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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03212-01

Fecha
12 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03212-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar parcialmente la sentencia del 29 de julio de 2022, que dictó el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en cuando declaró improcedente la acción respecto de la providencia del 3 de agosto de 2021, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado; y modificarla, en el sentido de negar el amparo que solicita el señor Luis Alberto Olmos Mier en lo concerniente a la vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia con la decisión del 15 de diciembre de 2021, conforme a la parte considerativa que antecede. Segundo. Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-03212-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

12 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2022 03212 01
Demandante: Luis Alberto Olmos Mier y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

Temas: Tutela contra providencia judicial. Auto que se abstuvo de abrir incidente
de desacato.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia
del 29 de julio de 2022, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, declaró improcedente la solicitud de amparo.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

El señor Luis Alberto Olmos Mier promueve acción de tutela contra las providencias
del 3 de agosto y del 15 de diciembre de 2021, dictadas por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B.

1.2. Pretensiones

El accionante formula las siguientes súplicas:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 03212 01
Demandante: Luis Alberto Olmos Mier y otro

PRIMERA.- Se me ampare el derecho fundamental al debido proceso, y el acceso a
la administración de justicia.

SEGUNDA.- Que se declare la APERTURA al INCIDENTE DE DESACATO, tal cual, lo ha
solicitado el M.P. Milton Chaves García en su AUTO DE REMITE POR COMPETENCIA
del 29 de noviembre de 2021.

TERCERA.- Que, se le dé continuidad al DEBIDO PROCESO. (sic) Y se dicte sentencia
de fondo como lo ordena la ley en sentencia T-713/13, tal cual su contenido de
texto:

1. EL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA-Está facultado para proferir decisión de fondo en
fallo inhibitorio del a quo.

2. EL ORDENAMIENTO JURÍDICO brinda la facultad a los jueces de segunda instancia
de proferir sentencias de mérito en caso de que lo encuentren necesario luego de
desestimar la inhibición del a quo.

1.3. Hechos de la solicitud

Del confuso escrito de tutela se extrae lo siguiente:

i) El 18 de abril de 2001, los señores Luis Alberto Olmos Mier y César Tulio Jaraba
Yepes adquirieron el predio ubicado en el anillo vial de Girón (Santander), identificado
con la matrícula inmobiliaria 300 277626 y cédula catastral 01 01 04 0266 001 000,
con el ánimo de desarrollar la actividad industrial de producción de grasas y lubricantes
automotrices.

ii) El 15 de febrero de 2008, interpusieron acción de reparación directa ante el
Tribunal Administrativo de Santander contra la Corporación de Defensa de la Meseta
de Bucaramanga (CDMB) y el municipio de Girón (Santander), proceso al que le
correspondió el radicado 68001 23 31 000 2008 00104 01, para que los declararan
administrativamente responsables de los perjuicios derivados de la modificación del
Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que cambió el uso industrial del suelo del
predio a residencial y forestal, con lo que causó la depreciación del inmueble, que
según el perito estaba avaluado en la suma de $ 1.180.000.000, y ahora su valor
comercial es de «cero pesos».

iii) El 25 de julio de 2013, el Tribunal dictó sentencia declarando la caducidad del
medio de control, providencia que fue confirmada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, mediante fallo del 26 de agosto de 2019.

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Demandante: Luis Alberto Olmos Mier y otro

iv) El 10 de junio de 2020, presentó acción de tutela en contra de la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, a la que se le asignó la radicación 11001
03 15 000 2020 02360 00, con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, toda vez que, en la
providencia del 26 de agosto de 2019 se incurrió en los defectos fáctico y sustantivo.

v) El 3 de julio de 2020, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
concedió el amparo invocado; en consecuencia, dejó sin efectos la sentencia de
segunda instancia del proceso de reparación directa, debido a que no se allegó prueba
de la publicación del POT de 2001; por tanto, no se podía considerar que surtía efectos
a partir de su adopción, ya que según el artículo 43 del Código Contencioso
Administrativo los actos de carácter general tienen como requisito de vigencia la
publicidad.

vi) El 18 de diciembre de 2020, la Subsección C de la Sección Tercera con ponencia
del magistrado Guillermo Sánchez Luque emitió fallo inhibitorio de reemplazo, decisión
con la que violó el debido proceso y desobedeció la orden proferida en el fallo del 3 de
julio de 2020.

