Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03191-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-03191-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03191-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-03191-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
28 de julio de 2022
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Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas – Sala
Tercera de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2022-03191-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03191-00
Demandante: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS – SALA
TERCERA DE DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial. Niega amparo. Vencimiento
del término como motivo suficiente para desvincular a
funcionario nombrado en provisionalidad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la solicitud de amparo constitucional presentada, por
conducto de apoderado, por la Registraduría Nacional del Estado Civil contra el
Tribunal Administrativo de Caldas- Sala Tercera de Decisión.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. La Registraduría Nacional del Estado Civil (en adelante RNEC), por medio
de representante judicial, formuló acción de tutela1 contra el Tribunal Administrativo
de Caldas – Sala Tercera de Decisión, por la presunta vulneración de sus derechos
constitucionales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
2. Consideró vulneradas dichas garantías fundamentales con ocasión de la
expedición de la sentencia del 6 de mayo del 2022 al interior del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con número de radicado 17001-33-33-008-2016-
00341-02. Este trámite fue iniciado por el señor Edwin Harvey Sánchez contra la
entidad accionante.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:
!!El escrito fue enviado el 10 de junio del 2022 al correo tutelaenlinea3@deaj.ramajudicial.gov.co.!
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Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas – Sala
Tercera de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2022-03191-00
PRIMERA: DECLARAR LA VULNERACIÓN de los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y
CLÁUSULA DEL ESTADO DE DERECHO de la Registraduría Nacional del Estado
Civil - RNEC, por parte del Tribunal Administrativo de Caldas - Sala Tercera de
Decisión.
SEGUNDA: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la sentencia No. 107 de 06 de
mayo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas - Sala Tercera de
Decisión con ponencia del magistrado Dohor Edwin Varón Vivas, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Edwin Harvey
Sánchez, identificado con el número único de radicación 17001-33-33-008-2016-
00341-02.
TERCERA: ORDENAR LA REVISIÓN de la sentencia No. 107 de 06 de mayo de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas - Sala Tercera de Decisión con
ponencia del magistrado Dohor Edwin Varón Vivas, a fin de que se garantice el debido
proceso, acceso efectivo a la administración de justicia y cláusula del Estado de
Derecho y se profiera la PROVIDENCIA DE REEMPLAZO.
1.3. Hechos
La Sala expone los siguientes hechos que consideran relevantes para decidir el
asunto:
4. El señor Edwin Harvey Sánchez prestó sus servicios en la RNEC desde el 1º
de noviembre del 2013 al 6 de abril del 2016. Para efectuar su vinculación, la entidad
expidió sucesivos actos de nombramiento en provisionalidad y en cada uno se fijaba
un término de duración de dicha relación.
5. Por medio de Oficio DC-TH-0680 del 16 de marzo del 2016, la RNEC le
comunicó al señor Sánchez que su vinculación había terminado. Lo anterior debido
a que el plazo del último nombramiento (que fue de 6 meses) terminaba el 6 de abril
del 2016. Por lo tanto, a partir de esa fecha no trabajaría más en la entidad.
6. El señor Harvey Sánchez presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el mencionado oficio. Indicó que la entidad no motivó en debida
forma el acto que lo retiró de su cargo, pues sólo mencionó que haría lo propio
porque finalizó el plazo del nombramiento. A su juicio, debió incluir razones por
razones del servicio, ya que era un funcionario vinculado en provisionalidad que
gozaba de estabilidad relativa.
7. El proceso fue conocido en primera instancia por el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Manizales, que en providencia del 10 de julio
del 2020 negó las pretensiones. Al respecto, la mencionada autoridad judicial
consideró que la Registraduría goza de un régimen especial y, por lo tanto, el
vencimiento del plazo es suficiente para poder desvincular a los funcionarios
nombrados en provisionalidad.
8. Se recalca que en el trámite del proceso, la entidad mencionó que por medio
de Resolución 110 del 7 de abril del 2016, es decir, al día siguiente en que se
produjo su desvinculación, del señor Sánchez fue nombrado nuevamente por un
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Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas – Sala
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término de 2 meses en el cargo que ocupaba. Sin embargo, manifestó que él no
quiso posesionarse nuevamente. La RNEC no hizo mención de esta circunstancia
en los alegatos de conclusión antes de que se expidiera la decisión de primer grado.
Igualmente, se precisa que ese fallo no realizó ningún pronunciamiento al respecto.
9. Inconforme con la decisión, el señor Sánchez presentó recurso de apelación.
Este medio de impugnación fue conocido por el Tribunal Administrativo de Caldas -
Sala Tercera de Decisión. Esta autoridad judicial, en sentencia del 6 de mayo del
2022, revocó la providencia de primer grado y, en su lugar, accedió a las
pretensiones de la demanda.
10. Para sustentar esa decisión, el mencionado Tribunal hizo hincapié en que,
según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, los
funcionarios vinculados en provisionalidad gozan de una estabilidad relativa. Por lo
tanto, para poder desvincularlos es necesario que el acto que así lo decida esté
motivado por razones del servicio.
11. Así las cosas, puso de presente que tanto la Corte Constitucional como el
Consejo de Estado han dicho que el vencimiento del plazo del nombramiento no
puede ser un motivo para sustentar la desvinculación de un funcionario en
provisionalidad. Recalcó deben existir razones concretas para asumir esa
determinación, como por ejemplo una falta disciplinaria o un mal desempeño en el
cargo.
