Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03179-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-03179-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03179-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03179-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
3 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 3 de agosto de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03179-00
Demandante: Blanca Hely Espinosa y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá y Juzgado 2
Administrativo de Florencia
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Defecto fáctico/
Desconocimiento de precedente jurisprudencial.
Síntesis del caso: La parte actora enjuició las sentencias de primera y segunda instancia
proferidas en un proceso de reparación directa, en el que la parte accionante demandó
a la Fiscalía General de la Nación y al Ejército Nacional para obtener una reparación por
el daño causado con la muerte de Líder Zúñiga Gámez, quien fue desplazado de su finca
y, posteriormente, asesinado por miembros de un grupo guerrillero, sin que las entidades
demandadas le brindaran protección. En las providencias enjuiciadas se negaron las
pretensiones de la demanda.
De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a
resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Blanca
Hely Espinosa y otros en contra del Tribunal Administrativo de Caquetá y el
Juzgado 2 Administrativo de Florencia.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
los terceros.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 10 de junio de 2022, Blanca Hely Espinosa, Estefany Dahiana Zuñiga
Espinosa, Kedy Daniela Zuñiga Espinosa y Danna Michell Zuñiga Espinosa
presentaron acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de
Caquetá y el Juzgado 2 Administrativo de Florencia, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a
la administración de justicia y reparación integral, al considerar que, en las
Sentencias, de primera instancia, de 30 de agosto de 2019 y, de segunda
1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017 y el
Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03179-00
Demandante: Blanca Hely Espinosa y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
______________________________________________________________________________________________________________
instancia, de 8 de marzo de 2022, proferidas en el proceso de reparación
directa No. 18001-33-33-002-2017-00200-00/01, se incurrió en los defectos (1)
fáctico, por la indebida valoración del formato único de noticia criminal
FPJ-2 y de una constancia expedida por la junta de acción comunal de la
vereda, y (2) de desconocimiento del precedente contenido en las
Sentencias T-339 de 2010 y T-234 de 2012 de la Corte Constitucional.
2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
“1. Sean tutelados nuestros derechos fundamentales al Debido Proceso,
Acceso efectivo a la Administración de Justicia y a la Reparación Integral,
que fueron vulnerados, producto de las irregularidades sustanciales
expuestas.
2. Se deje sin efecto la Sentencia No. 521 del 30 de agosto de 2019
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, Caquetá,
al igual que la Sentencia de segunda instancia del 8 de marzo de 2022
proferida por la Sala Segunda del Tribunal Administrativo del Caquetá,
presidida por la Magistrada Angélica María Hernández Gutiérrez, que
decidieron confirmar la negativa de las pretensiones de la demanda.
3. Que en su lugar se ordene al Tribunal Administrativo del Caquetá,
proferir sentencia de fondo, que corresponda en derecho, se ajuste al
amparo, garantía real y efectiva protección del derecho fundamental al
debido proceso y con ello el derecho de acceso a la administración de
justicia y a la reparación integral, analizando integralmente los medios de
pruebas aportados al proceso y los precedentes jurisprudenciales
relacionados.
4. Las demás que se consideren pertinentes para la protección y amparo
de los derechos fundamentales de la actora.”
3. Como hechos relevantes se destacan los siguientes:
4. 1) El 21 de julio de 2014, Líder Zúñiga Gámez y su grupo familiar
fueron desplazados forzosamente de la finca de su propiedad, ubicada en
la vereda “El Pavo” del municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá),
hacia la zona urbana de dicho municipio, ya que, en fechas anteriores, el
mencionado había recibido varias amenazas por parte de miembros del
Frente 14 de las FARC que operaba en la zona, quienes lo acusaban de
colaborar y brindar información al Ejército.
5. 2) Días después, un empleado de la finca le informó que el grupo
ilegal le había hurtado 843 terneros, 42 vacas, 3 mulas y 3 caballos.
6. 3) El 30 de julio de 2014, el señor Zúñiga Gámez presentó una
denuncia ante la Fiscalía, en la que informó los hechos y las amenazas de
las que era objeto.
