Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-03116-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Cosa juzgada y temeridad: se configura porque el tutelante ha
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-03116-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2022-03116-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
12 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 110010315000202203116 00
Accionante: ASOCIACIÓN PRO DEFENSA NATIVOS Y DESCENDIENTES
DESPLAZADOS DE LA COMUNIDAD DE ROCHE
Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia /
COSA JUZGADA Y TEMERIDAD – Se configura porque el tutelante ha
presentado varias acciones de tutela con las mismas partes, los mismos hechos y
las mismas pretensiones / FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Falta de
carga argumentativa por cuanto no se alegó ni se fundamentó un defecto contra la
decisión de Tribunal Administrativo de la Guajira.
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instaurada por la Asociación Pro Defensa Nativos y Descendientes Desplazados
de la Comunidad de Roche, de conformidad con el Decreto 333 de 2021.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
La Asociación Pro Defensa Nativos y Descendientes Desplazados de la
Comunidad de Roche, por conducto de su representante legal, instauró demanda
de tutela contra el Tribunal Administrativo de La Guajira, la Presidencia de la
República, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación, la
Defensoría del Pueblo y la Empresa Carbones del Cerrejón Limited, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a “la vida digna, mínimo vital, derechos
colectivos, vivienda digna, tejido social, debido proceso, igualdad, autonomía”.
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Radicación número: 110010315000202203116 00
Accionante: Asociación Pro Defensa Nativos y Descendientes Desplazados
de la Comunidad de Roche
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
La parte tutelante elevó las siguientes pretensiones (se trascribe de manera literal,
con posibles errores incluidos):
1- Tutelar los derechos fundamentales a la vida digna, tejido social, mínimo
vital, vivienda digna, autonomía, auto reconocimiento, igualdad, debido
proceso, precedente constitucional y propiedad colectiva de las 33 familias
nativas de la comunidad afro descendientes de Roche beneficiarias con el
acta de acuerdos de fecha 4 de mayo de 2018, celebrado entre la
comunidad étnica de Roche que beneficia 33 familias y la empresa
carbones del Cerrejón Limited, violados por el Tribunal Contencioso
Administrativo de la Guajira, el Presidente de la República de Colombia,
Ministerio del Interior, Procuraduría General de la Nación, Defensoría
Nacional del Pueblo, empresa Carbones del Cerrejón Limited y Ocasionar
perjuicios irremediables, contra las 33 familias nativas beneficiadas de la
Comunidad étnica de Roche municipio de Barracas La Guajira.
2- Ordenar a la empresa Carbones del Cerrejón Limited que efectúe proceso
de reasentamiento e indemnizaciones a las 33 Familias Nativas
Beneficiadas de la comunidad étnica de Roche, tal como esta contemplado
en el Acta de Acuerdos de fecha 4 de mayo de 2018, celebrado entre las
partes en el marco del proceso de consulta previa, por cumplir con lo
ordenado en la orden tercera del Consejo de Estado y así aplicar el
derecho fundamental a la igualdad a las 33 familiar nativas de Roche
beneficiadas, como lo hizo la empresa Carbones del Cerrejón Limited con
las 25 Familias Nativas de Roche en el año 2003, las cuales fueron
reasentadas e indemnizadas y las 33 familias nativas de Roche, fueron
excluidas de esos derechos, aún están dispersas y sin ser reasentadas ni
indemnizadas por la empresa Carbones del Cerrejón Limited.
3- Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, Ministerio
del Interior, Defensoría Nacional del Pueblo, Procuraduría General de la
Nación y la empresa Carbones del Cerrejón Limited aceptar y respetar el
acta de acuerdo de fecha 4 de mayo de 2018 entre la comunidad étnica
afrodescendiente de Roche que beneficia a 33 familias nativas y la
empresa Carbones del Cerrejón Limited, firmado y aceptado por las partes
en el marco del proceso de consulta previa de fecha 4 de mayo de 2018.
4- Ordenar al Presidente de la República de Colombia, otorgar viviendas
dignas a las 33 familias nativas de la comunidad étnica de Roche
municipio de Barrancas La Guajira, por ser un grupo minoría, gozan de
protección especial, son afectados directamente por las explotaciones de
carbón en su terrario colectivo ancestral, por la empresa Carbones del
Cerrejón Limited, por orden del Presidente de la República de Colombia,
por medio de contratos de concesiones otorgadas, donde estas 33 familias
de la comunidad étnica Roche están desplazadas y despojadas de su
territorio por la minería, por lo tanto el Estado Colombiano conjuntamente
con la empresa Carbones del Cerrejón Limited, deben responder
solidariamente con su reasentamiento e indemnizaciones para garantizar
su supervivencia social y cultural.
5- Ordénese inspección judicial en el predio San Francisco municipio de
Barrancas La Guajira, para demostrar que las 25 familias de la comunidad
étnica de Roche, fueron reasentadas en el predio San Frasco de
propiedad horizontal por la empresa Carbones del Cerrejón en el año 2003
e indemnizadas también podemos demostrar con esa inspección judicial
que las 33 Familias Nativas Beneficiadas con los acuerdos de la
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Radicación número: 110010315000202203116 00
Accionante: Asociación Pro Defensa Nativos y Descendientes Desplazados
de la Comunidad de Roche
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
comunidad étnica de Roche no están reasentadas en el predio San
Francisco ni en ningún otro, ni han sido indemnizadas por la empresa
Carbones del Cerrejón Limited. Las 33 familias nativas de Roche no tienen
viviendas dignas ni tierras colectivas están en una pobreza extrema
ocasionada por el Estado Colombiano y la empresa Carbones del Cerrejón
Limited.
2. Hechos relevantes
El señor Roberto Ramírez Díaz, representante legal del Consejo Comunitario
Ancestral del Caserío de Roche, promovió una primera demanda de tutela contra
el Ministerio del Interior, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio del Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –
ANLA y la empresa Carbones del Cerrejón Limited, tras considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la consulta previa, al debido proceso y a la igualdad de
la comunidad afrodescendiente de Roche1.
Mediante sentencia del 7 de abril de 2016, el Tribunal Administrativo de La Guajira
amparó el derecho fundamental a la consulta previa invocado por el tutelante y
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En esa demanda se formularon las siguientes pretensiones:
“1.- Tutelar los derechos constitucionales a la consulta previa, debido proceso y el derecho a
la igualdad de los miembros de la Comunidad Afrodescendiente del caserío de Roche
Municipio de Barrancas La Guajira, violados por el Ministerio del Interior, Ministerio del Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la
empresa Carbones del Cerrejón.
2.- Ordenar al Ministerio del Interior, realizar el proceso de CONSULTA PREVIA entre la
Empresa Carbones del Cerrejón y los miembros de la Comunidad Afrodescendiente del
Caserío de Roche, municipio de Barrancas La Guajira.
3.- Ordenar al Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales suspender el Acto Administrativo por medio del cual se
otorgó Licencia Ambiental para la Exploración y Explotación de carbón a la empresa
Carbones del Cerrejón en el territorio ancestral del Antiguo Roche, hasta tanto no se efectué
el proceso de consulta previa con la Comunidad Afrodescendiente de Roche.
4.- Ordenar a la Empresa Carbones del Cerrejón cambiar el tipo de propiedad horizontal que
tiene actualmente el nuevo Roche y colocarle el establecido por la autonomía de esta
comunidad afrodescendiente que es el caserío del municipio de Barrancas en zona urbana
que pueden realizar sus actividades ancestrales.
5.- Ordenar a la Empresa Carbones del Cerrejón trasladar los seres queridos que se
encuentran en el cementerio ubicado en el antiguo Roche, y llevarlos al cementerio nuevo de
Roche, cumpliendo con el derecho de indemnización de los mismos.
6.- Ordenar a la Empresa Carbones del Cerrejón indemnizar materialmente, moralmente y
fisiológicamente a todos los habitantes afrodescendientes del caserío de Roche, por los
daños y perjuicios ocasionados por la empresa Cerrejón.
7.- Ordenar reasentar a las familias afrodescendientes del Caserío de Roche, que aún no
han sido reubicadas en el nuevo Roche de una manera digna.
8.- Ordenar a la Empresa Carbones del Cerrejón reajustar a un precio real el valor que
cuesta el antiguo territorio ancestral del Caserío de Roche y entregar el excedente a sus
miembros.
9.- Ordenar a la Empresa Carbones del Cerrejón implementar los programas sociales de
Educación, Cultura, Deporte, Salud, Medio ambiente, Agricultura, Adultos Mayores y
Empleos, con enfoques diferenciales y que sea obligatorio y no discrecional para la
comunidad afrodescendiente del Caserío de Roche”.
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Radicación número: 110010315000202203116 00
Accionante: Asociación Pro Defensa Nativos y Descendientes Desplazados
de la Comunidad de Roche
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
ordenó a Carbones de Cerrejón Limited que, en el término no mayor a un (1) mes,
instalara mesas de trabajo y de socialización, con presencia de la comunidad, para
verificar el cumplimiento de lo pactado y se procediera al traslado de los restos
mortales que reposaban en el antiguo cementerio del Caserío de Roche.
