Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03140-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03140-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-03140-01
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
29 de septiembre de 2022
Demandante: Jorge Daniel Ochoa Díaz
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03140-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03140-01
Demandante: JORGE DANIEL OCHOA DÍAZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial –sanción moratoria derivada
del pago tardío de las cesantías.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 5 de julio de 2022, dictada por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo
de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por el señor
José Daniel Ochoa Díaz.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de demanda
1. Con escrito enviado el 8 de junio de 2022 al buzón web de la Secretaría
General del Consejo de Estado1, el señor Jorge Daniel Ochoa Díaz, quien actúa
en nombre propio, instauró demanda constitucional contra el Tribunal
Administrativo de Córdoba y el Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito
Judicial de Montería, con el fin de que sean amparados sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con
ocasión del auto del 7 de diciembre de 2021, proferido por el Tribunal
Administrativo de Córdoba a través del cual confirmó la providencia del 11 de
noviembre de 2020 del Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial
de Montería, que declaró probada de oficio la excepción de prescripción, y en
consecuencia, terminó el proceso. Lo anterior, en el trámite del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, con radicado No. 23001-33-33-005-2019-00399-
00/01, presentado contra la Nación –Ministerio de Educación y el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG-.
1
La acción de tutela fue enviada al buzón web secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Jorge Daniel Ochoa Díaz
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba y otro
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3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
“(...)1. Sírvase tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la justicia material.
2. Ordene la anulación de los autos de primera y de segunda instancia.
3. Ordene al Tribunal Administrativo de Córdoba que profiera una
decisión acorde con el tratamiento legal y jurisprudencial de la prescripción
aplicable a la sanción por la mora en el pago de las cesantías.” (Sic a toda la
cita)2
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El señor José Daniel Ochoa Díaz laboró como docente oficial en la planta
de personal del departamento de Córdoba.
5. El 21 de mayo de 2015, el tutelante solicitó el reconocimiento y pago de las
cesantías; dicha prestación fue reconocida por medio de la Resolución N.º 002114
de 21 de septiembre de 2015, pero solo hasta el 6 de mayo de 2016 se hizo el
pago efectivo.
6. Ante la demora en el reembolso realizado, el 20 de septiembre de 2018
radicó ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG-
una solicitud para que se reconociera y pagara la sanción moratoria, equivalente a
un día de salario por cada día de retraso.
7. El 26 de marzo de 2019, mediante Oficio No. 20190870573371 la entidad
mencionada negó la solicitud presentada por el actor por cuanto consideró que se
configuró el fenómeno de la prescripción.
8. Seguidamente, el señor Ochoa Díaz presentó una demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación –
Ministerio de Educación y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio –FOMAG-, con el objeto de que se declarara la nulidad del acto que
negó su solicitud y, en consecuencia, se ordenara el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria.
9. El medio de control mencionado le correspondió ser conocido en primera
instancia al Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería,
autoridad judicial que mediante auto del 11 de noviembre de 2020, declaró
probada de oficio la excepción de prescripción, y en consecuencia, terminó el
proceso. En dicho auto se estableció:
“(…) se tiene que la entidad contaba hasta el dia 4 de septiembre de 2015
para realizar el pago, por lo que la parte actora contaba con tres años para
2
Folio 4 de la demanda de tutela. Índice 2 del aplicativo SAMAI.
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realizar la reclamación respectiva, esto es hasta el 5 de septiembre de 2018, y
dado que radicó la solicitud de reconocimiento ante la administración el día 20
de septiembre de 2018, se concluye que fue presentada por fuera del tiempo,
y que en este caso opero la prescripción de los derechos alegados, por lo que
se declarará de oficio la excepción de prescripción ”. (Sic para toda la cita)
10. Inconforme con lo anterior, la parte demandante la apeló, recurso del que tuvo
conocimiento el Tribunal Administrativo de Córdoba, que, a través de la
providencia del 7 de diciembre de 2021, confirmó la decisión de primera instancia.
11. La anterior decisión fue notificada por medios electrónicos el 9 de diciembre de
2021.
