RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-03166-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03166-01

Fecha
29 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03166-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia impugnada, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 13 de julio de 2022, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR el amparo del derecho fundamental a la igualdad, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-03166-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

29 de septiembre de 2022

1

Radicado: 11001 03 15 000 2022 03166 01
Demandante: JAVIER ANTONIO ESCORCIA FRAGOZO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2022 03166 01
Demandante: JAVIER ANTONIO ESCORCIA FRAGOZO
Demandados: SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y OTRO

Tema: No incurren en desconocimiento del precedente
jurisprudencial en torno al inicio del término de caducidad
del medio de control de reparación directa que persigue la
indemnización por las lesiones causadas durante el
servicio militar, los autos que, para contabilizarlo,
partieron del momento en que la parte actora tuvo
conocimiento del daño.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por la parte actora
contra la sentencia de 13 de julio de 2022, proferida por la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Javier Antonio Escorcia Fragozo solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
los cuales estimó vulnerados por la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 58 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, con ocasión de las providencias que dictaron el 16
de febrero de 2022 y 10 de marzo de 2020, respectivamente, por medio de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 11001 03 15 000 2022 03166 01
Demandante: JAVIER ANTONIO ESCORCIA FRAGOZO

las cuales se rechazó por caducidad la demanda que instauró1 en ejercicio del
medio de control de reparación directa, en contra la Nación – Ministerio de
Defensa - Ejército Nacional, con el fin de que se le declarara responsable por
los daños y perjuicios ocasionados por las graves secuelas físicas y
psicológicas que sufrió como soldado regular cuando se encontraba prestando
el servicio militar obligatorio.

La parte actora señaló que las autoridades judiciales cuestionadas
incurrieron en los defectos fáctico, sustantivo y de desconocimiento del
precedente judicial.

Frente al defecto fáctico sostuvo que el Juzgado y el Tribunal debieron
contabilizar el término de caducidad a partir del momento en que el afectado
tuvo conocimiento del daño de manera científica, lo que ocurrió con el Acta
de Junta Medica Laboral de Retiro de fecha 25 de septiembre de 2018,
proferida por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, en la que se
estableció un porcentaje de disminución de la capacidad laboral de 45,31%,
ratificado por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía,
mediante acta de 28 de febrero de 2019.

En cuanto al defecto sustantivo señaló que no se interpretaron las normas
con un enfoque constitucional fundado en la protección de los derechos
fundamentales. Sin embargo, no precisó las normas a las que se refería.

Por otra parte, indicó que se desconoció el precedente contenido en las
sentencias SU-659 de 2015, T-075 de 2014 y T-156 de 2009 de la Corte
Constitucional y del 19 de octubre de 2011, exp. 23001-23-31-000-1999-
01735-01 y 7 de julio de 2011, exp. 73001-23-31- 000-1999-01311-01, del
Consejo de Estado, en las cuales se habría indicado que el término de
caducidad debe ser computado según las circunstancias de cada caso.

1
También demandaron Paulina Francisca Fragozo de Escorcia (madre), y Virginia María, Uldis María,
José Alfredo, Martha Isabel, Gisela, Hiber Alberto y César Escorcia Fragozo (hermanos).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicado: 11001 03 15 000 2022 03166 01
Demandante: JAVIER ANTONIO ESCORCIA FRAGOZO

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca sostuvo que los argumentos
esgrimidos en el escrito de tutela estaban dirigidos a reiterar los
presentados en el recurso de apelación que ya fue resuelto en sede de
segunda instancia y no a probar defectos constitutivos de alguna causal
específica de la acción de tutela contra providencia judicial.

Agregó que la decisión de rechazo de la demanda por caducidad estuvo
sustentada en la sentencia del 29 de noviembre de 20182, en la cual se
resolvió que la fecha de conocimiento sobre la magnitud del daño, a través
de la notificación del dictamen proferido por una Junta de Calificación de
Invalidez, no puede constituirse, en ningún caso, como parámetro para
contabilizar el término de caducidad.

2.2. El Juzgado 58 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
indicó que el amparo se torna improcedente, pues la tutela no puede ser
considerada como una tercera instancia o un medio adicional al proceso
ordinario, que permita controvertir las decisiones judiciales que resultaron
ser contrarias a los intereses de la parte demandante.

2.3. Los demás vinculados guardaron silencio.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación, mediante
sentencia de 13 de julio de 2022, declaró improcedente el amparo
constitucional solicitado, tras concluir que no se cumplía el requisito de
relevancia constitucional.