vii) El 1.º de junio de 2021, formuló incidente de desacato en el que señaló que la
autoridad judicial accionada no cumplió con las órdenes impartidas en la sentencia de
tutela que dictó el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

viii) El 3 de agosto de 2021, el magistrado Martín Bermúdez Muñoz se abstuvo de abrir
incidente en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. El 24 de
agosto de 2021, se concedió la impugnación que impetró el 11 de agosto de 2021
contra el aludido proveído, la cual fue declarada improcedente mediante auto del 1.º
de octubre de 2021,1 dictado por la Sección Cuarta de esta corporación.

ix) El 17 de noviembre de 2021, ante la negativa de darle trámite o apertura al

1 Como lo señaló la primera instancia a esta decisión no hizo referencia el accionante; por ello, efectuó

consulta en el sistema Samái para establecer el trámite que se dio al «recurso» impetrado por el señor
Luis Alberto Olmos Mier.

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Demandante: Luis Alberto Olmos Mier y otro

incidente de desacato incoado el 1.º de junio de 2021, porque no se acataron las
órdenes impartidas en el fallo del 3 de julio de 2020 ni con lo dispuesto en la decisión
de segunda instancia del 10 de septiembre de 2020, presentó nuevamente solicitud
ante el despacho del magistrado Milton Chaves García.

x) El 29 de noviembre de 2021, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, profirió auto
mediante el que «consciente de la violación al debido proceso por la ocurrencia del
incidente de desacato acata nuestra [petición]» y dispone remitir por competencia el
asunto al consejero Martín Bermúdez Muñoz, para que ordene la apertura del trámite
incidental.

xi) El 15 de diciembre de 2021, la Sección Tercera, Subsección B, negó la solicitud
que elevó el 17 de agosto de 2021 y ordenó que se estuviera «A LO RESUELTO en el
auto del 3 de agosto de 2021, en el cual este [d]espacho dispuso […] ABSTENERSE de
abrir el incidente de desacato, en contra del Consejo de Estado Sección Tercera
Subsección C». En esa providencia también señaló que desestimaba «la presentación
de esta y nuevas solicitudes de apertura de incidentes de desacato», actuación que
dio origen a la presente acción de tutela.

1.4. Fundamentos jurídicos

El accionante alega que con las providencias acusadas se vulneran sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por las
siguientes razones:

i) El «privilegio de lo previo» en el que se fundamentó el magistrado Guillermo
Sánchez Luque en su fallo inhibitorio del 18 de diciembre de 2020, al igual que el
consejero Bermúdez Muñoz en el auto del 15 de diciembre de 2021 que «niega [el
recurso», no son de estricto cumplimiento, porque carecen de validez jurídica, al
considerar que la acción por la que debió tramitar la demanda era la de nulidad y
restablecimiento del derecho y no la de reparación directa que impetró.

ii) De lo anterior, se puede concluir con absoluta certeza jurídica que el auto del 3 de
agosto de 2021 «no tiene validez, porque no tiene fundamento jurídico válido alguno»;

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por consiguiente, la providencia del 15 de diciembre de 2021 adolece del mismo
defecto.

iii) Así las cosas, para la protección de su derecho al debido proceso se debe dar
aplicación a lo dispuesto en la Sentencia T-713 de 2013, según la cual «1. [el juez de
segunda instancia] está facultado para proferir decisión de fondo en fallo inhibitorio del
a quo / 2. [el ordenamiento jurídico] brinda la facultad a los jueces de segunda instancia
de proferir sentencias de mérito en caso de que lo encuentren necesario luego de
desestimar la inhibición del a quo».

1.5. Actuación procesal

La acción de tutela se admitió mediante auto del 17 de junio de 2022, que se ordenó
notificar al magistrado Martín Gonzalo Bermúdez Muñoz integrante del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, como demandado.

1.6. Intervenciones

El consejero de Estado, Martín Bermúdez Muñoz manifestó que no participaría en el
presente proceso como parte ni como tercero y que acataría estrictamente las
disposiciones que se adoptaran.

