Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03240-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03240-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03240-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
22 de septiembre de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-03240-01
Demandante: GEOVANNY PERDOMO CHARRY
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SITUACIONES ADMINISTRATIVAS. COMISIÓN DE
ESTUDIO DE DOCENTES UNIVERSITARIOS. SE
CONFIRMA LA FALTA DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL
Síntesis del caso: se cuestiona la providencia que negó las pretensiones encaminadas a
que se declarara la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales se declaró
vacante por abandono del cargo el empleo que ocupaba el actor como docente
universitario, se declaró el incumplimiento de un convenio de comisión de estudios y se hizo
efectiva la caución que amparaba el riesgo de incumplimiento. La Sala confirmará la
decisión de primera instancia que declaró improcedente el mecanismo, tras verificar que no
se satisfizo el presupuesto general de la relevancia constitucional, pues se trata de
argumentos que fueron planteados y resueltos en el proceso ordinario.
La Sala decide la impugnación interpuesta por el demandante contra la sentencia
de 29 de julio de 2021 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado mediante la cual se dispuso:
“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela
presentada por el señor Geovanny Perdomo Charry, contra el Tribunal
Administrativo del Huila y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Neiva, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.”. (archivo disponible en medio magnético a través del
aplicativo SAMAI – mayúsculas del original).
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03240-01
Demandante: Geovanny Perdomo Charry
Acción de tutela
I. ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado el 14 de junio de 2022 la parte demandante formuló
acción de tutela por cuanto consideró que las autoridades judiciales demandas en
las providencias del 17 de junio de 2015 y 22 de marzo de 2022 incurrieron en cuatro
de las causales específicas de procedibilidad contra providencia judicial.
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción el demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) Prestó sus servicios en la Universidad Surcolombiana como docente en carrera,
adscrito al programa de administración de empresas. A través de Resolución no.
012 el 25 de junio de 2008 el Consejo Superior Universitario (previo concepto
favorable del Consejo de Facultad) le autorizó por un año una comisión para
adelantar estudios de doctorado por cuatro años en la Universidad EAFIT, con sede
en la ciudad de Medellín.
2) La referida comisión de estudios fue prorrogada en varias oportunidades y debido
a que finalizaba el tercer año del doctorado, dirigió un oficio a la decana de la
Facultad de Economía y Administración, en el cual solicitó que se iniciaran los
trámites de continuidad de la comisión para empezar el cuarto año; esto es, entre el
23 de septiembre de 2011 y el 23 de septiembre de 2012.
3) El 11 de julio de 2011 y el 1 de septiembre de esa misma anualidad el Consejo
de la Facultad de Economía y Administración y el presidente del Comité de
Selección y Evaluación Docente avalaron la continuidad de la comisión solicitada,
sin embargo, el Consejo Académico a través de la Resolución no. 017 de 2011,
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Demandante: Geovanny Perdomo Charry
Acción de tutela
determinó no avalarla, por lo cual ordenó la remisión de la actuación al Consejo
Superior Universitario para lo de su competencia.
4) Mediante Resolución no. 024 del 1 de noviembre de 2011 el Consejo Superior
Universitario negó la continuidad de la comisión de estudios con fundamento en que
el Acuerdo 037 de 1993 (Estatuto de los Profesores de la Universidad
Surcolombiana) en el artículo 136 ibidem, remite a lo previsto en los Decretos 1950
de 1973 y 3555 de 2007, los cuales establecen respecto de la duración de la
comisión que el plazo de la misma no puede ser mayor de doce (12) meses,
prorrogable por un término igual, cuando se trata de obtener título académico.
5) El 22 septiembre de 2011, por medio de su apoderado, dirigió un oficio al Consejo
Académico, al Consejo Superior y al rector de la universidad, en el cual solicitó la
revocatoria directa de la decisión que le negó la posibilidad de continuar con la
comisión, no obstante, el rector negó la petición y lo requirió para que se reintegrara
al servicio docente.
6) El 6 de octubre de 2011 su apoderado radicó nuevamente un memorial, en el
cual solicitó el saneamiento de los procedimientos relacionados con la comisión de
estudio, pues, consideró que la normativa aplicable era el régimen especial de los
docentes (Decreto 2277 de 1979) y dado que el mismo no establece un término
para tales efectos no se podía negar su solicitud con fundamento en los Decretos
1950 de 1973 y 3555 de 2007.