12. Así, como el acto que desvinculó al señor Sánchez sólo se basó en el
vencimiento del plazo, la autoridad judicial accionada consideró que se encontraba
viciado por falta de motivación. Además, no encontró acreditado que en el cargo de
dicho señor se haya nombrado a un funcionario de carrera ni motivos adicionales
que justificaran su desvinculación.
13. Por lo anterior, ordenó el reintegro del señor Edwin Harvey Sánchez al cargo
que venía ocupando, o a uno de similar jerarquía. Además, ordenó el pago de los
emolumentos dejados de percibir con los descuentos de las sumas que haya
recibido por su labor en el sector público o privado.
1.4. Fundamentos de la solicitud
14. La parte actora cuestionó la decisión asumida por el Tribunal Administrativo
de Caldas – Sala Tercera de Decisión. A tal efecto, formuló los siguientes reparos:
i) Consideró que el fallo incurrió en un defecto fáctico. Al efecto, manifestó que el
juzgador de instancia no tuvo en cuenta que el señor Sánchez fue nombrado
nuevamente en provisionalidad en el cargo que venía desempeñando. Indicó que
esto lo hizo por medio de la Resolución 110 del 7 de abril del 2016 en la cual se
decidió nombrarlo por 2 meses adicionales.
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En ese orden, la entidad adujo que no podía obligar al actor a vincularse
nuevamente a la entidad y fue él quien, en ejercicio de su autonomía, decidió
rechazar el nombramiento.
Recalcó que este punto no fue discutido ni puesto a colación en la sentencia
enjuiciada, motivo por el cual consideró que se trata de una falencia considerable
en la apreciación probatoria que hizo el tribunal accionado.
ii) Alegó que el tribunal incurrió en defecto sustantivo ya que no tuvo en cuenta las
normas especiales que regulan el régimen de la Registraduría Nacional. Así, indicó
que según la Ley 1350 del 2009, los nombramientos en dicha entidad no pueden
superar el término de 6 meses. Por lo tanto, afirmó que el vencimiento de ese plazo
configuró una justificación apenas normal para la desvinculación del actor.
iii) Cuestionó que el tribunal no haya acatado el precedente jurisprudencial del
Consejo de Estado en el que a su juicio se ha dicho de manera pacífica que el
vencimiento del plazo es una circunstancia suficiente para retirar a empleados
provisionales de la Registraduría Nacional2.
En este punto, consideró que las providencias que citó la autoridad judicial
accionada no eran aplicables al asunto, por tratarse de otros regímenes y
circunstancias diferentes a la posición pacífica de esta Corporación sobre la
motivación de los actos de retiro de la RNEC.
iv) Con todo, adujo que la sentencia enjuiciada es contraria a la Constitución
porque violó su derecho al debido proceso (artículo 29); además, porque no tuvo en
cuenta el artículo 230 que establece que los jueces deben someterse a la ley al
dictar sus providencias, ni el artículo 266 en el que se estableció el régimen de la
Registraduría.
1.5. Trámite de la acción de tutela
15. Mediante auto del 30 de junio del 2022, el magistrado ponente admitió la
tutela. Ordenó notificar a la autoridad accionada y vincular en su calidad de terceros
con interés a: i) el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Manizales
; ii) al señor Edwin Harvey Sánchez y iii) la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, conforme lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del
Proceso.
16. Asimismo, requirió a las secretarías del tribunal accionado y del juzgado
mencionado, para que remitieran en formato digital la totalidad del expediente de
2
Al respecto consideró que no se aplicaron los siguientes fallos de tutela de esta Corporación:
Sentencia de tutela del 28 de julio del 2020, de la Sección Segunda, Subsección “B” de esta
Corporación, radicado número 11001-03-15-000-2019-05310-01; sentencia de tutela del 6 de
diciembre del 2021 de la Sección Segunda, Subsección “B” número 11001-03-15-000-2021-04265-
01.
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nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 70001-33-33-008-
2016-00341-02.
17. Adicional a ello, ofició a la Secretaría General del Consejo de Estado, para
que publicara en su página web copia digital de la demanda de tutela, de los anexos
que la acompañan y de aquella providencia, con el fin de que cualquier persona que
tuviera interés conociera de los referidos documentos y pudiera intervenir en el
trámite constitucional de la referencia.
1.6. Intervenciones
18. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Manizales
19. La titular del despacho manifestó que no vulneró los derechos fundamentales
de la entidad. Por el contrario, recordó que la decisión que dictó en primera instancia
fue favorable a la RNEC y como fue revocada en segundo grado por el tribunal
accionado, debía obedecer lo decidido por su superior.
1.6.2. Edwin Harvey Sánchez
20. Por conducto de apoderado, el señor Sánchez consideró que la entidad
pretende utilizar la tutela como una tercera instancia, pues el asunto fue decidido
por el juez natural de conformidad con las pruebas y la jurisprudencia aplicable. Por
lo tanto, solicitó que se declare improcedente esta petición de amparo, porque a su
juicio, la entidad aún puede hacer uso del recurso extraordinario de revisión.
21. Recalcó que la RNEC se ha negado a cumplir la sentencia que le fue favorable
y que es totalmente contrario a sus obligaciones que pretenda utilizar este
mecanismo constitucional como un justificante para evadir el deber de acatar un
fallo judicial que está en firme.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
22. Esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo presentada
por la Registraduría Nacional del Estado Civil, contra el tribunal accionado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el
artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.
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2.2. Legitimación en la causa
23. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
24. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 19913, en los artículos 1°, 10º, 46 y
49, precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier
persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea i) por sí
misma; ii) a través de representante; iii) de apoderado; o iv) por medio de la agencia
oficiosa, cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de
promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela la defensoría del
pueblo y los personeros municipales4.
25. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que la
entidad accionante es titular de los derechos fundamentales que reclama, en
consideración a que fue demandada y condenada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho cuya providencia se cuestiona. En consecuencia, goza
de legitimación en la causa por activa.
26. Por otro lado, se advierte que se reprocha la decisión de segunda instancia
emanada del Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Tercera de Decisión. Es por
ello por lo que dicha autoridad judicial se encuentra legitimada en la causa por
pasiva.
2.3. Problema jurídico
27. Frente al examen de la situación fáctica expuesta por la parte actora, del
material probatorio recaudado, de las causales de procedibilidad de la acción de
tutela invocadas y de los informes presentados, los problemas jurídicos que
subyacen al caso concreto son los siguientes:
● ¿Se superan en el sub lite los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencia judicial?
28. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:
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“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
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Corte Constitucional, Sentencia T-793 del 27 de septiembre de 2007, M. P. Clara Inés Vargas
Hernández
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● ¿El Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Tercera de Decisión vulneró las
garantías constitucionales alegadas por la entidad actora, en vista de que la
condenó al reintegro y pago de salarios del señor Edwin Harvey Sánchez a
pesar de que, a su juicio, el acto que lo desvinculó estuvo bien motivado por
el vencimiento del plazo de su nombramiento?
29. Para resolver los interrogantes planteados, se abordarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos generales de la acción de
tutela; iii) requisitos especiales de la acción de tutela y; iv) análisis del caso en
concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
30. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20125. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema6. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales7.
31. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20148. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia9 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial10.
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
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Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
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Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9
Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014
son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;
iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
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Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
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32. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configura
los defectos especiales, es obligatorio que la Sala determine si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia i) que no se trate de tutela contra
tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado, iv) relevancia constitucional, v) que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo
o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.
33. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
34. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos generales de la acción de tutela
2.5.1. Tutela contra tutela
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.
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35. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza pues la providencia judicial demandada fue proferida en el trámite
del medio control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.5.2. Inmediatez
36. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, toda vez que la parte actora considera vulnerados sus derechos
fundamentales con ocasión de la decisión expedida el 6 de mayo del 2022 por el
tribunal accionado. Comoquiera que la acción de tutela se presentó el 10 de junio
del 2022, la Sala encuentra que su interposición se hizo en un término razonable
para el uso del mecanismo de amparo constitucional, aún sin establecer la fecha de
ejecutoria de la sentencia mencionada.
37. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201411,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200512 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el
amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de
providencias judiciales.
2.5.3. Subsidiariedad
38. La Sala encuentra superado este requisito, ya que en el presente asunto se
cuestiona una sentencia de segunda instancia en el trámite de una demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, y en ese sentido, es evidente el agotamiento
de los recursos ordinarios.
39. Asimismo, porque no proceden los recursos extraordinarios de revisión y de
unificación de jurisprudencia, comoquiera que las inconformidades señaladas por la
parte actora no se adecúan a las causales establecidas en los artículos 250 y 258
de la Ley 1437 de 2011.
2.5.4. Relevancia constitucional
40. Para el caso en concreto, la Sala encuentra que este requisito sí se encuentra
cumplido, por cuanto, al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela en
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Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P.
Jorge Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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“c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
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relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga
argumentativa y probatoria, se advierte que la controversia propuesta por la parte
accionante es de naturaleza constitucional, al solicitar la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
41. De acuerdo con lo anterior, en el presente caso, se cumple con el requisito
de evidenciar una tensión entre la providencia censurada y el núcleo esencial de las
garantías alegadas, mediante la argumentación presentada en torno a los motivos
por los que el accionante considera que el tribunal demandado, tuvo en cuenta las
normas que regulan el régimen especial de la Registraduría Nacional, así como
tampoco los precedentes de esta Corporación en cuanto a la motivación de los actos
de retiro de funcionarios en provisionalidad.
42. Dichas pericias argumentativas en la exposición del criterio del demandante
con respecto a la relación entre la providencia judicial y la vulneración de sus
derechos constitucionales, es lo que permite la superación de este requisito y
evidencia que la controversia trasciende de un orden exclusivamente legal; lo
anterior, se cumple con independencia de los yerros en el razonamiento jurídico en
que pueda incurrir la parte actora, pues precisamente lo acertado o erróneo de su
proceder argumentativo es lo que debe ser indagado con suficiencia por el juez en
las consideraciones de fondo que sustenten su decisión.
2.5.5. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que lo
hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible
43. Se observa que en el trámite judicial la parte accionante alegó los reparos
indicados en esta tutela. Al respecto, se tiene que hizo una exposición razonable de
los defectos en los que habría incurrido la providencia atacada y además se advierte
que no se trata de argumentos nuevos que no se hayan puesto en conocimiento de
los jueces de instancia.
2.5.6. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
44. Sobre este requisito, la Sala considera que no es aplicable al presente caso
porque a las providencias censuradas no se les reprocha ningún error procesal.
2.6. Exposición de los defectos especiales de procedencia de la acción de
tutela en el caso concreto
2.6.1. Defecto fáctico
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45. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201513, precisó los alcances
y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión:
46. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar
o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados
por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv)
dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido
proceso, los cuales tienen las siguientes características:
Evento Características
Omisión de Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que
decreto y alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante
práctica de para resolver el problema jurídico sometido a consideración,
pruebas y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez
indispensables ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos de
para fallar el conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es
asunto importante considerar que no toda negativa a un decreto de
pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya
que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica
de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con
los parámetros arriba señalados.
