Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03205-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03205-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-03205-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
14 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03205-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JOSÉ GUILLERMO ROA SARMIENTO
TESIS: DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
CARECER DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LO PRETENDIDO POR EL ACTOR ES CREAR
UNA INSTANCIA ADICIONAL DE UN ASUNTO YA ZANJADO,
ADEMÁS, NO SE ARGUMENTÓ EN QUE FORMA LA SECCIÓN TERCERA
VULNERÓ SUS DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS. LA
DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN ENDILGADA ESTÁ ENCAMINADA A
DEMOSTRAR UNA FALTA DE CONGRUENCIA EN LA SENTENCIA,
PARA LO CUAL EL ACTOR TIENE A SU DISPOSICIÓN EL RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, POR LO QUE TAMPOCO SE
CUMPLE CON EL REQUISITO DE LA SUBSIDIARIDAD.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO
DE ESTADO1.
1 En adelante la Sección Tercera.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03205-00
Actor: José Guillermo Roa Sarmiento.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor JOSÉ GUILLERMO ROA SARMIENTO, actuando en
nombre propio y en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados
por la SECCIÓN TERCERA al proferir la providencia de 4 de marzo
de 2022, dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 25000-23-36-000-
2018-00369-01.
I.2. Hechos
Indicó que promovió demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Nación – Rama Judicial, a fin de que se
declarara patrimonialmente responsable por error judicial en el que
habrían incurrido el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogotá y la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá dentro del proceso
ejecutivo hipotecario identificado con el número único de radicación
1164-95 que, mediante proveídos de 1o. de marzo y 19 de
noviembre de 2002, lo despojó arbitraria e ilegalmente de un
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03205-00
Actor: José Guillermo Roa Sarmiento.
inmueble, sin observancia del debido proceso.
Adujo que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 2004-00410-00 y correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, en sentencia de 12 de julio de
2007, declaró responsable a la demandada por error judicial, por lo
que la condenó al pago de $64’332.028, decisión que fue confirmada
por la Sección Tercera -Subsección “C”- del Consejo de Estado a
través de providencia de 16 de mayo de 2016, por medio de la cual
se limitó a actualizar la condena impuesta, operación que arrojó la
suma de $91’779.055, denegando las demás pretensiones de la
demanda.
Relató que, inconforme con lo anterior, promovió acción de tutela
contra la Sección Tercera -Subsección “C”- del Consejo de Estado, a
la cual le fue asignado el número único de radicación 2016-3336-00
y correspondió por reparto a la Sección Cuarta del Consejo de Estado
que, mediante sentencia de 16 de noviembre de 2016, denegó el
amparo solicitado, decisión confirmada el 6 de abril de 2017 por la
Sección Quinta esta Corporación.
Manifestó que mediante auto de 15 de mayo de 2017, la Corte
Constitucional decidió no seleccionar el asunto para revisión.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03205-00
Actor: José Guillermo Roa Sarmiento.
Refirió que, por lo anterior, promovió nuevamente demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación
– Rama Judicial, con el fin de que se declarara que las decisiones
proferidas por las Secciones Tercera -Subsección “C”-, Cuarta y
Quinta del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, incurrieron
en error judicial, por falta de valoración normativa y motivación al no
conceder la indemnización total solicitada.
Expresó que a la anterior demanda le fue asignado el número único
de radicación 2018-00369-00 y fue conocida en primera instancia por
la Sección Tercera -Subsección “C”- del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que, en providencia de 21 de abril de 2021, denegó
las pretensiones al estimar que las autoridades judiciales accionadas
no incurrieron en error judicial alguno.
Expuso que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de
apelación que fue desatado por la Sección Tercera que, en sentencia
de 4 de marzo de 2022, confirmó la decisión del a quo, al estimar
que la demanda carecía de los argumentos necesarios que
permitieran demostrar que se incurrió en error judicial, además, que
lo pretendido era crear una instancia adicional con inconformidades
que ya habían sido objeto de pronunciamiento en otras instancias
judiciales.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03205-00
Actor: José Guillermo Roa Sarmiento.
