Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03115-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03115-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03115-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
9 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintidós (2022).
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-03115-01
Actor: RAMÓN MOISÉS MARTÍNEZ FERIA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Improcedencia / REQUISITO DE INMEDIATEZ –
Incumplimiento / FLEXIBILIZACIÓN – No se demostró condición de vulnerabilidad
y en la demanda de tutela actúa a través del mismo apoderado que lo representó
en el proceso ordinario.
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia
proferida el 7 de julio de 20221 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por
medio de la cual se declaró improcedente el amparo solicitado.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
Por escrito presentado el 7 de junio de 2022, el señor Ramón Moisés Martínez
Feria, a través de apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Sucre, por considerar vulnerado su derecho fundamental a la
igualdad.
1 El proceso entró al despacho para fallo el 2 de agosto de 2022.
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03115-01
Actor: Ramón Moisés Martínez Feria
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela
2. Hechos
2.1. El accionante señaló que se desempeñó como Auxiliar de Mecánica, desde el
5 de octubre de 1971 hasta el 31 de mayo de 1994, en el Fondo Nacional de
Caminos Vecinales –Regional Sucre-.
2.2. Mediante Resolución 27681 del 31 de diciembre de 2003, CAJANAL EICE le
reconoció al accionante una pensión de jubilación por vejez; sin embargo, no se
tuvo en cuenta que de acuerdo con el régimen de transición tenía derecho al
reconocimiento del 75% de todos los factores salariales devengados en el último
año de servicio.
2.3. En virtud de lo anterior, el 13 de mayo de 2015, el accionante solicitó la
reliquidación de su pensión, pero el 20 de septiembre de la misma anualidad se
negó su petición, y el 30 de noviembre siguiente, se confirmó tal decisión.
2.4. Inconforme con las decisiones, el señor Martínez Feria promovió una demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los anteriores actos
administrativos.
2.5. El 2 de marzo de 2018, el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo accedió
a las pretensiones de la demanda, decisión que, el 29 de septiembre de 2021, fue
modificada por el Tribunal Administrativo de Sucre.
3.- Fundamentos de la demanda de tutela
El señor Ramón Moisés Martínez Feria sostuvo que la decisión cuestionada incurrió
en un desconocimiento del precedente, toda vez que no tuvo en cuenta la sentencia
del 20 de mayo de 2021 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, sino la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018. Al
respecto manifestó lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con posibles
errores):
En consecuencia, y de acuerdo con el precedente judicial enunciado a mi
cliente MARTINEZ FERIA lo cobija el régimen de transición anterior a la
vigencia de la Ley 100 de 1993, para efectos de reliquidar su pensión de vejez
en los términos del artículo 1o de la Ley 62 de 1985, cc. con el artículo 45 del
2
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Actor: Ramón Moisés Martínez Feria
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela
Decreto 1845 de 1978, lo que implica que el Tribunal Administrativo de Sucre
–Sala Tercera de Decisión- al proferir la sentencia de fecha 29 DE
SEPTIEMBRE DE 2021, por la cual Modificó y confirmó parcialmente la
sentencia de fecha 02 DE MARZO DE 2018 del Juzgado Séptimo
Administrativo Oral de Sincelejo (Sucre), DESCONOCIO el precedente
judicial vertical de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la sentencia de
fecha 20 DE MAYO DE 2021 del Consejo de Estado –Sección Segunda-
Subsección B, Actor: Rafael Simón ORDOSGOITIA MÉNDEZ, radicado No.
7000-12-33-3000-2014-00297-01, Número interno: 4179-2015; Demandada:
“UGPP”; Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Ley 1437 de 2011;
Asunto: Reliquidación pensión de vejez. IBL Ley 33 de 1985, M.P. CESAR
PALOMINO CORTES– el mismo Magistrado ponente de la SU de 28 de
agosto de 2018- al fijar un alcance diferente al referenciado del superior
jerárquico, cuando quiera que se ha vulnerado la regla jurisprudencia
vinculante de igual connotación con respecto de los derechos fundamentales
a la igualdad de mi cliente RAMON MOISES MARTINEZ FERIA.