De esta manera, se requiere:
a) Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad
legal
c) Se expongan las razones por las cuales la prueba
solicitada era conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.
Desconocimiento Se presenta cuando, obrando los elementos de
del acervo convicción en el expediente, y estos resultan decisivos
probatorio frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no son
determinante tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se
para identificar la requiere que de forma específica, se concrete en el escrito
veracidad de los de amparo, cuales pruebas, aportadas oportuna y
hechos alegados legalmente, fueron desconocidas por el juez.
por las partes
Así las cosas, se configura siempre que:
a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados
por el juez.
b) Se demuestre que estos fueron aportados en forma
legal y oportunamente al proceso
13
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para
la decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los
mismos para variar el sentido del fallo.
Valoración Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica,
irracional o la apreciación efectuada por el fallador, resulta
arbitraria de las manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el
pruebas peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
aportadas
Se requiere entonces que:
a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron
objeto de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las
reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo
en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de
instancia, en ninguna manera puede ser razón para
ordenar el amparo constitucional por este aspecto.
Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución
arbitraria del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Dictar sentencia Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el
con fundamento asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos
en pruebas legales para su producción o introducción al proceso. Así las
obtenidas con cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su
violación del apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para
debido proceso decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta
una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde señalar:
a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.
47. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del
defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
48. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable
para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra
una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad jurídica,
la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución
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Política.
49. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la
medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados, se excluyen entre
sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma
prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al
fallador.
2.6.2. Del defecto sustantivo
42. La Corte Constitucional14, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de
aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”15.
Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:
a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente16 o porque ha sido derogada17, es inexistente18,
inexequible19 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador20.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma21.
c) La disposición aplicada es regresiva22 o contraria a la Constitución23.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición24.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma25 .
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
2.6.3. Desconocimiento del precedente
50. Para esta Sala26, el precedente es aquella regla de derecho creada por una
alta corte y órgano de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar un
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 de 2012.
15 Corte Constitucional, Sentencias SU.159 de 2002. T-043 de 2005. T-295 de 2005. T-657 de 2006. T-686 de
2007. T-743 de 2008. T-033 de 2010. T-792 de 2010, entre otras.
16
T-189 de 2005.
17
T-205 de 2004.
18
T-800 de 2006.
19
T-522 de 2001-
20
SU-159 de 2002.
21
T-051de 2009. y T-1101 de 2005.
22
T-018 de 2008.
23
T-086 de 2007.
24
T-231 de 1994.
25
T-807 de 2004.
26
Frente a este aspecto puede revisarse, entre otras, la sentencia del 27 de junio de 2019, radicación
11001-03-15-000-2018-03784-01, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio y la
providencia del 27 de noviembre de 2019, radicación 11001-03-15-000-201904312-00 con ponencia
de la magistrada Rocío Araújo Oñate.!
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determinado conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el
mismo sentido para que dicha regla sea considerada como tal. Esta decisión es
vinculante para los demás operadores del sistema jurídico, porque, se reitera, se
crea una regla aplicable en los demás asuntos que se basen en los mismos
supuestos de hecho.
51. Lo anterior tiene lugar en ejercicio de la actividad creadora de derecho que
ejercen los jueces de las altas Cortes y los órganos de cierre de cada jurisdicción,
ya sea para definir la interpretación de la norma aplicable o la forma en que debe
dársele la mejor solución jurídica a los asuntos en estudio, en caso de vacíos
normativos, siempre a la luz de los preceptos constitucionales.
52. Por tanto, dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios
y operadores judiciales y constituye una actividad de creación de derecho, al definir
directrices que permiten resolver una controversia bajo la primacía de la
Constitución.
53. Sin embargo, resulta necesario advertir que no todas las decisiones judiciales
que profieren las Altas Cortes generan una regla o subregla, pues aquellas
corresponden más al resultado de la aplicación al caso en concreto de la norma
cuyos presupuestos fácticos se subsumen al caso, sin que exista necesariamente
una actividad creadora del juez como tal27.
43. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia
de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa.
2.7. Caso concreto
54. La Sala anticipa que negará el amparo solicitado en la presente acción de
tutela, pues esta Sala considera que en la providencia enjuiciada se hizo un análisis
razonable del material probatorio y del precedente aplicable al caso.
55. Se precisa que se analizará en primer lugar el reproche relacionado con el
defecto fáctico. En segundo lugar se analizarán en conjunto los defectos sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, por estar
estrechamente relacionados.
56. Así, en cuanto al defecto fáctico, la entidad consideró que el juzgador no
tuvo en cuenta que si bien el señor Sánchez fue desvinculado el 6 de abril del 2022
por vencimiento de su nombramiento, lo cierto es que por medio de la Resolución
110 del 7 del mismo mes y año se le nombró nuevamente por el término de 2 meses.
27
Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.
11001-03-15-000-2013-02690-01.
14
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Por lo tanto, alegó que esa circunstancia debió haberse atendido en el asunto,
puesto que fue el actor quien no quiso volver a vincularse y, en esa medida, la
entidad no puede obligar a una persona a que tome posesión de un cargo.
57. Sobre este punto se tiene que en efecto en el proceso se aportó la Resolución
110 del 7 de abril del 2022 en la que se puede observar que el señor Sánchez fue
nombrado nuevamente en el cargo que venía ocupando, por el término de 2 meses.