I.3 Fundamentos de la solicitud
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente judicial
y decisión sin motivación, comoquiera que se abstuvo de analizar el
error judicial puesto de presente dentro de la demanda de reparación
directa.
Arguyó que en la providencia acusada se pasó por alto que la
sentencia de 16 de mayo de 2016, que actualizó la condena, se
soportó en un avalúo practicado al inmueble en el año 2004, por lo
que de conformidad con el principio de reparación integral, no era
justo que se le indemnizara con una cantidad que no correspondía al
valor real del inmueble, máxime cuando ello fue producto de un error
judicial.
Sostuvo que en el asunto se dejó de decretar la justa indemnización
integral de que trata el artículo 16 de la Ley 446 de 7 de agosto de
19982, de tal forma que la simple liquidación de los perjuicios a partir
de las pruebas allegadas, sin haber decretado de oficio las pruebas
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“Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651
de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley
23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código
Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y
acceso a la justicia.”.
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Actor: José Guillermo Roa Sarmiento.
necesarias, resulta abiertamente arbitrario e ilegal, comoquiera que
era deber del juez decretar las pruebas que considerara pertinentes,
de conformidad con lo ordenado por la jurisprudencia y la normativa.
Añadió que, contrario a lo afirmado por la Sección Tercera, sí cumplió
con la carga argumentativa suficiente para demostrar el error
judicial, tan es así que la demanda presentada dentro del medio de
control de reparación directa indicaba con claridad las falencias en
las que incurrió la Rama Judicial, y de las cuales era dable derivar la
vulneración de sus derechos fundamentales, pues de otra forma, la
misma no habría sido admitida, por lo que los argumentos expuestos
en la sentencia acusada son inaceptables y deniegan su acceso a la
administración de justicia y a una reparación justa e integral.
Manifestó que resulta abiertamente injusto que a una persona la
justicia le arrebate ilegalmente su vivienda bajo errores judiciales y
lo indemnice con una suma que no corresponde con el valor real del
inmueble, lo que deja en evidencia la abrumante injusticia de la que
ha sido víctima durante más de 12 años.
Finalmente, refirió que la sentencia acusada carece de motivación,
pues se limitó a denegar las pretensiones de la demanda, sin analizar
de fondo el error judicial puesto en conocimiento.
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Actor: José Guillermo Roa Sarmiento.
I.4. Pretensiones
La parte actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia:
“[…] ordenándole a la Honorable Sección 3ra, Subsección A del
Consejo de Estado proferir otra que supere los defectos atrás
referidos, teniendo en cuenta los precedentes y normas aplicables
al asunto antes comentadas, observando el art. 55 de la Ley 270
de 1996 y los deberes de transparencia, suficiencia argumentativa
y seguridad jurídica referidos por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-055 de 2018, entre otras […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- La Sección Tercera sostuvo que la competencia para
pronunciarse en el asunto, como juez de segunda instancia, no era
plena, sino que estaba sujeta a los argumentos de inconformidad
invocados en el recurso de apelación, los cuales fueron estudiados
en su totalidad, por lo que la admisión de la demanda no le impedía
llegar a la conclusión de que el actor no cumplió con la carga de
argumentación clara y precisa para que se declarara la
responsabilidad del Estado por error judicial.
Resaltó que el hecho de interponer una demanda y que la misma sea
admitida, no implica, de ninguna manera, que la decisión de fondo
sea favorable a los intereses del actor.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03205-00
Actor: José Guillermo Roa Sarmiento.
Refirió que en la providencia acusada se dejó claridad en que la
insistencia de los alegatos del actor lo que ponía de presente era que
pretendía una suerte de instancia adicional y que el proceso por error
judicial no tenía vocación de constituirse en una tercera instancia, lo
cual ocurre en esta oportunidad, pues con esta solicitud de amparo
el señor ROA SARMIENTO pretende que se revivan etapas
procesales debidamente clausuradas y que se analicen nuevamente
los argumentos que planteó en otra oportunidad.