2 de 11
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03179-00
Demandante: Blanca Hely Espinosa y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
______________________________________________________________________________________________________________
7. 4) Posteriormente, el 7 de enero de 2015, Líder Zúñiga Gámez fue
asesinado, por personas desconocidas, en la casa de habitación a la que
se había trasladado.
8. 5) El 10 de marzo de 2017, el grupo familiar de la víctima interpuso
demanda de reparación directa en contra de la Fiscalía General de la
Nación y la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional,
para obtener una reparación por el desplazamiento forzado al que fueron
sometidos, por la limitación al ejercicio del derecho de dominio en su finca,
por el hurto de sus bienes y por la muerte del señor Zúñiga Gámez. En la
demanda se adujo que los hechos dañosos se produjeron como
consecuencia de la omisión de las entidades demandadas de brindar
protección a la víctima y a su grupo familiar, pese a que se había puesto
en su conocimiento las múltiples amenazas recibidas, entre ellas: las
amenazas recibidas a mediados del año 2012 por parte de alias “Don
Pedro o Indio Rolando”; las amenazas recibidas ese mismo año por el
comandante alias “Orlando porcelana”; y las amenazas recibidas entre el
15 de julio y el 21 de julio de 2014.
9. 6) El 30 de agosto de 2019, el Juzgado 2 Administrativo de Florencia
profirió Sentencia de primera instancia, en la cual negó las pretensiones de
la demanda. El juzgado consideró que los daños alegados en la demanda
no eran atribuibles al Estado. En primer lugar, el hurto de los semovientes,
según las declaraciones practicadas en el proceso, se produjo porque las
personas dueñas de esos animales pensaron que el señor Zúñiga Gámez
no volvería de un viaje que realizó, por lo que decidieron ir en búsqueda
de sus animales (se trascribe) “y se robaron entre ellos mismos”. En segundo
lugar, en el proceso no se probó la calidad de informante del Ejército de la
víctima, por lo cual no podía predicarse una obligación de protección por
parte del Ejército y tampoco se probó que aquella pusiera en
conocimiento de la Fiscalía las amenazas de muerte aludidas por la parte
actora, pues presentó una denuncia en una única oportunidad en la que
solo hizo referencia al desplazamiento forzado, pero nada dijo sobre esas
amenazas contra su vida. Finalmente, respecto del desplazamiento
forzado, no se acreditó un abandono por ausencia de la fuerza pública en
la zona, así como tampoco otra omisión a partir de la cual se derivara un
incumplimiento de obligaciones por parte de las entidades demandadas.
10. 7) El 17 de septiembre de 2019, la parte demandante interpuso
recurso de apelación, en el que solicitó se revocara dicha providencia y se
accediera a las pretensiones formuladas en la demanda. En el escrito,
centró su reclamación en el daño consistente en la muerte de Líder Zúñiga
3 de 11
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03179-00
Demandante: Blanca Hely Espinosa y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
______________________________________________________________________________________________________________
Gámez y en el doble desplazamiento al que se vio sometido el grupo
familiar (el primero debido a las amenazas en contra del señor Zúñiga
Gámez, el segundo con ocasión de la muerte de este); refirió que ambos
daños estaban debidamente acreditados y eran imputables a las
entidades demandadas, ya que estas conocían la situación de amenaza
en la que se encontraba la víctima y nada hicieron para protegerla.
11. 8) El 8 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo de Caquetá
profirió Sentencia de segunda instancia que confirmó la decisión
adoptada por el juzgado. El tribunal consideró que, según la jurisprudencia
de esta corporación, el Estado es responsable cuando tiene conocimiento
de la situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad en la que se
encuentra determinada persona, pero no cumple con el deber de brindar
protección y seguridad, no obstante, en este caso, a partir de la denuncia
presentada por el señor Zúñiga Gámez no podía inferirse que su vida o
integridad personal o la de su grupo familiar estuviera en peligro; además,
señaló que no estaba probado quién o quiénes fueron los autores del
homicidio, por lo que se desconocía si tuvo relación con las amenazas
referidas por la parte actora; por último, indicó que las entidades
demandadas tampoco conocían la situación que originó el
desplazamiento, pues la referida denuncia se presentó de manera
posterior a la ocurrencia del hecho, de manera que resultaba una carga
excesiva para el Estado prever la ocurrencia de daños cuyo riesgo o
amenaza no fue puesta en conocimiento de las autoridades respectivas.