1.3. Fundamentos de la solicitud
12. El señor José Daniel Ochoa Díaz aseguró que las autoridades judiciales
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, en la medida en que las providencias
atacadas incurrieron en un defecto sustantivo y desconocimiento de
precedente, por las razones que se exponen a continuación:
13. En cuanto al defecto sustantivo, manifestó que las autoridades demandadas
en las providencias atacadas no tuvieron en cuenta que la disposición normativa
aplicable al caso es el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social (C.P.T.S.S.) cuyo texto es el siguiente:
“Prescripción.- Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en
tres (3) años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya
hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el
patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual “.
14. Expresó que al elevarse la petición de reconocimiento y pago de sanción por
mora en el pago de las cesantías, ya había ocurrido el fenómeno de la
prescripción pero solamente frente a una porción de la sanción moratoria,
representada por la causada desde el 29 de agosto de 2015 hasta el 19 de
septiembre de 2015, pero no respecto de la porción de sanción moratoria causada
desde el 20 de septiembre de 2015, pues dicho fenómeno se interrumpió con la
petición interpuesta el 20 de septiembre de 2018.
15. Señaló que las autoridades judiciales demandadas realizaron una
interpretación y aplicación indebida de tres sentencias de unificación referentes al
tema de prescripción por sanción moratoria, dentro de las cuales mencionó:
• Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 25 de agosto de 2016, Rad. 08001-23-31-000-2011-
00628-01 SU, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
• Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 18 de julio de 2018, Rad. 73001-23-33-000-2014-
00580-01 SU, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.
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• Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 6 de agosto de 2020, Rad. 08001-23-33-000-2013-
00666-01 SU, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.
1.4. Trámite de la acción de tutela
16. Mediante auto del 13 de junio de 20223, se admitió la acción de tutela y se
dispuso su notificación4 a la parte actora, así como a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Córdoba y al juez Quinto Administrativo Mixto del Circuito
Judicial de Montería, como autoridades judiciales accionadas.
17. Así mismo, se vinculó en calidad de terceros con interés jurídico a la Nación –
Ministerio de Educación, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio –FOMAG y a la Fiduprevisora SA, toda vez que fungieron como parte
demandada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
se debate.
1.5. Intervenciones
18. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital del expediente 5, se presentaron las siguientes
contestaciones:
1.5.1. Ministerio de Educación
19. Con escrito remitido el 17 de junio de 2022 al buzón web de la Secretaría
General de la Corporación, el representante de la entidad solicitó declarar la
improcedencia del amparo por cuanto no se cumplen los requisitos de
procedibilidad de inmediatez y subsidiariedad para la acción de tutela que se
pretende.
20. De forma subsidiaria y en caso de no proceder lo anterior, pidió desvincular al
Ministerio de Educación Nacional por cuanto no está desconociendo ni vulnerando
derecho fundamental alguno por lo que carece de la falta de legitimación en la
causa por pasiva.
21. A pesar de que los magistrados del Tribunal Administrativo de Córdoba, el juez
Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG- y la Fiduprevisora SA fueron
debidamente notificados, guardaron silencio.
1.6. Sentencia de primera instancia
3
Índice 4 del expediente digital en el aplicativo SAMAI.
4
Actuación realizada el 16 del mismo mes y año.
5
De conformidad con las notificaciones obrantes en el expediente digital de la acción de tutela,
Índice 7, Oficio No. 67051, 67052, 67053, 67054, 67055 y 67056 del 16 de julio de 2022.
4
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22. En sentencia del 5 de julio de 2022, la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela instaurada por el
señor José Daniel Ochoa Díaz, porque advirtió que no esboza argumento alguno
que determine que el asunto tiene relevancia constitucional ni la relación causa -
efecto en que hace consistir la vulneración alegada, en especial, la afectación de
bienes ius fundamentales.