7) El 28 de septiembre, el 3 de octubre, el 9 de noviembre, el 1 de diciembre de
2011 y el 11 de enero de 2012, la Universidad Surcolombiana lo requirió con el fin
de que se reintegrara al servicio docente, pero ello no ocurrió pues se limitó a enviar
un oficio a la Oficina Asesora Jurídica en el cual manifestó que “el doctorado tiene
una duración de cuatro años y que había cumplido cabalmente las obligaciones
contractuales derivadas de la comisión de estudios”.
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8) El 3 de febrero de 2012 el rector de la Universidad Surcolombiana expidió la
Resolución no. 018 “Por la cual se declara la vacancia de un empleo por abandono
del cargo, el incumplimiento de un convenio de comisión de estudios y se hace
efectiva la correspondiente caución que ampara el riesgo de incumplimiento...”.
9) La Compañía aseguradora Liberty Seguros SA y el actor interpusieron recurso
de reposición, los cuales se resolvieron desfavorablemente a través de la
Resolución no. 066 del 26 de abril de 2012, entre otras cosas, porque “el docente
incumplió las condiciones del contrato de comisión. Precisando que no existe
justificación para que el docente suscribiera contratos de orden laboral con EAFIT,
a sabiendas de que devengaba salario durante todo el periodo de la comisión”.
10) El 22 de noviembre de 2012 formuló demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento en contra de la Universidad Surcolombiana con el fin
de que se declarara la nulidad de la Resoluciones no. 018 del 3 de febrero y 066 del
26 de abril de 2012.
11) El 17 de junio de 2015 el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Neiva profirió sentencia de primera instancia en la cual negó las
pretensiones de la demanda.
12) El demandante apeló1 y el Tribunal Administrativo del Huila confirmó la
sentencia de primera instancia en consideración a “(...) que todo el trámite
administrativo fue conocido por el accionante; porque todas las decisiones fueron
notificadas y tuvo la oportunidad de formular los respectivos reparos (entre ellos el
recurso de reposición). Así las cosas, no se infiere que se haya soslayado el debido
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En el escrito manifestó que la comisión de estudios se caracteriza por ser una sola, por lo tanto,
solo existió un solo acto administrativo susceptible de ser demandando por cuanto fue el que autorizó
tal situación administrativa. Asimismo, adujo que por el hecho de que no se hubiera aprobado la
prorroga para continuar los estudios, no significada que debía dejar de cumplir esa misión, pues tal
negativa solo operó para efectos presupuestales y, por otro lado, insistió en los cargos de nulidad
del acto administrativo demandado.
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proceso y el derecho de defensa; siendo pertinente destacar, que en la
argumentación que el actor esgrimió en desarrollo del proceso y en la alzada, no
cuestionó el quantum o la forma en que la Universidad Surcolombiana hizo efectiva
las pólizas de garantía del contrato de comisión de estudios (...)”.
2. El fundamento de la vulneración
El demandante consideró que las providencias cuestionadas adolecen de los
defectos procedimental absoluto, fáctico, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución, los cuales sustentó bajo los siguientes
argumentos:
En cuanto al defecto procedimental señaló que se desconocieron los
procedimientos legales y constitucionales al no habérsele convocado como
interesado en el proceso administrativo, lo cual cercenó su derecho de defensa,
pues se revocó el acto que le reconoció legamente la comisión de estudios sin
contar con su consentimiento.
Seguidamente, expuso que tal revocatoria se hizo en aplicación indebida de los
artículos 85 del Decreto 1950 de 1973 (aplicable a los empleados públicos de la
Rama Ejecutiva), en concordancia con el artículo 7 ibidem (modificado por el
Decreto 3555 de 2007) concerniente a las comisiones de estudios de los empleados
administrativos, sin tener en cuenta que su situación se regía por una norma
especial (régimen del Estatuto Docente).
Frente al defecto fáctico adujo que a pesar de haberse aportado todo el acervo
probatorio que demostraba la irregular actuación de la Universidad Surcolombiana,
las autoridades judiciales accionadas no valoraron en debida forma los actos
administrativos, su fundamentación (fáctica y jurídica), ni su decisión y demás
elementos de existencia y validez, a su vez, hicieron una valoración defectuosa del
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acervo probatorio, pues no tuvieron en cuenta que tales actos se expidieron de
manera irregular, sin competencia, en desconocimiento del derecho de audiencia y
defensa, falsa motivación y desviación de poder.