Esa decisión fue impugnada ante la Sección Primera del Consejo de Estado, la
que, por medio de fallo de 9 de diciembre de 2016 (radicado:
44001-23-33-000-2016-00058-01), resolvió:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de nulidad de la sentencia proferida el 7 de abril de
2016 por el Tribunal Administrativo de la Guajira.
SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo de 7 de abril de 2016, proferido por el Tribunal
Administrativo de La Guajira, que amparo el derecho a la consulta previa, pero por las
razones expresadas en precedencia.
TERCERO: ADICIONAR el citado fallo, en el sentido de ordenar a la empresa
Carbones del Cerrejón Limited, que dentro de los treinta (30) días siguientes a la
notificación de esta sentencia, inicie el proceso de consulta previa a la comunidad de
negros afrodescendientes del caserío de Roche del municipio de Barrancas,
departamento de La Guajira, en el que, conforme a los lineamientos fijados en el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, se incluya a los
pobladores que vendieron sus derechos a Intercor y a Carbones del Cerrejón desde el
año 1997, cuando se inició el proceso de reasentamiento, proceso en el cual se
evaluarán y definirán las medidas que deban adoptarse para que los beneficios,
compensaciones e indemnizaciones sean otorgadas a todos integrantes de la
comunidad que habitó el caserío de Roche consultando el principio de igualdad.
CUARTO: ORDENAR que con la participación de los 25 grupos familiares
reasentados en el predio denominado San Francisco, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la notificación de éste fallo, se adelante un proceso consultivo en el que,
con respeto por el derecho al consentimiento previo, libre e informado, se llegue a un
acuerdo sobre la forma de propiedad que adoptará el nuevo asentamiento, de una
manera que consulte el principio de igualdad, tenga en cuenta su identidad social y
cultural y garantice la subsistencia de la comunidad de afrodescendientes de Roche.
QUINTO: ORDENAR al Ministerio del Interior que coordine y haga seguimiento al
cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en desarrollo del proceso
de consulta previa que se ordena realizar, haga las recomendaciones respectivas y
rinda informes mensuales al juez de tutela de primera instancia sobre el avance del
proceso de consulta previa y la implementación de los compromisos asumidos por la
empresa Carbones del Cerrejón.
SEXTO: REMITIR copia de este fallo a la Defensoría del Pueblo para que adelante el
acompañamiento al proceso de consulta, en desarrollo de sus competencias legales.
SÉPTIMO: REMITIR el expediente dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria del fallo, a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.
Indicó la parte tutelante que, en mesa de trabajo del 26 de marzo de 2018, la
empresa Carbones del Cerrejón Limited “socializó la propuesta de acuerdo del
universo para las 33 familias nativas de la comunidad étnica de Roche
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Accionante: Asociación Pro Defensa Nativos y Descendientes Desplazados
de la Comunidad de Roche
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
beneficiarias y aceptadas por la empresa Carbones del Cerrejón Limited, donde
esa propuesta fue aceptada por el representante legal del consejo comunitario”.
Posteriormente, en reunión celebrada el 10 de abril de 2018, la empresa Carbones
del Cerrejón Limited “presentó y socializó los beneficios, compensaciones e
indemnización que tienen derecho las 33 familias nativas de la comunidad étnica
de Roche, por cumplir los requisitos establecidos en la sentencia de tutela de
segunda instancia…”.
El 24 de abril de 2018, el Ministerio del Interior convocó a la comunidad para
efectuar la consulta previa con la empresa Carbones del Cerrejón, el 4 de mayo de
2018.
En la referida fecha -4 de mayo de 2018-, se celebró la consulta previa con la
participación de la comunidad étnica afrodescendiente de Roche, la empresa
Carbones del Cerrejón Limited, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General
de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la personería del Municipio de Barrancas
La Guajira, el Secretario de Gobierno de la Alcaldía de Barrancas y el delegado de
la Gobernación de La Guajira. Agregó que el acta de acuerdos respectiva:
… establece un plan de compras de tierra, plan de compensaciones e
indemnizaciones (por perjuicios, daños morales y lucros cesantes), planes de vivienda
y lote, plan para adquirir tierra, plan semillas para proyectos productivos,
sostenimiento, fondo rotatorio, dotación y adecuación o mejoras para casa nuevas,
apoyo educativo, apoyo psicosocial, atención al adulto mayor y fortalecimiento
educativo…
En “sede de actuación de verificación de cumplimiento”, el Tribunal Administrativo
de La Guajira, mediante auto de 6 de abril de 2022, ofició a la empresa Cerrejón y
a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior para que informara si
“el 24 de marzo de 2022 se realizó la reunión de consulta previa según lo
acordado en la reunión realizada a través del medio virtual el 24 de febrero de
2022, de ser positiva la respuesta, alleguen al expediente los resultados de la
misma para proceder a su análisis y toma de decisiones sobre lo acordado por las
partes, atendiendo las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia”.
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Accionante: Asociación Pro Defensa Nativos y Descendientes Desplazados
de la Comunidad de Roche
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
3. Fundamentos de la demanda
La accionante señaló que la empresa Carbones del Cerrejón Limited no ha
cumplido el acuerdo del 4 de mayo de 2018, pese a que no se ha declarado nulo
ni se ha invalidado. Puntualmente, indicó (trascripción literal con posibles errores
incluidos):
La empresa Carbones del Cerrejón Limited no ha cumplido hasta la presente con lo
plasmado en el acta de los acuerdos de fecha 4 de mayo de 2018, firmado con la
Comunidad Afrodescendientes de Roche en el marco del proceso de consulta previa,
que beneficia a 33 familias nativas de la comunidad de Roche por cumplir con los
requisitos establecidos en la orden tercera del Consejo de Estado, el incumplimiento
por parte de la empresa Carbones del Cerrejón Limited y del Estado Colombiano, todo
esto está generando perjuicios irremediables contra las 33 familias nativas de la
comunidad étnica de Roche, los cuales están sin tierras colectivas, viviendas,
educación, salud, trabajos y otros, donde esta en riesgo su supervivencia étnica.
Adujo que la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el
Ministerio del Interior “nunca han garantizado y defendido los derechos humanos
fundamentales de las 33 familias nativas de la comunidad étnica de Roche, a
pesar que esas entidades fueron garantes del Acuerdo de fecha 4 de mayo de
2018…”.
Sostuvo que, con el auto del 6 de abril de 2022, el Tribunal Administrativo de La
Guajira desconoció la validez del acuerdo del 4 de mayo de 2022. Agregó que esa
corporación (trascripción literal con posibles errores incluidos):
… ordena y quiere que las partes elaboren y prueben un nuevo acta de
acuerdo, esto no es permitido por la Ley, jurisprudencia de la Corte
Constitucional y Convenio 169 de la OIT de 1989, porque los acuerdos una
vez elaborados y aprobados por las partes no pueden ser anulados,
cambiados ni modificados por las partes ni por ninguna autoridad del Estado
Colombiano, no existe ley que así lo permita, más cuando una vez firmados
los acuerdos, estos deben ser cumplidos por las partes, porque ellos generan
derechos, deberes y obligaciones, porque nacen a la vida jurídica por la
voluntad de las partes, por eso si se anula, cambia o modifica el acta de los
acuerdos de fecha 4 de mayo de 2018, esto desnaturaliza y vulnera los
derechos fundamentales a la consulta previa, debido proceso, igualdad e
autonomía de la comunidad étnica de Roche, en la cual firmó el Acta de
Acuerdos de fecha 4 de mayo de 2018, que beneficia a 33 familias nativas de
la comunidad de Roche, que no han sido reasentadas e indemnizadas por la
empresa Carbones del Cerrejón Limited, y por aplicación al derecho a la
igualdad deben ser reasentadas e indemnizadas igual que las 25 familias
nativas de Roche que fueron reasentadas e indemnizadas por la empresa
Carbones del Cerrejón en el año 2003, también el Tribunal Contencioso
Administrativo de la Guajira está desconociendo y violando la sentencia de
acción de tutela de segunda instancia orden tercera de la Sala de lo
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Accionante: Asociación Pro Defensa Nativos y Descendientes Desplazados
de la Comunidad de Roche
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Contencioso Administrativo Sección Primer radicación No.
44001-23-33-000-2016-00058-01, porque el acta de acuerdo de las 33 familias
nativas de la comunidad étnica de Roche, esta fundamentado jurídicamente
conforme a los requisitos exigidos por el Consejo de Estado orden tercera,
donde el acta de acuerdos de fecha 4 de mayo de 2018 es firmada, acepada y
ratificada por la empresa Carbones del Cerrejón Limited, los días 4 de mayo
de 2018, día 17 de septiembre de 2020 y el día 19 de febrero de 2021…
Indicó que el Tribunal Administrativo de La Guajira, el Presidente de la República,
el Ministerio del Interior y la empresa Carbones del Cerrejón Limited “están
desconociendo los precedentes constitucionales relacionados con el cumplimiento
de lo plasmado en el acta de acuerdos celebrados el día 4 de mayo de 2018,
estos precedentes constitucionales deben ser aplicados al caso este en concreto
por ser fáctica y jurídicamente similar, son las siguientes sentencias T-002 de
2017, SU-123 del año 2018, SU-037 de la Corte Constitucional y las sentencias
T-021, T-011, T-281, T-063, T-172, T-151, T-058 y T-312 del año 2019 Corte
Constitucional”.