23. De igual manera, señaló que lo único que se observa en el escrito de tutela es
que reitera los argumentos de orden fáctico y jurídico expuestos en la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho y el recurso de apelación interpuesto contra
la providencia que declaró la excepción de prescripción, sin expresar ningún
sustento nuevo o diferencial que refute las consideraciones allí expuestas, además
de efectuar razonamientos relacionados con el indebido análisis de los supuestos
que conforman el asunto para concluir, según su dicho, que en el caso concreto
no se configura la prescripción extintiva
24. Por otra parte, advirtió que si bien la decisión adoptada por las autoridades
accionadas no satisface las pretensiones de la parte demandante, no se puede
asumir que aquella es contraria a sus intereses, pues, finalmente, la providencia
se sustentó en la normatividad y jurisprudencia aplicables para analizar los
supuestos que hacían parte del asunto y arribar a la conclusión mencionada; y, no
por ello puede entenderse que se le está vulnerando derecho fundamental alguno
y mucho menos, como ya se dijo, cuando no se explica constitucionalmente
hablando el porqué de ese decir, pues, se repite, el juez de tutela no tiene
competencia para estudiar argumentos de legalidad propios del juez natural del
asunto.
1.7. Impugnación
25. A través de correo electrónico enviado el 24 de agosto de 2022 al buzón web
de la Secretaría General del Consejo de Estado, la parte actora impugnó la
sentencia proferida por la Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado
el 5 de julio de 2022, notificada el 19 de agosto de la misma anualidad.
26. Solicitó que se revoque el fallo de primera instancia y por ende se estudie de
fondo su demanda constitucional, pues señaló que, se pierde de vista que uno de
los defectos endilgados a las decisiones judiciales cuestionadas es la indebida
interpretación y aplicación de tres sentencias de unificación por desconocer el
precedente sobre prescripción de la sanción moratoria, situación que considera
tiene suficiente trascendencia constitucional.
27. Del mismo modo, advirtió que admitir cualquiera de las dos interpretaciones
atendiendo a los principios de autonomía e independencia judicial es desconocer
que una de las posiciones vulnera el principio de favorabilidad preceptuado en el
artículo 53 superior.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
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28. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el
señor José Daniel Ochoa Díaz, de conformidad con lo establecido en el artículo 86
de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
29. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Tribunal
Administrativo de Córdoba y el Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito
Judicial de Montería por lo que le corresponde conocer como máximo tribunal de
la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
2.2. Cuestión previa
30. Frente a la solicitud de desvinculación realizada por el Ministerio de
Educación, como no hubo pronunciamiento de la primera instancia, esta Sala de
Decisión negará dicha petición, por cuanto no fue vinculada como demandada en
esta acción, sino en calidad de tercero con interés ya que fue la parte accionada
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el cual, según el
tutelante, se vulneraron sus derechos fundamentales.
2.3. Problema jurídico
31. Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 5 de julio de 2022, dictada por la Sección Segunda, Subsección B
del Consejo de Estado, teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por el
accionante en su escrito de impugnación, los defectos formulados, el material
probatorio recaudado y el informe presentado por lo que los problemas jurídicos
que subyacen al caso concreto son los siguientes:
● ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?
32. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior:
¿ El Tribunal Administrativo de Córdoba vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
de la parte actora, por presuntamente incurrir en los defectos sustantivo y
desconocimiento de precedente al proferir el auto de 7 de diciembre de
2021, mediante el cual confirmó la providencia dictada por el Juzgado
Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería, el 11 de
noviembre de 2020, que declaró probada de oficio la excepción de
prescripción, y en consecuencia, terminó el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió, contra la Nación –Ministerio de
Educación y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
FOMAG-?
33. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) evolución jurisprudencial del tema sobre las
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cesantías y la sanción moratoria; (iii) el estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; y (iv) el análisis del caso concreto.
2.4. Razones jurídicas de la decisión
2.4.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
34. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20126 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 7 y declaró su
procedencia.8
35. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y vi)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho
que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de
estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que
se analice el fondo del asunto.
36. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
37. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4.2. Evolución jurisprudencial del tema sobre las cesantías y la sanción
moratoria
38. Previo a abordar el fondo del asunto, resulta pertinente analizar de manera
general la posición jurisprudencial vigente tanto de la Corte Constitucional, como
del Consejo de Estado, frente al punto de cesantías y sanción moratoria por el
pago tardío de las mismas y su impacto sobre algunos derechos fundamentales.
6
Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora:
Nery Germania Álvarez Bello. C.P.: María Elizabeth García González.