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó (se transcribe de forma literal, con
posibles errores incluidos):
1. Amparar el derecho constitucional fundamental al principio de igualad por
desconocimiento del precedente judicial del ciudadano RAMON MOISES
MARTINEZ FERIA.
2. Como resultado, dejar sin efectos la sentencia de fecha 29 DE
SEPTIEMBRE 2021, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de
Sucre -Sala Tercera de Decisión- M.P. ANDRES MEDINA PINEDA,
modificó y confirmó parcialmente la sentencia de fecha 02 DE MARZO
DE 2018, que había dictado el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del
Circuito de Sincelejo (Sucre), y consiguientemente, ordenar la
aplicación del procedente judicial fijado por el Consejo de Estado-
Sección Segunda-Succión B, según el principio stare decisis o estar a
lo decidido en la sentencia de fecha 20 DE MAYO DE 2021, con ponencia
del Magistrado CESAR PALOMINO CORTES, en el caso de RAFAEL
SIMON ORDOSGOITIA MENDEZ radicado No. 7000- 12-33-3000-2014-
00297-01, Número interno: 4179-2015; contra la ‘UGPP’, debiendo reliquidar
la pensión de vejez de mi cliente aplicando el régimen de transición anterior
a la Ley 100 de 1993, o sea, el consagrado en la Ley 33 de 1985, Modificada
por el artículo 1o. de la Ley 62 de 1.985, teniendo en cuenta los factores
salariales contenidos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela
4.1. Mediante auto del 15 de junio de 2022, la Sección Quinta del Consejo de
Estado admitió la demanda de tutela, ordenó notificar a la autoridad judicial
accionada y vinculó a la UGPP, al Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como terceros con interés.
3
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Actor: Ramón Moisés Martínez Feria
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela
4.2. El Tribunal Administrativo de Sucre manifestó que en la decisión cuestionada
se aplicó la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, de la que se
concluyó que en su reliquidación se debía incluir la asignación básica y la prima de
antigüedad “por estar incluidos en el Decreto 1158 de 1994”.
De otro lado, señaló que la demanda de tutela no cumple con i) el requisito de
relevancia constitucional, toda vez que se pretende una tercera instancia del
proceso ordinario e ii) inmediatez, porque este mecanismo se promovió pasado los
6 meses establecidos como plazo razonable.
Finalmente, adujo que no se incurrió en un desconocimiento del precedente. Al
respecto indicó (se transcribe de forma literal):
Se insiste, en realidad y en el fondo, lo que plantea el accionante es que al
aplicar una sentencia de unificación del Consejo de Estado, el Tribunal
vulneró su derecho fundamental a la igualdad y pretende que un juez, por
tutela, ordene su desconocimiento, tesis que origina un caos en el sistema de
fuentes en el sistema jurídico Colombiano.
4.3. La UGPP solicitó declarar improcedente la demanda de tutela, pues se
pretende “sustituir una decisión judicial ejecutoriada proferida por el juez natural de
la causa”; además, se discute un asunto meramente económico y no se probó la
existencia de un perjuicio irremediable.
Aclaró que la decisión se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico y se tuvo en
cuenta la jurisprudencia vigente.
5.- La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 7 de julio de 2022, la Sección Quinta del Consejo de Estado
declaró improcedente la demanda de tutela, tras considerar que se incumplió con
el requisito de inmediatez, pues la sentencia cuestionada se notificó el 11 de
octubre de 2021 y la demanda de tutela se radicó el 7 de junio de 2022, es decir,
“por fuera del término razonable que la jurisprudencia de esta Sección del Consejo
de Estado ha considerado”.
Aclaró que, si bien el accionante es un sujeto de especial protección al tener 74
años, lo cierto es que “no advierte un hecho específico que permita realizar una
4
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excepción al requisito general de la inmediatez”, máxime si cuenta con una pensión
de jubilación.
6.- La impugnación
El accionante adujo que debía flexibilizarse el requisito de inmediatez, toda vez que
padece de “isquemia por accidente cerebro vascular con discapacidad motora”, lo
que le impide valerse por sí mismo y debe andar en silla de ruedas.
Adicionalmente, sostuvo que es una persona de 75 años de edad y enfrenta una
situación económica precaria, por lo que no reliquidar su pensión afecta su calidad
de vida y su derecho a una vida digna.
