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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03119-01

Fecha
23 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03119-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de julio de 2022, por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ejecutoriada esta providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-03119-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

23 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-03119-01

Actor: JOSÉ DOMINGO LÓPEZ

Demandado: FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y
PENSIONES - FONCEP

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Improcedente / SUBSIDIARIEDAD – No se cumple
porque el accionante cuenta con otro medio de defensa judicial y existe un proceso
judicial en trámite / INMEDIATEZ – La demanda de tutela se presentó más de 20
años después de que se expidió el acto que supuestamente vulneró sus derechos
fundamentales / FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD
– A pesar de que el accionante es una persona de la tercera edad no se demostró
la existencia de un perjuicio irremediable o la afectación al mínimo vital o de
igualdad.

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia
proferida el 8 de julio de 20221 por la Sección Primera del Consejo de Estado, por
medio de la cual se declaró improcedente el amparo solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

Por escrito presentado el 7 de junio de 2022, el señor José Domingo López, a través
de apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra el Fondo de Prestaciones
Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al

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El proceso entró al despacho para fallo el 10 de agosto de 2022.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03119-01
Actor: José Domingo López
Demandado: Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones - FONCEP
Referencia: Acción de tutela

debido proceso, a la seguridad social, “al reajuste oportuno de las pensiones”, a la
vida y a la salud.

2. Hechos

2.1. El accionante señaló que la Caja de Previsión Social de Bogotá -hoy FONCEP,
a través de la Resolución 2517 de 1976, le reconoció una pensión de jubilación.

2.2. Inconforme con el monto, el señor Domingo López promovió una demanda de
nulidad y restablecimiento en la que se accedió a sus pretensiones y el Consejo de
Estado ordenó “la inclusión del reajuste pensional establecido por el artículo 116 de
la Ley Sexta de 1992, en los términos y porcentajes previstos en el Decreto
Reglamentario 2108 de 1992”.

2.3. Advirtió que, pese a la anterior decisión, la administración hizo caso omiso y,
de manera unilateral, ordenó un pago único sin el debido reajuste de su mesada
pensional mes a mes, razón por la que consideró que la administración “incurrió en
un error, que a pesar de los tantos años transcurridos sigue existiendo, sin que la
Administración distrital lo corrija, en detrimento del patrimonio del pensionado
accionante”.

2.4. Adicionalmente, aclaró que el accionante y otros 55 pensionados han solicitado
la reliquidación de su pensión; sin embargo, la respuesta siempre ha sido negativa.

2.5. Sostuvo que la última solicitud la presentó el 15 de diciembre de 2021, pero
mediante Resolución SPE-GDP 00607, notificada el 11 de mayo de 2022, la
administración “sin argumentos válidos niega un reajuste pensional que no se le
solicitó, pues la solicitud está encaminada a la revisión de la reliquidación pensional,
aspecto bien diferente a lo decidido”.

2.6. Finalmente, aclaró lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con
posibles errores):

La Administración Distrital, tiene en el expediente del accionante, la primera
copia de la sentencia referida proferida por la Sección Segunda del Honorable
Consejo de Estado, aquella copia que, por ser la primera, en la legislación
anterior, prestaba mérito ejecutivo, razón por la cual, en su momento, no se
adelantó el juicio ejecutivo que procedía.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03119-01
Actor: José Domingo López
Demandado: Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones - FONCEP
Referencia: Acción de tutela

3.- Fundamentos de la demanda de tutela

El señor Domingo López sostuvo que el FONCEP, al negarle la reliquidación
pensional, incurrió en una vía de hecho que ha afectado los derechos
fundamentales invocados, pues “la revisión tantas veces solicitada, no acepta
rehacerla para que se ajuste a los términos del decreto 2108 de 1992, lo que
conllevaría a que la mesada pensional del accionante, se actualice desde el primero
de enero de 1993”.

De otro lado, manifestó lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con
posibles errores):

La Administración Distrital, al dar cumplimento al fallo, se apartó de la orden
judicial ejecutoriada, y decidió hacer lo que llamó, ‘un pago único’, creyendo
equivocadamente, que el fallo judicial así lo decía, lo que no es cierto; no
aplicó el reajuste en los términos del decreto 2108 de 1992, es decir, no
actualizó el valor de la mesada pensional hacia el futuro, por lo que, la mesada
del accionante, quedó sin ajuste, sin actualización, con valores inferiores, a
los que debería tener, si la decisión judicial, hubiese sido acatada por la
Administración Distrital. Toda esta situación que, mi mandante ha denunciado
ante la Administración Distrital en muchas ocasiones, obedeció a un error de
la administración, que no ha sido corregido, que la administración no ha
querido enmendar, por lo que, en muchas ocasiones, el accionante, le ha
solicitado la revisión de dicha reliquidación, para que, al rehacerla,
enmendarla o corregirla, el valor de la mesada pensional se actualice, desde
el primero de enero de 1993.

(…).

