Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03191-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03191-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03191-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
7 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintidós (2022).
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-03191-01
Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Tercera de
Decisión
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / ausencia de carga argumentativa
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la Registraduría Nacional
del Estado Civil, actuando por conducto de apoderado judicial en contra de la
sentencia proferida el 28 de julio de 2022 por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, mediante la cual se resolvió:
<< PRIMERO: NEGAR la acción de tutela formulada por la Registraduría Nacional del
Estado Civil, según lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, dentro de los tres días siguientes a
su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de la ejecutoria, conforme lo fija el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991 >> (negrilla propia del texto).
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 10 de junio de 2022, la Registraduría Nacional del Estado Civil (en adelante
RNEC), actuando por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Tercera de Decisión, con el fin de
que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial
accionada, al proferir el fallo de 6 de mayo de 2022, al interior del proceso de nulidad
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03191-01
Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
y restablecimiento del derecho1 iniciado por el señor Edwin Harvey Sánchez contra
la entidad accionante.
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a las siguientes:
<< PRIMERA: DECLARAR LA VULNERACIÓN de los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y
CLÁUSULA DEL ESTADO DE DERECHO de la Registraduría Nacional del Estado
Civil - RNEC, por parte del Tribunal Administrativo de Caldas - Sala Tercera de
Decisión.
SEGUNDA: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la sentencia No. 107 de 06 de
mayo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas - Sala Tercera de
Decisión con ponencia del magistrado Dohor Edwin Varón Vivas, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Edwin Harvey
Sánchez, identificado con el número único de radicación 17001-33-33-008-2016-
00341-02.
TERCERA: ORDENAR LA REVISIÓN de la sentencia No. 107 de 06 de mayo de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas - Sala Tercera de Decisión con
ponencia del magistrado Dohor Edwin Varón Vivas, a fin de que se garantice el debido
proceso, acceso efectivo a la administración de justicia y cláusula del Estado de
Derecho y se profiera la PROVIDENCIA DE REEMPLAZO.>>2
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:
3.1.- El señor Edwin Harvey Sánchez prestó sus servicios en la RNEC desde el 1°
de noviembre del 2013 al 6 de abril del 2016. Para efectuar su vinculación, la entidad
expidió sucesivos actos de nombramiento en provisionalidad y en cada uno se fijaba
un término de seis meses de duración para dicha relación.
3.2.- El 16 de marzo de 2016, por medio de Oficio DC-TH-0680, la RNEC le comunicó
al señor Sánchez que su vinculación había terminado. Lo anterior debido a que el
plazo del último nombramiento (que fue de 6 meses) terminaba el 6 de abril del 2016.
Por lo tanto, a partir de esa fecha no trabajaría más en la entidad.
3.3.- El señor Edwin Harvey Sánchez presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el mencionado oficio. Indicó que la entidad no
motivó en debida forma el acto que lo retiró de su cargo, pues sólo mencionó que lo
desvincularía porque finalizó el plazo del nombramiento. A su juicio, debió incluir las
1 Radicado 17001-33-33-008-2016-00341-02.
2 Expediente digital, folio 23 del escrito de demanda.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03191-01
Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
razones que justificaban su retiro del servicio, ya que era un funcionario vinculado en
provisionalidad que gozaba de estabilidad laboral relativa.
3.4.- El proceso fue conocido en primera instancia por el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Manizales que, en providencia del 10 de julio
del 2020, negó las pretensiones. Al respecto, la mencionada autoridad judicial
consideró que la Registraduría goza de un régimen especial y, por lo tanto, el
vencimiento del plazo es suficiente para poder desvincular a los funcionarios
nombrados en provisionalidad.
3.5.- En el trámite del referido proceso, la entidad indicó que, al día siguiente a la
desvinculación del entonces demandante, por medio de la Resolución 110 del 7 de
abril del 2016, el señor Sánchez fue nombrado nuevamente por un término de dos
meses en el cargo que ocupaba. Sin embargo, manifestó que el señor Sánchez
decidió no posesionarse nuevamente.
