GAVIRIA BETANCUR y verifique si resulta viable levantar la sanción impuesta a través de providencia de 21 de abril de 2016, de conformidad con los lineamientos constitucionales expuestos en precedencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 42 NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-03114-01 ACTORA: PAULA GAVIRIA BETANCUR QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03114-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

14 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03114-01
Referencia: Acción de tutela
ACTORA: PAULA GAVIRIA BETANCUR

TESIS: SE REVOCA EL FALLO IMPUGNADO QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD Y, EN SU LUGAR, CONCEDE EL
AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA
INCURRIÓ EN DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL
SOBRE LA FINALIDAD DEL INCIDENTE DE DESACATO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA,
AL BUEN NOMBRE Y AL PATRIMONIO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo

presentado por el Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, esta

Sala procede a decidir la impugnación presentada por la actora contra

la sentencia de 5 de agosto de 2022, proferida por la Sección Tercera

-Subsección “C”- del Consejo de Estado1 que declaró improcedente

la solicitud de amparo.

1 En adelante Sección Tercera.

2

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ACTORA: PAULA GAVIRIA BETANCUR

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora PAULA GAVIRIA BETANCUR, actuando en nombre

propio y en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de

justicia, a la tutela judicial efectiva, al buen nombre y al patrimonio,

los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO2 y la SECCIÓN QUINTA DEL

CONSEJO DE ESTADO3, al proferir la providencia de 19 de abril de

2022, dentro del incidente de desacato identificado con el número

único de radicación 08001-23-33-002-2015-00125-00.

I.2.- Hechos

Refirió que la señora LUZ ELENA PÁJARO VARGAS promovió acción

de cumplimiento contra la Unidad para la Atención y Reparación

Integral a las Víctimas – UARIV, a fin de que esta entidad acatara lo

2
En adelante el Tribunal.
3 En adelante la Sección Quinta.

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previsto en el artículo 119 del Decreto Reglamentario 4800 de 20 de

diciembre de 20114, relativo a la separación del núcleo familiar al que

pertenecía como beneficiaria de la ayuda humanitaria por

desplazamiento forzado.

Sostuvo que la demanda le correspondió al Tribunal que, en

sentencia de 2 de junio de 2015, ordenó a la UARIV iniciar el trámite

administrativo correspondiente a la división del grupo familiar al cual

se encuentra vinculada la señora LUZ ELENA PÁJARO VARGAS,

para lo cual dio un término máximo de 5 días, de la siguiente manera:

“[…] Ordenar a la dirección Nacional de la unidad de atención y
reparación integral a las víctimas, por conducto de su
representante legal o quién haga sus veces, que en el término
máximo e improrrogable de cinco(5) días, proceda dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 119 del decreto 4800 de
2011, pendiente a iniciar el trámite administrativo correspondiente
a la división del grupo familiar al cual se encuentra vinculada a la
señora Luz Elena pájaro Vargas, identificada con cédula de
ciudadanía número 10 48284 816 expedida en el municipio de
malambo( Atlántico) […]”.

Indicó que la señora LUZ ELENA PÁJARO VARGAS, a fin de buscar

el cumplimiento de la anterior orden, promovió incidente de desacato

en contra de la UARIV, el cual fue conocido por el Tribunal que, en

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Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones”.

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auto de 29 de septiembre de 2015, ordenó dar apertura al incidente

y corrió traslado a las partes.

Relató que el Tribunal mediante providencia de 21 de abril de 2016,

declaró que en su calidad de Directora Nacional de la UARIV incurrió

en desacato de las órdenes impartidas en el fallo de 2 de junio de

2015 y la sancionó con multa equivalente a 5 SMLMV.

Sostuvo que el grado jurisdiccional de consulta correspondió a la

Sección Quinta que, en providencia de 8 de junio de 2016, confirmó

la sanción impuesta en su contra, pese a que hasta el 2 de junio de

esa anualidad ocupó el cargo de directora de la UARIV y también

exhortó al Director Nacional para ese momento, para que cumpliera

lo ordenado en el fallo de 2 de junio de 2015.

Indicó que la UARIV solicitó que se revocara la sanción impuesta,

toda vez que, a su juicio, dio cumplimiento al fallo, para lo cual se

allegaron las comunicaciones identificadas con los números de

radicación 201672025338591 de 26 de mayo y 20166020238431 de

7 de julio de 2016, por medio de las cuales se resolvió la solicitud de

división de grupo familiar, por lo que como consecuencia de ello su

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grupo familiar quedó conformado por la señora LUZ ELENA PÁJARO

VARGAS, en calidad de madre cabeza de familia y sus hijos.

Adujo que la anterior petición fue resuelta por el Tribunal mediante

auto de 10 de noviembre de 2016, por medio del cual declaró que no

era procedente acceder a ello y, por tanto, no era posible inaplicar la

sanción por desacato.

Informó que interpuso dos acciones de tutela en contra del Tribunal

y la Sección Quinta, con el fin de solicitar un nuevo pronunciamiento

respecto a la inaplicación de la sanción, las cuales fueron denegadas

y en ninguna de ellas se discutieron los argumentos, hechos, y

manifestaciones contenidas en la presente solicitud de amparo.