2 Proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, C.P. Marta Nubia Velásquez

Rico, (47308).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicado: 11001 03 15 000 2022 03166 01
Demandante: JAVIER ANTONIO ESCORCIA FRAGOZO

Como fundamento de la decisión, señaló que la parte actora acudió a la acción
de tutela con el propósito de que se estudiara nuevamente si, como se
estableció en primera y segunda instancia, operó el fenómeno de la caducidad
de la acción de reparación directa promovida en contra de la Nación -
Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, cuando el mecanismo judicial de
protección de derechos fundamentales no comporta una tercera instancia del
proceso ordinario. Agregó que:

“[…] Así pues, es evidente que los fundamentos que soportan la
interposición de la acción de tutela son una reproducción de los
argumentos que fueron planteados en el recurso de apelación, los cuales
fueron resueltos en el auto de 16 de febrero de 2022 y se dirigieron de
manera exclusiva a que se declarara que la demanda había sido
interpuesta en término, pues fue desde el 28 de febrero de 2019 que la
parte actora tuvo certeza del daño, pese a que este ocurrió en un
momento anterior -febrero de 1991-.

Para la Sala resulta claro que, de manera expresa, la autoridad judicial
accionada en la providencia objeto de tutela concluyó que había lugar a
rechazar la demanda por caducidad, puesto que para el 10 de junio de
1992 el afectado ya contaba con un diagnóstico y, por ende, tenía
conocimiento pleno y exacto del daño sufrido por el ataque con arma de
fuego del que fue víctima. […]”.

IV. IMPUGNACIÓN

Inconforme con la decisión adoptada, el actor impugnó el fallo de primera
instancia y solicitó revocarlo, con fundamento en una breve y genérica
referencia de las consideraciones de la sentencia C-590 de 2005 de la Corte
Constitucional sobre el requisito de relevancia constitucional.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral quinto del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del
Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta
Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicado: 11001 03 15 000 2022 03166 01
Demandante: JAVIER ANTONIO ESCORCIA FRAGOZO

5.2. HECHOS

5.2.1. En ejercicio del medio de control de reparación directa la parte actora
demandó a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, con el fin de
que se le declarara patrimonialmente responsable por los daños y perjuicios
ocasionados por las graves secuelas físicas y psicológicas que sufrió como
soldado regular cuando se encontraba prestando el servicio militar obligatorio.

5.2.2. Mediante auto de 10 de marzo de 2020 el Juzgado 58 Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá rechazó la demanda, luego de argumentar que
la notificación del dictamen proferido por una Junta de Calificación de Invalidez
no podía constituir el punto de partida para contabilizar el término de
caducidad.

5.2.3. La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que indicó
que exigir que el afectado identifique el daño en el mismo momento en que
ocurrió, supone una carga procesal muy alta para la víctima, quien no se
encuentra en condiciones de cumplirla.

5.2.4. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio de proveído de 16 de febrero de 2022, confirmó la
providencia recurrida tras considerar que el término de los dos años para la
presentación del medio de control empezó a correr a partir del momento en
que el demandante tuvo conocimiento del daño, lo que, a su juicio, ocurrió el
10 de junio de 1992, cuando le practicaron Junta Médica Provisional que dio
como resultado una incapacidad relativa y permanente, que lo declaró no apto
para la actividad militar y se le asignó una pérdida de capacidad laboral de
29,44%, y no a partir de la notificación del último dictamen de pérdida de la
capacidad laboral, emitido el 28 de febrero de 2019, por el Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar y de Policía.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicado: 11001 03 15 000 2022 03166 01
Demandante: JAVIER ANTONIO ESCORCIA FRAGOZO

5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

5.3.1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

5.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación3,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene relevancia
constitucional cuando se “plantea una confrontación de la situación
suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional
fundamental, por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son
ajenos a esta acción pública”.

Recientemente, con la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional4
hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela contra providencias
judiciales satisfaga el requisito de relevancia constitucional, el cual
encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción y en la
especialidad tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios”.
Consideración a la cual agregó que:

“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es
suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional,
pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción
desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.

En el presente caso, la parte actora, en el escrito de tutela, invocó como
violados los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, por parte de la Subsección C de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 58 Administrativo

3 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado,

Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de julio 31 de 2012 (C. P. María
Elizabeth García González).
4
M. P. Natalia Ángel Cabo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicado: 11001 03 15 000 2022 03166 01
Demandante: JAVIER ANTONIO ESCORCIA FRAGOZO

del Circuito Judicial de Bogotá, con ocasión de las providencias que dictaron
el 16 de febrero de 2022 y 10 de marzo de 2020.

El juez constitucional a quo declaró improcedente la acción tras concluir que
no se cumplía el requisito de relevancia constitucional.