3.6.- Inconforme con la decisión adoptada en primera instancia, el señor Sánchez
presentó recurso de apelación.
3.7.- El 6 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de Caldas - Sala Tercera de
Decisión revocó la providencia de primer grado y, en su lugar, accedió a las
pretensiones de la demanda. Para sustentar su decisión, el mencionado Tribunal
indicó que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, los funcionarios vinculados en provisionalidad gozan de una estabilidad
relativa. Por lo tanto, para poder desvincularlos es necesario que el acto que así lo
decida sea motivado en razones del servicio.
Así las cosas, puso de presente que la jurisprudencia de las mencionadas Altas
Cortes ha señalado que el vencimiento del plazo del nombramiento no puede ser un
motivo para sustentar la desvinculación de un funcionario en provisionalidad. Agregó
que deben existir razones concretas para asumir dicha determinación como, por
ejemplo, una falta disciplinaria o un mal desempeño en el cargo. En consecuencia,
consideró que, al encontrarse motivado únicamente en el vencimiento del plazo del
nombramiento, el acto que ordenó la desvinculación del accionante se encontraba
viciado por falta de motivación. Además, señaló que la entidad demandada no logró
acreditar que en el cargo del señor Sánchez se hubiera nombrado a un funcionario
de carrera, ni motivos adicionales que justificaran su desvinculación.
Por lo anterior, ordenó el reintegro del señor Edwin Harvey Sánchez al cargo que
venía ocupando o a uno de similar jerarquía y el pago de los emolumentos dejados
de percibir con los descuentos de las sumas que haya recibido por su labor en el
sector público o privado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03191-01
Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
4.- Como fundamento de las pretensiones, la parte actora alegó que la autoridad
judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, toda vez que incurrió en los siguientes defectos:
4.1- Fáctico, al no tener en cuenta que, si bien el señor Sánchez fue desvinculado el
6 de abril del 2022 por vencimiento de su nombramiento, lo cierto es que, por medio
de la Resolución 110 del 7 de abril de 2016, la parte actora lo nombró nuevamente
por el término de dos meses. Tal designación fue rechazada por el entonces
demandante.
4.2.- Sustantivo, ya que no tuvo en cuenta las normas especiales que regulan el
régimen de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Así, indicó que según la Ley
1350 del 2009, los nombramientos en provisionalidad en dicha entidad no pueden
superar el término de seis meses. Por lo tanto, afirmó que el vencimiento de ese
plazo configuró una justificación razonable para la desvinculación del actor.
4.3.- Desconocimiento del precedente judicial desarrollado en las Sentencias de
tutela de: (i) 28 de julio de 2020, de la Sección Segunda, Subsección “B” de esta
Corporación, radicado número 11001-03-15-000-2019-05310-01; y (ii) 6 de
diciembre del 2021 de la Sección Segunda, Subsección “B” número 11001-03-15-
000-2021-04265-01 en las que, a su juicio, se ha señalado de manera pacífica que
el vencimiento del plazo es una circunstancia suficiente para retirar a empleados
provisionales de la Registraduría.
Además, señaló que las providencias que citó la autoridad judicial accionada no eran
aplicables al asunto, por tratarse de otros regímenes y circunstancias diferentes a
las normas aplicables en el caso concreto. Al acudir a estas normas, el fallador se
apartó de la posición pacífica de esta Corporación sobre la motivación de los actos
de retiro de la RNEC.
4.4.- Por último, adujo que la sentencia enjuiciada viola directamente la Constitución
porque transgredió su derecho al debido proceso (artículo 29). Además, porque no
tuvo en cuenta el artículo 230, que establece que los jueces deben someterse a la
ley al dictar sus providencias, ni el artículo 266 en el que se estableció el régimen
especial de la Registraduría.