Sostuvo que, la primera de estas fue identificada con el número único

de radicación 11001-03-15-000-2017-01343-00 y fue conocida por

la Sección Primera del Consejo de Estado que, en sentencia de 6 de

octubre de 2017, declaró improcedente la solicitud de amparo por

incumplimiento del requisito de inmediatez, decisión confirmara por

la Sección Segunda -Subsección “B”- del Consejo de Estado en

sentencia de 12 de febrero de 2018.

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Puso de presente que a la segunda se le asignó el número único de

radicación 11001-03-15-000-2021-00054-00 y correspondió a la

Sección Cuarta del Consejo de Estado que, en sentencia de 18 de

febrero de 2021 declaró improcedente la solicitud por temeridad de

la acción, lo cual fue modificado por la Sección Tercera -Subsección

“B”- del Consejo de Estado en sentencia de 9 de abril de 2021, en el

sentido de declarar la cosa juzgada constitucional.

Refirió que la UARIV presentó varias solicitudes de inaplicación de la

sanción ante el Tribunal, autoridad que resolvió en cada una de estas

estarse a lo resuelto en la providencia de 10 de noviembre de 2016,

pues ya existía pronunciamiento sobre el particular.

Indicó que fue requerida por la Dirección Seccional de Administración

Judicial de Barranquilla, a fin de hacerla parte dentro del proceso de

cobro coactivo identificado con el número único de radicación 80011-

290-000-2018-00121-00 iniciado con el objeto de que pagara la

sanción impuesta dentro del incidente de desacato, razón por la que

presentó petición ante el Tribunal para que se decretara la pérdida

de fuerza de ejecutoria de la providencia de 8 de junio de 2016,

proferida por la Sección Quinta dentro del trámite incidental y, en su

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lugar, informara a la Administración Judicial de Barranquilla que la

orden ya había sido cumplida por lo que no había lugar a la sanción,

solicitud denegada a través de auto de 19 de abril de 2022.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada vulneró sus

derechos fundamentales invocados al mantener incólume la sanción

impuesta bajo el argumento de que a pesar de que ya se acreditó el

cumplimiento del fallo, el mismo se efectuó con posterioridad al auto

que decidió el incidente de desacato, por medio del cual se impuso

sanción, lo cual resulta contrario a derecho.

Destacó que la finalidad que persigue el incidente de desacato, de

conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional, es lograr el

cumplimiento efectivo de la orden de amparo tendiente a ser

ejecutada, por lo que si bien una de las consecuencias derivadas del

trámite incidental es la imposición de la sanción, no se persigue

reprender al renuente por el peso de la sanción en sí misma, sino

que debe entenderse como una forma para inducir al cumplimiento

de la orden.

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Advirtió que de conformidad con lo expuesto por la Corte

Constitucional en sentencia SU-034 de 2018, cuando la sanción se

ha impuesto e incluso ha sido confirmada por el superior en sede de

consulta, es procedente su levantamiento si se acredita el

cumplimiento del fallo, toda vez que la finalidad del desacato es la

de persuadir al acatamiento de la orden y no la sanción en si misma,

posición que ha sido acogida por el Consejo de Estado en varias

oportunidades.

Resaltó que el Tribunal pasó por alto que la sanción impuesta perdió

obligatoriedad, en la medida que no puede ser ejecutada, pues desde

el 2 de junio de 2016 no es la funcionaria competente para acreditar

el cumplimiento del fallo judicial, además, la orden judicial ya fue

cumplida.

Arguyó que se cumple con el requisito de inmediatez, en la medida

que a la fecha continúa la vulneración a sus derechos fundamentales,

pues se encuentra a la espera de un pronunciamiento de fondo,

máxime cuando el último pronunciamiento se emitió el 19 de abril de

2022.

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I.4.- Pretensiones

La actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales

invocados y, en consecuencia:

“[…] solicito se revoque la decisión del 19 de abril de 2022,
emitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico Sala de
Decisión Oral – Sección B, y en su lugar, se ordene bien sea al
Tribunal Administrativo del Atlántico Sala de Decisión Oral –
Sección B y/o al Consejo de Estado a emitir pronunciamiento de
fondo, claro, congruente y acorde a los argumentos, hechos,
pruebas y manifestaciones contenidas en la solicitud del día 09
de marzo de 2022 debidamente ajustada a derecho […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El Tribunal refirió que la solicitud de amparo resulta

improcedente, comoquiera que la actora no precisó los hechos que

ocasionaron la vulneración de los derechos fundamentales alegados,

además, las pretensiones presentadas dentro de la acción de tutela

identificada con el número único de radicación 11001-03-15-000-

2021-00054-01 son semejantes a las del presente trámite

constitucional, configurándose así el fenómeno de la cosa juzgada.

