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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03241-00

Fecha
28 de julio de 2022
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodriguez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03241-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela promovida por Julio César Díaz Acosta, conforme con lo expuesto en esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-03241-00

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez

28 de julio de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03241-00
Demandante: Julio César Díaz Acosta

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03241-00
Demandante: JULIO CÉSAR DÍAZ ACOSTA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Temas: Contra providencia judicial en proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho que denegó el reconocimiento de un contrato realidad.
Defecto fáctico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Julio César Díaz Acosta contra
el Tribunal Administrativo de Santander.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. En ejercicio de la acción de tutela, mediante apoderada judicial, el señor Julio César
Díaz Acosta pidió la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia, que estimó vulnerados por la
sentencia del 2 de mayo de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo de Santander.
En concreto, formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, contradicción y acceso a
la administración de justicia establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia
respecto del señor JULIO CÉSAR DÍAZ ACOSTA.

SEGUNDO: DECLARAR que la sentencia de segunda instancia del dos (02) de mayo de dos mil
veintidós (2022) proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER en sala de
decisión integrada por los Magistrados CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE, FRANCY DEL
PILAR PINILLA PEDRAZA e IVÁN FERNANDO PRADA MACÍAS, violó los artículos 29 y 229 de
la Constitución Política de Colombia.

TERCERO: ORDENAR la revisión de la sentencia de segunda instancia del dos (02) de mayo
de dos mil veintidós (2022) proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER en
sala de decisión integrada por los Magistrados CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE, FRANCY
DEL PILAR PINILLA PEDRAZA e IVÁN FERNANDO PRADA MACÍAS, a fin de que se garantice
el debido proceso y el acceso a la Justicia del señor JULIO CÉSAR DÍAZ ACOSTA.

CUARTO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia del 2 de mayo de 2022
proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER y en firme la de primera
instancia emitida por el JUEZ QUINTO ORAL ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA que
declaró la existencia de una verdadera relación laboral entre el señor JULIO CÉSAR DÍAZ acosta
y la NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA NACIONAL, DIRECCIÓN DE SANIDAD DE
LA POLICÍA NACIONAL, DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL SECCIONAL
SANTANDER y/o CLÍNICA REGIONAL DEL ORIENTE HOY REGIONAL DE ASEGURAMIENTO
EN SALUD N°5.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03241-00
Demandante: Julio César Díaz Acosta

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. El señor Julio César Díaz Acosta estuvo vinculado a la Clínica Regional del Oriente
de la Seccional de Sanidad de Santander de la Policía Nacional, en calidad de médico
especialista en otorrinolaringología, mediante diferentes contratos de prestación de
servicios, desde el 7 de febrero de 2012 hasta el 23 de mayo de 2020.

2.2. El señor Díaz Acosta solicitó a la Seccional de Sanidad de Santander de la Policía
Nacional el pago de las prestaciones sociales y demás derechos laborales, como
consecuencia de la relación laboral que adujo sostener con dicha entidad. Mediante oficio
S-2020-009994 RASES-ASJUR 1.10 del 11 de agosto de 2020, la entidad denegó la
solicitud.

2.3. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el actor demandó
la nulidad del Oficio S-2020-009994 RASES-ASJUR 1.10 del 11 de agosto de 2020 y, a
título de restablecimiento del derecho, pidió el reconocimiento y pago de todas las
prestaciones sociales derivadas de la prestación del servicio entre el 7 de febrero de
2012 hasta el 23 de mayo de 2020, y que se ordene que el tiempo laborado tenga efectos
pensionales.

2.4. La demanda correspondió al Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga, que,
por sentencia del 4 de octubre de 2021, accedió a las pretensiones. En concreto, la
autoridad judicial estimó que se cumplieron los requisitos exigidos para demostrar la
existencia de una verdadera relación laboral (prestación personal del servicio,
remuneración y subordinación o dependencia administrativa), pues concluyó que las
actividades desarrolladas por el señor Julio César Díaz Acosta no eran ocasionales,
accidentales o transitorias, sino inherentes a la dirección del sector salud, es decir,
correspondían al giro ordinario de la entidad.

