Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03124-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03124-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-03124-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
22 de septiembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03124-00
Demandante: Mayren Astrid Salas Paredes
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-03124-00
Demandante MAYREN ASTRID SALAS PAREDES
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ
Temas Acción de tutela. Mora injustificada. Dilación en paso al
despacho para resolver sobre mandamiento de pago.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por Mayren Astrid Salas Paredes de conformidad con lo dispuesto por
los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 9 de junio de 20221, Mayren Astrid Salas Paredes interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Chocó, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Solicito respetuosamente previo el trámite respectivo, se ampare mi derecho fundamental
al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
2. En efecto, se ordene al accionado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ,
MAGISTRADO PONENTE NORMA MORENO MOSQUERA que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación de la sentencia, resuelva la solicitud de ejecución presentada
el 07 de julio de 2020, contra la NACIÓN- ARMADA NACIONAL, dentro del radicado
27001233100020080005600.
3. Solicito se reconvenga al accionado en relación con las sanciones que pueden ser
impuestas por el incumplimiento o desacato de las decisiones judiciales”.
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. Los señores Mayren Astrid Salas Paredes, Aidé Paredes Salas, Nasly Mireya
Salas Paredes, Ariel Salas Paredes y Rivaldo Paredes Ramos, presentaron
demanda ejecutiva en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Armada
Nacional, con el fin de que se profiriera mandamiento de pago, conforme lo
ordenado en la sentencia del 26 de noviembre de 2017 del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, dentro del medio de control de reparación
directa Nro. 27001-23-31-000-2008-00056-00/01.
1 Radicación al correo electrónico de la Secretaría General de la Corporación.
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Demandante: Mayren Astrid Salas Paredes
2.2. El 7 de julio de 2020 presentó la demanda ejecutiva ante el Tribunal
Administrativo del Chocó, ese mismo día fue repartida la demanda a uno de
los despachos que integran dicha Corporación.
2.3. Sostuvo el actor que el 17 de marzo de 2021 presentó un memorial de impulso
procesal ante el tribunal accionado, pero que había transcurrido 1 año y 11
meses sin que a la fecha de presentación de la presente acción de tutela
existiera un pronunciamiento por parte del tribunal en relación con su solicitud.
3. Fundamentos de la acción
La accionante consideró que el Tribunal Administrativo del Chocó vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, al no resolver la solicitud de ejecución en un término razonable y sin que
existiera justificación para ello.
Citó la sentencia T-799 de 2011 de la Corte Constitucional, en lo referente al
derecho de acceso a la administración de justicia como un presupuesto
indispensable para la materialización de los demás derechos fundamentales y como
uno de los pilares del Estado Social y Democrático de Derecho.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 14 de junio de 2022, el despacho sustanciador, previo a admitir la
demanda, requirió al apoderado de la actora para que indicara la legitimación
por activa al presentar la demanda de tutela en nombre propio y, de ser el
caso, para que allegara el poder que lo facultaba para representar los intereses
de la parte actora.
4.2. Subsanado el requerimiento previo, por auto del 30 de junio de 2022 el
despacho ponente admitió la acción de tutela, ordenó notificar a las partes
accionante y accionada, y vinculó como terceros con interés a la Nación,
Armada Nacional y a los señores Aidé Paredes Salas, Nasly Mireya Salas
Paredes, Ariel Salas Paredes y Rivaldo Paredes Ramos.
4.3. Posteriormente, por auto del 29 de julio de 2022, encontrándose el proceso
para fallo, por no estaba satisfecha la notificación a los terceros con interés
vinculados en el auto admisorio, se ordenó efectuar la notificación omitida de
la manera célere y eficaz.
4.4. El Tribunal Administrativo del Chocó, se pronunció e indicó que hasta el 6
de julio de 2022 el magistrado ponente tuvo conocimiento del asunto ya que
solo hasta esa fecha la secretaría pasó el expediente al despacho.
Manifestó que, en providencia del 6 de julio de 2022, es decir, ese mismo día,
se libró mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo a efectos de
solicitar el cumplimiento de la sentencia del 26 de noviembre de 2009 proferida
por esa Corporación y confirmada en sentencia del 20 de noviembre de 2017
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, razón por la que
pidió se declarara la existencia de hecho superado.
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4.5. El Ministerio de Defensa, Armada Nacional, remitió correo2 en el que la
Dirección Jurídica de la Armada Nacional informó que el asunto se remitió por
competencia al Grupo Contencioso del Ministerio de Defensa Nacional.