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Sostuvo que en la medida que la sentencia proferida dentro de la

acción de cumplimiento fue emitida cuando la actora fungía como

directora de la UARIV, correspondía a esta cumplir con lo ordenado,

máxime cuando la entidad condenada se limitó a guardar silencio y

sólo hasta cuando se impuso la sanción por desacato solicitó que la

misma fuera inaplicada.

I.5.2.- La Sección Quinta pese a haber sido notificada en debida

forma del presente trámite constitucional, guardó silencio.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- La UARIV luego de rendir informe del trámite surtido en el

asunto, solicitó que se acceda al amparo solicitado, en la medida que

la orden impartida en la acción de cumplimiento ya fue cumplida, por

lo que la sanción debía inaplicarse.

I.6.2.- La señora LUZ ELENA PÁJARO VARGAS, vinculada como

tercera con interés directo en las resultas de la presente acción, pese

a ser notificada en debida forma, guardó silencio.

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II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Tercera, mediante sentencia de 5 de agosto de 2022,

declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que el

fundamento de la acción de tutela no refleja la vulneración de los

derechos fundamentales invocados, toda vez que está encaminada a

que se revise nuevamente su argumentación, sin tener en cuenta el

análisis del Tribunal, por lo que consideró que carece del requisito de

la relevancia constitucional, pues no cuestionó las consideraciones

expuestas por la autoridad judicial accionada, sino que fue

presentada de la misma forma en la que fue planteada la petición de

9 de marzo del 2022, con el fin de que el juez constitucional adopte

una interpretación distinta de la aplicación de la norma.

En cuanto a la sentencia presuntamente desconocida, arguyó que la

Corte Constitucional en dicha providencia no estableció una regla

jurisprudencial respecto de los casos en los que se deben inaplicar

las sanciones impuestas en incidentes de desacato, así como

tampoco dispuso el deber en cabeza de los jueces de levantar las

sanciones una vez se verifique el cumplimiento, sino que por el

contrario, dicha providencia reiteró los criterios que se deben tener

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en cuenta en trámites de esa naturaleza para verificar el acatamiento

del fallo, por lo que tal inconformidad también carece de relevancia

constitucional, en la medida que la carga argumentativa corresponde

a la interpretación y al criterio de la actora, sobre cómo debía ser

resuelta su petición de inaplicación de la sanción.

Por lo anterior, estimó que la acción de tutela de la referencia carece

del requisito de la relevancia constitucional, pues del escrito de tutela

se observa que más allá de presentar una situación de vulneración

de los derechos fundamentales invocados, se pretende reabrir un

debate que ya fue resuelto por los jueces de la acción de

cumplimiento, como si este mecanismo constitucional fuera una

instancia adicional, lo cual no resulta de recibo.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora presentó escrito de impugnación, el cual sustentó en los

siguientes términos:

Luego de reiterar los argumentos expuestos en el escrito de tutela,

sostuvo que el a quo no realizó un análisis objetivo de los hechos y

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pretensiones contenidos en la acción de tutela, pues si bien existen

unos requisitos para que proceda la acción de tutela contra

providencias judiciales, también lo es que no se puede anteponer las

formas a la vulneración denunciada, valiéndose de argumentos

forzados para omitir estudiar la gravedad del asunto puesto a

consideración.

Adujo que, contrario a lo advertido por el a quo, no pretende revivir

una instancia legal o crear una nueva, sino que se ordene a la

autoridad judicial accionada realizar un análisis debidamente

coherente, argumentado y sustentado para denegar o aceptar su

solicitud, pues hasta el momento no lo ha efectuado, por lo que no

comparte las razones dispuestas por la Sección Tercera para declarar

la improcedencia de la presente acción.

Reiteró que hasta la fecha no subsisten los requisitos necesarios que

dan lugar a la imposición de la sanción, comoquiera que el fallo se

encuentra debidamente cumplido y, además, no es la funcionaria

competente en el asunto, pues a la fecha no es parte de la UARIV,

por lo que desconoce los fundamentos legales y jurisprudenciales

para que la autoridad accionada mantenga la sanción.

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Refirió que las pretensiones de la acción de tutela están encaminadas

únicamente a que se deje sin efectos la decisión de 19 de abril de

2022, pues en la misma no se tomó una decisión de fondo, ya que

simplemente se limitó a repetir las consideraciones del auto que

antecedió, sin ofrecer argumentos válidos para mantener la sanción.

Ahora, en cuanto al precedente judicial desconocido, reiteró que la

sentencia SU-034 de 2018 corresponde a una sentencia de

unificación jurisprudencial, lo cual resulta vinculante para todos los

jueces, los cuales están obligados a argumentar con razones de

hecho y de derecho las circunstancias por las cuales se apartan de

dicha vertiente, so pena de existir una omisión del deber que les

asiste.

Así las cosas, solicitó que se revoque la decisión de la Sección Tercera

y, en su lugar, se acceda al amparo solicitado.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

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La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un

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perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de

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selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

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i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

De la procedencia de la acción de tutela contra decisiones

dictadas dentro del trámite incidental

La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela

contra providencias que resuelven incidentes de desacato o

solicitudes de cumplimiento es procedente únicamente de manera

excepcional, “siempre que se cumplan los requisitos de procedencia

de la acción de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, se

constate una vulneración o una amenaza a los derechos

fundamentales del sancionado”5.

Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha establecido algunos

requisitos formales y materiales que se deben tener presentes al

momento de hacer el examen de procedibilidad. Así, en sentencia

SU- 034 de 20186, esa Corporación señaló:

«[…] [P]ara enervar mediante acción de tutela la providencia
que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se
reúnan los siguientes requisitos:

i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre
ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente

5 Cfr. Sentencia T-325 de 2015.
6 M.P. Alberto Rojas Ríos.

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si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado
jurisdiccional de consulta, si es del caso–.

ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente,
por lo menos, la configuración una de las causales específicas
(defectos).

iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben
ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del
incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a
colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el
incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas
que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y
que el juez no tenía que practicar de oficio […]».

Caso concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

deje sin efecto la providencia de 19 de abril de 2022, proferida

por el Tribunal, dentro del incidente de desacato identificado con el

número único de radicación 2015-00125-00.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de sus derechos

al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela

judicial efectiva, al patrimonio y al buen nombre, por estimar que se

incurrió en desconocimiento del precedente judicial de la sentencia

de unificación SU-034 de 2018, en la medida que se abstuvo de

levantar la sanción, pese a que se demostró que se dio cabal

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cumplimiento al fallo de la acción de cumplimiento, además, que ya

no es la directora de la UARIV, por lo que la entidad omitió dar

razones válidas y de fondo para no acceder a la petición de

levantamiento de la sanción.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

Sección Tercera que, mediante sentencia de 5 de agosto de 2022,

declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar que no se

cumplió con el requisito de la relevancia constitucional.

Inconforme con lo anterior, la actora impugnó la decisión del a quo,

para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela,

además, arguyó que, contrario a lo advertido por la Sección Tercera,

sí se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, pues lo

pretendido no es crear una instancia adicional en el asunto, sino que

se ordene a la autoridad judicial accionada dar una respuesta de

fondo y acorde con los parámetros constitucionales dispuestos para

el caso concreto.

En este punto es del caso destacar que aun cuando la actora dirige

la acción de tutela contra el Tribunal y la Sección Quinta, lo cierto es

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que los reparos e inconformidades se dirigen exclusivamente a dejar

sin efectos la providencia de 19 de abril de 2022, por lo que la Sala

circunscribirá el análisis de la presunta vulneración de los derechos

fundamentales invocados al proveído proferido por el Tribunal.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial dictada dentro del trámite incidental y, de

ser así, ii) determinar si el Tribunal incurrió en desconocimiento del

precedente judicial, al proferir el auto de 19 de abril de 2022, dentro

del incidente de desacato identificado con el número único de

radicación 2015-00125-00.

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la

Sala examinará si en el presente caso se cumplen los requisitos de

procedencia exigidos por la jurisprudencia, esto es, si (i) la decisión

cuestionada se encuentra ejecutoriada; (ii) los argumentos de la

parte actora son consistentes con lo planteado en el trámite de los

incidentes de desacato; y (iii) se acreditan los requisitos generales

de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

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además de que se alega la configuración de alguna causal específica.

(i) La decisión dictada en el trámite de desacato se

encuentra ejecutoriada

En el caso sub lite el auto de 8 de junio de 2016, por medio del cual

la Sección Quinta confirmó la sanción impuesta por el Tribunal, se

encuentra ejecutoriado, por lo que este requisito se encuentra

cumplido.

(i) Los argumentos de la parte actora son consistentes

con lo planteado en el trámite de los incidentes de

desacato, en tanto a) no trajo a colación

alegaciones nuevas y b) no solicitó nuevas

pruebas.

La actora alega que la orden emitida dentro de la acción de

cumplimiento fue cumplida en los términos señalados en la sentencia

de 2 de junio de 2015 y, además, que ha solicitado reiteradamente

que no se aplique la sanción por desacato impuesta por el Tribunal.

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Lo anterior es consistente con lo alegado durante el trámite

incidental, por lo cual la Sala estima que se cumplen los requisitos

para la procedencia de la acción de tutela.

(ii) Se acreditan los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales y se alega la configuración

de al menos una de las causales específicas

(defectos)

Procede la Sala a verificar el cumplimiento de los requisitos generales

y causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, conforme a lo dispuesto en la sentencia C-

590 de 2005 y a la jurisprudencia vigente sobre la materia.

Se observa que la solicitud de amparo plantea un asunto de

relevancia constitucional, fundamentado en los presuntos yerros en

que incurrió la providencia que resolvió denegar la solicitud de

inaplicación de la sanción, incurriendo en desconocimiento del

precedente judicial en la materia; la parte actora identifica los hechos

y derechos que estima lesionados; contra la decisión cuestionada la

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ley no prevé un trámite para su impugnación, por lo que se encuentra

suficientemente acreditado el requisito de subsidiariedad; la acción

de tutela se interpuso en un plazo razonable7; y la solicitud no se

dirige contra una sentencia de tutela.