Frente al desconocimiento del precedente señaló que se desatendió el del Consejo
de Estado y la Corte Constitucional sobre el respeto por la autonomía universitaria,
la cual es una garantía institucional que consiste en la capacidad de autorregulación
filosófica y autodeterminación administrativa de la que gozan los centros de
educación superior, que tiene fundamento en la necesidad de que el acceso a la
formación académica de las personas tenga lugar dentro de un clima libre de
interferencias del poder público, tanto en el campo netamente académico como en
la orientación ideológica, y en el manejo administrativo y financiero del ente
educativo.
Citó distintas sentencias sobre los límites de la autonomía universitaria, tales como:
Sección Primera, del 23 de marzo de 2001, Radicado 5688, M.P. Manuel Santiago
Urueta Ayola; y de la Corte Constitucional T-492 de 1992, T-515 de 1995, T-310 de
1999, T-286 de 2005, T-886 de 2009, C-829 de 2002, C810 de 2003, C-1435 de
2000 y T-180 A de 2010.
Por último, sobre la violación directa de la Constitución adujo que las sentencias
cuestionadas desconocieron y violentaron “el estado social de derecho”, el principio
de congruencia (justicia rogada), en el contexto del supra principio del Estado Social
de Derecho y del principio de la Autonomía Universitaria (artículo 69 de la
Constitución Política), pues la Universidad Surcolombiana, en aplicación del mismo,
abusó y desconoció el régimen especial aplicable en mi caso, en mi calidad de
profesor universitario, esto es, el Estatuto Docente, y los fines y objetivos de la
Institución Universitaria, como es el fortalecimiento de la investigación científica”.
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Demandante: Geovanny Perdomo Charry
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3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“11. PETICIÓN DE TUTELA
Solicito respetuosamente SE TUTELEN LOS DERECHOS
CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES DEL DEBIDO PROCESO,
ACCESO A LA EFECTIVA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, EFICACIA
DE LOS DERECHOS SUSTANCIALES Y CONFIANZA LEGITMA dentro
de los presupuestos fácticos y jurídicos precisados en la presente Tutela,
y cualquier otro que se evidencie en el plenario.
En consecuencia, solicito SE ORDENE al JUZGADO PRIMERO
ADMINISTRATIVO DE NEIVA Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NEIVA-HUILA, DEJAR SIN
EFECTO las Sentencia del 17 de junio de 2015 y 22 de marzo de 2022 y,
en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, eficacia de los
derechos sustanciales y confianza legitima invocados en esta tutela y, en
su lugar, declarar la nulidad de los actos impugnados y conceder las
pretensiones de la demanda en el proceso ordinario-contencioso medio
de control nulidad y restablecimiento del derecho bajo el radicado
410013333001-2012-00224- 00, sobre el cual versa la presente
demanda.”.(archivo disponible en medio magnético en el aplicativo
SAMAI).
4. Actuación procesal
Mediante auto de 16 de junio de 2022 la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó la notificación al presidente
y magistrados integrantes de magistrados del Tribunal Administrativo de Huila y al
titular del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, asimismo,
por considerar que le asistía algún interés en el proceso ordenó la vinculación de la
Universidad Surcolombiana con el fin de que allegara un informe sobre los hechos
que motivaron el ejercicio de la acción.
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5. Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia
de 15 de julio de 2022 declaró improcedente el mecanismo, en tanto consideró que
no cumplió con el requisito de relevancia constitucional.
Ello, por cuanto el actor se limitó de manera muy puntual a reiterar los argumentos
expuestos en la demanda y en el recurso de apelación, sin consideración adicional.
Adicionalmente, expuso que si bien es cierto que refirió a lo largo de su escrito las
causales específicas de procedencia de la acción contra providencia judicial, lo
cierto es que no motivó de qué forma se configuraron, pues, se limitó a insistir en
que, dada su condición de docente su situación se regía por el régimen legal
especial y no por los artículos 7 y 85 del Decreto 1950 de 1973, dirigido a los
empleados públicos de la Rama Ejecutiva.