4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela
4.1. Mediante providencia de 10 de junio de 2022, se admitió la demanda de tutela
y se ordenó notificar al Presidente de la República, al Ministro del Interior, a la
Procuraduría General de la Nación, al Defensor del Pueblo y a la empresa
Carbones del Cerrejón Limited.
Posteriormente, por auto del 7 de julio de 2022, se vinculó al Tribunal
Administrativo de la Guajira a la presente actuación.
4.1.1. El Tribunal Administrativo de la Guajira señaló que, con el fin de materializar
la orden de tutela impartida el 9 de diciembre de 2016 por la Sección Primera del
Consejo de Estado, abrió actuación de verificación de cumplimiento de la
sentencia de tutela, mediante auto de 29 de junio de 2018.
Dijo que, dentro de dicha actuación, se han dictado sendas providencias sin que
haya sido posible obtener el total cumplimiento de las órdenes de tutela, “pero por
razones no atribuibles a esta corporación”.
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Radicación número: 110010315000202203116 00
Accionante: Asociación Pro Defensa Nativos y Descendientes Desplazados
de la Comunidad de Roche
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Agregó que en la actuación de verificación se rindieron los informes respectivos, lo
que conllevó a que, mediante auto de 30 de julio de 2018, se estableciera que no
habían razones para declarar el incumplimiento del fallo de tutela, porque se
observó que “se llevó a cabo el proceso de Consulta Previa entre la mentada
comunidad y el Cerrejón Limited, que se surtieron las etapas de apertura, de
formulación de acuerdos, pero no se había realizado hasta ese momento la etapa
de protocolización de los acuerdos, por las divergencias que habían surgido sobre
cuáles son las personas que componen el universo de beneficiarios de la orden
tercera”.
Precisó que, con ocasión de una petición formulada por el ahora tutelante, se
expidió el auto de 14 de agosto de 2018, en el que se decidió estarse resuelto en
providencia de 30 de julio de 2018 y se exhortó a los miembros del Consejo
Comunitario Ancestral del Caserío de Roche a que zanjaran sus diferencias con el
fin de que se pudiera materializar el proceso de consulta previa.
Dado que se mantuvieron las divergencias de los actores que participan en el
proceso de consulta previa, por auto de 22 de septiembre de 2018, el tribunal
negó la protocolización de los acuerdos del 4 de mayo de 2018 y ordenó a los
intervinientes del proceso de consulta previa que “ejerzan el rol que a cada uno
compete para que este avance y logre su cometido”.
Así mismo, se requirió a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior
para que asumiera “con mayor activismo” sus competencias legales y
reglamentarias para adoptar las medidas necesarias para propiciar la continuidad
del proceso y garantizar el derecho a la consulta previa.
Posteriormente, en auto del 13 de diciembre de 2018, el tribunal resolvió (i)
requerir a la Dirección de Consulta Previa para que indicara las medidas que
adoptaría para propiciar la finalización del proceso; (ii) requerir a la Defensoría del
Pueblo para que indicara las actuaciones surtidas a fin de mediar en el conflicto
suscitado en la Comunidad Ancestral del Caserío de Roche y (iii) exhortar a los
intervinientes en este trámite para que contribuyeran de manera proactiva al logro
de la ejecución plena del amparo.
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Accionante: Asociación Pro Defensa Nativos y Descendientes Desplazados
de la Comunidad de Roche
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Cumplido lo anterior, por medio de auto de 1 de febrero de 2019, se corrió traslado
del informe de la junta directiva del Consejo Comunitario Ancestral de Roche y se
requirió nuevamente a la Defensoría del Pueblo para que informara sobre sus
actuaciones.
Luego, por proveído del 25 de febrero de 2019, se requirió a la Dirección de
Consulta Previa para que allegara “los resultados del test de proporcionalidad con
base a los criterios de la Directiva Presidencia 10 de 2013”.
Frente al anterior requerimiento, la Dirección de Consulta Previa manifestó que “se
requirió al mecanismo de protocolización sin acuerdos, pues de haber
protocolizado definiendo el universo de beneficiarios propuesto por el
representante legal de la comunidad, se desconocería a la otra parte que no
estuvo de acuerdo…”.
Mediante auto de 19 de marzo de 2019, el tribunal dictó “actos de dirección
tendientes a garantizar el cumplimiento de las órdenes de tutela que fueron dadas,
principalmente la atinente al proceso consultivo surgido con ocasión de la orden
tercera de la sentencia proferida por el Consejo de Estado en segunda instancia”.
Con ocasión de lo anterior, Carbones del Cerrejón allegó las pruebas requeridas y
el señor Roberto Ramírez “pone de presente una serie de hechos relacionados
con la no pertenencia de ciertas personas a la comunidad de Roche”.
Por auto del 8 de mayo de 2019, se requirió a la Dirección de Consulta Previa para
que informara sobre los avances del proceso consultivo y para que, en el evento
de haberse presentado obstáculos, indicara qué solución les daría y el
cronograma a cumplir.
El 4 de junio de 2019, ingresó el expediente al despacho del Tribunal,
observándose que “aun subsistían diferencias internas que no han sido zanjadas”.
Precisó la autoridad judicial que el ahora tutelante presentó otra demanda de
tutela contra ese tribunal, tras considerar que con las decisiones del 30 de julio de
2018, del 24 de septiembre de 2018 y del 19 de marzo de 2019 –que negaron la
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
protocolización del acta de 4 de mayo de 2018– se vulneraron sus derechos
fundamentales, porque, en su criterio, estaba obligado a ordenar al Ministerio del
Interior su protocolización y a Carbones del Cerrejón cumplir el acuerdo.
Sostuvo que de ese proceso conoció en primera instancia por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, la que, mediante fallo de 28 de agosto de 2019 (radicado
2019-03076), negó el amparo reclamado. Decisión confirmada por la Sección
Primera de la Corporación, por medio de sentencia de 9 de septiembre de 2019.
Adujo que el 15 de octubre de 2019, el ahora tutelante manifestó que la
comunidad no podía asistir a la reunión de consulta previa fijada para el 29 de
octubre de 2018, por “falta de recursos para la logística y asesorías jurídicas que
requiere la comunidad étnica de roche y porque tampoco se ha concertado
actualizar la ruta metodológica con dicha comunidad”.
Frente a lo anterior, por medio de proveído de 21 de octubre de 2019, se le indicó
al peticionario que ello escapaba de la órbita de las órdenes judiciales contenidas
en las sentencias de tutela y que son acuerdos a los que deben llegar las partes
autónomamente. Sin perjuicio de lo anterior, se ofició a la Defensoría Delegada
para los Indígenas y Minorías Étnicas y a la Defensoría Regional de La Guajira
para que continuaran con sus labores en aras de lograr acuerdos entre las partes
que conlleven a la culminación del proceso.
Expresó que, continuando la etapa de verificación, se allegaron informes sobre la
reunión de consulta previa realizada el 29 de octubre de 2019 y la propuesta de
negociación radicada por el tesorero del Consejo Comunitario de Roche, por lo
que mediante auto de 9 de diciembre de ese mismo año, se ofició a la Dirección
de Consulta Previa del Ministerio del Interior y al Director de Proyecto de Diálogo
Social de la empresa Carbones del Cerrejón para que informaran si la mencionada
propuesta fue sometida o no a discusión.
Dijo que debía tenerse en cuenta que la Sección Quinta del Consejo de Estado, en
el proceso de tutela promovido por la misma causa, concluyó que “es un hecho
notorio que la demora en el cumplimiento de las órdenes tutelares, no es atribuible
a actuaciones judiciales de las magistradas integrantes del Tribunal, sino que
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de la Comunidad de Roche
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
corresponde a la falta de consenso dentro de la propia forma de organización de la
comunidad étnica afrodescendiente”.
Indicó que, mediante auto de 5 de mayo de 2020, entre otras cuestiones, se
requirió a la parte accionante para que formulara una propuesta acorde con los
parámetros del fallo de tutela, con el fin de que pudiera ser objeto de discusión.
En razón de lo anterior, la Oficina Jurídica del Ministerio del Interior informó que se
presentaron dos propuestas diferentes y que, en ese sentido, era claro que no se
contaba con una fórmula unificada y que persiste el conflicto dentro del Consejo
Comunitario Ancestral del Caserío de Roche.
En ese contexto, afirmó que el tribunal (transcripción de forma literal):
… viene instando a las partes a la realización de las reuniones de consulta
previa según lo acordado por los actores de dicho proceso a quienes además
solicita remitir al expediente los resultados de la misma para proceder a su
análisis y toma de decisiones sobre lo acordado por las partes.
No obstante, nótese su señoría que a pesar que los actores del proceso de
consulta previa están avanzando satisfactoriamente en la propuesta unificada
y en razón a ello vienen adelanto las respectivas mesas de trabajo, tal como
se observa del contenido en los informes remitidos al expediente por las
partes en cumplimiento de lo ordenado en el auto de fecha trece (13) de
diciembre de dos mil veintiuno (2021), lo cierto es que a la fecha los miembros
de la Comunidad Ancestral del Caserío de Roche Municipio de Barrancas - La
Guajira de manera consensuada no han llegado al acuerdo que satisfaga los
parámetros estrictamente dispuestos en el fallo de tutela y bajo los principios
de buena fe, igualdad, prevalencia del interés común.