2.4.1. Que, de hecho, se demostró que el actor “prestó sus servicios en la Seccional
Sanidad Santander, hoy Regional de Aseguramiento en Salud N° 5, en la Clínica
Regional Del Oriente como médico especialista en otorrinolaringología, que su horario
presencial de trabajo iniciaba a las 7 de la mañana con la atención o consulta médica de
los pacientes asignados y que su turno terminaba sobre la una de la tarde, también se
señaló que existían otros turnos de una a seis de la tarde, los cuales eran fijados
exclusivamente por la Coordinación Médica”.

2.5. La Policía Nacional presentó recurso de apelación contra la anterior decisión y el
Tribunal Administrativo de Santander, por sentencia del 2 de mayo de 2022, la revocó y,
en su lugar, denegó las pretensiones. En síntesis, el tribunal señaló que si bien se
probaron los requisitos de prestación personal del servicio y remuneración, no sucedió
lo mismo con el de subordinación.

2.5.1. Explicó que el análisis de la subordinación debió hacerse con relación a la calidad
del demandante y al tipo de actividad contratada, ya que éste fue contratado por ser
especialista en otorrinolaringología, con el que no contaba la entidad y se requería para
la atención para tratar a los usuarios que presentaron problemas relacionados con los
oídos, nariz, garganta y demás problemas asociados. Además, encontró que el señor
Díaz Acosta no prestaba los servicios de manera exclusiva a la Policía Nacional, ya que
de manera concomitante también prestaba servicios como otorrinolaringólogo en el
Hospital Universitario de Santander.

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Demandante: Julio César Díaz Acosta

3. Argumentos de la acción de tutela

3.1. El señor Julio César Díaz Acosta alegó que la sentencia del 2 de mayo de 2022,
dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, vulneró los derechos fundamentales
invocados por las siguientes razones:

3.1.1. Que la providencia acusada incurrió en defecto fáctico, pues, a su juicio, no se
tuvieron en cuenta todas las pruebas testimoniales recaudadas en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, que daban cuenta de la verdadera relación laboral que
existió entre el demandante y la ESE Clínica Regional del Oriente (hoy Regional de
Aseguramiento en Salud No. 5).

3.1.1.1. Que los señores Manuel Fernando Buitrago Torrado, Carlos Eudoro Maldonado
Galeano e Inés Velasco Rodríguez en los testimonios rendidos señalaron que el
demandante “debía ceñirse a las instrucciones y directrices institucionales, entre otras
manifestaciones, y olvidando que la especialidad de los servicios de salud no excluye
por sí sola la posibilidad de configuración de una verdadera relación laboral”.

3.1.1.2. Por otro lado, explicó que la autoridad judicial concluyó que el demandante no
demostró el elemento de la subordinación, y tomó como fundamento el conocimiento del
tribunal sobre la existencia de otro proceso judicial de similar naturaleza iniciado por el
demandante en contra del Hospital Universitario de Santander.

3.1.1.3. Al respecto, señaló que la autoridad judicial demandada cimentó su argumento
en una prueba que no se incorporó formalmente al proceso y que, por lo tanto, violó los
derechos al debido proceso, contradicción y de acceso a la administración de justicia de
las partes.

3.1.1.4. Indicó que se desconoció el artículo 164 del CGP, pues el tribunal tuvo en cuenta
de manera ilegal una prueba para resolver el asunto cuando “dentro de sus facultades
contaba con la posibilidad de requerir de alguna de las partes, puntualmente al actor, el
esclarecimiento de la vinculación de este al Hospital Universitario de Santander, para el
conocimiento del juez, de las partes y permitirles a éstas controvertirlas.