Así las cosas, señaló que no se generó afectación a los derechos
fundamentales invocados y que la presente acción de tutela carece
del requisito de relevancia constitucional, en tanto que este
mecanismo constitucional no puede convertirse en una instancia
adicional.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- La Sección Tercera, Subsección “C” del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca se limitó a rendir un informe
sobre el trámite surtido dentro del proceso de reparación directa
objeto de debate, sin realizar pronunciamiento alguno sobre el fondo
del asunto.
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Actor: José Guillermo Roa Sarmiento.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03205-00
Actor: José Guillermo Roa Sarmiento.
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
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Actor: José Guillermo Roa Sarmiento.
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa
de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la
acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias
de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03205-00
Actor: José Guillermo Roa Sarmiento.
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
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Actor: José Guillermo Roa Sarmiento.
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se deje sin efecto la providencia de 4 de marzo de 2022,
proferida por la SECCIÓN TERCERA, por medio de la cual confirmó
la decisión de denegar las pretensiones de la demanda dentro del
medio de reparación directa identificado con el número único de
radicación 2018-00369-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, habida cuenta que, a juicio del actor, la autoridad judicial
accionada incurrió en los defectos sustantivo, fáctico,
desconocimiento del precedente judicial y decisión sin motivación,
comoquiera que se abstuvo de analizar el error judicial puesto de
presente dentro de la demanda de reparación directa.
Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si la Sección
Tercera vulneró los derechos fundamentales invocados al proferir la
providencia de 4 de marzo de 2022.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03205-00
Actor: José Guillermo Roa Sarmiento.
Conforme con lo anterior, la Sala entrará a examinar el cumplimiento
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en especial, los requisitos de
relevancia constitucional y subsidiariedad.
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación3, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene
dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces
(artículos 228 y 230 de la Carta)”; por otro, evita que la acción
de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”.
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios.
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de
radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03205-00
Actor: José Guillermo Roa Sarmiento.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del
actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de
relevancia constitucional por la afección de sus derechos
fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional.
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no
puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida
para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial
que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de
relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que
se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una
cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en
cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a
una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios,
es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras
palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un
asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad. Si bien no
siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional
de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha
sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de
diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los
antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de
1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al
debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y
que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03205-00
Actor: José Guillermo Roa Sarmiento.
es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente
debido proceso.
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29
CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas
de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías
esenciales son el derecho al juez natural; el derecho a presentar y
controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el
derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en
el proceso penal; el principio de predeterminación de las reglas
procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad de
los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios
secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos y
arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa y
contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de
manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales impone un estudio riguroso de los requisitos de
procedibilidad y de prosperidad de la acción, más cuando se
trata de atacar las providencias de las altas Cortes, tal como
lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917
de 2013. […]” (Destacado fuera del texto).
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03205-00
Actor: José Guillermo Roa Sarmiento.
En el caso bajo examen, la solicitud de tutela se fundamentó de la
siguiente forma:
“[…] Dicha decisión fue producto de vía de hecho judicial y de
graves defectos, entre otros: SUSTANCIAL O NORMATIVO,
FÁCTICO, DESCONOCIMIENTO DE LOS PRECEDENTES
APLICABLES, DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN, DENEGACIÓN DE
JUSTICIA EN TANTO BAJO CAUSAL PROPIA DE UNA INADMISIÓN
LA SENTENCIA SE RESISTIÓ A ANALIZAR LA RESPONSABILIDAD
DEMANDADA, LO QUE EN LA PRÁCTICA IMPLICÓ UNA INJUSTA Y
POR ENDE ILEGAL INHIBICIÓN EN ESE ÍTEM, defectos que en
nuestro criterio hacen próspero el amparo, por lo siguiente:
[…]
Bajado el citado principio al caso en concreto, se tiene que si
ilegalmente se me quitó un apartamento –una cosa o bien
inmueble-, lo justo era que al reconocer esa Corporación en la
sentencia 16 de mayo de 2016 el error judicial en que incurrió la
justicia civil me colocará en una situación patrimonial sino igual sí
similar, esto es, que me indemnizará con una suma que me
permitiera al menos poder adquirir un apartamento o bien similar
al que ilegalmente sacó de mi patrimonio, pues de no
indemnizarme de esa manera la indemnización no sería integral.