1.7. La sentencia que se impugna

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante fallo del 29 de julio
de 2022, declaró improcedente el amparo deprecado, con base en las siguientes
razones:

i) Es necesario efectuar algunas precisiones con el fin de esclarecer los hechos
expuestos en la demanda, dado que algunas de las afirmaciones realizadas por el
señor Luis Alberto Olmos Mier no se encuentran ajustadas al contenido de las
providencias proferidas durante el trámite de desacato que impetró.

ii) En relación con la solicitud elevada por el accionante el 28 de junio de 2022, para

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que se vincule al magistrado Milton Chaves García no es procedente, por cuanto las
decisiones atacadas fueron proferidas por el magistrado Martín Gonzalo Bermúdez
Muñoz y porque se cuenta con la información necesaria para dictar el fallo.

iii) Así mismo, respecto de la supuesta discrepancia indicada por el accionante
referente a la apertura del incidente de desacato, entre los magistrados Martín Gonzalo
Bermúdez Muñoz y Milton Chaves García, no es cierto que este último, en providencia
del 21 (sic) de noviembre de 2021, le haya ordenado al primero la apertura del
incidente; por el contrario, lo único que hizo fue remitir, por competencia, el escrito que
presentó el 17 de noviembre de 2021, sin que la mención de la norma que lo faculta
para esto sea una solicitud de abrir el trámite incidental.

iv) Adicionalmente, se destaca que, contrario a lo aseverado por el actor, el auto
proferido el 15 de diciembre de 2021, por parte del consejero Martín Gonzalo
Bermúdez Muñoz, no tuvo como objeto negar el recurso de apelación interpuesto
contra el proveído de 3 de agosto de 2021.

v) Al verificar el contenido de esa providencia y las demás dictadas en el trámite del
incidente de desacato se pudo constatar que, el magistrado sustanciador solo resolvió
la nueva solicitud de apertura de incidente de desacato que el señor Olmos Mier
presentó el 17 de noviembre de 2021, ante la Sala Plena de esta Corporación y que,
mediante auto del 29 de noviembre de 2021, el magistrado Milton Chaves García le
remitió por ser de su competencia.

vi) Se advierte de consulta en Samái, que en el proceso con radicado 11001 03 15
000 2020 02360-03 mediante auto del 1.º de octubre de 2021, la Sección Cuarta de
esta corporación, con ponencia del magistrado Milton Chaves García, declaró
improcedente el recurso interpuesto por el accionante en contra del auto del 3 de
agosto de 2021 por el cual se abstuvo de abrir el incidente de desacato, debido a que
no todas las instituciones procesales previstas en el Código General del Proceso son
aplicables a los trámites de tutela, pues ello atentaría contra su naturaleza simplificada
y sumaria.

vii) Con base en lo anterior, se determinó que lo pretendido por la parte actora no es

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controvertir la providencia del 15 de diciembre de 2021 como argumentó, sino la
decisión emitida el 3 de agosto de 2021, a través de la cual el magistrado Martín
Gonzalo Bermúdez Muñoz se abstuvo de abrir el incidente de desacato, al punto que
una de las peticiones en la presente solicitud de amparo consiste en que se declare la
«APERTURA al INCIDENTE DE DESACATO tal cual, lo ha solicitado el M.P. Milton Chaves
García en AUTO DE REMITE POR COMPETENCIA del 29 de noviembre de 2021 y, con ello,
se ordena a la Subsección C de esta corporación que profiera una nueva sentencia,
por cuanto él considera que el medio de control procedente sí es la reparación directa».

viii) Por tanto, la providencia del 3 de agosto de 2021 es la que debe tenerse en cuenta
para efectos de verificar la inmediatez de la acción de tutela promovida por el señor
Olmos Mier, porque mediante esta decisión se negó la solicitud de apertura del
incidente de desacato, toda vez que los proveídos del 1.º de octubre, 21 (sic) de
noviembre y de 15 de diciembre de 2021, no tienen la virtualidad de extender el término
que la jurisprudencia ha fijado con el propósito de determinar el ejercicio oportuno de
la acción constitucional, ello porque la autoridad judicial accionada en dichas
providencias no tomó una decisión de fondo, y en todas se indicó que la solicitud del
accionante fue resuelta en el auto del 3 de agosto de 2021, tanto que se ordenó
«estarse a lo resuelto en dicho proveído».

ix) Así las cosas, debido a que el auto proferido por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado el 3 de agosto de 2021 fue notificado al accionante el
19 de agosto de 2021, el término de seis meses para acudir a la solicitud de amparo
debe contabilizarse a partir del 20 de agosto siguiente y culminaba el 20 de febrero de
2022; sin embargo, la demanda de tutela se presentó el 13 de abril de este año; en
consecuencia, no se cumple con el requisito de inmediatez.