La violación de los derechos fundamentales atrás señalados, que viene desde
hace muchos años, continúa, está vigente y no cambiará, hasta el día que, la
administración distrital, enmiende su error y actualice la mesada pensional del
accionante, desde el primero de enero de 1993. En otras palabras, acate la
decisión judicial de marras. Y el derecho a reclamar una correcta liquidación,
no ha prescrito. El pensionado, no puede (no debe), soportar los errores de la
administración distrital.

Aclaró que con un acta del 2003 del Comité de Conciliación de la extinta
Subdirección de Obligaciones Pensionales de la secretaría de Hacienda Distrital,
se acordó que la reliquidación de las pensiones “con inclusión del reajuste
pensional del artículo 116 de la Ley sexta de 1992 y su decreto reglamentario 2108

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03119-01
Actor: José Domingo López
Demandado: Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones - FONCEP
Referencia: Acción de tutela

del mismo año, serán pagadas, mediante el sistema de pago único”, sin tener en
cuenta que esa decisión no tenía fundamento jurídico alguno.

Adujo que las sentencias de la Corte Constitucional, en especial la T-456 de 2013,
establecieron que una incorrecta liquidación de la pensión puede ser corregida en
cualquier tiempo, máxime si se tiene en cuenta que lo reclamado hace parte del
derecho a la seguridad social; además, en la sentencia C-531 de 1995 se sostuvo
que el reajuste pensional era una “situación jurídica consolidada, que no puede
serle desconocida por la administración, so pretexto de la inexequibilidad del
artículo 116 de la Ley Sexta de 1992”.

Refirió que las mesadas de otros pensionados que también se ordenó reajustar con
fundamento en el decreto reglamentario 2108 de 1992 se hicieron de manera
correcta y afectaron la mesada pensional, cosa que no ocurrió con el accionante,
lo que violó su derecho fundamental a la igualdad. Al respecto manifestó (se
transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

La anterior afirmación, la demuestro con un listado adjunto, que contiene el
nombre de 202 pensionados que fueron clientes de mi oficina de abogado,
donde encontramos el nombre del pensionado, su cédula de ciudadanía y el
número del acto administrativo mediante el cual, la administración distrital, ya
en manos del FONCEP, dio cumplimiento a fallos judiciales similares al del
accionante, liquidando correctamente el reajuste pensional en cita.

Advirtió que el señor José Domingo López tiene 93 años por lo que no se le debería
exigir que promueva un proceso ordinario en el que los resultados posiblemente
“no serían vistos por el accionante”.

Finalmente, frente al requisito de inmediatez, aclaró que la violación de sus
derechos fundamentales sigue causándose, por lo que la demanda de tutela podría
ser presentada en cualquier tiempo.

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó (se transcribe de forma literal, con
posibles errores incluidos):

Teniendo en cuenta las anteriores situaciones fácticas, de derecho, al igual
que, las normas Constitucionales invocadas y la Jurisprudencia mencionada,
les solicito con todo respeto al señor Juez de Tutela, acceder a las siguientes
pretensiones:

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03119-01
Actor: José Domingo López
Demandado: Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones - FONCEP
Referencia: Acción de tutela

1a) Se servirá TUTELAR los Derechos Constitucionales Fundamentales del
Accionante invocados como violados, y vulnerados por la actuación errada,
omisiva, arbitraria y de desacato judicial, del FONDO DE PRESTACIONES
ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES “FONCEP”, al negar la revisión
de la reliquidación pensional practicada años atrás al accionante;

2a) Como consecuencia de la anterior decisión, se servirá ordenar que la
Entidad Accionada, REVISE la reliquidación pensional que años atrás
practicó erradamente, cuando se le reconoció judicialmente al accionante el
reajuste pensional del artículo 116 de la ley sexta de 1992, pero respetando
los términos del decreto 2108 de 1992;

3o) Que, como consecuencia de la revisión a dicha reliquidación pensional,
se REHAGA la reliquidación, respetando los términos del decreto 2108 de
1992, como le fue ordenado judicialmente en aquella ocasión pasada, para
que el valor de la pensión quede nivelado y actualizado, desde el primero de
enero de 1993;

4a) Que existiendo en la liquidación pensional cuya revisión se solicita, un
error imputable a la Administración Distrital se determine que no hay lugar a
aplicar en la reliquidación que se rehaga, la prescripción trienal de las
mesadas causadas desde el primero de enero de 1993;

4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela

4.1. Mediante auto del 13 de junio de 2022, la Sección Primera del Consejo de
Estado admitió la demanda de tutela, ordenó notificar a la autoridad accionada;
vinculó a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca como terceros con interés.

4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca manifestó que no ha vulnerado un
derecho fundamental del accionante, máxime si se tiene en cuenta que se ataca
la Resolución SPE GDP 000607 del 5 de mayo de 2022 y “no el proceder de este
Tribunal”.

De otro lado, aclaró que la decisión que se adoptó en el proceso ordinario estuvo
ajustada al ordenamiento jurídico.