Además, ese aspecto fue expuesto por la entidad al contestar la demanda.
58. Sin embargo, al hacer la lectura de la sentencia de primera instancia del
juzgado que conoció el asunto, se aprecia que no existió ningún pronunciamiento al
respecto. Así mismo, al revisar los alegatos de conclusión presentador por la entidad
tampoco se aprecia que se haya manifestado sobre ese aspecto.
59. La providencia de primer grado fue favorable a la entidad, pues negó las
pretensiones de la demanda. Fue por ese motivo que el señor Sánchez presentó
recurso de apelación contra esa decisión, en el cual no se hizo ninguna alusión al
tema del nombramiento que se le hizo por medio de la resolución citada y la entidad
no hizo ningún pronunciamiento adicional. Así, se tiene que el mencionado señor
fue apelante único.
60. Así, debe recordarse que según lo establece el artículo 328 del CGP, cuando
solo una parte presente la apelación, la facultad del superior al decidir el recurso se
limita únicamente a los aspectos que se hayan expuesto en dicho medio de
impugnación.
61. De ese modo, como el medio de impugnación no fue puesto en conocimiento
del superior el tema relacionado con el nombramiento que se hizo del señor
Sánchez el 7 de abril del 20216, la Sala no puede endilgar una mala apreciación de
este aspecto a la autoridad judicial accionada, pues por la norma procesal citada
anteriormente, el tribunal estaba limitado a pronunciarse únicamente sobre los
motivos de la apelación, como en efecto ocurrió.
62. Por lo tanto, la Sala no encuentra ningún reproche sobre este aspecto, pues
concluir que el tribunal incurrió en un defecto fáctico por no haber analizado un
asunto que según la ley no podía conocer, implicaría pasar por alto esa norma
procesal y la autonomía del juez en el análisis que hizo del caso.
63. La entidad también consideró que la providencia atacada incurrió en
desconocimiento del precedente, defecto sustantivo y violación directa de la
Constitución ya que a su juicio no se tuvo en cuenta que en el Consejo de Estado
existe una línea pacífica que establece que los nombramientos provisionales de la
Registraduría Nacional pueden terminarse por la culminación del término, ya que
gozan de un régimen especial establecido en la Ley 1350 del 2009. Por lo tanto,
adujo que se desconocieron los artículos 29 (debido proceso), 230 (sometimiento
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de los jueces a la ley) y 226 (régimen especial de la Registraduría) de la Constitución
Política.
64. Para resolver este cargo, la Sala expondrá los argumentos del tribunal
accionado al decidir el asunto. Así, se hará alusión a la interpretación que le dio a
la Ley 1350 del 2009 y las providencias que citó para soportar su posición,
consistente en que el acto de retiro del señor Sánchez debió haberse motivado por
razones del servicio.
65. En esa medida, se indicarán los motivos por los que la Registraduría
consideró que las providencias citadas por el tribunal no eran aplicables al caso.
Igualmente, se expondrán aquellas que considera que sí debieron tenerse en
cuenta, en las cuales, a su juicio, se extrae sin ninguna duda que el acto de
desvinculación del actor, al haberse basado en la culminación del término del
nombramiento, estuvo bien motivado.
66. Con base en ambas posturas, la Sala concluirá que en este asunto el
juzgador de instancia aplicó, en ejercicio de su autonomía, una posición razonable
para decidir el caso del señor Sánchez, pues existe disparidad de criterios entre la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado al respecto.
La sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Tercera de Decisión
y las decisiones que citó como fundamento para decidir el caso, junto con las
razones por las cuales la RNEC considera que no eran aplicables
67. Al leer la providencia atacada, se tiene que el tribunal expuso la norma
aplicable al caso: el literal “c” del artículo 20 de la Ley 1350 del 2009 en el cual se
establece que los nombramientos provisionales que se hagan en la Registraduría
no pueden ser superiores a 6 meses:
“ARTÍCULO 20. CLASES DE NOMBRAMIENTO. La provisión de los empleos en la
Registraduría Nacional del Estado Civil podrá realizarse mediante las siguientes
clases de nombramiento:
(…)
c) Nombramiento provisional discrecional: Esta clase de nombramiento es
excepcional y solo procederá por especiales razones del servicio. El término de la
provisionalidad se podrá hacer hasta por seis (6) meses improrrogables; deberá
constar expresamente en la providencia de nombramiento. En el transcurso del
término citado se deberá abrir el concurso respectivo para proveer el empleo
definitivamente; (…)”. (Se resalta)
68. Además, puso de presente que según el artículo 69 de esa ley, se dispuso
que “En lo no dispuesto por la presente ley, se aplicarán las normas previstas en la Ley
General de Carrera”.
69. En ese sentido, precisó que el régimen general de carrera es la Ley 909 del
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2004, que fue reglamentada en el Decreto 1227 del 2005, ahora modificado por el
Decreto 1083 del 2015. Se resalta la siguiente norma de este último cuerpo
normativo, en el cual se indica que antes de cumplido el término del nombramiento
provisional, el nominador puede darlo por terminado a través de Resolución
motivada:
ARTÍCULO 2.2.5.3.4. Terminación de encargo y nombramiento provisional. Antes
de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento
provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados. (Se
resalta)
70. Así pues, el tribunal consideró que según esas normas, es claro que para
retirar a funcionarios nombrados en provisionalidad, es necesario que el acto esté
debidamente motivado y no es suficiente con indicar el vencimiento del plazo. Para
fundamentar la decisión, citó las siguientes providencias:
i) Sentencia SU-917 del 2000
71. En esta providencia la Corte analizó varios casos en los cuales se produjo
desvinculación de varios funcionarios de diferentes entidades que habían sido
nombrados en provisionalidad. La regla que se fijó en esa sentencia consistió en
que para retirarlos del empleo, los actos que así lo decidan deben estar motivados.