Por su parte, la actora en tutela, en su escrito de impugnación, insistió en el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

En consecuencia, le corresponde a la Sala examinar, en primer término, si
en este caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y
para ello se detendrá en (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional
ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en (ii) el caso
concreto.

5.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial es que la cuestión que se discute resulte de
evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara
y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de
tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión
que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace corre el riesgo de involucrarse en aspectos

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicado: 11001 03 15 000 2022 03166 01
Demandante: JAVIER ANTONIO ESCORCIA FRAGOZO

que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta es la
circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional.

En ese mismo sentido, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que
“los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial
deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que
se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de esta importante sentencia, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido decantado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional. En sentencia SU–573 de 20195, el alto tribunal constitucional
explicó que este requisito persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en la
citada sentencia SU-215 de 20226, decisión en la cual, además, expuso la
clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico”.

5 M.P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-

103 de 2022.
6 Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección

de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la
acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 11001 03 15 000 2022 03166 01
Demandante: JAVIER ANTONIO ESCORCIA FRAGOZO

5.3.1.3. Las cuestiones de relevancia constitucional

Frente a la primera finalidad señalada, esto es, restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de clara relevancia constitucional que afecten
los derechos fundamentales, la Corte Constitucional, en la referida sentencia
SU-573 de 2019, explicó que este elemento de la relevancia tiene el
siguiente alcance:

“[…] “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gir[e] en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”. La
Corte ha sostenido al unísono que la cuestión debe revestir una ‘clara’,
‘marcada’ e ‘indiscutible’ relevancia constitucional, dado que el único
objeto de la tutela es la protección efectiva, inmediata y subsidiaria de
los derechos constitucionales fundamentales. Por tal razón, es
necesario que ‘la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental’. Esto significa
que el asunto debe ser trascendente para (i) ‘la interpretación del
estatuto superior’, (ii) su aplicación, (iii) desarrollo eficaz y (iv) la
determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.
Lo anterior, exige al juez ‘indicar con toda claridad y de forma expresa
por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de
las partes’ […]”. [Se destaca].

De lo anterior se desprende que la comprensión que la jurisprudencia
constitucional le ha dado a este primer elemento de la relevancia consiste
en que la acción de tutela que se promueve contra providencia judicial
proponga un debate sobre el contenido, alcance o goce de un derecho
fundamental o que el caso concreto, en los términos del fallo SU-215 de
2022, tenga “la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o un derecho fundamental”, pues solo así se podrá establecer que el
asunto es evidentemente de naturaleza constitucional. Ello quiere significar
que, quien interpone una acción de tutela, debe identificar cuál es el derecho
fundamental que estima afectado y explicar los motivos por los cuales
considera que la sentencia atacada lo está vulnerando.

En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en el fallo SU-573 de
2019, manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el requisito de
relevancia constitucional], más allá de la mera adecuación del caso a un
lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicado: 11001 03 15 000 2022 03166 01
Demandante: JAVIER ANTONIO ESCORCIA FRAGOZO

justificar razonablemente la existencia de una restricción prima
facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que
una simple relación con aquel”. [Se destaca]. Este criterio fue luego
reiterado en los fallos SU-128 de 20217, SU-103 de 20228, y más
recientemente en la ya citada SU-215 de 2022.

En la última de estas sentencias de unificación, en la cual se revisó un fallo
de segunda instancia que esta Sala dictó el 20 de agosto de 2021, en el
trámite de la acción de tutela formulada por una sociedad contra la decisión
proferida el 4 de marzo de 2021 por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, por presunta violación de los derechos al debido proceso y acceso
efectivo a la administración de justicia, la Corte explicó que la cuestión allí
discutida no tenía relevancia constitucional toda vez que la parte actora
pretendía que el significado de los derechos invocados se tradujera en “una
decisión favorable a través de la imposición de una lectura alternativa del
litigio que derive en la anulación de las liquidaciones oficiales de revisión
que profirió la DIAN sin que ello sea un asunto de interés general”.

Además, en un pronunciamiento anterior, esto es, en la sentencia T-422 de
20189, la Corte Constitucional confirmó otra decisión de la Sección Primera
del Consejo de Estado que había declarado improcedente la acción de tutela
por no cumplir con los requisitos de relevancia constitucional e inmediatez.
En cuanto a la relevancia, en esa ocasión la Corte indicó, entre otras
razones, que dicho requisito no estaba cumplido por cuanto: “si bien la parte
actora asegura que las providencias demandadas desconocen sus derechos
fundamentales, la relevancia constitucional de un asunto no se determina
con la mera enunciación de los derechos fundamentales presuntamente
comprometidos, sino mediante la acreditación razonable de una presunta
amenaza o vulneración de los mismos”. [Se destaca].