En suma, evidenció que el tribunal accionado motivó su providencia puesto que
señaló la normativa por la cual se regía la comisión de estudio solicitada por el señor
Perdomo Charry, como docente de la Universidad Surcolombiana; consideraciones
respecto de las cuales en el escrito de amparo no se formularon reparos puntuales,
salvo la insistencia en el mero desacuerdo con ello.
En cuanto al desconocimiento del precedente sostuvo que la autonomía
universitaria no es de carácter absoluto y aparte de la sola afirmación el actor no
dijo nada de cara a las consideraciones expuestas en las decisiones acusadas.
6. Impugnación
El demandante manifestó que la acción de tutela sí cumplió con el requisito de
relevancia constitucional puesto que se vulneraron sus derechos fundamentales del
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debido proceso, acceso a la administración de justicia, defensa, confianza legítima
e igualdad, en tanto no se aplicó el régimen especial que lo cobijaba, sino el
aplicable a los empleados de la Rama Ejecutiva, lo cual conllevó a que se revocara
sin justificación alguna el acto administrativo que le concedió una comisión de
estudios para que cursara un doctorado en la Universidad EAFIT en Medellín.
II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.
1. La finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco
para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o
para revivir términos precluidos o acciones caducadas.
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2. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva y al Tribunal Administrativo del
Huila, con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales
antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de las decisiones
contenidas en las sentencias del 15 de junio de 2015 y 22 de marzo de 2022
proferidas por dichas autoridades, respectivamente, en las cuales se negó la nulidad
de los actos administrativos a través de los cuales se declaró la vacancia por
abandono del cargo del empleo que ocupaba el actor debido al incumplimiento de
un convenio de comisión de estudios y, además, se hizo efectiva la respectiva
caución que amparó el riesgo por incumplimiento.
El demandante consideró que las providencias cuestionadas adolecen de los
defectos procedimental absoluto, fáctico, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución.
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia
de 15 de julio de 2022 declaró improcedente el mecanismo, en tanto consideró que
no cumplió con el requisito de relevancia constitucional pues se empleó el
mecanismo como una tercera instancia.
El demandante manifestó que la acción de tutela sí cumplió con el requisito de
relevancia constitucional puesto que se vulneraron sus derechos fundamentales del
debido proceso, acceso a la administración de justicia, defensa, confianza legítima
e igualdad, en tanto no se aplicó el régimen especial que lo cobijaba, sino el
aplicable a los empleados de la Rama Ejecutiva, lo cual conllevó a que se revocara
sin justificación alguna el acto administrativo que le concedió una comisión de
estudios para que cursara un doctorado en la Universidad EAFIT en Medellín.
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Acción de tutela
Ahora bien, la Sala considera preciso aclarar que, si bien la acción de tutela se
dirigió indistintamente contra los fallos de primera y segunda instancia, proferidos
dentro del proceso ordinario, lo cierto es que en este caso el análisis se limitará a
este último, por cuanto fue el que definió la situación jurídica particular.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sala confirmará la
decisión que declaró improcedente el mecanismo porque no encuentra satisfecho
el requisito de relevancia constitucional respecto de ninguno de los defectos
alegados por las razones que pasarán a exponerse:
1) En primer lugar, la Sala advierte que los argumentos dirigidos a sustentar que
hubo un supuesto defecto procedimental absoluto porque se le aplicaron
erróneamente las normas de los empleados de la Rama Ejecutiva al actor será
declarado improcedente por falta de relevancia constitucional.
2) En efecto, en lo concerniente al defecto en mención en el escrito de tutela el
demandante expuso lo siguiente:
“Defecto procedimental absoluto, los hechos dan cuenta que los
Despachos Judiciales demandados, al emitir las sentencias de primera y
segunda instancia, incurrieron en un defecto procedimental absoluto, por
cuanto en las decisiones cuestionadas, no se tuvo en cuenta que todas
las actuaciones de la universidad Surcolombiana que se impugnaron, a
partir de su régimen de autonomía y decisiones que fenecieran mis
derechos como docente, desconocieron los procedimientos legales y
constitucionales, al no convocarme como interesado, actuar sin
competencia, cercenando mi derecho de defensa, sin contar con mi
consentimiento y, obviando la autonomía universitaria; revocaron
oficiosamente el acto que me reconoció legamente la comisión de
estudios y con ello, declararon la vacancia de mi cargo y demás
decisiones que impugné: adicional a ello, realizaron una aplicación
indebida a la normatividad, pasaron por alto que el ente convocado como
tercero, revoco mi derecho particular y concreto con base al artículo 85
del Decreto 1950 de 1973 (aplicable a los empleados públicos de la rama
ejecutiva), en concordancia con el artículo 7 ibídem (modificado por el
Decreto 3555 de 2007), referible a las comisiones de estudios de los
empleados administrativos, sin tener en cuenta, que al pertenecer a un
régimen legal especial, me era aplicable las normas especiales (régimen
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del estatuto docente) y no el régimen de la función pública aplicable a los
empleados de la rama ejecutiva (como ocurrió en sede administrativa).