Esta providencia quedó notificada el 25 de marzo de 2022.
12. Como fundamento de la vulneración, la parte accionante señaló
que el tribunal, en la sentencia de segunda instancia, incurrió en los
defectos fáctico y de desconocimiento del precedente jurisprudencial, en
los siguientes términos:
13. Frente al primero, indicó que el juzgado y el tribunal, en las
providencias enjuiciadas, no valoraron adecuadamente el formato único
de noticia criminal FPJ-2 de 30 de julio de 2014, en el que se consignó la
denuncia presentada por Líder Zúñiga, ni la constancia expedida por la
junta de acción comunal de la vereda “El Pavo”, pues afirmaron que no
existía prueba de las amenazas de muerte recibidas por la víctima así
como tampoco de las intimidaciones que conllevaron al desplazamiento
del grupo familiar, sin embargo, en los 2 elementos de prueba
mencionados se puso en conocimiento de las autoridades el peligro al que
estaba expuesta la víctima y su familia.
4 de 11
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03179-00
Demandante: Blanca Hely Espinosa y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
______________________________________________________________________________________________________________
14. Respecto del desconocimiento del precedente, adujo que se
inobservó el contenido de las Sentencias T-339 de 2010 y T-234 de 20122. En
estas providencias, la Corte Constitucional precisó el deber del Estado de
desplegar las acciones necesarias para garantizar la protección y la
seguridad de las personas que se encuentren en situaciones de riesgo o
amenaza, además, estableció que la solicitud de medidas de protección
requería probar al menos de manera sumaria los hechos que permitieran
colegir que la persona se encontraba expuesta a un peligro, pese a ello, el
juzgado y el tribunal no reconocieron que en el caso concreto existía una
amenaza inminente y que, al ponerse en conocimiento de la autoridad
con el formato único de noticia criminal –FPJ-2, las entidades debieron
brindar la debida protección. Asimismo, al estar probado el
desplazamiento con el certificado de la junta de acción comunal, las
entidades demandadas debieron realizar las acciones necesarias para
evitar la vulneración de los derechos de las víctimas.
1.2. Posición de la parte demandada y los terceros3
15. El Fiscalía General de la Nación rindió informe en el que refirió que la
acción de tutela era improcedente, toda vez que no cumplía con el
requisito de subsidiariedad, pues a pesar de existir otro mecanismo judicial
idóneo para resolver la controversia propuesta, esto es, el recurso de
revisión, la parte actora no lo agotó; además, no se argumentaron las
causales específicas de procedibilidad en las que se sustentó la supuesta
afectación al debido proceso y con la acción se pretende recuperar
oportunidades procesales perdidas, pues las alegaciones presentadas en
el escrito de tutela solo demuestran la inconformidad con la decisión, sin
que se observe una indebida valoración de los elementos de prueba que
obran en el expediente, ni un desconocimiento de la jurisprudencia
vigente, aun menos una afectación a un derecho fundamental.
16. El Tribunal Administrativo de Caquetá y el Juzgado 2 Administrativo
de Florencia guardaron silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio. 2.2. Identificación de
derechos. 2.3. Fijación de la controversia. 2.4. Procedencia de la acción de tutela contra
2 En el escrito de tutela la parte actora refirió como desconocidas las sentencias T-339 de 2012, C-339 de 2010 y T-
234 de 2012, posteriormente, al explicar el cargo, citó las sentencias C-339 de 2010 y T-234 de 2012, no obstante,
al realizar la búsqueda en la página de la relatoría de la Corte Constitucional, se observa que no existe una
sentencia con la referencia “C-339” de 2010, en cambio si existe una sentencia T-339 de 2010 que contiene los
argumentos planteados en la acción de tutela, por lo que se infiere que la parte actora hizo referencia a esta
última providencia.
3 El 15 de junio de 2022, el despacho resolvió (1) admitir la acción de tutela de la referencia, (2) tener como
demandado al Tribunal Administrativo de Caquetá y el Juzgado 2 Administrativo de Florencia y, (3) vincular, en
calidad de terceros, a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y a la Fiscalía General de la Nación.
