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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03154-00

Niega el amparo: la decisión judicial no incurrió en la

Fecha
1 de julio de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03154-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo promovida por la ciudadana Myriam Consuelo Reyes, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-03154-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

1 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., primero (1°) de julio de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03154-00
Accionante: MYRIAM CONSUELO REYES
Accionados: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE
NIEGA EL AMPARO – la decisión judicial no incurrió en la
vulneración de los derechos fundamentales invocados

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada, a través de apoderado judicial, por la
ciudadana Myriam Consuelo Reyes en contra de la sentencia de 3 de febrero de
2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La ciudadana Myriam Consuelo Reyes, a través de apoderado judicial, solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la
seguridad social y «a la tercera edad», cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de
3 de febrero de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado número 25000-23-42-000-2012-01755-01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por la parte accionante, los hechos y razones que
motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Expuso que nació el 11 de julio de 1953 y se ha desempeñado como docente así:
i) en la Normal Nacional de Florencia desde 17 de mayo de 1984 hasta el 19 de
agosto de 1986, y ii) en el Instituto Pedagógico Nacional desde el 17 de abril de
1989 hasta la actualidad.

2.2. Refirió que, mediante Resolución UGM 27181 de 18 de enero de 2012, la extinta
Cajanal le reconoció la pensión de jubilación que solicitó, «pero ordenando liquidar la
misma con base en el promedio de lo devengando durante los últimos diez (10) de
servicio por concepto de asignación básica y sobresueldo, condicionando el disfrute
de la misma a la demostración del retiro definitivo del servicio oficial».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03154-00
Accionante: Myriam Consuelo Reyes

2.3. Por lo anterior, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la UGPP, con miras a: «que se le reconociera su pensión de jubilación
según régimen docente, teniendo en cuenta los factores salariales devengados
durante su último año de servicios y sin que su reconocimiento se condicionara al
retiro del servicio».

2.4. Relató que el conocimiento del referido proceso le correspondió a la Subsección
A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
autoridad judicial que, mediante sentencia de 23 de octubre de 2014, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar que el
disfrute de la pensión era compatible con el salario que devengaba en calidad de
docente, pero negó la reliquidación de la prestación económica con la inclusión de
factores salariales sobre los cuales no se hicieron los respectivos aportes.

2.5. Indicóque, tanto ella como la entidad demandada del proceso ordinario,
presentaron sendos recursos de apelación, los cuales fueron desatados por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia
de 3 de febrero de 2022. La citada autoridad judicial decidió revocar la providencia
apelada, luego de considerar que la accionante no tenía la calidad de docente oficial
y, por ende, no se podía predicar la compatibilidad entre el disfrute de la pensión y el
pago del salario.

2.6. Aseguró que, dada su condición de docente adscrita al Instituto Educativo
Pedagógico, el régimen pensional que le resultaba aplicable era el previsto en el
“Estatuto de Docente”, en virtud de la excepción contenida en el artículo 279 de la Ley
100 de 1993, como así lo precisó la Sección Segunda de esta Corporación en
sentencia de 21 de abril de 2005, expediente número 25000-23-25-000-1995-09608-
01 (5058-02).

2.7. Afirmó que: «la decisión del ad quem de negar el derecho pensional de una docente
regido por el Decreto 2277 de 1979, con el desempeño de funciones docentes
similares a los demás docentes oficiales por el solo hecho de que la ley haya omitido
su regulación procedimental de su afiliación como empleada pública al Régimen de
Prima Media, no puede servir de base para negar un derecho fundamental que
inevitablemente conduciría a la violación de derecho de orden constitucional como el
derecho a la igualdad, el derecho a la seguridad social y a los derechos adquiridos que
no pueden ser desconocidos por una interpretación meramente exegética igualmente
en contra del principio fundamental consagrado en el Art. 4 de la Carta Política».