Esta fue la cita que trajo a colación la autoridad judicial demandada:
“Es así como las autoridades públicas y en este caso particular el juez constitucional
debe adoptar los correctivos necesarios para que no se perpetúen situaciones de
anormalidad en la provisión de empleos en la administración pública, como la
preservación indefinida en diversas instituciones del Estado de un elevado número
de funcionarios nombrados en provisionalidad, consecuencia directa de la falta de
voluntad política para implementar verdaderos concursos de méritos.
Adicionalmente, le corresponde velar porque la desvinculación de este grupo amplio
de funcionarios no obedezca a prácticas clientelares, es decir, que no sea el
producto de la arbitrariedad sino del ejercicio prudente de la discrecionalidad con
miras al cumplimiento de los fines esenciales del Estado.
La motivación de los actos administrativos es una garantía para el ejercicio del
derecho de contradicción y defensa como componente del debido proceso (art. 29
CP). En efecto, “si el acto no se encuentra motivado, el particular se halla impedido
de ejercer las facultades que integran el llamado debido proceso (derecho a ser
oído, a ofrecer y producir pruebas y a una decisión fundada). En la Sentencia C-279
de 2007 la Corte explicó que la motivación “permite el ejercicio del derecho a la
defensa, lo cual evita la arbitrariedad por parte de las autoridades administrativas”,
de modo que en últimas se “asegura la garantía constitucional al derecho
fundamental al debido proceso”. Concordante con lo anterior, la Corte ha precisado
que la fundamentación explícita “es necesaria a fin de que el afectado pueda
controvertir las razones que llevaron al nominador a su desvinculación. Sólo de esta
manera se le garantiza el debido proceso y se posibilita el acceso efectivo a la
administración de justicia”.
Posición de la RNEC sobre esta sentencia
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72. La entidad accionante considera que esta providencia no era aplicable al
asunto, toda vez que fue expedida antes de que entrara en vigencia la Ley 1350 del
2009 en el que se estableció el régimen especial de la Registraduría. Por lo tanto,
como en ese cuerpo legal se exige que el nombramiento provisional no puede
superar los 6 meses, es un elemento especial y suficiente para retirar a los
empleados vinculados en esa modalidad.
ii) Sentencia T-221 del 2014
73. En esta providencia la Corte Constitucional, siguiendo la línea fijada en la
Sentencia SU-917 del 2000, al analizar unos casos de retiro de unas funcionarias
de la Registraduría Nacional vinculadas en provisionalidad, consideró que se habían
vulnerado sus derechos fundamentales, puesto que la entidad no motivó los actos
en los que se asumieron esas decisiones y que la facultad del literal c del artículo
20 de la Ley 1350 del 2009 no la exoneraba de ese deber. Al respecto, se dijo lo
siguiente:
5.1.4. De la información suministrada por la autoridad accionada, la Sala encuentra
que con fundamento en el literal c del artículo 20 de la Ley 1350 de 2009, los
Delegados Departamentales de Córdoba nombraron a la señora Barrios en
provisionalidad en el cargo de Registradora Municipal 4035-05 por el término de tres
(3) meses conforme se extrae de la Resolución No. 235 de dos mil doce (2012). En
este orden de ideas, y siguiendo la ratio de la sentencia C-553 de 2010, para la
desvinculación de la actora, que desempeñaba un cargo de carrera en
provisionalidad, que no iba a ser ocupado por una persona que hubiese presentado
concurso, porque este no se había llevado a cabo, debió expedirse un acto
administrativo motivado.
5.1.5. En esta medida, la actuación desplegada por la autoridad accionada vulneró
el derecho fundamental al debido proceso de la peticionaria, en tanto la señora
Barrios al ocupar un cargo de carrera en provisionalidad tenía derecho a que en el
acto administrativo de desvinculación se plasmaran las razones por las cuales se
había adoptado tal determinación. Pues, si bien la Registraduría tiene la potestad
en virtud del literal c del artículo 20 de la Ley 1350 de dos mil nueve (2009), de
realizar nombramientos provisionales, ello no la exime de la obligación de motivar el
acto de desvinculación, con mayor razón al tratarse de una vinculación que se había
realizado por especiales razones del servicio, como lo invocó la autoridad accionada
en el acto de nombramiento. Teniendo en cuenta, además, que la accionante era
funcionaria en provisionalidad o como supernumeraria en distintos cargos en la
Registraduría desde el año dos mil siete (2007).
Posición de la RNEC sobre esta sentencia
74. La entidad consideró que este fallo no es aplicable al caso, pues aunque se
trató de funcionarias de la Registraduría Nacional, lo cierto es que el nombramiento
en ese caso se hizo mientras duraba la suspensión del titular del cargo. Así,
consideró que se trata de una situación distinta que no podía ser aplicada al caso
del señor Sánchez.