1.8. Impugnación

El accionante a través de apoderado impugna la providencia anterior, y formula las
siguientes pretensiones:

PRIMERA.- Se solicita […] al magistrado que conozca la presente impugnación al
fallo de tutela, que revise y detalle los hechos fácticos planteados y así determine
configurados los presupuestos necesarios para que se REVOQUE el fallo de tutela
de fecha 29 de julio de 2022, proferido por la M.P. Marta Nubia Velásquez Rico y

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como consecuencia, se me ampare el derecho fundamental al debido proceso, y
al acceso a la administración de justicia.

SEGUNDA.- Que se declare LA APERTURA al INCIDENTE DE DESACATO tal cual, lo ha
solicitado el M.P. Milton Chaves García en AUTO DE REMITE POR COMPETENCIA del
29 de noviembre de 2021.

TERCERA.- Que, se le dé continuidad al DEBIDO PROCESO. (sic) Y se dicte sentencia
de fondo como lo ordena la ley en sentencia T-713/13, tal cual su contenido de
texto:

1. EL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA-Está facultado para proferir decisión de fondo en
fallo inhibitorio del a quo.

2. EL ORDENAMIENTO JURÍDICO brinda la facultad a los jueces de segunda instancia
de proferir sentencias de mérito en caso de que lo encuentren necesario luego de
desestimar la inhibición del a quo.

En razón a lo extenso y farragoso del escrito de impugnación se resumen como
motivos de inconformidad los siguientes:

i) En la sentencia impugnada se indica que la providencia que debió atacar en la
acción de tutela presentada el 13 de junio de 2022, es el proveído del 3 de agosto de
2021 y no el auto del 15 de diciembre de 2021, sin tener en cuenta que esa
controversia fue resuelta con el pronunciamiento efectuado el 24 de agosto de 2021,
en el que el magistrado Martín Bermúdez Muñoz concedió la impugnación que
interpuso contra el aludido proveído; por tanto, no es procedente atacarlo nuevamente,
como lo contempla la Sentencia T-474 de 2011, que establece la improcedencia de la
tutela cuando se intenta revivir un debate decidido mediante acción anterior y frente al
cual opera el fenómeno de la cosa juzgada.

ii) En razón a que transcurría el tiempo y que el magistrado ponente del auto del 3 de
agosto de 2021 no procedía acorde con su decisión del 24 de agosto de 2021, se vio
obligado a incoar nuevamente el incidente de desacato el 17 de noviembre de 2021;
lo cual dio origen a que el consejero Milton Chaves García, actuando en obediencia al
debido proceso ordenara en auto del 29 de noviembre de 2021, remitir por
competencia el asunto al juez de primera instancia.

iii) Ello significa, que, anteriormente el magistrado Martín Bermúdez Muñoz tomó una
decisión con respecto al auto del 3 de agosto de 2021, basado en la impugnación
contenida en el memorial del 11 de agosto de 2021 y, que, avaló mediante providencia

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del 24 de agosto de 2021 y ahora la reversa, apoyándose en su autonomía de juez,
pero procediendo en desobediencia a la ley; por ello, carece de validez jurídica el
proveído del 15 de diciembre de 2021, como lo establece la Corte Constitucional en
las sentencias: C-548 de 1997 y SU 072 de 2018.

iv) El pronunciamiento contenido en el auto del 15 de diciembre de 2021 constituye
una amenaza a los derechos, la protección y el amparo que le brinda la ley, al igual
que cuando se emitió el auto del 3 de agosto de 2021, por esa razón al instaurar la
acción de tutela el 13 de junio de 2022, se dio cumplimiento al requisito de inmediatez.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,2 según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Sección Tercera, Subsección A, de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso, se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea el señor
Luis Alberto Olmos Mier contra los proveídos del 3 de agosto de 2021 y del 15 de
diciembre de 2021, que profirió el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
dentro del incidente de desacato de tutela con radicación 11001 03 15 000 2020 02360
02.

2 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

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2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.

No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».

Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional3 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
convergieron en la Sentencia C-590 de 20054, donde la Corte concentró y diferenció
las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.

3T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567

de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
4Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los
derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre
que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que, para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,5 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.

Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,6 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,

expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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2.3.2. Procedencia de la acción de tutela frente a decisiones de desacato

El análisis de solicitudes de amparo donde se involucre el cuestionamiento de
decisiones adoptadas en trámites de desacato, parte del reconocimiento de que el
legislador no previó otros medios de impugnación destinados a controvertir lo resuelto
por el juez de conocimiento, en relación con la conducta desplegada de quien es el
obligado por el fallo de tutela para la satisfacción de las órdenes allí impartidas.7 Esto,
por cuanto el auto que pone fin a un incidente de desacato no es susceptible de
apelación8 y porque en casos donde la decisión consiste en sancionar al conminado,
el grado jurisdiccional de consulta se surte ―por mandato legal― de manera
obligatoria.9

En este contexto, la jurisprudencia constitucional ha dado paso a su estudio siempre
que (i) el trámite incidental haya finalizado, esto es, que el auto que le pone fin esté
debidamente ejecutoriado; (ii) que los argumentos en el trámite del incidente de
desacato y en la acción de tutela contra este sean coherentes y no se contradigan,
esto es, que no se presenten asuntos nuevos, pues el momento procesal para
argumentarlos es en el incidente de desacato, ni se pidan o presenten pruebas que no
fueron originalmente solicitadas y que el juez no estaba obligado a practicar
oficiosamente;10 y, (iii) que se reúnan las condiciones generales de procedencia de la
acción de tutela y al menos una de las causales específicas de procedibilidad para
solicitar el amparo.

Superado el examen de procedencia, el fallador constitucional debe limitarse a estudiar
(i) si se respetó el debido proceso; (ii) si el juez que decidió el incidente de desacato
se ajustó a la orden de amparo proferida, cuyo incumplimiento define; y (iii) si la
sanción impuesta ―si fuere el caso― no es arbitraria, sin que, por otra parte, pueda
reabrir el debate o decidir sobre el fondo del asunto ya fallado en la tutela, donde se

7 Corte Constitucional. Sentencia T-254 de 2014.
8 Corte Constitucional. Sentencia C-243 de 1996.
9 Corte Constitucional. Sentencia T-766 de 1998.
10 Corte Constitucional. Sentencia T-766 de 1998.

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Demandante: Luis Alberto Olmos Mier y otro

produjo el incidente de desacato que se ataca, ni cambiar la protección concedida o el
alcance y contenido de aquella.11

2.4. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:

2.4.1. El 3 de agosto de 2021, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
al resolver sobre el incidente de desacato que formuló el señor Luis Alberto Olmos
Mier el 1.º de junio de 2021, para que se ordenara el cumplimiento de la sentencia del
3 de julio de 2020, que se dictó dentro de la acción de tutela con radicado 11001 03
15 000 2020 02360 00, a través de la cual se ampararon sus derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, y que confirmó la Sección
Cuarta de esta corporación en fallo del 10 de septiembre de 2020, dispuso lo
siguiente:12

PRIMERO: ABSTENERSE de abrir el incidente de desacato, en contra del Consejo de
Estado Sección Tercera Subsección C, toda vez que está demostrado que dio
cumplimiento a lo ordenado mediante sentencia del 3 de julio de 2020, confirmada
en fallo de segunda instancia del 10 de septiembre del mismo año.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes a la dirección de correo
electrónico señalada por ellos, enviándoles copia de la decisión que se adopta y
advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso contra la misma deberán
dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico que les indique la Secretaría
General.

[…]

2.4.2. El 11 de agosto de 2021, el accionante interpuso «recurso de apelación» contra
la providencia anterior.13

2.4.3. El 24 de agosto de 2021, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, concedió la impugnación interpuesta contra el auto del 3 de agosto de 2021,

11 Corte Constitucional. Sentencia T-1113 de 2005.
12 Índice 2 y 20, del expediente electrónico.
13 Índice 20, del expediente electrónico.

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Demandante: Luis Alberto Olmos Mier y otro

mediante el que se abstuvo de abrir el incidente de desacato. En consecuencia,
ordenó se le diera el trámite de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 80 de 2019.14

2.4.4. El 1.º de octubre de 2021, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, decidió la
«apelación» formulada por el accionante contra la providencia del 3 de agosto de 2021,
en el siguiente sentido:15

1. Declarar improcedente el recurso interpuesto por la parte actora contra el auto
de 3 de agosto de 2021, proferido por la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2. Prevenir al actor que se abstenga de usar expresiones contrarias al respeto de
los operadores judiciales.

