Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03241-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03241-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03241-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
15 de septiembre de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, quince (15) de septiembre de dos mil veintidós (2022).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-03241-01
Demandante: JULIO CESAR DÍAZ ACOSTA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA LA PROVIDENCIA JUDICIAL QUE
NEGÓ EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES POR
NO ENCONTRARSE ACREDITADA UNA
VERDADERA RELACIÓN LABORAL. SE ACCEDE AL
AMPARO, TRAS EVIDENCIARSE UN DEFECTO
FÁCTICO POR LA OMISIÓN EN LA VALORACIÓN DE
UNAS PRUEBAS DETERMINANTES.
Síntesis del caso: se cuestiona la providencia que le negó al actor el reconocimiento de las
prestaciones sociales por no encontrarse acreditada una verdadera relación laboral. A juicio
del actor, se incurrió en un defecto fáctico, por cuanto no analizaron las pruebas que
demostraban la existencia del elemento de subordinación, además, se desconoció una
sentencia del Consejo de Estado en la cual se declaró la existencia de una relación laboral
en un asunto con similitud fáctica y jurídica.
La Sala decide la impugnación interpuesta por el demandante contra la sentencia
de 28 de julio de 2022 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
mediante la cual se dispuso:
“1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela promovida por Julio
César Díaz Acosta, conforme con lo expuesto en esta
providencia(…)”.(archivo disponible en medio magnético a través del
aplicativo SAMAI).
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03241-01
Demandante: Julio César Díaz Acosta
Acción de tutela
I. ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado el 14 de junio de 2022 la parte demandante formuló
acción de tutela por cuanto consideró que la autoridad judicial demanda en la
providencia del 2 de mayo de 2022 incurrió en dos de las causales específicas de
procedibilidad contra providencia judicial.
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción el demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) Se vinculó a la Clínica Regional del Oriente de la Seccional de Sanidad de
Santander de la Policía Nacional, en calidad de médico especialista en
otorrinolaringología, mediante diferentes contratos de prestación de servicios desde
el 7 de febrero de 2012 hasta el 23 de mayo de 2020.
2) Posteriormente, le solicitó a esa autoridad el pago de las prestaciones sociales y
demás derechos laborales, pues consideró que existía una verdadera relación
laboral, no obstante, la solicitud fue negada mediante Oficio S-2020-009994
RASES-ASJUR 1.10 del 11 de agosto de 2020.
3) En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho demandó la
nulidad de ese acto administrativo y pidió el reconocimiento y pago de todas las
prestaciones sociales derivadas de la prestación del servicio entre el 7 de febrero
de 2012 hasta el 23 de mayo de 2020.
4) El Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga en sentencia del 4 de octubre
de 2021 accedió a las pretensiones, en razón a que se cumplieron los requisitos
que demostraban la existencia de una verdadera relación laboral, en la medida en
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03241-01
Demandante: Julio César Díaz Acosta
Acción de tutela
que las actividades desarrolladas por el señor Julio César Díaz Acosta no eran
ocasionales, accidentales o transitorias, sino inherentes a la dirección del sector
salud, es decir, correspondían al giro ordinario de la entidad.
5) De igual manera, consideró que se demostró que el actor “prestó sus servicios
en la Seccional Sanidad Santander, hoy Regional de Aseguramiento en Salud N° 5,
en la Clínica Regional Del Oriente como médico especialista en otorrinolaringología,
que su horario presencial de trabajo iniciaba a las 7 de la mañana con la atención o
consulta médica de los pacientes asignados y que su turno terminaba sobre la una
de la tarde, también se señaló que existían otros turnos de una a seis de la tarde,
los cuales eran fijados exclusivamente por la Coordinación Médica”.
6) La Policía Nacional apeló y el Tribunal Administrativo de Santander mediante
sentencia del 2 de mayo de 2022 revocó la decisión y, en su lugar, negó las
pretensiones; en síntesis, señaló que si bien se probaron los requisitos de
prestación personal del servicio y remuneración, no sucedió lo mismo con el de
subordinación.
7) Explicó que el análisis de la subordinación debió hacerse en atención a la calidad
del demandante y al tipo de actividad contratada, ya que fue contratado por ser
especialista en otorrinolaringología, servicio con el que no contaba la entidad y se
requería para tratar a los usuarios que presentaron problemas relacionados con los
oídos, nariz, garganta y demás patologías asociadas.
