RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-03147-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03147-01

Fecha
18 de octubre de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03147-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 19 de agosto de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado que (i) declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Sala www.consejodeestado.gov.co 30 C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0 B og o tá D . C . – C ol o mbi a ACC IÓN D E TUT EL A R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 31 4 7 - 0 1 A c ci o na n t e: N er i o A l e xa n d er B a st i da s P a d il la de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y la Unidad de Administración de Carrera Judicial, (ii) declaró improcedente la solicitud de amparo en relación con los reparos relacionados con el trámite de la recusación y (iii) negó las demás pretensiones, conforme las razones señaladas en las consideraciones de este fallo. SEGUNDO. REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO. REGISTRAR la presente providencia en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03147-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

18 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03147-01
Accionante: NERIO ALEXANDER BASTIDAS PADILLA
Accionado: JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE CÚCUTA Y
OTROS

Tema: Tutela contra acto administrativo / debido proceso /
/ principio de subsidiariedad / concurso de méritos /
nombramiento en propiedad de quien superó proceso
de selección

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la parte
accionante en contra de la sentencia del 19 de agosto de 2022 proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado mediante la cual declaró
(i) probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
formulada por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
y la Unidad de Administración de Carrera Judicial, (ii) improcedente la
solicitud de amparo en relación con los reparos relacionados con el
trámite de la recusación y (iii) negó las demás pretensiones.

www.consejodeestado.gov.co
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 31 4 7 - 0 1
A c ci o na n t e: N er i o A l e xa n d er B a st i da s P a d il la

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales formulada
por el señor Nerio Alexander Bastidas Padilla tiene sustento en los
siguientes:

1. HECHOS

El 14 de febrero de 2019, a través de Resolución núm. 011, el juez
segundo de familia de oralidad de Cúcuta (Norte de Santander) nombró
al señor Nerio Alexander Bastidas Padilla en provisionalidad en el cargo
de citador grado 3 en el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de
Cúcuta.

El 29 de agosto de 2021, allegó ante la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Cúcuta, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Norte de Santander, el Consejo Superior de la Judicatura
– Unidad de Carrera Administrativa y el Juzgado Segundo de Familia
de Oralidad de Cúcuta, el dictamen laboral y ocupacional expedido por
Suramericana S.A. que lo calificó con una pérdida de la capacidad
laboral de origen común del 35.16 %, a fin que le fuera reconocida la
estabilidad laboral reforzada y en consecuencia, se tuvieran en cuenta
todos los lineamientos jurisprudenciales al momento de postular la
vacante en la que se encuentra nombrado en provisionalidad.

El 1.º de septiembre de 2021, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cúcuta declaró que no tenía competencia
para conocer de la petición referida, motivo por el cual la remitió al

www.consejodeestado.gov.co 2
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 31 4 7 - 0 1
A c ci o na n t e: N er i o A l e xa n d er B a st i da s P a d il la

presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de
Santander y al Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Cúcuta,
quienes, a su vez, se declararon incompetentes.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante
providencia del 31 de marzo de 2022, dirimió el conflicto de
competencias, en el sentido de declarar competente al juez segundo
de familia de oralidad de Cúcuta para resolver de fondo la petición
precitada.

La jueza segunda de familia de oralidad de Cúcuta, en ejercicio de su
función administrativa, profirió la Resolución n.º 012 del 9 de mayo de
2022, a través de la cual resolvió lo siguiente:

«ADÓPTESE a favor de Nerio Alexander Bastidas Padilla como medida afirmativa
tendiente a efectivizar el principio de solidaridad social y el ejercicio cabal del uso y goce
de derechos, en los precisos términos del precedente constitucional citado en esta
resolución, la de mantener su nombramiento en provisionalidad en el cargo de citador,
grado 3, hasta que se posesione en propiedad el señor Francesco Armando Pisciotti
Contreras, quien ocupa el primer lugar en la lista de elegibles conformada mediante el
Acuerdo CSJNS2021-368 del 18 de noviembre de 2021, o hasta que tome posesión
alguno de los integrantes de la lista contenida en el Acuerdo CSJN2021-368, y/o en las
que remita el Consejo Seccional de la Judicatura.

SEGUNDO. Consecuente con lo anterior y ante la imposibilidad de nombrar en este
despacho al señor Nerio Alexander Bastidas Padilla, en un cargo de igual categoría al que
en este momento ocupa en provisionalidad, de presentarse el supuesto de hecho a que se
contrae el numeral primero de esta resolutiva -esto es, la posesión en propiedad de
designado de lista de elegibles - REMÍTASE el conocimiento del caso, al Consejo
Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, para que en el marco de sus funciones,
y de cara a las posibilidades administrativas, puedan, de conformidad con el deber de
colaboración armónica del que trata el artículo 113 de la Constitución Política, evaluar la
viabilidad de la reubicación del servidor, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta resolución y en el numeral primero de la decisión del 31 de marzo de 2022
de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

www.consejodeestado.gov.co 3
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 31 4 7 - 0 1
A c ci o na n t e: N er i o A l e xa n d er B a st i da s P a d il la

TERCERO. Como se indicó en la parte motiva, habida consideración de la indisoluble
vinculación de la decisión aquí adoptada, con la obligatoriedad de acatar el imperativo
legal de efectuar la provisión de la vacante de Citador Grado 3 del Juzgado Segundo de
Familia de Oralidad de Cúcuta, NOMBRAR al señor PISCIOTTI CONTRERAS
FRANCESCO ARMANDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1094241096,
quien ocupa el primer lugar en la lista de elegibles conformada mediante Acuerdo
CSJNS2021-368 del 18 de noviembre de 2021, en el cargo mencionado. Remítase por
Secretaría las comunicaciones respectivas.

CUARTO. NOTIFICAR esta Resolución al CONSEJO SECCIONAL DE LA
JUDICATURA DE NORTE DE SANTANDER, y a los señores NERIO ALEXANDER
BASTIDAS PADILLA, PISCIOTTI CONTRERAS FRANCESCO ARMANDO,
ARENAS GALLEGO ALEJANDRO y CASADIEGO ORTIZ CIRO ANDRES.

[…]».

El 24 de mayo de 2022, el señor Nerio Alexander Bastidas Padilla
interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el
acto administrativo anterior, pues consideró que su desvinculación
debió ocurrir previo permiso del Ministerio del Trabajo; sin embargo,
mediante Resolución núm. 028, la jueza segunda de familia de oralidad
de Cúcuta decidió no reponerlo y rechazar la alzada.