3. Notificar el presente auto a las partes por el medio más expedito y eficaz.

4. Devolver el expediente al despacho de origen para lo de su cargo.

2.4.5. El 5 de octubre de 2021, se notificó electrónicamente a las partes el auto del
1.º de octubre de la misma anualidad.16

2.4.6. El 17 de noviembre de 2021, el accionante presentó ante la Sala Plena de esta
corporación incidente de desacato para que se ordenara «hacer cumplir los fallos de
tutela. Desacato este, infringido por el [m]agistrado [p]onente, quien no acató la orden
de los jueces de tutela: de primera instancia en sentencia del tres (3) de julio de 2020,
y de segunda instancia proferida por este [d]espacho en sentencia del diez (10) de
septiembre de dos mil veinte (2020)».17

2.4.7. El 29 de noviembre de 2021, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, ordenó
remitir por competencia el memorial del 17 de noviembre de 2021, en el que el señor
Luis Alberto Olmos Mier «solicitó se inicie un nuevo incidente de desacato dentro del
expediente radicado […] 11001-03-15-000-2020-02360-01 […] al despacho del doctor
Martín Bermúdez Muñoz, quien conoció en primera instancia de la acción de tutela»
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.18

14 Índice 20, del expediente electrónico.
15 Índice 5, del expediente electrónico con radicación 11001 03 15 000 2020 02360 03.
16 Índice 8, del expediente electrónico con radicación 11001 03 15 000 2020 02360 03.
17 Índice 20, del expediente electrónico con radicación 11001 03 15 000 2020 02360 03.
18 Índice 20, del expediente electrónico con radicación 11001 03 15 000 2022 03212 01.

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2.4.8. El 15 de diciembre de 2021, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado resolvió el incidente de desacato interpuesto por el accionante el 17 de
noviembre de 2021, así:19

PRIMERO. ESTESE A LO RESUELTO en el auto del 3 de agosto de 2021, en el cual
este [d]espacho dispuso «…ABSTENERSE de abrir el incidente de desacato, en
contra del Consejo de Estado Sección Tercera Subsección C, toda vez que está
demostrado que dio cumplimiento a lo ordenado mediante sentencia del 3 de julio
de 2020, confirmada en fallo de segunda instancia del 10 de septiembre del mismo
año».

SEGUNDO. ORDÉNASE a Secretaría proceder con el archivo del proceso No. 11001-
03-15-000-2020-02360-02.

[…]

2.4.9 El 16 de diciembre de 2021, se notificó la anterior providencia al accionante al
correo electrónico lolmosmier@gmail.com, que suministró para recibir notificaciones.20

2.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

2.5.1. Examen de procedencia de la acción de tutela

2.5.1.1. Considera la Sala que, contrario a lo que decidió la primera instancia, el asunto
en estudio cumple con el «requisito de inmediatez» respecto de la providencia del 15
de diciembre de 2021, que resolvió el incidente de desacato que promovió el 17 de
noviembre de 2021 el señor Luis Alberto Olmos Mier, ya que fue notificada por correo
electrónico el 16 de diciembre de ese año, quedó ejecutoriada el 17 de enero de 2022,
y la solicitud de tutela se radicó en la Secretaría General del Consejo de Estado el 13
de junio de 2022,21 es decir, dentro del término de los seis meses que señaló esta
corporación como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia
judicial.

No ocurre así en relación con la decisión del 3 de agosto de 2021, mediante la cual el
Consejo de Estado resolvió sobre el incidente de desacato que formuló el accionante

19 Índice 20, del expediente electrónico con radicación 11001 03 15 000 2022 03212 01.
20 Índice 49, del expediente electrónico con radicación 11001 03 15 000 2020 02360 02.
21 Índice 1, del expediente electrónico con radicación 11001 03 15 000 2022 03212 00.

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el 1.º de junio de 2021, por cuanto el auto del 1.º de octubre de 2021, a través del que
la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente el «recurso de
apelación» que formuló contra ese proveído, se notificó electrónicamente a las partes
el 5 de octubre de 2021, quedando ejecutoriado el 11 de octubre de esa anualidad,
mientras que la acción de tutela se impetró el 13 de junio de 2022;22 por consiguiente,
transcurrieron ocho meses y dos días desde cuando cobró firmeza la providencia que
se demanda y la interposición de la solicitud de amparo, lo que excede el plazo de seis
meses que estableció la Sala Plena como razonable para promover el mecanismo
constitucional.