8) Además, con base en la declaración del testigo de la parte demandada encontró
que el señor Díaz Acosta no prestaba los servicios de manera exclusiva a la Policía
Nacional, ya que de manera concomitante también prestaba sus servicios como
otorrinolaringólogo en el Hospital Universitario de Santander.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03241-01
Demandante: Julio César Díaz Acosta
Acción de tutela
2. El fundamento de la vulneración
El demandante estimó que la providencia cuestionada adolece defectos fáctico y
desconocimiento del precedente, los cuales sustentó bajo los siguientes
argumentos:
Sobre el defecto fáctico adujo que se configuró en su dimensión negativa en la
medida en que no se tuvieron en cuenta la totalidad de las pruebas documentales y
testimoniales que fueron debidamente practicadas e incorporadas al proceso, entre
ellas, puntualmente los testimonios de señores Manuel Fernando Buitrago Torrado,
Carlos Eudoro Maldonado Galeano e Inés Velasco Rodríguez, quienes declararon
que debía ceñirse a las instrucciones y directrices institucionales.
En ese sentido, expuso que si bien el juez cuenta con facultades que las reglas de
la sana crítica le confieren para la valoración fáctica y probatoria, esta facultad no
es absoluta pues el juez no puede ignorar las declaraciones claras y coherentes que
fueron recibidas en el proceso judicial ni omitir valorar deliberadamente las pruebas
documentales obrantes en el expediente sin ninguna justificación porque carecería
de sentido la práctica de las mismas.
Frente a las documentales sostuvo que se valoraron indebidamente las agendas
como elemento meramente organizativo y no como una manifestación de
subordinación a la institución, por lo cual el tribunal incurrió en contradicciones
cuando indicó que el galeno “solicitó” el cambio de agenda, expresión que denota
por sí misma la existencia del elemento subordinación puesto que de ser autónomo,
no hubiese tenido que “solicitar” cambios de agenda.
Por otro lado, consideró que se materializó el mismo reparo en su dimensión positiva
en la medida en que se incorporó como base para la decisión una prueba no
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03241-01
Demandante: Julio César Díaz Acosta
Acción de tutela
aportada al expediente de acuerdo con lo establecido en el artículo 174 del Código
General del Proceso1.
Lo anterior, por cuanto el tribunal concluyó que el señor Julio César Díaz Acosta no
cumplía con el elemento de subordinación toda vez que existía otro proceso judicial
de similar naturaleza en contra del Hospital Universitario de Santander, en tanto
plasmó en la providencia cuestionada que “el señor Díaz Acosta no prestaba los
servicios de manera exclusiva en la Policía Nacional, ya que de manera
concomitante también prestaba servicios como otorrinolaringólogo en el Hospital
Universitario de Santander.”.
A su juicio, con la valoración de esa prueba, se desconoció el contenido de la
sentencia T-204-18 en la cual la Corte Constitucional estudió la valoración de la
prueba trasladada en el proceso contencioso administrativo.
Por consiguiente, estimó que la demandada contaba con la posibilidad de requerir
al actor el esclarecimiento de su vinculación con el Hospital Universitario de
Santander, sin embargo, se abstuvo de cumplir con este deber, con lo cual vulneró
los derechos del debido proceso, contradicción y acceso a la administración de
justicia puesto que no pudo controvertir esa prueba.
Po último, refirió que se desconoció la sentencia de 27 de enero de 2022 proferida
por la Sección Segunda de esta Corporación, pero no expuso los motivos2.
1
“Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán
apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a
petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse
la contradicción en el proceso al que están destinadas. La misma regla se aplicará a las pruebas
extraprocesales.
La valoración de las pruebas trasladadas o extraprocesales y la definición de sus consecuencias
jurídicas corresponderán al juez ante quien se aduzcan.”.
2
Proceso con radicación no. 68001-23-33-000- 2014-00027-01 (0831-2015).
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Demandante: Julio César Díaz Acosta
Acción de tutela
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso,
contradicción y acceso a la administración de justicia establecido en el
artículo 29 de la Constitución Política de Colombia respecto del señor
JULIO CÉSAR DÍAZ ACOSTA.
SEGUNDO: DECLARAR que la sentencia de segunda instancia del dos
(02) de mayo de dos mil veintidós (2022) proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER en sala de decisión integrada por
los Magistrados CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE, FRANCY DEL
PILAR PINILLA PEDRAZA e IVÁN FERNANDO PRADA MACÍAS, violó
los artículos 29 y 229 de la Constitución Política de Colombia.