En tal razón no es de recibo que el accionante, quien de forma reiterativa y
desproporcional viene haciendo uso de los mecanismos de incidente de
desacatos, quejas disciplinarias, denuncias penales y tutelas contra el tribunal
aduzca que esta corporación desconoció la validez del acta de los acuerdos
de fecha 4 de mayo de 2018, pues el extenso trámite tutelar da cuenta que
ello no es cierto y por el contario la falta de consenso entre los miembros de la
comunidad afrodescendiente no les ha permitido arribar a un acuerdo que
atienda los parámetros estrictamente dispuestos en el fallo de tutela que
permita ordenar la protocolización en el marco del trámite de consulta previa.
Por lo expuesto, solicitó que se negara el amparo reclamado, tras considerar que
no ha vulnerado los derechos fundamentales del tutelante y que las decisiones de
la corporación se han proferido bajo el estricto cumplimiento del marco normativo y
jurisprudencial aplicable.
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
4.1.2. La empresa Carbones del Cerrejón Limited informó que:
● En fallo de tutela de 9 de diciembre de 2016, el Consejo de Estado le ordenó
realizar el proceso de consulta previa con la comunidad afrodescendiente del
caserío de Roche, con el fin de incluir a los pobladores que vendieron sus
derechos a la empresa desde el año 1997. En dicho proceso se deben evaluar
y definir las medidas que deben adoptarse para que los beneficios y
compensaciones sean otorgadas a los integrantes de dicha comunidad.
● Durante el desarrollo de las reuniones, se evidenciaron desacuerdos al interior
de la comunidad frente al número de beneficiarios del proceso consultivo, lo que
llevó a que el Tribunal Administrativo de La Guajira –en la etapa de verificación
de cumplimiento del fallo de tutela– profiriera diversas órdenes encaminadas a
la concertación entre las partes respecto de las personas que conforman el
grupo de beneficiarios.
Esto, porque el tribunal consideró que “los desacuerdos que existen al interior
de la Comunidad deben ser zanjados siendo ellos quienes tienen conocimiento
de las personas que habitaban el caserío de Roche, señalando quienes son
dichos beneficiarios, para que posteriormente con Cerrejón se proceda a
evaluar las medidas que deban adoptarse (auto emitido por el Tribunal
Contencioso Administrativo de la Guajira en sede de verificación de
cumplimiento del 30 de julio de 2018”.
● Ante la falta de consenso interno en la comunidad, por medio de auto del 5 de
mayo de 2020, el Tribunal Administrativo de La Guajira requirió al Consejo
Comunitario de Roche para que formulara propuesta y la presentara tanto a la
empresa Cerrejón como a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del
Interior para que se efectuara una nueva convocatoria y así discutir dicha
propuesta.
● Posteriormente, mediante proveído del 16 de febrero de 2021, el tribunal de
conocimiento ordenó a la Junta Directiva del Consejo Comunitario de Roche, a
la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior y a la empresa
Cerrejón informar sobre los avances del análisis de la propuesta presentada y
de la nueva convocatoria de consulta previa.
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
● En auto de 19 de abril de 2021, el tribunal le ordenó a la Junta Directiva del
Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche y a la empresa Cerrejón
que culminaran “los compromisos que se encuentren pendientes por cumplir,
para terminar el estudio y análisis de la propuesta unificada que viene siendo
objeto de diálogos entre el Cerrejón y los miembros de la Junta Directiva del
Consejo Comunitario Negro Afrodescendiente de Roche”.
● En atención de lo anterior, se instalaron mesas de trabajo para concertar el
número de beneficiarios de las compensaciones objeto del proceso consultivo y
su cuantificación, dentro de ellas, la del 9 de septiembre de 2021.
● Luego, el Tribunal Administrativo de La Guajira solicitó informe de los resultados
de las mesas de trabajo.
Adujo que, a la fecha de la respuesta de la demanda de tutela de la referencia,
“las partes han logrado un principio de acuerdo acatando lo señalado por el juez
de primera instancia en autos de verificación de cumplimiento de tutela, que
permitiría dar cumplimiento a lo dispuesto en el fallo del Consejo de Estado,
radicado 2016-00058”.
De otra parte, mencionó que las pretensiones de la demanda tutela se encuentran
directamente relacionadas con el proceso de tutela radicado bajo el número
2016-0058 y, por ende, lo procedente es acudir al juez que conoció de esa acción
en primera instancia, el Tribunal Administrativo de La Guajira, por ser el
funcionario competente y llamado a pronunciarse al respecto.
Lo anterior, si se tiene en cuenta que “el juez de tutela de primera instancia
conserva las potestades inherentes al cumplimiento de la orden tutelar, con lo cual
podrá atender las actuaciones de cumplimiento e incidentes de desacato que
promuevan los sujetos en la medida amparo, quien es el encargado de la
ejecución del fallo, por lo que es el competente para tomar las medidas necesarias
para cumplir a cabalidad lo que ha sido dispuesto u ordenado, si así lo considera”.
Alegó que debía tenerse en cuenta que, mediante auto de 30 de julio de 2018, el
Tribunal Administrativo de La Guajira señaló que no procedía protocolizar el
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
acuerdo en el que se estableció que el grupo de beneficiarios estaba conformado
por 33 familias –como lo pretende el tutelante–, porque (trascripción literal):
… debe existir acuerdo entre los miembros de la comunidad sobre cuáles son
las personas que pueden conformar dicho universo, frente a lo cual deben
guiarse por el principio de la buena fe. Adicionalmente, el Tribunal dejó claro
que el Acuerdo de la comunidad es imprescindible para la continuación del
proceso de consulta previa, porque las divergencias presentadas pueden
terminar en el fracaso de la misma, lo cual es una posibilidad en todo proceso
de consulta previa, en las cuales al no poder obtenerse el consentimiento de
las comunidades, pueden tomarse medidas directamente, siempre que estén
desprovistas de arbitrariedad y se encuentren a la luz de los principios de
razonabilidad y proporcionalidad.
Expuso que, en línea con lo anterior, en auto del 24 de septiembre de 2018, el
tribunal sostuvo que “no está dentro de sus competencias de autoridad judicial
imponer de forma coercitiva un acuerdo entre las partes, porque desnaturaliza el
proceso de consulta previa, razón por la cual no accedió a la petición de
protocolizar los acuerdos del 4 de mayo de 2018 firmados entre las 33 familias de
la Comunidad de Roche y Cerrejón”.
Finalmente, mencionó que existe una conducta temeraria del aquí tutelante porque
ha presentado otras demandas de tutela por los mismos hechos, a saber:
La primera ante el Juzgado Penal del Circuito de Especializado de Riohacha
(radicado 2019-00011), solicitando que se ordenara a la empresa Carbones del
Cerrejón que cumpliera con los procesos de reasentamiento e indemnizaciones
con las 33 familias de la comunidad de Roche, en los términos del acuerdo del 4
de mayo de 2018 y que se negó por improcedente por existir otra vía judicial para
reclamar.
La segunda, ante la Sección Quinta del Consejo de Estado (radicado
2019-03076), solicitando protocolizar los acuerdos del 4 de mayo de 2018, la que
se negó tras considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales del
tutelante, dado que la protocolización pretendida no era procedente porque no
existía consenso respecto de los beneficiarios de la orden del fallo de tutela de 9
de diciembre de 2016.
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Por lo anterior, la empresa Carbones del Cerrejón Limited solicitó que se negaran
las pretensiones de la demanda de tutela porque: i) el Tribunal Administrativo de la
Guajira es el competente para conocer del trámite de cumplimiento y de un
eventual incidente de desacato y ii) por constituir una acción temeraria.
4.1.3. La Procuraduría General de la Nación señaló que se configura la falta de
legitimación en la causa por pasiva, dado que esa entidad no es la causante de la
vulneración de los derechos fundamentales alegada por el tutelante.
Dijo que esa entidad no estuvo vinculada en el proceso de tutela fundamento de la
presente actuación y que solo se le convocó a dicho trámite mediante auto de 19
de marzo de 2019, en la fase de verificación del cumplimiento de las sentencias de
tutela.
Aclaró que, sin perjuicio de lo anterior, desde abril de 2017, la Procuraduría
General de la Nación, a través de la Procuraduría Agraria y Ambiental de La
Guajira, estaba asistiendo a las reuniones de consulta previa convocadas por el
Ministerio del Interior, con el fin de ejercer sus funciones de supervisión,
acompañamiento y seguimiento a dicho procedimiento.
Añadió que, tal y como se desprende de los documentos de fecha 21 de mayo, 31
de julio y 1º de agosto de 2019, sus actuaciones han sido “de simple garante, en
defensa del orden jurídico, de los derechos y garantías fundamentales, sociales,
económicos, culturales, colectivos y de ambiente donde ha imperado la
imparcialidad”.