B. Sentencia de primera instancia
5.- La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 28 de julio de
2022, negó el amparo deprecado en la demanda, al no encontrar acreditada la
configuración de los defectos alegados. Al respecto consideró que:
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03191-01
Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
5.1.- La autoridad judicial accionada no incurrió en un defecto fáctico. En este
sentido, reconoció que al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se
aportó la Resolución 110 del 7 de abril del 2016, en la que la entidad accionante
adoptó la decisión de nombrar al señor Sánchez en el cargo que venía ocupando,
por el término de 2 meses y adujo que este hecho fue expuesto por la entidad al
contestar la demanda. No obstante, la sentencia de primera instancia del juzgado
que conoció el asunto no realizó ningún pronunciamiento al respecto. Así mismo, al
revisar los alegatos de conclusión presentados por la Registraduría, tampoco se
apreciaba que la entidad se haya manifestado sobre ese aspecto.
Además, precisó que la providencia de primer grado fue favorable a la entidad, pues
negó las pretensiones de la demanda, razón por la cual el entonces demandante
presentó recurso de apelación contra esa decisión, sin que se realizara ninguna
alusión al tema del nombramiento que se le hizo por medio de la resolución citada y
la entidad demanda tampoco hizo ningún pronunciamiento adicional.
Por lo anterior, señaló que, de conformidad con el artículo 328 del CGP, cuando solo
una parte presenta la apelación, la facultad del superior al decidir el recurso se limita
únicamente a los aspectos que se hayan expuesto en dicho medio de impugnación.
De ese modo, como en el marco del recurso de apelación no fue puesto en
conocimiento del superior el asunto relacionado con el nombramiento del señor
Sánchez efectuado el 7 de abril del 2016, el a quo consideró que no podía endilgar
una mala apreciación de este aspecto a la autoridad judicial accionada, pues por la
norma procesal citada anteriormente, el Tribunal estaba limitado a pronunciarse
únicamente sobre los motivos de la apelación.
5.2.- Sobre los cargos por desconocimiento del precedente, la configuración de un
defecto sustantivo y violación directa de la Constitución, la Sección Quinta estableció
que, a juicio de la entidad accionante, la autoridad judicial accionada no tuvo en
cuenta que en el Consejo de Estado existe una línea pacífica que establece que los
nombramientos provisionales de la Registraduría Nacional pueden finalizarse por la
culminación del término, ya que gozan de un régimen especial establecido en la Ley
1350 del 2009. Por lo tanto, adujo que se desconocieron los artículos 29 (debido
proceso), 230 (sometimiento de los jueces a la ley) y 226 (régimen especial de la
Registraduría) de la Constitución Política.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sección Quinta consideró que el Tribunal
accionado no incurrió en los defectos alegados, puesto que las providencias que la
parte actora alegaba como desatendidas no eran obligatorias para la autoridad
judicial accionada. Lo anterior debido a que dichos fallos no constituían precedente
al haber sido expedidos en trámites de tutela.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03191-01
Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Por lo anterior, precisó que la posición mayoritaria de esa Sala consideraba que las
sentencias dictadas en sede de tutela no constituyen precedente obligatorio, distinto
a las que emite la Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad
(sentencias C), las de unificación de dicha Corporación (sentencias SU) y las del
Consejo de Estado.
En ese orden de ideas, concluyó que el Tribunal accionado decidió el caso con base
la interpretación que ha hecho la Corte Constitucional en sede de tutela sobre la
desvinculación de los funcionarios nombrados en provisionalidad de la RNEC,
parámetro que en la órbita de su autonomía bien podía acoger, como criterio auxiliar.
Por lo tanto, las sentencias de esta Corporación que aduce la RNEC como
desconocidas no eran obligatorias para el juez ordinario.