4.3. El FONCEP aclaró que mediante Resolución 269 del 30 de enero de 2001 dio
cumplimiento a la orden judicial, decisión que fue recurrida vía reposición y negada
a través de Resolución 911 del 25 de abril de 2001.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03119-01
Actor: José Domingo López
Demandado: Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones - FONCEP
Referencia: Acción de tutela

Advirtió que el 29 de diciembre de 2017 y el 5 de mayo de 2022, se negó
nuevamente la solicitud de reliquidación presentada por el apoderado del
accionante, toda vez que no se aportaron nuevos elementos de juicio que varíen la
decisión que se había adoptado.

De otro lado, solicitó declarar improcedente la demanda de tutela por lo siguiente:

i) El accionante no agotó todos los medios de defensa que tenía a disposición, pues
podía solicitar aclaración de la sentencia en aras de que se determinara si el
reajuste aplicaba a las mesadas futuras o podía promover un proceso ejecutivo si
estaba en desacuerdo con el acto administrativo que cumplió la decisión judicial.

Adicionalmente, aclaró que el señor José Domingo presentó una nueva demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos que
dieron cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado; sin embargo, el 17 de
febrero de 2022, el Juzgado 28 Administrativo de Bogotá declaró probada la
excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia del medio
de control.

ii) Advirtió que el reconocimiento pensional se realizó con posterioridad a la
declaratoria de inexequibilidad de la Ley 6ª de 1992, por lo que no podría irse en
contravía de lo establecido por la Corte Constitucional.

ii) Que no se cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que se atacan los
actos administrativos proferidos en el 2001 y a la fecha de presentación de la
demanda de tutela han transcurrido más de 20 años.

5.- La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 8 de julio de 2022, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró improcedente la demanda de tutela, tras considerar que se
incumplió con el requisito de inmediatez, pues se ataca la Resolución 269 del 30
de enero de 2001, en tanto que la demanda de tutela se radicó el 7 de junio de
2022, “es decir, después de más de 20 años, a pesar de que estaba inconforme
con dicha reliquidación pensional, sin que se advierta una justa causa para no haber
acudido con anterioridad”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03119-01
Actor: José Domingo López
Demandado: Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones - FONCEP
Referencia: Acción de tutela

Aclaró que, si bien se señaló que no pudo acudir al proceso ejecutivo al no tener la
primera copia de la decisión judicial, lo cierto es que el accionante nunca puso en
conocimiento del juez de tutela dicha situación.

De otro lado, advirtió que, si se considera que el requisito de inmediatez debe
flexibilizarse por ser el accionante una persona de la tercera edad, la demanda de
tutela seguiría siendo improcedente porque lo que se discuten son aspectos de
carácter prestacionales o económicos.

Finalmente, adujo que no se probó la configuración de un perjuicio irremediable que
haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio; además que (se
transcribe de forma literal):

En efecto, la Sala advierte que, si bien el actor solicita la reliquidación de su
pensión de jubilación, lo cierto es que la discusión no gira en torno al
reconocimiento de dicha prestación, toda vez que ya cuenta con ella, sino lo
que se pretende es que se incremente su valor; es decir, la Sala no encuentra
acreditado que se esté afectando el derecho fundamental al mínimo vital del
tutelante.

6.- La impugnación

Inconforme con la anterior decisión, el accionante la impugnó, oportunidad en la
que adujo que el a quo no analizó el fondo del asunto y tampoco tuvo en cuenta
que la decisión proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado fue
desacatada y el FONCEP se inventó un pago único que no fue ordenado.

Manifestó que el accionante tiene 93 años por lo que los mecanismos ordinarios
deberían considerarse inocuos; además, que la violación a sus derechos
fundamentales sigue sucediendo lo que habilita para que la demanda de tutela se
pueda presentar en cualquier tiempo.

El accionante reiteró lo expuesto en la demanda de tutela e insistió en que no se
cumplió la sentencia que le resultó favorable y que con la comunicación del 7 de
junio de 2016 “dirigida al suscrito abogado” se evidencia el desacato y los errores
en los que incurrió la administración.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03119-01
Actor: José Domingo López
Demandado: Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones - FONCEP
Referencia: Acción de tutela

Refirió que de acuerdo con las sentencias de la Corte Constitucional los ciudadanos
afectados con una incorrecta liquidación pueden reclamar su derecho en cualquier
tiempo (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

En el caso concreto del accionante, resalto que, el A QUO, se limitó a mirar
el asunto planteado, como un asunto legal, olvidando las razones, los
argumentos, no desvirtuados por la administración distrital, que constituyen
claras y ostensibles violaciones de los derechos fundamentales del
accionante, violaciones que son actuales, permanentes, que afectan la
calidad de vida de un adulto mayor de 93 años, cuyo único medio de
subsistencia, es su exigua mesada pensional, con la cual debe sostener su
hogar, con su esposa, y que, como se explicó en el escrito de tutela, de buena
fe, entregó a la administración distrital, la primera copia de la sentencia que
en aquellos años, prestaba mérito ejecutivo para hacer efectiva la sentencia
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo cual nunca se pudo
adelantar el proceso ejecutivo de rigor, convirtiendo este asunto, en cartas,
reuniones, conversaciones, siempre a lo largo de estos 18 años, con
resultados negativos.