II.- C O N S I D E R A C I O N E S
1.- La acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales2.
Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de
la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional
contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y
excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el
artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente a
decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características3.
2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de 2012,
exp. 2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
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Actor: Ramón Moisés Martínez Feria
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Referencia: Acción de tutela
Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son4:
• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, dado
que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.
• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora.
• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
• Que no se trate de sentencias de tutela.
A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 23 de
febrero de 2017, exp. 2016-03336-00 (AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre muchas otras
providencias.
6
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Referencia: Acción de tutela
• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.
• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
• La violación directa de la Constitución Política.
Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados por
el interesado5.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016-00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
7
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Referencia: Acción de tutela
2. Caso concreto
En el presente asunto, la parte actora pretende que se deje sin efectos la
providencia del 29 de septiembre de 2021, por considerar que el Tribunal
Administrativo de Sucre vulneró su derecho fundamental a la igualdad al
desconocer el precedente; sin embargo, la Sala advierte que el presente asunto no
cumple con el requisito general de procedibilidad de inmediatez, como se pasa a
ver.
En relación con la inmediatez para la interposición de demandas de tutela contra
providencias judiciales, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación ha considerado6:
Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección
de las garantías constitucionales y el respeto a la seguridad jurídica y los
derechos de terceros afectados (…).
De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la situación que vulnera o
amenaza vulnerar un derecho fundamental sea un elemento consustancial
para la protección que se ofrece.
Este requisito que opera de forma general frente a todas las acciones de tutela,
es más estricto cuando se interpone contra providencias judiciales, por lo que,
como lo ha sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, ‘resulta claramente
desproporcionado el control constitucional de una providencia judicial por la vía
de tutela’7’8.
Por tal razón, debe mediar un término razonable entre la ejecutoria de la
decisión judicial que se aduce como violatoria de los derechos fundamentales
del accionante y la presentación de la acción de tutela para buscar su amparo 9.
Tal aseveración es razonable toda vez que, ‘de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, radicado: 11001–03-15-000-2012-02201-01, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
Original de la cita: “En la sentencia se cita la providencia SU-961 de 1999”.
8
Original de la cita: “Sentencia T-189 de 2009”.
9
Original de la cita: “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal c) del fundamento jurídico 24 de la
sentencia C-590 de 2005”.
8
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Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos’10 (…).
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa juzgada,
al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza material, que
la hace definitiva e inmutable.
Anótase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre
este aspecto11.
Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso,
para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente (negrillas y subrayado del original).
Por su parte, la Corte Constitucional ha definido los siguientes criterios orientadores
con el propósito de determinar, en cada caso, si se cumplió o no con el requisito de
inmediatez: i) la situación personal del peticionario; ii) el momento en el que se
produce la vulneración; iii) la naturaleza de la misma; iv) la actuación contra la que
se dirige la tutela y v) los efectos de la tutela12.
Así pues, esta Corporación ha establecido que para efectos de establecer si la
acción de tutela contra providencia judicial se ejerció oportunamente, es decir, que
se cumple con el requisito de la inmediatez, se debe verificar que se hubiese
presentado dentro de los 6 meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la
providencia cuestionada, según sea el caso.
Esta Subsección ha precisado que, en principio, el plazo de 6 meses se debe
contabilizar desde la notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es
a partir de que se conoce la decisión que se puede advertir la posible vulneración
de derechos fundamentales por la configuración de uno o varios de los defectos
10 Original de la cita: “Ibíd”.
11 Original de la cita: “La Sección Primera en algunas ocasiones ha tomado un término equivalente
al previsto para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, de cuatro meses
y, en otras, ha manifestado que es de seis meses. La Sección Segunda ha sostenido que el término
razonable para interponer la acción de tutela contra providencias judiciales no puede exceder de un
año. Por su parte, las Secciones Cuarta y Quinta han fijado como razonable para su interposición
un plazo de seis meses”.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-391 del 27 de junio de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03115-01
Actor: Ramón Moisés Martínez Feria
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela
que hacen procedente la acción de tutela contra providencia judicial –defecto
orgánico, defecto procedimental, defecto fáctico, defecto sustantivo, error inducido,
decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y/o la violación directa de
la Constitución Política–.