En esa misma oportunidad, el señor Nerio Alexander Bastidas Padilla
presentó recusación contra la jueza segunda de familia de oralidad del
circuito judicial de Cúcuta, por cuanto era amiga íntima de la jueza
anterior con quien él tenía una enemistad, al punto de presentar
denuncia penal y disciplinaria; no obstante, a través de Resolución
núm. 015 del 25 de mayo de 2022, la funcionaria judicial resolvió:

«PRIMERO. NO ACEPTAR la recusación formulada por el señor Nerio Alexander
Bastidas Padilla en contra de esta funcionaria, por lo expuesto en la parte motiva.

www.consejodeestado.gov.co 4
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 31 4 7 - 0 1
A c ci o na n t e: N er i o A l e xa n d er B a st i da s P a d il la

SEGUNDO. REMÍTASE la presente Resolución al Consejo Seccional de la Judicatura
de Norte de Santander y Arauca, para que decida de plano la recusación planteada, en los
términos del artículo 12 del CPACA.

[…]».

El Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander rechazó
la recusación y la trasladó a la Unidad Administrativa de Carrera
Judicial y a la presidenta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cúcuta para que la resolvieran.

La presidenta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta,
mediante oficio núm. PTSC22-1374 del 31 de mayo de 2022, indicó
que la recusación debería ser remitida al homólogo que seguía en turno
según lo previsto en el artículo 132 del CPACA. En ese orden de ideas,
la jueza segunda de familia de oralidad de Cúcuta, mediante Resolución
núm. 021 del 1.º de junio de 2022, la remitió al Juzgado Tercero de
Familia de Cúcuta.

A través de Resolución núm. 019 del 1.º de junio de 2022, la jueza
segunda de familia de oralidad de Cúcuta nombró al señor Francesco
Armando Pisciottu Contreras como citador 3, hasta tanto culminara la
incapacidad médica del señor Nerio Alexander Bastillas Padilla, o se
efectuara su posesión en propiedad, lo que primero ocurriera.

Mediante Resolución núm. 007 del 7 de junio de 2022, el Juzgado
Tercero de Familia de Oralidad de Cúcuta declaró no fundada la
recusación planteada por el señor Nerio Alexander Bastidas Padilla
contra la jueza segunda de familia de oralidad de Cúcuta.

www.consejodeestado.gov.co 5
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 31 4 7 - 0 1
A c ci o na n t e: N er i o A l e xa n d er B a st i da s P a d il la

El 22 de junio de 2022, el señor Francesco Armando Pisciotti Contreras
se posesionó en propiedad en el cargo de citador grado 3, decisión que
fue informada por el juzgado al señor Nerio Alexander Bastidas Padilla
a través del Oficio núm. 1442 de esa fecha.

2. PRETENSIONES

La parte accionante pidió lo siguiente:

«MEDIDA PROVISIONAL: Que, como medida provisional se decrete la suspensión
provisional de la resolución 007 del 07 de junio de 2022 proferida por el Juzgado 3 de
Familia de Oralidad de Cúcuta, N/S, hasta tanto, no se adelante en debida forma el
procedimiento administrativo que regula el trámite adelantado, y en consecuencia se
resuelva de fondo la presente acción constitucional, toda vez que contra dicha resolución
no procede recurso alguno, y la firmeza de la misma podrían lesionar y/o vulnerar derecho
particulares y fundamentales de quien así los invoca.

PRIMERO: Que, se AVOQUE el conocimiento de la presente acción de tutela.

SEGUNDO: Que, se VINCULE al Juzgado Segundo de Familia de oralidad de Cúcuta, al
Consejo Seccional de la Judicatura, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, a
la Unidad de Carrera Judicial por las resoluciones y oficios presentados como consecuencia
de la recusación presentada ante la autoridad nominadora Juzgado Segundo de Familia.

TERCERO: Que, se DECLARE la vulneración al debido proceso a favor del accionante, y
los que el Juez constitucional en su sabio criterio considere que se me estén vulnerando.

CUARTO: Que, se DECLARE la falta de competencia y posterior nulidad de la Resolución
007 de fecha 07 de junio de 2022, proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Oralidad
de Cúcuta, por conocer de la recusación remitida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta.

QUINTO: Como consecuencia de la declaratoria al debido proceso, se ORDENE a la
autoridad competente en sede administrativa (superior funcional de la autoridad
nominadora) que, resuelva la recusación presentada, en sede administrativa y no en sede
jurisdiccional como lo resolvió el Juzgado 3 de Familia de Cúcuta, toda vez que lo anterior
vulnera el debido proceso administrativo del accionante» (sic en toda la cita).

www.consejodeestado.gov.co 6
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 31 4 7 - 0 1
A c ci o na n t e: N er i o A l e xa n d er B a st i da s P a d il la

De igual manera, posterior a la presentación de la acción, el interesado
requirió:

«1. Solicito muy respetuosamente, con base a los hechos sobrevinientes y por economía
procesal que, el Honorable Consejo de Estado decrete transitoriamente la medida
provisional solicitada por los hechos que sobrevinieron, los cuales vulneran mis derechos
laborales y fundamentales.

2. Así mismo, se decrete la suspensión provisional de la resolución 028 del 21 de junio de
2022 y el Oficio 1442 de fecha 22 de junio de 2022, hasta tanto no se resuelva de fondo la
presente acción constitucional, la cual fue notificada en el día de hoy mediante auto
admisorio de fecha 28 de junio de 2022, proferido por el Consejo de Estado Sección
Primera».

3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

En síntesis, el accionante aseguró que se vulneró su derecho al debido
proceso porque el Juzgado Tercero de Familia Oral de Cúcuta no era el
competente para conocer de la recusación que presentó como
erróneamente lo consideró el Tribunal Superior del Distrito de Cúcuta
de conformidad con el artículo 132 del CPACA, puesto que la jueza
segunda de familia oral de Cúcuta actuó en sede administrativa y no
en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales y en consecuencia, debió
aplicarse el artículo 12 del CPACA y enviar la solicitud al Tribunal
Superior del Distrito de Cúcuta que es su superior jerárquico.