Por eso, reitero que, resulta desproporcionado que los afectados con una
incorrecta liquidación no puedan reclamar su derecho en cualquier tiempo. Y
que la acción para reclamar la adecuada liquidación de la pensión no está
sujeta a un término específico para ejercerla, en virtud de los principios de
inalienabilidad, imprescriptibilidad, irrenunciabilidad y favorabilidad, propios
del derecho a la seguridad social. Al resolver casos similares, la Corte ha
fijado una regla jurisprudencial de acuerdo con la cual, si la entidad encargada
de efectuar una liquidación no lo hace de la forma correcta, el afectado no
puede renunciar al derecho a la reclamación.

II.- C O N S I D E R A C I O N E S

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y excepcionales.

En el presente asunto, el accionante pretende que se les amparen sus derechos
fundamentales y se le ordené al FONCEP que reliquide su pensión de acuerdo con
los parámetros establecidos en la sentencia proferida el 3 de febrero de 2000 por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03119-01
Actor: José Domingo López
Demandado: Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones - FONCEP
Referencia: Acción de tutela

Para determinar si el presente asunto cumple o no con los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la Sala considera pertinente traer a colación
los hechos que se encuentran probados, a saber:

i) Mediante Resolución 00066 de 1995, la Caja de Previsión negó el reajuste
pensional solicitado por el accionante, decisión que fue confirmada vía reposición
y apelación.

ii) inconforme con la anterior decisión, el accionante promovió una demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho.

iii) El 3 de febrero de 2000, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado resolvió el recurso de apelación promovido por el accionante contra la
sentencia proferida el 14 de agosto de 1998 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el siguiente sentido (se transcribe de forma literal):

DECLARESE la nulidad de las Resoluciones 00066 del 17 de enero de 1995
y 01334 del 22 de diciembre del mismo año expedidas por el Gerente de la
Caja de Previsión Social de Santa Fe de Bogotá.

ORDENASE al Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital “FAVIDI”, a título de
restablecimiento del derecho, reconocer y pagar al señor JOSÉ DOMINGO
LÓPEZ, los reajustes pensionales en los términos previstos por el Decreto
2108 de 1992, con los recursos que para ello sean asignados por la Secretaría
de Hacienda Distrital – Fondo de Pensiones Públicas de Santa Fe de Bogotá,
D.C.

iv) Mediante Resolución 269 de 30 de enero de 2001, el Fondo de Ahorro y Vivienda
de la Alcaldía Mayor de Bogotá cumplió el anterior fallo e indicó que la reliquidación
se hará “hasta el 20 de noviembre de 1995, fecha en la cual fue declarado
inexequible el art. 116 de la Ley 6a. de 1992. (Stc. 531 del 20-11-95, C.Ct)”.

v) A través de Resolución 911 de 25 de abril de 2001 se resolvió el recurso de
reposición y se confirmó la anterior decisión bajo el siguiente raciocinio (se
transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

Que, como se observa, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca condenó al pago del reajuste de ley 6a de 1992 desde la
fecha de su expedición hasta el 20 de noviembre de 1995 fecha en que fue
retirado del ordenamiento jurídico, pero sigue teniendo efectos para quienes
adquirieron el derecho bajo su vigencia, así mismo el decreto 2103 de 1992

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03119-01
Actor: José Domingo López
Demandado: Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones - FONCEP
Referencia: Acción de tutela

expedido en desarrollo del artículo 116 de la ley 6a corre igual suerte, es decir,
regio desde su expedición hasta la fecha de exequibilidad del precepto que le
dió origen.

vi) Inconforme con lo anterior, el accionante insistió en su reliquidación, razón por
la que el FONCEP expidió la Resolución 0273 del 29 de diciembre de 2017, en la
que negó la solicitud por lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con
posibles errores):

Que de conformidad con lo anterior se concluye que los actos administrativos
que resolvieron sobre la misma solicitud quedaron en firme y en consideración
a que no fueron aportados nuevos elementos de juicio, no habrá́ lugar por
parte de esta entidad a emitir nuevamente un pronunciamiento respecto de la
reliquidación de la pensión de jubilación en cumplimiento de fallo judicial que
ordeno la aplicación de la ley 6 de 1992.