5 de 11
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03179-00
Demandante: Blanca Hely Espinosa y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
______________________________________________________________________________________________________________
providencia judicial. 2.5. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales. 2.6. Conclusión.
2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio
17. La Sala se centrará en analizar los reparos invocados respecto de la
Sentencia de segunda instancia de 8 de marzo de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Caquetá, puesto que, pese a que también se
enjuició la decisión de primera instancia de 30 de agosto de 2019 proferida
por el Juzgado 2 Administrativo de Florencia, lo cierto es que, con ocasión
del recurso de apelación, la decisión del tribunal fue la que resolvió el
litigio. Asimismo, no puede pasarse por alto que, ante una eventual
decisión favorable a las súplicas de amparo, será la autoridad que resolvió
la controversia en segunda instancia la encargada de dar cumplimiento a
lo que se ordene.
2.2. Identificación de derechos
18. Pese a que el accionante, en su solicitud de amparo, señaló como
violados distintos derechos fundamentales, esta Sala centrará su análisis en
la vulneración del derecho al debido proceso, pues ante una presunta
vulneración de garantías constitucionales en el marco de una actuación
judicial, cobra relevancia estudiar si este derecho fue lesionado durante el
desarrollo del trámite judicial ordinario. Aunado a ello, la vulneración de los
derechos constitucionales invocados surge como consecuencia de la
misma afrenta al debido proceso. En consecuencia, en el evento de
encontrar lesionado este derecho, existirá razón suficiente para conceder
el amparo.
2.3. Fijación de la controversia
19. La controversia se centra en determinar, luego de verificados los
requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, si el Tribunal Administrativo de Caquetá vulneró el derecho
fundamental al debido proceso del demandante, por valorar erradamente
2 elementos de prueba que, en criterio de la parte accionante, acreditan
que las entidades demandadas conocían sobre las amenanzas de muerte
recibidas por Líder Zúñiga Gámez y sobre las amenazas a la seguridad de
su grupo familiar y/o inobservar el contenido de las Sentencias T-339 de
2010 y T-234 de 2012 de la Corte Constitucional, en lo que refiere a los
deberes exigibles a las autoridades en los casos en que una persona se
encuentra en riesgo o amenaza por parte de terceros.
6 de 11
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03179-00
Demandante: Blanca Hely Espinosa y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
______________________________________________________________________________________________________________
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial4
20. La Sala advierte que se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, porque no existe recurso idóneo y
eficaz que permitiera al demandante alegar los reparos planteados vía
tutela y procurar la defensa del derecho presuntamente vulnerado5. Hubo
un plazo razonable entre la fecha de notificación de la última actuación
del proceso (25/3/2022)6 y la de interposición de la presente acción de
tutela (10/6/2022)7. No se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se
relacionó con la sentencia de segunda instancia dictada en el marco de
un proceso de reparación directa. Se identificaron de manera clara,
detallada y comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de
ellos. Por último, se advierte que la controversia tiene relevancia
constitucional por tratarse de la presunta afectación de los derechos
fundamentales de la entidad demandada, en el marco de un proceso de
reparación directa. Asimismo, no se advierte que los argumentos sean una
reiteración de aquellos presentados en el proceso ordinario.
2.5. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales
21. La Sala negará el amparo solicitado, ya que no encuentra
configurados los defectos fáctico y de desconocimiento de precedente
jurisprudencial alegados en la acción de tutela.
22. En el proceso de reparación directa obra el formato único de noticia
criminal FPJ-2 en el que se consignó la denuncia presentada por Líder
Zúñiga el 30 de julio de 2014. También obra una certificación expedida por
la Junta de Acción Comunal de la vereda “El Pavo”, en agosto de 2014, en
la cual se señaló a que Líder Zúñiga (se trascribe) “fue despojado de su
finca y sus pertenencias por grupos al margen de la Ley (FAR) E.P. Bloque
14”. En criterio de la parte accionante, estos elementos permiten inferir que
las autoridades conocían la situación de amenaza en la que se
encontraba la víctima, por lo cual incurrieron en una falla al no brindar la
debida protección.