3.1.2. Que también incurrió en desconocimiento del precedente vertical del Consejo
de Estado en cuanto al principio de la primacía de la realidad sobre las formas y los
elementos para la configuración de una verdadera relación laboral: prestación personal
del servicio, remuneración o salario y subordinación. Para el efecto citó la sentencia del
27 de enero de 2022, de la Sección Segunda de esta Corporación, expediente 68001-
23-33-000-2014-00027-01 (0831-2015).

4. Trámite procesal

4.1. Por auto del 16 de junio de 2022, el Despacho Sustanciador admitió la demanda de
tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandado, a los magistrados
del Tribunal Administrativo de Santander y, como tercero con interés, al director de la
Policía Nacional.

4.2. En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 21 de junio de
20221.
1 Índice 7 de Samai.

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Demandante: Julio César Díaz Acosta

5. Intervenciones

5.1. El jefe de área jurídica de la Policía Nacional solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela al considerar que la providencia cuestionada no vulneró
ningún derecho fundamental al demandante. Adicionalmente, expuso que no se
demostró la existencia de un perjuicio irremediable que permita la procedencia de la
tutela como mecanismo transitorio.

5.2. El Tribunal Administrativo de Santander no intervino, pese a que, como se vio,
fue notificado de la admisión de la demanda de tutela.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela contra providencias judiciales

1.1. A partir del año 20122, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20143, se precisó que la
acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas
por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución
Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.

1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la
sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los
medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una
sentencia de tutela.

1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez
puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los
siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela:
(i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto
orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del
precedente y (viii) violación directa de la Constitución.

1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han
venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se
convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas
que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por
negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.

1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo
de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de
cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un
requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que
exija la imperiosa intervención del juez constitucional»4.

2 Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
3 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
4 SU-573 de 2017.

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2. Planteamiento y solución del problema jurídico

2.1. La Sala estima que la demanda de tutela cumple los requisitos generales para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En consecuencia, se
resolverá el asunto de fondo.

2.2. Siendo así, corresponde a la Sala determinar si la sentencia del 2 de mayo de 2022,
dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, incurrió (i) en defecto fáctico, por
omitir la valoración de las pruebas que, a juicio del actor, daban cuenta del elemento de
subordinación, y tener en cuenta una prueba que no fue debidamente incorporada al
proceso y (ii) en desconocimiento de los criterios establecidas por el Consejo de Estado,
para determinar la existencia de una relación laboral.

3. Solución al problema jurídico planteado

3.1. En cuanto al defecto fáctico, vale decir que, en términos generales, se configura
cuando la decisión adoptada por el juez carece de los elementos probatorios adecuados
para soportarla.

3.1.1. El defecto fáctico puede configurarse por acción o por omisión. En un
pronunciamiento reciente la Corte Constitucional, en sentencia T-324 de 2013, se refiere
a dos conductas constitutivas del defecto fáctico: «i) defecto fáctico por omisión:
cuando el juez se niega a dar por probado un hecho que aparece en el proceso, lo que
se origina porque el funcionario: a) niega, ignora o no valora las pruebas solicitadas y b)
tiene la facultad de decretar la prueba y no lo hace por razones injustificadas, y ii) defecto
fáctico por acción: se da cuando a pesar de que las pruebas reposan en el proceso,
hay: a) una errónea interpretación de ellas, bien sea porque se da por probado un hecho
que no aparece en el proceso, o porque se estudia de manera incompleta, o b) cuando
las valoró siendo ineptas o ilegales, o c) fueron indebidamente practicadas o recaudadas,
vulnerando el debido proceso y el derecho de defensa de la contraparte; entonces, es
aquí cuando entra el juez constitucional a evaluar si en el marco de la sana crítica, la
autoridad judicial desconoció la realidad probatoria del proceso».

3.1.2. La Corte Constitucional también ha dicho que en el defecto fáctico se pueden
identificar dos dimensiones: una negativa y otra positiva. La primera hace alusión a las
omisiones del juez en la valoración de pruebas que pueden resultar determinantes para
establecer la veracidad de los hechos narrados. «La segunda corresponde a una
dimensión positiva que se presenta cuando el juez aprecia pruebas esenciales y
determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni
valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo se
desconoce la Constitución»5.