4.6. Los señores Aidé Paredes Salas, Nasly Mireya Salas Paredes, Ariel Salas
Paredes y Rivaldo Paredes Ramos, no se pronunciaron3.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes de la presente acción, corresponde a la Sala
determinar si en el presente caso el Tribunal Administrativo del Chocó en donde se
tramita el proceso ejecutivo con radicación Nro. 27001-23-31-000-2008-00056-00,
incurrió en mora judicial injustificada, por la tardanza en proferir la providencia que
debió resolver si era procedente o no librar mandamiento de pago contra la entidad
demandada, con base en la sentencia ordinaria de reparación directa cuyo
cumplimiento persigue la parte actora por la vía ejecutiva.
Asimismo, se estudiará si la acción de tutela carece de objeto, teniendo en cuenta
que, de acuerdo con el informe rendido por el tribunal accionado dentro del presente
trámite de tutela, el pasado 6 de julio de 2022 se emitió la providencia por la que se
ordenó librar mandamiento de pago en contra de la Nación, Ministerio de Defensa,
Armada Nacional.
3. Carencia actual de objeto por hecho superado
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata
de derechos fundamentales ante situaciones de amenaza o vulneración, por la
acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en casos
concretos y excepcionales. Su finalidad, entonces, es evitar que una amenaza a un
derecho fundamental se materialice, o una vez la vulneración ya se ha producido
hacer que cese.
2 Correo remitido el 3 de agosto de 2022. SAMAI, índice 24.
3 La Secretaría General rindió informe (SAMAI, índice 30) en el que dejó constancia que no se logró finalmente
la notificación a las direcciones suministradas, de manera que fijó un aviso en la página web de la
Corporación.
4 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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Por ende, cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen o cuando no
hay forma de resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón de ser.
La jurisprudencia constitucional ha denominado tal fenómeno como carencia actual
de objeto y ha señalado que, generalmente, este se presenta por: (i) hecho
superado, (ii) daño consumado y (iii) situación sobreviniente. Sobre esta
clasificación, la Corte Constitucional en Sentencia T-280 de 2020 precisó lo
siguiente:
“(…) la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto”
para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se
encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses
jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye
en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a
través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella
que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de
una “situación sobreviniente”.
La primera de estas figuras, regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende
el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo
y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la
vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada
(ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos
derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer.
La segunda de las figuras referenciadas, consiste en que a partir de la vulneración
iusfundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la
acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela imparta
una orden al respecto.
Para finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad de
eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo
de objeto y es en aquellos casos en que, como producto del acaecimiento de una “situación
sobreviniente” que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada, la vulneración
predicada ya no tiene lugar, sea porque el actor mismo asumió una carga que no le
correspondía, o porque, a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis.”.
Específicamente, sobre el hecho superado, la Corte Constitucional ha señalado
algunos requisitos que se deben examinar en cada caso concreto: “1. Que con
anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca de una determinada
prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante o de aquél en cuyo
favor se actúa. 2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción
que generó la vulneración o amenaza haya cesado”1.
Así pues, la carencia actual de objeto por hecho superado se configura en los casos
en que, en el lapso transcurrido entre la radicación de la acción de tutela y la
expedición de la sentencia, el demandado adelantó las acciones tendientes a cesar
la vulneración de los derechos fundamentales, lo que por sustracción de materia
hace inocuo cualquier pronunciamiento u orden del juez de tutela para lograr el
amparo de los derechos.
Como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-274 de 2019 “ante la
alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia y sustento, así como su
razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial”, de allí que, una
vez desaparece el supuesto de hecho que motivó la presentación de la solicitud de
amparo, sería inocua cualquier determinación del juez constitucional, ya que “la
materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar un evento que conlleva a la conjuración del daño, la
satisfacción del derecho o la inocuidad de las pretensiones”.
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4. Análisis y decisión del caso
4.1. Los accionantes alegaron la vulneración de sus derechos fundamentales al
acceso a la administración de justicia y al debido proceso porque desde el 7
de julio de 2020 (día en que radicó solicitud ejecución en contra de la Nación,
Ministerio de Defensa, Armada Nacional, para lograr el cumplimiento de la sentencia
condenatoria proferida a su favor dentro del proceso de reparación directa con
radicado Nro. radicación 27001-23-31-000-2008-00056-00) al 9 de junio de 2022
(fecha en que presentó la acción de tutela) no se había realizado ninguna
gestión procesal.