Asimismo, advirtió que el Juzgado Segundo de Familia Oral de Cúcuta
resolvió nombrar en propiedad a la persona de la lista de elegibles para
el cargo que ocupaba sin antes dar cumplimiento a lo dispuesto por la
Sala de Consulta y Servicio Civil, esto es, definir de fondo su situación
de estabilidad laboral reforzada relacionada con la pérdida de la

www.consejodeestado.gov.co 7
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 31 4 7 - 0 1
A c ci o na n t e: N er i o A l e xa n d er B a st i da s P a d il la

capacidad laboral del 37.40 % lo cual configuró un perjuicio
irremediable debido a que con su desvinculación fue retirado del
sistema de seguridad social.

4. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 28 de junio de 2022, la Sección Primera del Consejo
de Estado admitió la acción de la referencia y ordenó notificar al
Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Cúcuta como accionado y a
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, al Juzgado Segundo de Familia
de Oralidad de Cúcuta, a la Nación- Rama Judicial – Consejo Superior
de la Judicatura - Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de
Santander - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial- Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta y la Nación -
Rama Judicial- Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Carrera
Administrativa, como terceros interesados, para que se pronunciaran
sobre los hechos que originaron la solicitud constitucional.

De igual forma, negó la medida provisional solicitada por la parte
accionante, por cuanto, a su juicio, no evidenció la configuración de un
perjuicio irremediable.

A través de auto del 19 de julio de 2022, la Sección Primera del Consejo
de Estado admitió la ampliación del escrito de tutela en el que pidió
que se decretara la suspensión provisional de la Resolución núm. 028
del 21 de junio de 2022 y el oficio 1442 del 22 de junio de 2022, hasta

www.consejodeestado.gov.co 8
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 31 4 7 - 0 1
A c ci o na n t e: N er i o A l e xa n d er B a st i da s P a d il la

que se resolviera la acción constitucional, la cual negó, porque no
encontró acreditado el perjuicio irremediable alegado.

5. INTERVENCIONES

5.1. El Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Cúcuta informó
que garantizó el debido proceso del accionante, porque actuó dentro
de los parámetros legales y constitucionales al resolver el asunto
puesto en su conocimiento.

5.2. El Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Cúcuta refirió
las peticiones que ha presentado el accionante y la acción de tutela que
interpuso el concursante que ocupó el primer puesto en la lista de
elegibles para el cargo de citador grado 3, con el propósito que se
tuvieran en cuenta al momento de proferir la decisión.

En ese sentido, precisó que en el trámite de la petición de estabilidad
laboral reforzada radicada por el señor Neiro Alexander Bastidas Padilla
y el nombramiento en propiedad del primero en la lista de elegibles
para el cargo de citador de ese despacho, ha actuado con respeto al
debido proceso, la Constitución Política, la Ley 270 de 1996 y la
jurisprudencia de las altas cortes.

5.3. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
pidió ser desvinculada del presente trámite, puesto que la acción no
está dirigida contra la decisión que profirió.

www.consejodeestado.gov.co 9
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 31 4 7 - 0 1
A c ci o na n t e: N er i o A l e xa n d er B a st i da s P a d il la

5.4. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta afirmó
que ni ese cuerpo colegiado, ni el Juzgado Tercero de Familia Oral de
Cúcuta transgredieron el derecho al debido proceso de la parte
accionante, porque la decisión de que la funcionaria recusada enviara
la solicitud de recusación al homologo que le seguía tuvo fundamento
en el artículo 132 del CPACA.

5.5. La Unidad de Administración de Carrera Judicial pidió que se
declare la falta de legitimación en la causa por pasiva o en su lugar la
improcedencia de la tutela, toda vez que, aseguró, no vulneró los
derechos fundamentales del señor Nerio Alexander Bastidas Padilla.

5.6. El señor Francesco Armando Pisciotti Contreras pidió que se
garanticen sus derechos a la carrera administrativa e igualdad
conforme lo previsto en el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, en el
entendido que ganó el concurso de méritos para el cargo que ocupa y
requirió que se protegiera su derecho al mínimo vital, puesto que él
depende económicamente de su nombramiento y a su vez, su hija de
5 años y su madre dependen de él.

6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

La Sección Primera del Consejo de Estado a través de sentencia del 19
de agosto de 2022, (i) declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por la Sala de Consulta
y Servicio Civil del Consejo de Estado y la Unidad de Administración de
Carrera Judicial, con sustento en que la primera solo resolvió el conflicto
negativo de competencias que no fue objeto de reparo por el accionante

www.consejodeestado.gov.co 10
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 31 4 7 - 0 1
A c ci o na n t e: N er i o A l e xa n d er B a st i da s P a d il la

y respecto de la segunda no advirtió ningún cuestionamiento sobre
alguna acción u omisión relacionada con sus funciones.

Igualmente, (ii) declaró improcedente la solicitud de amparo en
relación con los reparos al trámite de la recusación, pues consideró que
se incumplió con el requisito de subsidiariedad, en la medida que el
accionante cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Resolución núm. 007 del 7 de junio de 2022
proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Oralidad del Circuito de
Cúcuta que resolvió la recusación que presentó.

Por último, tratándose de los argumentos relacionados con la
desvinculación y el desconocimiento de la estabilidad laboral reforzada
del señor Nerio Alexander Bastillas Padilla, manifestó que no estaban
llamados a prosperar, porque su situación de salud sí fue reconocida
por el Juzgado Segundo de Oralidad de Cúcuta mediante la Resolución
núm. 012 del 9 de mayo de 2022 que resolvió adoptar como medida
afirmativa a su favor mantener el nombramiento en provisionalidad
hasta que se posesionara en propiedad el señor Francesco Armando
Pisciotti quien ocupó el primer lugar en la lista de elegibles para el cargo
que ocupaba el accionante.

En ese sentido, resaltó que la desvinculación del accionante ocurrió por
el nombramiento de la persona que superó el concurso de méritos y no
por su estado de salud, razón por la cual no evidenció el
desconocimiento la figura de la estabilidad laboral reforzada y tampoco
las afectaciones de salud que padece, por lo que no encontró
procedente el reintegro y tampoco el pago de la seguridad social – en

www.consejodeestado.gov.co 11
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 31 4 7 - 0 1
A c ci o na n t e: N er i o A l e xa n d er B a st i da s P a d il la

salud – en favor del extrabajador, teniendo en cuenta que no existe
ninguna relación laboral entre las partes que así lo justifique.