Precisó que en la reunión del 4 de mayo de 2018, se informaron los criterios
utilizados para identificar a las 33 familias que reunían los requisitos para ser
beneficiarios de la sentencia y el porqué las otras 481 familias no cumplían dichos
requisitos. En ese sentido, consideró que “el acta del 4 de mayo de 2018, es
decir, en ella no se evidencia que se hubiere protocolizado acuerdos la reunión se
efectuó para identificación del universo de las 33 familias…”.
Refirió que, desde esa fecha, se presentó la división al interior de la comunidad de
Roche -entre el grupo de las familias reconocidas como beneficiarios y el grupo de
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familias que se concluyó que no cumplían requisitos- y que es la razón por la que
no se ha llegado a un acuerdo para su respectiva protocolización.
Insistió en que (trascripción de forma literal):
Es evidente que existen desacuerdos al interior de la comunidad, y si bien no
se ha podido llegar a la protocolización de acuerdos, ello no obedece a
decisión del juez constitucional, sino a que una de las partes del proceso
consultivo, que para el caso concreto son los integrantes de la comunidad
afrodescendiente de Roche, entre ellos existe diferencias en torno a quienes
son los que integran el universo de beneficiarios; en otras palabras, la mayoría
de los integrantes de la comunidad no acepta que no son todos sus
integrantes, los que conforma el universo de beneficiarios de las medidas de
compensación que debe otorgar la empresa CERREJÓN; y en ese sentido es
que se ha entendido que no existe consenso.
De otra parte, sostuvo que la presente acción de tutela es improcedente, dado que
ya existe un proceso de tutela que se fundamenta en los mismos hechos (radicado
2016-00058) y, por ende, “lo que debió hacerse fue impetrar en todo caso un
incidente de desacato y no otra tutela”.
Finalmente, hizo un recuento de las actuaciones desplegadas por el Procurador
Ambiental y Agrario en las reuniones del 23 de abril de 2019, del 22 de mayo de
2019, del 20 de junio de 2019 y la reunión de consulta previa de 25 de julio de
2019.
4.1.4. La Presidencia de la República solicitó que se le desvincule de la presente
actuación o, en su defecto, se declare improcedente el amparo reclamado, toda
vez que “no existe ningún hecho u omisión atribuible al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y/o al señor Presidente de la
República, frente a quien pueda predicarse una afectación de los derechos
fundamentales invocados”.
Refirió que no se cumple con el requisito de la inmediatez, toda vez que “el daño
que la parte accionante alega se remonta a hace cuatro años cuando la empresa
incumplió el acuerdo suscrito”.
De otra parte, hizo un recuento de las facultades y competencias de la Presidencia
de la República y del Presidente de la República y concluyó que se configura su
falta de legitimación en la causa por pasiva, porque sus funciones no se relacionan
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con el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el marco de la consulta previa y,
además, porque no tienen funciones relacionadas con la entrega de viviendas o
ayudas humanitarias.
4.1.5. El Ministerio del Interior se opuso a la prosperidad de las pretensiones, tras
considerar que no se evidencia acción u omisión que viole los derechos
fundamentales del accionante.
Precisó que para la reubicación del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de
Roche debe existir un consenso de toda la comunidad y como ello no ha ocurrido
por problemas internos de la comunidad, “esta entidad no es la llamada a dirimir
dicha conflictividad, ya que no cuenta con las competencias y por respeto de la
autodeterminación de las comunidades étnicas establecida en la Constitución
Política del 1991”.
Adujo que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior adelantó las
acciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva
Presidencial No. 10 de 2013 y la jurisprudencia constitucional, con el fin de
obtener el cumplimiento de la orden de tutela.
Sostuvo que “si lo que el accionante pretendía es una acción de tutela contra
providencia judicial, para el presenta caso no cumple con los requisitos
establecidos por la Corte Constitucional, más aún cuando está utilizando la figura
de la tutela para que se vuelva a debatir unos derechos ya garantizados en el
marco de una acción judicial”.
Hizo un recuento del desarrollo del proceso de consulta previa y se consignó como
última actuación la reunión celebrada el 19 de mayo de 2022, en la que se acordó
“que para el 23 de junio de 2022, en reunión de consulta previa, se protocolizarán
los acuerdos a los que lleguen el Consejo Comunitario de Roche y la empresa
Cerrejón de manera concertada”.
Señaló que el aquí tutelante ha presentado múltiples acciones de tutela por los
hechos debatidos en la presente actuación (radicados 2019-00011, 2020-00056,
2020-00083, 2021-07075), por lo que se constituye una acción temeraria.
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Por último, mencionó (transcripción de forma literal):
… el accionante aduce una supuesta vulneración a sus derechos, pero no
logra probar o acreditar mediante prueba siquiera sumaria las supuestas
afectaciones que dice se les están causando a las comunidades que
representa. Tampoco podría estarlo porque este análisis corresponde al
Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa,
por lo que no le asiste razón alguna para solicitar la protección del derecho
invocado. Es de recibo señalar que la afectación directa va asociada a la
posibilidad de que se rompa la cohesión social del colectivo. Lo que, de
ninguna manera, fue siquiera mencionado por el accionante.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es
un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares en los casos que señale la ley.
El artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 dispone que “el que interponga la acción
de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado
otra respecto de los mismos hechos y derechos” y, a su vez, el artículo 38 de
dicho decreto prevé que se incurrirá en una conducta temeraria “cuando sin motivo
expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma
persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o
decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.
Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia T-045 de 2014, precisó que la
temeridad se configura cuando concurren los siguientes elementos: i) identidad de
partes; ii) identidad de hechos; iii) identidad de pretensiones y iv) la ausencia de
justificación razonable en la presentación de la nueva demanda.
Respecto de las figuras de la cosa juzgada y de la temeridad, la Corte
Constitucional ha establecido:
Cosa juzgada constitucional
21. De conformidad con el artículo 243 de la Constitución, ‘los fallos que la
Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional’. Esta Corte ha señalado que las acciones de tutela también
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
están sometidas a los parámetros de la cosa juzgada. Por eso, el artículo 37
del Decreto 2591 de 1991 dispone que quien ‘interponga la acción de tutela
deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra
respecto de los mismos hechos y derechos’2. La cosa juzgada dota a las
providencias de un valor inmutable, vinculante y definitivo. En consecuencia,
‘le está vedado tanto a los funcionarios judiciales como a las partes
y eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo pleito’3.
22. Una sentencia proferida en un proceso de tutela hace tránsito a cosa
juzgada constitucional (i) cuando es seleccionada para revisión por parte de
esta corporación y fallada en la respectiva Sala; o (ii) cuando, surtido el trámite
de selección, se vence el término establecido para que se insista en su
selección, sin que ésta haya sido escogida por esta corte4.
23. En una acción de tutela se vulnera el principio de cosa juzgada cuando: (i)
se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de la
sentencia; (ii) en el nuevo proceso existe identidad de partes5; (iii) de objeto6; y
(iv) de causa respecto del anterior7. Como lo ha señalado esta Corte, ‘si
existen elementos distintos que caracterizan la nueva acción (…) ya no podría
hablarse de cosa juzgada constitucional, en tanto que el nuevo litigio tendría
otra identidad sustancial que aún espera ser resuelta y ser dotada de su
propia intangibilidad’8.
24. Sobre esto, el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que
‘[c]uando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes’,
razón por la cual, cuando se verifique la coincidencia material de los casos
presentados ante la jurisdicción constitucional, la conducta a seguir por los
jueces de tutela consiste en denegar la tutela solicitada, o bien declarar la
improcedencia del amparo, sin importar que estos no coincidan en el tiempo9.
2
Original de la cita: “Ver, entre otras, la sentencia C-774 de 2011”.
3
Original de la cita: “Corte Constitucional, sentencia SU-055 de 2018”.
4
Original de la cita: “Constitución Política de 1991, artículo 241: ‘A la Corte Constitucional se le
confía la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos
términos de este artículo, con tal fin cumplirá las siguientes funciones: (…) 9. Revisar, en la forma
que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos
constitucionales’”.
5
Original de la cita: “La identidad de partes, hace referencia a que ‘al proceso deben concurrir las
mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye
cosa juzgada’. Corte Constitucional, sentencias C-774 de 2001 y T-427 de 2017”.
6
Original de la cita: “Hay identidad de objeto cuando ‘sobre lo pretendido existe un derecho
reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica.
Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no
fueron declarados expresamente’. Corte Constitucional, sentencias C-774 de 2001 y T-427 de
2017”.
7
Original de la cita: “‘Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como
sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos,
solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar
los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa’. Corte
Constitucional, sentencias C-774 de 2001 y T-427 de 2017”.
8
Original de la cita: “Corte Constitucional, sentencia SU-055 de 2018”.
9
Original de la cita: “‘En el caso de que la acción de tutela fuese promovida por un abogado, la
consecuencia no solo consiste en el rechazo o la decisión desfavorable, sino además en la sanción
“con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años’. El artículo 38 del Decreto 2591
de 1991 dispone además que, en caso de reincidencia, ‘se le cancelará su tarjeta profesional, sin
perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar’”.