C. La impugnación
6.- En desacuerdo con lo anterior, la parte accionante interpuso impugnación; para
el efecto, reiteró los argumentos expuestos en el libelo introductorio, insistiendo en
que:
(i) Sobre la configuración del defecto fáctico, indicó que la autoridad judicial
accionada no solo no tuvo en cuenta la Resolución No. 110 de 07 de abril de 2016
mediante la cual fue nombrado nuevamente en provisionalidad al señor Edwin
Harvey Sánchez Gutiérrez en el cargo de Profesional Universitario 3020 – 01 a partir
del siete (7) de abril de 2016, y para tal efecto se notificó el nombramiento mediante
el oficio DC – TH – 0825, sino que también omitió valorar las pruebas testimoniales
de las señoras Martha Cecilia Chica Osorio, Luz Helena Ramírez Naranjo y Vanesa
Uribe, recogidas en audiencia, quienes señalaron en el testimonio rendido también
bajo la gravedad del juramento que, el señor Edwin Harvey acudió con los
documentos para posesionarse en el mencionado cargo.
Por lo anterior, indicó que el Tribunal accionado incurrió en un exceso ritual
manifiesto ya que, al proferir la decisión objeto de reproche, no realizó un análisis
respecto de las pruebas que obraban en el expediente.
(ii) En relación con la configuración del defecto sustantivo, manifestó que el
nombramiento del señor Edwin Harvey Sánchez Gutiérrez se realizó a través de la
Resolución No. 375 de 06 de octubre de 2015, en la modalidad de provisional
discrecional a partir de la fecha de posesión, esto es, desde el 6 de octubre de 2015
y hasta el 5 de abril de 2016, para un total de seis meses, término máximo del que
podía disponer la entidad para la vinculación, tal y como lo señala el literal c) del
artículo 20 de la Ley 1350 de 2009. Por esta razón, señaló que no se le podía exigir
a la entidad que prorrogará la vinculación más allá de los seis meses, por expresa
prohibición legal o que se expidiera un acto administrativo de terminación, ya que
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03191-01
Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
desde la Resolución de nombramiento se dejó taxativa y literalmente estipulada la
fecha de finalización del nombramiento provisional discrecional, con fundamento en
la norma previamente referida. Este motivo era más que suficiente para la
desvinculación del señor Sánchez Gutiérrez.
Además, adujo que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta que el Consejo de
Estado, por vía de tutela, ha establecido una línea jurisprudencial pacífica que
determina que los nombramientos provisionales de la Registraduría Nacional del
Estado Civil pueden concluirse por la culminación del término, ya que gozan de un
régimen especial establecido en la Ley 1350 de 2009. Esta postura se ha
desarrollado en el marco de la acción constitucional, dado que esta Corporación no
conoce de este tipo de asuntos en sede de instancia, en el contexto de sus
competencias en procesos contenciosos administrativos.
Por otra parte, indicó que, el defecto sustantivo también se configuró porque la
sentencia enjuiciada sustentó de manera insuficiente la decisión adoptada,
específicamente, al invocar providencias que no eran aplicables al caso concreto por
contemplar situaciones con similitudes fácticas amplias y no específicas, lo que hacía
inaplicables las normas jurídicas invocadas por esta entidad en el asunto bajo estudio
y, por ende, impedía acudir al precedente de la Corte Constitucional. Al respecto,
explicó que los funcionarios que se vincularon a la Registraduría Nacional del Estado
Civil en la modalidad de provisionalidad, antes de la implementación de la Ley 1350
de 2009, se rigen por la Ley 909 de 2004. Sin embargo, la mencionada norma
especial creó una categoría que la RNEC denomina como “provisionalidad
discrecional”. Para los servidores vinculados de ese modo, no resulta necesario
motivar el acto de desvinculación.
(iii) Frente al desconocimiento del precedente, señaló que existen dos líneas
jurisprudenciales para resolver el asunto, una de la Corte Constitucional y otra del
Consejo de Estado. Frente a lo sostenido por esta Corporación, la entidad accionante
aduce que sólo ha conocido del asunto a través de la acción de tutela, pero nunca
como instancia judicial ordinaria. Así, como lo indica la sentencia objeto de
impugnación, la línea del Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha sido
sólida y pacífica, en cuanto asevera que no se requiere motivar los actos de
desvinculación de los funcionarios nombrados en provisionalidad discrecional en la
RNEC, porque desde el mismo acto de nombramiento se establecen las
particularidades temporales en cuanto al inicio y fecha exacta de terminación.