TERCERO: ORDENAR la revisión de la sentencia de segunda instancia
del dos (02) de mayo de dos mil veintidós (2022) proferida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER en sala de decisión
integrada por los Magistrados CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE,
FRANCY DEL PILAR PINILLA PEDRAZA e IVÁN FERNANDO PRADA
MACÍAS, a fin de que se garantice el debido proceso y el acceso a la
Justicia del señor JULIO CÉSAR DÍAZ ACOSTA.
CUARTO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia del
2 de mayo de 2022 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER y en firme la de primera instancia emitida por el JUEZ
QUINTO ORAL ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA que declaró la
existencia de una verdadera relación laboral entre el señor JULIO CÉSAR
DÍAZ acosta y la NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA
NACIONAL, DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL,
DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL SECCIONAL
SANTANDER y/o CLÍNICA REGIONAL DEL ORIENTE HOY REGIONAL
DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°5.”. (archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI).
4. Actuación procesal
Mediante auto de 16 de junio de 2022 la Sección Cuarta de esta Corporación admitió
la acción de tutela y ordenó la notificación al presidente y magistrados integrantes
del Tribunal Administrativo de Santander, asimismo, por considerar que le asiste
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03241-01
Demandante: Julio César Díaz Acosta
Acción de tutela
algún interés en el proceso ordenó la vinculación del director de la Policía Nacional
con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio
de la acción.
5. Sentencia de primera instancia
La Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante providencia de 28 de julio de
2022 negó las pretensiones de la acción de tutela, tras considerar que no se
configuró el defecto fáctico alegado por las siguientes razones:
Contrario a lo sostenido por el actor, la autoridad judicial accionada sí valoró todas
las pruebas obrantes en el proceso, pues justamente fueron esas las que le
permitieron acreditar que el servicio fue prestado de manera personal y que hubo
una remuneración por ello.
Sin embargo, concluyó que esas circunstancias, por sí solas, no acreditaban la
configuración del elemento de subordinación o dependencia continuada, requisito
necesario para establecer el vínculo laboral entre las partes.
Puntualmente, citó una sentencia de la Sección Segunda de este tribunal sobre el
elemento de la subordinación en la cual se indicó que dicho elemento de la relación
laboral se refiere a “la situación en la que se exige del servidor público el
cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante
el vínculo”, sin embargo, señaló que esas situaciones no fueron probadas en el
proceso adelantado por el actor puesto que la especialidad médica, la programación
de citas y las horas contratadas daban cuenta que se trataba de un servicio
especializado con el que no contaba la entidad contratante en su planta interna y,
además, le era permitido modificar los horarios de atención a los pacientes, como
sucedió en varias oportunidades.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03241-01
Demandante: Julio César Díaz Acosta
Acción de tutela
Por último, en cuanto al argumento relacionado con que se analizó y valoró una
prueba no decretada e incorporada legalmente, esto es, la existencia de otro
proceso judicial iniciado por el actor en contra del Hospital Universitario de
Santander con similares hechos al estudiado en el proceso bajo análisis precisó
que, tal como lo sostuvo la autoridad demandada, dicho hecho fue puesto de
presente por el testigo Fabián Mantilla Villabona, declaración frente a la cual el
demandante no se opuso.
Por otra parte, respecto a que en la sentencia del 27 de enero de 2022 proferida por
el Consejo de Estado3 se explicaron los criterios establecidos para probar la
existencia de un contrato realidad, advirtió que la decisión del tribunal atendió los
criterios fijados por la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre el elemento
de la subordinación pues, de hecho, la providencia cuestionada tuvo en cuenta las
sentencias de unificación del 25 de agosto de 2016 y 9 de septiembre de 2021 que
establecieron reglas de unificación respecto a la configuración del contrato realidad.
6. Impugnación
El demandante señaló que fue interpretado erróneamente el elemento de la
temporalidad de que trata la Ley 80 de 1993 puesto que las actividades que realizó
no fueron accidentales ni excepcionales, tal es así que estuvo vinculado por 8 años
continuos en ejecución de la misma labor, en las mismas condiciones de manera
permanente, tal como se probó en el proceso ordinario con el portafolio de servicios
ofrecidos por la institución que evidenciaba que se requería de la presencia de un
otorrinolaringólogo de manera permanente.
Por otro lado, frente a que el tribunal manifestó que se debía tener en cuenta su
calidad como profesional especialista para poder así emitir un juicio de valor
3
Providencia de segunda instancia en el proceso con radicación no. 68001-23-33-000- 2014-00027-
01 (0831-2015).
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Demandante: Julio César Díaz Acosta
Acción de tutela
respecto del elemento subordinación, sostuvo que ello difiere de lo que los testigos
expresaron en el proceso, dado que estos declararon que el actor debía ceñirse a
las instrucciones, órdenes y directrices institucionales y ceñirse a un horario de
trabajo impuesto por la institución, el cual no se podía modificar a su arbitrio, y que
también debía pedir permiso para realizar cambios o para ausentarse.