Es de advertir, que el requisito de inmediatez no responde a motivaciones caprichosas,
sino al amparo del orden judicial y social, partiendo del presupuesto de que cuando
una persona realmente encuentre afectados sus derechos fundamentales de forma
grave, acudirá inmediata y diligentemente al juez constitucional para solicitar su
restablecimiento.

Así las cosas, no se evidencia que en el asunto se supere el examen de inmediatez
requerido, pues además de que se rebasó el término previsto como prudencial para la
interposición de la acción, el accionante no acreditó y ni siquiera expresó la ocurrencia
de circunstancias que justifiquen la tardanza en su presentación; en consecuencia, la
solicitud de amparo resulta improcedente para rebatir el auto del 3 de agosto de 2021,
mediante el que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, se abstuvo de
abrir incidente de desacato, como lo decidió la primera instancia.

2.5.1.2. El caso «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez que el debate
que plantea la parte actora gira en torno a la presunta vulneración de sus derechos al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

2.5.1.3. Se cumple «con el requisito de subsidiariedad» en cuanto se censura la
providencia que se abstuvo de abrir incidente de desacato y ordenó el archivo del
expediente, la cual no es susceptible del recurso de apelación.

2.5.1.4. En el caso «no se cuestiona una irregularidad procesal».

22 Índice 1, del expediente electrónico.

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2.5.1.5. Dentro de la demanda de tutela «se identificaron razonablemente los hechos
y argumentos frente a los que se alega vulneración».

2.5.1.6. El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», ya que la providencia
objeto de juicio obedece a un auto dictado dentro de un trámite incidental de desacato
y no al fallo en el que se emitió la orden objeto de cumplimiento.

Bajo ese contexto, la Sala responde de manera afirmativa al interrogante que se
presentó primigeniamente, en el sentido de señalar que en el asunto se cumplen las
exigencias que habilitan el uso de la acción de tutela para discutir la providencia del
15 de diciembre de 2021, proferida por la Sección Tercera, Subsección B, de esta
corporación.

2.5.2. Fundamentos de la providencia objeto de impugnación

El señor Luis Alberto Olmos Mier impugnó la sentencia que profirió el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la que declaró improcedente la
solicitud de amparo que interpuso contra las providencias del 3 de agosto y 15 de
diciembre de 2021, dictadas por la Sección Tercera, Subsección B, de esta
corporación dentro del trámite incidental con radicación 11001 03 15 000 2020 02360
02, porque consideró que no cumplía el requisito de inmediatez.

La Sala estima que como se estableció en el análisis de procedencia, en el presente
asunto se cumple con la exigencia de inmediatez respecto a la acción impetrada contra
la providencia del 15 de diciembre de 2021; por consiguiente, frente a esa decisión se
abordará el estudio de fondo para determinar si, como lo alega el accionante, se
vulneraron sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Pues bien, vistos los argumentos utilizados por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, en la providencia objeto de cuestionamiento, la Sala no advierte la
existencia de ningún tipo de violación de las garantías fundamentales que invoca el
accionante, toda vez que como lo explicó no había lugar a abrir un nuevo incidente
como lo solicitó mediante memorial del 17 de noviembre de 2021 y, en su lugar, se

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debía estar a lo resuelto en auto del 3 de agosto de 2021, con el que culminó el trámite
incidental al que dio lugar la petición que presentó el 1.º de junio de 2021, Al respecto,
hizo las siguientes consideraciones:

4.- El Despacho ordenará estarse a lo resuelto en el auto del 3 de agosto de 2021,
dado que en esa ocasión se estudió el alcance de las órdenes proferidas en el fallo
de tutela y se advirtió que estas ya fueron acatadas por parte de la autoridad
judicial accionada, con lo cual quedó zanjada la discusión. En efecto, en el auto
del 3 de agosto de 2021 se advirtió que las consideraciones y órdenes proferidas
en el fallo de tutela se limitaron a dejar sin efectos la providencia objeto de
reproche, únicamente en lo concerniente al defecto fáctico relacionado con
la falta de pruebas para declarar la caducidad en el proceso ordinario.

5.- Ahora bien, en la sentencia de reemplazo se subsanó el defecto fáctico
señalado y se concluyó que no se encontraba acreditada la caducidad, por lo que
se procedió a evaluar los otros presupuestos procesales de procedibilidad y que
no fueron objeto de reproche mediante la acción de tutela. En concreto, en la
sentencia de reemplazo se señaló que, dado que los perjuicios demandados en el
proceso ordinario a través del medio de control de reparación directa fueron
causados por el cambio del uso del suelo del municipio de Girón; el accionante
debió agotar previamente el proceso administrativo especial en los términos de la
Ley 388 de 1997 y el Decreto 151 de 1998, pues ese proceso fue previsto como el
mecanismo de compensación por los daños causados con la expedición de los
planes de ordenamiento territorial.