Por otra parte, adujo que el precedente establecido por la Corte Constitucional, no
tiene similitud fáctica estrecha con el caso objeto de estudio, ya que las sentencias
invocadas por el Tribunal accionado y las demás providencias que abordan la misma
problemática de desvinculación de funcionarios nombrados en provisionalidad en la
RNEC se refieren a personas que fueron nombradas antes de la implementación de
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03191-01
Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
la Ley 1350 de 2009, razón por la cual, era obligatorio para la entidad aplicarles la
Ley General de Carrera y no la norma especial, dado que su vinculación se hizo
cuando estaba vigente la Ley 909 de 2004, y no se había regulado la carrera especial
de la Registraduría. Por ello, indica la actora que, hasta este momento, esos
funcionarios tienen una provisionalidad indefinida, dado que no tienen una
provisionalidad discrecional como figura creada por la Ley 1350 de 2009.
(iv) De igual forma, reiteró que la decisión atacada incurrió en violación directa de la
constitución, al no tener en cuenta el artículo 230 de la Constitución, ya que dentro
del margen de libertad de configuración legislativa y por expreso mandato
constitucional, el Congreso dispuso un sistema de carrera administrativa diferente
para la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde se incluyeron modalidades de
vinculación sui generis, tal como lo dispone el artículo 20 de la Ley 1350 de 2009,
donde se consagraron nombramientos ordinarios pero discrecionales, mediante los
cuales se proveen los empleos de libre nombramiento y remoción.
Por último, señaló que el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas, es
contrario al artículo 29 de la Constitución ya que la entidad accionada no tuvo en
cuenta lo dispuesto en la Ley 1350 de 2009, que regula los nombramientos
provisionales discrecionales.
II.- C O N S I D E R A C I O N E S
D. Competencia
7.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19913.
E. Análisis del caso concreto
8.- Corresponde determinar si se confirma, modifica o revoca el fallo impugnado.
9.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha reconocido que para determinar si una
acción de tutela satisface el requisito de relevancia constitucional es necesario entrar
a examinar dos elementos, a saber4:
• Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que
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“por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03191-01
Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
no basta con enunciar los derechos presuntamente vulnerados, sino que tal
vulneración ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa debe
expresar con suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan
un juicio de desvalor frente a los derechos fundamentales de quien promueve la
acción de tutela, de cara a la definición que ha adoptado el juez, encargado por
mandato constitucional de definir el derecho, bajo la sacramental fórmula de
administrar justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio
debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se
superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la
sentencia.
• Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que
este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales
y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial,
aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento anotado, en
tanto la acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la
decisión del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien con la
determinación contenida en la sentencia no se ve favorecido, pues sin lugar a dudas
de lo que se trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.
10.- Valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se formulara el
recurso de insistencia y el contenido de la providencia enjuiciada, no encuentra esta
Sala que la autoridad judicial accionada haya quebrantado las prerrogativas
superiores alegadas por la parte accionante, así como tampoco que hubiere
incurrido en los defectos que se le atribuyen. Ciertamente, una revisión de los
planteamientos aducidos en la demanda de tutela permite advertir que los defectos
alegados carecen de carga argumentativa, pues al describirlos, no expone de
manera clara cuáles son los elementos que dieron lugar a su configuración,
asimismo la accionante incurrió en imprecisiones e inconsistencias que implican que
los cargos propuestos satisfagan el mencionado requisito de procedibilidad.
11.- Para sustentar la configuración del defecto fáctico, la parte actora sostiene que,
a pesar de haber sido incorporadas en la demanda, la entidad accionada no tuvo en
cuenta pruebas como: (i) la Resolución No. 110 de 07 de abril de 2016 mediante la
cual fue nombrado nuevamente en provisionalidad al señor Edwin Harvey Sánchez
Gutiérrez en el cargo que venía desempeñando en la entidad; (ii) los testimonios de
Martha Cecilia Chica Osorio, Luz Helena Ramírez Naranjo y Vanesa Uribe, recogidos
en audiencia, quienes señalaron, bajo la gravedad del juramento, que el señor
Sánchez acudió con los documentos para posesionarse en el mencionado cargo.