75. Además, puso de presente que se trata de una sentencia de tutela con
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efectos inter partes que no es obligatoria. Puso de presente que esa fue la
interpretación que hizo el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” en
la sentencia de tutela del 28 de julio del 2020 con radicado número 11001-03-15-
000-2019-05310-01.
iii) Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda del 26 de junio
del 2008, radicación 68001-23-15-000-2001-01916-01(0606-07)
76. En este caso la Corporación decidió una demanda presentada contra el
municipio de Bucaramanga en la que se cuestionó el acto de desvinculación de un
funcionario en provisionalidad. Al respecto el tribunal citó lo siguiente:
Por ende, la facultad ejercida por el nominador con fundamento en el vencimiento
del término de la provisionalidad consagrado en el artículo 7 del Decreto 1572 de
1998 no es válida en este caso y constituye una falsa motivación, pues como ya se
dijo, ésta obedecía a circunstancias de hecho diferentes, en donde mediaba la
previa convocatoria a concurso para proveer los cargos en vacancia definitiva, la
existencia de Comisión Nacional del Servicio Civil y el adelantamiento y posibilidad
de culminación de los procesos de selección respectivos; de allí precisamente que
el término de duración de la provisionalidad no haya sido incluido en el acto de
nombramiento cuando la Ley expresamente así lo ordena y al contrario se haya
sujetado a la condición de la provisión del cargo mediante concurso.”
Posición de la RNEC sobre esta sentencia
77. La entidad alegó que esta providencia no es aplicable, ya que se trató de un
caso en el que se analizó otro régimen distinto al de la Registraduría Nacional.
iv) Sentencia T-147 del 2013
78. En esta sentencia la Corte resolvió un caso de la desvinculación de una
persona que fue nombrada en provisionalidad en la Procuraduría General de la
Nación. Al respecto se dijo que el vencimiento del término no es argumento
suficiente para el retiro:
En este sentido, para la desvinculación de un funcionario nombrado en
provisionalidad en la Procuraduría General de la Nación no basta con el
cumplimiento del plazo de seis (6) meses contemplado en el decreto 262 de 2000 si
dentro del mismo no se seleccionó por concurso a un funcionario que lo reemplace,
tal como lo exige la jurisprudencia de esta Corporación, más aun si el nombramiento
es prorrogado, no una sino más de quince (15) veces de manera continua; salvo que
la decisión de desvinculación se motive en una razón específica atinente al servicio
que está prestando. (…)”.
Posición de la RNEC sobre esta sentencia
79. Al igual que en la anterior, consideró que no era aplicable, porque se trató de
un caso de una persona nombrada en una entidad distinta a la Registraduría.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas – Sala
Tercera de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2022-03191-00
v) Sentencia de tutela de la Sección Primera del Consejo de Estado del
12 de marzo del 2020, radicación número 11001-03-15-000-2019-
05310-00
80. Se trató de un caso en el que se analizó una providencia judicial que había
negado las pretensiones a un funcionario que alegó que su desvinculación en
provisionalidad de la Registraduría se hizo sin motivación. En esta sentencia se dijo
que al actor se le habían vulnerado sus derechos, porque el acto que lo desvinculó
no estuvo motivado:
En ese orden de ideas, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo de Boyacá,
vulneró los derechos fundamentales invocados supra, toda vez que si bien es cierto
en el acto administrativo de desvinculación se establecieron razones por las cuales
se le daba por terminado el nombramiento en provisionalidad a sostenerse que i) la
duración del nombramiento en provisionalidad duraría por el término de seis meses
contados a partir de la fecha de posesión, y de que además, ii) se le advirtió que la
vinculación terminaría al término de 6 meses, dichos motivos no eran razón
suficiente para desvincular al señor Arley Parra Gil en el cargo que venía
desempeñando al interior de la entidad, máxime cuando llevaba vinculado con la
entidad varios años en periodos de vinculación de máximo 3 y 6 meses, por lo que
en el caso sub examine, al actor se le vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia.
Posición de la RNEC sobre esta sentencia
81. Consideró que esa providencia no fue la que decidió el asunto de manera
definitiva. Puso de presente que en segunda instancia fue revocada por el fallo del
28 de julio del 2020 expedida por la Sección Segunda, Subsección “B” de esta
Corporación.
82. Indicó que en esa providencia se dijo que el régimen de la Registraduría es
especial y que por lo tanto, al aplicar el numeral “c” del artículo 20 de la Ley 1350
del 2009 se extraía que el vencimiento del plazo es un motivo suficiente para el
retiro de los funcionarios vinculados en provisionalidad. Además, manifestó que en
esa sentencia se hizo alusión a que esa es una posición pacífica de la Corporación.
Providencias que la entidad consideraba aplicables al caso del señor Sánchez
83. En sentir de la RNEC, en el Consejo de Estado existe una posición pacífica
en la que se ha dicho que el régimen de la entidad es especial y por tal motivo, el
nominador bien puede, en ejercicio del literal c del artículo 20 de la Ley 1350 del
2009, retirar a los funcionarios en provisionalidad cuando venza el término del
nombramiento. Por lo tanto, no se pueden aplicar las normas generales de carrera.
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Rad: 11001-03-15-000-2022-03191-00
84. En este punto, hizo alusión a la sentencia de tutela del 28 de julio del 2020,
de la Sección Segunda, Subsección “B” de esta Corporación, radicado número
11001-03-15-000-2019-05310-01 en la que se hizo esa interpretación en los
siguientes términos:
Dicho ello, y dada las características del nombramiento del actor, es del caso
precisar que las vinculaciones de los empleados de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, mediante nombramiento provisional discrecional, se encuentran
reguladas por el artículo 20, literal c) de la Ley 1350 de 2009; en tal virtud, no es
procedente aplicar otra normativa, puesto que se trata de una disposición especial
para la entidad y, por tanto, no se puede acudir al artículo 41 de la Ley 909 de 2004,
reglamentada por el Decreto 1227 de 2005, en donde se contemplan las causales
para el retiro del servicio de quienes desempeñan empleos de libre nombramiento y
remoción, y de carrera administrativa, únicamente.