7 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
8 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
9 M.P. Carlos Bernal Pulido.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Radicado: 11001 03 15 000 2022 03166 01
Demandante: JAVIER ANTONIO ESCORCIA FRAGOZO

El criterio jurisprudencial contenido en los fallos T–422 de 2018, SU-573 de
2019, SU-128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, entre otros,
consistente en que, para superar el requisito de relevancia, no basta con la
mera enunciación de los derechos fundamentales, sino que supone por parte
del actor la carga de justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada respecto de un derecho
fundamental, evidencia que es precisamente esa la razón por la cual es
necesario que, para la acreditación de este primer elemento que integra la
relevancia constitucional, la parte interesada, en el escrito de tutela,
(1) invoque la vulneración de derechos fundamentales, (2) exponga los
motivos por los cuales considera que la sentencia atacada está vulnerando
tales derechos fundamentales, y (3) compruebe que la transgresión supone
un atentado contra el núcleo esencial de los derechos invocados, requisitos
que exigen del juez de tutela un examen de los motivos aducidos por la
parte actora para afirmar que hay amenaza o vulneración de un derecho
fundamental, comparadas con el núcleo esencial del mismo.

Ello es así porque si, en efecto, la vulneración del derecho acontece en lo
que se denomina su núcleo esencial, solo así es posible advertir que el caso
reviste la relevancia o trascendencia necesarias para permitir que, por vía
de este mecanismo, se logre exceptuar en un juicio constitucional el
principio de cosa juzgada que orienta todo el andamiaje institucional en el
que se funda nuestro sistema jurídico. Con este propósito, el juez no podrá
limitarse a convalidar el requisito de la relevancia constitucional con la sola
mención de un derecho fundamental, pues deberá evaluar si, de acuerdo
con los argumentos expresados en el escrito correspondiente, hay amenaza
o violación efectiva del mismo.

El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional como “el ámbito intangible del
derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares”10 y

10 Corte Constitucional, sentencia T-426 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicado: 11001 03 15 000 2022 03166 01
Demandante: JAVIER ANTONIO ESCORCIA FRAGOZO

ha explicado que, desde la perspectiva de los derechos subjetivos, el núcleo
esencial se define así11:

“[…] Métodos para la determinación del núcleo esencial

22. En el proceso de determinación de lo que constituye el núcleo
esencial de un derecho fundamental, el juzgador dispone de técnicas
jurídicas complementarias. Visto desde la perspectiva de los derechos
subjetivos, el contenido esencial de un derecho fundamental consiste
en aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que
el derecho sea reconocible como pertinente al tipo descrito y sin las
cuales dejaría de adscribirse a ese tipo, desnaturalizándose. Por otra
parte, la jurisprudencia de intereses ha diseñado una fórmula según la
cual el núcleo esencial del derecho fundamental es aquella parte de su
contenido que es absolutamente necesaria para que los intereses
jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real,
concreta y efectivamente protegidos. De este modo, se rebasa o se
desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a
limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo
razonable o lo despojan de la necesaria protección […]”. [Se destaca].

En otra oportunidad la Corte indicó que el núcleo esencial de un derecho
fundamental es “esa parte del derecho que lo identifica, que permite
diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de inmunidad
respecto de la intervención de las autoridades públicas. En sentido negativo
debe entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental como aquel
sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en otro derecho
diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho fundamental y sin lo cual
se le quita su esencia fundamental. O, también, puede verse como la parte
del derecho fundamental que no admite restricción porque en caso de
hacerlo resulta impracticable o se desnaturaliza su ejercicio o su necesaria
protección”12.

5.3.1.4. La competencia e independencia jurisdiccional

La segunda finalidad de la relevancia constitucional consiste en preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes
a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para

11 Ibidem.
12 Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Radicado: 11001 03 15 000 2022 03166 01
Demandante: JAVIER ANTONIO ESCORCIA FRAGOZO

discutir asuntos de mera legalidad o con un marcado contenido económico.
La Corte Constitucional ha conceptualizado así este segundo elemento de la
relevancia13:

“[…] La controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero
no meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia
constitucional, las discusiones de orden legal, esto es, aquellas
relativas a un derecho de índole económica, deben ser resueltas
mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, dado
que ‘le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente
en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario’, so pena
de ‘involucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a otras
jurisdicciones’. En tales términos, un asunto carece de relevancia
constitucional, según lo ha considerado la Corte, (i) cuando la discusión
se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho,
como la correcta interpretación o aplicación de una norma “de rango
reglamentario o legal”, salvo que de esta ‘se desprend[a]n violaciones
a los derechos y deberes constitucionales’ o (ii) cuando sea evidente
su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o
privadas, “que no representen un interés general” […]”.

