Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03237-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03237-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03237-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
28 de julio de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03237-00
Demandante: Galo Arturo Torres Serra
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-03237-00
Demandante GALO ARTURO TORRES SERRA
Demandado PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas Acción de tutela. Protección a periodistas. Municipio de El
Carmen de Bolívar.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia, la acción de tutela
instaurada por Galo Arturo Torres Serra, de conformidad con lo dispuesto por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 13 de junio de 20221, Galo Arturo Torres Serra instauró acción de tutela, en
nombre propio, contra la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y el
Ministerio de Defensa, por considerar vulnerado su derecho fundamental a la
información. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“ORDENAR A LOS ACCIONADOS QUE EN ADELANTE Y HASTA TANTO ESTÈ
POSESIONADO EL NUEVO PRESIDENTE DE COLOMBIA PARA EL PERIODO
CONSTITUCIONAL COMPRENDIDO ENTRE EL PROXIMO 7 DE AGOSTO Y LA MISMA
FECHA DEL AÑO 2026, IMPLEMENTEN TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÌAS
TUTELARES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADO”.
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El accionante narró que el 12 de junio de 2022 se encontraba en el Municipio de El
Carmen de Bolívar (Bolívar) observando la caravana de cierre de campaña del
candidato presidencial Rodolfo Hernández, cuando un grupo de personas alteraron
el orden público lanzando piedras y botellas sobre los asistentes. El accionante
manifestó que este suceso le provocó temor de asistir a la jornada de votación
presidencial que se realizaría dentro de pocos días y de cubrir las noticias para el
periódico en el que trabaja.
3. Fundamentos de la acción
El actor adujo como fundamentos de la tutela el “DERECHO A LA INFORMACIÒN,
Preámbulo de la Constitución Política- ARTÌCULO 40 Y DEMÀS DE DERECHOS
POLÌTICOS CONFORME A LOS PRINCIPIOS Y REGLAS DEL ESTADO SOCIAL Y
DEMOCRÀTICO DE DERECHO RESPECTO DE LOS CUALES LA DEMOCRACIA EXIGE
DE SUS OPERADORES JURÌDICOS UNA INTERPRETACIÒN Y APLICACIÒN”. Seguido,
transcribió la Carta Interamericana de Derechos Humanos.
Por último, solicitó como medida provisional lo siguiente: “PIDO ORDENEN A LOS
1 Índice 2 en Samai.
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Demandante: Galo Arturo Torres Serra
ACCIONADOS ARTICULARSE TAL COMO DEBEN HACERLO EN CUMPLIMIENTO DE
LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO AQUÌ SEÑALADOS PARA QUE DESDE LA FECHA
DE COMUNICACIÒN DE ESTA ACCIÒN DE TUTELA SE ME DEN LAS GARANTÌAS
CONSTITUCIONALES TANTO COMO CIUDADANO COMO INFORMADOR DEL
PERIÒDICO ‘EL DESPERTADOR’”
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto de 17 de junio de 2022, el despacho ponente admitió la acción de
tutela interpuesta por Galo Arturo Torres Serra contra la Presidencia de la
República, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa; ordenó notificar
en calidad de tercero al Municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar); negó la
medida provisional; y ordenó efectuar las notificaciones pertinentes.
4.2. El Ministerio del Interior aseguró que no ha vulnerado derechos
fundamentales de la parte actora y que por ende la tutela es improcedente.
Sostuvo que, por el contrario, cumplió con su función de prevenir atentados
contra el orden público en las elecciones presidenciales. Esto lo logró gracias
a que expidió el Decreto 830 del 24 de mayo del año 2022, “Por medio del cual
se dictan normas para la conservación del orden público durante el periodo de
elecciones presidenciales y se dictan otras disposiciones”. Además de lo anterior,
aseguró que existió una exitosa coordinación con el Ministerio de Defensa, la
Policía Nacional y los entes territoriales que permitió una cobertura nacional
para preservar el orden público en todo el país.
Sostuvo que fue un hecho notorio que las elecciones transcurrieron con
normalidad y que el reporte de los medios periodísticos fue de completa
tranquilidad. Y añadió que la fuerza pública manejó las pocas alteraciones al
orden público presentadas ese día.
4.3. El representante del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y del presidente de la República manifestó que no existe
legitimación en la causa por pasiva, puesto que la seguridad y convivencia
ciudadana del lugar en donde presuntamente ocurrieron los hechos es una
materia que le compete al Municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar), mas
no a sus representados.
Agregó, con base en las competencias asignadas a ambos, que el presidente
de la República y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República no son la misma persona, en la medida que, la primera corresponde
a la máxima autoridad administrativa de la Rama Ejecutiva; y la segunda, a
una entidad del orden nacional.
Por lo expuesto, solicitó la declaratoria de improcedencia de la tutela
interpuesta.
4.4. La Alcaldía de El Carmen de Bolívar (Bolívar) indicó que no ha tenido
conocimiento por parte de las autoridades competentes de los hechos
narrados por el actor. Sin embargo, sostuvo que si aquel aún no ha denunciado
lo ocurrido puede acercarse a las entidades pertinentes y poner los hechos en
conocimiento, para tomar acciones.
Por otra parte, informó que en la jornada electoral para elegir presidente de la
República no se presentaron problemas de orden público en el municipio,
gracias a la coordinación entre consejos de seguridad, Policía Nacional,
Infantería de Marina y otros.