Que de acuerdo con lo anterior, la solicitud realizada por el abogado, no está
llamada a prosperar, pues la entidad dio cabal cumplimiento al fallo judicial
mediante acto administrativo que se encuentra en firme.

vii) El señor López promovió una nueva demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho; sin embargo, el 17 de febrero de 2022, el Juzgado 28 Administrativo de
Bogotá declaró probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por
indebida escogencia del medio de control, oportunidad en la que indicó (se
transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

Así entonces, si fuera cierto lo que se afirma en la demanda, consistente en
que se reconoció un valor pecuniario parcial pero realmente la aplicación del
incremento contemplado en el Decreto 2108 de 1992, no varió la base de la
mesada pensional para los años 1993, 1994 y 1995, y por contera se mantuvo
como si el incremento no hubiera operado, correspondía a la parte
demandante demostrar cómo debía darse ese cumplimiento y exigirlo dentro
del término de caducidad regulado en el artículo 136 numeral 11 del Decreto
01 de 1984, que era de cinco (5) años para promover la acción ejecutiva, lo
que se encuentra ampliamente superado si se toma en consideración que la
demanda fue presentada el 10 de octubre de 2018 (…).

viii) Finalmente, mediante Resolución 000607 del 5 de mayo de 2022, el FONCEP
negó nuevamente el reajuste pensional e insistió en que se dio cumplimiento al fallo
proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 2
de febrero de 2000.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03119-01
Actor: José Domingo López
Demandado: Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones - FONCEP
Referencia: Acción de tutela

Así las cosas, se advierte que, el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política
prevé que la acción de tutela “sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1 del artículo
6 del Decreto Ley 2591 de 1991.

En ese sentido, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten
idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran
amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la acción de tutela.

Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido:

Esta exigencia constitucional responde al principio de subsidiariedad del
amparo, que pretende asegurar que no sea considerado en sí mismo una
instancia más en el trámite jurisdiccional, un mecanismo de defensa que
reemplace aquellos otros diseñados por el legislador y mucho menos, como
se pretende en este caso, un camino excepcional para solucionar errores u
omisiones de las partes para corregir oportunidades vencidas en los procesos
jurisdiccionales ordinarios2.

Aunado a lo anterior, es claro que, a pesar de la existencia de otros mecanismos,
la tutela puede ser utilizada como mecanismo transitorio; sin embargo, deberá
demostrarse la existencia de un perjuicio irremediable que debe cumplir con los
siguientes presupuestos:

En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este
exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que
así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En
segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o
material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar,
deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas
desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la
inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia
a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable3.

Resulta importante aclarar que en el presente asunto el accionante tiene 93 años -
sujeto de especial protección-, razón por la que, la configuración o no de un perjuicio

2
Sentencia T-735 de 17 de octubre de 2013, M.P. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
3
Corte Constitucional, sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03119-01
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Demandado: Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones - FONCEP
Referencia: Acción de tutela

irremediable debe ser analizado teniendo en cuenta su edad y las particularidades
del caso concreto.

Adicionalmente, es claro que las personas de la tercera dada su reducción de las
expectativas de vida, su disminución de la capacidad física, las afectaciones a su
salud, entre otras, convierte a estos sujetos en un grupo de especial protección,
pero esa sola circunstancia no resulta suficiente para flexibilizar los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela:

En síntesis, siguiendo la jurisprudencia constitucional, las personas de la
tercera edad son titulares de una especial protección por el Estado, cuando
el perjuicio sufrido afecta la dignidad humana, la subsistencia en condiciones
dignas, la salud, el mínimo vital, cuando surgen lazos de conexidad con
derechos fundamentales, o cuando resulta excesivamente gravoso
someterlas a los trámites de un proceso judicial ordinario.

Sin embargo, también ha advertido que cuando no se presenta esa
afectación, si bien es cierto puede existir algún menoscabo patrimonial, el
perjuicio pierde la categoría de irremediable y, en consecuencia, no es
susceptible de protección mediante tutela. En el caso específico de las
pensiones, la Corte ha explicado que si una persona pertenece a la tercera
edad, esa ‘sola y única circunstancia´ no hace necesariamente viable la tutela,
a menos que se pruebe que su subsistencia o su mínimo vital pueden estar
gravemente comprometidos.

Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta para la procedencia excepcional
de la tutela, está relacionado con la certeza del derecho que se pretende
garantizar. De esta manera, cuando la protección invocada tiene origen en
asuntos litigiosos que deben ser puestos en conocimiento del juez natural
(quien en ejercicio de sus competencias y basado en el principio de su
autonomía decidirá la controversia), el amparo mediante tutela se torna más
difícil, toda vez que debe acreditarse la inminencia del perjuicio: así, a mayor
controversia respecto de un derecho la protección por tutela se hace más
difícil, porque debe demostrarse claramente el perjuicio irremediable. De lo
contrario, no solo podría desplazarse masivamente la competencia del juez
ordinario, sino que también desaparecería el ‘grado de incertidumbre’,
inmerso en los procesos de naturaleza judicial.