En ese orden de ideas, las decisiones del 17 junio de 2015 y 22 de abril
de 2022, dictadas por el Juzgado Primero Administrativo de Neiva y por
el Tribunal Administrativo del Huila, se vieron afectadas por el defecto
procedimental por exceso de ritual manifiesto, al ser decisiones contrarias
a derecho, de ahí que, es evidente la vulneración al debido proceso,
defensa, acceso a la efectiva administración de justicia, eficacia de los
derechos sustanciales y confianza legitima.”.
3) Sin embargo, frente a este primer reparo, se advierte que el actor pretende revivir
bajo el cauce de un defecto procedimental absoluto una discusión que fue planteada
desde la demanda como se mostrará seguidamente:
(…) Entre otras normas de derecho administrativo laboral de la función
pública que constituye el régimen especial del ESTATUTO DOCENTE
ESTATAL aplicable a las universidades públicas.
Este régimen especial tiene prevalencia por así ordenarlo el artículo 1,
inciso 2 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984);
luego sólo sería admisible acudir al régimen de la función pública de la
rama ejecutiva en las situaciones no reguladas en éste régimen especial
y el hecho de la universidad Surcolombiana haya fundamentado las
decisiones administrativas solamente sobre el régimen de los empleados
de la rama ejecutiva, desconoce el artículo citado, las normas del Estatuto
Docente, la ley 33 de 1992 que es el marco normativo que desarrolla el
artículo 69 de la Carta Política, este último que también se va
desconociendo por toda ilegal actuación administrativa.
Como se viene exponiendo, en Colombia se adoptó el Estatuto Docente
en el Decreto 2277 del 14 de septiembre de 1979, en el que se identifica
a los Educadores como “empleados oficiales de régimen especial”
sometidos a este decreto en todas las condiciones laborales (art. 1) y del
artículo 59 a 70 regula el régimen de “situaciones administrativas de los
Educadores” y, en concreto en el artículo 66 regula LAS COMISIONES
señalando: “el educador escalafón activo, puede ser comisionado en
forma temporal para desempeñar por encargo otro empleo docente, para
ejercer cargos de libre nombramiento y remoción, para adelantar estudios
o participar en congresos seminarios u otras actividades de carácter
profesional o sindical. En tal situación el educador no pierde su
Clasificación en el escalafón y tiene derecho de regresar al cargo docente,
tan pronto renuncie o sea separado del desempeño de dichas funciones.
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Si el comisionado fuere removido por una de las causales de mala
conducta contemplada en el artículo 46 de este decreto se le aplicará
procedimiento disciplinario establecido en el capítulo quinto.
El salario las prestaciones de sales del docente comisionado será el
respectivo cargo.
El tiempo que dure la comisión será tomada en cuenta para efectos de
ascenso en el escalafón.
Si el nombramiento para un cargo de libre nombramiento y remoción no
se produce por comisión, sino en forma pura y simple el educador se
considera reiterado del servicio activo docente.
Conforme a lo anterior, encontramos que la universidad desconoce
las normas citadas, pues el régimen especial de los docentes
oficiales no señala término alguno para las comisiones de estudio,
por obvias razones, ya que depende la respectiva comisión y plan de
estudio autorizado.”. (negrillas de la Sala)
4) Además, la autoridad judicial de segunda instancia se pronunció y resolvió
puntualmente tal aspecto en el sentido de señalar que no efectuaría ningún análisis
frente a ese punto, por cuanto evidenció que el acto administrativo que negó la
prórroga para la comisión de estudios no fue recurrido en sede administrativa ni
demandado en sede judicial –se transcribe–:
“El impugnante también discute la validez del “aval”; es decir, la prórroga
negada para continuar la comisión de estudios. Y en esencia, considera
que al sector docente no se puede aplicar el régimen del personal civil de
la rama ejecutiva. Resaltando que en el caso de los educadores
universitarios, la comisión de estudios no establece ningún termino de
duración. De suerte, que se debe aplicar por favorabilidad.