2.8. Advirtió que la naturaleza de la función del cargo «es la que determina la excepción
a la norma general pensional, y para el caso concreto aquí debatido con respecto a
una docente vinculada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
y que además se encuentra definido como docente oficial escalafonado regido por el
Decreto 2277 de 1979 , no resulta acertado excluirlo de la excepción prevista en el
artículo 279 de la Ley 100 de 1993, por el solo hecho del procedimiento de afiliación o
denominación de la Entidad Empleadora».

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03154-00
Accionante: Myriam Consuelo Reyes

III. PRETENSIONES

3. El extremo accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] 1. Tutelar los DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD, A LA
SEGURIDAD SOCIAL Y A LA PROTECCIÓN A LA TERCERA EDAD.

2. Dejar sin efectos la sentencia del CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN
SEGUNDA – SUBSECCIÓN “B” del 03 de febrero de 2022, proferida por la
Sección Segunda – Subsección “B” del CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN
SEGUNDA – SUBSECCIÓN “B”, dictada en el proceso 25000-23-42-000-2012-
01755-01 (2178-2015).

3. Ordenar al CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN
“B” proferir nuevo fallo en los términos del precedente jurisprudencial aquí
mencionado, dentro del proceso 2018-017, en el que es demandante la señora
MYRIAM CONSUELO REYES. […] (Sic en toda la cita)

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 13 de junio de 2022, se admitió la acción de tutela de la
referencia en contra de los magistrados de la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, asimismo, se vinculó a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -
UGPP- y a la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, como terceros con interés en las resultas del proceso.

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y a la vinculada, se
produjeron las siguientes intervenciones:

5.1. La UGPP, por intermedio del subdirector de defensa judicial de la entidad, rindió
informe en el que solicitó negar el amparo deprecado, en síntesis, por las siguientes
razones:

[…] a. En la decisión adoptada por el CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, no se incurrió en defecto material o sustantivo,
sino que por el contrario la misma se ajustó al ordenamiento legal y al
precedente jurisprudencial que regula el tema, para determinar que no le asistía
el derecho a la reliquidación de la pensión de vejez.

b. La parte actora no puede pretender usar la acción de tutela como una tercera
instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez competente de la
causa, después de haberse agotado un procedimiento establecido en la Ley
para el efecto.

c. La acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para el reconocimiento
de peticiones prestacionales, máxime cuando ya se ha pronunciado el juez
competente de la causa. […]

4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03154-00
Accionante: Myriam Consuelo Reyes

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
en virtud de lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de
19911, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20212 y
en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183 y con el artículo 13
del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta Sección el conocimiento
de las acciones de tutela.

VI.2. Problemas jurídicos

7. Confundamento en la situación fáctica planteada, la Sala encuentra que los
problemas jurídicos a resolver son los siguientes:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.

b) Si ello es así, determinar si las sentencias aquí enjuiciadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la accionante, al haber incurrido en un
supuesto defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente.

8. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a
(ii) resolver el caso concreto relacionado con el defecto alegado, siempre y cuando
se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

9. En sentencia de 31 de julio de 20124, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió
su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela
dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales
siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia
jurisprudencia.

10. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

1
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
2
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
4
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03154-00
Accionante: Myriam Consuelo Reyes

11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial5, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución 6.

13. De lo expuesto, la Sala advierte que cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera «dejar sin efecto o modular la decisión7» que se encaje en dichos
parámetros.

14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

15. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

5
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
6
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política».
7
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03154-00
Accionante: Myriam Consuelo Reyes

VI.4. El caso concreto

16. La ciudadana Myriam Consuelo Reyes, a través de apoderado judicial, solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la
seguridad social y «a la tercera edad», cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de
3 de febrero de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado número 25000-23-42-000-2012-01755-01.

VI.4.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela

17. La Sala encuentra que efectivamente se cumplen los requisitos generales de
procedencia, en razón a que: i) la solicitud de amparo tiene relevancia constitucional
en tanto se invoca la vulneración de derechos de orden fundamental como lo son el
debido proceso, la seguridad social y el acceso a la administración de justicia; ii) la
parte accionante no tiene otro medio para la defensa de los derechos fundamentales
que estima vulnerados con la decisión proferida en segunda instancia por la
Subsección accionada; iii) la situación a la cual se atribuye la vulneración del
derecho fundamental fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela; iv) se
cumple con la inmediatez; v) no se alega la existencia de una irregularidad procesal,
por lo que no resulta necesario efectuar un análisis al respecto, y vi) la acción
constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso de idéntica
naturaleza o índole.