Verificado lo anterior, corresponde determinar si la autoridad judicial

accionada incurrió en el yerro endilgado por la parte actora.

Del desconocimiento del precedente judicial

En lo que respecta a este defecto se ha determinado que de acuerdo

con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución

Política, el poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces

en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta

regla general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que

encuentra sus límites en la realización de otros valores

constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia

constitucional.

7 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en

sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero
ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).

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En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional

puntualizó:

“Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca el
respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la Carta),
que supone no solamente la igualdad ante la ley sino también
de trato por parte de las autoridades y concretamente igualdad
en la interpretación y aplicación de la ley por las autoridades
judiciales, garantizándose de esta forma la seguridad jurídica y
con ella la certeza de la comunidad respecto a la forma en la
que se van a decidir los casos iguales. Como resultado de lo
anterior, surge como límite a la autonomía e independencia de
los Jueces el respeto por el precedente8”.

De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte

Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente

constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando

la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En

especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa

Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está

vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la

igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que

su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos

fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial9.

8 Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de

2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de
la Corte Constitucional.

9 Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.

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No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha

admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio

precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y

cuando se sustenten debidamente las razones de su posición

(principio de razón suficiente)10.

Descendiendo al caso concreto y con el fin de resolver el problema

jurídico planteado, es necesario hacer un recuento de las actuaciones

surtidas dentro del trámite incidental objeto de estudio:

• La señora LUZ ELENA PÁJARO VARGAS, al estimar que la

UARIV no dio cumplimiento al fallo de 2 de junio de 2015, por

medio del cual el Tribunal ordenó iniciar el trámite

administrativo correspondiente a la división del grupo familiar

al cual se encontraba vinculada la actora, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 119 del Decreto 4800 de 2011,

promovió incidente de desacato.

10 Ver sentencia T-292 de 2006.

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• El Tribunal mediante auto de 29 de septiembre de 2015, dio

apertura al incidente de desacato y a través de proveído de 21

de abril de 2016 le impuso sanción de 5 SMLMV a la señora

PAULA GAVIRIA BETANCUR, en calidad de Directora de

Atención y Reparación Integral a las Víctimas de la UARIV,

decisión que fue confirmada por la Sección Quinta, en

providencia de 8 de junio de 2016.

• La UARIV mediante memorial presentado el 4 de noviembre de

2016 ante el Tribunal, solicitó que se declarara el cumplimiento

del fallo de 2 de junio de 2015 y revocara la sanción, petición

que fue reiterada el 8 de julio siguiente.

• A través de auto de 10 de noviembre de 2016, el Tribunal

resolvió no acceder a lo anterior, en el sentido que no era

procedente inaplicar la sanción impuesta en el trámite

incidental.

• La Directora de Registro y Gestión de Información y el Director

Técnico de Gestión Social Humanitaria (e) de la UARIV,

conjuntamente, radicaron memoriales el 28 de noviembre y el

2 de diciembre de 2016 ante el Tribunal, por medio de los

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cuales presentaron reconsideración de la solicitud de

inaplicación de la sanción, los cuales fueron resueltos por la

autoridad judicial accionada en auto de 27 de enero de 2017,

en el que resolvió estarse a lo dispuesto en el auto de 10 de

noviembre de 2016.

• Mediante escrito de 3 de febrero de 2017, la Directora de

Registro y Gestión de Información, el Director Técnico de

Gestión Social Humanitaria (e) y el Jefe de la Oficina Asesora

Jurídica de la UARIV presentaron escrito ante el Tribunal, a fin

de reiterar la solicitud de inaplicación de la sanción, la cual fue

resuelta de forma negativa en auto de 13 de marzo de 2017.

• La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo

Superior de la Judicatura, a través de Resolución núm. 001 de

19 de febrero de 2018, libró mandamiento de pago en contra

de la señora PAULA GAVIRIA BETANCUR, por la sanción

impuesta.

• El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la UARIV presentó

memorial el 12 de agosto de 2019 ante el Tribunal, reiterando

solicitud de inaplicación de la sanción, por lo que la autoridad

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judicial accionada en auto de 20 de agosto de esa misma

anualidad dispuso estarse a lo resuelto en proveído de 10 de

noviembre de 2016.

• Mediante memorial de 7 de noviembre de 2019, el Jefe de la

Oficina Asesora Jurídica de la UARIV presentó petición, en la

cual solicitó aplicación de la sentencia SU-034 de 2018, la cual

fue resuelta por el Tribunal en auto de 13 de noviembre de

2019, en la cual resolvió, nuevamente, estarse a lo resuelto en

auto de 10 de noviembre de 2016.

• En escrito de 20 de agosto de 2020, el Jefe de la Oficina

Asesora Jurídica de la UARIV insistió en sus peticiones, por lo

que el Tribunal en proveído de 20 de noviembre de 2020

dispuso estarse a lo resuelto en auto de 10 de noviembre de

2016.