En conclusión, respecto de las personas de la tercera edad, la acción de tutela
puede ser utilizada como mecanismo transitorio, solamente para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable. Sin embargo, teniendo en cuenta que
se trata de sujetos de especial protección, el concepto de perjuicio
irremediable adquiere un sentido amplio, que deberá ser analizado
cuidadosamente por el intérprete en cada caso, tomando en consideración
las características en las cuales se sustenta el tratamiento diferencial positivo,
las particularidades de la persona y el grado de certeza respecto de la
situación jurídica invocada.
En otras palabras, le corresponde al operador judicial analizar si el supuesto
perjuicio sufrido por el accionante afectó su mínimo vital, su dignidad humana, su

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Actor: José Domingo López
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Referencia: Acción de tutela

subsistencia en condiciones dignas, su salud o cualquier otro derecho fundamental,
por lo que, de no ser así, aún existiendo un detrimento en su patrimonio, el perjuicio
no sería irremediable y la tutela perdería su razón de ser.

La Corte Constitucional ya se pronunció sobre un caso con similitudes fácticas al
presente -incluyendo que los accionantes eran sujetos de especial protección por
ser de la tercera edad-, argumentos que la Subsección acoge en su integridad:

11. En primer lugar, observa la Sala que la solicitud de tutela fue presentada
como mecanismo transitorio, como fácilmente se puede concluir de las
declaraciones e informaciones que reposan en el expediente y que dan
cuenta de procesos iniciados ante la jurisdicción contencioso administrativa
desde el año 2000. De esta manera, y siguiendo los lineamientos señalados
anteriormente, su procedencia está condicionada a la existencia o amenaza
de un perjuicio irremediable.

12. Por su parte, el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital, FAVIDI, informó, y
de ello también dan cuenta los peticionarios, que recibieron un pago por
concepto del reajuste previsto en la ley 6ª de 1992 y el Decreto 2108 del
mismo año, aún cuando difieren en la forma de aplicar dicho incremento, pues
mientras la entidad consideró que aplicaba como una “bonificación”, los
jubilados estiman que debió hacerse en forma de reajuste
porcentual. Tampoco existe claridad respecto de cuál es la entidad que
eventualmente debe asumir la obligación, es decir, si corresponde al Fondo
de Ahorro y Vivienda Distrital, o a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá.

Lo anterior demuestra que se trata no solo de asuntos cuestionados
judicialmente, sino que existe controversia respecto de la situación jurídica
invocada y si bien es cierto que la interpretación de los peticionarios,
compartida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, es
razonable, lo mismo puede predicarse de la interpretación que hacen las
entidades demandadas. Así pues, median asuntos litigiosos cuyo
conocimiento no corresponde, en principio, al juez de tutela, a menos que se
configure la clara amenaza de un perjuicio irremediable.

13. De otro lado, la Corte constata que, efectivamente, los accionantes son
pensionados de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, cada
uno de los cuales recibe su correspondiente mesada pensional en cuantía
superior a uno, dos y en algunos casos tres salarios mínimos mensuales, con
lo cual se desvirtúa la afectación genérica de su mínimo vital. También puede
concluirse que reciben la correspondiente atención de seguridad social en
materia de salud.

14. Luego de analizar el material probatorio, la Corte no encuentra elementos
de juicio que le permitan considerar la afectación de la dignidad humana, la

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subsistencia en condiciones dignas, la salud, o la vulneración conexa con
otros derechos fundamentales, pues como fue reseñado en el acápite
respectivo, la documentación anexa está relacionada únicamente con las
controversias jurídicas que han surgido4.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que en el presente asunto la
demanda de tutela resulta improcedente porque no demostró la existencia de un
perjuicio irremediable, pues en la actualidad el señor José Domingo López percibe
su mesada pensional y, si bien en la demanda de tutela se alegó que su estado de
salud no era el mejor, lo cierto es que de las pruebas allegadas al expediente no se
desprende que el accionante tenga quebrantos de salud o que no cuenta con una
prestación adecuada del servicio de salud.

De otro lado, en la impugnación se indicó que de su pensión depende él y su
esposa, pero no obra ningún medio de convicción que acredite que se encuentren
insatisfechas sus necesidades básicas de “alimentación, vestuario (…), salud,
educación, vivienda, seguridad social y medio ambiente”5, razón por la que no se
probó una afectación a su mínimo vital.

Aunado a lo anterior, tal como se sostuvo en la sentencia transcrita, si el pago por
reajuste pensional establecido en la Ley 6ª de 1992 y el Decreto 2108 de 1992
debía ser un único pago o un incremento de la mesada pensional era un tema que
debía determinar el juez ordinario y no el constitucional; sin embargo, el accionante
guardó una actitud pasiva que ahora pretende enmendar cuando ya transcurrió más
de 20 años desde que se profirió el acto administrativo que cumplió el fallo del
Consejo de Estado.

De otro lado, resulta importante aclarar que la sentencia del 3 de febrero de 2000
que supuestamente se incumplió contiene una obligación de dar, razón por la que
la Ley previó para este tipo de casos un mecanismo idóneo como es el proceso
ejecutivo, en aras de que se cumpla con la obligación pretendida.