VIII.4.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela

18. Encontrándose satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela, la Sala abordará el estudio de los requisitos especiales frente a la presunta
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por la parte
accionante por la configuración de un defecto sustantivo y en desconocimiento del
precedente, los cuales se estudiarán de manera conjunta desde la órbita del defecto
sustantivo.

VIII.4.2.1. Caracterización del defecto sustantivo

19. En cuanto al defecto sustantivo8, esta Sección, siguiendo lo establecido por la
Corte Constitucional, ha sostenido que este se presenta cuando la decisión que
toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución Política y la ley le
reconocen, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto,
bien sea, entre otras, «porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no
se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma
empleada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente
señalados por el legislador». (negrillas de la Sala)

8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-064 de 4 de febrero de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03154-00
Accionante: Myriam Consuelo Reyes

20. Asimismo, el juez constitucional debe tener en cuenta que, de acuerdo con el
artículo 230 de la Constitución Política9, los funcionarios judiciales gozan de
independencia y autonomía para elegir las normas jurídicas que resultan pertinentes
al resolver un caso concreto y así determinar el alcance y aplicación de tales normas
de derecho; empero, esta función debe desempeñarse con sujeción a la
Constitución y a la ley, y mediante un ejercicio hermenéutico que fundamente su
decisión.

21. Eneste contexto, la Corte10 ha estudiado en numerosas oportunidades los
alcances del defecto sustantivo, sobre el cual ha dicho:

[…] una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo: (i) cuando la norma
aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador,
(ii). Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable
por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes
(irrazonable o desproporcionada), y, finalmente, (iii). Cuando el fallador
desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción
constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada respectiva […]11.

22. En el sub examine, se advierte que el planteamiento medular de la accionante
radica en señalar que la autoridad judicial accionada inobservó que, dada su
condición de docente adscrita al Instituto Educativo Pedagógico el régimen pensional
que le es aplicable es el previsto en el “Estatuto de Docente”, en virtud de la excepción
contenida en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y en atención a que la naturaleza
de su cargo es el mismo que el de los docentes oficiales.

23. Para resolver el anterior motivo de inconformidad, la Sala considera necesario
traer a colación las consideraciones expuestas por la Corporación aquí accionada.
Veamos:

23.1. En primer lugar, la Subsección accionada advirtió que, para resolver los recursos
de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, debía definir cuál
era el régimen pensional aplicable de la aquí accionante, en consideración a que
alegaba ser docente y, en razón a ello, se encontraba excluida de la regulación

9
Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los
principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.
10
En el mismo sentido consultar la sentencia T – 1054 de 2008, en la cual se dice: “(…) la autonomía funcional del juez
protege la aplicación razonable del derecho y “no puede convertirse en patente de corso para aplicar cualquier interpretación
posible”, ya que “el sistema jurídico, en sus distintos niveles, impone restricciones a las interpretaciones posibles, de suerte
que resulta relativamente sencillo distinguir entre las correctas y aquellas que no satisfacen dicho requerimiento”. La
autonomía judicial no equivale, entonces, “a la libertad absoluta de los jueces para interpretar el derecho”, puesto que “de la
Constitución surgen tres restricciones igualmente fuertes: el respeto por la corrección dentro del sistema jurídico y la
realización de los principios, derechos y deberes constitucionales; la jurisprudencia de unificación dictada por las altas Cortes
y la jurisprudencia de la Corte Constitucional”.
Así las cosas, “cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales,
la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada)”, se configura un
defecto sustantivo que, dependiendo de las circunstancias del caso concreto, torna procedente la acción de tutela en contra
de la decisión judicial (…)”.
11
Corte Constitucional, Sentencia SU 918 de 2013. MP. Jorge Ignacio Pretelt Ch.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03154-00
Accionante: Myriam Consuelo Reyes

prevista en la Ley 100 de 1993 y de la incompatibilidad entre salario y el disfrute de la
pensión. En respuesta de lo anterior, en la decisión enjuiciada, se expuso lo siguiente:

[…] Así pues, de acuerdo con el material probatorio obrante en el plenario, se
encuentra acreditado que la señora Myriam Consuelo Reyes laboró desde el 17
de mayo de 1984 hasta el 30 de septiembre de 1986 al servicio de la Institución
Educativa Normal Superior, realizando aportes durante este tiempo a Cajanal
EICE. Durante su vinculación a la Universidad Pedagógica Nacional, desde el
17 de abril de 1989 hasta el 7 de agosto del mismo año y, del 19 de febrero de
1990 al 3 de noviembre de 2011, realizó igualmente aportes a Cajanal EICE,
hoy UGPP, entidad que se encuentra encargada de administrar el régimen
pensional general de los servidores públicos, por lo que, en principio, este es el
régimen que le resulta aplicable.

Ahora bien, es importante señalar que el Instituto Pedagógico Nacional, donde
la actora se desempeñó como docente a lo largo de su vida laboral, es una
unidad académica administrativa de la Universidad Pedagógica Nacional y, en
tal sentido, se considera una dependencia administrativa del referido centro de
educación superior. Así las cosas, al hacer parte de la Universidad Pedagógica
Nacional, el Instituto comparte su misma naturaleza, esto es, la de un ente del
orden nacional adscrito al Ministerio de Educación Nacional. Por consiguiente,
como la accionante estaba afiliada a Cajanal, y no al Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio, se regía por el régimen de prima
media.

[…]

De este modo, se hace hincapié en que a la accionante sí le es aplicable el
régimen general de pensiones establecido en la Ley 100 de 1993 y, en caso de
ser beneficiaria del régimen de transición, de la norma anterior aplicable, por lo
cual, la calidad de docente alegada, en términos expresados por esta Sala, es
inoponible a la UGPP, quien reconoció, en efecto, una pensión de jubilación en
favor de la actora, con fundamento en el régimen de transición previsto en la
aludida Ley 100 y en la Ley 33 de 1985.

Teniendo presente lo anterior, se encuentra acreditado que la accionante es
beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, lo cual significa que, para el reconocimiento de su pensión, debe acudirse
a las reglas de la Ley 33 de 1985, en cuanto a edad, tiempo de servicios y tasa
de remplazo, dado que era la normativa anterior de la cual era beneficiaria.

23.2. En segundo lugar y partiendo de la anterior premisa, en el fallo acusado se
procedió a revocar la decisión de primera instancia, por las siguientes razones:

[…] Para dilucidar el primer problema jurídico planteado sobre el ingreso base
de liquidación, la Subsección aplicará la regla y subreglas jurisprudenciales
fijadas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2018, que constituye un precedente vinculante
y obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales18. La
misma Sala Plena precisó que la sentencia de unificación se aplicaría con
efectos retrospectivos “[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en
vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los
casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables”.

[…]

9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03154-00
Accionante: Myriam Consuelo Reyes

La señora Myriam Consuelo Reyes no tiene derecho a la reliquidación de su
pensión de jubilación incluyendo la totalidad de los factores salariales
devengados durante el último año de servicios, porque al ser beneficiaria del
régimen de transición, su ingreso base de liquidación se rige por el artículo 21
de la Ley 100 de 1993, por tanto es equivalente al “promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere
inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE” 19.

En cuanto a los factores salariales, la Sala encuentra que en la Resolución núm.
UGM 027181 del 18 de enero de 2012, Cajanal incluyó el promedio de los
factores sobre los cuales ha cotizado o aportado la demandante entre el 20 de
julio de 1998 y el 30 de julio de 2008, criterio que se acompasa con lo dispuesto
en el Acto Legislativo 01 de 2005, el cual indica que “Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones”.