En esa medida, siguiendo el planteamiento de la Corte Constitucional, un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el debate planteado por
la parte actora es de naturaleza meramente legal y/o económica. Sin
embargo, en la reciente SU-215 de 2022, al respecto se señaló que:

“no significa que en todos los casos en los que se cuestione la definición
y aplicación judicial de normas de rango legal se incumple el requisito
de relevancia constitucional […] en la labor judicial la indebida
aplicación de normas de rango legal puede derivar en una violación de
derechos fundamentales. Justamente esa situación es la que sustenta
la existencia, caracterización y definición del defecto sustantivo. En
todo caso, la relevancia constitucional exige que el accionante vincule
la discusión legal con la violación de una garantía fundamental o, en
otros términos, que explique con suficiencia el por qué la interpretación
o aplicación de una norma de rango legal afectó garantías
constitucionales. […]”.

Y para precisar aún más el alcance de este planteamiento, el referido fallo
de unificación advirtió:

“[…] Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra
sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente

13 Sentencia SU–573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Radicado: 11001 03 15 000 2022 03166 01
Demandante: JAVIER ANTONIO ESCORCIA FRAGOZO

en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de
derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii)
laudos arbitrales y las sentencias de anulación; (iv) procesos
ejecutivos, entre otras materias que implican pretensiones
económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del
asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela
está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios. […]”.

En suma, el asunto debe trascender al plano constitucional, y ello se logra
cuando la argumentación no se limita a buscar la protección de los intereses
económicos y/o legales que identifican particularmente a la parte actora,
sino que justifica razonablemente la afectación desproporcionada de los
derechos fundamentales que se invocan.

5.3.1.5. La instancia adicional

Por último, el tercer propósito del criterio de relevancia constitucional es
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a este
elemento, la Corte Constitucional ha dicho14:

“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado
a discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia
constitucional, ‘la tutela contra providencias judiciales no da lugar a
una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios’,
pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si
la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se
garantizaría “la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales,
como de los de las demás jurisdicciones”, en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios […]”.

En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022, y
reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que “la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un

14 Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Radicado: 11001 03 15 000 2022 03166 01
Demandante: JAVIER ANTONIO ESCORCIA FRAGOZO

juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo de esa
forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de
su competencia y se previene que el recurso de amparo sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de
índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial.

5.3.2. Caso concreto

En el asunto bajo examen, la parte actora indicó que la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado
58 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, con ocasión de las
providencias que dictaron el 16 de febrero de 2022 y 10 de marzo de 2020,
le vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia. Señaló que las mencionadas providencias
incurrieron en los defectos fáctico, sustantivo y de desconocimiento del
precedente judicial.

Ahora bien, frente a los derechos fundamentales reclamados, resulta
relevante señalar que, si bien la parte actora no invocó de forma expresa el
derecho fundamental a la igualdad, lo cierto es que argumentó la presunta
configuración del desconocimiento del precedente judicial, evento en el cual
puede resultar afectado el mencionado derecho, que se compromete cuando
las autoridades judiciales profieren decisiones sin tener en cuenta el
precedente judicial o cuando se da un tratamiento equivalente a supuestos
fácticos diferentes. Así lo ha explicado la Corte Constitucional:

“De este derecho se desprenden dos mandatos básicos: (i) otorgar el mismo
trato a supuestos de hecho equivalentes y (ii) otorgar un trato diferente a
situaciones de hecho disímiles. Como se observa, el rasgo esencial del
derecho a la igualdad es que implica un juicio de comparación entre dos
personas o grupos de personas. Para determinar con mayor precisión el
alcance del derecho a la igualdad, la Corte ha especificado estos dos
mandatos generales en cuatro reglas, a saber: (i) debe darse un tratamiento
distinto a situaciones de hecho que no tienen ningún elemento en común;
(ii) debe darse el mismo trato a situaciones de hecho idénticas; (iii) debe
darse un trato paritario a situaciones de hecho que presenten similitudes y
diferencias, cuando las similitudes sean más relevantes que las diferencias;
y (iv) debe darse un trato diferente a situaciones de hecho que presenten

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Radicado: 11001 03 15 000 2022 03166 01
Demandante: JAVIER ANTONIO ESCORCIA FRAGOZO

similitudes y diferencias, cuando las diferencias sean más relevantes que las
similitudes” 15.