Y eso fue lo que sucedió en la referida sentencia de 16 de mayo de
2016 proferida en la ARD No. 25000232600020040041000 donde
solo se me indemnizó (i) con $91.779.055 por concepto de
perjuicios materiales, año para el cual el inmueble tenía un avalúo
comercial de $193´760.000 según dictamen pericial que se anexó
como prueba, valor muy superior –más del 120%- a la condena
judicial, y a su vez inferior al avalúo catastral que tenía en ese año
de $125´978.000, y (ii) CERO PESOS por lucro cesante del
apartamento, y ahí el motivo por el cual presenté la ARD No.
25000233600020180036901 (67.841), donde se profirió la
sentencia hoy tutelada de 4 de marzo de 2022.
[…]
La sentencia tutelada no vio que la de 16 de mayo de 2016 que
modificó y confirmó la de 12 de julio de 2007 del Tribunal, (i) se
soportó en un avalúo practicado al apartamento en el año 2004 en
el proceso ejecutivo, y (ii) que no apreció debidamente, incurriendo
en defecto valorativo, que en dicho año la justicia NO EXTRAJO O
SACÓ de mi patrimonio la cantidad de $55.000.000 de pesos
colombianos sino un inmueble consistente en un apartamento, por
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lo que en virtud al principio de reparación integral, no era JUSTO
que se me indemnizará con dicha cantidad de pesos actualizada
bajo el IPC sino con el valor real del inmueble, pues esa era la única
forma que me colocaría en una situación patrimonial similar a la
que tenía antes de recibir el perjuicio.
Es que, Señores Consejeros, en términos justos y respetuosos, es
profunda la diferencia que existe que a alguien le quiten un
apartamento y lo indemnicen con una suma en pesos que no
alcance ni para comprarlo en obra negra, o ejemplificando, que le
quiten un vehículo y lo indemnicen con una suma que solo alcance
para comprar una carretilla. Eso es abiertamente injusto y no es
indemnizar en forma integral.
Eso no lo ha querido entender la Justicia, hasta ahora. Mi
reclamación es absolutamente JUSTA, pues con $91.779.055 que
me otorgaron de indemnización en el año 2016 teniendo como base
el avalúo del 2004, no se compra ni el 40% del apartamento que
bajo errores judiciales se sacó de mi patrimonio, pues como
pericialmente se demostró, el valor comercial de uno similar era de
$193´760.000.
[…]
Sin embargo, para la sentencia tutelada, la sola afirmación relativa
a los 12 años que transcurrieron en los términos ya referidos, era
“…insuficiente para que se configuren los elementos de la
responsabilidad del Estado por error jurisdiccional, pues, como ya
se explicó, el interesado tiene que cumplir con la carga, no solo de
señalar las normas que se consideran como transgredidas sino de
explicar, con claridad, precisión y suficiente argumentación, la
forma en que ello ocurrió, por cuanto este proceso de reparación
directa no tiene por objeto que el juez realice un nuevo análisis,
sin limitaciones, de la providencia cuestionada” , lo que no resulta
de recibo en el Estado Social de Derecho que nos regula en los
términos ya referidos, en particular, las referidas al deber del art.
283 del CGG y al principio de reparación integral del art. 16 de la
ley 446 de 1998, en tanto ambos consagran puros y absolutos
deberes y no meras facultades al Juez, que no son lo mismo pero
que la sentencia tutelada trató sin alinderar debidamente y en sus
precisos contornos legislativos.