23. Al respecto, el tribunal, en la sentencia enjuiciada, consideró que, a
partir de la denuncia, no se podía inferir que la víctima había recibido
4 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-066 de 2019.
5 Contrario a lo manifestado por la Fiscalía General de la Nación, se observa que las razones en las cuales se
fundamenta la acción de tutela son distintas a las que pudieran motivar una revisión de la sentencia en los
términos del artículo 250 del CPACA.
6 Para efectos de determinar la inmediatez se cuenta el término razonable desde la notificación de la última
providencia proferida en el proceso de reparación directa, esto es, la sentencia de segunda instancia.
7 Según acta Individual de reparto.
7 de 11
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03179-00
Demandante: Blanca Hely Espinosa y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
______________________________________________________________________________________________________________
amenazas de muerte, pues acudió a la Fiscalía para denunciar que, en
días previos, lo habían obligado a desocupar su finca, pero nada dijo sobre
la amenaza en contra de su vida y tampoco solicitó medidas de
protección. Ante la pregunta concreta sobre si había recibido amenazas
de muerte, la víctima respondió que sí había recibido esas amenazas 2
años antes, pero que no las denunció en su momento por temor. Además,
acudió a dicha autoridad cuando ya se había desplazado. Es decir que la
víctima y su grupo familiar no informaron a las autoridades sobre un riesgo
concreto o amenaza inminente de muerte y denunciaron el
desplazamiento cuando este ya había ocurrido, de manera que no podía
exigírsele al Estado que brindara seguridad y protección ante una situación
desconocida (la muerte) y ante un hecho consumado (el desplazamiento).
24. Además, el tribunal refirió que no se tenía certeza sobre las personas
que habían asesinado al señor Zúñiga Gámez, 6 meses después de la
denuncia en la que puso en conocimiento el desplazamiento forzado y las
amenazas recibidas 2 años antes, por lo que no estaba probado el nexo
causal entre la muerte y la denuncia en la que, se reitera, no se
comunicaron las amenazas recientes de muerte y no se solicitaron
medidas de protección. Finalmente, indicó que no se probó la calidad de
informante de la víctima, pues, en la denuncia, Líder Zúñiga Gámez refirió
que se rumoraba que él era informante, pero no corroboró que tenía esa
condición y, en el proceso de reparación directa, la parte demandante
tampoco aportó la información necesaria para que el Ejército realizara la
búsqueda en sus registros, de manera que las autoridades tampoco
podían inferir una amenaza real y cierta a partir de esa actividad.
25. Al revisar la denuncia consignada en el formato único de noticia
criminal FPJ-2 de 30 de julio de 2014, se observa que Líder Zúñiga Gámez
indicó que el 15 de julio de 2014 su hermana le comentó que debía
comunicarle una situación; que el día siguiente, esto es, el 16 de julio, se
encontró con su hermana y esta le informó que se rumoraba que un
comandante del Frente 14 de las FARC había afirmado que él (Líder
Zúñiga) era informante del Ejército y por tanto había que “cogerlo”; que,
en los días siguientes, él intentó dialogar con el mencionado comandante,
pero no lo logró; que el 20 de julio, el comandante acudió a la finca de
Líder Zúñiga con 6 personas más, pero él no se encontraba, y que el día
siguiente decidió desplazarse con su grupo familiar a la zona urbana del
municipio de San Vicente del Caguán.
26. En dicha ocasión, ante la pregunta de si había recibido amenazas
anteriormente, respondió (se trascribe) “sí señor, hace más o menos dos
años atrás para San Pedro de 2012 alias Don Pedro o Indio Rolando,
8 de 11
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03179-00
Demandante: Blanca Hely Espinosa y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
______________________________________________________________________________________________________________
cabecilla del Frente 62 se me llevó 843 becerros entre levante y ceba,
aduciendo que yo trabajaba con un paramilitar, hechos que no fueron
denunciados porque este me amenazó diciendo que si denunciaba me
mataba y me quitaba la finca (…) desde que tuve el problema con alias
Don Pedro o Rolando del Frente 62, el Frente 14 se ha querido adueñar de
la finca porque porcelana me manifestó que yo no podía vender hasta
cuando arreglara mi situación y buscaron cualquier excusa y me hicieron
salir”.