Así las cosas, de entrada, la Sala anticipa que esta solicitud cumple con el
requisito de relevancia constitucional en relación con el reproche del
desconocimiento del precedente judicial, que, como se dijo, involucra el
derecho fundamental a la igualdad.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, comoquiera que no
existe violación de su núcleo esencial, pues la decisión de la segunda
instancia no sorprende de ninguna manera al apelante, y se inscribe en el
debate propio del juez natural. En este caso se manifiesta claramente la
tercera de las finalidades que arriba fueron expuestas, que radica en impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces, toda vez que la discusión que
propone la parte actora pretende reabrir el debate jurídico que se agotó ante
las instancias judiciales correspondientes, motivo por el cual no se presenta
el requisito de relevancia constitucional respecto de estos derechos.

Respecto de ese tercer elemento, además de lo dicho por la jurisprudencia
citada anteriormente, cabe destacar que, en el fallo C-590 de 2005, la Corte
Constitucional precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra
una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia
iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar
esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que
permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no
comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho
legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un
mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos
fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se
encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme

15
Corte Constitucional, sentencia C–571 de 2017 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Radicado: 11001 03 15 000 2022 03166 01
Demandante: JAVIER ANTONIO ESCORCIA FRAGOZO

y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos
fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”16. [Se destaca].

Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos en
los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la valoración
que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la convicción
que generan en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación
de las normas de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se desconocería
la autonomía e independencia del juez natural.

Por lo dicho, respecto de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, la Sala considera que la parte actora no logra
acreditar la relevancia constitucional del asunto, por cuanto, como se ha
precisado, dicho requisito exige que la acción de amparo no se utilice como
una instancia adicional al proceso ordinario, al paso que en este caso se
advirtió que las inconformidades planteadas tenían que ver con la valoración
probatoria adelantada por el juez natural.

En esa medida, advierte la Sala que, en este caso, la parte actora está
utilizando la acción de tutela para reabrir el debate, comoquiera que lo
controvertido es la valoración que el juez natural hizo del acervo probatorio
aplicable al caso planteado.

A este efecto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en las
razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho que
ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley prevé,
de conformidad con las facultades oficiosas que tiene. Por lo tanto, en los

16 Sentencia C–590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Radicado: 11001 03 15 000 2022 03166 01
Demandante: JAVIER ANTONIO ESCORCIA FRAGOZO

eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la controversia que
se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes, simplemente
está ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución
y la ley, en el ámbito de sus competencias, y cualquier desconocimiento que
a tales atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría claramente un
pronunciamiento por fuera de las competencias que le corresponden,
utilizando además el trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese
propósito, como lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el
que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo de
equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no tiene
la formación requerida.

Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por el demandante y el demandado en sus
pretensiones, excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia
que le ha sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y
legales, y no es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe
decidir el caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las
partes que precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir
la controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes, como quiera que ella
está por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han
formulado demandante y demandado; pues, en este caso, la decisión puede
comprometer el núcleo fundamental del debido proceso, en su elemento del
derecho a la defensa, en la medida en que tal decisión no haya podido ser

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Radicado: 11001 03 15 000 2022 03166 01
Demandante: JAVIER ANTONIO ESCORCIA FRAGOZO

controvertida. Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que
aquí se examina, ya que el accionante no alega que el juez se haya desviado
de los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
argumentar que decidió sin tener en cuenta el alcance que, según su
parecer, le debió dar a las pruebas que aportó.

En razón a todo lo expuesto, la Sala concluye que en relación con los
derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia no
aparece probado el requisito de la relevancia constitucional.

En consecuencia, la Sala procederá al estudio de la solicitud de amparo solo
en lo que concierne a la presunta vulneración del derecho a la igualdad por
desconocimiento del precedente judicial en materia del término de
caducidad del medio de control de reparación directa cuando se pretende la
indemnización por las lesiones causadas durante el servicio militar.

5.3.2. Respecto del desconocimiento del precedente

La Corte Constitucional17, al referirse al desconocimiento del
precedente, ha precisado que: “El precedente es el conjunto de sentencias
anteriores al caso estudiado por el juez, que debido a su pertinencia para
resolver el problema jurídico planteado deben ser tenidas en cuenta por el
juez o la autoridad a quien le competa”, y que la manera para determinar
cuándo el precedente resulta necesario para la solución del caso es si: “(i)
la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta
una regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se
trata de un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional
semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia
son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe
resolver posteriormente”. De esta forma -concluye- “[…] el precedente
utilizado debe guardar similitud entre los hechos, el problema jurídico
planteado y en la normatividad utilizada para resolver los casos […]”.