• La actora mediante petición de 4 de octubre de 2021, solicitó

al Tribunal inaplicación de la sanción, en la que informó

respecto de la inejecutabilidad de la misma por carencia actual

de objeto, con ocasión del cumplimiento de la orden judicial,

petición que resolvió el Tribunal en auto de 24 de noviembre

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de 2021, en la que reiteró la respuesta dada en la anterior

solicitud.

• Finalmente, la señora GAVIRIA BETANCUR el 9 de marzo de

2022 radicó ante el Tribunal solicitud de reconsideración de la

anterior decisión, en la que arguyó que al momento de ser

consultada la sanción ya no fungía como directora de la UARIV,

además, que ya se había dado cumplimiento al fallo, por lo que

se configuraba la carencia actual de objeto por hecho

superado.

• Frente a lo anterior, el Tribunal en auto de 19 de abril de 2022,

resolvió; “[…] comunicar a la señora PAULA GAVIRIA

BETANCUR, que debe estarse a lo dispuesto en el auto del 10

de noviembre de 2016 […]”, de la siguiente manera:

“[…] Se reitera a la solicitante, que el trámite incidental concluyó Y
ESTA CORPORACIÓN NO PUEDE EMITIR NUEVOS
PRONUNCIAMIENTOS CON RESPECTO A LA SANCIÓN IMPUESTA.

Cualquier inconformidad o discusión sobre el contenido de la misma
debió hacerse ante la Sección Quinta, Sala de lo Contencioso
Administrativo del Honorable Consejo de Estado, quien, a través de
providencia de 8 de junio de 2016, resolvió:
[…]
Ahora, si en gracia de discusión se entrara a estudiar lo establecido
en el Acuerdo No. PSAA10-6979 de junio 18 de 2010 señalado por
la señora Paula Gaviria Betancur, se observa lo siguiente:

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1- La decisión que pretende desvirtuar la señora Paula Gaviria
Betancur, quedó ejecutoriada desde el día 26 de octubre de 2016.
2- El Acuerdo No. PSAA10-6979 de junio 18 de 2010, fue publicado,
en la gaceta de la Judicatura el día 18 de junio de 2010, y dicho
acuerdo, en ninguno de sus artículos exime del pago de las
sanciones impuestas dentro de un trámite incidental, por el
contrario, lo que señala es la manera como las Direcciones
Ejecutivas de Administración Judicial – Oficina de Cobro Coactivo
deben ejecutar a los sancionados para el pago de las multas
impuestas.

Por lo tanto, se comunicará a la señora PAULA GAVIRIA BETANCUR,
que debe estarse a lo dispuesto en auto de 10 de noviembre de 2016
que ordenó:

“1. Declarar que no es procedente acceder a lo solicitado por la
Subdirectora de Registro y Gestión de la Información, señora Gladys
Celeide Prada Pardo y al Director Tpecnico de Gestión Social y
Humanitaria (e), señor Ramón Alberto Rodríguez Andrade, en el
sentido de inaplicar la sanción impuesta en providencia de 21 de abril
de 2016 por este Tribunal y confirmada por el Honorable Consejo de
Estado mediante proveído fechado 8 de junio de 2016 […]”.

En el caso concreto, la actora alega que el Tribunal incurrió en

desconocimiento del precedente judicial de la sentencia de

unificación SU-034 de 3 de mayo de 201811, por cuanto no resulta

válido denegar el levantamiento de la sanción argumentando que la

misma se encuentra en firme, máxime cuando se ha demostrado que

se dio cabal cumplimiento al fallo de tutela.

A efectos de dilucidar la controversia planteada, la Sala considera

11 Corte Constitucional. M.P. Alberto Rojas Ríos.

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necesario referirse a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de

esta Corporación relacionada con la inaplicación de la sanción

impuesta dentro del trámite del incidente de desacato.

La Jurisprudencia constitucional ha precisado que la finalidad del

incidente de desacato no es la imposición de una sanción en sí

misma, sino que debe considerarse como una de las formas de

buscar el cumplimiento de la respectiva sentencia. Por tanto, pese a

que el incidente de desacato puede concluir con la imposición de una

sanción, su propósito ulterior, antes que imponerla, radica en

alcanzar el cumplimiento de la orden impartida por el juez de

amparo.

Sobre este asunto, la Corte Constitucional, en sentencia T-421 de

2003, indicó:

«[…] la imposición de una sanción dentro del incidente puede
implicar que al accionado se persuada o no del cumplimiento de
una sentencia. En efecto, en caso de que se inicie el incidente
de desacato y el accionado, reconociendo que se ha desacatado
lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanción,
deberá acatar la sentencia.

En caso de que se haya adelantado todo el trámite y
resuelto sancionar por desacato, para que la sanción no
se haga efectiva, el renuente a cumplir podrá evitar ser

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sancionado acatando […]». (Negrillas de la Sala)

La anterior postura ha sido reiterada de manera pacífica por la Corte

Constitucional, entre otras, en sentencias T-171-09; T-652-10, T-

512-11, T-010-12, T-482-13 y SU 034 de 2018.