7. IMPUGNACIÓN

La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia, en
escrito en el que insistió en la vulneración de su derecho al debido
proceso, toda vez que el Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de
Cúcuta no era el competente para resolver la recusación que presentó.

De igual manera, resaltó que al ser desvinculado del cargo se
desconoció la discapacidad que padece, su estado de debilidad
manifiesta y su derecho a la estabilidad reforzada y, en ese sentido,
advirtió que el a quo no valoró la totalidad de las pruebas aportadas ni
estudió de fondo todos los aspectos planteados en la acción de tutela.

Por otra parte, señaló que el a quo no vinculó al Ministerio del Trabajo
pese a que debió hacerlo, porque solo con su autorización era posible
su despido en el entendido que es un sujeto de especial protección que
goza de estabilidad reforzada.

En ese orden de ideas, solicitó que la sentencia impugnada sea
revocada o en su lugar sea decretada su nulidad por falta de
integración de partes con interés legítimo, se ordene su vinculación y
se profiera un nuevo fallo ajustado a derecho.

www.consejodeestado.gov.co 12
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 31 4 7 - 0 1
A c ci o na n t e: N er i o A l e xa n d er B a st i da s P a d il la

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 080 de 20191, en
cuanto dispone que «las tutelas que sean de competencia del Consejo
de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo
Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».

2. PROBLEMAS JURÍDICOS

De acuerdo con los argumentos expuestos por el señor Nerio Alexander
Bastidas Padilla, la Sala de Decisión entiende que la inconformidad del
accionante se centra en que a su juicio se vulneró su debido proceso
porque (i) fue desvinculado del cargo que ocupaba sin tener en cuenta
que era un sujeto de especial protección del Estado por la disminución
de la capacidad laboral que padece y que le otorga estabilidad laboral
reforzada; y (ii) el Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Cúcuta
no era el competente para resolver la recusación que presentó contra
la jueza segunda de familia de oralidad de Cúcuta sino que la
competencia le correspondía al Tribunal Superior del Distrito de Cúcuta
como su superior jerárquico.

1
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.

www.consejodeestado.gov.co 13
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 31 4 7 - 0 1
A c ci o na n t e: N er i o A l e xa n d er B a st i da s P a d il la

Ahora bien, por orden metodológico, primero se resolverá si ¿el
Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Cúcuta vulneró el debido
proceso del accionante, porque lo desvinculó del cargo que ocupaba
sin tener en cuenta que era un sujeto de especial protección del Estado
por la disminución de la capacidad laboral que padece y que le otorga
estabilidad laboral reforzada?

Luego se definirá si ¿la presente acción de tutela contra la Resolución
núm. 007 del 7 de junio de 2022, a través de la cual el Juzgado Tercero
de Familia de Oralidad de Cúcuta resolvió la recusación que presentó
el señor Nerio Alexander Bastidas Padilla, cumple con el requisito de
subsidiariedad?

Así las cosas, a fin de determinar si la presente tutela cumplió o no con
el principio de subsidiariedad en relación con la Resolución 007 del
2022 a través de la cual el Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de
Cúcuta resolvió la recusación que presentó, primero se deberá resolver
si ¿el señor Nerio Alexander Bastidas Padilla es un sujeto de especial
protección del Estado por la disminución de la capacidad laboral que
adolece?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) de los concursos de méritos en la Rama Judicial, ii)
estabilidad laboral de los funcionarios públicos nombrados en
provisionalidad que desempeñan cargos de carrera administrativa, iii)
principio de subsidiariedad, iv) procedibilidad excepcional de la acción
de tutela contra actos administrativos y v) caso concreto.

www.consejodeestado.gov.co 14
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 31 4 7 - 0 1
A c ci o na n t e: N er i o A l e xa n d er B a st i da s P a d il la

3. DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS EN LA RAMA JUDICIAL

La carrera administrativa cuyo origen constitucional se encuentra en el
artículo 125 de la Constitución Política, es un sistema técnico de
administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia
de la administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad de
oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. En este
sentido, la carrera administrativa funge, entonces, como un principio y
una garantía constitucional.

Al efecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha manifestado
que «La Constitución de 1991, con las salvedades que ella misma
indica, ha hecho del sistema de carrera el general y obligatorio para la
provisión de cargos al servicio del Estado, en todas sus ramas y
órganos, para el ascenso dentro de la jerarquía de cada uno de ellos,
para la permanencia de los empleados y para el retiro del servicio
público».

En este sentido, esa corporación ha expresado reiteradamente que los
funcionarios deberán ser nombrados por concurso público cuando el
sistema de nombramiento no haya sido previsto por la Constitución o
la ley, esto es, cuando se trate de cargos de elección popular, de libre
nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás
que determine la ley.

Así pues, el concurso de méritos está dirigido a garantizar la selección
objetiva del aspirante, según la evaluación y determinación de su
capacidad e idoneidad para asumir las funciones a desempeñar, de

www.consejodeestado.gov.co 15
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 31 4 7 - 0 1
A c ci o na n t e: N er i o A l e xa n d er B a st i da s P a d il la

manera que se impida la subjetividad o arbitrariedad del nominador o
criterios contrarios a los principios y valores constitucionales.

En lo que se refiere a la carrera judicial, la Ley 270 de 1996, reformada
por la Ley 1258 de 2009, establece que esta se funda en el carácter
profesional de los servidores, la eficacia de su gestión, la garantía de
igualdad en las posibilidades de acceso a la función pública y en la
consideración del mérito como fundamento principal para el ingreso, la
permanencia y promoción en el servicio.

En efecto, el artículo 160 ibídem señala los requisitos exigidos para
ocupar cargos en la carrera judicial, entre ellos el concurso:

«Para el ejercicio de cargos de carrera en la Rama Judicial se requiere, además de los
requisitos exigidos en disposiciones generales, haber superado satisfactoriamente el
proceso de selección y aprobado las evaluaciones previstas por la ley y realizadas de
conformidad con los reglamentos que para tal efecto expida la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura.

El acceso por primera vez a cualquier cargo de funcionario de carrera requerirá de la
previa aprobación del curso de formación judicial en los términos que señala la presente
ley.