Por otra parte, la Sala advierte que para la fecha en que Cajanal EICE reconoció
la pensión de jubilación de la señora Myriam Consuelo Reyes, esta última se
encontraba activa en el servicio, por lo cual, en principio, le asiste derecho a la
reliquidación de su pensión por retiro definitivo. Sin embargo, dentro del material
probatorio aportado en el expediente no obra prueba alguna respecto a si la
accionante continua activa o si se produjo su retiro definitivo; razón por la cual,
la Sala no podrá pronunciarse sobre la viabilidad de este punto.

Sobre la incompatibilidad pensional

El artículo 128 de la Constitución Política de 1991 prevé la prohibición de
desempeñar simultáneamente más de un empleo público y recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público […]

[…]

De acuerdo con lo anterior, se tiene que la compatibilidad entre la pensión y el
salario, se predica de los pensionados como servidores oficiales docentes;
situación que aquí no ocurre, pues Cajanal EICE reconoció a favor de la actora
una pensión de jubilación como empleada pública, derivada del régimen de
prima media con prestación definida y no de las normas pensionales de docente
oficial. En esa medida, la Sala no comparte la decisión del a-quo de permitir el
disfrute de la prestación de manera simultánea con el salario.

Así las cosas, para la Sala se impone la decisión de revocar la sentencia emitida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, para en su lugar, negarlas, por las razones
expuestas. […]

24. De la cita previamente transcrita se advierte que la decisión de la Corporación
judicial aquí accionada se fundamentó en que la prestación económica de la aquí
accionante no se regulaba por el régimen pensional especial aplicable a los
docentes oficiales, en consideración a que se encontraba afiliada ante la extinta
Cajanal, hoy UGPP, y no ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio,
se regía por el régimen de prima media.

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Accionante: Myriam Consuelo Reyes

25. Al respecto, sea lo primero en precisar que, con la entrada en vigor de la Ley 100
de 1993, se unificó el régimen pensional de todos los servidores públicos; sin
embargo, el artículo 279 de dicha norma excluyó de su aplicación, entre otros, a los
docentes oficiales que se encontraran afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. La anterior hermenéutica se desprende del
contenido literal de la referida disposición:

[…] ARTÍCULO. 279. - Excepciones. El sistema integral de seguridad social
contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las fuerzas militares
y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990,
con excepción de aquél que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley,
ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al fondo nacional de prestaciones
sociales del magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a
cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración.
Este fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en
favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la
reglamentación que para el efecto se expida. […] (subrayado por fuera del texto
original)

26. A partir de lo anterior, para esta Sala de Decisión resulta claro que el docente
destinatario de la excepción prevista en el citado artículo 279 de la Ley 100 de 1993
necesariamente debe estar afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, por expresa disposición legal. De allí que al no estar afiliada la aquí
accionante al referido fondo no puede ser considerada beneficiaria de tal
prerrogativa.

27. Como consecuencia de lo anterior, es dable afirmar que, tal como se consideró
en la sentencia enjuiciada, el régimen pensional de la aquí actora es el previsto en
el régimen general de pensiones contenido en las leyes 33 de 1985 y 100 de 1993,
entre otras, por lo que el IBL se liquida teniendo en cuenta las reglas y subreglas
previstas en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, a lo que se agrega
que la incompatibilidad entre el salario y el disfrute de la pensión le resulta aplicable.

28. En este contexto, resulta oportuno traer a colación el pronunciamiento proferido
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia
de 14 de agosto de 2020 -la cual fue citada en el fallo objeto de censura-, en la que se
precisó, frente al tema que nos ocupa, lo siguiente:

[…] se tiene que COLPENSIONES reconoce a la demandante una pensión de
jubilación por su afiliación y cotizaciones al Seguro Social y a CAJANAL;
derecho le otorga en calidad de servidora pública, al considerar que es
beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, que conlleva a la aplicación de la Ley 33 de 1985, condicionada al retiro
del servicio oficial.