19
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Temeridad
25. Por otra parte, la temeridad se configura cuando, además de haber
identidad de partes, objeto y causa entre las dos tutelas, no existe justificación
en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso, es
decir, de mala fe, por parte del accionante o su apoderado. Así, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que una actuación es temeraria
cuando: ‘(i) resulta amañada, en la medida en que el actor se reserva para
cada demanda los argumentos o pruebas que convalidan sus pretensiones; (ii)
denote el propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a
toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretación judicial que,
entre varias, pudiera resultar favorable; (iii) deje al descubierto el abuso del
derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la
acción; o finalmente (iv) se pretenda a través de personas inescrupulosas
asaltar la buena fe de los administradores de justicia’10.
26. Así las cosas, en un caso puede existir cosa juzgada pero no
necesariamente temeridad del accionante, pues la cosa juzgada es un juicio
objetivo, mientras que la temeridad, como reproche, es subjetivo11.
En el caso bajo estudio, se tiene que el señor Roberto Ramírez Díaz, como
representante legal de la Asociación Pro Defensa Nativos y Descendientes
Desplazados de la Comunidad de Roche, promovió la acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de La Guajira, la Presidencia de la República, el Ministerio
del Interior, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la
Empresa Carbones del Cerrejón Limited, con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales a “la vida digna, mínimo vital, derechos colectivos,
vivienda digna, tejido social, debido proceso, igualdad, autonomía”.
Algunos de los entes accionados han puesto de presente que en este caso se
configura una actuación temeraria, porque el aquí tutelante ha presentado varias
acciones de tutela, por los mismos hechos que aquí se discuten, dentro de ellas, la
radicada bajo el número 2020-00083 –adelantado en segunda instancia por el
Tribunal Administrativo de La Guajira–.
En ese sentido, se procedió a consultar la página web de la Rama Judicial y se
constató:
• Que ese proceso de tutela fue promovido por el señor Roberto Ramírez Díaz
como representante legal del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío Roche
10
Original de la cita: “Corte Constitucional, sentencia T-001 de 1997, reiterada en la reciente
sentencia T-411 de 2017”.
11
Sentencia T-497/20.
20
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Accionante: Asociación Pro Defensa Nativos y Descendientes Desplazados
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
contra la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior – Dirección de
Consulta Previa, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y
la empresa Carbones del Cerrejón Limited, evidenciándose así la identidad de
partes de dicho proceso con el caso sub examine.
• Que esa demanda de tutela–al igual que ocurre con el asunto bajo estudio– se
fundamentó en el incumplimiento del fallo de tutela del 9 de diciembre de 2016
(radicado: 44001-23-33-000-2016-00058-01), mediante el cual la Sección Primera
del Consejo de Estado ordenó que se iniciara el proceso de consulta previa a la
comunidad de negros afrodescendientes del caserío de Roche para que, conforme
a los lineamientos fijados en el convenio 169 de la OIT, “se incluyan a los
pobladores que vendieron sus derechos a Intercor y a Carbones del Cerrejón
desde el año 1997, cuando se inició el proceso de reasentamiento, proceso en el
cual se evaluarán y definirán las medidas que deben adoptarse para que los
beneficios, compensaciones e indemnizaciones sean otorgadas a todos los
integrantes de la comunidad que habitó el caserío de Roche consultando el
principio de igualdad”, razón por la cual puede concluirse que existe identidad
fáctica.
• Que mediante esa primera demanda de tutela se pretendía obtener una orden
frente a la empresa Carbones del Cerrejón Limited, para “reasentar y pagar los
dineros por conceptos de indemnizaciones a las familias nativas de la comunidad
étnica de Roche”, mientras que en la demanda de tutela de la referencia se solicitó
que se ordene a dicha empresa “que efectúe proceso de reasentamiento e
indemnizaciones a las 33 Familias Nativas Beneficiadas de la comunidad étnica de
Roche, tal como está contemplado en el Acta de Acuerdos de fecha 4 de mayo de
2018, celebrado entre las partes en el marco del proceso de consulta previa, por
cumplir con lo ordenado en la orden tercera del Consejo de Estado…”, lo que
permite considerar que también existe identidad de objeto en ambas demandas de
tutela.
De otra parte, conviene mencionar que además de las anteriores acciones, la
parte actora presentó una tercera demanda de tutela, radicada bajo el número
2020-00083 y de la cual conoció el Juzgado Primero Administrativo Mixto de
Riohacha, que, para los efectos que aquí se analizan, declaró improcedente el
21
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
amparo solicitado -decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de la
Guajira, mediante fallo de 21 de septiembre de 2020-, bajo los siguientes
argumentos (trascripción de forma literal):
2.4.3.1. De la temeridad
El señor Roberto Ramírez Díaz interpuso acción de tutela contra la Nación –
Presidencia de la República – Ministerio del Interior – Dirección de Consulta
Previa – Defensoría del Pueblo – Procuraduría General de la Nación –
Carbones del Cerrejón Limited, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la vida digna, salud, derechos a la familia de la tercera edad,
debido proceso, igualdad, autonomía, autodeterminación, tejido social,
cultural, derechos colectivos, derechos propios de los miembros de la
comunidad étnica afrodescendiente de Roche, con el propósito que se realice
el proceso de reasentamiento y el pago de las indemnizaciones a las familias
nativas de la referida comunidad, solicitud que realiza en virtud de las órdenes
impartidas en la sentencia de tutela proferida por el Tribunal Administrativo de
la Guajira de fecha 7 de abril de 2016 adicionada por el Consejo de Estado en
fallo de fecha 9 de diciembre de 2016.
Bajo ese contexto, plantea la transgresión invocada, que en esencia, se deriva
de que a la fecha no se ha protocolizado el ‘ACTA DE CONSULTA PREVIA
EN LA ETAPA DE FORMULACIÓN DE ACUERDOS – DEFINICIÓN DEL
UNIVERSO EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE
SEGUNDA INSTANCIA DE LA SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE
ESTADO – DECISIÓN ORDEN TERCERA CON LA COMUNIDAD DE
NEGROS AFRODESCENDIENTES DEL CASERÍO DE ROCHE Y LA
EMPRESA DE CARBONES DE CERREJÓN LTDA ANEXO 3’ de 4 de mayo
de 2018.
Ahora, este Tribunal conoció el trámite de verificación del cumplimiento de la
sentencia de tutela de 9 de diciembre de 2016 mediante los autos de fecha 30
de julio de 2018, 24 de septiembre de 2018 y el 19 de marzo de 2019, donde
se negó a ordenar al Ministerio del Interior protocolizar los acuerdos del día 4
del mes de mayo de 2018 celebrados entre las 33 familias nativas de la
Comunidad Afrodescendientes de Roche y la empresa Carbones del Cerrejón.
Lo anterior, tuvo como fundamento, en términos generales, que no existe un
consenso entre los integrantes de la Junta Directiva del Consejo Comunitario
en relación con el universo de beneficiarios de la orden tercera del fallo de 9
de diciembre de 2016, por ello, no es procedente la protocolización del acta de
4 de mayo de 2018, toda vez que a esa reunión solo asistió el actor en
representación de la comunidad.
Ahora bien, al existir discrepancias al interior de la organización de la
comunidad afrodescendientes ha impedido al Tribunal ordenar la
protocolización de acuerdo en el marco del trámite de consulta previa, sin
embargo, dicha circunstancia no se una justificación válida para que la parte
actora continúe promoviendo acciones de tutela con elementos fáctico y
jurídicos similares a los que ahora se plantean.
En este caso, emerge del expediente, que el actor ha instaurado otras
acciones constitucionales con las que pretende básicamente lo mismo, pues
pese, con anterioridad a esta acción había interpuesto una acción de tutela
con similares pretensiones ante el Juzgado Primero Administrativo Mixto del
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Radicación número: 110010315000202203116 00
Accionante: Asociación Pro Defensa Nativos y Descendientes Desplazados
de la Comunidad de Roche
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Circuito Judicial de esta ciudad y ante el Juzgado Penal del Circuito Judicial
de esta ciudad y ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de
Riohacha; donde fueron rechazadas por improcedentes. Al tiempo se tiene
conocimiento de lo expresado por el Ministerio del Interior, que se encuentra
en trámite ante el Juzgado Promiscuo de Familia de San Juan del Cesar, otra
acción de tutela instaurada por el señor Ramírez Díaz, con el mismo objeto.
Sumado de lo anterior, la parte actora promovió tutela contra este Tribunal
ante el Consejo de Estado con pretensiones de amparo similares donde a
través de la sentencia del 28 de agosto de 2019, igualmente, se le negó el
amparo constitucional, habida consideración, ‘que mientras no exista un
consenso dentro de la propia forma de organización de la comunidad
afrodescendientes, a las entidades administrativas encargadas de
acompañar el trámite de consulta previa, a la empresa que a lo largo de todas
las diligencias de cumplimiento del fallo se han mostrado dispuestos a cumplir
la orden de amparo y al Tribunal Administrativo de La Guajira les resulta
imposible ordenar la protocolización de acuerdo en el marco del trámite
de consulta previa, al que no ha podido arribar la propia colectividad’12.
No obstante lo anterior, presenta esta nueva acción constitucional con
pretensiones de amparo similares, que apuntan a poder recibir beneficios de
orden económico por concepto de indemnización como consecuencia que
fueron reasentado en un territorio Nuevo Roche.