Finalmente, sostuvo no haber vulnerado el derecho a la información del
accionante, razón por la cual solicitó su desvinculación del trámite de tutela.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer si
las autoridades accionadas vulneraron el derecho a la seguridad personal e
información del señor Galo Arturo Torres Serra, con ocasión de los presuntos
ataques a la prensa narrados por este último.
3. Análisis del caso
3.1. La Corte Constitucional ha sostenido que “existen obligaciones especiales para el
Estado en materia de protección para aquellos periodistas que se encuentran
expuestos a un riesgo superior al de la mayoría de la población, por cuanto sus
labores implican la difusión de información, expresión u opinión en asuntos políticos,
sociales o la denuncia de situaciones irregulares o delictivas”2.
Esa protección especial a la que tienen derecho los periodistas, justamente,
es el resultado de reconocerlos como objetivos de guerra, cuando sus
investigaciones no son favorables a ciertos grupos. Así, con base en cifras del
Centro de Memoria Histórica, en la Sentencia T-199 de 2019 la Corte llamó la
atención sobre el hecho de que “entre 1977 y 2015 fueron ejecutados un total de
152 periodistas colombianos en razón de su oficio. En este grupo, se encuentran
casos ampliamente recordados por la opinión pública como los del humorista Jaime
Garzón Forero, Guillermo Cano Isaza y Diana Turbay Quintero, los cuales son
ilustrativos de la persecución en contra de periodistas y comunicadores en contextos
de violencia y polarización política”3.
Desde la Rama Legislativa se encuentra la Ley 418 de 1997, mediante la cual
creó por primera vez un programa de protección destinado a personas en
situación de riesgo “por causas relacionadas con la violencia política o ideológica,
o con el conflicto armado interno”4 y pertenecientes a determinados grupos como
los dirigentes o activistas de grupos políticos, de organizaciones sociales y de
organizaciones de derechos humanos. Inicialmente, este estuvo a cargo del
Ministerio del Interior y actualmente es manejado por la Unidad Nacional de
Protección.
En lo que respecta a la protección específica destinada a periodistas, en el año
2000 el Ejecutivo expidió el Decreto 1592. En este instrumento se reconoció a
los periodistas como una población en riesgo especial, dado el contexto de
violencia colombiano.
Como consecuencia de esa situación, mediante el Decreto 1592 de 2000 se
creó el Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales, en
cabeza del Ministerio del Interior. Este se destina puntualmente a los
periodistas que en el ejercicio de su actividad profesional asuman la difusión y
2 Corte Constitucional. Sentencia T-199 de 2019.
3 Corte Constitucional. Sentencia T-199 de 2019.
4 Ley 418 de 1997. Artículo 81.
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restablecimiento de los derechos humanos y que por dicha actividad se
encuentren en situación de riesgo contra su vida, seguridad o libertad.
Posteriormente, se expidió el Decreto 2137 de 2018, a través del cual se creó
la Comisión Intersectorial Para el Desarrollo del Plan de Acción Oportuna
(PAO) de Prevención y Protección, con el objeto de articular y coordinar los
diferentes programas de protección y los recursos de las distintas entidades
del Gobierno involucradas en la prevención y protección individual y colectiva
de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de defensores
de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas.
Para el cumplimiento de los objetivos y estrategias de la Comisión
Intersectorial del Plan de Acción Oportuna, en el año 2021 se consideró
necesario crear un Comité en materia de diálogo social y un Comité para el
funcionamiento operativo de la Comisión.
Por consiguiente, mediante el Decreto 1138 de 2021 se crearon esos dos
comités. Al Comité para el funcionamiento operativo se le asignó las funciones
consistentes en impulsar la respuesta institucional frente a las amenazas,
riesgos o vulneraciones consumadas en contra periodistas; promover
acciones de coordinación en materia de investigación judicial frente a las
amenazas, riesgos o vulneraciones consumadas en contra aquellos y hacer
seguimiento a las situaciones que amenacen o vulneren sus derechos a la
vida, libertad, seguridad e integridad.
3.2. De lo anterior es evidente que el ordenamiento jurídico colombiano consagra
ciertos programas para la protección de periodistas, cuyo objeto es la
salvaguarda de su vida, seguridad personal y de la continuación de su ejercicio
profesional. En el caso del actor, sin embargo, no se encontraron siquiera
indicios de que aquel se encuentre en una situación de riesgo en virtud de su
profesión; o de escenarios que atenten contra el derecho a la información,
invocado por el actor.
Lo anterior obedece a que, por una parte, el tutelante no allegó al menos
prueba sumaria de sus afirmaciones; y por la otra, tanto el Ministerio del Interior
y la Alcaldía de El Carmen de Bolívar (Bolívar) coincidieron en afirmar que no
tienen información alguna sobre disturbios o amenazas contra periodistas en
dicho municipio, ocurridas en el marco de las elecciones presidenciales del
año 2022.
Al respecto la jurisprudencia constitucional ha reiterado que, pese a que la
acción de tutela es informal, al accionante le corresponde la carga de probar,
al menos sumariamente, lo narrado.
En palabras de la Corte Constitucional “la informalidad de la acción de tutela no
exonera al actor de probar, aunque sea de manera sumaria, los hechos en los que
basa sus pretensiones”5.
En conclusión, no se advierte ninguna amenaza o vulneración a los derechos
a la información y a la seguridad personal del tutelante. Motivo por el cual se
negarán las pretensiones formuladas por el señor Galo Arturo Torres Serra.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
5 Ver Sentencias T-236 de 2007, T-675 de 2014, T-620 de 2017, entre otras.
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Demandante: Galo Arturo Torres Serra
FALLA
1. Negar las pretensiones formuladas por el señor Galo Arturo Torres Serra, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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