c.- Al respecto, es menester resaltar que en la primera actuación la
universidad decidió no prorrogar la comisión de estudios (apoyándose en
el artículo 85 del Decreto 1950 de 1973), y en la medida en que la
resolución 024 del 1o de noviembre de 2011 es un acto definitivo (porque
decidió de fondo el asunto); era pasible de los recursos ordinarios en sede
administrativa y su legalidad debió cuestionarse a través del
correspondiente medio de control judicial (desde luego, dentro del
respectivo termino de caducidad).
Por su parte, la segunda actuación culminó con las resoluciones 018 y
066 del 3 de febrero y del 16 de abril de 2012; a través de las cuales se
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declaró el abandono del cargo, la vacancia del empleo y se hicieron
efectivas las pólizas de incumplimiento contractual.
Como se puede inferir, son dos actuaciones autónomas e independientes
(no obstante que se relacionan con el mismo demandante); y en razón a
que el actor guardó silencio contra la decisión de no prorrogar la comisión
de estudios (en sede administrativa y judicial); considera la Sala que no
puede ser objeto de análisis ni pronunciamiento en el presente medio de
control.
Maxime, si la referida resolución 024 de 2011 no hizo parte de los actos
enjuiciados y su nulidad no fue deprecada de manera expresa. En tal
virtud, el control de legalidad no se puede realizar de manera oficiosa; so
pretexto de que las dos actuaciones son conexas.”.
5) Así las cosas, sobre este tópico no queda duda que se pretende utilizar la acción
de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario con el fin de que el juez
constitucional estudie de fondo las inconformidades relacionadas con el régimen
aplicable a los docentes universitarios en situaciones administrativas, ya que se le
negó la continuidad de la comisión de estudios con fundamento en los Decretos
1950 de 1973.
6) Por otra parte, en cuanto al defecto fáctico el demandante expuso que se
configuró en la medida en que se valoró de manera defectuosa el acervo probatorio
en los siguientes términos:
“Defecto fáctico por indebida valoración probatoria o defectuosa
valoración del material probatorio, a pesar de haberse aportado todo el
acervo probatorio que demostraba la irregular actuación de la Universidad
Surcolombiana, los Despachos Judiciales accionados, no les dieron el
valor probatorio que se le debía dar a las misma, pues tal como se
mencionó en líneas anteriores, no se valoraron en debida forma los actos
administrativos impugnados, su fundamentación (fáctica y jurídica), ni su
decisión y demás elementos de existencia y validez, a su vez, hicieron
una valoración defectuosa del acervo probatorio, pues no tuvieron en
cuenta que los actos enjuiciados se expidieron de manera irregular;
sustentando las decisiones en circunstancias inexistentes, encontrándose
inmersos en las causales de infracción de normas en que debió fundarse
los actos administrativos, falta de competencia, expedición irregular y
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, falsa motivación y
desviación de poder.”.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03240-01
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Acción de tutela
7) Frente a tal reparo, de entrada, la Sala advierte que el actor no cumplió con la
carga mínima que le asistía, pues, si bien alegó que se configuró, lo cierto es que
no expuso las razones por las cuales consideró que se presentó dicho defecto, esto
es, a través de la identificación precisa de las pruebas presuntamente desconocidas
y valoradas de manera irracional, como tampoco desplegó un mínimo de
argumentación a partir de la cual se pudiera extraer la sustentación de tales
planteamientos, circunstancias que demuestran una de las aristas de la falta de
relevancia constitucional.
8) Se recuerda que cuando se pretende cuestionar providencias judiciales a través
de la acción de tutela se requiere un mínimo de argumentación, teniendo en cuenta
que para su procedencia deben satisfacerse los requisitos generales y específicos
para que resulte viable un estudio de fondo, de modo que en tales casos no basta
con la sola manifestación de encontrarse estar en desacuerdo con la decisión
judicial adoptada ni señalar la configuración de alguna de los defectos.
9) La Corte Constitucional en sentencia C-590 de 2005 se refirió a dicho tópico y
fue clara en señalar que siempre que se presentan tutelas contra providencias
judiciales resulta imprescindible que quien considere vulnerados derechos
fundamentales explique y justifique la relevancia constitucional del asunto y
demuestre de manera motivada el porqué de su decir.