[…]
En ese orden, claro es que la sentencia negó este error
INMOTIVADAMENTE pues no vio que la “carga de suficiencia” que
echó de menos sí estaba contenida en la demanda,
estructurándose un grave defecto de motivación o, en otros
términos, resultando ser, en este ítem, una decisión sin motivación,
causal por la que las Altas Cortes han anulado innumerables
decisiones, como buen ejemplo, es la sentencia 2004-00729 de 29-
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08-200816, en la que la Sala de Casación Civil de la CSJ realizó un
extenso recuento de los casos que se han presentado, que omito
transcribir en gracia a la brevedad, pero donde se lee que “…resulta
indiscutible que la motivación de las sentencias es inherente al
debido proceso…”, exigencia que igualmente debe predicarse de los
fallos de tutela.
[…]
La decisión tutelada incurrió en graves defectos al autoliberarse de
analizar adecuada y debidamente el fondo de la responsabilidad
demandada por error judicial echando mano de una precisa y
concreta causal de inadmisión de la demanda manifestando en
remate, que “…la parte actora se limitó a señalar y reafirmar su
inconformidad con la indemnización de perjuicios que concedió la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, sin
esforzarse por cumplir con la carga de argumentación clara y
precisa que debe contener toda demanda en la que se pretende la
declaratoria de responsabilidad por error jurisdiccional”, y que, “Por
lo expuesto, la Sala confirmará el fallo de primera instancia, que
negó las pretensiones de la demanda”.
Si la demanda no era clara y precisa, no debería de haber sido
admitida sino inadmitida para que se subsanara; pero utilizar,
dicho argumento para negar un análisis sobre la responsabilidad
demandada al momento de sentenciar en segunda instancia, es
altamente inaceptable por ser totalmente contrario a la misión y
visión de la propia Rama Judicial. Es, en síntesis, denegar justicia
y violentar la legítima expectativa que cualquier auto admisorio de
una demanda genera en los usuarios de que sus pretensiones
recibirán una decisión de fondo […]
La Sala ha discurrido respecto de la ausencia de carga argumentativa
que cuando se alegue defecto alguno, no basta con que el actor haga
una narración de los hechos ocurridos con anterioridad a que fueran
proferidas las providencias cuestionadas, sino que debe identificar de
forma clara y expresa en qué consistió la presunta vulneración.
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De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de “evidente relevancia constitucional”.
Bajo esa expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que
la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada
como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar
los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo
no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es
necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal
que “sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela”.5
Conforme con lo anterior, la Sala advierte que, en efecto, en el escrito
introductorio el actor se limitó a afirmar que la providencia
cuestionada adolece de los defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial, sin especificar
concretamente de qué forma se configuraron dichos yerros en la
providencia acusada.
4 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
5 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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Además, la Sala advierte que las inconformidades descritas por la
parte actora pretenden retrotraer asuntos que fueron objeto de
análisis por el Juez de lo Contencioso Administrativo, sin que se
evidencie relevancia constitucional que permita estudiar el fondo del
asunto, toda vez que la fundamentación de tales defectos está
encaminada a controvertir las conclusiones a las que arribó la Sección
Tercera respecto del presunto error judicial.
Esta Sala en reiteradas oportunidades, entre otras, mediante
sentencia de 28 de febrero de 20196, sostuvo que aun cuando la
acción de tutela se caracteriza por su informalidad, a los accionantes
les corresponde argumentar, al menos, de forma sucinta, en qué
forma la autoridad judicial incurrió en algún defecto al proferir la
providencia con la cual estiman vulnerados sus derechos
fundamentales.
Así las cosas, la Sala encuentra que los argumentos en los cuales
fundamentó la acción de tutela el actor, no permiten abordar un
estudio constitucional del mismo, máxime si se tiene en cuenta que
los mismos ya habían sido puestos en consideración de la Sección
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
28 de febrero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, identificada con número único de
radicación 11001-03-15-000-2018-03615-01.