En ese sentido, para la Sala, solo procede contabilizar el término de 6 meses desde
la ejecutoria de la decisión en los casos se hubiese realizado un trámite adicional
con ocasión del fallo, como lo sería una solicitud de aclaración, de corrección o de
adición de sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad, por cuanto los
pronunciamientos que se dicten con ocasión de esas solicitudes podrían tener
incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de tutela y, por tanto, en principio,
también tendrían que ser objeto de cuestionamiento13.
En el presente asunto, dado que no existe ninguna justificación para que el plazo
de los 6 meses se contabilice a partir de la ejecutoria de la decisión cuestionada, la
Sala considera que el término establecido como razonable para promover la acción
de tutela contra providencias judiciales, se debe computar desde la notificación de
la decisión cuestionada, el 11 de octubre de 2021, porque ese fue el momento en
que se evidenció la supuesta vulneración alegada por el accionante.
Al respecto, esta Corporación expuso (trascripción literal):
… en el caso concreto no existe ninguna razón que justifique contar el plazo de
6 meses a partir de la ejecutoria del auto que decidió sobre la aclaración de la
sentencia cuestionada, pues desde que se notificó dicho auto el actor pudo
advertir la vulneración que ahora alega y, por lo tanto, debió presentar la tutela
tan pronto tuvo conocimiento de esa decisión. De hecho, en la sentencia
impugnada, el a quo advirtió que fue después de que se dictó el auto que
denegó la solicitud de aclaración ‘y se notificó (5 de marzo de 2014), que el
actor tuvo certeza de que la decisión con la cual presentaba informidad iba a
quedar incólume’14, razón adicional para desestimar que en el sub lite se cuente
el término de 6 meses, establecido para el ejercicio oportuno de la tutela, a
partir de la ejecutoria del auto que decidió la aclaración.
(…) Recientemente, la Sala Plena de esta Corporación estableció que seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, es un
término razonable para ejercer la acción de tutela contra providencias judiciales
oportunamente, en consideración a ‘la naturaleza del acto jurisdiccional, los
plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y
13 En sentencia de 11 de abril de 2019, radicado número: 110010315000201803905-01.
14 Original de la cita: “Folio 105 del expediente de tutela”.
10
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extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la
necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad’1516.
Así las cosas, la Subsección estima que en el presente asunto no se cumple con el
requisito de la inmediatez, por cuanto la providencia del 29 de septiembre de 2021
fue notificada a las partes el 11 de octubre del mismo año, tal y como aparece en
la página de consulta de procesos de la Rama Judicial y con las pruebas allegadas
al expediente, por tanto, el término de seis meses para acudir a la solicitud de
amparo debe contabilizarse a partir del 12 de octubre de 2021 y culminaba el 12 de
abril de 2022 (Semana Santa); sin embargo, la demanda de tutela se presentó el 7
de junio de 2022, cuando debió presentarse el siguiente día hábil (18 de abril)17.
La Sala no pierde de vista que el accionante señaló que el requisito de inmediatez
debía flexibilizarse porque era una persona de la tercera edad, por su situación
económica y al sufrir de “isquemia por accidente cerebro vascular con discapacidad
motora”.
Conviene precisar que, en efecto, es posible flexibilizar -a título de excepción- el
presupuesto de la inmediatez18, siempre que se encuentre plenamente acreditado
que se trata de un sujeto de especial protección y que su condición es
determinante para no interponer dentro de un término razonable la acción de
tutela. Puntualmente, se ha considerado:
(…) la Corte Constitucional ha determinado que el juez está en la obligación
de verificar si la solicitud de amparo fue presentada o no en un término
prudencial, de acuerdo con los hechos de cada caso, a fin de que se no se
pase por alto la finalidad de la acción de tutela, de ser un medio de protección
actual, inmediato y efectivo.
15 Original de la cita: “Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Ver nota de pie de página
No. 4”.