Descendiendo al objeto de pronunciamiento, el Tribunal destaca que se
configura la temeridad, por cuanto existe identidad de actor, accionado, objeto
y causa. Si bien existen algunas diferencias en los planteamientos realizados
en cada escrito inicial de tutela, lo cierto es que las pretensiones van
encaminadas al reconocimiento patrimonial derivado de la orden tercera del
fallo tutelar referido, como pasa a evidenciarse, sin que exista justificación
frente a la presentación de la nueva acción:
Radicado Radicado Radicado
44-001-33-33-001-2018-0 44-001-31-33-001-2019-00 11-001-31-15-000-2019-0
0193-00 011-00 3076-00
Actor: Roberto Ramírez Actor: Roberto Actor: Roberto
Díaz Ramírez Díaz Ramírez Díaz
En la acción de la
referencia: Roberto
Ramírez Díaz
Accionada: Nación – Accionada: Nación – Accionada: Tribunal
Ministerio del Interior – Ministerio del Interior – Administrativo de la
Dirección de Consulta Dirección de Consulta Guajira – Ministerio del
Previa – Municipio de Previa – Carbones del Interior – Dirección de
Barrancas – Carbones Cerrejón – Defensoría del Consulta Previa y la
del Cerrejón – Junta Pueblo empresa Carbones del
Directiva de la Asamblea Cerrejón Limited
del Consejo Comunitario
Ancestral del Caserío
Roche
En la acción de la
referencia:
12
Original de la cita: “Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta
– Magistrado Ponente (E): Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. Bogotá D.C., veintiocho (28) de
agosto de dos mil diecinueve (2019). Referencia: Tutela. Radicación:
11001-03-15-000-209-03077-00. Demandantes: Consejo Comunitario Ancestral de Caserío de
Roche, Municipio de Barrancas, La Guajira. Demandados: Tribunal Administrativo de la Guajira y
otros”.
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Radicación número: 110010315000202203116 00
Accionante: Asociación Pro Defensa Nativos y Descendientes Desplazados
de la Comunidad de Roche
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
‘Se ordene al Ministerio ‘Ordenar a la empresa ‘En resumen la
del Interior – Dirección de Carbones del Cerrejón a transgresión se hace
Consulta Previa que cumplir con los procesos de consistir en que a la fecha
convoque a reunión a reasentamientos e no se ha protocolizado el
efectos de protocolizar los indemnización con las 33 ‘ACTA DE CONSULTA
acuerdos firmados el 4 de familias nativas de la PREVIA EN LA ETAPA
mayo de 2018, entre las comunidad étnica de Roche DE FORMULACIÓN –
33 familias nativas de la por estar acorde con la DEFINICIÓN DEL
comunidad Roche…’ orden tercer del Consejo de UNIVERSO EN EL
Estado’ MARCO DEL
CUMPLIMIENTO DEL
FALLO DE SEGUNDA
INSTANCIA DE LA
SECCIÓN PRIMERA DEL
CONSEJO DE ESTADO –
DECISIÓN ORDEN
TERCERA CON LA
COMUNIDAD DE
NEGROS
AFRODESCENDIENTES
DEL CASERÍO DE
ROCHE Y LA EMPRESA
DE CARBONES LTDA.
ANEXO3’ de 4 de mayo
de 2028’.
Pese a lo anteriormente expuesto, existen mérito para pensar que existe mala
fe en las actuaciones desplegadas por el accionante, por el uso desmedido de
las acciones de tutelas, aunado, a que el actor afirmó bajo la gravedad de
juramento que no había iniciado una acción constitucional con fundamento en
los mismos hechos y derechos, sin embargo, de acuerdo como lo expresó la
juez de instancia se considera que existe un fallo de tutela que no ha sido
cumplido en su cabalidad y que este Tribunal recientemente conmino al
cumplimiento del fallo y al resarcimiento de los derechos fundamentales.
Adicionalmente, se conminará a la parte actora que se abstenga solicitar
nuevamente el amparo de sus derechos fundamentales por los mismos
hechos, so pena de incurrir en las sanciones que se han instituido para esta
actuación.
2.4.2. De la cosa juzgada
A partir de los hechos y elementos probatorios que fueron allegados al
presente proceso, partiendo del marco jurisprudencial arriba citado, procede el
tribunal a resolver sobre la existencia de la cosa juzgada, al advertirse que
existe decisión judicial anterior con similares supuestos fácticos y que ya ha
sido excluida por la Corte Constitucional, por lo que debe verificarse si se
configura i) identidad de parte, ii) identidad de causa petendi e iii) identidad de
objeto.
La Corte Constitucional ha señalado que ‘algunas alteraciones parciales a la
identidad no necesariamente excluyen la cosa juzgada, ya que, de lo
contrario, accionar a una persona mas o una menos puede significar, en todo
caso, una identidad de sujetos. De igual modo, una variación de los hechos o
un nuevo elemento que no tiene incidencia en las pretensiones ni la decisión,
tampoco puede ser razón per se para afirmar que no hay identidad de
pretensiones, pues agregar un hecho nuevo que no tenga incidencia en la
decisión no puede justificar reabrir una controversia que ha cumplido el
correspondiente trámite. Finalmente tener un mismo objetivo y pretensión no
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Radicación número: 110010315000202203116 00
Accionante: Asociación Pro Defensa Nativos y Descendientes Desplazados
de la Comunidad de Roche
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
significa que deba existir una redacción idéntica de las pretensiones de las
dos acciones, sino, en cambio, que el juez pueda verificar que materialmente
existe una pretensión equivalente’13.
Ahora bien, resulta necesario verificar si concurren los presupuestos exigidos
para que se configure el fenómeno de la cosa juzgada en el asunto bajo
estudio, para lo cual resulta necesario verificar si existe similitud entre las
acciones de tutela presentadas por el actor, en los siguientes aspectos:
Identidad fáctica en relación con la acción de tutela presentada
previamente: se observa que los hechos en que se respaldaron ambas
tutelas, se fundamentaron de la acción de tutela tramitada en primera
instancia por este Tribunal y en segunda instancia por el Consejo de Estado, a
que la comunidad étnica Afrodescendiente del antiguo Roche, fueron
desplazadas por la empresa Carbones del Cerrejón Limited y solo están
reasentadas e indemnizadas 25 familias en un territorio de propiedad
horizontal ubicado en zona urbana del municipio de Barrancas – La Guajira,
siendo excluidas las demás familias.
En efecto, en esa oportunidad, el accionante adujo también dicho supuesto,
señalando que hasta la fecha de presentación de la demanda no se ha
logrado elaborar una propuesta unificada para obtener un acuerdo con la
empresa Carbones del Cerrejón Limited. Luego, el fundamento fáctico
coincide con el sometimiento a examen de este Tribunal, en tanto atañe al
reasentamiento e indemnización de la comunidad afrodescendiente Roche por
parte de Carbones del Cerrejón. En ese sentido, se advierte coincidencia en
ambas acciones de tutela.
Identidad de partes. Al respecto, se encuentra que el demandante es el
mismo en todas las acciones – Roberto Ramírez Díaz – pues las peticiones de
amparo fueron presentadas por él en su condición de miembro y
representante legal de la Comunidad Étnica de Caserío Roche.
También existe coincidencia con el demandado en este ítem, toda vez que en
ambas tutelas se dirigen contra la Nación – Ministerio del Interior – Dirección
de Consulta Previa y Carbones del Cerrejón, sujetos procesales conminados a
cumplir la orden tercera del fallo en mención, pues la Defensoría y
Procuraduría demandados en esta ocasión son entes de control en la
vigilancia y cumplimiento de la sentencia judicial plurimencionada.
Quiere ello decir que la decisión objeto de debate continúa siendo la misma
dado que las decisiones adoptadas en las solicitudes de amparo no se emitió
algún juicio al respecto pues se declaró improcedente, de modo que no se
vislumbra la presencia de nuevos elementos fácticos o jurídicos que justifiquen
la presentación de una nueva acción de tutela.
En este sentido, se constata que en el asunto sub judice se presenta la figura
de la cosa juzgada, teniendo en cuenta que el accionante ejerció de manera
inapropiada este mecanismo de protección al intentar conseguir el reparo e
indemnizaciones, debido a que las acciones de tutelas instauradas guardan
identidad jurídica con la actual, como quedó demostrado anteriormente, sin
que se advierta algún motivo válido para abordar por ‘cuarta’ vez la
controversia planteada.
13
Original de la cita: “Sentencia T-427 de 2017”.
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Radicación número: 110010315000202203116 00
Accionante: Asociación Pro Defensa Nativos y Descendientes Desplazados
de la Comunidad de Roche
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Es este orden de ideas, el Tribunal declarará la configuración de la figura
jurídica de la cosa juzgada, teniendo en cuenta el carácter excepcional de la
tutela, que tiene como fin garantizar el respeto de la autonomía judicial, la
protección de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la
confianza en los fallos judiciales.