Por su parte, esta Sección, en sentencia de 24 de septiembre de

201512, se refirió a la finalidad del incidente de desacato en los

siguientes términos:

“[…] Para la Sala resulta forzoso rectificar la postura adoptada
mediante el auto de 11 de julio de 2013, dictado en el expediente
núm. 2012-00364, para, en su lugar, retomar el criterio
Jurisprudencial de antaño frente a la finalidad y carácter
persuasivo del incidente de desacato, que permite lograr
el cumplimiento efectivo del fallo que ampara los
derechos fundamentales, como claramente lo ha
dilucidado la Jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Ello, por cuanto no existe razón alguna que justifique mantener
una sanción por desacato contra quien ha sido persuadido por la
misma y ha procedido a cumplir la orden tutelar
correspondiente, aun cuando esto se produzca, inclusive, con
posterioridad a la resolución del Grado Jurisdiccional de
Consulta […]”. (Destacado fuera del texto).

Así las cosas, si hay cumplimiento íntegro a la orden impartida por el

juez constitucional, la imposición de la multa y el arresto carece de

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

24 de septiembre de 2015, Exp. No. 11001-03-15-000-2015-00542-01(AC), C. P. María
Elizabeth García González.

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objeto, aunque haya culminado el grado jurisdiccional de consulta.

Sobre el particular, la Corte en la sentencia SU-034 de 2018, la cual

la actora invoca como desconocida, sostuvo:

“[…] Acerca de la finalidad que persigue el incidente de desacato,
la postura que de vieja data ha acogido la Sala Plena de esta
Corte y que se ha mantenido es que, si bien una de las
consecuencias derivadas de este trámite incidental es la
imposición de sanciones por la desobediencia frente a la
sentencia, su auténtico propósito es lograr el cumplimiento
efectivo de la orden de tutela pendiente de ser
ejecutada13; de suerte que no se persigue reprender al
renuente por el peso de la sanción en sí misma14, sino que
ésta debe entenderse como una forma para inducir que aquel
encauce su conducta hacia el cumplimiento, a través de una
medida de reconvención cuyo objetivo no es otro que auspiciar
la eficacia de la acción impetrada y, con ella, la reivindicación de
los derechos quebrantados15.

En consecuencia, cuando en el curso del incidente de desacato
el accionado se persuade a cumplir la orden de tutela, no hay
lugar a la imposición y/o aplicación de la sanción.

(…)

Por otro lado, el juzgado mal podía negar el levantamiento
de las sanciones con argumentos como que las mismas se
encontraban en firme y que el desacato es un dispositivo
para castigar al renuente, pues ello desconoce la doctrina
desarrollada de forma pacífica por esta Corte en cuanto a

13 Sentencias C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz y C-367 de 2014, M.P: Mauricio
González Cuervo
14 Sentencias T-421 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-368 de 2005, M.P.:

Clara Inés Vargas Hernández, T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-171 de 2009,
M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto, T-652 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-
512 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-074 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, T-280A de 2012, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-482 de 2013, M.P.:
Alberto Rojas Ríos, C-367 de 2014, M.P.: Mauricio González Cuervo,
15 Sobre la naturaleza de la sanción por desacato se pronunció la Corte Constitucional en la

sentencia C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz

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que el propósito perseguido por la sanción es conminar al
obligado como medio para garantizar el goce efectivo del
derecho tutelado mediante sentencia, mas no sancionar
por sancionar […]”16. (Negrillas de la Sala)

En la sentencia transcrita, la Corte Constitucional indicó que el

incidente de desacato tiene como objeto lograr el cumplimiento

efectivo de la orden de tutela pendiente de ejecutar, por lo que aun

cuando la desobediencia respecto de la sentencia conlleve

consecuencias como lo es la imposición de sanciones, el trámite

incidental no pretende castigar al renuente, sino inducir al

cumplimiento de la orden a través de una medida de reconvención.

En ese orden de ideas, el Alto Tribunal Constitucional dispuso que

negar el levantamiento de la sanción, argumentando que la misma

se encuentra en firme, desconoce los pronunciamientos que

reiteradamente ha emitido esa Corte, en la medida en que la finalidad

de la sanción no es otra que conminar al obligado a garantizar el goce

efectivo del derecho tutelado.

Las razones expuestas en precedencia llevan a la Sala a considerar

que la autoridad judicial accionada no acogió las pautas que la

16 Corte Constitucional, sentencia SU-034 del 3 de mayo de 2018, C.P. Alberto Rojas Ríos.

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jurisprudencia constitucional ha avalado en cuanto a la finalidad del

incidente de desacato, toda vez que denegó la solicitud de

levantamiento de la sanción, limitándose a indicar que la misma se

encontraba debidamente ejecutoriada y, por tanto, las órdenes allí

impuestas eran de obligatorio cumplimiento, absteniéndose de esta

forma de analizar el fondo del asunto, a fin de verificar el

cumplimiento de la orden de 2 de junio de 2015.

De ahí la importancia de que la autoridad judicial accionada se

detenga a revisar si, en efecto, la UARIV dio cabal cumplimiento al

fallo de tutela, tal como lo esgrime la actora, aplicando los criterios

expuestos por la jurisprudencia constitucional respecto de la finalidad

perseguida con el incidente de desacato.