Si bien el señor López manifestó que no contaba con la primera copia ya que estaba
en poder de la Administración Distrital, lo que le impidió “adelantar el ejecutivo que

4
Ibidem.
5
Corte Constitucional, sentencia T- 157 del 14 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

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procedía”, lo cierto es que el accionante no hizo uso de los mecanismos idóneos
que el ordenamiento jurídico estableció para recuperar dicho documento, como
hubiera sido la acción de tutela.

Obsérvese que esta Corporación en anterior oportunidad ha ordenado a las
entidades públicas regresar la primera copia a los ciudadanos para que estos
puedan promover el proceso ejecutivo:

No obstante, debe señalarse que para iniciar el respectivo proceso ejecutivo
se requiere la primera copia del título judicial que contiene la obligación de
pagar las cantidades de dinero correspondientes a vacaciones, viáticos e
indemnización del demandante; copia que según lo indicado por el propio
actor, la aportó al Ministerio de Defensa Nacional para hacer efectivo el
cumplimiento de la sentencia. El Ministerio aún mantiene en su poder el
respectivo título con el cual el demandante podría pretender el pago forzado
de las prestaciones adeudadas, razón por la cual la Sala ordenará al
Ministerio demandado, en aras de prohijar el derecho al acceso a la
administración de justicia del señor Salazar Londoño, a que entregue la
primera copia de la sentencia, para que este inicie si lo estima pertinente, la
respectiva acción ejecutiva encaminada a obtener el pago de las sumas que
le adeuda el Ministerio de Defensa Nacional6.

Debe agregarse que el señor López promovió una nueva demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en busca de que se diera cumplimiento al fallo que
accedió a sus pretensiones; sin embargo, el Juzgado 28 Administrativo de Bogotá
sostuvo que las circunstancias alegadas eran propias de un proceso ejecutivo:

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que en este caso se atacan actos
administrativos de ejecución, es decir, aquellas decisiones de la
administración que dieron cumplimiento a una decisión judicial, respecto a los
cuales la parte demandante no argumentó en el líbelo que la parte
demandada haya cambiado o modificado el alcance de la sentencia del 3 de
febrero de 2000, tampoco que con las Resoluciones de cumplimiento porque
‘...crean, modifican o extinguen una situación...’, sólo el argumenta de la
demanda se contrae a señalar, que no dio cumplimiento estricto a la aludida
sentencia porque el incremento regulado en el artículo 116 de la Ley 6a de
1992, no se reflejó́ en las mesadas pensionales futuras, alegato que encuadra
dentro de las pretensiones propias de un proceso ejecutivo, en el que se
reitera se verifica si la entidad acató literalmente la condena impuesta o existe
un saldo a favor del ejecutante, por no haberse atendido en debida forma.

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, Sección Segunda,
sentencia del 7 de junio de 2007, expediente 2007-00395-01 (AC), M.P. Ana Margarita Olaya Forero.

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Referencia: Acción de tutela

La anterior decisión fue recurrida vía apelación, de acuerdo con la página de
consulta de la Rama Judicial, recurso que se encuentra pendiente de resolver,
razón por la que se considera que es el juez natural de la causa el encargado de
pronunciarse si el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
procedía en su caso o si por el contrario debió haber iniciado un proceso ejecutivo
para el cumplimiento de la sentencia.

No sobra advertir que el proceso ejecutivo, tal como lo sostuvo el Juzgado 28
Administrativo de Bogotá, se encuentra caducado, pues ya transcurrieron más de
los 5 años con los que contaba para poner en movimiento el aparato jurisdiccional.

De otro lado, no se advierte una afectación al derecho a la igualdad, pues si bien
en la demanda y en la impugnación se manifestó que a “otras 202 personas sí se
les había liquidado de manera correcta”, lo cierto es que no se acreditó que todos
estuvieran en la misma situación.

Adicionalmente, se advierte que en el presente asunto tampoco se debe flexibilizar
el requisito de inmediatez, pues si bien el accionante es un sujeto de especial
protección, lo cierto es que no se encuentra justificación para que se hubiera
tardado más de 20 años para promover la demanda de tutela en contra de la
Resolución a través de la cual se dio cumplimiento al fallo del Consejo de Estado.

La Corte Constitucional ha referido que el hecho de que el accionante sea un sujeto
de especial protección no implica que la demanda de tutela sea procedente de
manera automática:

De lo anterior surge que ninguna de las demandas cumple con los requisitos
de procedibilidad de la tutela. En algunos casos, porque no se cumplió con el
requisito de inmediatez, pues han pasado más de 4 años desde que se les
negó el reajuste pensional sin que hayan empleado el mecanismo judicial
ordinario previsto para resolver este tipo de controversia. En otros casos, la
tutela resulta improcedente para subsanar la inactividad de los peticionarios
para acudir ante los jueces competentes.