Con base en lo expuesto, es evidente que ambos procesos guardan identidad de
partes, de hechos y de pretensiones, por cuanto lo que se pretende es obtener
que la empresa Carbones del Cerrejón Limited realice el “proceso de
reasentamiento e indemnizaciones a las 33 Familias Nativas Beneficiadas de la
comunidad étnica de Roche”, en cumplimiento de lo ordenado en el fallo de tutela
del 9 de diciembre de 2016, actuación que no se ha logrado, porque al parecer
existen discrepancias dentro de la misma comunidad en cuanto a los beneficiarios
del acuerdo.
Así las cosas, la Sala estima que se transgredió el principio de cosa juzgada
porque el ahora tutelante promovió por una nueva acción de tutela por hechos ya
expuestos a través del mecanismo de protección constitucional, sin que exista un
hecho nuevo que lo faculte para ello.
En línea con lo anterior, la Subsección considera que en el presente asunto
también se constituye el fenómeno de la temeridad, dado que, según se
desprende de la decisión transcrita con anterioridad, con la presente acción
serían, al menos, cinco las demandas de tutela que ha instaurado el mismo
tutelante para obtener idéntico fin –el reasentamiento e indemnizaciones a las 33
Familias Nativas Beneficiadas de la comunidad étnica de Roche–, “sin motivo
expresamente justificado” (artículo 28 del Decreto 2591 de 1991).
En ese sentido, la Subsección estima que es procedente sancionar al señor
Roberto Ramírez Díaz con multa equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente, por el ejercicio abusivo de la acción de tutela, teniendo en
cuenta, además, que el en fallo de tutela del 21 de septiembre de 2020 –trascrito
con anterioridad–, el Tribunal Administrativo de la Guajira lo conminó para que “se
abstenga solicitar nuevamente el amparo de sus derechos fundamentales por los
mismos hechos, so pena de incurrir en las sanciones que se han instituido para
esta actuación”, pero continuó actuando en abierta oposición a tal decisión judicial.
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Radicación número: 110010315000202203116 00
Accionante: Asociación Pro Defensa Nativos y Descendientes Desplazados
de la Comunidad de Roche
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Al respecto, esta Subsección ha considerado:
… en este asunto existe un ejercicio abusivo de la acción de tutela por parte
del señor (…), porque, a pesar de que en otras oportunidades se le puso de
presente que estaba incurriendo en temeridad y se le conminó para que se
abstuviera de presentar nuevas acciones de tutela por las mismas razones,
hizo caso omiso a lo decidido por los jueces de tutela.
En ese sentido, armonizando lo dicho en relación con lo considerado por la
Corte Constitucional en la sentencia T-219 de 2018, como en la presente
solicitud de amparo existe identidad de partes, de objeto y de causa con los
procesos de tutela anteriores y también porque en los expedientes
2016-01465-00, 2019-02763-00 y 2020-01431-00 ya se surtió el trámite de
selección ante la Corte Constitucional. Así mismo, al corroborarse el ejercicio
abusivo e indiscriminado de la solicitud de amparo por parte del señor (…), la
Sala declarará improcedente la tutela, por haberse configurado la temeridad y,
como consecuencia, le impondrá una multa equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente.
Sobre la imposición de multas por haberse configurado la temeridad, esta
Subsección, en sentencia del 23 de octubre de 202014, sostuvo lo siguiente:
Según el artículo 78 (numerales 1 y 2) del Código General del Proceso,
aplicable por remisión expresa del artículo 4 del Decreto 306 de 1992, son
deberes y responsabilidades de las partes y sus apoderados, proceder con
lealtad y buena fe en todos sus actos, y obrar sin temeridad en sus
pretensiones o defensas y en el ejercicio de los derechos procesales.
El artículo 79 (numeral 1º) de ese mismo estatuto procesal establece la
presunción de que ha existido temeridad o mala fe “cuando sea manifiesta la
carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o
incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad” y, por su
parte, los artículos 80 y 81 ejusdem prevén que quien actúe con temeridad o
mala fe, deberá responder por sus actuaciones y, además de pagar las costas
del proceso, incidente o recurso, será sancionado con multa de 10 a 50 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
En conclusión, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo por
haberse configurado la temeridad y, en consecuencia, sancionará al
accionante con una multa equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente, toda vez que la Sala encontró configurada la temeridad por el uso
abusivo, irracional y carente de fundamento de la acción de tutela15.
De otro lado, conviene establecer que el presente asunto tampoco cumple con el
requisito de la subsidiariedad, toda vez que, como lo refieren las entidades
demandadas en las contestaciones de la demanda de tutela, se tiene posibilidad
de formular el incidente de desacato ante el Tribunal Administrativo de la Guajira
–competente por su condición de juez de tutela de primera instancia en la acción
14
Original de la cita: “Expediente 11001-03-15-000-2020-03950-00, M.P. José Roberto Sáchica
Méndez. Actor: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo”.
15
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P.: María Adriana Marín, sentencia de 19
de diciembre de 2021, radicado número: 11001-03-15-000-2020-05388-00.
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Radicación número: 110010315000202203116 00
Accionante: Asociación Pro Defensa Nativos y Descendientes Desplazados
de la Comunidad de Roche
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
de tutela que ordenó el amparo– para efectos de obtener el cumplimiento del
ordinal tercero del fallo de tutela del 9 de diciembre de 2016, en el que se dispuso:
TERCERO: ADICIONAR el citado fallo, en el sentido de ordenar a la empresa
Carbones del Cerrejón Limited, que dentro de los treinta (30) días siguientes a la
notificación de esta sentencia, inicie el proceso de consulta previa a la comunidad de
negros afrodescendientes del caserío de Roche del municipio de Barrancas,
departamento de La Guajira, en el que, conforme a los lineamientos fijados en el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, se incluya a los
pobladores que vendieron sus derechos a Intercor y a Carbones del Cerrejón desde el
año 1997, cuando se inició el proceso de reasentamiento, proceso en el cual se
evaluarán y definirán las medidas que deban adoptarse para que los beneficios,
compensaciones e indemnizaciones sean otorgadas a todos integrantes de la
comunidad que habitó el caserío de Roche consultando el principio de igualdad.
Por último, es del caso precisar que, si bien es cierto que el tutelante indicó que
con el auto de 6 de abril de 2022, el Tribunal Administrativo de La Guajira vulneró
sus derechos fundamentales, también lo es que no hay lugar a emitir un
pronunciamiento de fondo, bajo el entendido de que no se cumplió con la carga
argumentativa exigida para promover la demanda de tutela contra providencias
judiciales.
Lo anterior, si se tiene en cuenta que no se edificó y mucho menos desarrolló una
argumentación dirigida a establecer, de un lado, una causal específica de
procedibilidad y, del otro, las razones que sustentan la supuesta violación de
derechos fundamentales, sino que la parte actora se limitó a afirmar que ese
tribunal “desconoció la validez del acuerdo del 4 de mayo de 2022”, cuando esta
Corporación ha establecido que “… no basta con manifestar inconformidad o
desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia, sino que es
necesario que el interesado demuestre que la providencia cuestionada ha
incurrido en alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de
relevancia constitucional”16.
Con todo, a juicio de la Sala, no podría predicarse una vulneración de derechos
fundamentales por la expedición del auto de 6 de abril de 2022, porque se limitó a
oficiar a la empresa Carbones del Cerrejón y a la Dirección de Consulta Previa del
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 12 de agosto de 2019, radicación número: 11001-03-15-000-2019-03205-00, M.P.
María Adriana Marín, reiterada en fallo de 19 de septiembre de ese mismo año, exp.
110010315000201903701-00.
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Radicación número: 110010315000202203116 00
Accionante: Asociación Pro Defensa Nativos y Descendientes Desplazados
de la Comunidad de Roche
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Ministerio del Interior para que informara si “el 24 de marzo de 2022 se realizó la
reunión de consulta previa según lo acordado en la reunión realizada a través del
medio virtual el 24 de febrero de 2022, de ser positiva la respuesta, alleguen al
expediente los resultados de la misma para proceder a su análisis y toma de
decisiones sobre lo acordado por las partes, atendiendo las razones expuestas en
la parte motiva de la presente providencia”, es decir, que en modo alguno se
adoptaron determinaciones de fondo ni se modificó o afectó lo ya decidido, pues lo
que esa decisión corrobora es que el tribunal accionado ha tenido un papel activo
en el trámite judicial de verificación de cumplimiento del fallo de tutela.
Con fundamento en lo expuesto, la Subsección declarará la improcedencia del
amparo solicitado por haberse configurado la temeridad y sancionará al señor
Roberto Ramírez Díaz con una multa equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente, por el uso abusivo de la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: DECLARAR que el señor Roberto Ramírez Díaz obró con temeridad,
por lo que se le conmina para que se abstenga de presentar acciones de tutela
invocando los mismos hechos y pretensiones.
TERCERO: IMPONER al señor Roberto Ramírez Díaz, a título de sanción por la
temeridad declarada, el pago de una multa equivalente a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente, valor que deberá consignar en la cuenta corriente del
Banco Agrario 3-0820-000640-8, DTN- multas y cauciones efectivas del Consejo
Superior de la Judicatura, dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia.
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Radicación número: 110010315000202203116 00
Accionante: Asociación Pro Defensa Nativos y Descendientes Desplazados
de la Comunidad de Roche
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
QUINTO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN VJOSÉ ROBERTO SÁCHICA
MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
30
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