PARÁGRAFO. Los funcionarios de carrera que acrediten haber realizado el curso de
formación judicial, no están obligados a repetirlo para obtener eventuales ascensos y, en
este caso, se tomarán las respectivas calificaciones de servicio como factor sustitutivo de
evaluación.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Con arreglo a la presente ley y dentro del año siguiente
a su entrada en vigencia, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
adoptará todas las medidas que sean necesarias para que el curso de formación judicial
sea exigible, con los alcances que esta ley indica, a partir del 1o. de enero de 1997».

Así, el proceso de selección contenido en el artículo 162 comprende las
siguientes etapas: concurso de méritos, conformación del registro

www.consejodeestado.gov.co 16
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 31 4 7 - 0 1
A c ci o na n t e: N er i o A l e xa n d er B a st i da s P a d il la

nacional de elegibles, elaboración de listas de candidatos,
nombramiento y confirmación.

En este sentido, las personas que superen el concurso de méritos
entran a formar parte del registro de elegibles para los cargos por los
que optaron y concursaron, en orden descendente por los puntajes
obtenidos en los procesos de selección, la especialidad y las sedes
territoriales para las que aplicaron.

Las valoraciones de estos factores se deben realizar por medios
técnicos, que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad, con
parámetros previamente determinados.

Las etapas siguientes son la conformación del registro de elegibles, el
nombramiento, la comunicación, la aceptación, la confirmación y la
posesión, las cuales se encuentran reguladas específicamente en los
artículos 133, 165 y s.s. de la Ley 270 de 1996. Sin embargo, para el
caso de los empleados se omite la etapa de confirmación, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 162 ibidem. Veamos el procedimiento
que para estas etapas señala la norma:

«ARTÍCULO 165. REGISTRO DE ELEGIBLES. La Sala Administrativa de los
Consejos Superior o Seccional de la Judicatura conformará con quienes hayan superado
las etapas anteriores, el correspondiente Registro de Elegibles para cargos de funcionarios
y empleados de carrera de la Rama Judicial, teniendo en cuenta las diferentes categorías
de empleos y los siguientes principios.

La inscripción en el registro se hará en orden descendente, de conformidad con los
puntajes que para cada etapa del proceso de selección determine el reglamento.

La inscripción individual en el registro tendrá una vigencia de cuatro años. Durante los
meses de enero y febrero de cada año, cualquier interesado podrá actualizar su inscripción

www.consejodeestado.gov.co 17
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 31 4 7 - 0 1
A c ci o na n t e: N er i o A l e xa n d er B a st i da s P a d il la

con los datos que estime necesarios y con éstos se reclasificará el registro, si a ello hubiere
lugar.

Cuando se trate de cargos de funcionarios, o de empleados de las corporaciones judiciales
nacionales el concurso y la incorporación al registro se hará por la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura; en los demás casos dicha función corresponde a
las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

PARÁGRAFO. En cada caso de conformidad con el reglamento, los aspirantes, en
cualquier momento podrán manifestar las sedes territoriales de su interés.

[…]

ARTÍCULO 167. NOMBRAMIENTO. Cada vez que se presente una vacante en cargo
de funcionario, la entidad nominadora comunicará la novedad, a más tardar dentro de los
tres días siguientes, a la correspondiente Sala Administrativa del Consejo Superior o
Seccional de la Judicatura, según el caso. Recibida la lista de candidatos, procederá al
nombramiento dentro de los diez días siguientes.

Tratándose de vacantes de empleados, el nominador, a más tardar dentro de los tres días
siguientes, solicitará a la Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional que
corresponda, el envío de la lista de elegibles que se integrará con quienes ocupen los
primeros cinco lugares en el correspondiente registro de elegibles, previa verificación de
su disponibilidad. La Sala remitirá la lista dentro de los tres (3) días siguientes y el
nombramiento se hará a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes».

En cuanto al término perentorio para efectuar la posesión en los cargos,
el artículo 133 de la Ley 270 de 1996 señala que el elegido dispondrá
de 15 días para tomar posesión del cargo:

«ARTÍCULO 133. TÉRMINO PARA LA ACEPTACIÓN, CONFIRMACIÓN Y
POSESIÓN EN EL CARGO. El nombramiento deberá ser comunicado al interesado
dentro de los ocho días siguientes y éste deberá aceptarlo o rehusarlo dentro de un término
igual.

Quien sea designado como titular en un empleo para cuyo ejercicio se exijan requisitos y
calidades, deberá obtener su confirmación de la autoridad nominadora, mediante la
presentación de las pruebas que acrediten la vigencia de su cumplimiento. Al efecto, el
interesado dispondrá de veinte (20) días contados desde la comunicación si reside en el
país o de dos meses si se halla en el exterior.

www.consejodeestado.gov.co 18
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 31 4 7 - 0 1
A c ci o na n t e: N er i o A l e xa n d er B a st i da s P a d il la

La autoridad competente para hacer la confirmación sólo podrá negarla cuando no se
alleguen oportunamente las pruebas mencionadas o se establezca que el nombrado se
encuentra inhabilitado o impedido moral o legalmente para el ejercicio del cargo.

Confirmado en el cargo, el elegido dispondrá de quince (15) días para tomar posesión del
mismo.

PARÁGRAFO. El término para la posesión en el cargo podrá ser prorrogado por el
nominador por una sola vez, siempre que considere justa la causa invocada y que la
solicitud se formule antes del vencimiento».

3.2. ESTABILIDAD LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
NOMBRADOS EN PROVISIONALIDAD QUE DESEMPEÑAN
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA2

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido el “derecho
constitucional a una estabilidad laboral reforzada”, que se deriva del
principio de derecho a la igualdad de trabajo y que se materializa con
medidas diferenciales en favor de aquellas personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad3.

Así las cosas, la Corte Constitucional ha manifestado que la estabilidad
laboral se trata de:

«una garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y a obtener los
correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del
patrono, si no existe una causa relevante que justifique el despido. La doctrina ha
entendido entonces que el principio de estabilidad laboral configura, en cabeza de los
trabajadores, un verdadero derecho jurídico de resistencia al despido, el cual es expresión
del hecho de que los fenómenos laborales no se rigen exclusivamente por el principio de
la autonomía de la voluntad, ya que están en juego otros valores constitucionales, en
especial la propia dignidad del trabajador y la búsqueda de una mayor igualdad entre
patrono y empleado. Por ello, en función del principio de la estabilidad laboral, y de la

2
Se hace referencia, in extenso, a la providencia del T-464 de 2019.
3
Sentencia T-014 de 2019.

www.consejodeestado.gov.co 19
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 31 4 7 - 0 1
A c ci o na n t e: N er i o A l e xa n d er B a st i da s P a d il la

especial protección al trabajo (CP arts 25 y 53), no basta el deseo empresarial para que
pueda cesar una relación de trabajo sino que es necesario que se configure una justa causa,
en los términos señalados por la ley, y en armonía con los valores constitucionales».