10) Adicionalmente, en cuanto al presunto desconocimiento del precedente se tiene
que el demandante citó distintas sentencias en las que se analizó la autonomía con
la que cuentan las universidades como entes autónomos y con fundamento en ellas
expresó:
“De este modo, para el caso en concreto, se vislumbra que los Despachos
Judiciales accionados, pasaron por alto que la Universidad
Surcolombiana, hicieron caso omiso a lo señalado por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional y/o Consejo de Estado, ya que desatendieron
los lineamientos y/o subreglas establecidas a la autonomía universitaria y
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el mismo, se ejerció de manera arbitraria, incurriendo en actos
discriminatorios, cercenándome el derecho a la igualdad, cercenarme
(revocarme vedadamente de oficio) el derecho particular y concreto de
comisión de estudios para un doctorado del cual venía disfrutando,
aplicando normas de función pública propias de la Rama Ejecutiva,
desconociendo el régimen especial del estatuto docente estatal aplicable
a las universidades públicas; discrimina, contrariando el derecho a la
igualdad, a pesar que otros docentes en las mismas condiciones en que
me encontraba, habían sido beneficiarios de prorrogas de comisiones de
estudios por igual o más tiempo del que me correspondía por el doctorado
que cursaba.”.
11) No obstante, lo cierto es que frente a la autonomía con la que cuentan las
universidades se observa que el Tribunal Administrativo de Huila sí se pronunció in
extenso en su decisión y expuso lo siguiente:
“4.- El marco normativo de la comisión de estudios. Énfasis en el personal
docente en la Universidad Surcolombiana.
a.- El artículo 69 Superior “...garantiza la autonomía universitaria. Las
universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios
estatutos, de acuerdo con la ley.
La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.
El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades
oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su
desarrollo...”
b.- Los artículos 29 y 45 de la Ley 30 de 1992, facultaron a los centros de
educación superior para expedir y/o modificar los estatutos y reglamentos
internos; incluyendo el aplicable a los docentes:
“...ARTÍCULO 29. La autonomía de las instituciones universitarias o
escuelas tecnológicas y de las instituciones técnicas profesionales estará
determinada por su campo de acción y de acuerdo con la presente Ley en
los siguientes aspectos:
a) Darse y modificar sus estatutos.
b) Designar sus autoridades académicas y administrativas.
c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir
los correspondientes títulos.
d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes,
científicas, culturales y de extensión.
e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos.
f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes.
g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social
y de su función institucional...” (subrayado fuera de texto).
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c.- En ejercicio de dichas facultades, el Consejo Superior de la
Universidad Surcolombiana expidió el Acuerdo 037 del 14 de abril de
1993, y en los artículos 81 y ss. reguló las comisiones de estudio.”.
(negrillas de la Sala)
12) Así las cosas, frente a este punto es evidente que el interés del actor
nuevamente es emplear la acción de tutela como una instancia adicional al proceso
ordinario, pues se trata de argumentos que ya habían sido planteados y sobre los
cuales el tribunal sí se pronunció de manera expresa, situación diferente es que
haya advertido que el acto que negó la prórroga de la comisión de estudios no fue
demandado por el actor, por lo que no cabía ningún análisis adicional frente a ello.
12.1) En este punto cabe anotar que el acto que negó la continuidad de la comisión
de servicios por un año más era un acto autónomo, previo, independiente y definitivo
que podía demandarse de manera separada o conjuntamente con el de retiro, pero
que no fue objeto de control jurisdiccional, por lo que para la Sala es forzoso concluir
que el tribunal juzgó, analizó y falló solo conforme la parte actora se lo alegó y pidió,
sin que constituya una vía de hecho el no haber analizado de fondo aquel acto, pues
-se insiste- no fue cuestionado en sede judicial y ni siquiera se solicitó sobre el
mismo una excepción de ilegalidad
13) Por último, en cuanto a la violación directa de la Constitución se observa que el
demandante en el escrito de tutela sostuvo lo siguiente:
“Para el caso en concreto, las sentencias cuestionadas, desconocieron y
violentaron “el estado social de derecho”, el principio de congruencia
(justicia rogada), en el contexto del supra principio del Estado Social de
Derecho y del principio de la Autonomía Universitaria (artículo 69 de la
Constitución Política), pues la Universidad Surcolombiana, en aplicación
del mismo, abusó y desconoció el régimen especial aplicable en mi caso,
en mi calidad de profesor universitario, esto es, el Estatuto Docente, y los
fines y objetivos de la Institución Universitaria, como es el fortalecimiento
de la investigación científica.