7
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
8
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
7
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39. El máximo órgano de la jurisdicción constitucional en la sentencia SU-336 de
20179 aseguró que, “(…) El pago oportuno de las cesantías garantiza el reconocimiento
efectivo de los derechos al trabajo y a la seguridad social, y desarrolla la finalidad
constitucional por la cual fue establecida esa prestación social bajo el principio de
integralidad. De igual forma, se acompasa con lo establecido en los diferentes tratados
internacionales sobre la materia ratificados por Colombia”.
40. En punto de la exigibilidad de las cesantías anualizadas y definitivas, la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 25 de agosto de 201610,
unificó jurisprudencia frente a las controversias que rodeaban el reconocimiento de
dicho auxilio.
41. Al respecto, concluyó que: i) cuando se trata de cesantías anualizadas, no se
puede hablar de prescripción del derecho hasta tanto no se rompa la relación
laboral, pues considerar lo contrario devendría en una vulneración de los derechos
laborales del empleado quien no debe soportar las cargas del incumplimiento de la
obligación correspondiente a la administración; y que, ii) una vez finalizada la
relación laboral, las cesantías se convierten en definitivas y cesa la obligación del
empleador de cancelar la prestación antes del 15 de febrero del año
correspondiente, razón por la que, a partir del retiro del empleado, el reclamo de
las anualidades en mora se encuentra sujeto al término prescriptivo del derecho,
por ser el beneficiario quien deba cumplir con los requerimientos que el empleador
establece para disponer su pago, omisión que no puede constituir un beneficio a
su favor.
42. Ahora, en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria prevista en la Ley
244 de 1995, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia de
unificación del 18 de julio de 201811, estableció que cuando el acto que reconoce
las cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la
sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de
reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución;
ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago. Asimismo,
precisó que:
“(…) el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al interesado en las
condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación,
iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado,
para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término
dispuesto en la ley17 para que la entidad intentara notificarlo personalmente,
esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para
esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para
perfeccionar el enteramiento por este medio. De igual modo, que cuando el
peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto de
reconocimiento adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En
ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del
empleador como computables para sanción moratoria”
9
Corte Constitucional, sentencia SU-336 del 18.5.2017, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
10
Radicado: 08001-23-31-000-2011-00628-01.
11
Radicado. 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15)
8
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43. En relación con el término prescriptivo de los derechos laborales, el Consejo
de Estado, Sección Segunda, en providencia del 6 de agosto de 2020 12 fijó la regla
jurisprudencial en virtud de lo dispuesto en el artículo 151 del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social, la reclamación de algún derecho o prestación
debida al empleado, tendrá que efectuarse dentro de los 3 años, so pena de la
prescripción, término que es susceptible de interrupción a través del simple
reclamo escrito del trabajador, pero solo por un lapso igual, es decir, un trienio.
44. Frente a tal limitación, la Corte Constitucional en la sentencia C-916 de 201013,
explicó que el hecho de que la ley fije un término no implica el desconocimiento
del núcleo esencial del derecho al trabajo, toda vez que lo que se pretende es
dotar de prontitud y oportunidad en el ejercicio de la acción laboral, sino también la
protección de la seguridad jurídica.
45. De igual manera, dicha Corporación14 estableció frente a si este tipo de casos
involucra o no un debate relacionado con el alcance, contenido y protección de un
derecho fundamental lo siguiente: “El debate planteado en el sub iudice no reviste
trascendencia constitucional, pues la inconformidad de los tutelantes se restringe al pago
de un derecho patrimonial -accesorio a las cesantías- que no representa prima facie una
amenaza directa o indirecta de los derechos fundamentales a la seguridad social,
igualdad, “seguridad jurídica” y debido proceso.”
2.4.3. Requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.3.1. Relevancia constitucional15
46. En lo referente al requisito de relevancia constitucional la Sala advierte que si
bien en casos similares al que nos ocupa se superó este presupuesto, lo cierto es
que en providencia de 28 de mayo de 2020 16 se replanteó la postura en atención
al criterio fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 27 de
noviembre de 2019, debido a que en esa oportunidad se estableció una regla de
derecho proveniente del órgano de cierre en materia de derechos fundamentales,
con carácter vinculante y obligatorio; decisión que cabe mencionar giró en torno a
la supuesta vulneración de los derechos alegados por la parte actora con ocasión
a la falta de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías.