Las personas que gozan de estabilidad laboral reforzada son aquellas
personas que se encuentran amparadas por el fuero sindical, en
condición de invalidez o discapacidad y las mujeres en estado de
embarazo. De igual manera, la Corte ha manifestado que aquellos
trabajadores con limitaciones físicas, sensoriales o psicológicas se
encuentran en situación de debilidad manifiesta y, por lo tanto, son
beneficiarios de una estabilidad laboral reforzada. Esta limitación a la
que hace alusión la Corte hace referencia a una aplicación extensiva de
la Ley 361 de 1997 «Por la cual se establecen mecanismos de
integración social de las personas en situación de discapacidad y se
dictan otras disposiciones» a aquellas personas que se encuentran en
un estado de debilidad manifiesta por causa de una enfermedad, sin
necesidad de que exista una calificación previa que acredite su
condición de discapacidad o invalidez 4.

Ahora bien, en el caso de los servidores públicos que ocupan en
provisionalidad un cargo de carrera, la Corte ha manifestado que gozan
de una estabilidad laboral relativa, lo que implica que únicamente
pueden ser removidos por causales legales que deben expresarse de

4
La jurisprudencia constitucional ha sostenido dos líneas sobre la aplicación de la Ley 361 de 1997, una
que ha asumido que la protección brindada por la Ley 361 de 1997 es predicable exclusivamente de los
sujetos con una pérdida de la capacidad para trabajar comprobada; y otra, más abierta, que admite su
aplicación a personas que sufren limitaciones (Sentencias T-198 de 2006, T-819 de 2008, T-603 de 2009 y
T-643 de 2009) y la segunda, la cual ha sido acogida mayoritariamente por la jurisprudencia reciente de la
Corte Constitucional, que ha ampliado la concepción del término “limitación”, en el sentido de hacer
extensiva la protección señalada en la Ley 361 de 1997 a aquellas personas que se encuentran en un estado
de debilidad manifiesta por causa de una enfermedad, sin necesidad de que exista una calificación previa
que acredite su condición de discapacitados o de invalidez (Sentencias T-198 de 2006, T-513 de 2006, T-
504 de 2008, T-992 de 2008, T-263 de 2009, T-866 de 2009, T-065 de 2010, T-092 de 2010,T-663 de 2011).

www.consejodeestado.gov.co 20
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 31 4 7 - 0 1
A c ci o na n t e: N er i o A l e xa n d er B a st i da s P a d il la

manera clara en el acto de desvinculación. De esta manera, la Corte ha
reiterado que la terminación de una vinculación en provisionalidad
porque la plaza respectiva debe ser provista con una persona que ganó
el concurso «no desconoce los derechos de esta clase de funcionarios,
pues precisamente la estabilidad relativa que se le ha reconocido a
quienes están vinculados bajo esta modalidad, cede frente al mejor
derecho que tienen las personas que ganaron un concurso público de
méritos»5.

Al respecto, en la sentencia SU-446 de 2011, la Corte precisó que:

«la situación de quienes ocupan en provisionalidad cargos de carrera administrativa,
encuentra protección constitucional, en la medida en que, en igualdad de condiciones
pueden participar en los concursos y gozan de estabilidad laboral, condicionada al lapso
de duración del proceso de selección y hasta tanto sean reemplazados por quien se
haya hecho acreedor a ocupar el cargo en virtud de sus méritos evaluados
previamente».

Es decir, en la Rama Judicial, frente a un empleado en provisionalidad,
prevalecen los derechos de quien superó el proceso de selección de tal
manera que su situación laboral está condicionada al lapso de duración
del proceso de selección y hasta que se efectúe el nombramiento en
propiedad de la persona que ganó el concurso de méritos, lo cual no
excluye que, en todo caso, se verifiquen y tengan en cuenta las
condiciones especiales del trabajador que será desvinculado por ese
motivo, por ejemplo, que sea prepensionado, se trate de una mujer
embarazada o tenga una limitación física, sensorial o psicológica, entre
otros.

5
Sentencia SU-446 de 2011.

www.consejodeestado.gov.co 21
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 31 4 7 - 0 1
A c ci o na n t e: N er i o A l e xa n d er B a st i da s P a d il la

3.3. PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
es un mecanismo subsidiario de protección de los derechos
fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de una entidad pública de cualquier índole o de los
particulares, cuya conducta represente una afectación grave a derechos
fundamentales. Al respecto, el artículo 6°, numeral 1° del Decreto 2591
de 1991 establece dentro de las causales de improcedencia de la tutela,
«cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada
en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en
que se encuentra el solicitante», en aras de respetar la división de
competencias delineada por la Carta y el principio de especialidad de la
jurisdicción.

La Corte Constitucional ha reiterado en diversas sentencias que la
acción de tutela debe cumplir con ciertos requisitos específicos para su
procedibilidad, tales como: «(i) relevancia constitucional, en cuanto sea
una cuestión que plantea una discusión de orden constitucional al
evidenciarse una afectación de un derecho fundamental; (ii)
inmediatez, en cuanto la acción de tutela se concibe como un
mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, de
acuerdo con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad; y
(iii)subsidiariedad, en razón a que este mecanismo sólo procede cuando

www.consejodeestado.gov.co 22
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 31 4 7 - 0 1
A c ci o na n t e: N er i o A l e xa n d er B a st i da s P a d il la

se han agotado todas los medios de defensa por las vías judiciales
ordinarias antes de acudir al juez de tutela.»6

Por lo tanto, el principio de subsidiariedad constituye un requisito
fundamental para la procedibilidad de la acción de tutela, frente a eso
la Corte Constitucional señaló que «para que la tutela (…) proceda al
ser interpuesta por una persona se debe cumplir con las exigencias de
que el actor (i) no disponga de otro medio de defensa judicial para
proteger de manera inmediata sus derechos fundamentales
vulnerados; o (ii) que existiendo otro medio de defensa judicial, se
presenten dos eventos: (a) que el mecanismo no sea idóneo para el
amparo de los derechos afectados, de manera que la tutela los proteja
de forma directa; o (b) que la tutela sea un mecanismo transitorio para
que se evite un perjuicio irremediable.»7