En ese sentido, es claro que los Despachos Judiciales demandados y las
decisiones cuestionadas, no tuvieron en cuenta que el ente universitario
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Acción de tutela
vinculado, omitió la potestad Estatutaria de la Universidad Surcolombiana
(artículos 62 a 80 de la ley 30 de 1992 y concordantes) a partir del cual se
estableció su régimen profesoral y administrativo, el cual es prevalente y
de sujeción especial, según reiterados precedentes constitucionales y de
unificación por la jurisdicción contenciosa (art. 10 del CPACA y sentencia
c-634 del 24 de agosto de 2011), situaciones que conllevó a que se
vulneren los derechos fundamentales invocados.
En suma, toda la ilegal actuación ha sido vulneratorio de los principios y
normas de rango constitucional y de su bloque de constitucionalidad
consagrados en el artículo 83, 93 y 94, desconociendo así, normatividad
nacional e internacional.”.
14) No obstante, la Sala advierte que este último defecto guarda estrecha relación
con el defecto procedimental y el desconocimiento del precedente, a través de los
cuales se pretendió demostrar una indebida aplicación de la norma, de ahí que, se
reitera, es apenas natural que ese aspecto no haya sido motivo de análisis
precisamente ante la proposición jurídica incompleta que se planteó en la demanda
ordinaria, pues, como lo señaló el tribunal de instancia, el demandante no atacó en
sede judicial ese acto administrativo, sino únicamente el primero, pese a que se
trataba de un acto definitivo pasible de control jurisdiccional y cuya demanda era
necesaria para que el juez de la nulidad pudiera pronunciarse sobre él, pues, se
recuerda, dicho medio de control se caracteriza por su carácter rogado, de modo
que el juez natural de la causa no podía pronunciarse sobre una decisión que no
fue atacada, como lo fue la resolución que le negó la continuidad de la comisión.
15) Así las cosas, en los términos expuestos, para la Sala es claro que desde el
libelo inicial que dio origen al proceso ordinario el actor ha pretendido cuestionar la
aplicación indebida de la norma que rige la situación administrativa de comisión de
los docentes universitarios, específicamente el término con el que cuentan para
tales efectos, motivo por el cual para la Sala le asiste la razón a la primera instancia
en cuanto expuso que el accionante se limitó, de manera muy puntual, a reiterar los
argumentos expuestos en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y
en el recurso de apelación, sin consideración adicional bajo el cauce de los defectos
específicos.
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16) En consecuencia, la Sala advierte que la acción de tutela carece de relevancia
constitucional pues el interés de la parte actora es emplear este mecanismo como
una tercera instancia para tratar de demostrar una supuesta aplicación indebida de
la norma que regía la comisión del actor como docente universitario y una valoración
irracional de las pruebas del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que,
según su parecer, daban cuenta que los actos administrativos demandados fueron
proferidos sin competencia, en desconocimiento del derecho de audiencia y
defensa, falsa motivación y desviación de poder, aspectos que se discutieron en el
proceso ordinario y que en tanto causales de nulidad de los actos administrativos
que son no pueden ser ventiladas a través de la acción de tutela, pues no revisten
una genuina importancia desde el punto de vista constitucional, sino que
corresponden a debates interpretativos o probatorios que debe resolver el juez
natural de la causa, siempre que los demandantes cumplan con su carga de
demandar los actos correspondientes y justificar las razones por las que deben
nulitarse, aspecto que no sucedió en este caso.
17) Por consiguiente, se confirmará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la demanda de tutela por carencia del requisito de relevancia
constitucional, en tanto se advierte que el objeto de la demanda es reabrir un debate
jurídico procesal que era propio del trámite del proceso ordinario y al juez
constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su
competencia.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
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Demandante: Geovanny Perdomo Charry
Acción de tutela
FALLA
1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la
acción de tutela presentada por el señor Geovanny Perdomo Charry, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.
2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera
instancia y remítasele copia del misma.
4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Aclara voto
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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