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Tercera dentro del proceso de reparación directa cuestionado, por
lo que claramente lo pretendido con esta acción constitucional, es
reabrir un debate que ya se surtió por el juez natural del asunto.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que no se cumple con el
requisito de relevancia constitucional, no solo porque el actor no
cumplió con el mínimo de carga argumentativa para explicar la
configuración de los defectos endilgados, sino en particular, porque
pretende que en sede de tutela se estudien las razones y
fundamentos de la demanda de reparación directa que dio lugar a la
providencia cuestionada, lo que torna la acción de tutela
improcedente, pues este mecanismo no está instituido para ser
ejercido como una instancia adicional a las establecidas por el
legislador en los procesos ordinarios.
Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado
improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no
resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que el
único fin del interesado ha sido reabrir un debate judicial ya
clausurado. Tal fue el caso de la providencia de 29 de agosto de
20187, en la que se sostuvo:
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número
único de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
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“[…] En torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en el
argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B” del
Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual indicó
de manera clara, que se trataba de un punto nuevo que no
había sido presentado en su momento en el escrito de
apelación, por lo que el recurso extraordinario no estaba
diseñado para convertirse en una tercera instancia. Y se
tiene que estos argumentos resultan válidos y razonables.
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que sea
de verdadera relevancia constitucional que conlleve la presunta
trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino la
reiteración de planteamientos que, por lo menos en sede de
revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que no pueden
volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues esta acción
constitucional tiene por objeto la protección inmediata de
derechos de rango fundamental que se encuentren
vulnerados, lo cual no sucede en este caso […]” (Destacado
fuera del texto).
Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 20178, se indicó:
“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no se
cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual genera
que la solicitud de amparo tutelar se torne improcedente,
toda vez que lo pretendido por la parte actora es reabrir
nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre cuestiones
estrictamente legales que ya fueron discutidas y falladas en el
trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con
radicado No. 11001-33-31-015-2011-00427-00, por parte
de los jueces de dicha causa, con pleno desconocimiento de
que el objeto del juicio de amparo constitucional no es otro
que la defensa de los derechos fundamentales y no la
revisión de la legalidad de las decisiones de la justicia
ordinaria […]”.(Destacado fuera del texto)
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número
único de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato
Valdés.
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Significa lo precedente que el actor tenía el deber de sustentar desde
la órbita constitucional los motivos por los cuales estimó que sus
derechos fundamentales fueron transgredidos con ocasión de la
providencia cuestionada, pues no resulta admisible que haga uso de
esta acción por el simple hecho de que las decisiones judiciales
fueron adversas a sus intereses, pretendiendo que en sede de tutela
se estudien las razones y fundamentos conforme a los cuales
sustentó el recurso de apelación que interpuso en el trámite del
proceso ordinario, por lo cual, la presente acción de tutela resultaría
improcedente por carencia del requisito de relevancia constitucional.
Así las cosas y comoquiera que, la Sala advierte que el escrito de
tutela carece de la argumentación que permita al juez constitucional
estudiar en concreto la inconformidad del actor, es menester precisar
que dicha falencia argumentativa no puede ser suplida por el juez de
tutela, habida cuenta que, si bien es cierto que, la acción de tutela
se caracteriza por la flexibilización de formalidades que impidan la
garantía de los derechos fundamentales, en tratándose de
cuestionamientos dirigidos contra providencias judiciales, es exigible
un mínimo de argumentación que habilite un examen de fondo sobre
actuaciones que han hecho tránsito a cosa juzgada, al ser proferidas
por autoridades investidas de competencia en procesos que ofrecen
los medios para proteger las garantías constitucionales, máxime si
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no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable.
Ahora, en cuanto a la decisión sin motivación endilgada, la Sala
encuentra que está encaminada a demostrar una falta de
congruencia en la sentencia, para lo cual la parte actora tiene a su
disposición el recurso extraordinario de revisión de conformidad con
la causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437
de 18 de enero de 20119, esto es, por presuntamente existir una
nulidad en la sentencia acusada.