El Consejo de Estado estableció que la acción de tutela es una acción
de naturaleza residual y subsidiaria, por lo cual para debatir asuntos
propios de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es
improcedente, porque su objeto se encuentra definido de forma plena
en el artículo 104 del C.P.A.C.A., que le otorga «además de lo dispuesto
en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y
litigios originado en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones,
sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función
administrativa.»8

6
Corte Constitucional. Sentencia T 889 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.
7
Consultar Sentencias C-1225 de 2004, SU–544 de 2001, SU-1070 de 2003, T-225 de 1993, T–1670 de
2000, T-827 de 2003, T-698 de 2004 de la Corte Constitucional, entre otras.
8
Consejo de Estado. Sentencia del 5 de mayo de 2014. Radicación No: 19001-23-33-000-2014-00061-01.
Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

www.consejodeestado.gov.co 23
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 31 4 7 - 0 1
A c ci o na n t e: N er i o A l e xa n d er B a st i da s P a d il la

3.4. PROCEDIBILIDAD EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS

En razón a ese carácter subsidiario y residual explicado anteriormente,
la Corte Constitucional ha restringido el ámbito en que se debe aceptar
la procedencia de la tutela cuando los derechos que se invocan en
protección cuentan con multiplicidad de acciones ordinarias que pueden
ser presentadas por los afectados ante las autoridades judiciales y
lograr la efectividad de la defensa de sus derechos fundamentales.

En ese orden de ideas, la Corte, en sentencia T-983 de 2001, precisó:

«Esta Corporación ha señalado reiteradamente que la acción de tutela no procede cuando
el peticionario disponga de otro medio para la defensa judicial de su derecho, a menos
que intente la acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Al respecto, la Corte ha hecho énfasis en el carácter excepcional del mecanismo
constitucional de protección que no debe superponerse ni suplantar los mecanismos
ordinarios establecidos en nuestro ordenamiento jurídico».

En ese mismo sentido, en sentencia T-514 de 2003 el alto tribunal
constitucional estableció que, en principio, la tutela no es el medio para
controvertir actos administrativos expedidos por las autoridades
públicas, pues para ello existen en el ordenamiento jurídico acciones
consagradas para ese propósito. Al respecto, en la sentencia señaló:

«La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente
como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que
resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos
administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos
como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo
transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la

www.consejodeestado.gov.co 24
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 31 4 7 - 0 1
A c ci o na n t e: N er i o A l e xa n d er B a st i da s P a d il la

configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de
tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591
de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991)
mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.» Destacado fuera del texto.

Se llega a la conclusión así que la tutela es un mecanismo subsidiario
y residual que solo procede contra actos administrativos en casos
excepcionales, cuando el afectado no cuente con otro mecanismo de
defensa judicial para evitar el daño o la amenaza a sus derechos
fundamentales o que teniéndolo este sea ineficaz lo cual convertiría la
acción constitucional en el mecanismo idóneo para evitar un perjuicio
irremediable.

4. CASO CONCRETO

4.1. ¿El Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Cúcuta
vulneró el debido proceso del accionante, porque lo desvinculó
del cargo que ocupaba sin tener en cuenta que era un sujeto de
especial protección del Estado por la disminución de la
capacidad laboral que padece y que le otorga estabilidad laboral
reforzada?

Tratándose del presente cuestionamiento, la Sala de Subsección
evidencia, de las pruebas aportadas al trámite constitucional, que a
diferencia de lo manifestado por la parte accionante, la jueza segunda
de familia de oralidad del Circuito de Cúcuta sí tuvo en cuenta la
condición de discapacidad del señor Nerio Alexander Bastidas Padilla al
decidir sobre su permanencia en el cargo que ocupaba en
provisionalidad en ese despacho judicial.

www.consejodeestado.gov.co 25
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 31 4 7 - 0 1
A c ci o na n t e: N er i o A l e xa n d er B a st i da s P a d il la

En ese sentido, se advierte que, al decidir sobre la solicitud de
estabilidad reforzada presentada por el accionante, la jueza segunda
de familia de oralidad de Cúcuta profirió la Resolución núm. 012 del 9
de mayo de 2022, por la cual resolvió:

«PRIMERO. ADOPTESE a favor de Nerio Alexander Bastidas Padilla como
medida afirmativa tendiente a efectivizar el principio de solidaridad social y el
ejercicio cabal del uso y goce de derechos, en los precisos términos del precedente
constitucional citado en esta resolución, la de mantener su nombramiento en
provisionalidad en el cargo de Citador Grado 3, hasta que se posesione en
propiedad el señor Francesco Armando Pisciotti Contreras, quien ocupa el primer
lugar en la lista de elegibles conformada mediante el Acuerdo CSJNS2021-368
del 18 de noviembre de 2021, o hasta que tome posesión alguno de los integrantes
de la lista contenida en el Acuerdo CSJNS2021-368, y/o en las que remita el
Consejo Seccional de la Judicatura.

SEGUNDO. Consecuente con lo anterior y ante la imposibilidad de nombrar en
este despacho al señor Nerio Alexander Bastidas Padilla, en un cargo de igual
categoría al que en este momento ocupa en provisionalidad, de presentarse el
supuesto de hecho a que se contrae el numeral primero de esta resolutiva -esto es,
la posesión en propiedad del designado de lista de elegibles- REMÍTASE el
conocimiento del caso, al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de
Santander, para que en el marco de sus funciones, y de cara a las posibilidades
administrativas, puedan, de conformidad con el deber de colaboración armónica
del que trata el artículo 113 de la Constitución Política, evaluar la viabilidad de la
reubicación del servidor, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta resolución y en el numeral primero de la decisión del 31 de marzo de 2022 de
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

TERCERO. Como se indicó en la parte motiva, habida consideración de la
indisoluble vinculación de la decisión aquí adoptada, con la obligatoriedad de
acatar el imperativo legal de efectuar la provisión de la vacante de Citador Grado
3 de Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Cúcuta, NOMBRAR al señor
PISCIOTTI CONTRERAS FRANCESCO ARMANDO, identificado con cédula
de ciudadanía No. 1094241096, quien ocupa el primer lugar en la lista de elegibles

www.consejodeestado.gov.co 26
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 31 4 7 - 0 1
A c ci o na n t e: N er i o A l e xa n d er B a st i da s P a d il la

conformada mediante Acuerdo CSJNS2021-368 del 18 de noviembre de 2021, en
el cargo mencionado. Remítase por Secretaría las comunicaciones respectivas.

