Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03238-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03238-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03238-00
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
14 de julio de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03238-00
Demandante: Silvia Pamela Carvajal Cardona
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03238-00
Demandante: SILVIA PAMELA CARVAJAL CARDONA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA
Temas: Tutela por falta de expedición de tarjeta profesional de abogado.
Carencia actual de objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por Silvia Pamela Carvajal Cardona contra
el Consejo Superior de la Judicatura.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1.1. El 14 de junio de 2022, en ejercicio de la acción de tutela, Silvia Pamela Carvajal
Cardona pidió la protección de los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital y
al libre ejercicio de la profesión, que estimó vulnerados por el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. En
consecuencia, la demandante formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA: amparar los derechos fundamentales invocados.
SEGUNDA: Ordenar a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
tramitar de manera inmediata mi tarjeta profesional.
TERCERA: Ordenar a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia la
entrega inmediata de mi tarjeta profesional.
2. Hechos y argumentos de la tutela
Del expediente de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. Mediante correo electrónico enviado el 11 de mayo de 2022, Silvia Pamela Carvajal
Cardona remitió al Consejo Superior de la Judicatura, Registro Nacional de Abogados,
los documentos necesarios para la expedición de la tarjeta profesional de abogado.
2.2. El 6 de junio de 2022, la actora solicitó a la entidad que tramitara la solicitud
radicada el 11 de mayo de 2022.
2.3. El 9 de junio de 2022, la entidad acusó recibo de la documentación remitida e
informó a la demandante que la solicitud se trasladó al personal encargado para el
trámite correspondiente.
2.4. La demandante alega que la entidad demandada vulneró los derechos
fundamentales al trabajo, al mínimo vital y al libre ejercicio de la profesión, toda vez que
se encuentra impedida para ejercer la profesión de abogada, así como suscribir
contratos, como consecuencia de la falta de expedición de tarjeta profesional.
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Demandante: Silvia Pamela Carvajal Cardona
3. Trámite procesal
3.1. Mediante auto del 16 de junio de 2022, el Despacho Sustanciador admitió la
demanda de tutela. En consecuencia, entre otras cosas, ordenó que se notificara a la
presidenta del Consejo Superior de la Judicatura.
3.2. En cumplimiento de la anterior providencia, la Secretaría General de la Corporación
practicó la correspondiente notificación, mediante correo electrónico enviado el 21 de
junio de 20221.
4. Intervención de la autoridad demandada
4.1. La directora de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura solicitó que se denegara el amparo
solicitado, por las siguientes razones:
4.2. Que, para el caso concreto, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos legales
para la expedición de la tarjeta profesional de la señora Silvia Pamela Carvajal Cardona,
“mediante oficio del 10 de mayo de 2022”, esa Unidad solicitó al decano de la
Universidad Surcolombiana los datos correspondientes a: inicio de la carrera de
derecho, número de acta, folio, libro y fecha de grado de la actora. Que la anterior
información se remitió por parte de la citada universidad, el 16 de junio de 2022.
4.3. Que, una vez con la totalidad de los documentos, la Unidad de Registro Nacional
de Abogados inscribió a la señora Carvajal Cardona en el registro de abogados y asignó
la tarjeta profesional No. 384.960, mediante acta No. 12204 de 2022. Informó que los
respectivos documentos fueron enviados para la elaboración del plástico de la tarjeta
profesional de abogado y, una vez sea entregada, se remitirá a través del servicio de
correo certificado de 472, al domicilio registrado por la demandante.
4.4. Que, además, la actora podía acceder a la certificación de vigencia de la tarjeta
profesional de abogado, “que podía ser descargada o consultada por la internet, a
través del servicio de “Certificado de Vigencia”, al que podrá acceder cualquier
ciudadano o funcionario, desde la página web de la Rama Judicial o en el link https:
//sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Certificado.aspx, escogiendo la calidad de
“Abogado” y verificar así la titularidad y vigencia del documento”.
CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela
1.1. La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas
las personas reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos
fundamentales que sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de
cualquier autoridad o de los particulares, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.
1.2. La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
determinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los
argumentos que proponga el demandante.
1 Índice 11 Samai.
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2. Planteamiento y solución del problema jurídico
2.1. Previo a cualquier pronunciamiento sobre el fondo del asunto, la Sala estima
necesario determinar si, en este caso, se presentó una carencia de objeto por hecho
superado.
2.2. Como se sabe, el fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza
principalmente por hacer que la orden impartida por el juez en la sentencia de tutela se
torne inocua. Es decir, que resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de
fondo frente a la vulneración o amenaza de derechos fundamentales.
2.2.1. En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia
actual de objeto puede presentarse a partir de dos eventos que sugieren consecuencias
distintas: el hecho superado y el daño consumado2. En particular, el hecho superado
se configura cuando se pone fin a la situación que generaba la vulneración o amenaza
de los derechos fundamentales. Al respecto, ha dicho la Corte Constitucional:
3.4 Pues bien, a partir de allí, la Corte ha aclarado que el fenómeno de la carencia actual de
objeto se produce cuando ocurren dos situaciones específicas: (i) el hecho superado y (ii) el
daño consumado. Así las cosas, la primera hipótesis “se presenta cuando, por la acción u
omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación
de tal manera que “carece” de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte
ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que
componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela”.
Es decir, el hecho superado significa la observancia de las pretensiones del accionante a partir
de una conducta desplegada por el agente transgresor. En otros términos, la omisión o acción
reprochada por el tutelante, ya fue superada por parte del accionado. También se ha señalado
que se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, entre otras circunstancias,
por ausencia de interés jurídico o sustracción de materia.
2.3. Como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, la inconformidad
de Silvia Pamela Carvajal Cardona se concreta en que la Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura no ha
expedido la tarjeta profesional de abogado que solicitó mediante correo electrónico
radicado el 11 de mayo de 2022.
2.4. Por su parte, la Unidad de Registro Nacional de Abogados informó que el 10 de
mayo de 2022 requirió al decano de la Universidad Surcolombiana para que adjuntara
una documentación faltante. No obstante, si bien obra el oficio con el citado
requerimiento, no se aportó la constancia de que efectivamente se hubiese enviado en
la fecha que relaciona y, en todo caso, la Sala no puede pasar por alto que no es posible
que se hubiese enviado en una fecha anterior a la de radicación de documentos para
la expedición de la tarjeta profesional por parte de la actora (11 de mayo de 2022).
2.5. Ahora, según se constata de las pruebas aportadas al proceso, el 14 de junio de
2022 se registró en el sistema Sirna: “con el fin de continuar con el trámite de Inscripción
de la Tarjeta Profesional de Abogado, le comunico que la Universidad no ha enviado la
información correspondiente a su fecha de inicio de carrera (…) Una vez se allegue la
información por la Universidad (…) continuaremos con la gestión de su trámite”. Así
consta:
2 Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del magistrado Humberto
Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
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2.6. También obra pantallazo del correo mediante el cual la Universidad Surcolombiana
envió la documentación requerida, con fecha de 16 de junio de 2022.
2.7. Lo anterior, permite concluir que, con el requerimiento efectuado por la Unidad de
Registro Nacional de Abogados, no se interrumpió en modo alguno el término con el
que contaba para dar respuesta a la petición de la demandante, teniendo en cuenta
que los requerimientos por peticiones incompletas se deben efectuar dentro de los 10
días siguientes a la fecha de radicación de la petición3, término superado en el presente
asunto, si se tiene en cuenta la fecha del registro en el sistema Sirna (14 de junio de
2022), estaría ampliamente superado.