27. La Sala observa que el contenido de la denuncia corresponde con
lo afirmado por el tribunal. En la denuncia la víctima no afirmó que él era
informante del Ejército, se centró en los hechos relacionados con el
desplazamiento por haber recibido visitas intimidantes y refirió que la única
amenaza de muerte que recibió fue en el 2012, esto es, 2 años antes de
acudir a la fiscalía. Tampoco se observa que haya solicitado medidas de
protección. De modo que se observa que la valoración realizada por el
tribunal corresponde con lo efectivamente consignado en la denuncia.
28. Por otra parte, respecto al documento emitido por la Junta de
Acción Comunal, se observa que, si bien el tribunal no realizó un
pronunciamiento expreso sobre ese elemento de prueba, dicho
documento no tiene el alcance probatorio que la parte accionante
pretende darle, pues allí solo se refiere que Líder Zúñiga fue despojado de
su finca y sus pertenencias por grupos armados ilegales, pero no se refieren
las circunstancias de tiempo, modo o lugar de esos hechos, por lo que se
desconoce si se refiere a los hechos sobre los cuales versa la demanda.
Además, se trata de una afirmación sin ningún otro respaldo probatorio,
pues en el proceso no se practicaron testimonios de los miembros de dicha
junta que corroboraran lo allí consignado, ni se allegaron otras pruebas
para esclarecer las circunstancias y dar soporte a esa afirmación.
29. En todo caso, como se advirtió en párrafos anteriores, el tribunal
consideró probado el desplazamiento, pero negó las pretensiones de la
demanda al considerar que los afectados no pusieron en conocimiento de
las entidades ese hecho, por lo que, aun cuando se otorgara total valor
probatorio a dicho documento, ello corroboraría la prueba del hecho
generador de daño del desplazamiento, respecto al cual no existe
controversia, pues, se reitera, el tribunal lo consideró acreditado con otros
elementos.
30. En segundo lugar, la parte accionante adujo que en la sentencia
enjuiciada se desconoció el contenido de las Sentencias T-339 de 2010 y T-
234 de 2012, ya que no se tuvieron en cuenta los deberes exigibles a las
9 de 11
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03179-00
Demandante: Blanca Hely Espinosa y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
______________________________________________________________________________________________________________
autoridades en lo que refiere a la protección de personas amenazadas y
en situación de vulnerabilidad por hechos como el desplazamiento
forzado. Sin embargo, se observa que las referidas providencias no
constituyen precedentes jurisprudenciales, pues se trata de sentencias de
revisión de tutela, las cuales analizan casos concretos y sus efectos se
limitan a las controversias allí planteadas.
31. Con todo, la Sala encuentra que en dichas providencias se revisaron
los casos de 2 defensores de derechos humanos amenazados por grupos
armados ilegales en razón de la actividad que realizaban y, pese a haber
puesto en conocimiento de las autoridades dicha situación en reiteradas
ocasiones y haber solicitado medidas de protección ante diferentes
autoridades, estas no fueron atendidas o fueron tramitadas
negligentemente. Como se observa ese marco fáctico difiere del caso que
aquí se estudia, porque la negativa de las pretensiones de la demanda de
reparación se debe a que la parte actora no informó su situación de
amenaza a las entidades, tampoco comunicó si su actividad le generaba
un riesgo mayor, ni realizó peticiones para que se le brindara protección o
se le incluyera en un programa estatal con el fin de prestarle seguridad.
32. En síntesis, dado que la parte actora no demostró la configuración
de un defecto fáctico, así como tampoco un desconocimiento del
precedente jurisprudencial, que vulnerara el derecho al debido proceso, la
Sala negará el amparo solicitado.
2.6. Conclusión
33. En el presente caso, la Sala negará la solicitud de amparo
presentada en la acción de tutela.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por Blanca Hely
Espinosa, Estefany Dahiana Zuñiga Espinosa, Kedy Daniela Zuñiga Espinosa
y Danna Michell Zuñiga Espinosa, por no encontrar acreditados los
defectos alegados.
10 de 11
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03179-00
Demandante: Blanca Hely Espinosa y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
______________________________________________________________________________________________________________
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y o solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin8.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
8 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
11 de 11
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.