3.1.3. En lo que corresponde al defecto fáctico por indebida valoración probatoria, la
Corte Constitucional ha dicho que se presenta «cuando el funcionario judicial, en contra
de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente
probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir
pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión
respectiva»6.

3.1.4. En todo caso, para que se configure el defecto fáctico es necesario que el error
en la valoración de la prueba sea determinante en el sentido de la decisión, es decir,

5 Sentencia T-274 de 2012.
6 Sentencia T-781 de 2011.

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que de haberse valorado adecuadamente la prueba el resultado del proceso hubiere
sido distinto. Al respecto, la jurisprudencia constitucional precisó que «el error en el juicio
valorativo de la prueba “debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales
de competencia»7.

3.2. En el caso concreto, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Santander
comenzó por referirse a las pruebas que obraban en el expediente, tales como las
pruebas documentales, las declaraciones recibidas por los testigos y el interrogatorio de
parte. A partir de esas pruebas, el tribunal demandado hizo la siguiente valoración:

(…)
Precisada la diferencia entre la subordinación como estandarte del contrato realidad, y la
coordinación como eje que sirve para el cumplimiento de las actividades contratadas, considera
la Sala que, en el caso bajo estudio, no se configuró una relación laboral, habida cuenta que la
condición profesional del demandante, aunado a la forma como debía prestar el servicio, permite
concluir que su adhesión a la clínica de la Policía Nacional no era exclusiva.

La Sala discrepa del análisis formulado por la A-quo, pues, si bien es cierto que la contratación
entre las partes se dio en un periodo de ocho años continuos, ello no controvierte la idea de que
la labor contratada era de carácter temporal, sujeta a la ocurrencia de eventos que requirieran la
presencia del médico o de las consultas que necesitaran los usuarios de los servicios de salud.

A juicio de esta Corporación el análisis de la subordinación debió hacerse con relación a la
calidad del demandante y al tipo de actividad contratada, pues, como se probó la entidad requirió
los servicios del señor Díaz Acosta, por ser especialista en otorrinolaringología, lo que indica que
su experticia y conocimiento en la ciencia médica lo iba a poner al servicio de la entidad, para
tratar a los usuarios que presentaron problemas relacionados con los oídos, nariz, garganta y
demás problemas asociados.

Este aspecto permite concluir a la Sala, que el señor Díaz Acosta en la forma de prestar sus
servicios, era autónomo, pues, precisamente esas calidades profesionales y personales le
permitían establecer frente a cada caso un diagnóstico o determinado procedimiento, sin requerir
de la aquiescencia o aprobación de un superior.

Ahora bien, con relación a las pruebas que constan en el proceso, se estima que la existencia
de una agenda para la atención de los usuarios de la entidad, lo que denota es la organización
y coordinación que debía existir entre el contratista y la entidad contratante, en aras de satisfacer
las necesidades del paciente, pues, precisamente por tratarse de servicios de salud, lo normal
es que las consultas y procedimientos requeridos por el usuario, estén previamente determinados
de acuerdo al horario de la entidad y la disponibilidad acordada con el especialista.

En cuanto al hecho de que era la entidad demandada quien organizaba la agenda y supervisaba
el cumplimiento de estas, esa situación obedece a que la Policía Nacional era la garante de los
derechos de sus afiliados, por lo tanto, tenía el deber de vigilar no solo que se cumpliera el objeto
contractual, sino, además, que ese personal externo especialista satisficiera las expectativas de
los pacientes.