Es preciso traer a colación la providencia de 16 de agosto de 201817,

en la que esta Corporación, en un caso de similares presupuestos,

indicó:

“[…]La Unidad para las Víctimas, a través de su representante
legal, solicitó la inaplicación de la sanción impuesta al señor Ramón
Alberto Rodríguez Andrade, con fundamento en los
pronunciamientos que en la materia ha reiterado la Corte

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de

16 de agosto de 2018, C.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación núm: 11001-03-15-000-
2018-02048-00.

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Constitucional e incluso el Consejo de Estado, en el sentido de
que el fin del incidente de desacato no es la sanción en sí
misma, sino lograr el cumplimiento de la orden dictada en
sede constitucional.

Con auto de fecha 22 de febrero de 2018, el Juzgado cuestionado
resolvió denegar dicha solicitud, en consideración a que en sede
del grado jurisdiccional de consulta el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en providencia de 16 de enero de 2017 decidió modificar
la sanción de 5 a 1 salario mínimo legal mensual vigente, y que en
virtud de ello, se debía atener a lo resuelto por el superior, toda
vez que dicha decisión se encontraba en firme. […]

En ese orden de cosas, a la luz de los postulados constitucionales
y de la nueva evidencia que demuestre el posterior cumplimiento
por parte de la entidad tutelada, se impone que el conductor del
trámite incidental, a estas alturas, declare la inaplicación de la
sanción, aun cuando su imposición hubiese estado justificada; y
de tal suerte, así lo haga saber a los encargados de su ejecución.

Ello se explica también en que el desacato es un instrumento
persuasivo para el cumplimiento de la orden de amparo,
mas no una herramienta de carácter punitivo, por tanto, al
desaparecer los supuestos que dieron lugar a ella, resulta
incoherente mantener la vigencia de sus efectos en el orden
jurídico18 […]”. (Resaltado fuera del texto original).

Conforme con lo expuesto en precedencia por la jurisprudencia

constitucional, la Sala resalta que no resulta de tal validez denegar

el levantamiento de la sanción argumentando que la misma se

encuentra en firme, dado que el desacato no es un dispositivo para

castigar al renuente, sino para conminarlo a dar cumplimiento

efectivo al derecho tutelado mediante la sentencia de tutela, por lo

que usar el incidente de desacato como un instrumento sancionador,

18 Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-421 de 2003 y T010 de 2012.

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desconocería su finalidad.

Así las cosas, la Sala considera que el Tribunal incurrió en

desconocimiento del precedente judicial, al dejar de aplicar los

criterios expuestos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y

de esta Corporación, relacionados con la inaplicación de la sanción

impuesta dentro del trámite del incidente de desacato, al abstenerse

de analizar de fondo las solicitudes elevadas por la UARIV, bajo el

argumento de que la decisión ya se encontraba debidamente

ejecutoriada, por lo que al no haberse demostrado en su debida

oportunidad el cumplimiento del fallo de tutela no era posible evitar

la sanción impuesta.

Tal postura resulta contraria al criterio jurisprudencial analizado,

pues, como se vio, lo procedente era examinar las solicitudes de

levantamiento de la sanción elevadas por la UARIV, bajo la óptica de

la finalidad y carácter persuasivo del incidente de desacato, para, de

esta manera, concluir que no existe razón alguna que justifique

mantener una sanción por desacato contra quien ha sido persuadido

por la misma y ha procedido a cumplir la orden tutelar

correspondiente, aun cuando esto se produzca, inclusive, con

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posterioridad a la resolución del grado jurisdiccional de consulta.

Así las cosas, la Sala revocará la sentencia impugnada y, en su lugar,

amparará los derechos fundamentales invocados, por lo que dejará

sin efectos el auto de 19 de abril de 2022 y ordenará al Tribunal que

en el término de diez (10) días, contado a partir de la notificación de

esta sentencia, profiera una nueva decisión, mediante la cual

resuelva de fondo la solicitud presentada por la señora PAULA

GAVIRIA BETANCUR y verifique si resulta viable levantar la sanción

impuesta a través de providencia de 21 de abril de 2016, de

conformidad con los lineamientos constitucionales expuestos

en precedencia, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de la

presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada, por las razones

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expuestas en precedencia y, en su lugar:

AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela

judicial efectiva y al buen nombre de la señora PAULA GAVIRIA

BETANCUR, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de

esta providencia.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el proveído de 19 de abril de

2022, proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro

del incidente de desacato identificado con el número único de

radicación 08001-23-33-000-2015-00125-00 y, en consecuencia,

ORDENAR a dicha autoridad judicial que en el término de diez (10)

días, contado a partir de la notificación de esta sentencia, profiera

una decisión de reemplazo mediante la cual resuelva de fondo la

solicitud presentada por la señora PAULA GAVIRIA BETANCUR y

verifique si resulta viable levantar la sanción impuesta a través de

providencia de 21 de abril de 2016, de conformidad con los

lineamientos constitucionales expuestos en precedencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

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QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de diciembre de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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