(…)
De igual manera, tampoco era procedente tener en cuenta el artículo 69 de la Ley
1350 de 2009 para el asunto bajo estudio, conforme el cual “En lo no dispuesto por
la presente ley, se aplicarán las normas previstas en la Ley General de Carrera”, por
cuanto esta ley, de manera expresa señala que el nombramiento provisional
discrecional es por 6 meses, al cabo de los cuales la persona nombrada está en
la obligación de retirarse del cargo sin que exista acto de la administración que así
lo disponga y menos que se deba consignar las motivaciones en ese sentido.
(…)
Posición que ha sido pacífica por esta Corporación, tal como se mencionó en la
providencia acusada, al referir los pronunciamientos de tutela del i) 3 de agosto de
2016, de la sección cuarta, expediente 2016-00371-01 y, ii) 16 de agosto de 2018,
de la sección quinta, expediente 2018-01299-0128. (Negrillas conforme al texto).
85. En la sentencia de tutela de la Sección Segunda, Subsección “B” del 6 de
diciembre del 2021 radicado número 11001-03-15-000-2021-04265-01 la Sección
Segunda, Subsección “B” reiteró ese criterio:
28
CP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez: «[…] 2. Respecto del defecto sustantivo, expuso en el escrito de
amparo que la autoridad judicial accionada “inaplicó normas que eran directamente aplicables al caso”. Al efecto
alegó, que el trámite objeto de tutela debió ser decidido con fundamento en el parágrafo 2º del artículo 41 Ley
909 de 2004, y el artículo 10 del Decreto Reglamentario 1227 de 2005, aplicables por remisión del artículo 69
de la Ley 1350 de 2009, respecto de la motivación de los actos que modifican o terminan el vínculo laboral.
[…]
Con fundamento en lo anterior, esta Sala constitucional de segunda instancia no comparte los argumentos
presentados en el escrito de amparo, toda vez que, como acertadamente lo concluyó el Tribunal accionado,
para resolver el proceso ordinario objeto de tutela, debía observarse la norma especial, en este caso la ley 1350
de 2009, y solo en los aspectos no regulados, como lo establece la premisa del artículo 69 de la citada normativa,
deberá acudirse a la norma general, esta es la disposición 909 de 2004 alegada erróneamente como “inaplicada”
por el tutelante. Misma conclusión debe arribarse respecto de la presunta inobservancia del artículo 10 del
Decreto Reglamentario 1227 de 2005.[…]»
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Rad: 11001-03-15-000-2022-03191-00
En este sentido, se resalta que no era necesario que la entidad motivara su decisión
de retirar a la señora Bibiana Judith Calderón Rico del cargo de Registrador Auxiliar,
con mayores argumentos a la temporalidad que le impone la disposición referida,
puesto que ella conocía, desde el principio de cada nombramiento en
provisionalidad, que la vigencia del mismo se daba por el término de 3 o 6 meses;
lo que significa que debía retirarse al vencimiento de este período. Es decir, la
motivación del retiro se debe entender como implícita en el acto de vinculación, sin
que fuera necesario que al finalizar dicho período se profiriera otro acto en el cual
se explicitara, explicara o manifestara razones adicionales por las cuales se le
retiraba del servicio.
Criterio de la Sala sobre los defectos alegados
86. En sentir de la mayoría de esta Colegiatura, el tribunal accionado no incurrió
en los defectos alegados, puesto que las providencias que alega como
desatendidas no eran obligatorias para el tribunal accionado. Lo anterior encuentra
razón, porque dichos fallos no constituyen precedente al haber sido expedidos en
trámites de tutela.
87. En efecto, la posición mayoritaria de esta Sala considera que las sentencias
dictadas en sede de tutela no constituyen precedente obligatorio, distinto a las que
emite la Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad
(sentencias C) y las de unificación de dicha Corporación (sentencias SU) y las del
Consejo de Estado29.
88. En ese orden de ideas, en el presente caso se tiene que el tribunal accionado
decidió el caso con base la interpretación que ha hecho la Corte Constitucional en
sede de tutela sobre la desvinculación de los funcionarios nombrados en
provisionalidad de la RNEC, parámetro que en la órbita de su autonomía bien podía
acoger, como criterio auxiliar.
89. Por lo tanto, las sentencias de esta Corporación que aduce la RNEC como
desconocidas no eran obligatorias para el juez ordinario. En esa medida, no se
advierte que se hayan configurado los defectos alegados, porque la decisión se
asumió de manera razonable aplicando el criterio de interpretación de la Corte
Constitucional sobre el tema, sin que fueran obligatorias las que se consideran
desatendidas, pues se reitera, el criterio mayoritario de la Sala es que no constituyen
precedente.
29
El ponente de esta sentencia se ha apartado de dicha posición en otros asuntos. A tal efecto, ver
entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta. Sentencia del 22 de febrero del 2022. Rad. Número 11001-03-15-000-2021-11442-
00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 22 de
febrero del 2022. Rad. Número 11001-03-15-000-2021-01513-00; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 22 de febrero del 2022. Rad. Número
11001-03-15-000-2021-02036-00.
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela formulada por la Registraduría Nacional del
Estado Civil, según lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, dentro de los tres días siguientes
a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de la ejecutoria, conforme lo fija el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Aclara voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”
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