16 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 26 de marzo de 2015, expediente número:
11001-03-15-000-2014-02410-01, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
17 En ese mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, sentencia del 19 de febrero de 2021, radicado 2021-00115, 20 de febrero de 2020, radicado
2019-04205-01, 22 de octubre de 2021, expediente 2021-06564, entre otros.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. María Adriana Marín, sentencia de 12
de agosto de 2019, radicado número: 1001-03-15-000-2019-01578-01; sentencia de 22 de agosto
de 2019, radicado número: 11001-03-15-000-2019-02882-01, sentencia de 3 de junio de 2022,
expediente 2022-00985-01.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03115-01
Actor: Ramón Moisés Martínez Feria
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela
Entonces, una vez analizados los hechos del caso, el juez puede determinar
si la solicitud de amparo que, de principio, no cumplió con el requisito de
inmediatez, puede resultar procedente.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que para determinar
si la acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito de
inmediatez, deben tenerse en cuenta, en cada caso concreto, los siguientes
aspectos: (i) si existe un motivo válido para la inactividad del accionante, (ii)
si a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de
los derechos fundamentales del accionante permanece, y (iii) si la carga de
la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable resulta
desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante (especialmente a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta)19.
Es claro, entonces, que el plazo en la interposición de la petición de amparo
debe ser analizado de acuerdo con las circunstancias particulares del caso.
Y es precisamente dicha valoración la que realiza esta Sala para concluir que
la doble condición de sujeto de especial protección constitucional que recae
sobre la señora (…) permite flexibilizar la exigencia del requisito en estudio,
toda vez que es una persona de la tercera edad que ha perdido el 95% de su
capacidad laboral. A esto se suma que el asunto objeto de debate en el
proceso ordinario tiene que ver con el reconocimiento de la pensión gracia, la
cual, como toda pensión, permitiría cubrir las contingencias propias de la
vejez, garantizando con ello la efectividad del postulado constitucional de la
vida digna.
La Subsección considera que no hay lugar a flexibilizar el requisito de inmediatez,
porque el señor Martínez Feria no puede ser considerado una persona de la tercera
edad, dado que no ha superado la expectativa de vida fijada por el DANE -76 años
de edad-, pues, según la copia de la cédula de ciudadanía, nació el 13 de
septiembre de 1950.
De otro lado, la Corte Constitucional ha precisado que en el caso de las personas
que son consideradas adultos mayores –condición que sí cumple el tutelante
porque supera los 60 años– “se requiere analizar además otras circunstancias del
caso que den cuenta de su vulnerabilidad”.
No obstante, la Sala no encuentra acreditada alguna circunstancia que permita
concluir que el tutelante está en condición de vulnerabilidad, pues si bien se alegó
que su situación económica era precaria, lo cierto es que no hay prueba de ello;
además, en la actualidad, el accionante percibe una pensión de vejez.
19 Original de la cita: “Corte Constitucional. Sentencia T- 038 de 2017”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03115-01
Actor: Ramón Moisés Martínez Feria
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela
Finalmente, se advierte que, si bien el señor Martínez Feria padece de una
“discapacidad secundaria a secuelas por ACV”, de acuerdo con la historia clínica,
lo cierto es que dicha situación no le impedía presentar la demanda de tutela dentro
del plazo establecido como razonable, máxime si se tiene en cuenta que el señor
Martínez Feria hizo uso del mecanismo constitucional por conducto del mismo
apoderado judicial que lo representó en el proceso ordinario20, por lo que desde la
notificación de la decisión cuestionada se podía advertir el supuesto
desconocimiento del precedente y la vulneración de los derechos fundamentales21.
En ese sentido, la Sala advierte que la demanda de tutela se presentó por fuera del
plazo considerado como razonable dada la falta de diligencia del accionante y sin
tener en cuenta que al cuestionarse una decisión judicial el análisis del requisito de
la inmediatez “debe ser más estricto y riguroso”22, razón por la que se confirmará la
decisión adoptada en primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de julio de 2022, por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ejecutoriada esta providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
20 La decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre se le notificó al apoderado al mismo
correo electrónico señalado en la demanda de tutela.
21
En esa misma línea ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de agosto de 2022, expediente 2022-00167-01.
22 Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto, sentencia de 23 de
enero de 2019, radicado número: 110010315000201801176 01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03115-01
Actor: Ramón Moisés Martínez Feria
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.
VF
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