52. Al respecto se considera que conforme al artículo 52 de la Ley 100 de 1993,
el entonces Seguro Social, entidad subrogada por la hoy demandada en sus
obligaciones pensionales, en su momento era la encargada de administrar el
régimen de prima media con prestación definida establecido en dicha ley,

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Accionante: Myriam Consuelo Reyes

quedando en consecuencia excluida para reconocer prestaciones del personal
docente oficial, que expresamente esta exceptuado de las prestaciones
contenidas en la mencionada ley de seguridad social al tenor del canon 279
ídem, en especial, los vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003.

53. De esta manera, en juicio de la Sala la calidad del docente oficial que alega
la demandante en esta instancia, para permitírsele el goce simultáneo de la
pensión y del salario, hace parte de las regulaciones previstas en la Ley 91 de
1989 y en las normas a que esta remite, y por consiguiente, dicho estatus es
inoponible a la entidad demandada quien siendo receptora de las obligaciones
pensionales del extinto Seguro Social, solo actúa por ministerio de la ley, en el
ámbito funcional descrito en el artículo 52 de la Ley 100 de 1993, es decir,
prestaciones derivadas del régimen de prima media con prestación definida.

54. Así las cosas, los tratos especiales que en materia pensional tienen los
docentes oficiales por ministerio de la ley, se derivan de la exclusión de la Ley
100 de 1993, adonde por definición se encuentran afiliados la generalidad de
los servidores públicos, contexto éste que determinó el reconocimiento de la
prestación de la demandante, al ser beneficiaria del régimen de transición,
pudiendo acogerse a la norma anterior para edad, tiempo de servicio y tasa de
reemplazo.

55. Con el anterior hilo conductor, es dable afirmar que la condición particular
del pensionado para ostentar un beneficio concreto derivado de la ley debe
analizarse respecto del régimen de donde se desprende su derecho, y
puntualmente si dentro de las competencias orgánicas del ente previsional se
encuentra la de responder por tal erogación. Es por ello, que en esta
oportunidad la Sala se aparta de su anterior postura12, por considerar que si el
docente oficial pensionado pretende los beneficios conferidos por la ley en tal
condición, debió adquirir el derecho conforme a las directrices normativas que
así lo establecen, pues de lo contrario, como es nuestro caso, asume su
prestación de acuerdo al régimen ordinario y las condiciones que así conllevan.

56. En suma, considerando que a la actora se le reconoce la pensión de
jubilación como empleada pública, derivada del régimen de prima media
con prestación definida, no de las normas pensionales del docente oficial,
la Sala no comparte la decisión del a quo de permitir el disfrute de la prestación
de manera simultánea con el salario, […]13.

29. Es a partir de lo expuesto que, para esta Sección, la decisión de la autoridad
accionada se encuentra debidamente soportada y respaldada en una interpretación
sistemática y razonada tanto de las normas y jurisprudencia aplicables para la
resolución de la causa ordinaria objeto de tutela como de las pruebas obrantes en
el proceso, sin que se logre apreciar que la misma constituya una vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte actora, máxime cuando en
ningún momento en la sentencia enjuiciada se desconoció la naturaleza del cargo
de docente que desempeña la aquí actora ni la fecha de su vinculación.

30. Sumado anterior, debe destacarse que el juez de tutela solo puede intervenir
cuando aprecia que la providencia judicial carece por completo de sustento jurídico
o fáctico o no resulta razonable, o cuando advierta que hubo una valoración de los

12
Sentencia del 1 de agosto de 2019, exp. 3146-2014 con ponencia del Consejero de Estado, Carmelo Perdomo Cuéter.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 14 de agosto
de 2020, expediente número 15001-23-33-000-2015-00737-01, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Accionante: Myriam Consuelo Reyes

medios de prueba alejada a las reglas y principios de la sana crítica, supuestos
que, como se dijo previamente, no se configuran en esta oportunidad.

31. En conclusión, para la Sala, la autoridad judicial accionada no incurrió en la
vulneración de los derechos fundamentales ni tampoco se configuró alguna de las
causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
por lo tanto, se negará el amparo deprecado por la accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo promovida por la ciudadana Myriam
Consuelo Reyes, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley
No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
P (18)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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