47. En tales condiciones, los argumentos que aduce el accionante, al estar
relacionados con la sanción moratoria que en su sentir le adeuda la Nación –
Ministerio de Educación y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio –FOMAG- y que el tribunal accionado declaró de oficio la prescripción
de la acción, la Sala encuentra que la controversia planteada versa sobre una
cuestión de interpretación meramente legal, que no impacta en la garantía de
derechos fundamentales sino patrimoniales.
12
Radicado: 08001-23-33-000-2013-00666-01.
13
Corte Constitucional, sentencia C-916 del 16.11.2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-573 del 27.11.2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
15
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia del 10.03.22. Rad. 11001-03-15-000-2020-00822-00;
Sentencia del 02.12.21, Rad. 11001-03-15-000-2021-07007-00.
16
M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-15-000-2020-01384-00.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Jorge Daniel Ochoa Díaz
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03140-01
48. En ese orden de ideas, el asunto sub judice gira en torno a una cuestión
meramente legal y de carácter económico por cuanto la inconformidad del señor
José Daniel Ochoa Díaz se limita al pago de un derecho patrimonial – sanción
moratoria–, más allá de estar orientado a la protección de las garantías
constitucionales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, de
modo que la situación descrita es “de competencia exclusiva del juez ordinario17” y por
ello en sede de tutela no le corresponde a esta Sala de Decisión zanjar aspectos
como el planteado por el accionante.
49. Sobre el particular, cabe señalar que la Corte Constitucional precisó en la
referida sentencia de unificación que la acreditación de este requisito “ supone
justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a
un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel ” y que la
relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber:
“[…] (i)preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional18 y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad 19; (ii) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales20 y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces21”.
50. Es así, como dicha Corte indicó que la controversia propuesta en el marco de
una acción de tutela no puede versar sobre un asunto meramente legal o
económico, sino que es necesario que se advierta su contenido y trascendencia
constitucional, pues de no ser así, la discusión deberá ser resuelta mediante los
mecanismos ordinarios dispuestos para tal fin, so pena de que el juez de tutela se
inmiscuya en cuestiones que desbordan su competencia y podrían desnaturalizar
el carácter excepcional y especial de la solicitud de amparo.
51. Así, en reciente sentencia SU-103 de 202222, llamó la atención sobre los
criterios que se deben tener en cuenta a la hora de verificar si en un caso concreto
se supera o no este requisito de relevancia, los cuales se pasan a mencionar:
107. Primero, la controversia debe versar sobre un asunto constitucional y
no meramente legal y/o económico. Esto, por cuanto las discusiones de orden
legal o aquellas relacionadas exclusivamente con derechos económicos deben ser
resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos en el ordenamiento
jurídico para su trámite.
(…)
108. Segundo, “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”. Sobre esto, reiteró que
la cuestión debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional. En esa medida, los asuntos en los que se invoca la protección de
derechos fundamentales, pero cuya solución se limita a la interpretación y
17
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573
de 2017 y C-590 de 2005.
18
“Sentencia C-590 de 2005.”
19
“Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
20
“Sentencia C-590 de 2005.”
21
“Sentencia T-102 de 2006.”
22
Corte Constitucional SU-103 de 2022.
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aplicación de normas de rango legal, no tienen, en principio, relevancia
constitucional.
(…) (Resaltado fuera del texto original).
52. En ese sentido, y con fundamento en que lo que se cuestiona en esta tutela
son reparos relacionados con el pago de la sanción moratoria propuestos por la
parte tutelante, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia proferida por
la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado el 5 de julio de 2022,
que declaró la improcedencia de la presente acción constitucional, pero por las
razones aquí expuestas, toda vez que el reclamo objeto de este mecanismo
carece de relevancia constitucional en atención a que se limita a la interpretación y
aplicación de un derecho de contenido económico, el cual tiene connotaciones
particulares o privadas que se reducen a un debate meramente legal y no de
índole constitucional.
2.5. Conclusión
53. En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia que declaró
la improcedencia de esta acción constitucional, pero por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación realizada por el Ministerio de
Educación.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 5 de julio de 2022, por medio de la cual
la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado declaró la
improcedencia de la acción constitucional de la referencia, pero por las razones
expuestas en este proveído.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
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