4.2. En el curso de la tutela, el magistrado ponente a quien se le asignó el asunto,
al rendir informe sobre los hechos que dieron lugar a la interposición de la
presente acción, informó que hasta el 6 de julio de 2022 tuvo conocimiento del
asunto, porque solo hasta esa fecha la secretaría pasó el expediente a su
despacho; y que por auto de esa misma fecha (6 de julio de 2022), libró
mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo promovido para obtener el
cumplimiento de la sentencia del 26 de noviembre de 2009 proferida por esa
Corporación y confirmada en sentencia del 20 de noviembre de 2017 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
4.3. De acuerdo con la página de consulta de procesos de la Rama Judicial
www.procesos.ramajudicial.gov.co, cuya captura de pantalla aportó la parte actora, el
proceso de reparación directa con radicación Nro. 27001-23-31-000-2008-
00056-00, registra las siguientes actuaciones:
La Sala corroboró que, en efecto, en dicho aplicativo figura la anotación de
recepción de memorial del 7 de julio de 2020 con solicitud de mandamiento de
pago (mismo al que se refiere la parte actora en el escrito de tutela y frente al que
predica la mora judicial, por no figurar pronunciamiento por parte del tribunal
accionado hasta el momento en que se presentó la presente acción de tutela), y que
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no existen actuaciones adicionales, incluso, no figura el memorial de impulso
procesal que la accionante afirma haber radicado el 17 de marzo de 2021.
Sin embargo, en el informe rendido por el magistrado ponente 5, se indicó que
el 6 de julio de 2022 recibió el proceso remitido por secretaría de la
Corporación y que ese mismo día emitió la providencia por la que se libró
mandamiento de pago, para lo cual, allegó una captura de pantalla del
aplicativo SAMAI, en el que se advierte la radicación del proceso y el paso a
despacho, así como la actuación de mandamiento de pago:
Ante la duplicidad de información advertida en las dos plataformas de consulta
de procesos judiciales, el despacho ponente de la decisión se comunicó
telefónicamente con la secretaria del Tribunal Administrativo del Chocó, con el
propósito de clarificar las actuaciones surtidas en el proceso de ejecución.
Del cotejo del expediente físico, la funcionaria del tribunal accionado informó
que, en efecto, (i) existe la solicitud de mandamiento de pago presentada por
la parte actora del 7 de julio de 2020 (folios 732 a 777 del cuaderno principal),
(ii) figura el memorial de impulso procesal radicado por el abogado de la
accionante el 17 de marzo de 2021 y, por último, (iii) aparece el paso a
despacho por parte de la secretaría el 6 de julio de 2022.
4.4. Con base en lo anterior, encuentra la Sala que actualmente la acción de tutela
carece de objeto, porque el hecho que originó su interposición dejó de existir
en el curso del presente trámite. Esto se debe a que, con ocasión de la
interposición de la presente acción, el 6 de julio de 2022 el proceso pasó al
5 De acuerdo con la información suministrada por la secretaría del tribunal accionado, la doctora Norma
Moreno Mosquera por auto del 8 de marzo de 2018, indicó que pasaría a conocer de los procesos de oralidad
y en consecuencia, ordenó que los asuntos del sistema escritural que estaban a su cargo pasarían a ser de
conocimiento del despacho que hoy ocupa el doctor Ariosto Castro Perea.
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despacho del magistrado a quien correspondió el asunto, y a que, en esa
misma fecha libró el mandamiento de pago solicitado por la parte ejecutante.
Sin embargo, la Sala no pasa por alto que en el caso existió una mora
injustificada y excesiva de parte de la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Chocó, debido a que la solicitud de mandamiento de pago
fue presentada por la parte actora el 7 de julio de 2020 y solo hasta el 6 de
julio de 2022, con ocasión de la interposición de la acción de tutela de la
referencia, la mencionada Secretaría remitió el expediente al despacho del
magistrado ponente. Lo cual retrasó, sin razón alguna, el curso natural del
proceso. Y no existe justificación válida para que un asunto de mero trámite,
como lo es el paso del expediente al despacho al que correspondió el asunto,
se haya dilatado por 1 año, 11 meses y 29 días .
Dicha gestión no implica complejidad jurídica, ni práctica. Por el contrario, se
trata de un simple trámite administrativo. Por lo que resulta censurable que
transcurridos casi dos años, este no se hubiera efectuado, incluso a pesar de
la solicitud de impulso procesal radicada por el apoderado de los interesados
el 17 de marzo de 2021.
No debe olvidarse que, el derecho fundamental al debido proceso se aplica a
todas las actuaciones judiciales y administrativas, y al momento de determinar
su alcance, la norma señala que toda persona tiene derecho a “un debido proceso
público sin dilaciones injustificadas”, como lo establece el artículo 29 de la
Constitución.
Y según la jurisprudencia constitucional, la vulneración de este elemento del
derecho al debido proceso, se configura cuando: “(i) el incumplimiento de los
términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario
competente; (ii) que la mora desborde el concepto de plazo razonable que involucra análisis
sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la
autoridad competente y el análisis global de procedimiento; (iii) la falta de motivo o justificación
razonable en la demora”6.