[…]»

Es decir, de acuerdo con esta prueba documental aportada, la jueza
segunda de familia de oralidad de Cúcuta sí consideró el estado de
salud del señor Nerio Alexander Bastidas Padilla, tanto así que en razón
a ello adoptó como medida afirmativa mantener su nombramiento en
provisionalidad hasta que se posesionara quien ocupaba el primer lugar
en la lista de elegibles para dicho cargo.

De igual manera, ante la imposibilidad de nombrarlo en ese despacho
en un cargo de igual categoría decidió que, una vez ocurriera el
nombramiento en propiedad de la persona que concursó para el cargo,
se remitiera el conocimiento del caso al Consejo Seccional de la
Judicatura del Norte de Santander para que evaluara la posibilidad de
reubicación del accionante.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la desvinculación del accionante
ocurrió por el nombramiento en propiedad del señor Francesco
Armando Pisciotti Contreras, quien concursó para el cargo y era el
primero en la lista de elegibles para este, la Sala de Decisión concuerda
en que la funcionaria judicial accionada actuó conforme a la
Constitución y la ley, porque garantizó el derecho al mérito y cumplió
con lo previsto en la Ley 270 de 1996, respecto a los concursos de
méritos en la Rama Judicial.

www.consejodeestado.gov.co 27
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 31 4 7 - 0 1
A c ci o na n t e: N er i o A l e xa n d er B a st i da s P a d il la

En ese orden de ideas, en este aspecto la sentencia de primera
instancia que negó el amparo requerido será confirmada9.

4.2. ¿La presente acción de tutela contra la Resolución núm.
007 del 7 de junio de 2022, a través de la cual el Juzgado
Tercero de Familia de Oralidad de Cúcuta resolvió la recusación
que presentó el señor Nerio Alexander Bastidas Padilla, cumple
con el requisito de subsidiariedad?

De conformidad con el marco normativo y jurisprudencial expuesto y
orientados por el problema jurídico planteado, la Sala de Subsección
evidencia de las pruebas obrantes en el plenario que:

En el sub examine, la parte accionante pretende que se deje sin efectos
la Resolución núm. 007 del 7 de junio de 2022, a través de la cual el
Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Cúcuta resolvió la recusación
que presentó contra la jueza segunda de familia de oralidad de Cúcuta.
Lo anterior, pues aseguró que el funcionario judicial que expidió el
referido acto administrativo no era el competente, sino el Tribunal
Superior del Distrito de Cúcuta, quien es el superior jerárquico de la
jueza segunda de familia de oralidad de Cúcuta.

Ahora bien, sobre este punto, la Sala de Subsección considera que la
tutela debe ser rechazada, toda vez que el interesado no demostró la
existencia de un perjuicio irremediable en la medida que el acceso al
servicio de salud, incluso después de su desvinculación, es un servicio

9
En el numeral tercero la sentencia de primera instancia resolvió «NEGAR las demás pretensiones que
fueron propuestas dentro de la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia»

www.consejodeestado.gov.co 28
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 31 4 7 - 0 1
A c ci o na n t e: N er i o A l e xa n d er B a st i da s P a d il la

público al que el Estado le brinda acceso conforme lo previsto en el
literal b) del artículo 2 de la Ley 100 de 1993 y como quedó expuesto
en el numeral anterior, la decisión del juzgado no vulneró los derechos
que invocó en protección en el entendido que obedeció al
nombramiento en propiedad de quien superó el concurso de méritos
para el cargo que el accionante ocupaba.

En ese sentido, se advierte que el señor Nerio Alexander Bastidas
Padilla cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para discutir la legalidad del acto administrativo que resolvió
la recusación que presentó, dentro del cual puede interponer una
solicitud de medida cautelar para suspender provisionalmente sus
efectos.

En ese orden de ideas, se reitera que la tutela tiene un carácter residual
y subsidiario y en el caso sub judice no procede porque la accionante
tiene a su disposición un mecanismo legal, eficaz e idóneo, el cual, sea
del caso advertir, aun no lo ha presentado, en consecuencia, la
providencia de primera instancia que declaró improcedente la solicitud
de amparo respecto de los reparos relacionados con el trámite de la
recusación, será confirmada.

En conclusión, toda vez que no existió inconformidad sobre la falta de
legitimación en la causa por pasiva de la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado y la Unidad de Administración de Carrera
Judicial, y se advirtió la improcedencia de la acción por incumplimiento
del requisito de subsidiariedad, así como la inexistencia de la

www.consejodeestado.gov.co 29
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 31 4 7 - 0 1
A c ci o na n t e: N er i o A l e xa n d er B a st i da s P a d il la

vulneración alegada, la Sala de Decisión confirmará en su totalidad la
decisión impugnada.

Por último, en relación con la solicitud de nulidad formulada por el
accionante porque no se vinculó al Ministerio del Trabajo, la Sala
considera que esta no está llamada a prosperar, toda vez que no le
asiste interés en el presente trámite teniendo en cuenta que la acción
se dirigió contra las actuaciones del Juzgado Segundo y Tercero de
Familia de Oralidad del Circuito de Cúcuta y no contra esa cartera
ministerial y, en consecuencia, no era necesario vincular al Ministerio
del Trabajo a fin de adoptar una decisión de fondo en el asunto de la
referencia. Además, frente al auto admisorio de la demanda, el
demandante no presentó reparo alguno en relación con la integración
del contradictorio.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 19 de agosto de 2022
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado
que (i) declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por la Sala

www.consejodeestado.gov.co 30
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 31 4 7 - 0 1
A c ci o na n t e: N er i o A l e xa n d er B a st i da s P a d il la

de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y la
Unidad de Administración de Carrera Judicial, (ii) declaró
improcedente la solicitud de amparo en relación con los
reparos relacionados con el trámite de la recusación y (iii)
negó las demás pretensiones, conforme las razones
señaladas en las consideraciones de este fallo.

SEGUNDO. REMITIR el expediente a la Honorable Corte
Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO. REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el dieciocho (18) de octubre de dos mil veintidós (2022).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

www.consejodeestado.gov.co 31
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.