6.- En ese sentido, en caso de que el accionante mantuviera su inconformidad, una
vez agotado el proceso administrativo especial, lo procedente era acudir al medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir los actos
administrativos proferidos en el mencionado proceso administrativo. Lo anterior
llevó a que en la sentencia de reemplazo la autoridad judicial accionada declarara
la ineptitud sustantiva de la demanda y en consecuencia se declarara inhibida para
conocer el asunto. Como se observa, la sentencia de reemplazo no reiteró el
defecto fáctico relacionado con la caducidad, sino que se fundó en otros
presupuestos procesales que no fueron discutidos en sede de tutela. En esos
términos este Despacho consideró que se dio cumplimiento al fallo de tutela.

Igualmente, estimó la Sección Tercera, Subsección B, de esta corporación que en
razón a que el debate en materia constitucional ya había sido debidamente agotado,
procedía la desestimación de la solicitud de desacato y el archivo del proceso con
radicación 11001 03 15 000 2020 02360 02. Al efecto, dispuso lo siguiente:

7.- Así las cosas, el Despacho considera que cabe desestimar la presentación
de esta y nuevas solicitudes de apertura de incidentes de desacato, pues el
debate en materia constitucional ya fue debidamente agotado, y los nuevos
reproches que pueda presentar el accionante superan el alcance de lo discutido
durante el proceso de tutela, por lo que su estudio iría en detrimento del debido
proceso, derecho a la defensa y la cosa juzgada.

Conforme con lo expuesto, considera la Sala que en la decisión objeto de censura no

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se observa la violación de los derechos fundamentales que el accionante alega, pues
se consignaron las razones por las cuales no había lugar a dar apertura a un nuevo
incidente y estarse a lo resuelto en la providencia del 3 de agosto de 2021, en la que
se demostró que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado dio
cumplimiento a las órdenes que se impartieron en la sentencia del 3 de julio de 2020,
confirmada en fallo del 10 de septiembre del mismo año y, que en acatamiento a ella
dictó sentencia de reemplazo el 18 de diciembre de 2020.

En ese sentido, lo que se avizora es que el señor Olmos Mier está inconforme
con lo decidido por el juez de instancia y utiliza la acción de tutela para
desconocer la desestimación de la solicitud de apertura de incidente de desacato
que presentó el 17 de noviembre de 2021, así como la formulación de nuevas
peticiones, pues en la providencia atacada se determinó que el debate en materia
constitucional ya fue debidamente agotado, y que los reproches que pueda
interponer el accionante superan el alcance de lo discutido durante el juicio de
tutela; por tanto, su estudio iría en detrimento del debido proceso, el derecho a la
defensa y la cosa juzgada.

Tampoco constituye una actuación incursa en vía de hecho que vulnere las garantías
iusfundamentales de la parte actora, sino que corresponde al ejercicio de la autonomía
e independencia judicial de las que está investido el juez de la causa, las cuales, en
forma precisa, lo habilitan para resolver los asuntos que se someten a su escrutinio.

3. Conclusión

La Sala concluye que, en la providencia del 15 de diciembre de 2021, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que se abstuvo de abrir incidente
de desacato y ordenó el archivo del expediente con radicación 11001 03 15 000 2020
02360 02 no se vulneraron los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia como lo alega el accionante.

En tal sentido, la Sala procederá a confirmar parcialmente el fallo dictado por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el sentido de confirmar
la declaración de improcedencia de la acción respecto al proveído del 3 de agosto de

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2021 porque no cumple con el requisito de inmediatez y modificarla para denegar el
amparo de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia
en relación con el auto del 15 de diciembre de 2021, que solicita el señor Luis Alberto
Olmos Mier.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia del 29 de julio de 2022, que dictó el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en cuando declaró improcedente
la acción respecto de la providencia del 3 de agosto de 2021, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado; y modificarla, en el
sentido de negar el amparo que solicita el señor Luis Alberto Olmos Mier en lo
concerniente a la vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia con la decisión del 15 de diciembre de 2021, conforme a la
parte considerativa que antecede.

Segundo. Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samái. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

MAM

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