Como se pudo determinar de las pruebas documentales que constan en el expediente, en más
de una ocasión el señor Díaz Acosta, por razones personales, solicitó el cambio de horario de
atención, lo cual demuestra que el horario definido para atención de los pacientes podía ser
modificado. El hecho de que requiriera informarle al coordinador del área de salud, de algún
cambió de la agenda, tampoco es indicativo de subordinación, porque como se advirtió en el
párrafo anterior, la entidad debía garantizar los derechos de los usuarios de la prestación de un
servicio público como la salud, la información del cambio de las citas o procedimientos
programadas con antelación.

7 Ibídem.

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En cuanto al horario se evidenció de los contratos, que el accionante fue contratado para que
prestara sus servicios bajo un número determinado de horas y días que eran previamente
agendadas, quedando el señor Díaz Acosta con la disponibilidad de prestar servicios en otras
entidades o de manera particular, ya que las labores no eran diarias y los días de atención de
pacientes o consultas tampoco eran de ocho horas.

Lo anterior, permite concluir que el señor Díaz Acosta no prestaba los servicios de manera
exclusiva en la Policía Nacional, ya que de manera concomitante también prestaba servicios
como otorrinolaringólogo en el Hospital Universitario de Santander. Este hecho fue afirmado por
el testigo Fabián Mantilla Villabona, y además, la Magistrada Ponente pudo corroborarlo, porque
en otra sala de decisión de la cual hace parte, se presentó el día 21 de abril del año en curso
proyecto de sentencia dentro del proceso con radicado 68001233300020170096300, en el que
el mismo actor formuló demanda contra el Hospital Universitario de Santander, procurando que
se declarara la existencia de una relación laboral por los servicios que prestó como
otorrinolaringólogo durante el lapso comprendido entre el 2 de marzo de 2011 y el 31 de julio de
2016.

Además de todo lo expuesto, tampoco se demostró que en la institución existiera un médico de
planta que cumpliera las mismas e identificas funciones a las desarrolladas por el demandante.
Es decir, no se demostró que existiera un trato diferencial entre el actor como contratista y un
médico especialista de planta.

En conclusión, se considera que si bien la prestación de servicios de salud, como el
desempeñado por el demandante, es una labor inherente al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, no todos los servicios que estos prestan deben estar cubiertos por empleados
públicos, pues el ordenamiento jurídico permite, excepcionalmente, celebrar contratos de
prestación de servicios cuando las actividades no puedan realizarse con el personal de planta
de la entidad o se requieran de conocimientos especializados como en el caso bajo estudio.

3.2.1. Conforme con lo anterior, la Sala advierte que, contrario a lo manifestado por la
parte actora, el tribunal demandado sí tuvo en cuenta y valoró todas las pruebas obrantes
en el proceso.

3.2.2. Justamente, fueron esas pruebas las que permitieron al tribunal demandado
encontrar acreditado que el actor prestó de manera personal el servicio y que recibió una
remuneración a cambio. Otra cosa es que el tribunal concluyera que esas circunstancias,
por sí solas, no acreditaban la configuración del elemento de subordinación o
dependencia continuada, requisito necesario para establecer el vínculo laboral entre las
partes.

3.2.3. Específicamente sobre el requisito de la subordinación, la Sección Segunda del
Consejo de Estado8 ha señalado que: “(i) la subordinación o dependencia es la situación
en la que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos,
la cual debe mantenerse durante el vínculo”, circunstancias que no se probaron en este
caso, pues como lo dijo el tribunal, la especialidad médica del señor Díaz Acosta, la
programación de las citas y las horas contratadas daban cuenta que se trataba de un
servicio especializado con el que no contaba la entidad contratante en su planta interna
y, además, que le permitían al actor modificar los horarios de atención a los pacientes,
como sucedió en varias oportunidades.

3.2.4. Ahora, respecto al presunto error del tribunal al analizar y valorar una prueba no
decretada e incorporada legalmente, esto es, la existencia de otro proceso judicial

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, sentencia de 4 de febrero

de 2016, expediente: 81001-23-33-000-2012-00020-01 (0316-2014), Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda - Subsección B, Magistrado Ponente: César Palomino Cortés, Bogotá, D.C.,
veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018), Rad. No.: 68001-23-31-000-2010-00799-01.