4.5. Así las cosas, aunque la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado por las razones expuestas, se instará a la secretaría General del
Tribunal Administrativo del Chocó, conforme lo dispone el artículo 247 del
Decreto 2591 de 1991, a fin de que se abstenga de incurrir en las conductas
omisivas que dieron origen a la acción de tutela interpuesta por la señora
Mayren Astrid Salas Paredes.
Asimismo, se considera pertinente instar a la Presidencia del Tribunal
Administrativo del Chocó para que adopte los correctivos que estime
necesarios con el fin de garantizar el trámite oportuno de las actuaciones que
correspondan a la Secretaría General de esa Corporación.
6 Sentencia T-297 de 2006 proferida por la Corte Constitucional.
7 Decreto 2591 de 1991. Artículo 24. “Prevención a la autoridad. Si al concederse la tutela hubieren cesado
los efectos del acto impugnado, o éste se hubiera consumado en forma que no sea posible restablecer al
solicitante en el goce de su derecho conculcado, en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en
ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que,
si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo
correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido.
El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la
repetición de la misma acción u omisión”.
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4.6. Finalmente, y en relación con el caso concreto, destaca la Sala que si bien la
Rama Judicial cuenta con varias plataformas digitales para la consulta de los
proceso (Justicia Siglo XIX, TYBA, SAMAI), el historial de actuaciones de
los procesos tramitados en el Tribunal Administrativo del Chocó también
puede ser consultado a través del link https://samairj.consejodeestado.gov.co.
Esto, en atención a que la herramienta de consulta de procesos a la que se
puede acceder mediante la página web de la Rama Judicial no se encuentra
actualizada. Precisamente, como se advirtió en acápite anterior, existe
duplicidad en la información, pues aunque en el aplicativo Samai sí obran las
actuaciones desplegadas en el medio de control interpuesto por Mayren Astrid
Salas Paredes, en la herramienta de búsqueda de procesos contenida en la
página web de la Rama Judicial estas no aparecen.
Como lo ha advertido esta Sala de decisión, “el registro fiel de las actuaciones
procesales en los sistemas de información y gestión de procesos de la Rama Judicial tiene
estrecha relación con el principio de publicidad y, en esa vía, con el derecho al debido proceso
de las partes. Más aún en los tiempos actuales, en los que con ocasión a la pandemia por
Covid-19, aumentó el uso de estas plataformas tecnológicas como herramienta a disposición
de los sujetos procesales y de los usuarios en general de la administración de justicia para
hacer seguimiento a los casos de su interés. Es por lo anterior que, en atención a los principios
de publicidad, buena fe y confianza legítima, los datos que registran en los sistemas de
información deben ser concordantes con las actuaciones que obren en el expediente” 8.
En este sentido, la Sala exhortará a la Secretaría General del Tribunal
Administrativo del Chocó para que realice los registros y actualizaciones que
hagan falta con el fin de que las actuaciones judiciales del proceso de
reparación directa Nro. 27001-23-31-000-2008-00056-00/01 y el ejecutivo
iniciado a continuación, se puedan visualizar en tiempo real en el Sistema
Consulta de Procesos Nacional Unificada, todo ello con el propósito de
asegurar que los interesados puedan realizar un seguimiento inmediato del
desarrollo del proceso en uso de las tecnologías de la información y las
telecomunicaciones.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia
2. Instar a la Secretaría General del Tribunal Administrativo del Chocó, conforme
lo dispone el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, para que se abstenga de
incurrir en las mismas conductas que dieron origen a la acción de tutela
interpuesta por la señora Mayren Astrid Salas Paredes.
3. Exhortar a la Secretaría General del Tribunal Administrativo del Chocó para
que realice los registros y actualizaciones que hagan falta con el fin de que las
actuaciones judiciales del proceso de reparación directa Nro. 27001-23-31-
8 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 7 de abril de 2022, Exp. No. 11001-03-15-000-2022-
00626-00, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Demandante: Mayren Astrid Salas Paredes
000-2008-00056-00/01 y el ejecutivo iniciado a continuación, se puedan
visualizar en tiempo real en el Sistema Consulta de Procesos Nacional
Unificada, todo ello con el propósito de asegurar que los interesados puedan
realizar un seguimiento inmediato del desarrollo del proceso en uso de las
tecnologías de la información y las telecomunicaciones.
4. Instar a la Presidencia del Tribunal Administrativo del Chocó para que adopte
los correctivos que estime necesarios con el fin de garantizar el trámite
oportuno de las actuaciones que correspondan a la Secretaría General de esa
Corporación.
5. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
6. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
7. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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