En aquellos casos en los cuales se acudió al proceso laboral ante la
jurisdicción ordinaria o ante la jurisdicción contenciosa y la respuesta de los
jueces fue contraria a reconocer el reajuste, la tutela también resulta
improcedente para reabrir un debate ya resuelto por los jueces competentes.
En el presente caso, la tutela no se instaura contra la decisión judicial que
niega el reajuste, sino que plantea una supuesta vulneración del derecho a la

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igualdad generada porque no existe una misma posición jurisprudencial frente
al reajuste pensional. No obstante, no existe ningún elemento de juicio que
permita concluir que se está en realidad ante casos idénticos que exijan una
misma regla de derecho, y por el contrario, existen diferencias relevantes que
pueden llegar a justificar que la decisión del juez competente negando el
reajuste, tales como la existencia de regímenes distintos para empleados
públicos y trabajadores oficiales que puedan generar circunstancias distintas
frente a la posibilidad de reajuste, o el hecho de que la pensión de alguno de
los pensionados haya sido reajustada por otras razones.

Por último, aún en el caso de que los recursos ordinarios no se hayan dejado
vencer y se interpone la tutela para prevenir la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, que en este caso se presentaría porque se trata de personas de
la tercera edad cuyo mínimo vital ha sido afectado, no existe en el expediente
prueba sumaria de que ello es así. La avanzada edad de algunos de los
accionantes no hace procedente la tutela de manera automática7.

Frente a la flexibilización del requisito de inmediatez cuando se trata de sujetos de
especial protección, el Consejo de Estado ha sostenido que:

59. En tal sentido, si bien se ha aceptado que las personas pertenecientes a
la tercera edad son sujetos de especial protección, esta circunstancia por si
sola no permite flexibilizar el estudio de este requisito, pues lo cierto es que
ni del escrito de tutela ni de la impugnación se advierte que por este hecho no
hayan podido elevar la solicitud de amparo en tiempo, aunado a que no se
demostró que se hayan encontrado en un estado de incapacidad,
imposibilidad o de debilidad manifiesta que les hubiera impedido comparecer
ante el juez de tutela8.

Resulta importante aclarar que es de la esencia de este medio de defensa judicial
la urgencia en la protección de las garantías constitucionales, el respeto a la
seguridad jurídica y los derechos de terceros afectados. Por esta razón, debe existir
un término razonable entre la afectación a los derechos fundamentales y la
presentación de la demanda de tutela para buscar su amparo.

La acción de tutela debe presentarse tan pronto se tenga conocimiento de la
vulneración o amenaza del derecho fundamental, pues esa circunstancia marca el
punto de partida para analizar la vulneración o amenaza que se atribuye a la entidad
pública o al particular, según sea el caso.

7
Corte Constitucional, sentencia T-366 del 11 de mayo de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 22 de
octubre de 2020, expediente 2020-02138-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.

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Referencia: Acción de tutela

Sin embargo, la Corte Constitucional ha determinado que el juez está en la
obligación de verificar si la solicitud de amparo fue presentada o no en un término
prudencial, de acuerdo con los hechos de cada caso, a fin de que se no se pase
por alto la finalidad de la acción de tutela, de ser un medio de protección actual,
inmediato y efectivo.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que para determinar si la
acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito de inmediatez, deben
tenerse en cuenta, en cada caso concreto, los siguientes aspectos: (i) si existe un
motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) si a pesar del paso del tiempo
es evidente que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del
accionante permanece, y (iii) si la carga de la interposición de la acción de tutela
en un plazo razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad
manifiesta en la que se encuentra el accionante (especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta)9.

Es claro, entonces, que el plazo en la interposición de la petición de amparo debe
ser analizado de acuerdo con las circunstancias particulares del caso.

Así las cosas, la Sala advierte que en el presente asunto se discute el acto
administrativo que se profirió el 30 de enero de 2001, a través del cual se le dio
cumplimiento al fallo del 3 de febrero de 2000 de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado; sin embargo, no se encuentra justificación alguna
para que el señor José Domingo López hubiera promovido la demanda de tutela
más de 20 años después de que se causó la supuesta afectación a sus derechos
fundamentales y lo que se demuestra es su falta de diligencia.
La Subsección no pasa por alto que, si bien con posterioridad el accionante ha
desplegado cierta actividad administrativa en aras de que se reconozca su
reliquidación, lo cierto es que no se ha utilizado el mecanismo adecuado para
solicitar el cumplimiento de la sentencia judicial y las nuevas peticiones no tienen
la virtualidad de extender el plazo para promover la demanda de tutela.

9
Corte Constitucional. Sentencia T- 038 de 2017.

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Referencia: Acción de tutela

No sobra advertir que el señor López ha estado representado por el mismo
apoderado desde antes de promoverse el proceso ordinario, lo que hace aún más
cuestionable que no se hubiera presentado la acción de tutela para pedir la primera
copia que prestaba mérito ejecutivo o que se hubiera tardado más de 20 años en
solicitarle al juez constitucional que cese la afectación a los derechos
fundamentales de su poderdante a pesar de conocer los requisitos de este
mecanismo excepcional.

En ese sentido, la Sala confirmará la sentencia proferida el 8 de julio de 2022 por
la Sección Primera del Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de julio de 2022, por la Sección
Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ejecutoriada esta providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

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Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
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VF

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