17 Sentencia T-1033 de 2012 (M. P. Mauricio González Cuervo).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Radicado: 11001 03 15 000 2022 03166 01
Demandante: JAVIER ANTONIO ESCORCIA FRAGOZO

Bajo los parámetros indicados, un precedente se configura cuando la nueva
providencia pretende resolver un idéntico problema, desde la perspectiva
jurídica y fáctica, lo que supone un mismo aspecto jurídico a considerar y
unos mismos hechos relevantes, probados y debidamente connotados.
A estos efectos, el examen de los requisitos que deben cumplirse para que
se ataque en sede de tutela la nueva decisión por desconocimiento del
precedente, impone al actor la carga de identificar el problema jurídico que
resolvió la sentencia cuestionada para compararlo con el problema jurídico
resuelto por el alegado precedente, determinando consecuentemente su
identidad en los hechos y en el derecho.

Visto desde esta perspectiva, el desconocimiento del precedente supone que
la providencia cuestionada se identifica con aquél en su objeto y con los
hechos. No habrá entonces desconocimiento del precedente si la decisión
analizada difiere en cualquiera de los aspectos indicados. Tampoco podrá
invocarse el desconocimiento del precedente si la providencia que difiere del
mismo fundamenta su decisión en contra de manera razonable y suficiente
justificando tal posición, pues tal proceder cabe dentro del ámbito de
autonomía funcional del juez.

En el asunto bajo examen, la parte actora alegó que los autos emitidos el 16
de febrero de 2022 y 10 de marzo de 2020 por la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 58
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá respectivamente, desconocieron
el precedente contenido en estas sentencias:

i) SU-659 de 2015, T-075 de 2014 y T-156 de 2009 de la Corte
Constitucional; y

ii) de octubre 19 de 2011, exp. 23001-23-31-000-1999-01735-01 y de julio
7 de 2011, exp. 73001-23-31-000-1999-01311-01, del Consejo de Estado.

Al respecto, la Sala advierte que, para predicar la existencia de un
precedente judicial, es necesario, como antes se explicó, que exista identidad

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Radicado: 11001 03 15 000 2022 03166 01
Demandante: JAVIER ANTONIO ESCORCIA FRAGOZO

fáctica y jurídica entre el asunto decidido en la sentencia citada como tal y
el caso objeto de análisis, lo cual no es viable cuando se trata de comparar
decisiones dictadas al término de una acción de tutela, que por lo demás
tienen efectos inter partes, con las emitidas para resolver sobre la admisión
del medio de control de reparación directa, ya que uno y otro tienen
propósitos bien diferentes y, como consecuencia de ello, abordan problemas
jurídicos distintos. En efecto, el objeto de las primeras consiste en la
protección de derechos fundamentales, mientras que la segunda apunta a la
imputación de responsabilidad administrativa al Estado.

Ahora bien, en relación con el desconocimiento del precedente contenido en
las sentencias del Consejo de Estado, procedería identificar el problema
jurídico planteado en el caso objeto de debate, así como el formulado en las
providencias referidas como precedente, con el propósito de identificar si hay
similitud fáctica y jurídica entre los respectivos asuntos.

A este respecto, en el presente caso, la Sala advierte que, si bien hace más
de una década existió una postura jurisprudencial que avalaba la posibilidad
de contabilizar el término de la caducidad a partir de la notificación del acta
de la junta médica laboral, como lo propone la parte actora, al menos desde
el año 2012 dicha posición fue rectificada en decisiones posteriores por la
Sección Tercera de esta corporación, en las que se concluyó que, por regla
general, el término de caducidad de la acción de reparación directa en casos
en los que se reclame el resarcimiento de perjuicios causados por lesiones
sufridas por uniformados en servicio se contabiliza a partir de la ocurrencia
del daño, por ser evidente el momento en que se tiene conocimiento de la
afectación, independientemente de que, después de ello, se expida el acta
de la junta de calificación de invalidez.

Entre tales decisiones se encuentra la sentencia de 5 de diciembre de 2016,
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
dentro del proceso con numero único de radicación 41616 (C.P. Ramiro de
Jesús Pazos Guerrero), en la que se resolvió este problema jurídico: ¿está
caducada la demanda de reparación directa presentada en contra de la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Radicado: 11001 03 15 000 2022 03166 01
Demandante: JAVIER ANTONIO ESCORCIA FRAGOZO

Nación - Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional, con el propósito
de que se le declare patrimonialmente responsable por los daños sufridos
por el actor durante una operación de desactivación de campos minados
mientras prestaba el servicio militar, cuando la demanda se presenta
después de los dos años de ocurrido el accidente, pero dentro del bienio
siguiente a la notificación del acta de la Junta Médico Laboral que calificó las
lesiones?