Lo anterior, porque dicho argumento está encaminado a demostrar
una falta de congruencia en la providencia cuestionada, relativa a
una falta de consonancia entre los argumentos expuestos, las
normas dispuestas para el asunto y los hechos probados al interior
del proceso, situación que debe ser discutida mediante el ejercicio
del recurso extraordinario de revisión aludido por la causal en
mención.
Respecto al recurso extraordinario de revisión y, particularmente,
frente a la causal establecida en la causal 5 de la aludida norma, la
Sala Plena de lo Contencioso administrativo de esta Corporación10 ha
9
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
10
Consejo de Estado, Sala Plena de los Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de noviembre de
2016, C.P Sandra Lisset Ibarra Vélez, número único de radicación 11001031500020120023000.
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señalado diferentes circunstancias que pueden conllevar la
configuración de una nulidad en la sentencia que pone fin a un
proceso ordinario, seguido ante esta jurisdicción, en los siguientes
términos:
“[…] Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
Para que se configure esta causal resulta necesario que el vicio se
genere en el preciso momento en que se dicta la sentencia objeto
de censura contra la cual no procede el recurso de apelación, pues
si se trata de un reclamo acaecido en una etapa previa a ésta, no
tendrá cabida el recurso extraordinario de revisión, salvo, que se
trate de circunstancias que aunque ocurrieron con anterioridad a
esta etapa procesal no pudieron ser advertidas por el recurrente
que solo las conoció con la sentencia. Lo contrario, equivaldría a
permitir que el mencionado recurso se convierta en una
oportunidad para subsanar la incuria o desidia en que las partes
incurrieron en el trámite del proceso ordinario al no proponer las
nulidades del caso de acuerdo con las reglas de oportunidad
previstas en el artículo 142 del C.P.C, o para proponer nulidades
que quedaron saneadas en los términos del artículo 144 ib.
Ahora bien, sobre los supuestos que dan origen a esta causal, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha señalado los
siguientes:
a. Dictarse sentencia a pesar de la terminación previa del proceso
por desistimiento, transacción o perención, porque con esto se
revive un proceso legalmente concluido.
b. Dictarse sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido.
c. Dictarse sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión,
por la firma de más, o menos jueces de los requeridos legalmente.
d. Pretermitir la instancia, por ejemplo: i) al proferir una
sentencia sin motivación o ii) violar el principio de la non
reformatio in pejus [como cuando se condena al demandado
por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en
la demanda o por causa distinta a la invocada].
e. Decidir aspectos que no corresponden, por falta de jurisdicción
o competencia del juez.
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En resumen, puede decirse que las causales de nulidad de las
sentencias están enmarcadas en dos grupos a saber, el compuesto
por las irregularidades originadas en vicios que constituyen causal
de nulidad del proceso y solo pudieron ser advertidos en la
sentencia y, las relativas a los vicios que contiene la sentencia.
Finalmente debe recordarse que la carga probatoria del recurso
frente a la causal corresponde de manera íntegra al recurrente […]”
(Resaltado fuera del texto).
Conforme con la jurisprudencia en cita, es dable concluir que la
incongruencia de una sentencia, por no guardar consonancia con los
hechos, las pruebas y la normativa expuesta en el debate sometido
a consideración de la Sección Tercera, conllevaría que tal situación
sea sujeta a control judicial mediante el ejercicio del recurso
extraordinario de revisión, en los términos aludidos.
En el caso bajo estudio, el accionante no ha agotado el recurso
extraordinario de revisión, siendo este el mecanismo idóneo para que
sea discutida la presunta falta de congruencia que predica frente a la
providencia de 4 de marzo de 2022.
En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente
asunto no se invocó ni acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable, que permita de manera excepcional proceder al análisis
de la acción constitucional, la Sala concluye que tales
inconformidades carecen de los requisitos generales de relevancia
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constitucional y subsidiaridad, razón por la que se declarará su
improcedencia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva
de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela por
incumplimiento de los requisitos generales de relevancia
constitucional y subsidiaridad, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
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CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de julio de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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