Agregó que de los cuatro testimonios practicados, tres de ellos dieron cuenta de lo
que en realidad fue la prestación de servicio, no obstante, el tribunal los omitió y
solo tuvo en cuenta el testimonio parcializado del señor Mantilla Villabona con el fin
de sostener que entre él y la demandada no se configuró una relación de
subordinación.
Adicionalmente, expuso que el juez debió ordenar la profundización del testimonio
del señor Mantilla Villabona para para verificar que, en efecto, conocía la existencia
de un proceso judicial alterno y, una vez verificado ese punto, ahí sí emitir una
decisión lo suficientemente fundada, no obstante, ello no fue debatido por la parte
demandante porque simplemente no se ventiló en la audiencia, lo cual es contrario
a lo que se indicó en el fallo de tutela impugnado.
En lo demás reprodujo los mismos argumentos del escrito inicial de la acción de
tutela en lo relacionado con el defecto fáctico y el desconocimiento del precedente.
II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto y 2.1) análisis del defecto fáctico.
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Demandante: Julio César Díaz Acosta
Acción de tutela
1. La finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco
para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o
para revivir términos precluidos o acciones caducadas.
2. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Santander con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con
ocasión de la sentencia de 28 de julio de 2022 mediante la cual se revocó la decisión
que declaró la existencia de una relación laboral entre el demandante y la Seccional
Sanidad Santander de la Policía Nacional (hoy Regional de Aseguramiento en
Salud no. 5) y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
Se recuerda que la parte demandante manifestó que la providencia cuestionada
adolece de los defectos fáctico y desconocimiento del precedente.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado negó el amparo, en términos generales,
porque, a su juicio, sí fueron valoradas todas las pruebas del proceso.
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Demandante: Julio César Díaz Acosta
Acción de tutela
El demandante impugnó la sentencia de primer grado y, en su mayoría, reprodujo
los argumentos del escrito de la acción de tutela, pero agregó que el hecho de ser
especialista no era óbice para que se le excluyera de la posibilidad de que se
declarara la existencia de una relación laboral con la autoridad demandada y que el
juez debió ordenar la ampliación del testimonio del señor Mantilla Villabona para
para verificar que, en efecto, conocía la existencia de un proceso judicial alterno y,
una vez verificado ese punto, ahí sí emitir una decisión lo suficientemente fundada,
no obstante, ello no ocurrió así si se tiene en cuenta que la existencia de otro
proceso no fue debatido por la parte demandante porque simplemente no se ventiló
en la audiencia, lo cual es contrario a lo que se indicó en el fallo de tutela impugnado.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sala revocará la
decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda de tutela y,
en su lugar, accederá al amparo por las razones que pasarán a exponerse:
2.1 Análisis del defecto fáctico
1) El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las
pruebas que tiene una incidencia directa en la decisión, al respecto, la Corte
Constitucional reconoce que tiene dos dimensiones: una dimensión negativa y una
positiva .
2) La dimensión negativa se produce por omisiones del juez: (i) ignorar o no valorar,
injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el desenlace del
proceso, (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión o (iii) por no decretar pruebas de oficio en los
procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo.
3) Por su parte, la dimensión positiva tiene lugar cuando el juez efectúa una
valoración por completo equivocada o fundamenta su decisión en una prueba no
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Demandante: Julio César Díaz Acosta
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apta para ello, ya sea: (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas,
si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión o (v) por decidir con
medios de prueba que, por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en
que se basa la providencia.
4) En el caso concreto el demandante para efectos de sustentar este reparo en su
dimensión negativa, en primer lugar, manifestó que el tribunal demandado no valoró
los testimonios de los señores Manuel Fernando Buitrago Torrado, Carlos Eudoro
Maldonado Galeano e Inés Velasco Rodríguez, los cuales en sus declaraciones
dieron detalles sobre las instrucciones, órdenes y directrices que demostraban que
entre las partes existía una verdadera relación laboral subordinada.
5) Pues bien, frente a este primer argumento la Sala encuentra que le asiste la razón
al demandante respecto de la omisión en la valoración de esos testimonios puesto
que en ninguna parte de las consideraciones la autoridad judicial demandada se
refirió a ellos ni siquiera para exponer los motivos por los cuales consideró que no
eran conducentes para determinar que se configuró una verdadera relación laboral
entre el actor y la entidad.