2.8. Con todo, la Sala encuentra que en el enlace https://sirna.ramajudicial.gov.co se
puede verificar que a la demandante se le asignó número de tarjeta profesional de
abogado con fecha de expedición del 22 de junio de 2022. En efecto, en dicho enlace
y con el número de identificación la señora Silvia Pamela Carvajal Cardona se puede
descargar la certificación correspondiente, así:
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el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015 establece que en virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad correspondiente
verifique que: “una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo,
necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes”.
El inciso 2° del articulo ibídem señala que: “a partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes
requeridos, se reactivará el término para resolver la petición.”
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2.8.1. También se advierte que, el 22 de junio de 2022, mediante correo electrónico, la
Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura
informó a Silvia Pamela Carvajal Cardona el trámite que impartió para la inscripción,
expedición y correspondiente entrega de la tarjeta profesional. El siguiente es el
pantallazo de la comunicación enviada a la demandante y de la respectiva evidencia de
envío por correo electrónico:
2.8.2. Además, mediante comunicación telefónica del 7 de julio de 20224, la actora
informó que el 1º de julio de 2022 recibió el plástico de la tarjeta profesional por parte
de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de Justicia del Consejo
Superior de la Judicatura.
2.9. Como se corrigió la conducta que se reprochaba de la autoridad demandada,
carece de objeto cualquier pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela, en los
términos del artículo 26 del Decreto 2591 de 19915. La solicitud de amparo perdió
cualquier motivo que la justifique. En consecuencia, la Sala declarará la carencia actual
de objeto por hecho superado.
2.10. En todo caso, teniendo en cuenta la demora evidenciada en el trámite de la tarjeta
profesional y al número de acciones de tutela interpuestas por los mismos hechos
contra la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura6, la Sala estima pertinente instar a esa entidad para
4 Sostenida por uno de los funcionarios del Despacho Sustanciador.
5 Decreto 2591 de 1991. ARTÍCULO 26. CESACIÓN DE LA ACTUACIÓN IMPUGNADA. Si, estando en curso la
tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se
declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes.
El recurrente podrá desistir de la tutela, en cuyo caso se archivará el expediente.
Cuando el desistimiento hubiere tenido origen en una satisfacción extraprocesal de los derechos reclamados por el
interesado, el expediente podrá reabrirse en cualquier tiempo, si se demuestra que la satisfacción acordada ha
resultado incumplida o tardía.
6 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias: Sentencia del 8 de abril de 2021. Proceso Nro. 11001-
03-15-000-2021-00977-00 (AC). C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; Sentencia de 4 de febrero de 2021. Proceso
Nro. 1100103500020200493200 (AC). C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; Sentencia del 18 de febrero de 2021.
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que, en lo sucesivo, resuelva las peticiones de expedición de tarjeta profesional en el
plazo previsto en la ley.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
FALLA
1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, por las razones
expuestas en esta providencia.
2. Instar a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
del Consejo Superior de la Judicatura para que, en lo sucesivo, resuelva las
peticiones de expedición de tarjeta profesional en el plazo previsto en la ley.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Si no se impugna, enviar el expediente a la Corte Constitucional para lo de su
cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Proceso Nro. 11001-03-15-000-2020-04824-00(AC). C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Sentencia del 26 de
noviembre de 2020. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2020-04562-00(AC). M.P. Milton Chaves García; sentencia del
20 de mayo de 2021, radicado 11001-03-15-000-2021-01852-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia del
13 de mayo de 2021, radicado 11001-03-15-000-2021-01629-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia del
13 de mayo de 2021, radicado 11001-03-15-000-2021-01279-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia del
8 de abril de 2021, radicado 11001-03-15-000-2021-00091-01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia del 25
de marzo de 2021, radicado 11001-03-15-000-2021-00616-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia del 25
de marzo de 2021, radicado 11001-03-15-000-2021-00734-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia del 18
de marzo de 2021, radicado 11001-03-15-000-2021-00616-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia del 25
de febrero de 2021, radicado 11001-03-15-000-2021-00288-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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