11.1.- Debe precisarse que, tal y como lo señaló el juez de primera instancia, de
acuerdo con las disposiciones consagradas en el artículo 328 del CGP, cuando solo
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03191-01
Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
una parte presenta la apelación, la facultad del superior jerárquico al decidir el
recurso se limita únicamente a los aspectos que se hayan expuesto en dicho medio
de impugnación.
11.2.- En ese sentido, esta Corporación5 ha precisado que la competencia funcional
del juez de segunda instancia se encuentra limitada exclusivamente por los
argumentos de inconformidad formulados por el recurrente en el escrito de apelación,
en consonancia con el principio de congruencia del que trata el artículo 281 del
Código General del Proceso.
11.3.- De modo que, el marco de competencia del juez de segunda instancia “lo
constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y
esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por
lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente
se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de
apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio
dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las
pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la
competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de
sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad
quem”6.
11.4.- De lo anteriormente expuesto, no se advierte que el Tribunal accionado haya
incurrido en un defecto fáctico, al no incluir una valoración del material probatorio
mencionado en el escrito de tutela, ya que, en el recurso de apelación interpuesto en
contra de la Sentencia de 10 de julio de 2020, proferida por el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Manizales, el entonces demandante solicitó
revocar la decisión de primera instancia sin hacer referencia al nombramiento que,
según la actora, se realizó con posterioridad a su desvinculación.
11.5.- Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, la Sala considera que,
como en el recurso de alzada no fue puesto en conocimiento del superior el tema
relacionado con el nombramiento que se hizo del señor Sánchez el 7 de abril del
2016 ni los testimonios indicados por la entidad accionante, los argumentos
propuestos por la parte actora resultan insuficientes para justificar la configuración
del defecto fáctico alegado en el escrito de tutela.
12. En relación al defecto sustantivo y al desconocimiento del precedente la parte
actora sostiene que la autoridad judicial accionada: (i) no tuvo en cuenta que el
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, exp. 08001-23-31-000-2010-00600-01. CP.
William Hernández Gómez.
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, exp. 52001-23-31-000-1999-00782-01. CP.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03191-01
Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Consejo de Estado, por vía de tutela, ha desarrollado una línea jurisprudencial
pacífica que establece que los nombramientos provisionales de la Registraduría
Nacional del Estado Civil pueden finalizarse por la culminación del término, ya que
gozan de un régimen especial establecido en la Ley 1350 de 2009; (ii) sustentó de
manera insuficiente su actuación, al invocar providencias que no eran aplicables al
caso concreto por contemplar situaciones con similitudes fácticas amplias y no
estrechas, lo que hacía inaplicable las normas jurídicas invocadas. Además, adujo
que (iii) el precedente de la Corte Constitucional se refería a situaciones de personas
vinculadas antes de la entrada en vigencia de la Ley 1350 de 2009, por lo que
carecían de identidad con el asunto objeto de debate.
12.1.- La Corte Constitucional ha definido el precedente judicial como “aquel conjunto
de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para
la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente
un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia”7.
12.2.- En tal sentido, el juzgador tiene el deber de acatar el precedente, siempre y
cuando la ratio decidendi de la sentencia anterior: i) fije una regla relacionada con el
caso pendiente de resolver, ii) haya servido como fundamento para solucionar un
problema jurídico similar al que es objeto de análisis y, iii) contenga supuestos de
hecho semejantes al asunto sometido a estudio8.
12.3.- De esta manera, el desconocimiento del precedente se configura cuando el
fallador judicial al resolver asuntos que presentan una situación fáctica similar a los
decididos en las sentencias proferidas por las altas cortes o dictadas por ellos
mismos, se aparta de dichas providencias sin exponer las razones jurídicas que
justifiquen su decisión, es decir, el juzgador se aparta del precedente cuando no
aplica una misma consecuencia jurídica ante un supuesto fáctico similar.