7

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iniciado por el actor contra el Hospital Universitario de Santander con similares hechos
al estudiado en el proceso bajo análisis, es preciso señalar que, tal como lo sostuvo la
autoridad demandada, dicho hecho fue puesto de presente por el testigo Fabián Mantilla
Villabona, declaración frente a la cual el demandante no se opuso.

3.2.4.1. Lo anterior quiere decir que dicha situación fue válidamente puesta en
conocimiento del juez de manera legal y en la etapa procesal correspondiente
(probatoria). Cosa distinta es que el tribunal haya corroborado la información verificando
los procesos que se registraron con proyecto de fallo en dicha Corporación (información
que es pública y se puede verificar en el sistema de información judicial de la Rama
Judicial). En ese sentido, no se trata de conocimientos privados del juez utilizados en el
proceso, sino una situación puesta en conocimiento de un testigo, que el tribunal
corroboró.

3.2.4.2. De hecho, la Sala observa que la providencia cuestionada únicamente hizo
referencia a que se corroboró la información dada por el testigo, en cuanto a la existencia
de otro proceso judicial. Pero no se valió del contenido del proceso (hechos o pruebas)
para decidir el caso propuesto por el demandante.

3.2.4.3. No es cierto, entonces, que la autoridad judicial demandada hubiese valorado
ilegalmente una prueba. Todo lo contrario, lo que aprecia la Sala es que se analizaron
integralmente todas las pruebas obrantes, que la valoración del tribunal resulta válida y
que está sustentada en términos lógicos y de sana crítica.

3.2.5. Siendo así, la sentencia objeto de tutela no incurrió en defecto fáctico, por indebida
valoración probatoria, pues, como se vio, además de que se tuvieron en cuenta las
pruebas aludidas por la demandante, para la Sala, la valoración realizada por el tribunal
fue razonable, en la medida en que esas pruebas no demostraron la subordinación, que
es un elemento fundamental para probar la existencia de una verdadera relación laboral.

3.2.6. En este punto, conviene resaltar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha determinado que la acción de tutela contra decisiones judiciales se concibe como un
juicio de validez, mas no de corrección9, y que, por lo tanto, este mecanismo no puede
utilizarse como una instancia para discutir asuntos de índole probatoria que dieron origen
a los procesos ordinarios. De ahí que el defecto fáctico se configura únicamente cuando
se evidencia que existe una clara desconexión entre las pruebas del proceso y la decisión
adoptada, al punto que resulta incompatible con la Constitución. Pero lo cierto es que
eso no ocurrió en este caso. Se reitera, la valoración probatoria fue razonable y
desconocerla derivaría en que la tutela se convierta en una instancia adicional y en el
desconocimiento de los principios de autonomía judicial y seguridad jurídica.

3.3. Por otra parte, en cuanto a la sentencia del Consejo de Estado, en la que, según el
actor, se explicaron los criterios establecidos para probar la existencia de un contrato
realidad, la Sala advierte que la decisión del tribunal atendió los criterios fijados por la
Sección Segunda del Consejo de Estado sobre el elemento de la subordinación. De
hecho, la providencia cuestionada tuvo en cuenta las sentencias de unificación del 25 de
agosto de 2016 y 9 de septiembre de 2021, que establecieron reglas de unificación
respecto a la configuración del contrato realidad.

3.4. Queda resuelto, entonces, el problema jurídico planteado: la sentencia del 2 de mayo
de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, no incurrió en defecto

9 Ver, entre otras, las sentencias T.344 de 2015, SU-425 de 2016, y T-022 de 2019.

8

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03241-00
Demandante: Julio César Díaz Acosta

fáctico ni en desconocimiento del precedente. En consecuencia, la Sala denegará las
pretensiones de la solicitud de amparo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

FALLA

1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela promovida por Julio César Díaz
Acosta, conforme con lo expuesto en esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

9

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