En ese asunto, la Sección Tercera de esta corporación concluyó que la
demanda formulada en los señalados términos (después de los dos años de
ocurrido el hecho dañoso, aunque dentro del bienio siguiente a la calificación
de las lesiones), era extemporánea y precisó que:

“[…] La Sala difiere de la apreciación de la parte actora sobre la concreción
del daño en el momento en que conoció el porcentaje de pérdida de
capacidad laboral pues, si bien en específicos casos la jurisprudencia del
Consejo de Estado ha flexibilizado el cómputo del término de caducidad,
debido a que por las particularidades del caso, la parte no pudo tener
conocimiento efectivo del daño de manera simultánea con la ocurrencia del
hecho que lo causó, en el presente caso no puede predicarse el
desconocimiento del daño al momento de su causación, pues se trató de
un accidente que causó lesiones evidentes en el instante mismo de su
ocurrencia.

Ahora bien, la calificación del porcentaje de diminución de capacidad laboral
constituye la valoración de la magnitud del daño y sus secuelas, pero no la
concreción del mismo, por lo que este hecho no tiene la vocación de
modificar la fecha a partir de la cual debe iniciar el cómputo del término de
caducidad, pues el daño, consistente en las lesiones sufridas por el soldado
se concretó en el momento mismo de la explosión de la mina antipersonal,
situación de la cual el demandante tuvo conocimiento desde el momento
de su ocurrencia […]”18.

En línea con lo anterior, resulta relevante resaltar también que, en sentencia
de 29 de noviembre de 2018, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo
de Estado19 (C. P. Marta Nubia Velásquez Rico), sentó expresamente la regla
según la cual “[…] la fecha de conocimiento sobre la magnitud del daño, a
través de la notificación del dictamen proferido por una Junta de Calificación

18 Sentencia de 5 de diciembre de 2016, de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de

Estado, dentro del proceso con numero único de radicación 41616, C.P. Ramiro de Jesús Pazos.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia

de 29 de noviembre de 2018. Radicación No. 54001-23-31-000-2003-01282-02(47308). C.P.: Martha
Nubia Velázquez Rico.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Radicado: 11001 03 15 000 2022 03166 01
Demandante: JAVIER ANTONIO ESCORCIA FRAGOZO

de Invalidez no puede constituirse, en ningún caso, como parámetro para
contabilizar el término de caducidad, por cuanto: el dictamen proferido por
una junta de calificación de invalidez no comporta un diagnóstico de la
enfermedad o de la lesión padecida por una persona, pues la Junta se limita
a calificar una situación preexistente […]”.

Así mismo, precisó que:

“[…] respecto de los hechos que generan efectos perjudiciales inmediatos e
inmodificables en la integridad psicofísica de las personas, aquellos cuyas
consecuencias se vislumbran al instante, con rapidez, y dejan secuelas
permanentes, la contabilización del término de caducidad se inicia desde el día
siguiente al acaecimiento del hecho, al tenor del numeral 8º del artículo 136 del
Código Contencioso Administrativo y el literal i del artículo 164 de la Ley 1437 de
2011. Por el contrario, al tratarse de casos relacionados con lesiones personales
cuya existencia sólo se conoce de forma certera y concreta con el discurrir del
tiempo y con posterioridad al hecho generador, se hace necesario reiterar la
jurisprudencia mayoritaria de esta Sala que indica que, según cada caso, será el
juez quien defina si contabiliza la caducidad desde el momento de la ocurrencia del
daño o desde cuando el interesado tuvo conocimiento del mismo; es decir, que
impone unas consideraciones especiales que deberán ser tenidas en cuenta por el
instructor del caso […]”.

En ese orden de odeas, la Sala advierte que los autos cuestionados siguieron
los parámetros generales fijados por la Sección Tercera del Consejo de
Estado, por cuanto, en efecto, para determinar la configuración de la
caducidad las autoridades judiciales cuestionadas recurrieron a los hechos
probados y a la naturaleza de los daños cuya reparación se persiguió.

Por todo lo expuesto, no se configura en el presente caso el alegado defecto
por desconocimiento del precedente.

5.3.5. Conclusión

En consecuencia, la Sala (i) confirmará parcialmente la sentencia del 13 de
julio de 2022, por la cual la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado declaró improcedente la presente acción de tutela, en relación
con los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, y (ii) negará el amparo del derecho fundamental a la igualdad
al no encontrar configurado el desconocimiento del precedente en materia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Radicado: 11001 03 15 000 2022 03166 01
Demandante: JAVIER ANTONIO ESCORCIA FRAGOZO

del término de caducidad del medio de control de reparación directa cuando
se pretende la indemnización por las lesiones causadas durante el servicio
militar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia impugnada,
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
el 13 de julio de 2022, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR el amparo del derecho fundamental a la igualdad, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Radicado: 11001 03 15 000 2022 03166 01
Demandante: JAVIER ANTONIO ESCORCIA FRAGOZO

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.