12.4.- Así las cosas, se advierte que las sentencias proferidas por el Consejo de
Estado que se estiman desconocidas, no constituyen precedente judicial alguno,
toda vez que por tratarse de una sentencia de tutela tiene efectos inter partes, es
decir, que el estudio efectuado por esta Corporación sobre los derechos
fundamentales allí invocados, únicamente cobija a los sujetos procesales que
intervinieron en el trámite de las acciones constitucionales. Por lo tanto, dichas
providencias no resultan precedentes aplicables al asunto sometido a estudio.
12.5.- De igual forma, el alegato según el cual la autoridad judicial accionada
sustentó de manera insuficiente su actuación, al invocar providencias que no eran
aplicables al caso concreto por contemplar situaciones con similitudes fácticas
7
Corte Constitucional, sentencia T-459 de 2017, MP. Alberto Rojas Ríos.
8
Ibídem.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03191-01
Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
amplias y no estrechas, lo que hacía inaplicable el precedente fijado por la Corte
Constitucional, tampoco está llamado a prosperar, toda vez que: (i) tal y como se
indicó en la primera instancia del presente trámite de tutela, las sentencias a las
cuales se hizo referencia en la decisión objeto de reproche fueron utilizadas como
un criterio auxiliar de interpretación y no como un precedente aplicable al caso objeto
de estudio; y (ii) las sentencias a las cuales se hizo referencia en la decisión atacada
sí guardan relación con el asunto analizado en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Al respecto, si bien la Registraduría Nacional del
Estado Civil cuenta con un régimen especial de carrera establecido en la Ley 1350
de 2009, que le otorga la posibilidad de realizar nombramientos en provisionalidad
discrecionales, dicha norma no estableció la forma de terminación de este tipo de
nombramientos pues en ella solo se indicó que estos son excepcionales y que su
duración no puede superar los seis meses, tiempo en el que la entidad se encuentra
obligada a adelantar el respectivo concurso de méritos.
De modo que, ante este vacío normativo es viable acudir a lo dispuesto en el régimen
general de carrera administrativa en los aspectos relacionados con la terminación de
los nombramientos en provisionalidad de los servidores públicos, ya que, de
conformidad con las reglas establecidas en asuntos contencioso administrativos por
la Sección Segunda se esta Corporación9, en virtud del principio a la igualdad no es
posible que la obligación de motivar los actos de retiro solo sea exigible para aquellos
nominadores cobijados por la Ley 909 de 2004, ya que estos se encuentra en la
misma situación fáctica que aquellos que hacen parte del régimen especial, razón
por la cual deben aplicarse los mismos criterios a todo el sistema de mérito, más aún
cuando los nombramientos en provisionalidad del régimen especial se hacen sobre
un cargo que por su naturaleza es de carrera.
13.- Por último, la Sala considera que la violación directa de la constitución alegada
por la entidad accionante también carece de carga argumentativa. Al respecto, la
parte actora señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en este defecto, en
términos generales, al no tener en cuenta que los artículos 29 y 230 superiores
obligan a interpretar debidamente lo previsto en la Ley 1350 de 2009.
13.1.- Sobre la violación directa de la Constitución como causal específica de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, la jurisprudencia
constitucional ha sostenido que se configura cuando: a) en la solución del caso se
deja de interpretar y aplicar una disposición legal, de conformidad con el precedente
constitucional; b) se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de
aplicación inmediata; y, c) si el juez encuentra, deduce o se le interpela sobre una
9 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda - Subsección “B”;
Sentencia de 18 de marzo de 2015, Expediente No. 250002325000200602680-02.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03191-01
Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
norma incompatible con la Constitución, y no aplica las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales.
En resumen, la violación directa de la Constitución como causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial busca reafirmar el
carácter normativo de la Constitución y su posición predominante en el ordenamiento
jurídico, lo que implica que, al resolver las controversias las autoridades judiciales
tienen el deber de aplicar directamente la Constitución.