6) Así las cosas, al no evidenciarse un análisis integral de las testimonios
practicados en la etapa de pruebas se advierte que se vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte actora y, de contera, se configuró el defecto
fáctico alegado pues la decisión carece de cualquier referencia a tales pruebas, bien
sea para descartarlas ora para justificar la razón por las cuales se les restó mérito
probatorio.
7) En efecto, con el fin de sustentar tal afirmación se transcribirán algunos partes de
la providencia objeto de reproche, específicamente las consignadas en el acápite
5.2.3 en el cual se estudió el elemento de la subordinación, para efectos de verificar
que como lo anotó el demandante únicamente se valoró el testimonio de la
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Demandante: Julio César Díaz Acosta
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contraparte –Fabián Mantilla Villabona– , pero nada se dijo frente a los otros tres
restantes:
“Lo anterior, permite concluir que el señor Díaz Acosta no prestaba los
servicios de manera exclusiva en la Policía Nacional, ya que de manera
concomitante también prestaba servicios como otorrinolaringólogo en el
Hospital Universitario de Santander. Este hecho fue afirmado por el testigo
Fabián Mantilla Villabona, y además, la Magistrada Ponente pudo
corroborarlo, porque en otra sala de decisión de la cual hace parte, se
presentó el día 21 de abril del año en curso proyecto de sentencia dentro
del proceso con radicado 68001233300020170096300, en el que el
mismo actor formuló demanda contra el Hospital Universitario de
Santander, procurando que se declarara la existencia de una relación
laboral por los servicios que prestó como otorrinolaringólogo durante el
lapso comprendido entre el 2 de marzo de 2011 y el 31 de julio de 2016.”.
8) Bajo ese contexto, para la Sala es evidente que se configuró el defecto fáctico
pretendido en su dimensión negativa, pues, pese a tratarse de pruebas
debidamente solicitadas, decretadas e incorporadas, la autoridad judicial accionada
omitió valorarlas sin ninguna justificación, motivo por el cual la Sala ordenará al
Tribunal Administrativo de Santander que valore en su totalidad los testimonios
practicados en el proceso, puntualmente los de los señores Manuel Fernando
Buitrago Torrado, Carlos Eudoro Maldonado Galeano e Inés Velasco Rodríguez, los
cuales fueron debidamente decretados en la audiencia inicial y practicados en la
etapa de pruebas, situación que se corroboró con el acta audiencia de pruebas del
19 de agosto de 2021, en la cual se consignó lo siguiente:
1. TESTIMONIALES:
Dentro de la audiencia inicial se decretó el testimonio de los señores
CARLOS EUDORO MALDONADO GALEANO, MANUEL FERNANDO
BUITRAGO TORRADO e INÉS VELASCO RODRÍGUEZ a favor de la
parte demandante y del señor FABIAN ENRIQUE MATILLA VILLABONA,
a favor de la Policía Nacional. Estas personas declararán sobre los
hechos de la demanda, con la forma en que se desarrolló la actividad
contractual del señor JULIO CÉSAR DÍAZ ACOSTA con la entidad
demandada.
9) Así las cosas, la Sala revocará la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones y , en su lugar, se ampararán los derechos fundamentales del actor,
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se dejará sin efectos la sentencia atacada y se dispondrá que la autoridad accionada
profiera una nueva decisión de reemplazo en la que deberá observar los
lineamientos de esta providencia.
10) En la medida que lo hasta aquí expuesto resulta suficiente para acceder al
amparo solicitado la Sala se relevará analizar los reparos y defectos restantes, pues
la sola configuración del defecto fáctico amerita dejar sin efectos la providencia
enjuiciada para que, en su lugar, se expida una nueva en la que se tengan en cuenta
las consideraciones hasta aquí expuestas y se realice un análisis integral de todas
las pruebas recaudadas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA
Revócase la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la acción
de tutela de la referencia. En su lugar, dispónese:
1º) Ampárase los derechos fundamentales invocados por el actor, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) En consecuencia, déjase sin efecto la sentencia del 2 de mayo de 2022
proferida por la Sala de Decisión no. 5 del tribunal Administrativo de Santander al
interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 68001-
33-33-005-2020-00249-01.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03241-01
Demandante: Julio César Díaz Acosta
Acción de tutela
3º) Ordénase al Tribunal Administrativo de Santander que en el término de diez
(10) días contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia profiera
una decisión en reemplazo en la cual se tengan en cuenta las consideraciones
expuestas en esta providencia.
4°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
5º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera
instancia y remítasele copia del mismo.
6º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Salva voto
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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