13.2.- Visto lo anterior, la Sala observa que el cargo propuesto carece por completo
de suficiencia argumentativa ya que la parte actora se limitó a señalar que la
sentencia enjuiciada es contraria a la Constitución porque violó su derecho al debido
proceso (artículo 29); además, porque no tuvo en cuenta el artículo 230 que
establece que los jueces deben someterse a la ley al dictar sus providencias, ni el
artículo 266 en el que se estableció el régimen especial de la Registraduría.
13.3.- Es importante señalar que en aquellos casos en los que se alega la
configuración del defecto por violación directa de la Constitución, corresponde a los
accionantes señalar de manera clara las normas que consagran un derecho
fundamental de aplicación inmediata, que no fueron aplicadas por la autoridad
judicial accionada o demostrar que la aplicación de una norma se realizó al margen
de la Constitución, es decir, que en el fallo atacado se efectuó una interpretación de
la norma que no guarda armonía con el texto constitucional, requerimientos que no
se cumplen en el caso sub examine.
14.- En este punto, cabe recordar que el respeto al principio de autonomía judicial
impide al juez de tutela inmiscuirse en controversias interpretativas, pues su
competencia, según lo referido por la Corte en la sentencia T-416 de 2016, “se activa
únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación decisoria
convierte la providencia en un acto de voluntad del juez, es decir, en una
arbitrariedad”, evento que no se avizora en el sub examine, puesto que el Tribunal
justificó de manera razonada su decisión.
15.- Visto lo anterior, estima la Sala que las presuntas deficiencias alegadas respecto
de la decisión adoptada dentro del proceso de reparación directa responden, en
realidad, a una mera discrepancia valorativa sobre el resultado desfavorable del
proceso que no es susceptible de admitirse como una causal de procedibilidad
especial, pues siempre que se trate de interpretaciones diversas y razonables, es el
juez natural el llamado a fijar aquella que mejor se ajuste al caso de que se trate,
conforme a los criterios de la sana crítica y en virtud de su autonomía e
independencia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03191-01
Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
16.- Debe señalarse que la jurisprudencia constitucional no ha considerado factible
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando éstas se
fundamentan en un determinado criterio jurídico, en una razonable interpretación de
las normas que son aplicables a la causa y en una valoración adecuada de las
pruebas allegadas, ya que de no ser ello así, habría una intromisión arbitraria del
juez de tutela que menoscabaría de manera grave los principios constitucionales de
autonomía e independencia judicial, y en éstos al del juez natural, los cuales, en
forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley -sustancial y procesal-.
17.- Insiste también esta Sala en que los derechos, expectativas e intereses que se
llevan al conocimiento de la judicatura, de cara a la preexistencia de un conflicto, la
mayoría de las veces están desprovistos de una connotación iusfundamental, por lo
que sólo resulta admisible que se abra paso la acción de tutela cuando la labor del
juez se proyecta como afrenta al derecho de acceso a la administración de justicia,
que se presenta como emanación directa del derecho al debido proceso, asunto
que, como ya se vio, no se reduce a la discrepancia de criterios entre la decisión
judicial y la de la parte que no resulta favorecida con ella, pues en esta materia asiste
al operador judicial la importante tarea de aplicar y definir el derecho, justamente en
aplicación y desarrollo de la anterior premisa.
18.- De esta manera, esta Sala considera que la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas no comporta una actuación arbitraria o abusiva y, por el
contrario, encuentra que la misma fue proferida dentro del marco de la sana crítica,
autonomía e independencia judicial, con una carga argumentativa válida y
razonable, sustentándose en disposiciones claramente aplicables al caso en
concreto, sin que pueda decirse que la decisión vulnera derechos fundamentales de
la parte actora.
19.- Por lo expuesto anteriormente, la acción de tutela que se examina se torna
improcedente, al no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional. Por
lo tanto, esta Sala revocará la sentencia de 28 de julio de 2022, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.
20.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III.- F A L L A
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 28 de julio de 2022, por la Sección
Quinta del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR improcedente la acción
de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03191-01
Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE10
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
10
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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